Los esfuerzos para legalizar y hacer que los abortos sean más seguros en África se vieron afectados cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos puso fin a las protecciones federales al aborto hace un año . En cuestión de días, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró que su gobierno despenalizaría el aborto “en un momento en que los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres están siendo anulados o amenazados ”.
Pero algunas organizaciones estadounidenses activas en África se animaron, especialmente en países mayoritariamente cristianos. Uno es Family Watch International, una organización conservadora cristiana sin fines de lucro cuya postura anti-LGBTQ+, actividades contra el aborto y “intenso enfoque en África” llevaron a su designación como grupo de odio por parte del Southern Poverty Law Center.
En abril, Family Watch International ayudó a desarrollar una reunión sobre “valores familiares y soberanía” en las oficinas presidenciales de Uganda con legisladores y otros delegados de más de 20 países africanos. El director de la organización en África también aboga por que su país, Etiopía, revoque una ley de 2005 que amplió el acceso al aborto.
“Es como si nos hubiéramos quitado los guantes”, dijo en una entrevista Sarah Shaw, jefa de defensa de MSI Reproductive Choices, un proveedor internacional de servicios de salud reproductiva con sede en el Reino Unido.
En un discurso de septiembre ante la Asociación Africana de Abogados, la presidenta de Family Watch International, Sharon Slater, alegó que los países donantes estaban intentando una «recolonización social sexual de África» contrabandeando el aborto legal junto con la educación sexual y los derechos LGBTQ+.
“Los activistas por los derechos sexuales saben que si pueden capturar los corazones y las mentes de los niños de África y adoctrinarlos y sexualizarlos, capturarán a los futuros abogados, maestros, jueces, políticos, presidentes, vicepresidentes y más, y así capturarán el corazón mismo de África”, afirmó Slater.
A su discurso en Malawi asistió el presidente del país, exlíder del movimiento Pentecostal Asambleas de Dios.
Después de presionar a los legisladores de la nación del sur de África para que no consideraran un proyecto de ley que habría permitido el aborto en determinadas circunstancias, el grupo católico estadounidense Human Life International dijo a sus partidarios en marzo que “gracias a ustedes, Malawi está a salvo del aborto legal”.
La Unión Africana reconoció hace dos décadas el derecho al aborto en casos de violación e incesto o cuando la vida de la madre o del feto está en peligro o la salud mental o física de la madre.
Un número creciente de países tienen leyes de aborto relativamente liberales. Benin legalizó el aborto menos de un año antes del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque Nigeria, el país más poblado de África, permite el aborto solo para salvar la vida de la madre.
Los expertos africanos dicen que los eventos en los EE. UU. podrían revertir los avances en la disponibilidad de procedimientos de aborto seguro, especialmente porque el gobierno de los EE. UU. es el mayor donante mundial de asistencia internacional para la salud reproductiva.
Dichos cambios podrían afectar profundamente la vida de las mujeres en edad reproductiva en el África subsahariana, donde se estima que el 77% de los abortos, o más de 6 millones al año, no son seguros, dijo el Instituto Guttmacher, una organización internacional de investigación y política con sede en Nueva York, dicho en 2020.
Los abortos inseguros causan el 16% de las muertes maternas en la región del África subsahariana de la Organización Mundial de la Salud, dijo la agencia de la ONU el año pasado, “con variaciones entre países dependiendo del nivel de restricciones al aborto”.
Los opositores al aborto son especialmente francos en África Oriental, donde los países luchan públicamente con el tema del embarazo adolescente pero ofrecen poca educación sexual y acceso a abortos legales en circunstancias limitadas.
Un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva presentado en 2021 aún está siendo debatido por la Comunidad de África Oriental, cuyos países miembros incluyen a Burundi, Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur , Tanzania y Uganda. Algunas organizaciones católicas y otras conservadoras han criticado una sección que permitiría a una mujer interrumpir un embarazo en casos de violación, incesto o peligro de salud.
A principios de este año, el Consejo Protestante de Ruanda ordenó a todos los establecimientos de salud administrados por sus instituciones miembros que dejaran de realizar abortos, aunque la ley ruandesa los permite en ciertos casos.
“Tenemos una narrativa anti-derechos muy fuerte”, dijo Brenda Otieno, coordinadora de investigación de Kisumu Medical and Education Trust en Kenia, durante un seminario web el martes sobre los efectos globales de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU.
Los proveedores de servicios de aborto a menudo son acosados, dijo Otieno, y hace un año, Kenia aprobó una política nacional de salud reproductiva que prestaba poca atención a los servicios de aborto seguro.
En Uganda, un organismo de control de derechos dijo que el tema del acceso al aborto es tabú, y que los defensores enfrentan discriminación, incluso cuando algunas mujeres recurren a la automutilación.
“Hemos visto a varias personas perder la vida”, dijo Twaibu Wamala, director ejecutivo de Uganda Harm Reduction Network.
El aborto es ilegal en Uganda, aunque puede ser llevado a cabo legalmente por un trabajador médico autorizado que determine que un embarazo pone en peligro la vida de la madre. Pero muchos médicos, por temor a las complicaciones médicas, solo ofrecen atención posterior al aborto que puede ser demasiado costosa o llegar demasiado tarde para salvar la vida de una mujer.
En Etiopía, los trabajadores de la sociedad civil han pedido al gobierno que investigue lo que temen que sea una nueva tendencia: menos instalaciones de salud pública que practiquen abortos y más mujeres que busquen atención después de abortos inseguros.
Los grupos que se oponen al aborto en la segunda nación más poblada de África son en su mayoría incitados por extraños y “consideran la decisión de la Corte Suprema como un combustible para ellos”, dijo Abebe Shibru, director de MSI Reproductive Choices en Etiopía.
La contralora Marta Acosta indicó que proyecto para uniformar aporte patronal de Estado a pensiones es inquietud que han señalado desde hace año.
Marta Acosta declaró en Comisión de Gobierno y Administración que proyecto 23.733 necesita mejoras, pero concuerda con su intención de revisar aportes patronales de Estado a magisterio y Poder Judicial
La contralora Marta Acosta declaró en la Comisión de Gobierno y Administración que “ve con buenos ojos” el proyecto de ley 23.733 “Mismo patrón, igual contribución: equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensiones”, presentado por la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático.
El proyecto pretende que el aporte patronal del Estado, que es del 5,75% en el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, sea similar en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio, en el que es de un 6,75%, y en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en el que alcanza un 14,36%.
Acosta indicó que el proyecto requería ajustes, pero especificó que la Contraloría comparte la preocupación del proyecto sobre la inequidad existente entre los diferentes regímenes de pensiones. “Independientemente de cuál debe ser el monto de la contribución patronal del Estado, que debe definirse con estudios actuariales, en la Contraloría hemos insistido en que es urgente revisar este tema. Postergar estas decisiones tendrá un costo alto para las finanzas públicas, pero más importante, para la sostenibilidad de estos derechos para futuras generaciones”, dijo.
La contralora declaró a los diputados que según una estimación, a manera de ejemplo, los posibles efectos de la reforma planteada en el presupuesto implicaría una reducción de ₡25 mil millones en la contribución patronal para fondos de pensiones en el Poder Judicial, y de ₡11 mil millones en el caso del magisterio.
Sin embargo, reconoció que se trata de un tema muy técnico, que requerirá de un seguimiento importante de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y de discusiones para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y la gradualidad de las medidas. Empero, especificó que, a largo plazo, “hemos abogado por un sistema único de pensiones”, dijo.
En esta comparecencia, el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio (FA) le consultó por observaciones realizadas por la Procuraduría al proyecto, sobre la posibilidad de que los cambios podrían ser inconstitucionales, afectar derechos consolidados y la ausencia de estudios actuariales. Acosta indicó que compartía algunas de esas inquietudes, como la relevancia de contar con estudios actuariales para sustentar las decisiones, y especificó que temas como afectaciones a derechos no eran especialidad de la Contraloría, por lo que se requeriría de criterios expertos de otras entidades en ese campo.
Desde hace varios años, el gobierno francés aplica políticas neoliberales. Esto provocó fuertes movilizaciones, en las que destacan los chalecos amarillos en 2018-2019, el movimiento contra la reforma de la pensión en 2019-2020 y luego en 2023 a un nivel más local y en temáticas ambientales, varias movilizaciones en contra de mega-proyectos que el gobierno nacional denomina como “desarrollo”.
En el mismo periodo hubo un aumento drástico de la represión política, bien sea en la calle, durante las marchas o a nivel judicial en contra de militantes de organizaciones o asociaciones. La policía de Francia es la más letal de toda Europa, en 2021 sus intervenciones dejaron un muerto semanal.
El asesinato del joven Nahel Merzouk el 27 de junio incendió Francia cuando un video difundido en redes dejó ver que el único delito del muchacho fue no obedecer una orden en un sencillo control de identidad.
Miles de personas resultaron heridas por el accionar de la policía, y numerosos procesos judiciales fueron abiertos en contra del movimiento social. Otra forma de represión que ha surgido de índole administrativa consiste en la disolución o amenaza de disolución de asociaciones o movimientos declarándolas ilegales.
Protestas en Francia el pasado 22 de junio
Prohibición de la protesta y los movimientos sociales
Tras el anuncio del Gobierno de Emmanuel Macron de disolver la organización Levantamientos de la Tierra, esta denunció: “Tras arrojarnos granadas mutiladoras a la cara, afirman que ya no tenemos derecho a existir juntos ni a organizarnos. Ahora pretende disolver una revuelta por todos los medios, incluso deteniendo a activistas en sus casas, como ocurrió el pasado 20 de junio”.
Este fenómeno antidemocrático inició con la disolución de asociaciones musulmanas después de los atentados de 2015 y 2016, con el pretexto de supuestos vínculos de estas asociaciones con grupos terroristas. Esta razón oficial era claramente infundada, pero tenía el objetivo de señalar a la gente musulmana como enemiga de la sociedad. Luego siguió el proceso contra otros sectores.
Recientemente, la Ligue des Droits de l’homme (Liga por los Derechos Humanos) fue amenazada a pesar de ser una asociación muy reconocida en el país. Es en este contexto que el 21 de junio de este año, el Ministro del Interior, Bruno Le Roux, anunció la disolución del movimiento de los “Levantamientos de la Tierra” (Soulèvements de la Terre, SdT).
Los Levantamientos de la Tierra son un movimiento de ecología política y protesta en Francia. Fundado en enero de 2021, el movimiento se opone al acaparamiento de tierras y lucha contra determinados proyectos de desarrollo, tales como los “Mega-Pozos”, los de la multinacional Monsanto y varios proyectos de autopistas, así como la línea de tren de alta velocidad Lyon-Turín.
El movimiento expresó sus reivindicaciones mediante manifestaciones y realizó varias acciones de desobediencia civil y sabotaje de infraestructuras industriales que considera contaminantes.
Agrupa a un centenar de asociaciones y colectivos (sindicatos campesinos de izquierda, asociaciones ambientalistas, grupos anarquistas, movimientos alternativos y algunos partidos pequeños), y a más de 110.000 personas y personalidades públicas que afirman pertenecer al movimiento. Sus acciones públicas logran reunir a muchas personas, llegando a ser espectaculares y con una importante presencia en los medios de comunicación.
El 25 de marzo 2023, los SdT convocaron una gran movilización en contra de los proyectos de “mega-pozos”. Estas consisten en unos reservorios superficiales gigantescos de agua, comparables a unas lagunas artificiales, con el único objetivo de surtir agua para el sector agropecuario en temporadas cada vez más frecuentes y largas de sequía.
Estas reservas de aguas son extraídas de fuentes subterráneas, lo cual seca los pozos de los pequeños productores. El acceso es restringido, ya que son priorizados los grandes monocultivos. La creación de estos pozos, lejos de mitigar los efectos del cambio climático responsable de las sequías, empeoraría muy probablemente la situación, según varios estudios.
La represión francesa
La movilización del 25 de mayo congregó a unas 30.000 personas que realizaron charlas y una marcha hacia el sitio de obras. El Estado movilizó 3.000 policías antimotines con un despliegue más visible que de costumbre. Cuando parte de la marcha intentó acercarse al pozo, el cual estaba vacío y en obra, estalló una confrontación que llenó las redes sociales de imágenes de guerra.
Más de 200 personas resultaron heridas, de las cuales varias quedaron en un grave estado, incluyendo pérdida de manos, ojos, o con la cara definitivamente destruida. Dos personas terminaron en coma.
La policía impidió el paso de las ambulancias que llegaban a atender a las personas heridas y disparó en toda la marcha con balas de gomas y varios tipos de granadas. Mientras que las imágenes de la represión provocaron un escándalo en el país, la respuesta del gobierno francés fue acusar al movimiento como una organización ecoterrorista.
La carta gubernamental del “Eco-terrorismo”
Desde hace varios meses que el Gobierno utiliza el término de “eco-terrorismo” para referirse a los SdT, calificando de terrorismo acciones colectivas sin daños humanos. Esto abre la posibilidad de actuar en el marco legislativo del antiterrorismo, que permite actuar más rápido y con más contundencia en contra de las personas que serían parte del movimiento.
El 20 de junio, 15 personas fueron detenidas durante casi 96 horas por la Subdirección Antiterrorista tras su participación en una protesta en contra de la multinacional cementera Holcim.
Las detenciones se llevaron a cabo con diversos pretextos, algunas en relación con la investigación sobre el desmantelamiento de la fábrica de cemento de la empresa Lafarge en Bouc-Bel-Air, que fue difundida por SdT, y otras en relación con un proceso iniciado a raíz de la manifestación de Sainte-Soline del 25 de marzo, en contra de los mega-pozos.
Estas detenciones ocurrieron en vísperas de la disolución del movimiento SdT y permitieron mantener bajo custodia policial durante 4 días a algunas de las personas citadas en el procedimiento de disolución.
La extrema derecha contra las organizaciones ambientales
Es bastante notable que los movimientos ambientalistas generan en este momento mucha resistencia desde todos los rincones del planeta, y los SdT ofrecen una propuesta para unir a las diferentes fuerzas de oposición en este tema.
La Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas (FNSEA) es el principal sindicato agrícola francés (es de ultraderecha) y considera al Movimiento SdT como una amenaza importante para sus actividades.
Para esto, usó su considerable capacidad de presión sobre el Gobierno Nacional para que disolviera la asociación, amenazando con “no poder controlar a sus tropas” en caso de que el gobierno no prohíba la existencia de los SdT.
Lo resumieron en la siguiente declaración: “si no quieren una guerra civil, el gobierno tiene que anunciar su disolución”.
Siguiendo el mismo impulso, la FNSEA presionó al gobierno para que criminalice a la Confederación Campesina, un sindicato campesino de izquierda que forma parte de la Vía Campesina.
Las organizaciones sociales vislumbran que la intención del Gobierno de Macron es derribar a la oposición política del movimiento ambiental.
En su pronunciamiento, el movimiento “Levantamientos de la Tierra” explicó que son un intento de construir una red de luchas locales al mismo tiempo que fomentan un movimiento de resistencia y redistribución de la tierra a mayor escala. Afirman que buscan “establecer una verdadera correlación de fuerzas con miras a arrebatar la tierra de la devastación industrial y comercial”.
El Movimiento SdT dijo: “Somos jóvenes rebeldes que hemos crecido con el desastre ecológico como telón de fondo y la precariedad laboral como único horizonte. Hemos luchado contra la reforma laboral, la violencia policial, el racismo, el sexismo y el apocalipsis climático”.
Agregan además: “Somos campesinas y campesinos. Ya casi no quedan agricultores en Francia. Nos esforzamos por establecer una relación de cuidado cotidiano de la tierra y los seres vivos para alimentar a nuestros semejantes”.
Protestas en Francia
Levantamientos de la Tierra: “Lo que crece en todas partes no puede disolverse”.
Esta frase no es solo una consigna. Esta organización social es una red que cuenta con 110.000 integrantes declarados, 180 comités locales y otras tantas personas implicadas en la vida pública, los colectivos y los sindicatos.
Este movimiento supuestamente prohibido es colectivamente imparable y, aunque está en la mira de las autoridades, tiene arraigo en las regiones, está presente en los lugares de trabajo y en las escuelas, en los graneros y en las trastiendas, incluso están en el corazón mismo de los departamentos gubernamentales.
A pesar de las amenazas del Gobierno francés, esta poderosa organización social propuso una red de resistencia durante los próximos días y semanas: “Vamos a trabajar juntos para hacer que los «Levantamientos de la Tierra» aparezcan de 1.000 maneras diferentes en el espacio público”.
En los próximos días este movimiento realizará acciones en bares, centros sociales, en reuniones abiertas, usando antenas internacionales, inscripciones en las paredes, banderines y fiestas, entre otras actividades.
La conflictividad social sigue en estado máximo en Francia y todo parece indicar que va a continuar en las próximas semanas.
Así lo confirman hechos como que la disolución anunciada por el Gobierno el 21 de junio solamente sirvió para llenar las calles de militantes de esa organización social, el asesinato de Nahel a manos de la policía el 27 de junio produjo motines. Mientras tanto, la lucha contra el decreto que alarga la vida laboral y aplaza las pensiones de la clase trabajadora no ha terminado.
Huetosachi, Chihuahua / Desinformémonos.Reunidas en una paraje de Huetosachi, donde los rarámuri defienden su territorio, mujeres de distintos pueblos indígenas hablan de sus dolores, de la defensa de la tierra, de su nuevo rol dentro de las comunidades, de los obstáculos que enfrentan, del racismo, machismo, de las violencias internas y externas, y también de sus esperanzas, su fuerza y sus desafíos.
Las anfitrionas son las mujeres rarámuri que tienen a su cargo el comedor y tienda turística dentro del concepto “Experiencias rarámuri”, en el que el turista se incorpora de manera respetuosa al conocimiento de su y las artesanías de su pueblo. Un proyecto que une a un grupo de diez mujeres entorno a no sólo a la generación de recursos, sino a la puesta en marcha de otro futuro posible, en el que ellas, al menos en ese lúdico espacio de sabores, colores y juegos, son las que ponen las reglas.
Primero defendieron la tierra que les corresponde, y después todo lo demás. Habla la gobernadora de Huetosachi:
En la comunidad soy gobernadora. La gente me eligió para ayudarle. Lo hago por la comunidad, por las personas. Tengo que ir a reuniones, dicen que porque me pagan, pero no.
Cuando teníamos 18 años, éramos unas niñas, no sabíamos nada ni cómo. María, mi prima hermana, salió a buscar a quién nos asesorara. Ellos nos dieron palabras, porque nosotros no sabíamos hablar ni entendíamos. Fuimos aprendiendo a defender el territorio. Llevamos 15 años peleando. Antes nos cerraban el camino, nos ponían un candado para que no entraran los carros.
Vivíamos muy tristes. Ahora ya ganamos la mitad. Fuimos a varias partes, fuimos a México en caravana. Platicamos con compañeros que viven en otras comunidades. Defendemos la tierra que nos dejaron nuestros abuelos y por los hijos que están creciendo. Si no defendemos, a los hijos les va a tocar sentir ese golpe que nos tocó a nosotros.
Antes aquí era un rancho, vivían 18 personas. Ahorita los jóvenes ya hicieron sus casas y somos 40 personas ya, pero viven muy retirado porque buscan dónde sembrar, dónde hay agua de manantiales. Nos gusta vivir así, escondidos. Muchos de los que visitan dicen que no hay gente, pero más adentro del camino hay muchas casas, porque a los rarámuri nos gusta vivir en los bosques, donde no nos pega el aire.
Cuando ganamos el territorio llegó el proyecto de la cocina. De ahí vino el salón comunitario. Tenemos una escuela y kínder también. Ya tenemos cuatro años trabajando.
Recibimos pocas personas porque a veces andamos ocupadas y salimos. Somos diez mujeres organizadas en una cooperativa. Los que estudiaron salieron a trabajar, pero regresan”.
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Las diferencias con los hombres, sus esposos y padres, no son pocas, como no lo son en ninguna parte. Pero aquí ellas han ido al frente de la defensa de estas tierras. Desde febrero de 2014, de acuerdo a información de Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC), que las ha acompañado en el camino legal, “se declaró a los integrantes de la comunidad indígena como legítimos propietarios de 253 hectáreas, identificadas con medidas y colindancias. También se otorgó a la comunidad una servidumbre de paso”.
Del proceso de recuperación y de su organización, habla otra de sus compañeras:
Como los señores de la casa no quieren defender esto, tenemos que hacerlo nosotras las mujeres. Empezamos tres, cuatro mujeres, y después conformamos el grupo de diez. Buscamos capacitaciones para poder capacitar a la comunidad, no solamente a las mujeres, sino también a los jóvenes, a los niños, y a la comunidad en general.
Es mucho arriesgarse cuando tienes que ir a hacer un trámite a Chihuahua o a otro lugar porque es también enfrentarte sola con muchos problemas, como el racismo y la discriminación. En las oficinas vas a encontrar no a mujeres que te atiendan, sino a hombres, y sientes ese peso. Y si va alguna compañera que no conoce el caso y te ve entrando a una oficina con puros hombres va con el chisme a la comunidad y te enfrentas con otros problemas.
Hay veces en las que se pregunta una si le sigue o no le sigue, pero sientes el respaldo de las otras compañeras y de la comunidad y dices «si me van a estar apoyando, tenemos que continuar». Hemos trabajado mucho la violencia de género, porque a algunas compañeras les ha tocado recibir golpes de los hombres porque no llegan a tiempo a casa, porque se tardaron dos o tres días. Tenemos que empezar desde ahí, que entiendan que no es ir a una fiesta, sino a buscar maneras de que se nos reconozca y se nos respete.
También nos han tocado casos de que nos preguntan para qué queremos todos esos pinos si tenemos muchos, si cuando nos muramos no nos los vamos a llevar. No nos los vamos a llevar pero son los que nos ayudan a mantener buenas nuestras tierras, a tener agua, ahí seguirán nuestros hijos y nuestros nietos, no es para nosotros. Nos hemos fijado que muchas veces desde fuera a todo le ponen precio, hasta a una piedra.
Estamos defendiendo el territorio porque nos talaron todo. Llevamos cuatro años en la lucha y estamos recuperando esa parte y haciendo trabajos comunitarios, plantando árboles. No se nos paga el trabajo, pero el trabajo es para la comunidad.
Es complicado y no todas las mujeres nos animamos a esa lucha, muchas veces dicen que es cosa que tienen que hacer los hombres, pero no. Muchas veces somos las mujeres las que tenemos que enfrentar esas cosas. Ellos están apoyándonos, pero no dicen que irán a tomar las capacitaciones. Nosotras lo compartimos.
Muchas veces para el transporte batallamos, las que tenemos hijos los tenemos que dejar solos en las comunidades, a veces hasta una semana. Es la preocupación de saber qué está pasando en la comunidad, y son cosas que también desaniman a otras. Pero ver a las mujeres que hay en otros lugares nos da fuerza, y decimos que si ellas pueden nosotras también. Compartimos conocimientos y las luchas que han seguido muchas mujeres decimos que si ellas pueden nosotras ráramuri por qué no podemos hacerlo también.
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La potente voz de las anfitrionas da paso a una cadena de testimonios sobre la vida de la mujer indígena en otras geografías. El encuentro se convierte en un espejo que las fortalece.
De la tribu yaqui, procedente de la comunidad Loma de Bácum, se escucha esta historia de violencia, amenazas y fortalezas:
Para nosotras como mujeres de la tribu yaqui, cuando decidimos tomar acción en la defensa del territorio implicó compromiso pero también la responsabilidad de no dejar la lucha tirada. Si iniciamos algo no podíamos dejarlo. Hubo violencia, hubo desprestigio, tuvimos amenazas y los hombres nos señalaban. Decían a los medios que éramos cinco mujeres argüenderas y que no pasaba nada, que sólo queríamos llamar la atención. Pero nada de lo que queríamos decir como mujeres en la lucha ni tampoco de nuestra autoridad tradicional salía en los medios.
Decidimos usar toda la información que ellos pusieron en los medios de comunicación contra nosotras, y con las herramientas de Marabunta Filmadora hicimos un pequeño video. Así pudimos parar de alguna manera el desprestigio y lo que estaban diciendo. Hicieron ellos videos en contra nuestra diciendo que teníamos nexos con el narco y que por eso no queríamos que pasaran el gasoducto por ahí.
Teníamos un poco de temor porque algunos hombres nos habían enviado mensajes de que si no salíamos de la lucha nos iban a violar. Pero algunas mujeres empezaron a decir «ah, pero yo quiero que me viole ese», y los hombres dejaron de decirnos eso. Nos querían amedrentar. Había cinco mujeres principales, pero habías más atrás de nosotras y ellas fueron las que dijeron «si las quieren violar, a mí también, y quiero que sea este», y pararon con eso ellos.
Fue usar todo lo que decían ellos y convertirlo de alguna manera en positivo. Tuvimos que demostrar con pruebas y videos a los que apoyaban que pasara el gasoducto por nuestro territorio, que eran la mayoría, lo que ellos nomás rechazaban con palabras. Lo hicimos en apoyo a nuestra autoridad. Antes ya estábamos en las asambleas, pero no nos preguntaban nuestra opinión. Eso lo logramos.
Y aquí la voz de la mujer nahua de Tlaola, Puebla, defensora de sus derechos y constructora de alternativas. El racismo y el machismo versus el trabajo comunitario.
A mí me daba muchísima vergüenza asumirme indígena, yo decía que no lo era. Sufrí violencia por mi color de piel, por mi tamaño, por la manera en la que hablaba. Pero tuve el privilegio de que gracias a todo lo que hizo mi mamá pude estudiar una carrera universitaria y me fui a la ciudad, y ahí me sentí perdida, porque no sabía quién era. En ese momento dignifiqué a mi mamá y su lucha, abracé todo ese dolor.
Hemos trabajado a nivel familiar todos esos dolores que nos tocó vivir como mujeres indígenas y como mujeres que hacen cosas diferentes y a que al pueblo le enoja muchísimo. Los hace sentir mucha furia que unas mujeres indígenas, una «indias ignorantes», estén trabajando un montón de cosas en la comunidad. Es una violencia para la que muchas veces las mujeres indígenas no estamos preparadas. Por eso tenemos que sanar, porque esa violencia es avasalladora y por eso muchas mujeres abandonan la lucha.
Entendí que el hecho de que yo estuviera en la universidad era gracias a que mi mamá me dejó unos días para irse a su taller y a sus pláticas sobre derechos. Ella siempre decía que estaba abriendo camino para las que venían atrás de ella, y yo iba atrás de ella. Ella tiene claro que hay muchas cosas de las que ha soñado que ya no va a ver ni a disfrutar, pero siente mucha paz consigo misma de que lo que hizo en la comunidad en el futuro valdrá la pena.
Para todas las mujeres que defendemos y trabajamos de manera comunitaria esto no es algo que hagamos para nosotras mismas. Aprendimos que es nuestra responsabilidad el cuidado, y llevamos ese cuidado no sólo a la familia, sino también a la comunidad. Es un cuidado colectivo. Hemos creado muchos procesos que van liderados por mujeres, pero no es que ahora queramos ser las nuevas caciques de Tlaola o ser las nuevas ricas o las que decimos «muerte a los machos». No queremos mandar, sólo queremos un poco de justicia y que ellos tengan un poco de conciencia.
Las mujeres mayas de la Península de Yucatán hablan de la vida y su defensa, de la discriminación, del autocuidado y de la identidad
Para nosotras es importante reforzar los derechos porque da a paso a entender por qué necesitamos defender el territorio. En el caso de nosotras, somos puras mujeres indígenas, algunas somos neurodivergentes y hemos sufrido algún tipo de violencia, discriminación, abuso y violación. Todo esto nos une y nos hace discutir si el feminismo o la sororidad va con nuestro contexto y nuestra forma de ver la vida.
Foto: Colectivo Maya de los Chenes
Nos dimos cuenta de que teníamos reconocer que nos faltaba muchísimo por sanar para defender a otras mujeres. Porque si vamos a defender a otras mujeres y no hemos sanado ni analizado lo nuestro, terminamos muchísimo peor emocional y físicamente. No podemos maternar a todas las mujeres ni salvarlas. Es importante poner límites en nuestro trabajo y en el autocuidado en el sentido político. Hemos tenido reuniones con el gobierno y a veces tardan un montón de horas, y comprendimos que nos quieren cansadas para que ya no sigamos luchan ni participando en espacios políticos.
Nosotras también usamos nuestra vestimenta, que es el hipil, y lo hacemos en el sentido político, porque eso nos visibiliza en una forma en la que reconocemos nuestra identidad y la herencia de nuestras ancestras. Eso hace que las niñas y las juventudes nos vean como un referente de que también se puede ser profesional, indígena y luchar por algo vistiendo tu vestimenta, reforzando tu identidad y tu lengua.
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Del pueblo maya quiché, se escucha la voz de la mujer que lucha, no sin dolores, y que asume que hay que cambiar, aprender y transformar.
Defender el territorio como mujer implica muchas emociones y necesidades. Ser una mujer maya quiché, asumir espacios de organización o de esto que le dicen liderazgo, ser cabeza a veces para abrir brechas y empezar procesos, implica de nosotras mucha energía y mucha tenacidad.
Ha implicado bastante violencia, en la casa para empezar. Los primeros espacios donde limitan tu quehacer están en la propia familia, en las comunidades, diciendo que estas cosas no son para que las hagan las mujeres. A mí me han dicho que debería estar mejor aprendiendo a cocinar y no estar molestando con mis preguntas.
Ha sido un proceso de fortalecernos entre otras mujeres que estamos avanzando y nos preguntamos muchas cosas sobre los roles impuestos en nuestras casas y en la comunidad. Ha sido revelarnos de ciertas formas y marcar límites en espacios de organización comunitaria, invitar a la reflexión a los compañeros y compañeras sobre las formas en las que nos tratamos y reproducimos violencias.
En los últimos años ha sido un proceso de sanación política, por ser una mujer maya que ha decidido y optado por un proceso de justicia con sus propias manos, en medio de vivir en un estado capturado por mafias y grupos violentos. Es encontrarnos con las abuelas, con la sanación, con el fuego, con la espiritualidad, como un sostén político importante de nuestro quehacer.
En este tiempo de violencia patriarcal, de este momento de despojo del territorio, sanarnos es hacernos justicia. Es poder ayudarnos a levantarnos y tomar energía de la tierra para caminar y abrazarnos con otras mujeres. No existimos en la individualidad, somos posibles y somos resultado de las luchas de otras que avanzaron un montón antes que nosotras para abrir brechas que nosotras tenemos que ensanchar, para que más vengan, para que las más niñas participen y tengan oportunidad de hacer preguntas.
Para mí ha sido una alegre rebeldía ser una mujer maya quiché, pero esto ha venido acompañado de una serie de aprendizajes que varias veces han tenido que pasar por situaciones duras para poder cambiar, aprender, transformar.
Y desde la Sierra Sur de Oaxaca, llegó la voz chontal que habla de autonomía, libre determinación, derechos y, también, de la doble lucha que tienen que enfrentar como mujeres.
Para las mujeres chontales en la Sierra Sur de Oaxaca, defender el territorio tiene que ser por el sentido de pertenencia que se tiene con la tierra, con la montaña, con ser parte de esa comunidad. Partiendo de ahí, de la relación que tenemos las mujeres con nuestra comunidad y la raíz de donde nacemos, el territorio es algo que nadie nos puede quitar ni negar, ni los hombres tienen derecho a decirnos que no podemos sentir eso con la Madre Tierra, con los ríos, con la montaña, con el aire o con los animales.
Esto podemos traducirlo al otro derecho reconocido de la libre determinación, y que esto se lleva a la autonomía de cómo cada comunidad, no sólo cada pueblo, ejerce su autonomía a través de las instancias e instituciones. Es cómo se vive y cómo se hace que las mujeres podamos decir que esto es nuestro, de aquí somos y lo vamos a defender.
Desde la chontal estamos convencidas de que somos parte desde dos luchas, la lucha que se libra al interior de la comunidad como mujeres, y la lucha que libramos allá afuera frente al Estado y las instituciones. Librar esta lucha al interior de las comunidades en un contexto en el que las mujeres tenemos una condición desigual trae muchas implicaciones, como la violencia en todas sus modalidades, la ausencia del derecho a tener una titularidad sobre la tierra comunal y a ser parte de ella, a heredar en la práctica comunitaria la tierra, a tener voz y voto en las asambleas comunitarias tanto municipales como agrarias.
En ese contexto también a las mujeres nos toca la mayor parte del cuidado y de la crianza, de todo lo que hay en la vida comunitaria. En las comunidades chontales, cuando se habla del proceso ya más regional de defensa del territorio frente a un proyecto minero, a las mujeres les atraviesa la pregunta «¿qué es eso de la minería?, ¿por qué hablan de extractivismo?, ¿por qué hablan de despojo?».
Hablan de que tenemos derecho a la libre autodeterminación, a la autonomía, que tenemos derechos como pueblos. Preguntan qué va a pasar, si nos vamos a quedar sin agua, qué significa eso, que tenemos que defendernos e interponer un amparo. Eso para las mujeres implica hacer frente a todas esas violencias pero también a aprender otros conceptos, otra información.
Es aprender qué significa extractivismo, qué dicen las legislaciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas, dónde se interpone un amparo, tomar el micrófono para dar una palabra y exigir, pararse frente a un juez, estar en una audiencia. Todo esto forma parte de la defensa del territorio para las compañeras, aprender estas herramientas y echar mano de todo lo que hay.
También es librar la lucha interiormente como mujeres, nuestras inseguridades y miedos, cómo vamos a negociar con nuestros compañeros y la asamblea para salir de la comunidad, de nuestras casas, cómo le haremos con los nenes. Implica muchas tareas. Recuerdo que cuando interpusimos el juicio de amparo hubo compañeras que tuvieron que ir con sus bebés a las audiencias, porque también estaban librando otras luchas para el reconocimiento de sus derechos agrarios y que pudieran ser comuneras, tener voz y voto en la asamblea y ocupar cargos comunitarios.
Se han creado algunas instancias al interior de la comunidad, donde las mujeres tienen un papel de coordinar y convocar a otras compañeras desde la comunidad, y construir los derechos propios, más que sólo tomar los que ya están colocados en las legislaciones nacionales e internacionales. Desde las mujeres se empiezan a crear estos derechos propios basados en cómo queremos que se nos reconozca, que se nos respete en la comunidad.
Esto ha implicado abrir un costalito en el que se han dejado ver muchas cosas. Cada compañera se ha ido descubriendo en la capacidad y en la potencialidad que tiene con relación a cómo coordinar una asamblea, tomar fotografías, hacer videos, presentarse ante una instancia para exigir sus derechos.
*Encuentro convocado por el Fondo Christensen, en la Sierra Tarahumara, junio de 2023.
Este martes falleció a los 95 años de edad Adolfo Gilly, historiador, militante, activista, acompañante de los movimientos sociales y un referente del pensamiento de la izquierda en México.
Nacido en Argentina en 1928 y naturalizado mexicano desde 1982, Gilly fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de libros como La revolución interrumpida, su obra más conocida, e Historias clandestinas. Como militante, acompañó la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto a académicos como Luis Villoro y Pablo González Casanova. Su labor lo llevó a ser preso político entre 1966 y 1972 en la cárcel de Lecumberri.
Recompartimos el borrador de Historias de las revueltas, texto que en 2010 Gilly compartió a Desinformémonos para su publicación, como un homenaje al historiador de Pancho Villa, Friedrich Katz.
Historias de las revueltas
(Borrador)
Compañeros de “Desinformémonos”:
Este escrito, homenaje inmediato a Friedrich Katz, el gran historiador de Pancho Villa que murió en la madrugada del 16 de octubre de 2010, es simplemente un borrador, un adelanto para no esperar, un esbozo aún no terminado, aunque tal vez falten sólo unos pocos retoques. Les pido que como tal lo publiquen, visto que ya llega el centenario del cual vanamente pretenden también despojarnos. AG.
El historiador no va a buscar una imagen de futuro en la idealización o en la deprecación del pasado que investiga o imagina.
Va a buscar las huellas verdaderas, la región donde se engendró el presente y, sobre todo, la región y el proceso donde se engendran los fantasmas del futuro, las imaginaciones del porvenir propio, los mitos prácticos que organizan las voluntades.
Las revoluciones, las revueltas, las irrupciones crean el subsuelo, el piso y el humus desde donde un pueblo imagina cuando de imaginar se trata, y no sólo de obedecer o de repetir la rutina de cada día. No imagina un desorden perpetuo, sino un equilibrio, un orden nuevo de justicia y libertad.
Imagina, pues, cuando la hora de crear adviene. Este crear es a partir de las condiciones y realidades presentes de sus vidas, no de una repetición del pasado o de un imposible regreso a él. Pero realidades son también experiencia y cultura material, herencias ambas de aquel pasado.
Lo que permite y nutre esa imaginación es la experiencia, incomparablemente más real, material (porque en la vida) y duradera que los planes y los programas de las clases dirigentes para ordenar y regimentar las vidas dentro de su dominación.
Explorar, investigar, sacar a luz ese humus requiere intencionalidad en la búsqueda; y en la búsqueda histórica son posibles diversas intencionalidades, no una mejor que la otra o más científica, sino diferentes (y, como suele a menudo suceder si el trabajo es bueno, esas indagaciones se cruzan y se nutren y se plantean entre si nuevas cuestiones e interrogantes).
Es imposible educar esa mirada si se considera a la División del Norte como una anomalía y no como una creación; si se la considera como un error, y no como una forma de la verdad de la vida; si se la ve como una interrupción del bien o una irrupción del mal: y no como una irrupción del bien (otro) y una interrupción del mal (otro).
Es imposible pensar la historia como la sola historia del orden (de las instituciones, de los museos, de los gobiernos, de la ciencia, del arte…) sin pensarla también como la historia de la humillación, del desorden, del sufrimiento impuesto por el orden dado en cada época y lugar.
[I, desgraciadamente, / el dolor crece en el mundo a cada rato / crece a treinta minutos por segundo, paso a paso – César Vallejo].
Es preciso estudiar como unidad los momentosde revelación y los momentos de rutina llena de vida: los sembradíos, las calles de las ciudades, los talleres, las plazas, las escuelas y sus aprendizajes, las cantinas, los cines y las fondas…
[Todo acto o voz genial viene del pueblo / y va hacia él, de frente o trasmitido / por incesantes briznas, por el humo rosado / de amargas contraseñas sin fortuna – César Vallejo].
En todos esos momentos vive y crea aquella parte inmensa de la especie humana que no está en los registros sino como estadística o como trabajo pasado cristalizado en obras, esa que con intermitencia irrumpe y se revela. Pero no es que despierta, sino nomás que aparece y se presenta.
Miradas: mirar allí y desde allí es una elección. Pero para hacerla y afirmarla en la vida y en la obra, no es requerido ni necesario ignorar o deprecar a quienes miran desde otros lados cuando lo hacen con rigor y con justicia. También éstos son necesarios para aquéllos.
Fuentes: scidev.net [Imagen: Axel Fassio/CIFOR, bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)]
La pérdida de bosques tropicales primarios alrededor del mundo se incrementó en un diez por ciento desde 2021-2022.
Los bosques tropicales siguen talándose o quemándose a un ritmo alarmante a pesar de las promesas hechas en las cumbres climáticas de las Naciones Unidas que buscan eliminar el problema para 2030, sugiere un análisis mundial publicado el 26 de junio.
Las mayores pérdidas se producen en Brasil, la República Democrática del Congo (RDC) y Bolivia, donde se ubican las selvas tropicales más extensas y ecológicamente más importantes del mundo, según datos del informe “Pérdida de Cubierta Arbórea” en 2022 de la Universidad de Maryland, presentados por Global Forest Watch del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés).
Los nuevos datos muestran que en 2022 los trópicos perdieron 4,1 millones de hectáreas (10,1 millones de acres) de selva tropical primaria —aproximadamente el tamaño de Suiza— a un ritmo equivalente a 11 campos de fútbol por minuto.
Esto representa un aumento de diez por ciento con respecto a 2021 y se tradujo en 2,7 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las emisiones anuales de combustibles fósiles de la India, según el análisis.
Los bosques son el hogar de más de 80 por ciento de las especies terrestres de animales, plantas e insectos y proporcionan refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que los habitan, afirma la ONU. Y calcula que la pérdida y el deterioro de los bosques causan alrededor del diez por ciento del calentamiento global.
En la conferencia de la ONU sobre el clima, COP26, celebrada en Glasgow en 2021, 145 países se comprometieron a detener y revertir la deforestación para 2030, mientras que en la COP27, realizada en noviembre de 2022 en Egipto, 27 países se unieron para acelerar la acción hacia estos compromisos.
Sin embargo, el WRI señala que no se alcanzarán los objetivos si continúa la trayectoria actual, porque la disminución de la pérdida de bosques no se está concretando.
“A nivel mundial, estamos muy lejos de reducir la deforestación y vamos en la dirección equivocada”, dijo Rod Taylor, director mundial para los bosques del WRI, en una rueda de prensa realizada el 21 de junio.
“Nuestro análisis muestra que la deforestación mundial en 2022 superó en más de un millón de hectáreas el nivel necesario para estar en la senda de la deforestación cero en 2030”, añadió.
“A nivel mundial, estamos muy lejos de reducir la deforestación y vamos en la dirección equivocada”. (Rod Taylor, director mundial para los bosques del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en su sigla en inglés)
La pérdida de bosques se considera un problema clave en la lucha contra el cambio climático, porque los bosques vivos eliminan el carbono del aire y lo emiten cuando los árboles se talan o degradan.
En Brasil, la tasa de pérdida de bosques primarios aumentó 15 por ciento entre 2021 y 2022, en particular en la Amazonia. La pérdida total en ese país supuso más de 40 por ciento del total mundial.
Incendios y tala
Marcos Pedlowski, profesor asociado de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro (Brasil), explicó a SciDev.Net que la deforestación —la remoción total de árboles— es solo una parte del problema.
“Aunque las cifras puedan parecer dramáticas, no cuentan toda la historia porque hay otro elemento concurrente en el cambio de la cubierta terrestre: la degradación forestal”, explicó.
Las zonas degradadas —por incendios y talas selectivas, por ejemplo— son incluso más frecuentes que aquellas deforestadas, señaló Pedlowski.
“En consecuencia, hay muchos más motivos de preocupación en relación con el empobrecimiento de las zonas boscosas”, añadió.
En cuanto a Brasil, que alberga la mayor superficie de bosque tropical del planeta, Pedlowski indicó una combinación de factores que impulsan tanto la deforestación como la degradación.
“Algunos factores están directamente vinculados con lo que podemos llamar deforestación legal… relacionada con políticas y proyectos gubernamentales que han apoyado el crecimiento de la agricultura, la extracción selectiva de madera y la minería”, afirmó.
Pedlowski cree que estas tendencias exponen la debilidad de las conferencias e instituciones multilaterales cuando llega el momento de controlar el cambio forestal.
“A pesar de las innumerables reuniones y conferencias, la tendencia general es hacia más pérdida y no al contrario”, agregó.
“Esta situación se complica aún más por el difícil escenario económico mundial, agravado por la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania y su efecto en la producción de alimentos.
“A menos que los comerciantes mundiales de cereales, madera y carne se tomen en serio sus responsabilidades respecto a la trazabilidad de sus productos y eviten comprar materias primas provenientes de zonas deforestadas ilegalmente, no veo cómo lograr ningún cambio positivo”, afirmó.
Conservación de los bosques
Por el lado positivo, Indonesia ha reducido su pérdida de bosque primario más que ningún otro país en los últimos años, seguido de Malasia, según Global Forest Watch.
Las intervenciones gubernamentales y los programas empresariales y comunitarios han permitido a ambos países mantener sus tasas de pérdida de bosques primarios tropicales cerca de niveles mínimos históricos.
Los analistas atribuyen el éxito de Indonesia a políticas como la moratoria de la tala, el control de incendios y la restauración de la turba, así como a la eficacia de medidas empresariales.
M. Faiz Syuaib, ingeniero agrónomo y director de investigación, tecnología y servicios comunitarios del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, afirmó que el gobierno de su país lleva más de una década intentando activamente preservar los bosques.
La extracción de madera está limitada a empresas controladas por el Estado y se deben plantar nuevos árboles para reemplazar a los talados, dijo a SciDev.Net.
En las zonas vulnerables a los incendios forestales, dijo Syuaib, se están construyendo fosas de agua para detener la propagación de incendios.
El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) presentó una iniciativa popular de norma que busca “reconocer al Estado como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios” que ya ha recolectado más de 5 mil firmas. Para lograr que el Consejo Constitucional la discuta, deben duplicar los apoyos antes de la medianoche del viernes.
Consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad es el objetivo de la enmienda presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) al anteproyecto de texto constitucional. La propuesta plantea, específicamente, reemplazar la letra F del inciso 22 del artículo 16, que habla sobre el derecho a la educación. De esta forma, las universidades estatales buscan incluir en el texto propuesto por la Comisión Experta una norma más extendida sobre la educación pública y su incidencia en la vida de las personas.
La propuesta ha tenido una positiva respuesta de la ciudadanía, llegando a superar los 5 mil apoyos en lo que va del acotado tiempo otorgado a la recolección de firmas para las iniciativas populares: dos semanas que terminan en la medianoche de este viernes 7 de julio. Para que las propuestas sean discutidas por el Consejo Constitucional, es necesario que reciban al menos 10 mil apoyos en cuatro regiones diferentes, por lo que las Universidades Estatales deben duplicar su respaldo antes del plazo final.
El presidente del Cuech, Osvaldo Corrales, señaló que “la propuesta que hemos hecho es coherente con una demanda que la ciudadanía ha venido sosteniendo hace bastantes años, incluso antes del estallido social, y que tiene que ver precisamente con un derecho humano y un derecho social que es el derecho a la educación”. Corrales agregó que este es un derecho “que no puede ser sólo provisto a través de mecanismos de mercado o de educación privada, sino que hay un deber fundamental que el Estado tiene que ser capaz de cumplir”.
La enmienda amplía los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”, a partir de una mirada a la historia constitucional del país, que desde sus albores estableció que la educación pública es una atención preferente del Estado y, como tal, “es fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza, lo que en ningún caso se contrapone con el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos”, argumenta la propuesta.
En este sentido, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que “la Universidad de Chile, en conjunto con las otras Universidades Estatales, tienen la responsabilidad de contribuir para incidir en la discusión constitucional, de la misma forma en que lo hicieron en el proceso anterior. La responsabilidad del Estado con la educación debe expresarse en su compromiso con la educación pública de calidad en todos los niveles. La educación superior pública es fundamental como motor del desarrollo a lo largo de todo el territorio”.
Por esta razón, las Universidades del Estado hicieron un llamado a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a respaldar esta Iniciativa Popular de Norma votando a través de la plataforma implementada por Ucampus para la Secretaría de Participación Ciudadana.
Al respecto, el rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fuchslocher, destacó que, “la educación debe ser uno de los temas principales a discutir en este proceso constitucional, pues es la fuente de desarrollo y de una mejor calidad de vida para las futuras generaciones”.
“En este momento histórico que vivimos, donde tenemos la oportunidad de participar activamente en la redacción de la nueva Constitución como Cuech, presentamos una iniciativa popular de norma que busca reconocer al estado como proveedor de una educación pública laica, pluralista y de calidad en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile”, añadió la autoridad.
Para finalizar, el rector de la Universidad de Talca hizo un llamado para apoyar esta iniciativa firmando por ella. “Invito a toda nuestra comunidad universitaria, funcionarias y funcionarios, académicos, estudiantes y a la comunidad en general, a conocer la iniciativa popular de norma N° 5127 que se está impulsando desde el Cuech y votar por ella en secretariadeparticipacion.cl, hasta el 7 de julio”.
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