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La mitad de los distritos argentinos redujeron su inversión educativa

La mitad de los distritos argentinos redujeron su inversión educativa

Inversión educativa. Entre 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. CABA (-8,8 puntos porcentuales) y Mendoza (-7,3 pp) fueron las que más redujeron el financiamiento educativo como porcentaje del gasto total. En el mismo período, Salta (+8,1 pp) y Neuquén (+6,6 pp) fueron las que más incrementaron su esfuerzo presupuestario, al aumentar la proporción de su presupuesto destinado a educación.

Los datos del informe sobre Inversión Educativa

Los datos surgen del informe “Financiamiento educativo provincial”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio (UBA/IIEP), Martín Nistal y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación). Teniendo en cuenta que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo, el documento analiza cómo evolucionó el gasto educativo en las provincias, en qué gastaron y qué esfuerzo presupuestario hicieron entre 2004 y 2021. Todas las cifras se presentan actualizadas a valores constantes de marzo de 2023.

El informe considera el total del gasto educativo, sin importar qué ministerio ejecuta el presupuesto. De acuerdo con ese indicador, en 2021 las dos jurisdicciones que dedicaron mayor proporción de su presupuesto a la educación fueron Buenos Aires (30,8%) y Salta (28,8%). Por otro lado, las que menos presupuesto asignaron con respecto a su presupuesto total fueron CABA (16,7%) y Santa Cruz (17,6%).

“La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional. Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, afirma Javier Curcio, coautor del informe.

Más números de la inversión educativa

Si bien todas las jurisdicciones dedican más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de salarios, ese porcentaje alcanza niveles máximos en Chubut (91%) y Neuquén (86%). En el otro extremo, las que destinan menor proporción del presupuesto educativo a salarios son San Luis (66%), Formosa ​ y CABA (69%).

Entre 2004 y 2021, la provincia que más aumentó el gasto por alumno del sector estatal en el nivel inicial y primario es Salta (174,7%). Santa Cruz (-33,5%) es la jurisdicción donde más cayó este indicador. En el nivel secundario, la provincia que más aumentó su gasto por alumno fue La Pampa (309,7%), mientras que este indicador solo se redujo en la provincia de Chubut (-4,0%) durante el período analizado.

«Cada vez que se habla de inversión educativa se suele mirar al Estado nacional, pero se soslaya que la responsabilidad es de las provincias. El trabajo permite ver a todas y cada una de ellas. Además, muestra distintos períodos y signos políticos. Las caídas en distintas provincias obligan a pensar sobre el rol que tiene la educación en estas, más allá del color político de cada una. Por último, las oscilaciones (y retrocesos) muestran la dificultad de programar y sostener acciones educativas en contextos tan inestables”, reflexiona Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo.

Los problemas comunes

“El informe permite advertir algunos problemas comunes a las diferentes jurisdicciones, como la excesiva participación del componente salarial en los presupuestos educativos”, señala Juan Doberti, docente e investigador de la UBA. Y agrega: “En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país».

«El análisis del objeto del gasto resulta significativo dado que la mayor erogación, por lejos, es el salario docente, seguido en la mayoría de las provincias por las transferencias al sector privado (subsidios a las escuelas de gestión privada). En tanto, es muy notoria la baja proporción de gasto destinada a la inversión en infraestructura (bienes de capital). Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento», explica Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación.

Inversión educativa: Comparar el gasto por alumno

Comparar el gasto por alumno con el salario promedio mensual de la jurisdicción es una manera de tener en cuenta las diferencias en el costo de vida. Según este indicador, en 2021 las provincias que más gastaron en el nivel inicial y primario fueron Tierra del Fuego y La Rioja (el gasto por alumno equivale al 21,4% del salario promedio mensual). En el otro extremo se encuentran San Luis (6,7%) y Santa Cruz (9,2%).

Respecto al nivel secundario, La Rioja (30,9%) es la provincia donde el gasto por alumno estatal en 2021 representa una mayor proporción del salario promedio provincial, seguida de Tierra del Fuego (29,8%). Según este indicador, las jurisdicciones que menos gastaron fueron Santa Cruz (10,9%) y Chubut (9,6%).

 

Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/la-mitad-de-los-distritos-argentinos-redujeron-su-inversion-educativa/

 

 

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Suiza: Robo de datos de cientos de estudiantes y profesores

Robo de datos de cientos de estudiantes y profesores

Un total de 761 personas sufrieron el pirateo de datos personales sensibles durante un ciberataque contra el departamento de educación de la ciudad suiza de Basilea.

El grupo delictivo BianLian pirateó los servidores de la autoridad municipal a través de un correo electrónico malicioso en enero y publicó los datos cuando no se cumplieron las peticiones de rescate.

En la dark web se publicaron archivos con «contenido personal potencialmente sensible», junto con datos no sensibles de otras 372 personas.

Un análisis de la dark web mostró que los datos más sensibles pertenecían a 224 estudiantes, 195 profesores y 342 empleados del departamento de educación.

La web oscura es una parte de Internet alojada en una red cifrada y accesible únicamente a través de herramientas especializadas que proporcionan anonimato.

Basilea es uno de los varios municipios suizos que han sido pirateados por delincuentes en los últimos tiempos.

La Universidad de Zúrich y otras instituciones educativas también sufrieron ciberataques a principios de año.

Otros ataques han afectado a empresas suizas, como el contratista de defensa RUAG o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Fuente de la Información: https://www.swissinfo.ch/spa/robo-de-datos-de-cientos-de-estudiantes-y-profesores-suizos/48541330

 

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Uniforme neutro es ley: CDMX dejará que niñas y niños elijan ir a la escuela con falda o pantalón

Por: El Financiero

 

“Toda niña, niño y adolescente tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad”, destacó la nueva modificación a la Ley de Educación de CDMX sobre el uniforme neutro».

A partir del próximo ciclo escolar, las y los alumnos de educación básica en Ciudad de México podrán elegir si quieren uniformarse de pantalón o de falda para asistir a clases, esto luego de que el Congreso capitalino aprobara reformas a la Ley de Educación de CDMX.

El uniforme neutro fue propuesto por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en marzo de este año a nivel capital, puesto que al inicio del sexenio del presidente López Obrador por el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

¿En qué consiste el uniforme neutro en CDMX?
Básicamente, el uniforme neutro entre niñas y niños en escuelas de educación básica en la capital, va orientado a la decisión de si los estudiantes pueden o quieren usar falda o pantalón, sin importar su género.

Sheinbaum: Nuestra visión significa simplificar y agilizar los trámites para fomentar la inversión y erradicar la corrupción
Sheinbaum: Nuestra visión significa simplificar y agilizar los trámites para fomentar la inversión y erradicar la corrupción
La medida, aunque recientemente retomada, fue propuesta por Esteban Moctezuma, quien fungió como secretario de educación pública durante el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La condición que se planeó desde entonces y que se mantiene en la propuesta actual es que los uniformes neutros se ajusten a los colores, escudos y distintivos de las respectivas escuelas o colegios que determinen su uso en Ciudad de México, previa consulta con autoridades educativas y padres de familia a fin de evitar controversias que eviten el libre uso del uniforme neutro.

Fuente de la información e imagen:  https://www.elfinanciero.com.mx

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Haití y la “ayuda humanitaria” como doctrina de intervención imperialista

Por: Ana Dagorret

 

El último Informe Global sobre la Crisis Alimentaria, publicado en 2023, alerta sobre las posibilidades de una hambruna en Haití, país donde las sucesivas intervenciones extranjeras -para su “normalización”- han consolidado una crisis de carácter estructural.

La crisis humanitaria que vive Haití no es ninguna novedad. Tanto el terremoto de 2010, que dejó más de 200.000 muertos y millones de desplazados, las “intervenciones humanitarias” plagadas de denuncias de abuso sexual y participación en diferentes masacres contra organizaciones barriales, así como las constantes crisis políticas -desde golpes de Estado hasta el asesinato del presidente Jovenel Moïse- han servido de excusa, por parte de los organismos internacionales, de una acción conjunta internacional para “normalizar” el país.

De los 11,4 millones de habitantes que tiene Haití, al menos 5 millones sufren inseguridad alimentaria. A esta situación de miseria generalizada, se le suma la violencia que padece la población frente a las bandas criminales, que controlan gran parte del territorio ante la omisión (o acción) del gobierno de turno.

Sólo en 2023, se cometieron 1.446 asesinatos en el territorio, un promedio de 14 por día. A su vez, se registró 28% más secuestros que en 2022, con un total de 395 hasta la fecha. Estos datos reflejan la situación de violencia sistemática, pese a las sucesivas misiones humanitarias que llegaron al país a instancias de los organismos multilaterales.

Si bien los números son escalofriantes, la solidaridad internacional para con Haití está lejos de ser verdadera. Las sobradas muestras de preocupación y exigencias de una normalización del país se reducen únicamente a pedidos de intervención extranjera, algo que las y los haitianos conocen bien, y que sólo ha servido para empeorar la situación.


Según explican Mamyrah Prosper y Lautaro Rivara en el artículo “El intervencionismo humanitario. Misiones de paz, ONG coloniales y violencia sexual: el caso Haití”, este llamado a la intervención por cuestiones humanitarias “es una de las modalidades, cada vez más dominantes, del cambio de régimen”, cuyo carácter es indirecto y subsidiario.


Bajo el paradigma de “ayuda humanitaria”, tanto las potencias imperialistas como los organismos internacionales por ellas creadas pretenden una recolonización permanente del territorio. El argumento es que tanto el gobierno como la sociedad civil son incapaces de propiciar las condiciones para una normalización a la medida de Occidente, lo cual no sólo deshumaniza a las poblaciones receptoras de dicha ayuda, sino que las entiende incapaces de gestionar por sí mismas los aspectos más elementales de su existencia.

Bajo esta lógica es que, en Haití, se llevan a cabo una serie de intervenciones desde 2004, año en que una crisis política doméstica motivó el despliegue de más de 10.000 soldados de diferentes países, en lo que se denominó como Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). La decisión fue impulsada por la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes, a instancias de Estados Unidos, Canadá y Francia (con fuertes intereses en el territorio), determinaron de forma deliberada que Haití representaba una amenaza a la seguridad internacional.

Si bien la MINUSTAH fue concebida para actuar en el territorio durante seis meses, su presencia se extendió por 13 años, durante los cuales se aplicó una política sistemática de violencia sexual contra la población y se cometieron una serie de masacres con el fin de diezmar a la resistencia y someter a la sociedad civil.

A lo largo de su historia como nación, la violencia sexual en Haití sirvió como forma de generar terror en las personas y su consecuente desplazamiento, algo que permitió a las potencias imperialistas consolidar su dominio sobre territorios ancestrales de las comunidades. A su vez, las masacres en barrios populosos de la zona metropolitana (la más famosa ocurrida en Cité Soleil), atribuidas a los Cascos Azules, tuvieron como fin desmembrar organizaciones sociales y la desmovilización popular para romper los lazos comunitarios. En esos territorios es donde hoy crece el dominio de las bandas criminales y organizaciones armadas.

Estas intervenciones humanitarias contaron también con otro factor: problema de las organizaciones no gubernamentales. Con las ONG, que comenzaron a ganar peso en la década de 1990 con la consolidación del neoliberalismo como política económica, se dio una instrumentalización particular del intervencionismo humanitario. A través de la captación de ayuda internacional, las ONG hicieron de la ayuda humanitaria un mecanismo de intervención para la defensa de los intereses geoestratégicos de los Estados centrales.

En palabras de Rivara y Prosper, “en el caso haitiano, los cuantiosos flujos de cooperación internacional ayudaron a inhibir aún más el deficitario accionar estatal, privatizando y fragmentando la oferta de servicios públicos en materia sanitaria, educativa, productiva y habitacional”.

La narrativa de la ayuda humanitaria sirvió durante años para Haití y, con el tiempo -y su éxito en la opinión pública debido al abordaje que de ella se hace en los medios hegemónicos-, otros países como Venezuela y Cuba fueron objeto de pedidos de intervención humanitaria, cuyo fin último es forzar el cambio de régimen en favor de los intereses del imperialismo.

La situación de Haití, con la violencia social y la extrema pobreza como características estructurales, es consecuencia directa de la lógica intervencionista humanitaria. No se trata de “normalizar” el país para imponer allí una democracia que responda a los intereses de Occidente, sino de una estrategia sostenida y sistemática de recolonización, la cual comienza a vislumbrarse como una nueva forma de intervención en los países donde el imperialismo pretende mantener su influencia.

Foto de portada: Andrés Martínez Casares – Reuters

Fuente de la información e imagen:  La Tinta

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Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador

Por: Ñaní Pinto

 

La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.

Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.

Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora más clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.

Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.

Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.

Cabe resaltar que la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.

Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.

Persecución

El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.

Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.

El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.

Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.

“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.

Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.

Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.

A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Reapertura minera

Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.

La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.

Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.

Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.

Fuente de la información e imagen:  Avispa Midia

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Repudia CNTE el oportunismo de los “líderes charros” del SNTE

La CNTE también expresó su repudio por el doble discurso de los líderes charros del SNTE a quienes no reconocen como los defensores de los trabajadores de la educación.

La Sección 22 del Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), repudió el oportunismo de los “líderes charros” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quienes se atribuyeron la cancelación de la iniciativa para la integración de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB) al Instituto Nacional de Pueblos indígenas (INPI).

En un comunicado, la Seccional de Oaxaca recordó que fue gracias a la fuerza, organización y disciplina del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) que logró cancelar la citada iniciativa luego de que la Comisión Política, Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel, representantes de la DGEPOO y el jurídico de la Sección XXII defendieran en la mesa con la Secretaría de Gobernación, SEP, Gobierno del Estado de Oaxaca, IEEPO y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el derecho a la educación de los pueblos originarios.

Refirió que tras intensas horas de negociación y con el respaldo del 20 por ciento de la membresía sindical, así como el arribo masivo del Nivel de los Pueblos Originarios de Oaxaca a la ciudad de México, sus representantes sindicales cumplieron con el mandato de hacer valer la fuerza histórica de lucha en defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.

Así también señaló que a la par de las negociaciones en la Cuidad de México, en Oaxaca se realizó un paro de 24 horas, en donde agremiados de la Sección 22 bloqueó los accesos al Aeropuerto oaxaqueño, atendiendo con ello a su principio táctico de lucha: “movilización- negociación-movilización”.

Por tal motivo, este Movimiento Democrático, referente nacional e internacional de lucha, rechaza el oportunismo de los charros del SNTE al atribuirse un logro de nuestras bases democráticas al declarar que por intervención del charro mayor Alfonso Cepeda Salas lograron echar abajo dicha iniciativa.

En tanto expresó su repudio por el doble discurso de los líderes charros del SNTE a quienes no reconocen como los defensores de los trabajadores de la educación “puesto que han sido aliados y cómplices de gobiernos, reformas, procesos y medidas de persecución a líderes de la CNTE, principalmente de la Sección XXII con retención de salarios, saqueo de nuestras cuotas sindicales, encarcelamientos y asesinatos de maestros“.

Por último, la Seccional de Oaxaca exhortó a sus bases a mantener la unidad, organización y disciplina “para defender la educación pública, los derechos laborales y de nuestros pueblos logrará respuestas a las demandas legítimas de nuestro movimiento, por ello, hacemos un llamado a la unidad frente al oportunismo del charrismo sindical“.

Fuente de la información:  https://profelandia.com

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El Caracol, Una Escuela De Guerreros Para Sobrevivir Las Calles

Por: Karla Guerrero, reportera; Carlos Acuña, mentoría / Corriente Alterna

El Caracol A. C. es una organización que brinda acompañamiento y atención a las poblaciones callejeras. Con casi tres décadas de trayectoria, se trata de una de las asociaciones con mayor presencia y trabajo en la capital.

Luis Enrique Hernández recuerda bien el aroma penetrante de la loción que usaba aquel hombre calvo y de bigote; el saco gris, la corbata, las cadenas y alhajas colgando de su cuello.

—¿Cuánto dinero quieres para quitar a esos chavos de esta zona? —le preguntó—. ¿Qué quieres para ti? ¿Una camioneta? ¿Unas casas de campaña?

Han pasado más de siete años. Hernández ya era, entonces, director de El Caracol, una asociación civil que desde 1994 brinda acompañamiento a niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y personas con discapacidad que habitan en la calle.

Luis Enrique estaba distraído en las oficinas de la asociación, ubicadas a unas cinco cuadras de la estación del Metro Fray Servando de la Ciudad de México. Minutos antes preparaba materiales que debía presentar en unos días. Había sido invitado a España para explicar el trabajo que hacía El Caracol A. C., como parte de la Red Internacional de Trabajo de Calle Dynamo Internacional.

—Ese día había 45 personas en el comedor—recuerda—. Estaba lleno: educadoras, educadores, gente que vino a comer.  Cuando viene la población callejera es un escándalo, como una fiesta.

Ante la insistencia del sujeto misterioso, luego de explicar las actividades y objetivos de la organización, Luis Enrique le pidió que regresara en tres semanas, después de su viaje. Le invitó a buscar otro tipo de soluciones.

—En tres semanas te busco—respondió el hombre de saco gris—. Nada más te digo una cosa: no te arriesgues a que esos muchachitos amanezcan muertos.

Sólo entonces comprendió que habían ido a amenazarlo.

—Ahí sí sentí frío, frío, frío, frío. Salí atrás de él, tenía un coche Lincoln estacionado. Yo regresé pálido con la gente. “¿Vieron al señor que acaba de salir?”, “¿Cuál señor?”, me dijeron.

En medio de la fiesta, nadie lo había visto entrar ni salir. Afortunadamente, por puro instinto, Luis Enrique había grabado toda la conversación.

UN COLECTIVO INCÓMODO

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2022, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) identificó mil 108 personas viviendo en las calles de la capital en 2019. Un año después, la cifra llegó a mil 226 y en 2021 bajó a menos de mil. Las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza concentran a la mayoría de la población callejera.

Luis Enrique Hernández, el actual director de El Caracol A. C.
Luis Enrique Hernández, el actual director de El Caracol A.C. / Foto: Eunice Adorno

Pero en El Caracol A. C. dudan de estos números.

“Para contar a la población de calle hay metodologías específicas que este gobierno no quiere implementar”, cuenta Luis Enrique, y explica que un censo de esta naturaleza debería levantarse en un sólo día, con un equipo numeroso y mediante el apoyo de alcaldías, hospitales, cárceles y albergues.

Hablar de población callejera en México implica hablar del trabajo de El Caracol. La organización ha brindado acompañamiento a esta población en la capital del país desde hace casi 30 años. Su objetivo es generar procesos que le permitan a las personas sin casa reconocerse como ciudadanos e incidir en las políticas públicas que les permitan acceder a sus derechos.

Entre las actividades que realizan destaca el acompañamiento para que, quienes duermen en las calles, puedan tramitar sus registros de identidad: acta de nacimiento, credencial del INE, comprobantes de domicilio, etcétera. Pero, también, documentan violaciones a derechos humanos y asesoran para interponer las denuncias correspondientes.

Su base es la educación. Talleres y campañas para promover la participación y el trabajo directo con la población callejera, además de recuperar información para crear  diagnósticos rápidos sobre salud, identidad, violencia, salud sexual, consumo de substancias y otros temas.

Además, El Caracol A. C. realiza el conteo anual de muertes de población callejera (en 2022 registraron 87 en la Ciudad de México). A su metodología, que han perfeccionado a lo largo de los años, la han llamado: “Chiras Pelas Calacas Flacas”. A partir del juego de canicas los educadores crean espacios de confianza para que la población callejera pueda compartir recuerdos de sus compañeras y compañeros fallecidos durante el año.

El Caracol crea espacios de confianza para que la población callejera comparta recuerdos de sus compañeras y compañeros fallecidos durante el año
El Caracol A.C. crea espacios de confianza para que la población callejera comparta recuerdos de sus compañeras y compañeros fallecidos durante el año. / Foto: Archivo El Caracol

Toda esta labor les ha valido varios reconocimientos. En 2021, por ejemplo, recibieron el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad, otorgado en España.

Pero su trabajo no siempre es bienvenido.

—Cuando tú defiendes derechos te enfrentas al Estado, porque esas estructuras son las que les discriminan y criminalizan —explica Luis Enrique—. No les gustamos, no nos dan recursos, no nos nombran, no nos toman en cuenta para decisiones de política pública. Somos incómodos.

“PINCHE BUÑUEL, ERA UN GENIO”

A sus 53 años, por momentos, Hernández parece todavía un niño. Hay ternura en sus gestos, en las palabras que usa para narrar su propia historia.

Era domingo en Ciudad Nezahualcóyotl y él estaba sentado junto a su familia. La abuela ya había encendido la hornilla y, como cada semana, Enrique sintonizó el Canal 2 para esperar a que iniciara Siempre en Domingo. No obstante, antes de iniciar el programa musical que Raúl Velasco condujo por casi 30 años en la televisión mexicana, en la pantalla apareció una película que le cambiaría la vida a Luis Enrique: Los Olvidados cinta de Luis Buñuel realizada en 1950.

—Esta imagen del Jaibo caminando sobre Eje Central, herido, un adolescente que acaba de salir de la correccional… es emblemática —dice ahora—. La película comienza con un texto que habla de la Ciudad de México como una ciudad moderna, cosmopolita, donde encontraremos siempre niños y jóvenes vagabundos. Y advierte que esto no cambiará hasta que el Estado reconozca su obligación de atender los derechos de estas personas. ¡Pinche Buñuel, era un genio! Él no criminalizó a esta población. O sea, tenía claro que era un tema de derechos.

Luis Enrique, director de El Caracol, insiste en que el término menos estigmatizante es “poblaciones callejeras”, antes que “población en situación de calle".
Luis Enrique insiste en que el término menos estigmatizante es “poblaciones callejeras”, antes que “población en situación de calle”. / Foto: Eunice Adorno

Con el tiempo, Luis Enrique conocería los estudios de Silvia Arrow, quien documentó cómo se criminalizaba a la vagancia en los años posteriores a la Revolución Mexicana, al grado de instaurar un Tribunal de Vagos. Luis Enrique también se enamoraría de la figura de Diógenes, el filósofo griego que renunció a los bienes terrenales para vivir en la calle, filosofando.

—Diógenes decía que un principio para encontrar el sentido de la vida era no tener nada. La película Nazarín, también de Buñuel, sigue el mismo principio. Siempre vamos a encontrar estos personajes en la historia y los adjetivos que les ponemos son “vagos, malvivientes, vagabundos, indigentes, pobres, viciosos, limosneros, pordioseros”.

El Caracol A. C. insiste en que el término menos estigmatizante para referirse a estas personas es “poblaciones callejeras”, antes que “población en situación de calle”. El primer término reconoce el carácter activo de la diversidad de personas que sobreviven en las calles, pues han generado una cultura y un sentimiento de pertenencia.

Luis Enrique no para de mencionar otras películas, documentos y artículos académicos que abordan el tema. Pero Los Olvidados fue el primer chispazo que lo llevó a convertirse en quien es hoy. Después de ver esa película solía soñar con el superpoder de lanzar rayos por los ojos para defender a los demás.

EL CARACOL A. C., UNA ESCUELA DE GUERREROS

Es necesario cazar las sombras: los rayos de sol son insoportables. Es martes.  Faltan veinte minutos para las cuatro de la tarde y en la Plaza de la Concepción, en el Centro Histórico, la gente duerme o platica en los rincones.

Elizabeth Valencia y Yahel Wagner, ataviadas con un chaleco rojo, cargan mesas y sillas plegables. Las colocan frente a un edificio viejo. Se alcanza a ver una mano diminuta salir de una ventana, agitándose: alguien se alegra de verlas.

Con motivo del Día Internacional de la Familia se les pregunta a las niñas y niños: “¿qué es la familia?”
Con motivo del Día Internacional de la Familia se les pregunta a las niñas y niños: “¿qué es la familia?”.  / Foto: Karla Guerrero

En menos de un minuto aparecen dos niños y una niña. Los tres son hermanos. Esta es La Escuela de las Mariposas: un proyecto de El Caracol que busca generar espacios de aprendizaje para las y los niños que habitan las calles o que provienen de ellas. No es el único; con programas como Chamany: salud física y mental para niñas, niños y adolescentes, brindan acceso a diagnósticos y prácticas de prevención.

Les niñes se sientan alrededor de la mesa. Un hombre, visiblemente intoxicado, se acerca.  Una de las chavas le ofrece preservativos y le pide respetar la actividad. Nadie se incomoda.

Los colores se despliegan sobre la mesa. Con motivo del Día Internacional de la Familia se les pregunta a las niñas y niños que se van acercando “¿qué es la familia?”.  “Amor, cuidado, unión…”.

La actividad es sencilla, pero genera un momento de euforia en torno a lo que significan para ellos sus familiares más cercanos.

—¿Cuándo volverán?

—¿Nos vemos la próxima semana?

El caracol es un animal que carga su casa a cuestas. Como muchas de las personas que viven cargando costales o diablitos para dormir en alguna jardinera o en alguna banqueta solitaria. Para Luis Enrique Hernández, el caracol también simboliza el juego. La forma en espiral del caparazón le hace pensar en el movimiento, pero también en el instrumento con el cual Quetzalcóatl, mediante su soplo divino, invocaba a los guerreros.

—El Caracol es eso —insiste—: una escuela de guerreros, de gente que lucha por su vida.

POLÍTICAS DE “LIMPIEZA SOCIAL”

Luis Enrique se unió a El Caracol poco después de que Juan Martín Pérez,  hoy director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, fundara la asociación. Lo atrajo la posibilidad de colaborar con gente con quien compartiera gustos por películas como Perro Callejero (1980, protagonizada por Valentín Trujillo) y trovadores como Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Por aquellos años, las instituciones sólo brindaban atención a la población de calle mayor de 18 años y él creía que los niños y jóvenes también merecían ayuda.

Con el tiempo, El Caracol A. C. se convirtió en una de las organizaciones con mayor presencia en la capital. Su trabajo incluye el diálogo con entidades de gobierno e instancias internacionales para impulsar una agenda que promueva y garantice los derechos de las poblaciones callejeras. Han logrado que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emita siete recomendaciones en casos de discriminación, trata de personas, retiros forzados, deficiencia en servicios de salud, criminalización y nula eficacia ante la búsqueda de personas desaparecidas.

El Caracol A. C.: "Hay que reconocer que en la calle se va desarrollando un sentido de vida, aunque no nos guste".
El Caracol A. C.: “Hay que reconocer que en la calle se va desarrollando un sentido de vida, aunque no nos guste”. / Foto: Archivo El Caracol

En 2012 estuvieron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar documentación en torno a 12 políticas públicas y programas gubernamentales de distintas ciudades de México con las cuales se promovía la “limpieza social” y la violencia institucional hacia los habitantes de la calle.

—La política pública no cambia, los niveles de pobreza en el país no cambian —se lamenta Luis Enrique—. Hay que reconocer que en la calle se va desarrollando un sentido de vida, aunque no nos guste. Hay un lenguaje y una serie de valores que les permiten sobrevivir, crear afectos, cariños y toda una identidad asociada al lugar donde estás. Ellos están arraigados a un territorio y, aunque la policía los violenta y los corre, ellos siempre regresan.

LA ÉTICA DEL CUIDADO EN EL CARACOL A. C.

El Caracol se precia de haber calificado a su equipo en estrategias de seguridad y de cuidado. Pero no fue hasta la pandemia de covid-19 cuando entendieron, a cabalidad, lo que esto significaba. En medio de la crisis sanitaria El Caracol asumió la misión de llevar información útil, además de insumos de prevención, a más de dos mil personas en las calles y brindar apoyo alimenticios a unas 50 familias.

Otros colectivos dedicados a atender poblaciones callejeras perdieron integrantes debido al contagio y, por eso, las brigadas de El Caracol eran las más visibles en aquellos días: ataviados con trajes sanitarios de color rojo que les protegían de cuerpo entero, los integrantes de El Caracol recorrían la ciudad documentando las agresiones contra la población de calle que, ante la emergencia sanitaria, se agudizaban.

Pero el riesgo de contagio era sólo uno de tantos.

—En la pandemia comenzábamos a las diez de la mañana y comíamos a la diez de la noche, porque no podíamos comer en la calle.Yo no me daba cuenta de los impactos emocionales que vivíamos todos.

A lo largo de su historia El Caracol ha recibido más de una amenaza y atravesado distintos incidentes que han puesto en riesgo su seguridad. Desde notas periodísticas que acusan a sus integrantes de hacer mal uso de los recursos que percibe la organización hasta personas que se instalan afuera de sus oficinas para tomar fotografías.

Este tipo de incidentes les ha hecho entender la complejidad de la calle y los distintos actores e intereses que se disputan el espacio.

Actualmente, más de un integrante de la organización asiste a terapia y recibe tratamiento psiquiátrico
Actualmente,  más de un integrante de El Caracol A. C. asiste a terapia y recibe tratamiento psiquiátrico. / Foto: Eunice Adorno

Por eso, hoy El Caracol cuenta con protección gubernamental. En un principio, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Después, con el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Pero, luego de tres décadas de trabajo, Luis Enrique ha entendido que el peligro puede estar en todos lados.

—Estamos atendiendo casos de personas donde la esperanza de vida es corta —explica—, donde las violencias son brutales, donde las niñas y niños cuentan con pocas expectativas de futuro. El equipo vive una altisisisisisísima frustración. Hemos encontrado una organización que nos ha brindado contención y ha valorado nuestro trabajo: ha sido muy bonito sentir que alguien más nos valora y nos quiere. Que nos cuida.

Actualmente,  más de un integrante de El Caracol asiste a terapia y recibe tratamiento psiquiátrico por parte de Aluna Acompañamiento Psicosocial A. C., una organización compuesta por profesionales de la salud mental y derechos humanos que acompañan a otros colectivos y personas en contextos de violencia sociopolítica. Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, hoy sabe que cuidar a los otros también puede enfermar, que no puede sobrepasar sus capacidades ni la de sus colaboradores; que, para cuidar a los otros, primero necesita cuidarse a sí mismo.

—Una vez la psicóloga me preguntó: “¿Tú qué le dirías a Quique de ocho años?”. Cuando era niño todo era adversidad. Me decían que nunca iba a estudiar, me decían que por el sobrepeso nunca iba a poder hacer nada, me decían que no iba a poder. Yo no estoy esperando que mi nombre sea escrito en letras de oro, yo sólo quiero estar tranquilo con lo que hice bien. Con eso.

Fuente de la información e imagen:  https://corrientealterna.unam.mx

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