En los mismos días se están desentrañando tres juicios por historias diferentes. La justicia podrá establecer condenas pero que no podría rescatar a la vida a seis niños y adolescentes asesinados por la mano armada del Estado o por los venenos que ese mismo Estado permite utilizar en los cultivos.
Corrientes, CABA y provincia de Buenos Aires. Territorios tan disímiles entre sí en los que casi al mismo tiempo el Poder Judicial puso en marcha tres juicios en los que pibes de distintas edades y crónicas de vida muy diferentes entre sí fueron las víctimas. Una Justicia que podrá establecer condenas pero que no podría rescatar a la vida a seis niños y adolescentes asesinados por la mano armada del Estado o por los venenos que ese mismo Estado permite utilizar en los cultivos. Y que, con sus sentencias tampoco impedirá la repetición al infinito de otras historias igual de crueles y dolorosas.
La infancia ha sido una víctima dilecta de las políticas estatales. Por acción o por omisión. Por complicidad o por desidia.
En estos días se sabrá la decisión del Tribunal Oral Penal de Goya que está juzgando a Oscar Antonio Candussi, productor agropecuario acusado de homicidio culposo por el uso de pesticidas organosfosforados en su plantación de tomates. A escasos 15 metros vivía Kily Rivero, un niño de apenas cuatro años que murió el 12 de mayo de 2012 en el Hospital Garrahan. Tuvo una falla hepática fulminante provocada por el contacto con agrotóxicos. Trece años tardó la justicia en llegar a esta instancia, en la que Jorge Antonio Carbone, Darío Alejandro Ortiz y Ricardo Diego Carbajal decidirán si Candussi es o no culpable.
Como antes demoró nueve años en condenar a Ricardo Prieto por haber “desplegado una conducta indebida e imprudente en la utilización del organoclorado alfaendosulfan” en su tomatera, que provocó la muerte de Nicolás Arévalo, de 4 años, y las lesiones graves a su prima, Celeste Abigail Estévez. Este fallo fue firmado por dos de esos mismos jueces: Carbone y Ortiz, con Sebastián Romero como la tercera pata del tribunal. Tres años de prisión condicional y la obligación de realizar estudios o prácticas “profesionalizantes de capacitación en el uso de agrotóxicos”.
La misma causa que repite sus consecuencias con una sistematicidad pasmosa que no cesa a pesar de las condenas judiciales. Sean de la magnitud que sean. Porque simplemente, si hay condena, sólo sancionan lo ya ocurrido pero no impiden la repetición sostenida en el tiempo.
A casi 900 kilómetros el crimen de otros chicos y chicas, diferentes, más urbanos aunque de pueblo chico, llegó a los estrados judiciales por estos mismos días. El de Danilo Sansone, de 13 años; Gonzalo Domínguez de 14; Camila López, de 13 y Aníbal Suárez de 22, y el homicidio en grado de tentativa a Rocío Quagliarello, la única sobreviviente, que hoy tiene 17 años y tenía 13 durante lo que quedó en la historia como la masacre de Monte.
Dos docenas de imputados de diferentes rangos dentro de la policía bonaerense acusados –con distintas variantes en las calificaciones legales- por el crimen de los cuatro y las gravísimas heridas a Rocío. O por el encubrimiento, la violación de los deberes de funcionario público. E incluso, para la próxima instancia judicial quedan pendientes sentar en el banquillo a la ex intendenta, Sandra Mayol y al bombero y parte del SAME Nelson Barrios y desentrañar el espionaje policial sobre las familias. Su hijo andaba robando y tuvo un accidente, le dijo la policía a la madre de Aníbal al informarle de la muerte. Había sido tarefero en Misiones y decidió migrar a San Miguel del Monte, más cerca de la gran capital donde la suerte –había soñado- podía ser otra. Murieron en un accidente, repetían. La bonaerense armó una estructura de encubrimiento para garantizarse a sí misma la impunidad.
Por ahora, un jurado popular declaró culpables a cuatro policías. Dos, como coautores del delito de «homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego”. Otros dos, por «tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego». Esta semana se conocerá el monto de las condenas. Y queda aún por delante el segundo juicio contra 19 policías bonaerenses por encubrimiento agravado, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público, y/o abuso de autoridad.
Las condenas, cuando llegan, son simplemente eso. Castigo por lo que ya ocurrió. Si quienes sueñan, cuando proclaman penas, que será un freno para que un hecho no vuelva a repetirse, deberán construirse otros sueños porque ya está probado al infinito que esos no serán.
Tres policías están siendo juzgados por el homicidio (“con alevosía, por placer, por odio racial”, dice entre tras acusaciones la calificación legal) deLucas González, un pibe de 17 años que volvía con sus amigos de entrenar en el club Barracas Central. Otros once son juzgados por encubrimiento. Por privación ilegal de la libertad. Por torturas. Una entera estructura al servicio del horror, como en San Miguel del Monte. Las condenas serán elevadas. Seguramente no para todos pero sí para una porción importante de todos ellos.
Las familias de cada uno de esos chicos y chicas está deseando que, al menos la justicia, como responsable y delegada punitiva de la sociedad les diga que quienes les arrebataron para siempre a sus retoños serán sancionados. Que plantará bandera en medio de tanta angustia para asegurarles que sus hijos e hijas, que ellos mismos, podrán finalmente descansar.
Al mismo tiempo tres juicios se desentrañan en territorios lejanos entre sí con crónicas de profundo dolor: aquellas en las que las víctimas son niños y adolescentes.
Alguna vez el rompecabezas de la humanidad estará tan utópicamente completo que la historia será otra. Porque el mundo será otro. Aunque hoy parezca tan desoladoramente lejano. Aunque las ausencias sean demasiadas. Y las estructuras crueles del poder sigan tan estruendosamente intactas.
Por: Juan Castellanos y Natalia Zapata. La Izquierda Diario.
Este 14 de junio se realizarán las elecciones del SNTE en sus secciones 9, 10, 11 y 60, de la CDMX. Si bien es la primera ocasión que el voto será libre, directo y secreto la elección dista mucho de ser democrática.
La convocatoria, totalmente restrictiva y proscriptiva en sus bases, son tremendamente antidemocráticas y diseñadas para impedir la participación de los miles de maestros en el proceso. Por ello, en primer lugar hay que exigir el derecho al registro de las planillas de la CNTE en el proceso. En particular, de la Sección 9, la planilla “Roja democrática”, que hasta el cierre de estas líneas no ha conseguido su registro debido a las trabas burocráticas del SNTE.
Estamos convencidos y convencidas de que la forma por la cual vamos a lograr democratizar nuestro sindicato es por medio de la organización en las escuelas, por medio del paro, asambleas y movilizaciones combativas, tal y como sucedió en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.
En el caso del área metropolitana tenemos la experiencia de la lucha de Misael Nuñez Acosta, asesinado por los charros y pistoleros de Elba Esther, en 1980 que agrupó a decenas de miles de maestros contra los charros en la Sección 36 y la “Primavera Magisterial” de 1989 en la Sección 9.
La lucha masiva y en las calles es el único camino para conseguir nuestros objetivos. Por eso, hoy planteamos la necesidad urgente de organizar comités de lucha por nuestros derechos en cada escuela, para organizarnos en esa perspectiva.
Las elecciones como un momento
Sin embargo, las elecciones son un momento para mostrar nuestro descontento en las urnas y expresar nuestros reclamos, sin ceder ni un pedazo de calle en la lucha por una vida digna.
Por eso, llamamos a votar masivamente en cada escuela, zona, y sección, por las planillas “Roja” en la Sección 9 y 10 y por la “Dorada” en la Sección 11 que impulsa la CNTE, pues durante estos 7 años que no se realizaron elecciones, la coordinadora fue uno de los sectores del magisterio disidente y democrático que luchó contra la “Reforma Educativa”.
Y claro, también llamamos a votar a la CNTE porque representa un sector del magisterio con poderosos hitos en la lucha de clases, como la APPO en 2006, la lucha contra la Reforma Educativa en 2013 y la Batalla de Nochixtlán.
Los charros del SNTE avalaron la ley del ISSSTE (que liquida nuestras pensiones y jubilaciones), aplaudieron la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto que causó el despido de miles de profesores, la militarización de la sede de las evaluaciones punitivas y avalaron en los hechos la represión a los maestros que protestaron a la Reforma.
Es decir, los charros del SNTE avalaron la bota represiva que asesinó a maestros, como el caso de Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz en Guerrero, y David Gemayel en Chiapas, apoyaron a las fuerzas represivas durante el crimen de estado en la batalla de Nochixtlán donde fueron asesinadas más de 11 personas por la intervención del ejército y la policía federal.
Por esos motivos inmediatos es necesario echar a los charros de nuestro sindicato. Por eso no hay que dar ni un sólo voto a los charros del SNTE, en ninguna de sus planillas, en las próximas elecciones del 14 de junio.
Votemos masivamente por la CNTE. Hagamos memoria, no podemos dar un voto a los charros.
Voto crítico, pero voto masivo
Ahora bien, existe una discusión pendiente en el movimiento magisterial democrático. La CNTE, si bien se ha mantenido independiente del nuevo gobierno que se dice “progresista” (pero continuó con la militarización, cerró las fronteras a los migrantes y dio continuidad a la Reforma Educativa del anterior gobierno), ha mostrado confianza y hasta simpatía con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Creemos que la dirección de la CNTE desarrolló una política de confianza en el nuevo gobierno exigiendo mesas de negociación bajo la lógica de que en este nuevo escenario se podría negociar nuestros derechos y prestaciones.
Creemos que la CNTE debe de definirse claramente por la independencia de clase frente al gobierno lopezobradorista. Si bien el programa político de la CNTE en estas elecciones planeta correctamente demandas como “Abajo USICAMM” (que violenta los derechos de las y los trabajadores), así como “Abajo la ley del ISSSTE”, se requiere mencionar que esto no lo lograremos con mesas de negociación, ni con grandes reuniones de “alto nível” con el gobierno federal y la SEP (como hasta ahora pretende la coordinadora), sino que lograremos nuestros objetivos por medio de la lucha, combativa y en las calles con independencia de clase y con nuestros aliados como los más precarizados como son los profesores de escuelas privadas, los trabajadores precarios de la educación y los pobres de la ciudad a quienes hay que integrar en la lucha. Hoy por ejemplo, creemos que es importantísimo que la CNTE se pronuncie en solidaridad con la huelga del SUTIEMS y reivindique las demandas justas de compañeros y compañeras en esa institución.
La 4T, que se dice progresista, intentó votar la Iniciativa de Ley Indígena que convertía a los maestros en prestadores de servicios dando nuevas atribuciones al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). De aprobarse esa ley, los maestros indígenas dejarían de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y pasarían a ser parte laboral del INPI.
Este ley es un verdadero ataque y un grito de “guerra” a la CNTE en particular, pues “curiosamente” entre dichos contingentes magisteriales están los sectores más consolidados y combativos del magisterio democrático. Este motivo, así como la continuidad de la política neoliberal en la educación, por más que la pinten de “progresista” con la Nueva Escuela Mexicana, es suficiente para que la dirección de la CNTE defienda categóricamente los principios de la independencia de clase.
Es un momento clave en la lucha por la educación en México, en la lucha por la democratización del sindicato y en la lucha por nuestros derechos y de los más precarios como son los trabajadores sin contrato en la educación privada y pública.
A pesar de las diferencias que se pueden tener con la dirección de la CNTE creemos que hay que votarla masivamente, impulsar la campaña en unidad, desarrollar la propaganda escuela por escuela, zona por zona y desarrollar espacios de discusión democráticos para seguir y dar continuidad a la lucha contra los charros impulsadas desde las asambleas de la CNTE.
La Escuela de Filosofía implementó, junto a la Cooperativa La Esperanza, la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores de la ciudad de Córdoba, y la Secretaría de Extensión de la FFyH, un proyecto para tratar los residuos sólidos urbanos secos que genera la institución. “Frente a la crisis ecológica, reciclaje con inclusión social”, resaltan lxs impulsorxs de una prueba piloto que podría funcionar para toda la Facultad..
En una ciudad que paga por kilo de basura enterrada, en lugar de un sistema que busque disminuirla o reciclarla antes de su disposición final, y que intenta instalar en la localidad de Santa Ana -pegado a la capital de Córdoba- el predio de enterramiento más grande de Sudamérica -una bomba atómica ambiental-, la Escuela de Filosofía de la FFyH puso en práctica un proyecto de tratamiento para gestionar los residuos sólidos urbanos fracción seca -fundamentalmente, papel y cartón-, desde una perspectiva ecológica con inclusión social, articulando con actores universitarios y extra universitarios especialistas en la materia, con quienes ya viene trabajando desde hace un tiempo.
“La iniciativa surge de una propuesta de la organización estudiantil Asamblea de Filosofía, que luego se convierte en un proyecto institucional elaborado y aprobado de manera unánime por el Consejo Asesor de la Escuela de Filosofía, conformado por estudiantes, egresadxs y docentes, ante la necesidad de comenzar a pensar sobre los residuos que se producen en nuestra Escuela, tanto institucionalmente como por los individuos que la componen, en búsqueda por garantizar un tratamiento no contaminante. En este marco, dado que la Escuela en sí misma carece de las herramientas para garantizar dicho proceso, se convocó a la Cooperativa La Esperanza, con la cual ya existía un contacto previo”, señala a Alfilo Paula Hunziker, directora de la Escuela de Filosofía, quien inscribe este proyecto en la misma línea o sintonía que tiene el de Improntas de la Dictadura en el campo filosófico de Córdoba.
“La Cooperativa tiene una trayectoria de más de doce años de formación y trabajo con residuos. Está integrada por más de 350 compañerxs carrerxs y recicladorxs, dos plantas de tratamiento en la ciudad de Córdoba, presencia en 40 barrios de Córdoba y Gran Córdoba, y experiencia en el manejo de residuos de instituciones, además del trabajo que realiza en domicilios particulares, centros vecinales y empresas”, apunta Augusto Rattini, estudiante avanzado de Filosofía, integrante de la Cooperativa y mentor del proyecto que la Asamblea asumió con entusiasmo.
La articulación suma a la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores de Córdoba, y a la Secretaría de Extensión de la FFyH. “Dicha articulación, a su vez, resulta útil en la medida en que permite a la Cooperativa multiplicar los volúmenes de material ingresados a sus plantas de tratamiento a través de uno de sus recolectores”, afirman.
Para Hunziker, es fundamental “pensar en los consumos desde un punto de vista filosófico, poder preguntarnos qué es la basura y en lo inclusivo que puede ser. Creemos que hay que llevar esta discusión del ambiente a otros espacios de la Facultad, como el kiosko, el bar, el Centro de Estudiantes. Pensar entre todxs la crisis ambiental que nos atraviesa. Si esta iniciativa funciona, y estamos viendo que sí, extenderla a otros ámbitos y pabellones de nuestra facu y de otras facultades de la UNC”, destaca Hunziker.
Lo ambiental y lo inclusivo van de la mano, y es en ese sentido que Rattini sostiene que la experiencia transitada en Filo busca “reconocer el trabajo de lxs recolectorxs y recicladorxs. Reciclar desde abajo es el concepto, que lo pusimos en práctica en el cursillo de ingreso, cuando vinieron integrantes de la Cooperativa a dar charlas explicativas a lxs estudiantes. Queremos continuar, potenciar esos intercambios con talleres, más charlas, porque sostenemos que es necesario que lxs recicladorxs vengan a la universidad, conozcan la Facultad”.
Los cartógrafos del papel en Filo
Otra pata del proyecto es el aporte de lxs trabajadorxs no docentes, quienes “tienen el mapa de la territorialidad de la Facultad, son ellxs quienes conocen el circuito del papel y el cartón, y estamos viendo mucho compromiso con eso, sobre todo, en Andrea Martínez, que es quien cumple su función en el Pabellón Francia”, explica Hunziker.
Martínez cuenta que “desde que llegué a Filo, especialmente al Pabellón Residencial, me formaron para darle utilidad a los papeles, por ende, me acostumbré a guardarlos y, cuando había una cantidad razonable, hablábamos por teléfono con gente que venía a retirarlos, algunos para reciclarlos, otros para venderlos. Siempre que vemos papeles los derivamos a personas que los juntan, nunca los tiramos a la basura”.
A pesar de este antecedente institucional, Andrea se esfuerza en señalar que “el proyecto de reciclado con inclusión social cobró mucha fuerza este año a partir de la impronta que le pone la dirección de la Escuela de Filosofía, quien nos convocó a toda la comunidad, no sólo a los no docentes, a esta tarea del reciclado. Así es que lxs no docentes de Servicios Generales colaboramos en la guarda de papeles y cartones, y luego avisamos para que los retiren los de la Cooperativa”.
Aunque para Andrea, en otros años, había más cantidad de papel para reciclar –insumo que la digitalización administrativa ha disminuido-, “la concientización ha sido fundamental en este 2023, porque lo que nosotros no usamos les es útil a otras personas y colaboramos con el medioambiente. Lxs integrantes de la Cooperativa trabajan con mucho entusiasmo en la búsqueda de papeles y, como gratitud, han entregado plantas en forma de agradecimiento a los papeles donados. Es lindo y genera un profundo bienestar sabernos parte de este eslabón de ayuda social”.
Diálogo de saberes
“Existen muchas vías a través de las cuales la Universidad y los barrios populares podrían fortalecerse mutuamente, por ejemplo, jornadas de capacitación en clasificaciones de residuos sólidos urbanos para la comunidad de la Facultad, que articulen con grupos de investigación abocados a procesos sociales y ambientales; nutrir a las bibliotecas de los pabellones a donde se dicta el Programa de la Universidad en la Cárcel a través de la compra y recuperación de libros que ingresan a las plantas de tratamiento de la cooperativa; la construcción de un modelo curricular para proveer a egresados de las carreras de la facultad orientado a la promoción de prácticas ambientales, que permita el acceso de la cooperativa al nivel medio; entre otros”. Estas son algunas de las ideas que dieron vida al proyecto que arrancó con lo más simple: separar, juntar, acumular papeles y cartones en un pabellón, y que una cooperativa los reutilice.
Configurar esta articulación entre la Escuela de Filosofía y la Cooperativa La Esperanza tiene múltiples propósitos: garantizar un sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, fracción seca; explorar otros modos de fortalecer el vínculo entre la cooperativa y la Escuela; y llevar un registro del proceso, en búsqueda por extender el sistema de gestión de residuos secos reciclables al resto de las escuelas de la FFyH. Por eso, esta “prueba piloto” configura un antecedente que entusiasma para pensar el abordaje de los residuos en el resto de la Facultad.
Para alcanzar dicho objetivo, se prevé la configuración de un equipo de trabajo compuesto por integrantes de todos los claustros e integrantes de la cooperativa. “Hoy, no se hace en todos los pabellones, nació desde el Francia y Paula le está poniendo toda la pila al proyecto. Los de la Cooperativa cumplen en tiempo y en forma, y, cuando les avisamos, vienen a retirar los papeles. Estamos trabajando en un ambiente prolijo, siempre se están poniendo o cartones o papeles adentro del carrito verde del reciclado, es algo que nos hace sentir bien y creo que hay que seguir contagiando para que se sumen más manos solidarias, para el beneficio de las personas que reciben el papel y nosotrxs tener nuestros espacios ordenados y darle utilidad a lo que ya no nos es útil”, valora Andrea.
Como la misma trabajadora no docente cuenta, existen antecedentes de la articulación entre la Facultad y las organizaciones cartoneras y recicladoras: desde 2015, en el marco del programa Recuperadores Colectivos, para retirar residuos reciclables (celulósicos en su gran mayoría), dicha tarea se llevó a cabo en Casa Verde, la Biblioteca de Filosofía, el CIFFyH, el Decanato-Pabellón Residencial y la Biblioteca del CEPIA con la naturaleza. “Es por ello que el presente proyecto prevé el desarrollo de acciones que excedan el tratamiento específico de los residuos, sino que también permitan re-pensar y fortalecer los vínculos al interior de la sociedad civil. Como señalan algunas investigaciones de carácter etnográfico en torno a la revalorización de residuos por parte de cooperativas, ‘la cuestión del post-consumo en general y, más aún, del pos-consumo vinculado a los residuos resulta en la actualidad un campo caracterizado por la vacancia de estudios destinados a sistematizar estos procesos’”, se puede leer en el proyecto que hoy funciona en la Escuela de Filosofía.
Proyecto que se enmarca en lo que establece el artículo 41° de la Constitución Nacional, que dice que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (…) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…”.
El principio de inclusión social está presente en la ordenanza 12.648 de la ciudad de Córdoba, que reconoce la preexistencia de los Recuperadores Urbanos en las tareas de separación de residuos y recolección diferenciada, como legítimos actores de tales prestaciones, razón que implica su inserción en la cadena formal de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
En este sentido es que resulta fundamental resaltar la actividad desarrollada por las cooperativas y/o asociaciones civiles de recuperadores de residuos urbanos como prestadoras de un servicio esencial, como lo es la Cooperativa de Carreros y Recicladores “La Esperanza” Limitada, las cuales se constituyen como una herramienta idónea y necesaria para promover la inclusión económica y social, y para implementar la Gestión Integral de los Residuos Urbanos en la Provincia de Córdoba, permitiendo la recuperación de materiales reciclables y reutilizables en concordancia con los principios establecidos en la Ley de presupuestos mínimos de residuos sólidos urbanos Ley n.° 25.916 y la ordenanza 12.648.
Desafíos
Para ampliar lo que hoy se realiza en la Escuela de Filosofía, el proyecto contempla conformar un equipo de trabajo encargado de coordinar las acciones y actividades correspondientes. El mismo se encontrará compuesto por integrantes de los diferentes claustros, convocatoria a la que se inscribieron estudiantes y egresados. Y si bien ya cerró la convocatoria para este año, pueden incorporarse nuevos integrantes con un pedido previo. Además, está previsto comenzar diálogos con las demás direcciones de las Escuelas para discutir la extensión de la implementación del proyecto al resto de la Facultad, “atendiendo a las particularidades y modificando lo necesario. Pensar desde esta pequeña experiencia la posibilidad de construir un modelo de tratamiento de residuos reciclables operativo para la Facultad, así como la profundización de la articulación entre esta y el sector de reciclaje de la economía popular”.
Dicha articulación, a su vez, resulta útil al espacio mencionado en la medida en que le permite multiplicar los volúmenes de material ingresados a sus plantas de tratamiento a través de uno de sus recolectores, el cual vería incrementado su ingreso en función de los retiros y por el reconocimiento económico a su trabajo por parte de la Facultad, “algo que por ahora no podemos garantizar, pero que está dentro de los objetivos del proyecto”, aclara Hunziker.
Proyecto con Sofía Cartonera
En el gran abanico de posibilidades que habilita la recolección y reciclado de papeles y cartones, está la de trabajar con Sofía Cartonera, la editorial de la Secretaría de Extensión de la FFyH, que elabora sus producciones con papel y cartón reciclado. “La idea sería poder hacer las tapas de los libros de la editorial con los cartones que reciclemos en la Cooperativa”, cuenta Rattini.
*Por Camilo Ratti para Alfilo / Imágenes: Camilo Ratti y gentileza Augusto Rattini.
Proyecto Institucional de la Escuela de Filosofía FFyH-2023
Título: Frente a la crisis ecológica, reciclaje con inclusión social: una prueba piloto en la Escuela de Filosofía. Coordinación de equipo de trabajo: Paula Hunziker, Laura Danón, Carlos Balzi, Emanuel Biset, Patricia Brunsteins, Cesar Marchesino, Augusto Rattini, Federico Martín Rearte Faria. Equipo de Trabajo: a definir en convocatoria específica para estudiantes y egresades. Asesoras: Eliana Lacombe, Pablo Barrionuevo, Ignacio Pellón, Agustín Mingorance, Guadalupe Meyer Paz, Esteban Beltrán, Agustín Darío Poncio, Agostina Luz Castro, Camila Chiavassa. Instituciones, programas y secretarías intervinientes: Escuela de Filosofía (FFyH), Federación de carreros, cartoneros y recicladores de la ciudad de Córdoba, Cooperativa La Esperanza, Secretaría de Extensión de la FFyH.
Una educación ambiental enfocada en los conocimientos técnicos; que incentive el liderazgo y la empatía; que tenga en cuenta el entorno y que se traduzca en acciones concretas por la comunidad, son algunas de las conclusiones a las que se llegaron tras el encuentro entre adolescentes y adultos como el alcalde de Tiltil, los seremis de Medio Ambiente y Energía de la RM, académicos, personas del mundo empresarial y representantes de la CEPAL, el Banco Mundial y el INJUV.
“Necesitamos agentes de cambio en las nuevas generaciones y esto se inicia a través de la educación”, explicó Felipe Tobar (17) del Colegio Jorge Huneeus Zegers de La Pintana al salir del encuentro de Jóvenes por el Futuro realizado el 31 de mayo donde se trabajaron temáticas medioambientales.
La actividad, organizada por cinco adolescentes con el apoyo de América Solidaria y el Banco Mundial, tenía como principal objetivo identificar qué elementos debe considerar la educación ambiental en Chile. Esta temática también fue levantada dentro de los resultados de la encuesta de Fundación Tremendas, publicada el 28 de mayo, que arrojó que el 80% de las jóvenes le da máxima importancia a recibir educación ambiental en el colegio.
“Lo que más se repitió fue que la educación ambiental debería tener consecuencia dentro de los territorios de los mismos estudiantes”, describió Tomás Pizarro (19). Así ejemplificó que acompañando a los contenidos deberían ir acciones vinculantes dentro de los establecimientos educacionales, como reciclaje, buen uso del agua: “Acciones que no sean efímeras”.
En el marco de la elaboración del proyecto de ley sobre educación ambiental, Roberto González, jefe del Departamento de Educación Ambiental (DEA) del Ministerio de Medio Ambiente, invitó a los jóvenes a compartir con la cartera qué aspectos son importantes de rescatar según la experiencia de cada uno.
Tomás Pizarro (19) aseguró que casi todos estarían de acuerdo con que vivimos en un momento crítico del planeta y que “las decisiones se deben tomar ahora”. Explicó que desde esa base “es necesario que quienes están a cargo de las decisiones hoy recojan esta urgencia que la manifestamos más nosotros, los jóvenes, que la población adulta”. “Debemos crear trabajo en conjunto para que no sea muy tarde y que en los planes medioambientales haya coherencia en el paso del tiempo”, manifestó.
El evento dio inicio con el desafío de identificar las principales problemáticas medioambientales en las comunas de los jóvenes, lo que trabajaron en grupos. Espacios abandonados con basura, que identificaban como un foco de peligro, problemas con el agua y contaminación fueron algunas de las que plantearon.
Frente a estas dificultades presentaron soluciones como informarse, empatizar y colaborar con otros para enfrentar la crisis climática, recuperar los espacios abandonados y generar normativas medioambientales más rigurosas para las empresas.
“La crisis climática es un problema que tiene que ver con vidas, con calidad de vida, y debemos tomar conciencia, tomar decisiones, presionar por nuevas prácticas y conductas en la lógica en que entendemos la naturaleza y la producción”, describió el jefe del Departamento de Educación Ambiental (DEA), uno de las tres expertos que vinieron a compartir datos con los jóvenes en la primera etapa del encuentro.
Trabajo entre distintas generaciones: imaginemos una educación ambiental
“Es importante que converjan ambas experiencias, de jóvenes y adultos, porque si solo nos separamos entre adultos y adolescentes se van a hacer cosas que los jóvenes en el futuro van a querer cambiar. Si trazamos la misma línea se pueden sembrar los cimientos ahora y después construir sobre ellos”, es como explicó José Tomás Lira (17) del Colegio Verbo Divino la decisión de sumar a “tomadores de decisiones” a la conversación.
Se trabajó entre jóvenes y adultos la pregunta qué herramientas se deberían entregar desde la educación ambiental para que un joven pueda ser un agente de cambio.
Algunas de las conclusiones fueron que la educación ambiental debe enfocarse en los conocimientos; que se debe incentivar el liderazgo a través del trabajo en equipo, la perseverancia, la empatía y el desarrollo de habilidades de comunicación; que se debe conocer el entorno y pensar en soluciones locales, en la misma dirección se consideró que además de la entrega de información exista práctica, que pueda traducirse en un impacto en la población que vive alrededor o con los estudiantes.
“Cuando hablamos de cambio climático el futuro es desolador, si no hacemos nada esto se acaba como planeta. Sin embargo, veo a los jóvenes con esperanza y con ganas de hacer cosas”, aseguró Iván Morán, seremi de Energía de la Región Metropolitana.
“Lo primero es aprender y lo segundo tomar acción. Individual por un lado, pero por otro también le exijo a los demás: que la clase política se ponga las pilas, que los empresarios se den cuenta que pueden producir, pero también bajar las emisiones”, agregó.
Pablo Zamora, director de Fundación Chile y uno de los fundadores de NotCo aseguró tras la experiencia que “hay estudiantes con una formación inherente de liderazgo, que pueden ser agentes de cambio profundo”.
Pablo Marquet, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UC y vicepresidente de la corporación del Instituto de Ecología y Biodiversidad, destacó el optimismo del encuentro. Sin embargo, advirtió que la “pedagogía estandarizante que apunta a un estudiante promedio que no existe y existe poca capacidad para acoger y fomentar individualidades y diferencias que puedan contribuir a lo colectivo”.
Participación: “Entender que no estamos solos en este mundo”
Javiera Riquelme (16) del Colegio Jorge Huneeus Zegers en La Pintana aseguró que la crisis medioambiental afecta a todos y que los más jóvenes deberían tener acceso a más instancias de participación. Dijo valorar la oportunidad de “compartir nuestra opinión con respeto y crear lazos entre nosotros”.
Roma Vera (17) del Colegio Raimapu en La Florida describió que el espacio le hizo “sentir aliviada” por saber que hay otros jóvenes a los que les interesa hablar sobre medioambiente. “Entender que no estamos solos en este mundo”, puntualizó.
En ese sentido, Pablo Zamora aseguró que es importante que “aprendamos a dialogar y creo que estos espacios son necesarios para aquello”.
Para Luis Valenzuela, alcalde de Tiltil, es importante que los jóvenes se identifiquen como agentes de cambio. Explicó que reunir a generaciones distintas “permite transmisión de conocimientos técnicos, pero también de experiencias de vida. Permite que los jóvenes vayan pavimentando un camino sólido en una temática tan importante como el cambio climático”.
El edil aseguró que el cambio climático está teniendo consecuencias importantes en el país y, en particular, en Tiltil se traduce en una sequía que ha durado más de catorce años.
La próxima actividad de Jóvenes por el Futuro para seguir profundizando en educación ambiental será el próximo 7 de junio en Concepción y reunirá a jóvenes de la Región del Biobío y a autoridades regionales, académicos y empresarios.
Tras esta actividad un equipo de América Solidaria va a estudiar y organizar los resultados de ambos encuentros para elaborar un insumo de recomendaciones para una nueva política de educación ambiental.
Fuente de la Información: https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-sustentable/2023/06/04/diversos-actores-participan-en-dialogo-para-determinar-como-deberia-ser-la-educacion-ambiental/
La ‘provención’, o cómo dotarse de los medios que impidan los conflictos en la escuela
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal, pone en marcha un protocolo para la gestión de conflictos en el entorno laboral de los centros educativos, que pretende responder a la necesidad de convivir en un entorno de paz así como sensibilizar sobre la importancia de la construcción de una convivencia positiva basada en la escucha activa y la aceptación de la propia responsabilidad. El protocolo ha sido sometido a audiencia y negociación con las organizaciones sindicales.
Este instrumento de prevención y gestión positiva de conflictos sirve como guía para facilitar la convivencia y el buen clima laboral de los centros educativos e incluye los mecanismos de resolución precoz para evitar la escalada de los conflictos y prevenir riesgos psicosociales.
El protocolo está a disposición de cualquier docente o Personal de Administración y Servicios (PAS) para la resolución de conflictos del entorno laboral mediante la petición de ayuda para su gestión. Se trata de un compendio de diferentes alternativas cuyo objetivo es ayudar en la resolución pacífica de los problemas derivados de las relaciones laborales, para poder afrontarlos como una oportunidad de crecimiento personal y de fortalecimiento en las relaciones interpersonales.
Las herramientas y procedimientos para la gestión positiva de los conflictos incluyen la “provención” (concepto que alude a la necesidad de proveerse de estrategias, habilidades y recursos que permitan afrontar y transformar los conflictos de manera no violenta para que pasen a representar una oportunidad de crecimiento personal y colectivo para todas las partes, la conciliación, la negociación, la mediación y otras prácticas restaurativas; además del arbitraje y del procedimiento disciplinario, cuando no haya sido posible un acuerdo mediado en el que “ambas partes resulten ganadoras”.
Este proceso se caracteriza por su positividad, al ser un procedimiento alternativo a la dinámica tradicional de confrontación de ganar o perder, ya que su finalidad primordial es transformar el conflicto en una situación más positiva, que cuida la relación entre los miembros de la comunidad educativa.
Entre las diferentes alternativas que se plantean, se potencia el uso de la mediación. En esta herramienta prevalece la cooperación, la persona mediadora colabora y guía a las partes, al tiempo que se facilita el entendimiento y la comunicación; la voluntariedad, dado que estas acuden de forma libre y pueden desistir en cualquier momento, así como la imparcialidad, porque la función de la persona mediadora es la de ayudar y asistir a las partes enfrentadas para que ellas mismas puedan entender lo que les está ocurriendo y cómo quieren solucionarlo, pero sin posicionarse a favor de una u otra.
De igual manera, la mediación pone en valor la independencia, porque las partes son las únicas que pueden decidir y tomar decisiones libres, sin la influencia de la persona que guía el proceso.
Cuando el gobierno, las empresas y el crimen organizado se trenzan con el objetivo de generar esquemas de poder, nace la macrocriminalidad. Su disolución no es fácil en un país como México, que cuenta con los factores ideales para su crecimiento, mismos que dan pie a otras problemáticas como la trata de personas.
Esto explicó la Lic. Narda Andrea Martínez Gutiérrez en la segunda sesión de la Cátedra Ellacuría, SJ, “Macrocriminalidad y trata de personas. Contexto nacional y latinoamericano”. Este espacio formativo es impulsado por Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla para analizar el complejo entramado que surge con la mezcla de una crisis de estatalidad y una ciudadanía blanda con problemas sociales y estructurales profundos.
“Lo que se busca es que veamos cómo la trata de personas y las redes de macrocriminalidad me afectan en mi día a día, y que yo puedo ser parte de la problemática”: Lic. Narda Andrea Martínez.
Entre los actores representativos de la macrocriminalidad se encuentran las redes del crimen organizado. Estas son los detonantes de una forma extrema de corrupción, pues gracias al apoyo de agentes gubernamentales y empresariales, capturan el poder público para satisfacer fines privados.
“El principal problema en México es que esas redes fracturan al Estado y, por ende, gobiernan todas las regiones del país”. Esta extensión de poder se entiende gracias al concepto de narcoestado, que es la toma y control del país por el narcotráfico, del cual ya no solo forman parte los cárteles, sino también los gobiernos estatales y federales, así como otros actores políticos y empresarios.
El narcotráfico se ha valido de diferentes estrategias para mantenerse vigente y seguir abarcando cada vez más terreno. Acciones como control territorial, captación de menores, narcomenudeo, guerra entre cárteles y uno de los más representativos, la trata de personas.
La trata es vista como un negocio benéfico para estos grupos, pues sus clientes suelen ser las mismas personas que deberían castigar estos actos, como la policía. Las víctimas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes, son captadas con la promesa de un trabajo en el narco, y si bien al principio es así, rápidamente son objeto de explotación sexual.
La captación de infancias y adolescentes es una de las problemáticas a las que la Lic. Martínez hace especial énfasis al hablar de crimen organizado, pues son usados como carne de cañón en una guerra inexistente que disminuye su esperanza de vida hasta los 12 años.
Las cifras oficiales dan cuenta de la urgencia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que 30,000 niños, niñas y adolescentes habían sido captados por redes de macrocriminalidad en 2015. Para 2018, esa cifra aumentó a 460,000. La Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano en 2021 reportaron que entre 145,000 y 250,000 infancias y adolescencias estaban en riesgo de ser reclutadas.
Ante este panorama, la experta llamó a su auditorio a reflexionar y analizar la trata de personas desde las redes de macrocriminalidad, pues es en esta esfera que las y los menores de edad suelen ser los más afectados. “Estamos viviendo violencia y altos niveles impunidad, lo estamos palpando en nuestra cotidianidad. Entonces les invito a que estemos pensando en cómo esto nos está afectando”.
Juchitán, Oaxaca. Juan Carlos Vásquez Aquino es fundador de la editorial y librería independiente “El pueblo que lee”, cuyo proyecto comunitario busca reivindicar la literatura y a los escritores binnizá.
“El Pueblo que lee” nació en plena pandemia y desde entonces ha vendido cerca de 6 mil ejemplares, y aunque su principal objetivo es vender literatura indígena, también incluye ejemplares de literatura universal.
Con su bicicleta –su fiel compañera, a la que nombró “Rocinante”–, Juan Carlos distribuye sus libros por todo Juchitán y también hace entregas por toda la región del Istmo. El libro más vendido por este joven de 32 años de edad es el de la escritora Binnizá, Irma Pineda, llamado “Xilase qui rié di’ sicasi rié nisa guiigu’ /La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos”.
De 32 años de edad, Juan Carlos también aprendió a encuadernar libros, comenzó con cuadernos y hoy en día su editorial ha impreso su primer ejemplar: La Mar Morena, del escritor binnizá Dalthón Pineda.
También acerca los libros por medio de la biblioteca callejera, donde de manera libre y gratuita los niños y jóvenes pueden leer, llevarse un libro y devolverlo al terminarlo.
Al preguntarle por qué decidió emprender este proyecto de manera independiente, Juan Carlos explica que es para seguir preservando la literatura de su comunidad, y apoyar a escritores, quienes por la falta de recursos se quedan sin publicar textos escritos desde la profundidad de ser y para conservar la memoria que ya no se quiere contar y ver.
“Estoy muy contento con este proyecto, y lo mejor es que lo hago de forma independiente. Por ejemplo, todos los libros de mi editorial los hacemos a mano, cuidamos los detalles, básicamente es un trabajo valioso y estamos para servirles”, dijo.
Por ser originario de la novena sección de Juchitán, Juan Carlos habla el zapoteco desde el vientre de su madre y es una de las razones principales por las que que desea retomarlo a través de libros.
Para el joven creativo y de tez morena, vender libros no es el mero acto de revalorizar su lengua, sino la acción de llevar literatura indígena, textos escritos en diidxazá, a donde los deseen y en cualquier fecha.
“Los escritores que tengan libros publicados pueden acercarse a la librería para que desde aquí se difundan sus textos. Hay escritores que por trabajo o edad ya no pueden vender o dar a conocer sus libros, y a través de la librería hacemos la promoción y difusión su literatura”, agregó.
Juan Carlos recorre todos los días la ciudad de Juchitán, y en sus ratos libres toma la aguja, el hilo y comienza a confeccionar libros, después de plasmar las letras en papel.
Asimismo, invita a toda persona que desee publicar un texto, un poemario o historias en lengua indígena y castellano a la editorial, porque “El pueblo que lee” está abierto y con muchas ganas de publicar textos de escritores indígenas, como una forma resistencia ante las grandes editoriales y librerías que existen en el país.
“Yo sólo ocupo la noche para hacer libros e invito a quien tenga un texto que desee publicar, me diga, porque de eso se trata, de que haya más libros escritos por zapotecas, por gente que se preocupe por recuperar nuestra lengua, porque eso es lo que hacemos, recuperar historias de nuestra comunidad”, recalcó.
Otro de sus proyectos es el rescate de los libros de zapoteco que están en peligro de extinción. Él los replica por ser literatura comunitaria, para que estén disponibles al público y en las bibliotecas, y así el texto y los autores no queden en el olvido.
El Pueblo que Lee, cuyo lema es “Yo sueño con un pueblo que lee, porque un pueblo que lee, es un pueblo libre“, llegó para quedarse, recalca Juan Carlos, quien asegura que mientras viva su proyecto seguirá acompañada, como lo ha hecho siempre, de su fiel bicicleta “Rocinante”, en alusión a Don Quijote de la Mancha.
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