Redacción: Noticias TeleMundo
La revisión de las regulaciones dificultará los trámites y el papeleo que deben tramitar los centros educativos para denunciar el abuso y el acoso sexual recogidos, en el Título IX de la ley de educación.
Las nuevas regulaciones publicadas este miércoles por el Departamento de Educación cambiarán la forma en que las escuelas –desde preescolar hasta la secundaria– responden a denuncias de estudiantes sobre asalto y acoso sexual.
Las modificaciones exigen que los administradores investiguen los reclamos de forma más explícita y con apego a la ley, y compartan las evidencias con los estudiantes acusados y sus padres.
Las nuevas reglas, que entrarán en vigor el próximo 14 de agosto, marcan la primera vez que el Departamento de Educación ha modificado las regulaciones bajo el Título IX de la ley de equidad de género, que prohíbe la discriminación por razones de sexo en los programas y actividades de instituciones educativas, sobre el procedimiento que los centros educativos que reciben fondos federales han de seguir en aquellos casos de agresión sexual que involucran a estudiantes.
Si bien las universidades aumentaron la contratación de funcionarios asignados a casos que caen bajo el paraguas del Título IX durante la última década, las escuelas públicas no lo hicieron en la misma medida y bajo las nuevas reglas necesitarán realizar ajustes importantes en la forma en que los administradores de centros K-12 (los niveles comprendidos entre el kindergarten y el grado 12) manejan esos casos.
«Nos estamos asegurando de que nuestros estudiantes más jóvenes, cuyos casos a menudo se han podido pasar por alto, ya no sean olvidados», dijo la secretaria de Educación, Betsy DeVos, a periodistas en una conferencia telefónica.
Prácticamente todos los estados tienen una ley que exige que los empleados escolares denuncien los casos de abuso sexual a las autoridades, pero el Título IX exige que las escuelas también respondan internamente, independientemente de la acción de la ley.
Bajo las nuevas regulaciones, después de que un estudiante informa sobre una agresión o un incidente de acoso amparados en el Título IX, la escuela debe informar a los estudiantes involucrados y a sus padres por escrito sobre las acusaciones y las pruebas que se recopilen.
La escuela también ha de otorgar al acusado al menos 10 días para responder. Si la escuela decide penalizar a un estudiante por una acusación de agresión sexual, debe notificar a la víctima por escrito, un requisito al que muchas escuelas se habían resistido.
Del mismo modo, los centros educativos deberán mantener registros escritos de las acciones tomadas en respuesta a los informes de conducta sexual inapropiada durante al menos siete años, según las reglamentaciones.
En otro cambio, la persona que investiga un caso de agresión sexual bajo el Título IX no puede ser la misma que decida si el estudiante acusado es responsable, lo que significa que las escuelas pueden necesitar contratar o capacitar a personal adicional para procesar los casos.
“Eso sería una preocupación para nosotros», según Francisco M. Negrón Jr., abogado principal de la Asociación Nacional de Juntas Escolares, porque a su juicio los directores de cada escuela se encargan de liderar la investigación y la resolución final de cada caso, a diferencia de las universidades, que pueden dedicar oficinas enteras para manejar asuntos bajo el Título IX.
Grupos nacionales de educación aún analizan las nuevas regulaciones, emitidas como parte de un documento de 2.033 páginas, y estiman que tomará tiempo comprender los cambios.
Una versión preliminar de la revisión del Título IX, propuesta por el departamento en noviembre de 2018, fue el blanco de críticas de numerosas organizaciones educativas.
La Asociación Nacional de Juntas Escolares, uno de los principales grupos de presión de las escuelas públicas, envió una carta al gobierno el año pasado argumentado que la propuesta de la administración Trump «dista de las realidades de muchos edificios escolares K-12».
Funcionarios de educación de California, Wisconsin y otros estados se reunieron con funcionarios de la administración Trump en los últimos meses para objetar los cambios, según los registros federales.
Las regulaciones finales del Título IX eliminaron algunas de las medidas más controversiales que afectan a los grados K-12 y no requerirán audiencias en vivo en aquellos casos de disciplina estudiantil por agresión sexual.
Las regulaciones también aclaran cuándo se requiere que las escuelas K-12 investiguen los reclamos de los estudiantes:
Los centros deben investigar cada vez que un empleado del distrito, desde maestros a consejeros hasta conductores de autobuses, den cuentan de un asalto sexual o incidente de acoso, denunciado por el propio estudiante, un padre o un testigo.
Se requerirá que las escuelas indaguen aquellos casos que suceden en el campus o como parte de actividades escolares como excursiones, eventos deportivos o conferencias.
«Entre los muchos requisitos nuevos, nuestra nueva regulación requiere que las escuelas tengan opciones accesibles para denunciar el acoso sexual, verbalmente o por escrito, incluso por correo electrónico o por teléfono», dijo DeVos. «Cualquiera puede denunciar, incluidos los sobrevivientes, padres, amigos o transeúntes».
Sasha Pudelski, directora de defensa de AASA, la Asociación de Superintendentes Escolares, dijo que le preocupa que las regulaciones prohíban a las escuelas investigar la conducta sexual inapropiada entre estudiantes que ocurre fuera del campus y no en eventos escolares.
Si ocurre un incidente en una fiesta de la escuela secundaria durante el fin de semana, dijo Pudelski, las regulaciones «hacen que parezca que el distrito puede tomar medidas relacionadas con el consumo de alcohol o una pelea, pero si hubo una agresión sexual, estas regulaciones dicen, ‘no puedes hacer nada al respecto'».
Las regulaciones también requieren que las escuelas usen una definición más limitada sobre acoso sexual que las que contemplan las leyes de discriminación sexual laboral.
El acoso sexual bajo las nuevas reglamentaciones del Título IX es una conducta inoportuna que «una persona razonable» consideraría «tan severa, dominante y objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona la igualdad de acceso» a una educación digna.
El Departamento de Educación dijo a NBC News que decidió usar una definición más específica y limitada sobre los abusos sexuales en los planteles escolares públicos para diferenciarla de los derechos protegidos bajo la Primera Enmienda.
Los defensores de derechos de las víctimas criticaron la definición porque a su parecer da pie a que los estudiantes acosados puedan ser objeto de nuevas vejaciones antes de que las escuelas puedan tomar medidas.
«Creemos que esto significaría que se exigiría a las escuelas que desestimen las denuncias de acoso sexual donde sienten que la víctima no ha sufrido lo suficiente debido a la definición limitada que el departamento está presentando», dijo Shiwali Patel, directora de justicia para estudiantes sobrevivientes del National Women’s Law Center, una organización de defensa sin fines de lucro que planea demandar al departamento por las regulaciones.
Fuente: https://www.telemundo.com/noticias/2020/05/07/el-efecto-que-tendran-las-nuevas-reglas-para-procesar-casos-de-acoso-sexual-en-las-tmna3762832
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