Bajo la desnacionalización, el ajuste y la dolarización: las dos Venezuela que emergen de la tragedia

Mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial. De manera “silenciosa”, para usar una expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación, donde no solo se trata de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económica empresarial y capitalistas de todo linaje, sino que implican grandes cambios que pueden llevar a una mayor semicolonialidad del país.

En el presente artículo buscamos dar cuenta de todo ese entramado partiendo de la política del imperialismo hacia Venezuela, las conversaciones secretas entre Estados Unidos y el chavismo, los posibles pactos silenciosos entre Gobierno y oposición, revisar a qué obedece la crisis que atraviesa la oposición de derecha, para avanzar en dar cuenta de esos cambios profundos que ya se encaminan, así como también los caminos para hacerle frente a tales políticas, a los ataques del Gobierno, los pactos y la demagogia de la oposición.

En otros trabajos hemos dado cuenta cómo Maduro consiguió atravesar el año, no por fortaleza propia, sino sobre todo por el sostén de las Fuerzas Armadas, en las que la oposición y el gobierno de Trump no lograron conseguir un sector importante que atendiese sus llamados o que se quebrase ante las amenazas de agresión militar y juicios por lesa humanidad, así como también por el cierre de filas de todos los sectores y grupos de poder de la burocracia chavista. Desde el primer cuatrimestre del 2019, donde la oposición de derecha se envalentonó con una ofensiva golpista de la mano de Estados Unidos y todo el derechismo continental y más allá, ésta no solo se ha venido a menos sino que también atraviesa una de las más severas crisis, incluso al borde de la implosión entre los partidos que la componen.

Pero no se puede discutir sobre los rumbos en los que se le busca dar destino al país por fuera de los nuevos vientos de rebeliones que sacuden a los países de la región, una cuestión que ya hemos abordado en el trabajo Venezuela y el retorno de la lucha de clases en América Latina, y que pueden trastocar, por no decir, hacer volar por los aires, cualquier proyecto de las fuerzas de poder dominante. Todo esto marcando un nuevo signo de la lucha de clases en nuestro continente, una tendencia que no se limita a la región, sino que se expresa en otras regiones, cuyo ejemplo más reciente en la huelga general en Francia.

Por el momento, estos vientos no han incidido a nivel de los trabajadores y los grandes sectores populares en Venezuela, que vienen acusando un nivel de debilidad objetiva y subjetiva bastante grande, lo que no significa que, ante mayores ataques de los ya recibidos, como los que podrían venir de estos planes de “reconstrucción”, no pueda haber una reacción de lucha que ponga límites a las políticas más draconianas que tengan en sus planes los sectores dominantes. Si Maduro con la mayor de las impudicias ha dicho que apoya esas movilizaciones, cuando en el país aplica planes de ajuste muy semejantes (o peores en algunos casos) a aquellos contra los que se rebelan esos pueblos, por su parte la oposición, con Juan Guaidó al frente, hace alardes de la creciente movida reaccionaria en Bolivia con el golpe de Estado, así como expresa su simpatía a los gobiernos represivos de Chile y Colombia.

La Casa Blanca aceptando al chavismo en una eventual transición en Venezuela

Estados Unidos hace tiempo que decidió hacer un giro en su política con respecto a Venezuela, con relación a la agresividad de principios de año, aunque las sanciones económicas continúan y sigue su política de no reconocimiento público del Gobierno de Maduro. Para finales del primer semestre su discurso más belicoso, donde “todas las opciones” estaban sobre la mesa, había pasado a un segundo plano. Eran momentos en que Elliot Abrams afirmaba que “los venezolanos deben poder unirse y tomar las decisiones que enfrenta su país a través de elecciones libres y justas que reflejen la voluntad de la mayoría, no solo de los pocos corruptos que tienen el poder”, e incluso sosteniendo que “tanto la oposición como las voces chavistas son esenciales para una transición pacífica y la reconciliación nacional. Como todos los ciudadanos del país, los chavistas deberán desempeñar un papel en la reconstrucción de Venezuela”.

En los primeros días de diciembre Washington volvía a remarcar este discurso, pero ahora con más énfasis y con el reconocimiento de las fuerzas de Maduro, el PSUV, como fuerza actuante, cuestión que era lejana hasta hace pocos meses. Michael Kozak, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, afirmó que “Hemos visto al movimiento chavista y al PSUV como representante de una proporción significativa de la población y teniendo un papel en la política de Venezuela en el futuro, eso está fuera de cuestión”. E incluso que respaldaría una “transición” con el chavismo en un Gobierno interino y sin Juan Guaidó, en el eventual caso de que no resultara reelegido en enero como presidente de la Asamblea Nacional.

Si bien los movimientos de Estados Unidos encierran muchas incógnitas, el ritmo de la campaña electoral en la que el presidente Donald Trump se juega su reelección podrían estar incidiendo en la nueva orientación. Pero muy probablemente es movido por el fracaso de su política con respecto a Venezuela, a la par del fuerte declive que ha tenido la oposición de derecha criolla, que no solo está lejos de su capacidad de movilización que supo tener al menos hasta el primer cuatrimestre del año, sino que ha acentuado de sus divisiones internas. No por casualidad Mike Pompeo a mediados de junio sostenía que «Nuestro dilema, que es mantener a la oposición unida, ha resultado ser tremendamente difícil», y si tomamos en cuenta casi sus niveles de implosión en estos días por los escándalos de corrupción, la situación se les torna más compleja.

Dando lectura de esta situación es que probablemente Estados Unidos haya decidido establecer directamente las negociaciones con el chavismo, aunque obviamente bajo todos los secretismos existentes. Las recientes declaraciones de Michael Kozak no fueron producto de la casualidad o de formas de expresión, tratase de un reconocimiento de fuerzas abierto de alguien con quien se está negociando. A finales de agosto Trump llegó a afirmar que sostenían reuniones secretas con el Gobierno de Maduro y, manteniendo la discreción, remarcaba: «No quiero decir con quién, pero estamos hablando con ellos a muy alto nivel». Horas después lo ratificaba Maduro: «Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del Gobierno bolivariano que yo presido».

Aunque no ha dejado de barajarse que tales encuentros entre la Casa Blanca y el chavismo hayan sido sin el conocimiento de Maduro, y éste haya salido a declarar para no aparecer por fuera de movidas políticas entre las distintas fuerzas de poder del chavismo. Pero Maduro ha reiterado que el acercamiento entre la Administración Trump y emisarios de su Gobierno se ha producido bajo su «autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto». De cualquier manera, sea por negociaciones directas con Maduro o con algún sector significativo de las fuerzas de poder del chavismo, la cuestión de fondo está en el cambio de política de Washington.

Es probable también que este giro se pueda estar acentuando por los cambios del contexto latinoamericano. Desde el 2015 la oscilación pendular de la política continental fue girando hacia la derecha: Piñera en Chile, Macri en Argentina, Duque en Colombia, Kuczynski en Perú, Abdo en Paraguay y, por si faltara algo, Temer/Bolsonaro en Brasil, todos gobiernos alineados con Trump. Fue el momento del envalentonamiento de Washington con respecto a Venezuela para llegar a enero del 2019 con su política decidida de derrocar a Maduro. Pero la situación ha dado un giro brusco con la nueva tendencia a grandes acciones de masas en el continente, sobre todo en Sudamérica, con aliados claves como Piñera puesto entre las cuerdas o Macri, en un país en crisis, ya fuera del poder, y más recientemente, con uno de sus aliados más firmes, Colombia, acosado por fuertes movilizaciones donde Duque sufre un gran desgaste político. Esta nueva realidad ha hecho que el “Grupo de Lima”, el foro ad hoc que armó la derecha continental, bajo tutela estadounidense, para impulsar su política contra Venezuela, se encuentre bastante debilitado en su capacidad de acción. Lo de Colombiaa su vez, no es una cuestión menor si con respecto a Venezuela hablamos, constituye la principal cabecera de playa que ha tenido Estados Unidos, tal como vimos en la llamada operación “Ayuda humanitaria” del 23 de febrero.

Pero más cosas transcurren en los entretelones, como son los intereses económicos imperialistas que Estados Unidos no descuida en el país. El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha venido prolongando las autorizaciones de manera automática a empresas petroleras de origen estadounidense que siguen operando en Venezuela pese a las sanciones que ha impuesto a PDVSA, que en teoría tendrían que ser afectadas. Hablamos de firmas como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International y Chevron. Decisiones que el Gobierno de Maduro agradece a Estados Unidos en el marco de los entendimientos por abajo.

Para que se tenga una idea gráfica solo del caso de Chevron en el país: baste mencionar que esta empresa tiene participación en las Empresas Mixtas Petroboscán (39,2%) y Petroindependencia (25,2%) en el occidente del país; en la Faja Petrolífera del Orinoco, ubicada en el oriente, Chevron participa en los proyectos de crudo extrapesado Petropiar (30%) y Petroindependencia (34%). En las operaciones de gas costa afuera, la compañía participa en los Bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana, además del 100% del proyecto Cardón 3 del Proyecto “Rafael Urdaneta”. Y como explicaremos más adelante, estos porcentajes de participación están avanzando en mayores controles de dichas empresas, acentuando su penetración en el país.

¿Pactos silenciosos entre el Gobierno y la oposición?

Los acuerdos sigilosos parecen también haber sido el camino escogido por parte de la oposición y Maduro. No nos referimos aquí a los encuentros con los sectores minoritarios de la oposición y que se han sentado públicamente con el Gobierno en la Casa Amarilla, que no serían realmente el plato central de las negociaciones, tomando en cuenta que no son sectores representativos de las fuerzas opositoras, sino a los acuerdos que transcurren por otras vías y, sobre todo, con las fuerzas mayoritarias, como el llamado G4 compuesto por Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.

Si el marco público de los acuerdos de Oslo no tuvo un resultado práctico aparente, es claro que decidieron llevar los encuentros por la vía discrecional. Lo acordado recientemente para constituir un Comité de Postulaciones para ir a un nuevo CNE, pone a trasluz cómo han continuado las reuniones secretas. No en vano fue Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y activo participante en las mesas de negociaciones de Noruega, quien enfatizaba que tal compromiso “forma parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación de Oslo”.

Está por verse entonces las gradaciones que irán tomando estas negociaciones. Una de las cuestiones a develarse prontamente será sobre la cuestión de las elecciones, pues mientras la oposición dice que la prioridad de un nuevo CNE es para elecciones presidenciales, el Gobierno afirma que eso no está planteado, sino solamente las elecciones legislativas que corresponden en 2020. Todo eso, caso que se llegue a puerto final con la definición de un nuevo Consejo Nacional Electoral pactado. Sobre las negociaciones en otras áreas poco ha salido a la luz pública, pero como veremos más adelante, trascendió que ambos sectores ya están explorando acuerdos para una apertura mayor al capital transnacional en el sector petrolero y otras políticas económicas.

Pero si hay algo que puede complicar estas negociaciones es la gran crisis que atraviesa la oposición. Hasta el momento las divisiones más fuertes venían desde los partidos más de la extrema derecha y con menos peso, como los liderados por María Corina Machado con su movimiento Vente Venezuela, o Antonio Ledezma con Alianza Bravo Pueblo, entre otros, que se negaban tajantemente incluso a los diálogos exploratorios con el Gobierno. Pero ahora la crisis explotó con más virulencia entre los partidos mayoritarios.

La crisis en la oposición, ¿complicación para los acuerdos?

Por lo visto, a las declaraciones de Mike Pompeo a comienzos de junio, donde señalaba lo “tremendamente difícil» que les ha resultado su “dilema” de “mantener a la oposición unida”, no le ha faltado razón. La oposición siempre ha tenido divisiones, incluso hasta finales del 2018 las divisiones eran abiertas, la política más agresiva del imperialismo a comienzos de enero alentando toda la línea golpista y tras la figura de Juan Guaidó, fue la que consiguió arrastrar a todos los sectores de la oposición y unificarlos de momento, incluyendo aquí a los sectores más extremos.

Fracasadas las tentativas de derrocar a Maduro por la vía de la fuerza y bajados los niveles en cuanto a capacidad de movilizaciones, las divisiones nuevamente vinieron a flote, y con más fuerza. Las divergencias políticas se fueron canalizando vía los grandes escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos. En otras palabras, el destape de las ollas podridas no serían más que instrumentos de la guerra interna que se lleva a cabo desde hace varios meses, y no que los casos de corrupción sean los detonadores de la crisis misma.

Pero hay enfrentamientos que una vez desatados se tornan difíciles de conjurar, trayendo más tempestades de las previstas. Es que toda esta situación ha destapado una pelea de estocadas que ha escalado hasta lo más alto del entramado del supuesto “Gobierno interino”. El momento en que ocurren no es cualquier tiempo político y de allí que no ha sido casualidad: en los primeros días de enero tiene que votarse el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Hasta no hace poco se esperaba que Guaidó fuera ratificado y por tanto continuar como “Presidente encargado”, pero dada la nueva situación todo está en entredicho. Una pelea intestina que puede tener, si ya no las tiene, grandes consecuencias sobre la unidad misma de la derecha de cara a la renovación de la directiva de la Asamblea, pues la pelea se desarrolla con ahínco entre Voluntad Popular (de Guaidó y Leopoldo López) y Primero Justicia (de Borges y Capriles Radonski), siendo dos de los principales partidos del llamado G4.

La situación tomó nuevos alcances por las declaraciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, en las que Michael Kozak afirmó que “Nuestro apoyo ha sido a las elecciones democráticas de Venezuela, no a Juan Guaidó como persona, sino como presidente electo de la Asamblea Nacional y, por tanto, por la Constitución, como presidente interino”. Lo que podría leerse que Washington estaría dispuesto a sacrificar la figura de Guaidó, en aras de mantener la unidad en la oposición. Con Estados Unidos decidido a no escalar el conflicto con respecto a Venezuela como tanto alardeó en los inicios del 2019, seguramente actuará fuertemente para que la oposición no termine de desmoronarse, siendo los únicos con autoridad entre las partes y con capacidad de ejercer fuerza y presión, para que incluso las negociaciones secretas puedan tener un curso más ordenado. Se trata de una situación que, por defección, favorece al Gobierno de Maduro.

Las dos Venezuela en un país semidolarizado, liberación de controles y desnacionalizaciones

En múltiples artículos y trabajos hemos dado cuenta de los niveles de la catástrofe en la que se encuentra sumergida Venezuela (recientes datos de la Cepal dan cuenta que el país incrementa su contracción económica, pasando de un -19,6 % el año pasado a un -25,5 % para 2019), y cómo esta situación hundió a las amplias mayorías, no solo en los sectores que previamente se mantenían en la pobreza, sino también llevó a extremos la situación de la clase trabajadora, incluso aquella que contaba con contratos colectivos y un nivel de ingresos por encima de la línea de pobreza. De manera inédita y sin comparación con ningún país se llevó a niveles mínimos los ingresos laborales, la liquidación de prestaciones sociales acumuladas por años de trabajo, cajas de ahorro de los asalariados, al compás de la eliminación de conquistas históricas de la clase trabajadora. De un momento a otro los trabajadores fueron siendo despojados de los derechos más elementales y llevados al borde del pauperismo.

A la par de todo esto se dio un fenómeno propio de las catástrofes económicas, no solo los despidos, sino también el abandono de las fuentes de trabajo por la imposibilidad de vivir con ingresos salariales reducidos a la nada, yendo hacia áreas de la economía informal sea vía el cuentapropismo o la buhonería, así como también con el éxodo de trabajadores con la migración masiva buscando otros medios de supervivencia, lo que fue debilitando aún más su peso como sector social en sectores claves de la economía.

Pero fue una catástrofe que no cayó del cielo. Si el inicio lo tuvo la caída abrupta de los precios del petróleo en 2014, única fuente de ingreso de renta del país, el Gobierno de Maduro tomó una clara decisión antiobrera y antipopular, que fue priorizar los grandes pagos de deuda externa y demás compromisos económicos del país con acreedores internacionales y demás pulpos económicos, en lugar de tener como decisión fundamental la protección del pueblo. A partir de allí fue toda una catarata de calamidades contra el pueblo, pues el gobierno terminó agotando las arcas públicas reduciendo dramáticamente las importaciones, empeñando Citgo, el desmantelamiento de empresas, incluso llevando a la mayor de las crisis a la industria petrolera, con un país desmoronándose y entrando en espirales hiperinflacionarios y contracciones económicas brutales. Las sanciones de incidencia económica, por fuera de las políticas, apenas llegaron a mediados del 2017 con el impedimento del país a reestructuración de la deuda externa y el acceso al financiamiento extranjero, luego irán llegando otras más que irán agudizando la ya dramática situación del pueblo por las impuestas al sector petrolero que revestían carácter de embargo.

El Gobierno de Maduro aplicaba las más perversas medidas económicas en ese camino, incluyendo paquetazos como el de agosto del 2018 que hundían más a la población todo bajo el supuesto de una “recuperación económica”. Un plan que le fracasa pues la publicitada reconversión monetaria se le viene a pique y con ello las condiciones de mayor pauperización de las amplias mayorías trabajadoras y populares: el bolívar siguió perdiendo valor a velocidad destructiva para los salarios y demás ingresos en bolívares.

Siguieron las llamadas “medidas en silencio” como las definiera Maduro, que no se anuncian, pero se aplican. En el país se liberó el control de cambio, la libre cotización del dólar escalando altísimos niveles devaluatorios día a día, así como lo que el Gobierno llamaba “control de precios” (que al final no controla nada), se eximieron de impuestos a empresarios para las importaciones y exportaciones, a trasnacionales, se favorecieron con grandes facilidades las “inversiones” liberándolas de todo tipo de trabas, a los sectores petroleros foráneos se le eximieron del pago de regalías e impuestos, y hacia la minería la entrega es mayor tal como se da con el Arco Minero del Orinoco.

En este camino se ha avanzado en un creciente proceso de desnacionalización. Los cambios en la Ley de Hidrocarburos que sin anunciarlos los aplican, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, entre otras importantes, han venido permitiendo que sectores controlados por el Estado progresivamente vayan siendo traspasados a empresas extranjeras o grupos económicos locales, tal como se ve muy claramente en el área del petróleo, donde empresas estadounidenses, europeas, rusas, chinas y de otras latitudes avanzan en sus controles.

Incluso, en los primeros días de diciembre salió a la luz pública que el Gobierno y la oposición han discutido la posibilidad de permitir que compañías privadas que participan en empresas mixtas con PDVSA asuman el control de los campos pese a no ser socios mayoritarios. Tal cuestión se estaría discutiendo en empresas mixtas como Chevron, la rusa Rosneft y la estatal china CNPC, que pasarían a controlar los mayores campos de Venezuela. El gran capital internacional, sin distinción, tomaría parte en el botín. Un negocio donde hay también grandes empresarios locales, como Oswaldo Cisneros, para solo poner un ejemplo, que tiene un 40% de participación en la empresa mixta Petrodelta, quién afirmó públicamente que evalúa firmar con PDVSA “un contrato donde nos entregan la producción a nosotros (…) nos subcontratan la operación del campo”.

Para llegar por fin a la dolarización de la economía en los hechos, con la libre circulación del dólar actuando como una moneda más en los circuitos económicos, donde los empresarios colocan precios a niveles internacionales. Maduro llegó al descaro de afirmar que “Ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios existe”, y sostener que la dolarización surgió por la «autoregulación necesaria» de la economía venezolana. Un neoliberal clásico no lo diría mejor. A confesión de partes, Maduro demostró, por un lado, que fue incapaz de sostener el signo monetario nacional venezolano, sin importarle la destrucción del bolívar, con la trágica consecuencia para el pueblo trabajador, llevando por otra parte a una pérdida de soberanía, ya que con esta dolarización que elogia pasará a una dependencia mucho mayor de la ya existente, al tener menos control de la política monetaria, dado que el manejo del dólar, obviamente, está en manos de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Se trata de una situación que ha ido creando dos Venezuela o dos circuitos económicos separados dentro del país, por un lado, un sector pudiente por lo general, que va desde clases medias acomodadas para arriba, grupos económicos, empresarios, comerciantes y especuladores de todo tipo, y por supuesto en la que entra la alta burocracia estatal y los militares que manejan grandes empresas del Estado, con acceso al dólar como moneda de uso corriente y donde existen capitalistas que obtienen sus ganancias en dicha moneda pero pagan salarios en bolívares.

Por otra parte, otra Venezuela, donde están las grandes mayorías trabajadoras y populares, las clases medias bajas, que han visto caer sus condiciones de manera estrepitosa, que no tienen acceso a la divisa estadounidense, lo tienen en una medida totalmente marginal: en su mundo cada vez más miserable y paupérrimo, con ingresos en bolívares, buscando subsistir, dependiendo de algunos de bienes de consumo popular a precios subsidiados y racionados, algunos recibiendo ayuda de familiares por remesas o accediendo a algunos dólares en los márgenes en los puestos de negocios de calle en la buhonería o el cuentapropismo (las migajas que caen de la Venezuela pudiente, de los ricos de siempre y los nuevos ricos surgidos al calor del chavismo).

En fin, un abismo dentro del mismo país, de mayores desigualdades que ha creado Maduro en medio de toda esta catástrofe. Esto no quiere decir que antes no existían desigualdades, obviamente, sino que las mismas se han profundizado a extremos mucho más profundos.

Es bajo esta Venezuela que algunos analistas económicos hablan de que pueden estar existiendo elementos que indicarían “salidas” de esta violenta crisis. No lo sabemos. Pero de ser así, se está haciendo sobre el hundimiento de todo un sector social, las amplias mayorías trabajadoras y populares. Donde los capitalistas y todo tipo de empresarios ven mejorar sus ganancias, sobre la base de una brutal super-explotación, donde ganan dólares y pagan en bolívares, donde a las leyes laborales se les dio la vuelta para beneficiar a toda la patronal, cuando no se anularon directamente. Sobre esa base cualquier “indicador económico” muestra “mejora”, pero la de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, no la de las grandes masas asalariadas y pobres.

Y aún faltan medidas más duras a ser aplicadas y que están pendientes, que seguramente irán saliendo de todos esos pactos que se tejen por arriba. Hasta el momento el Gobierno ha decidido mantener los subsidios en la gasolina y en la mayoría de los servicios, como la electricidad, telefonía fija, el agua y el gas, pero no es que no lo tenga en la mira. Recordemos que en el paquetazo de agosto del 2018 estaba contemplado llevar el precio de la gasolina a niveles internacionales, una medida que no pudo ser aplicada. Pero no sería de extrañar que silenciosamente se vaya avanzando en este terreno. Hemos visto cómo Maduro deja correr los planteamientos del gobernador de Carabobo, el “excéntrico” Rafael Lacava, al que ya apodan “el Menem del chavismo”, que habla abiertamente de privatizar servicios y comienza a dar algunos pasos en ese sentido en ese estado, así como aumentos en el gas y otros servicios. Puede ser una forma de experimentación para avanzar luego a nivel nacional o “descentralizar” los servicios por estados para que cada gobernador se las arregle de esta manera.

Los caminos para hacerle frente a los ataques del Gobierno, los pactos y la demagogia de la oposición

A la clase trabajadora venezolana se le presentan grandes desafíos, pero lo tienen planteado en una situación donde sus condiciones objetivas se han visto altamente debilitadas y su subjetividad, tomada en su conjunto, bastante baja. No es para menos, como hemos explicado más arriba, ha sido fuertemente golpeada en esta crisis, viendo reducida sus fuerzas y llegado a niveles casi de mano de obra esclava. El papel del chavismo en la estatización y cooptación de las organizaciones obreras jugó un papel importante en esto. Los trabajadores y las trabajadoras hoy resisten donde pueden y como pueden. Sobre esto actúa la fuerte regimentación que ejerce el régimen de Maduro, el escalado autoritarismo y la represión imperante en el gobierno, el uso de fuerzas paraestatales (“colectivos”) para amedrentar al movimiento de masas.

Sus direcciones sindicales en muchos sectores, o llevan adelante las políticas gubernamentales, actuando como si fuesen funcionarios del Estado como la CBST, entre otras, o son correas de transmisión de partidos patronales de la derecha que hacen política “antigubernamental”, pero cuyos movimientos son completamente funcionales a las políticas de dichos partidos, un ejemplo típico de esto lo vemos en el brazo político-sindical de la derecha, Coalición Sindical. Estamos hablando de una burocracia ligada a una oposición que plantea todo un programa de la mano del FMI con privatizaciones masivas, desnacionalización de la economía, entreguismo, y que contempla despidos masivos en el sector público, tarifazos en servicios esenciales del pueblo, en fin, todo un plan de ataque capitalista como está desarrollado en el Plan País.

También, parte de este cuadro son los fuertes elementos de desmoralización a nivel de masas cuando se producen debacles de un proyecto político en el que las masas cifraron sus esperanzas. No se les puede culpar ni responsabilizar a los trabajadores de tal situación, sino a las direcciones políticas que con armas y bagajes se sumaron al “proyecto bolivariano”. Así como también a corrientes que hoy quieren hacer tabula rasa, haciendo omisión de su pasado e incluso hasta negándolo, como si nunca hubiesen sido partícipes del proceso, reduciéndose sus explicaciones a meras respuestas parciales, ciertas, pero que no dejan de ser fragmentarias.

Pero a pesar de esta situación, como observamos en el segundo semestre del 2018 y nuevamente en estos meses que van del segundo semestre del 2019, los trabajadores buscan dar la pelea por sus demandas más sentidas frente a la angustiante situación de miseria, muy a pesar de sus bajos niveles de organización. La lucha de las enfermeras a nivel nacional en el 2018, motorizó a otros amplios sectores a la pelea, tal como se vio en el magisterio, en los diversos sectores de la administración pública, en industrias del Estado y hasta en el sector privado. En otras palabras, no se han quedado de brazos cruzados y la lucha aún está por verse.

En otros artículos hemos planteado que en Venezuela la clase trabajadora, que a pesar de la situación imperante no ha dejado de luchar, aunque lo hace de manera dispersa, para lograr sus objetivos debe ponerse a tono con estos vientos de lucha de clases que cruzan importantes países de América Latina. Procesos que se transforman también en un fuerte incentivo para la lucha y la organización. Pero a niveles de catástrofe y violentos ataques se debe responder a la altura de los mismos, dando cuenta que estamos enfrentando no solamente a un Gobierno represivo, autoritario y hambreador, sino al conjunto de un plan que comparten, grosso modo, los empresarios y partidos patronales. Los capitalistas festejan toda esta liberación de Maduro, y que la oposición comparte, solo que quiere más y mucho más rápido.

Es claro que clase trabajadora tiene la necesidad y el derecho de enfrentarse como un solo puño ante los ataques del gobierno y los capitalistas más allá de sus divisiones sociales, organizativas y políticas, y porque es a través de estas acciones donde los trabajadores avanzaran en hacer sus experiencias y clarificando al calor de la lucha con las distintas direcciones sindicales. Pero se trata de una pelea que apunte hacia la independencia de clase, desarrollando al mismo tiempo nuevos formas de organización y lucha. Desgraciadamente en este camino, existen sectores que opinan lo contrario, para quienes lo central no es avanzar en la constitución de nuevos organismos para lucha e ir creando jalones hacia la independencia política de los trabajadores, sino simplemente acordar tres o cuatro cosas mínimas con burocracias sindicales opositoras de todo pelaje, reduciendo todo al peor reduccionismo de la lucha económica evitando que se eleven a posiciones políticas avanzadas de independencia de clase.

Además de sacar lecciones de sus anteriores experiencias, la clase trabajadora venezolana debe y puede sacar lecciones también las rebeliones en curso en los otros países de América Latina. Que para avanzar no se puede hacer de la mano de las burocracias sindicales que si no traicionan de entrada lo harán en el camino, que es necesario avanzar en la autoorganización como por ejemplo lo hacen hoy los trabajadores y las trabajadoras en la región de Antofagasta en Chile. Pero también comprender que es necesario construir una herramienta propia de los trabajadores avanzando en la construcción de un partido revolucionario que se plantee la lucha por el poder y avanzar hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre, única manera de sentar la bases para terminar con los males a que nos condena esta sociedad capitalista.

Fuente de la Información: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Bajo-la-desnacionalizacion-el-ajuste-y-la-dolarizacion-las-dos-Venezuela-que-emergen-de-la-tragedia