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La tercera 

Superintendencia del ramo identificó las instituciones con más riesgo para focalizar en ellas las acciones de fiscalización. De las 48 casas de estudios con gratuidad solo siete registran cifras negativas. Las privadas lideran el listado de ganancias.

Más de $ 218 mil millones en excedentes registraron en 2018 las instituciones de educación superior del país, un aumento de $ 41 mil millones (23%) respecto del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).

Pero el panorama hoy no es el mismo para todas las casas de estudios, porque de las 140 instituciones que entregaron información al Estado, 39 registraron cifras negativas. Es decir, tres de cada 10 planteles tuvieron pérdidas.

El caso más extremo es el de la Universidad de los Andes, que cerró el año con casi $ 11 mil millones en pérdidas. Pero el director de Finanzas, Álvaro Beltrán, dice que eso se explica por la inversión que realizaron hace unos años para construir su clínica universitaria.

“Este déficit está totalmente financiado, por lo que no tiene efectos directos en el resto de la actividad universitaria y es el resultado lógico de un proyecto de la envergadura como es la Clínica Universidad de los Andes”, agrega.

En el listado de los planteles con déficit le siguen el Instituto Profesional La Araucana, que está en proceso de cierre, y la Universidad de Las Américas. En esta última institución explican que los $ 5 mil millones en rojo son un arrastre de la pérdida de la acreditación que sufrieron en 2013, lo que derivó en que la admisión de estudiantes cayera en un 40%.

Sin embargo, afirman que hoy la situación patrimonial es sólida y que han realizado inversiones en la docencia de pregrado, en investigación y en infraestructura.

“Este plan considera llegar a una situación de equilibrio en 2020 y el resultado proyectado del ejercicio 2019 muestra un avance en esta dirección”, dicen. También destacan la recuperación de la acreditación.

Vigilancia del riesgo

Otros planteles que presentan pérdidas son la U. Gabriela Mistral y la Universidad Ucinf, que está en proceso de cierre y siendo “absorbida” por la primera.

La tarea de vigilancia y alerta le corresponde al superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, quien, cuenta, se ha dedicado a definir, junto a la Contraloría, las normas contables que aplicarán a todas las casas de estudio para supervisar sus finanzas.

Paralelamente, agrega Avilés, desarrollaron un modelo de supervisión que les permite “priorizar nuestras acciones fiscalizadoras en aquellas instituciones que se encuentran en situaciones más riesgosas”.

“Luego de aplicar el modelo, hemos identificado los casos de mayor riesgo, concentrando ahí diversas acciones de fiscalización, siempre con el objeto de conocer el real estado financiero de manera actualizada en cada caso y así poder aplicar las medidas que correspondan”, señala.

Avilés plantea que se debe revisar el estado de las instituciones caso a caso, pero reconoce que “hemos sido testigos en los últimos años de situaciones de gestiones deficientes en lo administrativo y financiero que, en los casos más graves, han provocado lamentables daños a sus comunidades educativas”. Por ello, valora la creación de la institución que dirige y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Acreditación.

Efectos de la gratuidad

Este año, varias universidades plantearon que la gratuidad en la educación superior les generaba brechas financieras, pues el Estado no pagaría el valor real de las carreras. Pero eso parece no reflejarse en los resultados.

De las 48 instituciones con gratuidad, siete registraron pérdidas, entre ellas, cuatro universidades estatales. La Universidad Arturo Prat lidera el listado en rojo. En tanto, planteles como Duoc UC, Inacap, U. de Concepción y U. Autónoma encabezan el grupo con más excedentes.

Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la UC, cree que finalmente el estado financiero de las universidades “depende mucho más de las decisiones que se toman al interior de ellas que de los efectos de las políticas públicas, considerando incluso la gratuidad”.

Lo mismo cree Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, quien dice que llama la atención que las universidades con gratuidad, en especial las estatales, pidan más recursos, siendo que estas últimas “reciben 19 veces más que las privadas por distintos fondos que se entregan a la institución, sin considerar becas, gratuidad u otros beneficios estudiantiles”.

El investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, advierte que se debe hacer una diferencia entre los planteles con gratuidad, porque esta política “ha sido perjudicial en términos financieros para algunas universidades estatales y para el segmento tradicional de la educación superior, pero beneficiosa para las instituciones privadas que se incorporaron a esta política”.

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