La CNTE también expresó su repudio por el doble discurso de los líderes charros del SNTE a quienes no reconocen como los defensores de los trabajadores de la educación.
La Sección 22 del Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), repudió el oportunismo de los “líderes charros” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quienes se atribuyeron la cancelación de la iniciativa para la integración de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB) al Instituto Nacional de Pueblos indígenas (INPI).
En un comunicado, la Seccional de Oaxaca recordó que fue gracias a la fuerza, organización y disciplina del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) que logró cancelar la citada iniciativa luego de que la Comisión Política, Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel, representantes de la DGEPOO y el jurídico de la Sección XXII defendieran en la mesa con la Secretaría de Gobernación, SEP, Gobierno del Estado de Oaxaca, IEEPO y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el derecho a la educación de los pueblos originarios.
Refirió que tras intensas horas de negociación y con el respaldo del 20 por ciento de la membresía sindical, así como el arribo masivo del Nivel de los Pueblos Originarios de Oaxaca a la ciudad de México, sus representantes sindicales cumplieron con el mandato de hacer valer la fuerza histórica de lucha en defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.
Así también señaló que a la par de las negociaciones en la Cuidad de México, en Oaxaca se realizó un paro de 24 horas, en donde agremiados de la Sección 22 bloqueó los accesos al Aeropuerto oaxaqueño, atendiendo con ello a su principio táctico de lucha: “movilización- negociación-movilización”.
Por tal motivo, este Movimiento Democrático, referente nacional e internacional de lucha, rechaza el oportunismo de los charros del SNTE al atribuirse un logro de nuestras bases democráticas al declarar que por intervención del charro mayor Alfonso Cepeda Salas lograron echar abajo dicha iniciativa.
En tanto expresó su repudio por el doble discurso de los líderes charros del SNTE a quienes no reconocen como los defensores de los trabajadores de la educación “puesto que han sido aliados y cómplices de gobiernos, reformas, procesos y medidas de persecución a líderes de la CNTE, principalmente de la Sección XXII con retención de salarios, saqueo de nuestras cuotas sindicales, encarcelamientos y asesinatos de maestros“.
Por último, la Seccional de Oaxaca exhortó a sus bases a mantener la unidad, organización y disciplina “para defender la educación pública, los derechos laborales y de nuestros pueblos logrará respuestas a las demandas legítimas de nuestro movimiento, por ello, hacemos un llamado a la unidad frente al oportunismo del charrismo sindical“.
Por: Karla Guerrero, reportera; Carlos Acuña, mentoría / Corriente Alterna
El Caracol A. C. es una organización que brinda acompañamiento y atención a las poblaciones callejeras. Con casi tres décadas de trayectoria, se trata de una de las asociaciones con mayor presencia y trabajo en la capital.
Luis Enrique Hernández recuerda bien el aroma penetrante de la loción que usaba aquel hombre calvo y de bigote; el saco gris, la corbata, las cadenas y alhajas colgando de su cuello.
—¿Cuánto dinero quieres para quitar a esos chavos de esta zona? —le preguntó—. ¿Qué quieres para ti? ¿Una camioneta? ¿Unas casas de campaña?
Han pasado más de siete años. Hernández ya era, entonces, director de El Caracol, una asociación civil que desde 1994 brinda acompañamiento a niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y personas con discapacidad que habitan en la calle.
Luis Enrique estaba distraído en las oficinas de la asociación, ubicadas a unas cinco cuadras de la estación del Metro Fray Servando de la Ciudad de México. Minutos antes preparaba materiales que debía presentar en unos días. Había sido invitado a España para explicar el trabajo que hacía El Caracol A. C., como parte de la Red Internacional de Trabajo de Calle Dynamo Internacional.
—Ese día había 45 personas en el comedor—recuerda—. Estaba lleno: educadoras, educadores, gente que vino a comer. Cuando viene la población callejera es un escándalo, como una fiesta.
Ante la insistencia del sujeto misterioso, luego de explicar las actividades y objetivos de la organización, Luis Enrique le pidió que regresara en tres semanas, después de su viaje. Le invitó a buscar otro tipo de soluciones.
—En tres semanas te busco—respondió el hombre de saco gris—. Nada más te digo una cosa: no te arriesgues a que esos muchachitos amanezcan muertos.
Sólo entonces comprendió que habían ido a amenazarlo.
—Ahí sí sentí frío, frío, frío, frío. Salí atrás de él, tenía un coche Lincoln estacionado. Yo regresé pálido con la gente. “¿Vieron al señor que acaba de salir?”, “¿Cuál señor?”, me dijeron.
En medio de la fiesta, nadie lo había visto entrar ni salir. Afortunadamente, por puro instinto, Luis Enrique había grabado toda la conversación.
UN COLECTIVO INCÓMODO
De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2022, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) identificó mil 108 personas viviendo en las calles de la capital en 2019. Un año después, la cifra llegó a mil 226 y en 2021 bajó a menos de mil. Las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza concentran a la mayoría de la población callejera.
Luis Enrique Hernández, el actual director de El Caracol A.C. / Foto: Eunice Adorno
Pero en El Caracol A. C. dudan de estos números.
“Para contar a la población de calle hay metodologías específicas que este gobierno no quiere implementar”, cuenta Luis Enrique, y explica que un censo de esta naturaleza debería levantarse en un sólo día, con un equipo numeroso y mediante el apoyo de alcaldías, hospitales, cárceles y albergues.
Hablar de población callejera en México implica hablar del trabajo de El Caracol. La organización ha brindado acompañamiento a esta población en la capital del país desde hace casi 30 años. Su objetivo es generar procesos que le permitan a las personas sin casa reconocerse como ciudadanos e incidir en las políticas públicas que les permitan acceder a sus derechos.
Entre las actividades que realizan destaca el acompañamiento para que, quienes duermen en las calles, puedan tramitar sus registros de identidad: acta de nacimiento, credencial del INE, comprobantes de domicilio, etcétera. Pero, también, documentan violaciones a derechos humanos y asesoran para interponer las denuncias correspondientes.
Su base es la educación. Talleres y campañas para promover la participación y el trabajo directo con la población callejera, además de recuperar información para crear diagnósticos rápidos sobre salud, identidad, violencia, salud sexual, consumo de substancias y otros temas.
Además, El Caracol A. C. realiza el conteo anual de muertes de población callejera (en 2022 registraron 87 en la Ciudad de México). A su metodología, que han perfeccionado a lo largo de los años, la han llamado: “Chiras Pelas Calacas Flacas”. A partir del juego de canicas los educadores crean espacios de confianza para que la población callejera pueda compartir recuerdos de sus compañeras y compañeros fallecidos durante el año.
El Caracol A.C. crea espacios de confianza para que la población callejera comparta recuerdos de sus compañeras y compañeros fallecidos durante el año. / Foto: Archivo El Caracol
Toda esta labor les ha valido varios reconocimientos. En 2021, por ejemplo, recibieron el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad, otorgado en España.
Pero su trabajo no siempre es bienvenido.
—Cuando tú defiendes derechos te enfrentas al Estado, porque esas estructuras son las que les discriminan y criminalizan —explica Luis Enrique—. No les gustamos, no nos dan recursos, no nos nombran, no nos toman en cuenta para decisiones de política pública. Somos incómodos.
“PINCHE BUÑUEL, ERA UN GENIO”
A sus 53 años, por momentos, Hernández parece todavía un niño. Hay ternura en sus gestos, en las palabras que usa para narrar su propia historia.
Era domingo en Ciudad Nezahualcóyotl y él estaba sentado junto a su familia. La abuela ya había encendido la hornilla y, como cada semana, Enrique sintonizó el Canal 2 para esperar a que iniciara Siempre en Domingo. No obstante, antes de iniciar el programa musical que Raúl Velasco condujo por casi 30 años en la televisión mexicana, en la pantalla apareció una película que le cambiaría la vida a Luis Enrique: Los Olvidados cinta de Luis Buñuel realizada en 1950.
—Esta imagen del Jaibo caminando sobre Eje Central, herido, un adolescente que acaba de salir de la correccional… es emblemática —dice ahora—. La película comienza con un texto que habla de la Ciudad de México como una ciudad moderna, cosmopolita, donde encontraremos siempre niños y jóvenes vagabundos. Y advierte que esto no cambiará hasta que el Estado reconozca su obligación de atender los derechos de estas personas. ¡Pinche Buñuel, era un genio! Él no criminalizó a esta población. O sea, tenía claro que era un tema de derechos.
Luis Enrique insiste en que el término menos estigmatizante es “poblaciones callejeras”, antes que “población en situación de calle”. / Foto: Eunice Adorno
Con el tiempo, Luis Enrique conocería los estudios de Silvia Arrow, quien documentó cómo se criminalizaba a la vagancia en los años posteriores a la Revolución Mexicana, al grado de instaurar un Tribunal de Vagos. Luis Enrique también se enamoraría de la figura de Diógenes, el filósofo griego que renunció a los bienes terrenales para vivir en la calle, filosofando.
—Diógenes decía que un principio para encontrar el sentido de la vida era no tener nada. La película Nazarín, también de Buñuel, sigue el mismo principio. Siempre vamos a encontrar estos personajes en la historia y los adjetivos que les ponemos son “vagos, malvivientes, vagabundos, indigentes, pobres, viciosos, limosneros, pordioseros”.
El Caracol A. C. insiste en que el término menos estigmatizante para referirse a estas personas es “poblaciones callejeras”, antes que “población en situación de calle”. El primer término reconoce el carácter activo de la diversidad de personas que sobreviven en las calles, pues han generado una cultura y un sentimiento de pertenencia.
Luis Enrique no para de mencionar otras películas, documentos y artículos académicos que abordan el tema. Pero Los Olvidados fue el primer chispazo que lo llevó a convertirse en quien es hoy. Después de ver esa película solía soñar con el superpoder de lanzar rayos por los ojos para defender a los demás.
EL CARACOL A. C., UNA ESCUELA DE GUERREROS
Es necesario cazar las sombras: los rayos de sol son insoportables. Es martes. Faltan veinte minutos para las cuatro de la tarde y en la Plaza de la Concepción, en el Centro Histórico, la gente duerme o platica en los rincones.
Elizabeth Valencia y Yahel Wagner, ataviadas con un chaleco rojo, cargan mesas y sillas plegables. Las colocan frente a un edificio viejo. Se alcanza a ver una mano diminuta salir de una ventana, agitándose: alguien se alegra de verlas.
Con motivo del Día Internacional de la Familia se les pregunta a las niñas y niños: “¿qué es la familia?”. / Foto: Karla Guerrero
En menos de un minuto aparecen dos niños y una niña. Los tres son hermanos. Esta es La Escuela de las Mariposas: un proyecto de El Caracol que busca generar espacios de aprendizaje para las y los niños que habitan las calles o que provienen de ellas. No es el único; con programas como Chamany: salud física y mental para niñas, niños y adolescentes, brindan acceso a diagnósticos y prácticas de prevención.
Les niñes se sientan alrededor de la mesa. Un hombre, visiblemente intoxicado, se acerca. Una de las chavas le ofrece preservativos y le pide respetar la actividad. Nadie se incomoda.
Los colores se despliegan sobre la mesa. Con motivo del Día Internacional de la Familia se les pregunta a las niñas y niños que se van acercando “¿qué es la familia?”. “Amor, cuidado, unión…”.
La actividad es sencilla, pero genera un momento de euforia en torno a lo que significan para ellos sus familiares más cercanos.
—¿Cuándo volverán?
—¿Nos vemos la próxima semana?
El caracol es un animal que carga su casa a cuestas. Como muchas de las personas que viven cargando costales o diablitos para dormir en alguna jardinera o en alguna banqueta solitaria. Para Luis Enrique Hernández, el caracol también simboliza el juego. La forma en espiral del caparazón le hace pensar en el movimiento, pero también en el instrumento con el cual Quetzalcóatl, mediante su soplo divino, invocaba a los guerreros.
—El Caracol es eso —insiste—: una escuela de guerreros, de gente que lucha por su vida.
POLÍTICAS DE “LIMPIEZA SOCIAL”
Luis Enrique se unió a El Caracol poco después de que Juan Martín Pérez, hoy director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, fundara la asociación. Lo atrajo la posibilidad de colaborar con gente con quien compartiera gustos por películas como Perro Callejero (1980, protagonizada por Valentín Trujillo) y trovadores como Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Por aquellos años, las instituciones sólo brindaban atención a la población de calle mayor de 18 años y él creía que los niños y jóvenes también merecían ayuda.
Con el tiempo, El Caracol A. C. se convirtió en una de las organizaciones con mayor presencia en la capital. Su trabajo incluye el diálogo con entidades de gobierno e instancias internacionales para impulsar una agenda que promueva y garantice los derechos de las poblaciones callejeras. Han logrado que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emita siete recomendaciones en casos de discriminación, trata de personas, retiros forzados, deficiencia en servicios de salud, criminalización y nula eficacia ante la búsqueda de personas desaparecidas.
El Caracol A. C.: “Hay que reconocer que en la calle se va desarrollando un sentido de vida, aunque no nos guste”. / Foto: Archivo El Caracol
En 2012 estuvieron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar documentación en torno a 12 políticas públicas y programas gubernamentales de distintas ciudades de México con las cuales se promovía la “limpieza social” y la violencia institucional hacia los habitantes de la calle.
—La política pública no cambia, los niveles de pobreza en el país no cambian —se lamenta Luis Enrique—. Hay que reconocer que en la calle se va desarrollando un sentido de vida, aunque no nos guste. Hay un lenguaje y una serie de valores que les permiten sobrevivir, crear afectos, cariños y toda una identidad asociada al lugar donde estás. Ellos están arraigados a un territorio y, aunque la policía los violenta y los corre, ellos siempre regresan.
LA ÉTICA DEL CUIDADO EN EL CARACOL A. C.
El Caracol se precia de haber calificado a su equipo en estrategias de seguridad y de cuidado. Pero no fue hasta la pandemia de covid-19 cuando entendieron, a cabalidad, lo que esto significaba. En medio de la crisis sanitaria El Caracol asumió la misión de llevar información útil, además de insumos de prevención, a más de dos mil personas en las calles y brindar apoyo alimenticios a unas 50 familias.
Otros colectivos dedicados a atender poblaciones callejeras perdieron integrantes debido al contagio y, por eso, las brigadas de El Caracol eran las más visibles en aquellos días: ataviados con trajes sanitarios de color rojo que les protegían de cuerpo entero, los integrantes de El Caracol recorrían la ciudad documentando las agresiones contra la población de calle que, ante la emergencia sanitaria, se agudizaban.
Pero el riesgo de contagio era sólo uno de tantos.
—En la pandemia comenzábamos a las diez de la mañana y comíamos a la diez de la noche, porque no podíamos comer en la calle.Yo no me daba cuenta de los impactos emocionales que vivíamos todos.
A lo largo de su historia El Caracol ha recibido más de una amenaza y atravesado distintos incidentes que han puesto en riesgo su seguridad. Desde notas periodísticas que acusan a sus integrantes de hacer mal uso de los recursos que percibe la organización hasta personas que se instalan afuera de sus oficinas para tomar fotografías.
Este tipo de incidentes les ha hecho entender la complejidad de la calle y los distintos actores e intereses que se disputan el espacio.
Actualmente, más de un integrante de El Caracol A. C. asiste a terapia y recibe tratamiento psiquiátrico. / Foto: Eunice Adorno
Por eso, hoy El Caracol cuenta con protección gubernamental. En un principio, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Después, con el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Pero, luego de tres décadas de trabajo, Luis Enrique ha entendido que el peligro puede estar en todos lados.
—Estamos atendiendo casos de personas donde la esperanza de vida es corta —explica—, donde las violencias son brutales, donde las niñas y niños cuentan con pocas expectativas de futuro. El equipo vive una altisisisisisísima frustración. Hemos encontrado una organización que nos ha brindado contención y ha valorado nuestro trabajo: ha sido muy bonito sentir que alguien más nos valora y nos quiere. Que nos cuida.
Actualmente, más de un integrante de El Caracol asiste a terapia y recibe tratamiento psiquiátrico por parte de Aluna Acompañamiento Psicosocial A. C., una organización compuesta por profesionales de la salud mental y derechos humanos que acompañan a otros colectivos y personas en contextos de violencia sociopolítica. Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, hoy sabe que cuidar a los otros también puede enfermar, que no puede sobrepasar sus capacidades ni la de sus colaboradores; que, para cuidar a los otros, primero necesita cuidarse a sí mismo.
—Una vez la psicóloga me preguntó: “¿Tú qué le dirías a Quique de ocho años?”. Cuando era niño todo era adversidad. Me decían que nunca iba a estudiar, me decían que por el sobrepeso nunca iba a poder hacer nada, me decían que no iba a poder. Yo no estoy esperando que mi nombre sea escrito en letras de oro, yo sólo quiero estar tranquilo con lo que hice bien. Con eso.
La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad.
En su edición del día de ayer, este periódico editorializaba sobre un tema crucial para cualquier sociedad: la educación. Nos recordaba que durante la pandemia «pocos sectores sufrieron tanto y durante tanto tiempo como el sector educativo»; que «mientras otros campos se han recuperado satisfactoriamente, el educativo sigue de problema en problema perjudicando directamente a la masa estudiantil del sector público» y que, en medio del rezago de «los más vulnerables», continúan «los maestros haciendo asambleas en horas lectivas.»
Pero no se trata solo de asambleas. Se trata además de paralizaciones de docencia por reclamos que se llegan a cabo amparados en el derecho a huelga que de forma recurrente reivindica el gremio. Así, a la paralización general del pasado viernes -según informa Diario Libre en una nota de la misma fecha-, se suman las convocadas para los días 26 de mayo y 7 de junio próximos. Esto a pesar de las advertencias del ministro Ángel Hernández en el sentido de que, cada día que se deja de impartir docencia en el sector público, le cuesta al Estado una suma que ronda los 750 millones de pesos.
En otras palabras, el gremio de los maestros sigue privilegiando sus derechos, frente al derecho de los estudiantes a recibir docencia. Y pese a la obligación de los docentes de ofrecer el servicio al que sirven, en los términos que manda la Constitución en su artículo 147.
Conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional ha fijado su criterio sobre los límites del derecho a huelga de los maestros. Hagamos memoria: el 13 de mayo de 2019, mediante Sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional decidió un recurso de revisión constitucional de amparo que le fue presentado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional del municipio de Barahona. Dicho recurso se interpuso contra una Sentencia en la que, la Primera Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de esa demarcación, consideró que una serie de marchas, piquetes, asambleas y suspensiones parciales de la docencia en las escuelas públicas, propiciadas por el indicado gremio durante el año 2017, atentaban contra el derecho a la educación en condiciones de igualdad.
En el proceso que culminó con la señalada sentencia se enfrentaban, en esencia, dos derechos fundamentales: el derecho a la huelga de los profesores que integran la ADP, seccional Barahona, y el derecho a la educación. Esta circunstancia, por aplicación del canon del artículo 74.4 constitucional, llevó al TC a un ejercicio estricto de ponderación que, ciertamente, no funda una regla de aplicación general a otros casos similares en el futuro. Pero que dejó claro algunas cuestiones sobre las que conviene volver.
Lo anterior significa, en primer término, según nos informa el TC, «que la solución a que se arribará no supondrá necesariamente, y en todo caso, que el derecho fundamental que resulte protegido haya de prevalecer siempre respecto del otro, ni tampoco que el precedente contenido en la decisión podrá ser considerado en abstracto como fuente de una sub-regla de jerarquización entre los derechos en conflicto, sino que será necesario realizar una casuística ponderación entre uno y otro para determinar la solución que resulte constitucionalmente adecuada, según el grado de afectación y satisfacción de los intereses en conflicto.»
La consideración central del tribunal para asignar un mayor peso al derecho a la educación frente al derecho a la huelga en el caso bajo comentario es la siguiente: «Las huelgas constantes y reiteradas convocadas por la ADP (…) constituyen un grave riesgo que podría afectar el logro de los objetivos educacionales de 33,000 niños, niñas y adolescentes de la región. El beneficio que pretendían obtener los profesores radicaba en mejoras en las condiciones laborales y en los planteles educativos. Sin embargo, las probabilidades de que tales beneficios se pudieran conseguir en un corto plazo eran precarias, pues los requerimientos de las normas que pautan la erogación de los fondos públicos y el carácter centralizado de la gestión educativa en el país, pugnan con la posibilidad de mejoras como las exigidas por la ADP, seccional Barahona, sin el aprovisionamiento presupuestario del Poder Legislativo…»
De lo anterior parece desprenderse que, en circunstancias en las que el recurso a la huelga resulte adecuado para de alcanzar los fines perseguidos, el mismo podría prevalecer frente al derecho a la educación. No obstante, ese aspecto de la decisión no debe ser visto al margen de la que considero su cuestión jurídica más relevante: la redefinición de la noción de servicios esenciales llevada a cabo por el Tribunal.
Tradicionalmente definidos como «aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la población», en el caso concreto el Tribunal considera que dicha noción abarca, además, «la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, cuando la suspensión de la docencia se practica de modo ´progresivo, prolongado e indiscriminado´, pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8).»
En consecuencia, el derecho a la huelga deberá ceder frente al derecho a la educación, no solo por el hecho de que los fines perseguidos no sean realizables como resultado de su uso. Deberá ceder siempre que la docencia, considerada como un servicio esencial por la sentencia comentada, sea suspendida de modo «progresivo, prolongado e indiscriminado». Esto así porque, a consideración del Tribunal, con ello se pone en entredicho la misión esencial del Estado en la obtención y desarrollo de los medios de perfeccionamiento progresivo de las personas bajo su jurisdicción.
La cuestión se relaciona con el artículo 147 constitucional según el cual los servicios públicos, sean prestados por el Estado o por los particulares, «deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia (…) continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.» Esto así, porque las paralizaciones recurrentes no son razonables, ni eficientes, al tiempo que atentan contra la calidad y el carácter continuo con que deben ofrecerse dichos servicios.
La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad pues, según el criterio del TC, «las suspensiones reiteradas de docencia por la huelga convocada por la ADP, seccional Barahona, lesionan gravemente su derecho a la educación y son víctimas de discriminación fáctica en la medida en que los estudiantes de colegios privados disfrutan de programas completos, cursos y exámenes a tiempo, sin ningún tipo de interrupción.»
(CNN Radio Argentina) — Martín Nistal, coordinador de Investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación y autor del informe ‘Financiamiento Educativo Provincial’, conversó este martes con CNN Radio sobre los gastos en educación que hacen las provincias argentinas.
En contacto con Regreso CNN de Federico Seeber, Nistal señaló que “en educación, 3 de cada 4 pesos lo ponen las provincias y 1 de cada 4 pesos lo pone Nación. Muchas veces la discusión está centrada en qué hace Nación con educación, pero vale la pena revisar qué está pasando en las provincias”.
“En 2015, fue la última vez que se cumplió la meta de inversión en educación con un 6%. Todo lo que gastan las provincias, más lo que gasta Nación, tiene que ser igual al 6% del PBI. El problema es que nadie sabe cuánto tiene que gastar cada provincia. Esto suena un poco raro porque si nadie sabe cuánto tiene que invertir, cómo vas a llegar a ese porcentaje”, explicó.
El informe destaca que entre 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. El autor de este informe, precisó que «Mendoza y CABA son los lugares donde más hubo reducción y las que más aumentaron fueron Salta y Neuquén».
«Desde las provincias, dicen que hubo cambios en los presupuestos. De las cosas que se hacía cargo Nación y se las pasó a las provincias, hizo que se reduzca la participación de educación en los presupuestos», detalló Nistal.
«Los presupuesto están condicionados por los salarios», remarcó el coordinador. En este sentido, el informe indica que todas las jurisdicciones dedican más del 65% de su inversión educativa al pago de salarios.
Cuatro mujeres lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito una maestría en gerencia y práctica del desarrollo junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico. Ellas esperan regresar a sus comunidades para compartir sus nuevos conocimientos.
Yohaysa Perea Rentería, Yenilsen Alomía, Vivían Abadía y Leidy Ortega son mujeres afrodescendientes de los municipios de López de Micay, Cauca; Nuquí, Chocó; Tumaco, Nariño y Florencia, Caquetá, que lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito la maestría gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes, junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico.
Estas cuatro historias tienen algo en común: están atravesadas por el liderazgo, el territorio y la esperanza de una vida digna para sus comunidades. Estas son sus historias de disciplina y también de valentía.
De López de Micay a los Andes, un viaje de ida y vuelta para Yenilsen
Para llegar de López de Micay, un municipio caucano de la costa del Pacífico, a Bogotá hay que hacer un recorrido que puede tardar dos o tres días. Primero, una travesía por mar hasta el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, cuya duración depende de las condiciones marítimas. Del puerto a Cali, por tierra, otras seis horas, si no hay bloqueos o derrumbes. De Cali a Bogotá, normalmente unas 10 horas.
Yenilsen Alomía es una trabajadora social y líder de López de Micay, en el Cauca. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Ese fue el recorrido que hizo durante varios meses Yenilsen Alomía Riascos, una trabajadora social, para llegar a sus clases en la maestría de la Universidad de los Andes y que busca potenciar el liderazgo en las regiones para que quienes la cursen se conviertan en gerentes de cambios efectivos.
Un sueñohecho realidad gracias al Fondo Potencia Pacífico de la Corporación Manos Visibles y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Yenilsen ha vivido y desarrollado sus actividades profesionales en López de Micay, una tierra que, pese a tener grandes riquezas naturales, no cuenta con oportunidades laborales. Especialmente, las mujeres y los jóvenes no encuentran en qué laborar después de terminar sus estudios de secundaria.
“Es un territorio con una riqueza inmensa en biodiversidad, pero también tiene esas problemáticas que afectan las condiciones de vida, especialmente de los jóvenes, que no pueden acceder a educación de calidad o a empleos dignos. Y, en el caso de las mujeres, vivimos de la agricultura y lo que buscamos es la formación de emprendimientos que nos permitan cerrar esas brechas de desigualdad de género que nos han acosado históricamente”, asegura.
Es que Yenilsen, contra el destino al que parecía condenada, pudo estudiar trabajo social en la Universidad del Cauca, y no dudó en regresó a su pueblo para trabajar en diversas iniciativas, especialmente enfocadas en las mujeres de su comunidad con el fin de evitar violencias, desempleo, deserción escolar y también consolidar la educación como alternativa para alejarse de la pobreza.
“La maestría me permitirá, como profesional, ser una gerente con mayor capacidad de toma de decisiones y de incidencia en esas apuestas que se dan en los territorios, especialmente las que se enfocan en educación y emprendimiento de las mujeres”, dice Yenilsen.
Nuquí, el paraíso en donde las mujeres apuestan por la sostenibilidad ambiental
Vivian Abadía es ingeniera ambiental. Nació en Nuquí, estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó y se postuló a la maestría de la Universidad de los Andes.
“Deseo continuar empoderando a mi comunidad, en función de la sostenibilidad, como una herramienta de desarrollo. Promoviendo espacios de formación y capacitación. Además de impulsar el relevo a espacios de poder y decisión para generar las transformaciones que requerimos como Pacífico y cómo Chocó a partir de políticas públicas efectivas” dice.
Vivian Abadía estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó y se postuló a la maestría de la Universidad de los Andes. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Y tras la posibilidad de especializarse en una universidad llegó un sueño. Se llama Corpropacífico y busca poner “las bases para que el Chocó sea un territorio autónomo y ambientalmente sostenible. Nuestro enfoque es el ser humano como sujeto y tomador de decisiones respetuosas con el medio ambiente y sostenible para las presentes y futuras generaciones”.
Ahora, con su título ya listo y con las experiencias y aprendizajes desarrollados a lo largo de esta formación, Vivian ve así el futuro: “Soy una convencida de que, como departamento, podemos trascender al resto del Pacífico de manera positiva, pero primero debemos trabajar en nuestros impactos y transformaciones internas”.
Cacao, una vía al emprendimiento en Tumaco
Para llegar a la sede de la Asociación de Productores de Cacao, Asprocat, hay que salir de San Andrés de Tumaco, recorrer más de 20 kilómetros por la vía a Pasto y en la vereda Inguapí, a un lado del camino, está la entrada a este centro de producción cacaotera, uno de los más importantes de la región y desde donde sale a los mercados internacionales y nacionales el mejor cacao de Tumaco.
Leidy Fernanda Ortega es profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en proyectos de desarrollo. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Por eso, para Leidy Fernanda Ortega es tan importante hacer parte de esta asociación, a través de la cual se pudo postular a la misma maestría de la Universidad de Los Andes como gestora y a la que espera poder retornar con creces los conocimientos adquiridos.
Ella es una profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en proyectos de desarrollo y actualmente se desempeña como orientadora productiva de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en Nariño.
En la Amazonía, las mujeres tienen su propia red para impulsarse
Malinké y Harambeé son las palabras que guían la senda de Frema, la Fundación Red de Mujeres Afroamazónicas, una organización que trabaja por la reivindicación y promoción de los derechos humanos, sociales, territoriales, económicos, culturales, ambientales y políticos de las comunidades.
Estas palabras de origen africano, que significan Casa Cultural y Hagámoslo Juntos, son las líneas de acción de esta organización que dirige Yohaysa Perea Rentería, una madre cabeza de hogar y una convencida del poder transformador de la educación y la comunicación. “Soy amante y defensora de las tradiciones ancestrales de las comunidades étnicas, en particular las que vivimos el proceso de la diáspora y habitamos en territorios amazónicos”, dice esta comunicadora social y especialista en TIC de la educación que acaba de terminar la maestría gerencia y práctica del desarrollo.
Yohaysa Perea Rentería es comunicadora social y especialista en TIC de la educación. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Para ella, la mejor manera de llevar las experiencias de esta maestría adquiridas en las aulas es compartir los conocimientos. “Estos se comparten a través del diálogo, los diferentes espacios que tenemos de encuentro y sobre todos los talleres que hacemos para el intercambio de saberes y la visibilidad de los aportes de las comunidades negras en esta zona del suroriente del país”, asegura la nueva magister.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega.
El régimen de Nicaragua canceló este 24 de abril la personalidad jurídica de otras tres universidades registradas como asociaciones, por presuntas irregularidades administrativas, y que se suman así a las cinco disueltas desde que comenzó el año.
Las afectadas esta vez son la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), informó el diario La Prensa.
Según el comunicado publicado en La Gaceta, diario oficial del Gobierno, entre otras razones, el Ejecutivo liderado por Daniel Ortega defendió que las asociaciones “no cuentan con la metodología curricular” ni la “infraestructura necesaria” o que la universidad está “falseando información”, entre otras.
El Gobierno, utilizando la misma medida, ya retiró la personalidad jurídica a otras dos universidades el pasado 14 de marzo. Foto: Getty Images. – Foto: Bloomberg via Getty Images
El Gobierno, utilizando la misma medida, ya retiró la personalidad jurídica a otras dos universidades el pasado 14 de marzo: la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), también registradas como asociaciones.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva de las autoridades, que se suma a los cierres de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Nicaragua y Rusia
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió la semana pasada en Nicaragua con Daniel Ortega, en un encuentro que se enmarca en la visita del ruso a varios países latinoamericanos esta semana.
Tras aterrizar en Nicaragua, Lavrov se reunió con su homólogo en el país, el ministro Denis Moncada, a quien calificó de “compañero y amigo” e invitó a visitar Rusia, como ya ha hecho con los ministros de Brasil y Venezuela durante su visita a estos países en los días previos.
“Deseo la paz, la prosperidad, el bienestar y la estabilidad para todos nuestros amigos nicaragüenses, y estoy convencido de que el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales ayudarán a conseguirlo”, afirmó el ruso durante una rueda de prensa posterior al encuentro con Moncada, según recoge la agencia Tass.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reúne con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en el centro de convenciones Olof Palme en Managua, Nicaragua, el 19 de abril de 2023. (Foto de Handout / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA / AFP) – Foto: AFP
Durante esta rueda de prensa también informaron del hermanamiento entre la ciudad nicaragüense de Granada y la rusa Yalta, como símbolo de estas relaciones reforzadas, recordando que Rusia planea organizar una conferencia interparlamentaria entre Latinoamérica y Rusia, a la que Nicaragua ha confirmado su asistencia y participación.
Más tarde, Lavrov sostuvo una reunión con el mandatario nicaragüense, este último aprovechó para criticar las sanciones estadounidenses sobre su país: “Ya tenemos centenares de compañeros funcionarios sancionados, pero ya eso no provoca ningún temor ni ninguna preocupación a los compañeros sancionados”.
Lavrov sostuvo una reunión con el mandatario nicaragüense, este último aprovechó para criticar las sanciones estadounidenses sobre su país. – Foto: Getty Images / simon2579
En respuesta, en declaraciones recogidas por el diario nicaragüense La Prensa, Lavrov afirmó que “Rusia piensa que eso (las sanciones) es un reconocimiento de los avances en la protección de los intereses del pueblo”.
La próxima parada de Lavrov en su gira latinoamericana era Cuba, a donde viajó en la noche del miércoles al jueves y desde donde volvió el pasado viernes a Rusia.
“Una atrocidad”
Luis Ojeda no olvida la “atrocidad” vista durante las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, que dejaron cientos de muertes. Como él, decenas de nicaragüenses exiliados se reunieron en San José la semana pasada para honrar a los fallecidos cinco años después.
Los nicaragüenses que viven en Costa Rica realizan una manifestación para conmemorar el Día Nacional de la Paz de Nicaragua y para protestar contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega en San José, Costa Rica, el 19 de abril de 2023. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) – Foto: AFP
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. Las protestas fueron violentamente reprimidas con un saldo de más de 350 muertos, según la ONU.
“Esto para nosotros es algo que reivindica nuestra lucha (…), que nos hace tener memoria de aquello que sucedió en el 2018, de aquello que ha sido una atrocidad para todos los nicaragüenses”, afirmó a la AFP Ojeda, de 28 años, exiliado desde hace cinco años en Costa Rica.
De acuerdo con Daniel Esponda, secretario de Educación, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.
Tegucigalpa, Honduras – Este lunes la Dirección Departamental de Educación en Tegucigalpa, amaneció tomada por docentes, padres y madres de familia del Centro Básico Manuel Bonilla, de la comunidad de Azacualpa, Distrito Central, como una medida de presión para que les asignaran un docente, una solicitud que venían haciendo desde que inició el año lectivo.
Luego de esta protesta –la segunda en lo que van del año– la Departamental les asignó una docente hasta noviembre, mes en el que concluye el año escolar, esto significa que de no reverse el problema de la estructura docente, el siguiente año este problema continuará.
El centro educativo está a 17 kilómetros al Suroriente de la capital de Honduras, y con un poco de dificultad por la distancia –pero más por el mal estado de la carretera—, los cuatro decentes asignados llegan a impartir las clases a los niños y niñas.
La comunidad educativa de la Aldea Aguacate, donde esta ubicado el Centro Básico Manuel Bonilla, se han presentado a las instalaciones de la Departamental en Tegucigalpa, para denunciar el robo de estructuras docentes.
Mariluz Zepeda, directora CEB Manuel Bonilla. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
De acuerdo con la directora, Mariluz Zepeda, los docentes se han distribuido la carga académica para poder atender a los 139 estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, los estudiantes más afectados han sido los de tercero y cuarto grado, en primer lugar, y el resto de los estudiantes debido a que los docentes no los pueden atender al cien por ciento.
Por su parte, Fanny Valladares, madre de familia –que está al pie de la lucha para el nombramiento del docente faltante—, comentó a Criterio.hn, que en la Departamental les informaron, en relación a la estructura docente que se extravió, “ya no se puede hacer nada, porque se hizo una transferencia a otro centro educativo”.
Sin embargo, con la asignación de la docente para el tercer ciclo los estudiantes de tercer y cuarto grado ya podrán recibir sus clases con normalidad, ya que la maestra asignada para estos grados estaba atendiendo a los estudiantes de secundaria. la ´preocupación de los padres y madres era que los niños corrían el riesgo de perder el año escolar”. Esta situación seria una completa violación al derecho humano a la educación de niños y niñas, que además urgen de una escuela en optimas condiciones.
El centro Básico Manuel Bonilla, además de docentes, necesita reparación de conexiones eléctricas, mobiliario, reconstrucción de un puente de acceso al Jardín de niños Emanuel, dotación de material didáctico, pizarras nuevas, e iluminación en sus aulas.
Esta problemática, según de acuerdo con un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (AASJ), en el 2023 está afectandoha afectado al 25 % de los centros educativos del país..
FALTA DE DOCENTES: PROBLEMA DE PERCEPCIÓN
Desde que iniciaron las clases este 2023, ante la falta de docentes los padres, madres, estudiantes y docentes se han visto obligados a tomarse los centros educativos como una medida de presión para ser escuchados por las autoridades educativas.
Daniel Esponda, secretario de Educación. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Según, dijo a Criterio.hn, el ministro de Educación, Daniel Esponda, esta situación es “un problema de percepción”, ya que, de los más de 23 mil 600 centros educativos, en la Secretaría de Educación “el número de escuelas que nosotros hemos tenido reportes en lo va del año hasta la fecha son menos de 100, eso significa que es menos del 0.00 10%”, sien embargo el problema sigue latente y la más afectada es la niñez hondureña.
De acuerdo con Esponda, han atendido todos los reclamos que han recibido, “debemos señalar que unos son correctos, en algunos centros educativos hacen falta docentes”, reconoció.
Esponda, justificó que la falta de docentes se debe a que “El sistema educativo hondureño opera con las mismas plazas que dejó el presidente Zelaya, es decir tenemos los mismos docentes de hace 14 años y la población estudiantil en nuestra región ha crecido”.
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DENUNCIAS
El concurso docente que inició en 2022 y que se encuentra en etapa de audiencias públicas, pese a esta medida ha sido fuertemente cuestionado y criticado, de acuerdo con docente ya que denuncian que se continúan nombrando docentes de dedo.
Los mas afectados con la falta de docentes en los centros educativos son los niños y niñas. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
El viceministro de Educación, Edwin Hernández, en entrevista con Criterio.hn señaló “la asignación de plazas –salvo en algunos departamentos en donde ha habido una falta de agilización de parte de las autoridades, y eso ha generado problemas—, por lo general en 15 departamentos vamos bien”.
Sin embargo, Dafne Unilia Rodríguez, docente y fiscal de la junta directiva central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), indicó que este colegio magisterial ha recibido denuncias. “hay profesores que mencionan que se están violentando algunas disposiciones para el nombramiento de profesores”.
Además, Rodríguez mencionó que los docentes afiliados a este colegio magisterial han denunciado que a docentes nuevos –recién nombrados— se les han completado sus horas clase, dejando de lado a los maestros con antigüedad.
Otra de las problemáticas, que enfrentan los centros educativos es la perdida de estructuras docentes que pertenecían a docentes jubilados o que han fallecido. “Hay denuncias de centros educativos donde no se han llevado maestros y las estructuras se pierden (…) estos movimientos son los que no entendemos por qué los hacen”, manifestó Dafne Rodríguez.
Además, señaló que el docente que ha sido nombrado con una estructura perteneciente a otro centro educativo “no puede entrar en propiedad en esa plaza, este es el problema de los interinos famosos que nunca logran tener una plaza”.
De acuerdo con Daniel Esponda, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que los niños y niñas de los grupos con mayor nivel de exclusión de la cobertura educativa son aquellos que viven en la zona rural, que representa el 48.7%; los que tienen entre 3 y 5 años es decir el 65 % y los adolescentes de entre 12 y 14 años o sea el 55.1 % y los adolescentes de 15 a 17 años el 74.6 %.
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