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Europa/España/30 Enero 2020/elpais.com

La autorización de los progenitores no será necesaria si las actividades las imparten funcionarios

El Gobierno murciano rebaja el veto parental y solo lo aplicará si los padres lo piden expresamente. El Ejecutivo modificará los decretos que fijan el currículo de primaria y secundaria para incluir el veto parental, pero rebajará las exigencias a los centros educativos, que podrán entender el silencio de los padres como positivo para que los alumnos puedan asistir a las charlas. Además, los colegios e institutos no tendrán que recabar los permisos de los padres cuando las actividades complementarias las impartan funcionarios públicos.

La consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha anunciado esas novedades a primera hora de este miércoles, después de que un millar de personas se manifestaran anoche a las puertas del palacio de San Esteban, sede del Gobierno de Murcia, para protestar contra esta medida. El veto parental fue impuesto por el partido ultraderechista Vox tanto para investir presidente al popular Fernando López Miras como para votar a favor de los presupuestos autonómicos. El Ministerio de Educación, por su parte, ha exigido que el Gobierno de Murcia “rectifique, eliminando el veto parental”.

El veto parental está funcionando en todos los colegios e institutos de la comunidad autónoma desde que comenzó el curso en septiembre a través de una instrucción dictada por la Consejería, pero Educación quiere ahora blindarlo para evitar contradicciones legales después de que la ministra Isabel Celaá les diera un plazo de un mes para retirarlo. También el sindicato de educación STERM y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Juan González, mayoritaria en la comunidad autónoma, tienen recurrida la instrucción. Consideran que no tiene cabida en el marco de dos decretos, el 198/2014 para primaria y el 220/2015 para secundaria, que establecen las actividades complementarias como “obligatorias y evaluables”.

Moreno no ha aclarado si el PP ha consultado con Vox y con sus socios de Ciudadanos, que ha mantenido una postura ambigua durante el último mes con respecto al veto y se ha limitado a decir que “respeta el acuerdo de gobernabilidad” firmado en su día con los ultraconservadores. No necesita ni su voto ni el de los naranjas para modificar el decreto, ya que es el Consejo de Gobierno, con mayoría de miembros del PP, el que debe sacarlo adelante. La reforma se demorará unos tres meses.

El nuevo decreto establecerá que los padres deben autorizar a sus hijos a participar en actividades complementarias con una salvedad: cuando las charlas las impartan funcionarios, a los que “se presupone una neutralidad ideológica” por ley que no se puede exigir a cualquier otro ciudadano. Así, los alumnos tendrán que asistir obligatoriamente a talleres impartidos por policías, como los de seguridad vial; guardias civiles, que programan charlas sobre acoso y ciberbulling; médicos y enfermeras, que suelen encargarse, entre otros, de temas relacionados con reproducción o jueces, que desarrollan un proyecto de mediación.

Habrá que autorizar la asistencia a otras iniciativas, como las charlas sobre medio ambiente o reciclaje que ofrecen asociaciones ecologistas; las de prevención de conductas homófobas o racistas, que ofrecen ONG, y un sinfín más de iniciativas que desarrollan en los centros colectivos y asociaciones de toda índole. Otra de las grandes novedades que quedará reflejada en el decreto es el “silencio positivo”: si un alumno no entrega la autorización, acudirá a la charla, al contrario de lo que ocurre ahora. Solo un no expreso de los padres impedirá el acceso a la actividad.

La plataforma Pacto por la Regeneración, que convocó la protesta de la noche del martes, ha considerado estas modificaciones en las condiciones del veto parental “claramente insuficientes”, al tiempo que la medida, aseguran “supone reconocer la ilegalidad manifiesta de las instrucciones dictadas a principio de curso”. Además, han lamentado que las medidas anunciadas no suponen la eliminación del veto y sigue poniendo en duda la labor y criterio de los profesores “enarbolando una objeción de conciencia inexistente en nuestro ordenamiento para materias consideradas curriculares”. La plataforma ha anunciado que seguirá con las movilizaciones y la próxima está prevista para el 11 de febrero, convocada por la plataforma de defensa de la escuela pública Marea Verde.

Críticas de la ultraderecha

El anuncio no ha sido bien recibido por Vox que, en un comunicado, ha advertido de que no ha “firmado ni aceptado” esos cambios, por lo que podría no apoyar la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma en la Asamblea Regional, donde el voto de sus cuatro diputados es imprescindible para sacarlas adelante. “Vox mantendrá el compromiso adoptado con sus votantes y trabajará para que la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos sin imposiciones ideológicas sea una realidad en Murcia”, subrayan.

En cuanto a Ciudadanos, que ha mostrado en varias ocasiones sus dudas sobre la legalidad del veto parental a pesar de que forma parte del Gobierno autonómico y firmó el acuerdo de presupuestos, ve bien “a priori” esta modificación, aunque prefiere esperar a ver los informes jurídicos que avalen la legalidad de los cambios en los decretos. Para Ana Martínez Vidal, consejera de Industria y portavoz del Ejecutivo, el veto parental que apoya su partido nada tiene que ver con el de Vox, porque se basa solo en la libertad de los padres y en los principios constitucionales. Los cuatro consejeros que integran el Gobierno murciano, ha asegurado, votarían en contra de la aprobación de los nuevos decretos si cruzan esas “líneas rojas”. El PP, con siete miembros en el Consejo de Gobierno, podría, no obstante, sacarlos adelante sin su apoyo.

El Ministerio de Educación ha confiado en que el Gobierno de Murcia “asuma el requerimiento” enviado el pasado 20 de enero y “rectifique, eliminando el veto parental”. Fuentes del Ministerio han señalado a EL PAÍS que esperarán para ver en qué términos se materializa ese anuncio antes de tomar otras medidas, si bien utilizarán los instrumentos legales disponibles para “garantizar el derecho a la educación” de los menores.

No obstante, han hecho un llamamiento a la “cautela” y han preferido esperar a la publicación del decreto para analizarlo en profundidad y evaluar el alcance de sus medidas y si estas contravienen la normativa educativa vigente. La ministra de Educación, Isabel Celaá, inicia este jueves una ronda con los consejeros autonómicos del ramo, empezando por el de Andalucía, y su voluntad es recibir también a la titular de Educación en Murcia, aunque aún no han cerrado una fecha por cuestiones de agenda de ambas dirigentes.

150.000 firmas contra la medida

Por su parte, la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem) y el colectivo No Te Prives han recogido 153.000 firmas a través de la plataforma electrónica de participación ciudadana Change.org contra la implantación del veto parental para entregarlas al Gobierno regional. En un comunicado recogido por Efe, ambas organizaciones han concretado que la entrega se realizará en la sede de la presidencia del Gobierno regional, en el palacio de San Esteban, por parte de la representante de Asfagalem Nuria Montiel.

La iniciativa fue puesta en marcha el pasado 16 de enero, y en pocos días superó las más de 100.000 firmas, contando hasta la actualidad con 153.000 apoyos. La portavoz de Asfagalem, Nuria Campillo, ha explicado que, además de esta iniciativa, no han parado de recibir mensajes de apoyo de «todo el país» en el que muestran su rechazo a una medida «antidemocrática y lgtbifóbica», así como «contraria a todos los derechos humanos».

«Pero también nos ha empezado a llegar, por primera vez, mensajes de odio contra nosotras. En algunos casos estos mensajes han llegado a ser amenazas, por lo que vamos a estudiar con abogados si podrían incurrir en delito alguno de ellos», ha explicado Campillo. Asfagalem y No Te Prives consideran que el permiso parental atenta «contra todas aquellas personas que valoran la igualdad y la diversidad como principios democráticos básicos para la convivencia».

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2020/01/29/actualidad/1580291191_164234.html