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La HB 658 de Ohio, que se aplica a todo el personal de la escuela, así como a los empleados de las agencias públicas de servicios para niños, también prohibiría la distribución de «materiales educativos» sobre la identidad de género sin el consentimiento expreso de los padres. El proyecto de ley también estipula que la negativa de los padres a permitir el tratamiento de la disforia de género no puede utilizarse como motivo para la eliminación de la custodia.

Particularmente controvertido es el mandato del proyecto de ley que los empleados de la escuela y la agencia «notifiquen inmediatamente» a los padres de cualquier niño que haya «exhibido síntomas de disforia de género o demuestre un deseo de ser tratado de manera opuesta al sexo biológico del niño».

No solo los estudiantes que son abiertamente trans, sino cualquier estudiante cuya expresión de género no se ajuste a las estrechas expectativas de la sociedad podría estar en riesgo.

Una declaración pública de Equality Ohio , una organización de defensa LGBTQ, cuestionó las implicaciones del proyecto de ley:

¿Quién es el juez de qué género se le permite hacer qué? Si Jane se inscribe en la clase de taller, ¿recibirán sus padres una carta del gobierno? Si Jordan no quiere jugar al fútbol, ​​¿sus padres reciben una carta? ¿Qué pasa si Alex quiere asistir a una reunión del grupo de estudiantes LGBTQ? ¿Envía la escuela un correo electrónico a los padres de Alex? ¿Qué estereotipos se espera que cumplan?

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Los representantes del estado republicano Tom Brinkman y Paul Zeltwanger presentaron el proyecto de ley 658 en mayo en respuesta a un caso de Cincinnati en el que un juez otorgó la custodia de un adolescente transgénero a sus abuelos, debido a la negativa de sus padres a permitirle someterse a terapia hormonal. El adolescente había reportado sentirse inseguro en su hogar y ser forzado a sentarse y escuchar pasajes de la Biblia por horas.

La decisión del juez Sylvia Hendon se basó en gran medida en los testimonios de los médicos del Hospital Médico Infantil de Cincinnati, quienes aconsejaron que la terapia hormonal comience tan pronto como sea posible para reducir el riesgo de suicidio del adolescente.

Brinkman y Zeltwanger afirman que el objetivo de la ley es proteger los derechos de los padres. En una entrevista con el Cincinnati Enquirer , Brinkman afirmó: «Los padres tienen derechos sobre sus hijos hasta los 18 años, son responsables de ellos. No deberíamos quitarles esas responsabilidades a los padres «.

Una variedad de grupos ha expresado su oposición al proyecto de ley, incluidas las organizaciones de defensa LGBTQ y los sindicatos. Sus críticas se han centrado en los peligros potenciales para los estudiantes transgénero, así como en las limitaciones que impone el proyecto de ley al personal de la escuela.

Equality Ohio llama a HB 658 «el último intento de los extremistas anti LGBTQ en Ohio de codificar una ciudadanía explícita de segunda clase para las personas LGBTQ».

La Asociación de Educación de Ohio (OEA), que representa a 125,000 maestros y personal de apoyo escolar, también se opone a la ley. La presidenta de la OEA, Becky Higgins, dijo que la legislación «es contraria a la creencia de la OEA de que todas las personas, independientemente de su orientación de género, deberían tener igualdad de oportunidades y garantizar un entorno seguro e inclusivo dentro del sistema de educación pública».

La American Counseling Association (ACA) emitió un comunicado diciendo que el proyecto viola su código de ética, «niega los derechos del cliente a la confidencialidad y ataca la base de un mandato clave para los consejeros: proporcionar asesoramiento a quienes lo necesitan y no tener otro lugar para girar «.

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Todos sus oponentes argumentan que HB 658 pone en peligro a los jóvenes transgénero al eliminar los apoyos sociales y exponer a los jóvenes a situaciones de violencia doméstica.

Los jóvenes transgénero ya tienen un mayor riesgo de ideas e intentos de suicidio. Un estudio realizado en 2016 por el Cincinnati Children’s Hospital descubrió que el 30 por ciento de los jóvenes trans informaron al menos un intento de suicidio, y se involucraron en autolesiones.

Las relaciones de apoyo con el personal de la escuela son una forma de disminuir el riesgo de suicidio entre los estudiantes trans. Como dice la ley ACA , «[A] la relación con un consejero profesional puede ser la única relación segura [con los estudiantes trans]».

Los estudios han demostrado que el apoyo social es uno de los factores de protección clave que impide que los jóvenes y adultos trans se suiciden. Si bien es importante contar con una familia de apoyo, también se ha demostrado que la presencia de «apoyos sociales formales», como asesores y líneas directas de crisis, previene los intentos de suicidio .

Más allá de los riesgos de salud mental que causaría HB 658, los jóvenes trans también se verían en situaciones potencialmente peligrosas en el hogar. Un estudio de más de 27,000 adultos trans encontró que el 10 por ciento de las personas trans que fueron a sus familias sufrieron violencia por parte de un miembro de la familia, y el 8 por ciento fueron expulsados ​​de sus hogares.

El riesgo de violencia doméstica por HB 658 puede ser particularmente grande porque la ley requiere que los padres que no tienen la custodia sean informados de la presentación de género de un niño. Esto incluye a los padres cuya custodia ha sido eliminada debido a casos anteriores de negligencia o abuso.

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Por otro lado, el proyecto de ley ha sido alabado por varios grupos conservadores. Pasando por alto las implicaciones transfóbicas, su retórica generalmente se enfoca en que los padres sean los árbitros finales en todas y cada una de las decisiones con respecto a la crianza de sus hijos.

Esta es la táctica tomada por Citizens for Community Values (CCV), un grupo socialmente conservador de Ohio Christian. Aaron Baer, ​​el presidente del grupo, dijo que «puedes tener los puntos de vista que quieras sobre cuestiones LGBT y sobre todas estas cosas», pero que el problema mayor es la «infracción» del derecho parental de tomar decisiones en nombre de sus hijos.

CCV también se opuso a la legislación estatal que ampliaría las leyes estatales contra la discriminación para incluir la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual.

El Family Research Council (FRC) también ha expresado su firme apoyo al proyecto de ley , utilizando una lógica similar:

[A] t el centro de este debate es la idea de que los padres están mejor equipados para actuar en el mejor interés de sus hijos que el estado. Las políticas que permiten al estado eliminar a los niños de sus padres debido a desacuerdos con su agenda sexual favorecida violan este principio fundamental y, en última instancia, ponen a los niños en mayor riesgo.

Aunque nominalmente reconoce que la intervención es a veces necesaria en caso de abuso parental, el FRC cuestiona la noción de que negarle a un hijo la opción de buscar la transición o someterlo a la terapia de conversión califica como abuso.

La narrativa general de derecha en estas varias declaraciones es consistente y familiar: se toman grandes molestias para afirmar que no tienen ningún problema con las personas trans o su transición, pero afirman que, en última instancia, depende de los padres decidir si esto es la decisión correcta para su hijo. En otras palabras, los derechos de los padres prevalecen sobre todos.

Por supuesto, estos derechistas tiran la mano cuando constantemente malinterpretan a las personas trans en sus declaraciones, se refieren a la cirugía de afirmación de género como «mutilación» y despliegan un furor descarado del baño en sus argumentos.

Pero incluso sin estos detalles reveladores y los motivos ulteriores obvios de este grupo, el resultado inevitable de consagrar los «derechos paternos» abstractos sobre los derechos de los niños en nuestra sociedad actual es claro: más abuso, más abandono, más trauma y muerte.

Estos conservadores saben muy bien el clima transfóbico en el que vivimos y el abuso que los menores de edad pueden enfrentar a manos de sus familias. No es una cuestión de ignorancia: el derecho simplemente juzga que estas son opciones aceptables para que los padres críen a sus hijos.

Los socialistas rechazan este modelo reaccionario de la familia , que niega a los niños (y típicamente también a las mujeres) su agencia, subordinándolos a los caprichos del jefe de familia.

Los expertos de derechas pueden tratar de pasarlo de contrabando bajo el eufemismo de los «valores familiares», que suena bien, pero es obvio cómo esta comprensión de los «valores» pone en peligro a los jóvenes trans. Necesitamos una sociedad que les brinde a los jóvenes su agencia para afirmar su género y que tomen las medidas de transición que consideren necesarias.

No está claro qué sucederá con la HB 658. Brinkman parece optimista acerca de sus perspectivas en la legislatura estatal , pero queda por ver cuánto apoyo finalmente se obtiene.

Si bien la oposición actual consiste en peticiones por Internet y llamadas para que los votantes se pongan en contacto con los legisladores estatales, puede ser necesario que haya una mayor resistencia si el proyecto de ley gana tracción. Dada la respuesta de la OEA, esto podría unir a los trabajadores de la educación con activistas LGBTQ y otros para luchar por los derechos de los estudiantes trans.

Fuente: https://truthout.org/articles/this-ohio-bill-will-make-trans-youth-suffer/