El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó las declaraciones de que en Rusia la educación a distancia es capaz de sustituir la presencial.
«Veo como una verdadera provocación todos los rumores e informaciones falsas que afirman que la teleeducación reemplazará por completo u ocupara el lugar de la educación presencial, que las escuelas y universidades convencionales cerrarán», dijo Putin este jueves en una reunión sobre el impacto que tiene la pandemia de coronavirus en el sistema educativo ruso.
El mandatario afirmó que la educación a distancia no es capaz de sustituir la convencional, ya que el sistema educativo en Rusia no solo enseña sino también educa a los alumnos, en gran medida ayuda a formar su personalidad, transmite los valores y tradiciones en los cuales se basa la sociedad rusa.
Entre las características beneficiosas de centros docentes, el presidente destacó también la comunicación en vivo entre el maestro y el alumno, el ambiente creativo y el trabajo en equipo.
«Estoy convencido que esta experiencia (la teleenseñanza) definitivamente servirá para el futuro. Especialmente dado que ahora es necesario asimilar nuevos conocimientos casi durante toda la vida», expresó el líder ruso.
Putin también puntualizó que la educación a distancia generó carga adicional para los profesores y padres, mientras para los alumnos la teleeducación representó un «examen serio, una prueba de responsabilidad y de independencia, cuando la motivación principal es el deseo de aprender».
El mandatario expresó su agradecimiento a todos los alumnos escolares, estudiantes universitarios, profesores y padres por su paciencia y apoyo mutuo.
Este jueves, el ministro de Educación, Serguéi Kravtsov, en la misma reunión informó de que «más de 16,5 millones de estudiantes escolares y 2,5 millones de alumnos que reciben formación secundaria profesional» pasaron a la teleeducación el pasado 15 de marzo de acuerdo con la decisión correspondiente de las autoridades rusas.
El último balance del coronavirus en Rusia es de 317.554 casos confirmados, incluidas 3.099 muertes y unas 92.681 personas que se han recuperado.
La ministra de Educación Básica de Sudáfrica, Angie Motshekga, aseguró que durante esta semana concluirán los preparativos para recibir en las escuelas a los alumnos de los grados siete y 12, el 1 de junio.
Antes de esa fecha las escuelas deben asegurarse de que se prioricen los requisitos sanitarios y seguridad.
Ello incluye, detalló, el transporte de estudiantes, el suministro de agua, la higiene básica y el saneamiento, el apoyo psicosocial y el reclutamiento y nombramiento de inspectores y personal de limpieza.
Está previsto que Motshekga firme esta semana directivas que abordan asuntos como la emisión de permisos de viaje con fines educativos, exámenes de grado 12, medidas de seguridad y eventos masivos en las escuelas.
A partir del 1 de junio Sudáfrica entra en el nivel 3 de confinamiento, desde al actual cuatro, más riguroso.
La víspera se reunió el Consejo de Ministros de Educación (CEM), encuentro al cual asistió Motshekga, para planificar la reanudación paulatina de las actividades educativas en el país.
La CEM señaló que a pesar de que algunas escuelas aún no han recibido su equipamiento de seguridad, se avanza en la entrega de equipos de protección personal (nasobucos para todos, profesores y estudiantes).
El Consejo tiene previsto ultimar detalles el próximo jueves.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicaron la forma en que comenzará el regreso a clases presenciales de estudiantes de colegios y universidades en agosto, a la vez que hicieron algunas precisiones sobre el calendario escolar.
En primer lugar, el jefe de Estado aseguró que el regreso a clases se hará bajo estrictos protocolos de seguridad y con un modelo de alternancia. «Ya empezamos a revisar protocolos. La ministra ha estado desde el primer día pensando en cómo sería también ese retorno a la presencialidad, pero con un modelo que hemos llamado el modelo de alternancia, donde está trabajo en casa, donde hay presencialidad, donde hay virtualidad»
En ese sentido, la ministra dijo que la preparación se está haciendo «en equipo con los secretarios de Educación, los rectores, los rectores de universidad, porque tenemos que recuperar la presencialidad con responsabilidad».
En cuanto al modelo de alternancia, precisó que «es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados, del tamaño de las instalaciones. Y que, al final, lo que traduce es cuidar, tener un equilibrio en salud y poder avanzar académicamente».
Sobre los rumores y la posibilidad de que en el caso de los colegios se unificaran los calendarios A y B, la ministra fue enfática en decir que eso no sucederá.
«No, la respuesta es no, no es cierto. No es que se vayan a unificar. Justamente se ha pensado también en esa recuperación de vida académica, pero entendiendo las particularidades de cada calendario, y por eso nosotros lo que hemos dicho, también con mucha claridad, es que empezamos este proceso a partir de julio, pero tendremos los dos calendarios activamente en el mes de agosto», explicó.
La ministra indicó que «se mantienen los dos calendarios y el mensaje que estamos dando es elaborar los protocolos, cuidarnos y trabajar bajo este modelo de alternancia».
Aunque la alerta por el coronavirus continúa, en China han buscado la forma para que los jóvenes sigan estudiando.
Los colegios en China están abriendo gradualmente, luego de que el coronavirus los obligara a estudiar en casa y a ser separados de sus docentes y amigos. No obstante, muchos colegios han mantenido las medidas de autocuidado como el uso obligatorio del tapabocas.
Las provincias del noroeste de China, las menos afectadas por el coronavirus, reabrieron sus escuelas y una de ellas, en Taiyuan, en la provincia de Shanxi, decidió crear un curioso método para mantener el distanciamiento entre cada estudiante a través de unas alas decoradas por ellos mismos.
Fuente: AFP
Con el fin de evitar los contagios en las aulas, los pequeños no solo portan este ‘’nuevo accesorio’’ en el salón, sino también durante las diferentes actividades que se realizan allí como las clases de educación física, gimnasia o en descanso, una alternativa que los ha ayudado no solo a asumir el uso de las alas de una mejor forma, sino también la forma cómo deberán tomar las clases por el momento.
Fuente:AFP
En las imágenes se puede observar a los estudiantes en las aulas dejando un espacio entre los pupitres y las sillas, utilizando el tapabocas como la medida principal para reducir el riesgo al que se ven expuestos los menores llegando a los colegios diariamente.
Cabe mencionar que aunque China ha controlado la pandemia en su territorio, en el país se han registrado nuevos casos de contagio luego de levantar la cuarentena obligatoria en muchas zonas del país.
Europe / Spain / 05/27/2020 / Author: Gorka R. Pérez / Source: https://english.elpais.com/
Delays processing ERTE claims have left thousands of families in a precarious financial situation.
Thousands of workers in Spain are still waiting to receive unemployment assistance after being placed on a temporary layoff scheme known as ERTE (or expediente de regulación temporal de empleo in Spanish).
Under the scheme, employers can send workers home without pay for a certain amount of time, but must take them back once this period ends. Workers can claim unemployment during this time, and companies can also put staff on a reduced schedule.
Nearly half a million companies filed for ERTEs in response to the coronavirus lockdown, which forced the temporary closure of businesses across the country. While this measure brought relief to some workers, thousands more are still waiting for their unemployment benefits.
Labor Minister Yolanda Díaz announced last Friday that the national agency SEPE, which handles jobless claims, had recognized and paid 3.3 million beneficiaries within 33 days. According to the minister, 46,000 more requests were set to be resolved in the following days. “It is not true that payments will be delayed until June 10 due to a lack of liquidity,” Díaz told Congress on Wednesday.
But the government’s claims have been contradicted by organizations such as the General Council of Administrative Gestores of Spain, an association of professionals who help the public with the paperwork involved in administrative processes such as taxes or property registration.
According to a survey published by this group on Wednesday, more than 900,000 workers placed on the ERTE scheme had still not received their unemployment assistance by mid-May. Meanwhile, the Madrid Hospitality Association says that 40% of workers in the sector have not yet received any payments.
Sara is one such case. This 31-year-old worked at a bingo hall in Xirivella, Valencia, until she was placed on an ERTE. The mother of three has been fighting since March 14 to receive her unemployment benefits. Sara’s husband, who harvests oranges, has just returned to work after recovering from Covid-19, which kept him on sick leave for one month and a week.
“In April, I didn’t receive any payment form March, and in May I was only paid 17 days from April. It is all that I have received in three months,” says Sara by phone. “SEPE tells me that if it [the payment] hasn’t been processed it is because the company had to send some files and hadn’t yet.”
“It is not just a problem with my own gestoría, it is happening with many others across Spain. They have not been given enough information to know what to do, nor even what type of ERTE they were dealing with,” she continues. According to Sara, some of her 35 colleagues have only received €48 in all this time. She figures that, after having sent in all the necessary documents, she will be paid the €500 owed to her from April on June 10.
According to the Independent and Civil Servants Union (CSIF), SEPE is managing 530% more jobless claims than in 2019, as revealed by figures from the Labor Ministry. Although the workload has increased exponentially, the union complains that staff numbers have only risen by 10%.
€280 in two months
María Victoria Gómez is a cook in a bar in Valencia. She stopped working there on March 12, and since then has only received €280 owed to her from that month. The bar, which has an outdoor eating area, is set to open soon under Phase 1 of Spain’s deescalation plan. “I am going to return to work having received no unemployment assistance whatsoever,” she says. “For 15 days, I’ve been waking up at 9am and making calls and sending emails until 2.30pm. I live alone, I have a daughter to look after, I have rent, electricity and water bills to pay, and all the payments are late because I can’t do anything with €280. Unfortunately, I don’t have relatives to help me out.”
Gómez is one of 11,255 members of a support group for workers who have been placed on ERTEs. On social media, they share their experiences. “It’s awful what you find there,” says Gómez. “Although some people have been paid, there are 17 families who have only been paid the equivalent of four days of March, and others whose jobless claims have not even been processed despite being filed two months ago.”
English version by Melissa Kitson
Source and image: https://english.elpais.com/economy_and_business/2020-05-22/sent-home-over-covid-19-laid-off-workers-still-waiting-for-their-checks-in-spain.html
América/Perú/27/05/2020/Autor: Carlos Noriega/Fuente: pagina12.com.ar
Enfermos que buscan desesperadamente atención mueren en esa espera en los pasillos de los centros de salud. Más de 600 infectados con covid -19 han fallecido en sus casas.
Desde Lima
Con cerca de 120 mil casos de coronavirus, más de tres mil muertos, hospitales desbordados, el gobierno peruano extendió hasta el 30 de junio la cuarentena iniciada el 16 de marzo y que debía culminar este domingo. Con esta medida serán quince semanas, 107 días exactamente, de confinamiento obligatorio. Un tiempo mayor que la cuarentena de Wuhan, la provincia china donde estalló la pandemia. Pero esta ampliación llega con una apertura paulatina de las actividades económicas. El toque de queda nocturno se mantiene, pero se reduce en una hora. A partir del lunes rige desde las nueve de la noche.
Los contagios aumentan con más rapidez en los barrios populares. Lima, que tiene el 30 por ciento de la población del país, concentra aproximadamente el 60 por ciento de casos. Según el reporte oficial, de las 119.959 personas contagiadas, 3.456 han muerto, 7.779 están hospitalizadas y 920 en cuidados intensivos conectadas a un respirador. Esto ha puesto al borde del colapso un sistema de salud descuidado por distintos gobiernos y por un modelo neoliberal de espaldas a los servicios públicos.
El presidente Martín Vizcarra ha justificado la ampliación de la ya larga cuarentena señalando que era una medida necesaria para evitar que los contagios se multipliquen a un ritmo mayor si ésta era levantada y así ganar tiempo para mejorar la débil capacidad de respuesta del sistema de salud, que calificó como “precario”. Señaló que la meta del gobierno para el final de junio, cuando termine esta nueva ampliación del confinamiento obligatorio, es haber duplicado la capacidad hospitalaria, que es de diez mil camas, y el número de respiradores para atender a los enfermos graves, que al inicio de la cuarentena en marzo eran apenas poco más de 200 y ahora son mil, lo que deja menos de cien disponibles, aunque esa cifra nacional oculta que en varias regiones ya no hay respiradores libres y los enfermos mueren esperando uno.
“Con esto hemos aprendido que temas tan importantes como la salud y la educación han estado descuidados desde hace mucho tiempo. Eso tiene que cambiar”, ha reconocido Vizcarra. Un descuido que ahora se paga caro.
En los pasillos de hospitales desbordados enfermos que buscan desesperadamente atención mueren en esa espera. Más de 600 contagiados con covid – 19 han fallecido en sus casas, sin ser atendidos en un centro de salud. En las puertas de los hospitales se repiten las imágenes del personal de salud protestando por la falta de equipos de protección para atender a sus pacientes. Hay quejas de equipos defectuosos que han sido entregados y denuncias de corrupción en las compras realizadas.
Este domingo se reportaron oficialmente 4.205 nuevos contagios y 83 muertes, menos que las 129 del día anterior. El gobierno asegura que ya se ha llegado al pico y ahora la curva está -como promedio nacional, pero con diferencias regionales- en una meseta con un lento descenso. Hay un debate sobre esto.
“De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, en el Perú se están registrando como positivos no solamente los casos sintomáticos, de enfermos, sino también los asintomático que han desarrollado anticuerpos pero no tienen la enfermedad. Esto sube las cifras. Ambos datos deberían analizarse por separado. Los casos nuevos que se informan cada día no son contagios del día, sino registrados en el día que se hace el reporte, pero la enfermedad ha sido contraída anteriormente. Eso distorsiona el análisis. Si ordenamos los datos por las fechas de inicio de la enfermedad y vemos los casos de los enfermos, la curva epidemiológica está en una fase de descenso. Pero sigue una alta demanda en los hospitales, que en muchos casos están colapsados”, le declaró a PáginaI12 el epidemiólogo Luis Suárez, coordinador de investigación y salud pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ex director del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades.
“Hay heterogeneidad -precisa el doctor Suárez- en el momento epidemiológico que está viviendo cada región del país. La curva de casos ya está bajando en zonas que han sido muy afectadas, pero ha comenzado a subir en otras. Por eso no estoy de acuerdo con una misma medida para todo el país, creo que la mejor opción sería poner cuarentenas focalizadas según el desarrollo de la enfermedad en cada zona”.
Con una informalidad del 70 por ciento de la economía, empleos precarios y sin derechos laborales, muchos que viven del día a día, buena parte de la población se ha quedado sin ingreso. La ayuda económica del gobierno para los más vulnerables no solo no termina de repartirse, sino que el monto equivalente a 220 dólares dado para un mes de cuarentena se mantiene congelado para los ahora más de tres meses de confinamiento.
En ese complicado escenario, el gobierno decidió apostar por la apertura gradual de la economía, a pesar de los temores que eso incremente los contagios. Con la apertura, el caótico transporte público amenaza multiplicar la propagación del virus. El gobierno aclara que se ha reducido la capacidad de las unidades de transporte a la mitad, pero eso es difícil de controlar.
Las primeras actividades en comenzar a operar son la minería, pesca, construcción, textiles, consultorios médicos, restaurantes por delivery, servicios de reparación a domicilio, venta de ropa por internet, peluquerías y algunos otros rubros. Se deben cumplir protocolos de distancia física, llevar mascarilla todo el tiempo y pruebas para detectar el virus a los que se incorporen a estas actividades. No podrán volver al trabajo los mayores de 65 años, quienes tengan obesidad o enfermedades como diabetes, hipertensión, afecciones cardíacas, entre otros males. Como parte de esta apertura, se anunció la vuelta en las próximas semanas del fútbol profesional, pero sin público. Este proceso de reactivación económica continuará por fases hasta agosto, cuando se espera que el 95 por ciento de la economía ya esté en funcionamiento.
Lo que no tiene fecha es el retorno de los alumnos a colegios y universidades. El gobierno ha dicho que la suspensión de clases presenciales y la continuación de la modalidad virtual podría durar todo el año. En las puertas de colegios privadas se repiten protestas de padres que exigen se baje el costo de las pensiones por este cambio en la modalidad de enseñanza. El gobierno dice que no puede intervenir en el tema porque se trata de contratos entre privados. Los niños hasta 14 años podrán salir a pasear acompañados de un adulto hasta por 30 minutos al día cerca a sus domicilios.
“La normalidad como la conocíamos ya no existe. Ya nada va a ser igual. Tenemos que aprender a vivir con una nueva convivencia. El distanciamiento social seguirá hasta que haya una vacuna o una cura”, dijo Vizcarra al anunciar la nueva prolongación de la cuarentena. La popularidad del presidente, que en marzo luego que decretara la cuarentena subió de 52 a 87 por ciento, se mantiene alta, con 83 por ciento de respaldo, según un reciente sondeo de Ipsos.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/267960-coronavirus-en-peru-hospitales-desbordados-y-barrios-popular
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras.
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40 organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el feminicidio “está a la baja”.
Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964 asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una clara connotación machista. Un número creciente de países han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos.
Machismo y misoginia en El Salvador
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de instrucción.
Edwin Alexander López, antes de la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, San Salvador. Foto/Émerson Flores
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en Honduras
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario. Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La presión de la sociedad civil
En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía. “Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no trabajaba”.
Diez mujeres son asesinadas en México todos los días. Foto / Brian Torres
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional. “Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus y las pandillas
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420 personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de contención por violar la cuarentena.
Los militares y policías comandan los más de 800 cordones sanitarios implementados en el territorio nacional. Foto/Émerson Flores
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede volver a casa.“No entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito, entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
Jueza Claudia Isabela López – Honduras / Foto Radio Progreso
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del feminicidio
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”, que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65 feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
Las autoridades policiales y militares cierran las calles para implementar el cerco sanitario y habilitan un acceso. Foto/Emerson Flores
La coordinadora de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
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Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres, incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el silencio.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
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Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
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