Seis meses después de que Francia anunciara un fuerte incremento de las matrículas universitarias para los alumnos no europeos, muchos estudiantes latinoamericanos siguen en el limbo y no saben si podrán continuar estudiando en este país.
El pasado 9 de octubre, el primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció el aumento de las tasas en estudios superiores para alumnos no residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE) a partir de 2019.
«Bienvenue en France» («Bienvenido a Francia») es el nombre que recibió el proyecto, que busca atraer a estudiantes extranjeros a las mejores universidades del mundo. El Gobierno se fijó acoger a 500.000 estudiantes internacionales cada año de aquí a 2027, frente a los 300.000 que recibe actualmente
«El aumento (de las tasas) solo corresponde a una parte del precio real», afirmó entonces Philipe. El Ministerio de Educación calcula que el nuevo costo por la matrícula estará entre 3.000 y 4.000 euros, frente a la suma de 300 euros que se pagaban hasta este curso.
Ante esta iniciativa muchos estudiantes latinoamericanos se han visto afectados, y algunos están pensando incluso volver a sus países, según contaron a Efe.
«Creo que no voy a poder estudiar aquí porque no tengo dinero suficiente para pagar esta inscripción tan alta», comentó a EFE Daniela Gómez, una estudiante colombiana que llego hace seis años a París con la idea de escapar de «la educación elitista» de su país.
«En Colombia solo los que tienen dinero y vienen de una familia bien, pueden acceder a (las universidades de) Los Andes o a la Javeriana», agregó Gómez.
Desde el anuncio de esta medida, sindicatos estudiantiles de diferentes ciudades francesas como Lyon, Montpellier, Rennes y Estrasburgo anunciaron su apoyo a la comunidad extranjera.
«El personal técnico, administrativo, profesoral, directivo e incluso del consejo de la universidad está en contra de este aumento impuesto por el Gobierno», afirmó a Efe un profesor de fotografía de la Nueva Sorbona (París 3), Eugenio Prieto.
«La educación pública tiene que ser accesible a la mayoría de la población» agregó.
La preocupación por parte de los estudiantes se ha visto reflejada en manifestaciones y bloqueos universitarios, que se iniciaron el año pasado.
En la última manifestación, el pasado 19 de marzo, los estudiantes de diferentes liceos en París decidieron apoyar las protestas de los universitarios porque piensan que en un futuro también se verán afectados por una eventual privatización de las universidades.
«La educación no es elitista, es algo que debe ser asequible a todos y para todo el mundo, más allá de las fronteras… Yo como estudiante francesa digo ¡no al aumento de las matrículas!», comentó a Efe una estudiante de la universidad París 8, Indira Akam.
«Al comienzo me asusté mucho. Participé en diferentes protestas, hoy en día estoy un poco en el limbo, porque no se qué me toca pagar y no hay suficiente información», explicó la estudiante colombiana María del Mar Rodríguez.
Según el Gobierno, el aumento no se aplicará a los estudiantes que ya se encuentran estudiando en Francia, a menos que cambien de ciclo universitario, pero las dudas persisten.
«París es una ciudad muy costosa… Esta noticia ha sido un balde de agua fría para los latinoamericanos que planeaban venir a estudiar a Francia», añadió Rodríguez.
Cientos de niños en Quebec no tienen acceso al sistema de salud público de la provincia, y eso a pesar de haber nacido en Canadá.
Esa es la conclusión de un estudio publicado este lunes que remarca la difícil situación que viven estos niños, hijos de inmigrantes sin papeles. Para el Observatoire des tout-petits (OTP), se trata de una situación inaceptable.
Según sus cálculos, entre 300 y 1.200 niños que viven en Quebec no tendrían acceso al sistema de salud público y gratuito, y eso a pesar de que nacieron en territorio canadiense, y por ende son ciudadanos.
El mismo caso puede ocurrir si, por ejemplo, un estudiante internacional tiene un hijo durante su estadía en la provincia, el resultado es el mismo. El niño, en ciertos casos, no tendrá acceso al sistema de salud público mientras que sus padres no obtengan la residencia permanente en Canadá.
Para el OTP, esta situación sólo termina afectado a los pequeños, quienes no tendrán acceso a los servicios médicos necesarios durante la etapa más importante de su vida. “Un niño que no tiene acceso a cuidados en el momento oportuno podría vivir con deficiencias, problemas de desarrollo o enfermedades crónicas no identificadas”, señaló en un comunicado Fannie Dagenais, directora del organismo encargado del estudio.
El reporte hace proyecciones sobre el número de niños que se encuentran en esta situación, aunque remarcan lo difícil de obtener cifras confiables por lo delicado que es para las familias sin papeles.
Como ejemplo, señalan que en el periodo 2017-2018 un total de 56 niños pequeños que no tenía tarjeta del seguro público fueron atendidos en las clínicas de Médecins du Monde, destinadas a las familias con un estatus de inmigración irregular. De estos, 25 eran niños que habían nacido en Canadá, y específicamente en la provincia de Quebec.
Para el OTP, el lograr cambios para solucionar este problema debería ser una cuestión de simple lógica. Por un lado, las familias de inmigrantes sin papeles enfrentan muchas veces situaciones de precariedad, lo cual tiene un impacto en la salud de los niños.
Incluso esto podría verse desde un ángulo económico. Si se invierte en el cuidado de estos niños en este momento, se van a evitar gastos más grandes en el futuro, si alguno de estos pequeños termina desarrollando enfermedades crónicas o condiciones más complejas de tratar.
El OTP pide que se haga una reforma a las leyes similar para que todos los niños, sin importar el estatus migratorio de sus padres, puedan tener acceso al sistema de salud.
Según una encuesta hecha por la firma Léger a nombre del organismo, el 70% de los quebequenses creía que los niños nacidos en Canadá tenían acceso al sistema de salud sin importar la condición migratoria de sus padres.
El 73% también reafirmó que los niños entre 0 y 5 años deberían estar cubiertos por el seguro público, sin importar sus condiciones.
Esta semana, fue firmado un acuerdo marco de cooperación científica entre la empresa Técnica Minera (Tecmín) y la Unidad Territorial de Ciencia y Tecnología en Bolívar, para ampliar la generación de conocimientos y la innovación tecnológica vinculados con el Arco Minero del Orinoco.
De acuerdo con el investigador presidente de Tecmín, José Muñoz-Ospino, este convenio tiene la misión de impulsar, con ciencia, la planificación y la ejecución de políticas públicas de gestión territorial y ambiental al sur del Orinoco, a fin de construir prácticas mineras menos invasivas que respeten el patrimonio natural de las futuras generaciones.
Muñoz-Ospino indicó que este programa de investigación minera tiene como prioridad realizar estudios, con universidades locales, necesarios para comprender la complejidad de los ecosistemas, la etnodiversidad, los fenómenos socioculturales, así como el impacto territorial y ambiental de la minería en la Guayana, “esto con el fin de reforzar las decisiones del Estado venezolano en la formulación de políticas públicas”.
“El convenio nos permitirá promover, coordinar y dar seguimiento a los estudios y proyectos de investigación del sector minero, como motor socioproductivo. Abordaremos líneas de producción territorial, innovación tecnológica y estudios socioambientales. Contamos en Tecmín con un acopio de saberes, informes técnicos y expertos en múltiples disciplinas profesionales, que junto con el talento de Fundacite Bolívar y las universidades nos permitirá avanzar y consolidar este programa de investigación y educación”, enfatizó.
Explicó que el acuerdo comprende la convocatoria científica a todas las universidades y centros científicos del país, especialmente a los del estado Bolívar, entre los cuales destacan: UNEG, Unexpo, UDO, UBV, Unefa y Fundación La Salle.
“Queremos favorecer prácticas mineras con menor impacto ambiental y sociocultural. Su propósito es la procura del desarrollo integral de un extenso territorio al sur del Orinoco, que cuenta con un altísimo potencial de recursos mineros estratégicos, tales como oro, diamante, coltán, hierro, bauxita, coltán; el cual debe ser responsablemente aprovechado por el Estado, empresas mixtas y alianzas con los trabajadores de la minería artesanal”, expresó.
En cuanto a la divulgación científica, señaló que hay una tarea obligada: “Tenemos que dar cuerpo a un plan de comunicación para socializar los resultados de las investigaciones y demás actividades de cooperación institucional científica sobre el desarrollo de la minería en Venezuela”, expresó.
Fortalezas para generar bienestar
Por su parte, el presidente de la Unidad Territorial de Ciencia y Tecnología en Bolívar, Luis Cárdenas, calificó como positiva esta iniciativa del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Ecológico Minero, que es la institución que cobija a Tecmín, “pues impulsa a un programa de investigación específico para el Arco Minero del Orinoco”.
“Ante los reclamos de quienes se preocupan por los impactos de la minería, debemos hacer investigación para extremar el cuidado de la biodiversidad, los recursos hídricos, los suelos, la vegetación, la fauna, el entorno social; y comprender su complejidad y vulnerabilidad”, acotó.
El nuevo ministro de Educación y Cultura de Brasil, Abraham Weintraub, declaró como prioridad combatir el “marxismo cultural” en las universidades, para poner en marcha a una cartera paralizada por su antecesor.
El riesgo de otro fracaso persiste, porque se mantiene la orientación. Ambos son de la misma secta que aún considera el comunismo una amenaza al país y que la Guerra Fría prosigue especialmente en el ámbito cultural.
Además Weintraub, un economista del sector financiero y profesor universitario de ciencias contables, asumió el ministerio sin ninguna experiencia en gestión en el ámbito educativo, al igual que su predecesor, Ricardo Vélez, un colombiano que adquirió la nacionalidad brasileña en 1997, doctor en filosofía y exprofesor de varias universidades.
Vélez se caracterizó por contramarchas en las medidas anunciadas durante los 97 días en el cargo, como en el nombramiento de sus colaboradores.
Por lo menos 15 de sus asesores fueron despedidos apenas días después de su designación, por decisión de la presidencia o presiones de grupos influentes en el gobierno. “Faltó gestión”, sentenció el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, al justificar la sustitución del ministro.
La última polémica de su corta gestión derivó del anuncio de que sustituiría los millones de libros didácticos que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) distribuye cada año a los estudiantes, para borrar la definición de dictadura atribuida al gobierno militar de Brasil entre 1964 y 1985.
Un “estalinismo de derecha”, en el sentido de falsear la historia, se alza en las filas del poder político actual.
No hubo golpe de Estado militar en 1964 y tampoco dictadura, sostienen no solo el ya exministro, sino el mismo presidente y numerosos miembros de su gobierno, donde hay decenas de militares retirados y algunos aún activos.
“El dogmatismo religioso” está por detrás de la “agenda irracional” que adoptan algunos sectores de ese gobierno, según Sonia Correa, una de las coordinadoras del Observatorio de Sexualidad y Política, cuyos estudios sobre el ascenso político del conservadurismo eclesiástico articulado en el mundo ayudan a comprender el triunfo de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2018.
“Dios por encima de todos” fue la consigna electoral de Bolsonaro, que la mantiene en la presidencia, que asumió el 1 de enero.
La adhesión “por la fe, la creencia dogmática” resalta en un grupo de cuatro ministerios, los de Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Mujer, Familia y Derechos Humanos, que son los que concentran las polémicas en el comienzo de la nueva administración.
Pero “el núcleo duro, cada día más hegemónico en el gobierno, lo componen militares moderados”, así tengan “puntos en común” con el llamado grupo “ideológico”, al defender “un orden social y político jerárquico, desigual, neopatriarcal y androcéntrico”, definió Correa a IPS.
En su análisis, el gobierno de Bolsonaro va “por caminos imprevisibles”.
Sus disputas internas e visiones irreales lo entorpecen, pero “no generan solo despelotes”, sino que va imponiendo medidas, como recortes presupuestarios o cierre de órganos culturales, ambientales, sanitarios y de derechos humanos, que afectan a mucha gente y a la democracia en el país,
lamentó.
De todas formas, las creencias que orientan y desorientan a los miembros del equipo de Bolsonaro se hacen más visibles ahora, porque el ejercicio del gobierno desnudó sus consecuencias, y además sus ideas y proyectos fueron escasamente discutidas en la campaña electoral, en una estrategia que ayudó a su ascenso al poder.
La religiosidad y el alineamiento con el gobierno estadounidense del republicano Donald Trump, por ejemplo, condujeron a Bolsonaro a prometer, durante la campaña electoral, que trasladaría de Tel Aviv a Jerusalén la embajada brasileña en Israel.
Pero tuvo desechar hacer efectiva la medida por las presiones del poderoso sector agrícola, que teme perder exportaciones de carne a los países árabes, uno de sus principales mercados.
Los grandes agricultores constituyeron, tal como las iglesias evangélicas, los militares y movimientos anticorrupción, un factor decisivo para el triunfo de Bolsonaro.
Pero sus intereses se han visto sacrificados por las opciones ideológicas del gobierno, que podrían, por ejemplo, echar a perder el mercado chino, mayor importador de productos agrícolas y minerales de Brasil.
Bolsonaro amenazó con provocar esa hecatombe, al visitar Taiwán antes de las elecciones y luego hacer declaraciones despectivas sobre las inversiones chinas que, según él, estarían “comprando a Brasil” en lugar de á “comprar de Brasil”.
Para amortiguar la molestia en Bejing, empresarios y militares han tomado una serie de acciones. Entre las medidas diplomáticas destaca el plan del vicepresidente Hamilton Mour úo, un general retirado del Ejército, de visitar China en este semestre, mientras intenta neutralizar otros actos
ofensivos del presidente.
Los generales, que controlan ocho de los actuales 22 ministerios, además de otros cargos de alto nivel, descartan una intervención militar en Venezuela, a una posibilidad inicialmente admitida por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo.
Venezuela pasó entonces a ser un asunto de Mourúo y aparentemente los militares pusieron bajo su “tutela” en cuestiones geopolíticas al canciller, alineado fervorosamente con Trump.
Varios de los generales ahora ministros quedaron escarmentados de la participación del país en conflictos en Haiti y la República Democrática del Congo, donde comandaron fuerzas pacificadoras de la Organización de las Naciones Unidas.
Pero los militares, aunque pragmáticos y menos torpes que los ministros “ideológicos”, son también un factor de inestabilidad. Sus disputas de poder con el grupo guiado por el “gurú” Olavo de Carvalho, profesor informal de filosofía, contribuyó a la defenestración de Vélez en el ministerio.
Mourúo, ecuménico en sus diálogos internacionales y con actores internos abominados por los bolsonaristas, como el de los sindicalistas, se convirtió en el blanco de la ira de Carvalho y sus seguidores.
Entre los dardos en su contra está el que está jugando a sustituir a Bolsonaro, lo que podría suceder si se produjese un juicio político en su contra, como ya sucedió en 2006 con Michel Temer, entonces vicepresidente de la destituida presidenta Dilma Rousseff.
Los ministros generales, graduados como oficiales en los primeros años de los 70, tal como Bolsonaro, tampoco reconocen que existió una dictadura militar.
El golpe de 1964, argumentan, fue necesario para evitar una dictadura comunista y preservó la democracia, pero obvian en su relato el veto a las elecciones, la proscripción, prisión, tortura, asesinato y exilio de centenares de opositores en los 21 años siguientes.
Bolsonaro y sus seguidores “ideológicos” consideran que el marxismo cultural, basado en el italiano Antonio Gramsci, venció la “batalla de las ideas” e impuso su versión del régimen militar de 1964-1985, como dictadura. La tarea de la derecha, ahora que controla el poder, sería de “corregir” la historia.
El fin de la Unión Soviética en 1991 no debilitó el comunismo, que “se reinventó”, asegura Weintraub, nuevo ministro de Educación, que vislumbra comunistas en todas partes, al igual que sus correligionarios .
Son dueños de bancos, de empresas monopolistas y de medios de comunicación, dijo en la Cumbre Conservadora de las Américas en Foz de Iguau, ciudad de la fontera suroccidental de Brasil, el 8 de diciembre de 2018.
Algunas creencias pueden dejar en ridículo o inducir a errores. Bolsonaro y su canciller afirman que el nazismo en Alemania fue un movimiento de izquierda, ya que llevaba el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.
El canciller condena el “globalismo” y sostiene que la globalización, el cambio climático, las organizaciones internacionales y el feminismo son una conspiración marxista contra la nación y el Occidente cristiano.
Por medio de un portal web, el Conacyt busca eliminar la brecha entre el público general y la comunidad científica, y realmente suena muy realista.
El Conacyt anuncio que realizara un programa para apoyar a proyectos científicos en México. Por lo que esto podría beneficiar a estudiantes y profesionales de distintas áreas científicas. Además de que puede abrir el interés de las personas en la ciencia.
No lo digo yo, lo dice la ciencia
El proyecto lleva por nombre “Programa nacional de Apropiación de la Ciencia” y fue anunciado por la directora del Conacyt. En una conferencia de prensa, María Elena Álvarez dijo que esto podría beneficiar incluso a los medios de comunicación.
Esto es posible por varias razones, porque el programa tendrá su propio portal de Internet. En este, los investigares becados por el Conacyt podrán divulgar sus trabajos para darlos a conocer a todo mundo. Ya que servirá como un portal oficial de estos trabajos científicos.
Sus avances e investigaciones podrán ser compartidas por medio de videos, fotografías y trabajos escritos. Con la finalidad de que todo mundo pueda acceder a su trabajo y conocerlo más a fondo.
Sumado a eso, en caso de que los medios de comunicación decidan ponerse en contacto con algún investigador. Esta plataforma en línea servirá como medio entre científicos y reporteros. Con lo que se podrán poner en contacto de manera directa sin terceros de por medio. Facilitando el flujo de información entre los medios y el Conacyt.
Además, a parte de los medios, el público en general podrá realizar dudas y comentarios directamente a los investigadores. Por lo que si una escuela se siente interesada en algún proyecto científico, ahora les será más sencillo hablar con los responsables.
Esto es un gran paso en el desarrollo de la ciencia en México, puesto que muchas veces los descubrimientos y avances pasan desapercibidos. Solo esperemos que las personas hagan uso adecuado de esta nueva herramienta y no la usen para molestar. Porque pasa.
Además, más de la mitad de la población tampoco tiene acceso a la atención sanitaria básica. La pobreza sigue estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente. En 2017, más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema o moderada. Mientras, la desigualdad sigue aumentando, con marcadas diferencias de ingresos entre ricos y pobres.
A escala mundial, solo el 68% de las personas en edad de jubilación percibe algún tipo de pensión, y en muchos países con bajos niveles de ingresos esa proporción es del 20%. En menos del 60% de los países existen planes o prestaciones para garantizar ingresos básicos destinados a los niños.
El estudio, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, hace hincapié en la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social, 2012, en virtud de la cual se preconiza una seguridad en materia de ingresos y servicios de atención sanitaria elementales desde la infancia hasta la vejez. Al mismo tiempo, promueve ampliar el nivel de protección para el mayor número posible de personas en el plazo más breve posible.
En los países ricos, los ingresos se reducen para los que menos tienen
Pero a pesar de los niveles sin precedentes de riqueza y crecimiento económico, y de los progresos realizados en el último decenio en la reducción de la pobreza en todo el mundo, ésta continúa estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente.
Además, aumenta la desigualdad , con marcadas diferencias de ingresos y, en muchos casos, en aumento entre ricos y pobres en todas las regiones del mundo. Estas disparidades afectan especialmente a los hogares de bajos ingresos.
A modo de ejemplo, se estima que en los países de la OCDE durante los últimos decenios hasta el 40 por ciento de la población en la parte inferior de la escala de distribución de ingresos ha visto una reducción en términos reales de sus ganancias o su estancamiento.
La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico (…) Es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor.
A nivel mundial, en 2017, más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día) o en la pobreza moderada (menos de 3,10 dólares). La falta de medios de los trabajadores aumentan las carencias de los hogares, ya que los trabajadores pobres a menudo deben compartir sus ingresos con miembros del hogar dependientes.
Con independencia de que la protección social redistributiva basada en la solidaridad se proporcione a través de prestaciones y servicios relacionados con el empleo o financiados a través de los impuestos, en efectivo o en especie, incluida la atención de salud, no puede pasarse por alto la importante función que desempeña en la mitigación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la promoción del crecimiento inclusivo.
Trabajadoras examinan semillas en un mercado de Mumbai, India.
La seguridad social es un derecho humano
«La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico. Cabe destacar que este derecho humano está refrendado firmemente a escala internacional, en particular por empleadores y trabajadores de todo el mundo», señaló Emmanuelle St-Pierre Guilbault, especialista jurídica del Departamento de la OIT sobre Normas Internacionales del Trabajo.
«Es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor, que se da actualmente y para promover estabilidad», explica.
El establecimiento o restablecimiento de garantías básicas de seguridad social se ha convertido en una cuestión de estabilidad social y política para la población de muchos países de ingresos altos y medios. Para los países de ingresos más bajos, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible a través de una seguridad básica del ingreso y del acceso a la atención de salud esencial son de vital importancia a día de hoy.
Según las estimaciones de la OIT, que este año cumple el centenario de su creación, sólo el 29 por ciento de la población mundial tiene acceso a sistemas de seguridad social plenos y el 55 por ciento carecen de ámbitos de protección .
Cobertura inadecuada, y peor en el sector informal
La cobertura de la seguridad social es específicamente inadecuada para el creciente número de personas que desempeñan formas atípicas de empleo, que en 2017 ascendían a aproximadamente 1400 millones. Se estima en 17 millones el incremento anual de personas en esta situación.
Esta situación se debe al hecho de que las disposiciones legales excluyen a muchos de estos trabajadores del derecho a prestaciones de seguridad social, o a que los empleos de corta duración, los bajos ingresos o las escasas horas de trabajo proporcionan un acceso limitado, o nulo a ese derecho.
Del mismo modo, los trabajadores que participan de la economía informal, que suman 2000 millones de la población mundial ocupada, más del 61,2 por ciento del empleo mundial y más del 90 por ciento del empleo en los países en desarrollo y emergentes, se cuentan entre aquellos que gozan de una menor cobertura de los regímenes de seguridad social.
Debido a la naturaleza de su trabajo, los trabajadores en la economía informal no forman parte de los regímenes de seguridad social contributivos. Tampoco tienen acceso a los diversos tipos de prestaciones vinculadas al trabajo, debido a su exclusión de la cobertura legal,, una capacidad contributiva limitada, unos ingresos bajos y volátiles, y unos procedimientos administrativos complejos.
Al mismo tiempo, los trabajadores que participan de la economía informal suelen estar excluidos de los programas orientados explícitamente a las personas o los hogares pobres con capacidad limitada para obtener ingresos.
El sector informal crece en la economía digital
El ejemplo anterior también es aplicable al creciente número de personas que trabajan en la economía digital, que muy a menudo desempeñan formas atípicas de empleo o participan de la economía informal.
Como consecuencia de ello, figuran, junto a sus familias, en las categorías de la población con más probabilidades de no tener ningún acceso a la protección social o de no estar cubiertas por la misma.
Desde la perspectiva de la protección social, la transición de la economía informal a la economía formal puede considerarse tanto un objetivo como un medio.
Las mujeres tienen unas tasas más reducidas de participación en la fuerza de trabajo y niveles más elevados de empleo informal.
La ampliación de la cobertura de la protección social a los trabajadores de la economía informal no sólo proporciona seguridad de los ingresos y acceso a la atención de salud en caso de necesidad, sino que también puede contribuir a facilitar la transición de la economía informal a la formal.
La mujer, más afectada
A causa de las pautas persistentes de desigualdad, discriminación y desventajas estructurales, que a menudo se reflejan y se reproducen en los sistemas de protección social, las significativas brechas de cobertura afectan más a las mujeres
En la mayoría de países, las mujeres tienen unas tasas más reducidas de participación en la fuerza de trabajo y niveles más elevados de empleo informal y formas atípicas de empleo, ingresos más bajos, y una participación significativamente mayor en los cuidados y los trabajos no remunerados que los hombres, lo que conlleva que durante su ciclo de vida tengan unos niveles más bajos de protección y más probabilidades de vivir en la pobreza.
ONU Medio Ambiente/Duncan Moore
Una minera mezcla mercurio para extraer el oro sin ningún tipo de protección.
Caer en la pobreza por los gastos sanitarios
Anualmente, cien millones de personas caen en la pobreza extrema por no poder hacer frente a los gastos médicos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre financiación que analiza datos de 2016.
Millones de personas caen en la pobreza, en otras cosas, porque deben gastar sus ingresos y activos en tratamientos
La necesidad de subsanar las deficiencias de cobertura en la protección de la salud reviste particular importancia habida cuenta del impacto empobrecedor para la población del costo de la atención de salud.
Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en las zonas rurales del mundo, el 56 por ciento de la población carece de cobertura en materia de salud, lo que significa que los trabajadores en cuestión no se benefician de ninguno de los progresos alcanzados en las zonas urbanas; por ejemplo, a raíz de las deficiencias en la prestación de servicios al no haber suficientes trabajadores en el ámbito de la salud y de la falta de disponibilidad de los medicamentos necesarios.
“Millones de personas caen en la pobreza, en otras cosas, porque deben gastar sus ingresos y activos en tratamientos o en asistencia de maternidad, o porque han perdido sus empleos debido a una enfermedad”, asegura el informe de la OIT.
El desafío de garantizar una protección social adecuada
Las prestaciones de seguridad social y otras medidas de protección colectiva, tales como los servicios públicos de salud y los servicios sociales, desempeñan un papel importante a la hora de mantener la seguridad de los ingresos de millones de personas en todo el mundo y de asegurar el acceso efectivo a la atención de salud.
Al aumentar los ingresos de los hogares, las transferencias sociales tienen un impacto considerable en la medida que impulsan la demanda interna, apoyan la transformación estructural de las economías nacionales, promueven el trabajo decente y favorecen el crecimiento inclusivo y sostenible.
Sin embargo, establecer y mantener un nivel adecuado de prestaciones es uno de los principales desafíos para muchos sistemas nacionales de seguridad social. Las prestaciones de protección social a menudo son inadecuadas para garantizar la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención de salud para todos. No obstante, se estima que, para casi 100 de 125 países en desarrollo, gastar menos del 6 por ciento de su PIB podría bastar para subsanar las deficiencias en su protección social.
Las medidas de austeridad promotoras de la pobreza
La crisis financiera de 2003 llevó a muchos países a adoptar políticas de austeridad, una situación que condujo a muchas naciones de altos ingresos a reducir la diversidad y el nivel de las prestaciones de protección social.
Estas medidas, unidas al desempleo persistente, unos salarios más bajos y unos impuestos al consumo más elevados, han contribuido mucho al aumento de la pobreza, según la OIT.
Actualmente, este tipo de medidas afectan a 86 millones de personas en la Unión Europea, representando más del 17 por ciento de su población. Muchos países en desarrollo también aplican medidas de ajuste, tales como reducciones de los subsidios, recortes de la masa salarial, aumentos de los impuestos al consumo y condiciones más estrictas para la concesión de prestaciones.
Ayudar a los países a salir de la crisis requiere reforzar las medidas de protección social y hacer que la seguridad social sea parte de la solución.
“Sin embargo, la adopción de soluciones exclusivamente fiscales, y en particular la reducción de los costos laborales no salariales y del bienestar básico, sin tener en cuenta su impacto en la seguridad social y otros derechos humanos, y en el mantenimiento de unos niveles de vida dignos para todos los segmentos de la sociedad podría dificultar el desarrollo social y el crecimiento a largo plazo”, explica el informe de la OIT.
Para los expertos de la Organización, por el contrario, “ayudar a los países a salir de la crisis requiere reforzar las medidas de protección social y hacer que la seguridad social sea parte de la solución, a través de la reasignación de recursos y la redefinición de las prioridades en materia de gastos”.
Maxime Fossat/ILO
Según la Organización Mundial de la Salud, los productos químicos se cobraron 1,6 millones de vidas solo en 2016.
El desafío demográfico
Se prevé que para el año 2040 el porcentaje de personas de más de 65 años aumentará en todo el mundo, del 8 por ciento actual al 14 por ciento .
En 2016, el 68 por ciento de las personas de edad de todo el mundo recibía una pensión, en contraste con lo que sucedió en Asia Central y Meridional donde sólo la recibía el 26 por ciento, o el 23% del África Subsahariana.
“Dado que un porcentaje considerable de la población carece de protección social, es preciso reexaminar el papel del sistema de seguridad social en una sociedad en proceso de envejecimiento, a fin de asegurar una cobertura y unas prestaciones adecuadas, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”, advierte la OIT.
En los países en desarrollo, se estima que la población se duplicará prácticamente, al pasar de 1000 millones en 2017 a 1900 millones en 2050. Sin embargo, la cobertura efectiva de las prestaciones familiares y por hijos oscila entre el 64 por ciento en América Latina y el Caribe al 28 por ciento en Asia y el Pacífico y el 16 por ciento en África.
Además, está el problema del empleo. En la actualidad, el desempleo afecta a 71 millones de jóvenes y hay un déficit de aproximadamente 62 millones de puestos de trabajo.
Parte de un mural de manos ensangrentadas, con los nombres de algunas de las mujeres víctimas de feminicidio, durante una movilización en la capital de Argentina, bajo la consigna #NiUnaMenos. En las sociedades latinoamericanas crece la sensibilización contra estos crímenes machistas, mientras se promueven nuevas medidas para ponerle freno.
Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS
Varias iniciativas buscan reforzar el combate contra los feminicidios en América Latina, una región dónde pese a la creciente movilización popular y a ser pionera en la legislación contra ese crimen de género, todavía se registran los peores índices del mundo de este genocidio silencioso, destaca ONU Mujeres.
“La normalización de la violencia contra las mujeres y las niñas, la falta de servicios integrales y de calidad que identifiquen patrones de violencia que podrían terminar en femicidio, la carencia de datos y las investigaciones sin perspectiva de género, son comunes a todos los países”, sintetizó la situación latinoamericana la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho, en una entrevista exclusiva con IPS.
“Poner fin a la impunidad es fundamental. Hay países en la región donde la impunidad al feminicidio alcanza hasta 95 por ciento de todos los casos”, alertó Carvalho desde su sede en Ciudad de Panamá.
Una de las nuevas estrategias es la Iniciativa Spotlight, impulsada por la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación del feminicidio. De una inversión inicial de 500 millones de euros (562 millones de dólares), 55 millones serán destinados a América Latina.
Spotlight aborda el fenómeno de los asesinatos por razones de género en forma integral mediante seis pilares: la normativa por la igualdad de género, el fortalecimiento institucional, la prevención primaria, los servicios de calidad, la recolección de datos y el fortalecimiento del movimiento de mujeres.
La campaña que se lanzó en Argentina, el 21 de marzo incluye también a El Salvador, México, Guatemala y Honduras, que fue el primer país donde se lanzó a nivel mundial.
La selección de esos países, explicó Carvalho, responde a factores como la tasa de prevalencia del feminicidio, el compromiso de sus autoridades de implementar leyes y políticas nacionales para mejorar la situación de las víctimas, y el dinamismo de los movimientos de la sociedad civil.
En el caso de Argentina, “el movimiento #NiUnaMenos puso la atención sobre este fenómeno como una situación inadmisible, demostrando que tiene mucho que enseñarle a la región y al mundo”, destacó la alta funcionaria de nacionalidad brasileña, sobre la toma de las calles contra los feminicidios que se ha extendido por otros países de la región.
Desde 1994, la región cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, Brasil, que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos.
Ese instrumento internacional suscrito por 32 países estableció por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado.
En 2013 se incluyó dentro de ella la figura penal del feminicidio/femicidio.
Según Carvalho con esa Convención, la región se convirtió en “pionera a nivel global en materia de legislación de violencia contra mujeres”.
El feminicidio está integrado al Código Penal en 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana y Uruguay). Otros seis lo tipifican en leyes ajenas a esos códigos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela).
Además, los 32 países participantes en la Convención tienen leyes que protegen los derechos de las mujeres y niñas que experimentan violencia doméstica o intrafamiliar.ra
Para avanzar en esos logros, el 15 de marzo, en Washington, ONU Mujeres, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (Mesecvi), lanzaron oficialmente una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.
También presentaron un Análisis de Legislación sobre Femicidio/Femicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo sobre ese tipo de homicidio machista.
La ley modelo “busca servir de base para crear o actualizar la legislación sobre muerte violenta de mujeres en la región, así como fortalecer las acciones de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación integral”, explicó Carvalho.
Un estudio de Small Arms Survey arroja que en América Latina están 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios en el mundo por cada 100.000 mujeres, en un listado que encabezan El Salvador, Honduras y Guatemala.
Carvalho lo atribuyó a la inexistencia de medidas integrales “lo que provoca una brecha entre los derechos formales y el acceso efectivo a la justicia de las mujeres”.
“La convención de Pará fue clara en señalar que se necesita una mirada integral de la violencia contra las mujeres, es decir, además de penalizarla, los Estados deben desarrollar acciones de prevención, protección, investigación y reparación, tanto para las familias de las víctimas como para las sobrevivientes”, recordó.
Pero, criticó, “los Estados no manejan cifras de reparación, de mujeres desaparecidas, de datos genéticos que permitan la ubicación de las víctimas ni otros mecanismos que permitan garantizar sus derechos”.
“Necesitamos estadísticas comparables para analizar y comparar entre países lo que funciona y lo que no para erradicar el femicidio. Cuando disponemos de mejores estadísticas podemos ver los patrones y la gravedad de la situación y formular políticas bien fundamentadas”, puntualizó.
Además según la directora regional de ONU Mujeres en los códigos penales de la región persiste un “androcentrismo”, que se traduce “en un contexto normativo adverso para la adecuada tipificación de los tipos penales que sancionen las formas específicas de violencia hacia las mujeres”.
Un problema que se agrava, indicó, por “una doctrina penal que no ha integrado la perspectiva de género y opone resistencias”.
“Cuando las mujeres son asesinadas, estos casos deben investigarse de inmediato con la presunción de que el caso es un femicidio, como en México. Los casos deben investigarse adecuadamente sin estereotipos y prejuicios de género, y deben hacerse reparaciones”, exhortó Carvalho.
Según el Mesecvi, los Estados Parte destinan menos de uno por ciento de sus presupuestos totales a las acciones de lucha contra la violencia de género.
“Las leyes integrales necesitan de presupuestos para poder ser implementadas”, señaló Carvalho.
“También debemos poner un gran énfasis en la prevención porque, aunque metamos en la cárcel a todos los agresores, si no cambiamos las causas estructurales, las actitudes y las percepciones que originan la violencia contra las mujeres, nunca vamos a terminar con ella”, continuó.
Para Carvalho, “a pesar de algunos cambios prometedores, encabezados por los jóvenes de la región, la tolerancia social de la violencia contra las mujeres y las niñas se mantiene, y se necesita una modificación de las normas sociales para abordar las masculinidades dañiñas”.
La experta citó el ejemplo de Colombia, que en 2015 aprobó una ley que involucra al sector educativo en actividades de prevención.
“Entender que el femicidio es el acto último en una cadena de actos de violencia contra las mujeres, significa entender que el sector sanitario, los servicios sociales, la policía y el sistema judicial deben trabajar juntos”, opinó.
En esa dirección mencionó proyectos “exitosos” como uno Uruguay que integró los tribunales, la policía y el Instituto Nacional de Mujeres.
En una situación de riesgo un juez puede ordenar al agresor que use bandas electrónicas conectadas a un dispositivo que la mujer en riesgo lleva consigo. Si el agresor se acerca a ella, el dispositivo alerta automáticamente a la policía. Durante el programa ambos reciben también apoyo psicológico.
“Hasta ahora ninguna de las mujeres que forma parte de ese programa ha sido asesinada”, subrayó Carvalho esperanzada.
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