América del sur/Argentina/14 Junio 2018/Fuente: Clarín
Tres diputados peronistas pampeanos y un macrista de Tierra del Fuego inclinaron la balanza a último momento.
En un final dramático y sorpresivo, con la votación que se terminó dando vuelta de manera inesperada, la Cámara de Diputados le dio media sanción esta mañana al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. A las 9.51 de la mañana, la votación arrojó 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. El proyecto pasa ahora a ser debatido en el Senado.
El debate fue extenuante, de casi 23 horas sin interrupciones y cargado de tensiones, con arduas negociaciones en paralelo con los discursos en el recinto. La importancia del tema hizo que a la hora de la votación, en un hecho muy poco usual, todos los diputados estuvieran sentados en sus bancas. Los legisladores a favor, la mayoría identificados con los pañuelos verdes de la campaña nacional por el aborto seguro, libre y gratuito, estallaron en gritos de júbilo. Los que se oponían no pudieron ocultar sus caras largas, en un tema que generó una grieta inconciliable, transversal a los distintos bloques, sin distinción de colores partidarios, género o edad de los legisladores.
El escenario fue cambiante y dramático toda la noche y la madrugada. Cuando parecía que el proyecto iba a ser rechazado, cuando todos los conteos daban 128 en contra a 126 a favor, poco después de las 8 de la mañana sobrevino el vuelco: un tuit del justicialista pampeano Sergio Ziliotto -quien ya estaba a favor- anunció que se sumaban a la aprobación los otros dos peronistas de La Pampa, Melina Delú y Ariel Rauschenberger. Ambos estaban contabilizados firmes en contra, pero Ziliotto -y también se afirma que intervino el gobernador Carlos Verna- hizo un largo trabajo de convencimiento.
Final del debate por la ley de despenalización aborto en Cámara Diputados. Foto David Fernández
“Junto a Melina Delú y Ariel Rauschenberger, los 3 diputados nacionales peronistas por La Pampa votaremos a FAVOR de la despenalización del aborto”, fue el texto que difundió Ziliotto. La votación se daba vuelta. Poco después, llegó la confirmación -el dato se manejaba desde la noche del miércoles- de que el macrista por Tierra del Fuego, Gastón Roma, persuadido por las diputadas de Cambiemos activas en la campaña proaborto, viraba de voto en contra a voto a favor.
Si bien fueron decisivos, no fueron los únicos aportes. Los últimos indecisos que empezaron a marcar a tendencia favorable a la aprobación fueron otro fueguino, Héctor Tito Stefani, el radical puntano José Luis Riccardo -que propuso modificaciones aceptadas al texto, y pasó de abstención a voto a favor con un encendido discurso- y antes, la santiagueña Mirta Pastoriza del Frente Cívico, entre otros.
Debate por la ley de despenalización aborto en Cámara DiputadosFoto David Fernández
Pero no alcanzaba. Tal fue así que un grupo de las principales impulsoras de la campaña en Diputados, Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin y Karina Banfi (UCR), Cecilia Moreau (Frente Renovador), salieron a pedir en desesperada rueda de prensa que la Casa Rosada entrara en acción, tratando de evitar una derrota anunciada. El conteo en ambos bandos en pugna marcaba 128 a 126, pero en rechazo del proyecto. La apuesta de los que estaban a favor era la intervención del Gobierno para “bajar” diputados del Pro a la hora de votar. Sin embargo, parecía una botella al mar. Mauricio Macri había hecho saber que el Ejecutivo no iba a intervenir para inclinar la balanza, y en Pasos Perdidos se escucharon voces furiosas contra el ministro Rogelio Frigerio, que “cerró el celular y no atiende a nadie”.
Al sector a favor del proyecto le habían fallado las gestiones para dar vuelta el voto de un par de diputados y el tiro de gracia parecía ser el del macrista tucumano Facundo Garretón, indeciso que se terminó volcando por la negativa después de muchas idas y venidas, y de haber estado a favor hace semanas cuando arrancó el debate.
El desenlace para que el proyecto tuviera media sanción llegó del peronismo pampeano. Sorpresa para todos. El peronismo tendrá ahora también la máxima responsabilidad por la suerte del proyecto en el Senado, donde tiene mayoría.
América del sur/Venezuela/14 Junio 2018/Fuente:Prensa Latina
El ministro de Educación, Elías Jaua, destacó hoy la voluntad de impulsar la adecuación del sistema educativo para contribuir a la diversificación de la economía de Venezuela, con el fin de superar la dependencia del petróleo.
Durante su programa radial Encuentro popular, transmitido por YVKE Mundial, el titular subrayó que la única manera de eliminar el modelo rentista petrolero y construir un modelo económico diversificado es preparar a las nuevas generaciones para ese fin.
En tal sentido, abogó por universalizar la enseñanza técnica profesional, unas de las propuestas incluidas en el Plan de la Patria, programa de gobierno para el período 2019-2025, elaborado a partir de las propuestas de la población.
Jaua insistió en la necesidad de avanzar hacia una revolución educativa y preparar a las nuevas generaciones a cultivar la tierra para producir alimentos, a innovar en las ramas de la ciencia, la tecnología y la electrónica, entre otros frentes productivos.
El también dirigente socialista llamó al pueblo a organizarse en el combate contra las redes delictivas que afectan los servicios básicos a la población, así como a frenar los atropellos de sectores que utilizan bienes del Estado para sus pretensiones desestabilizadoras.
Las escuelas religiosas, calvinistas y musulmanas, muestran reticencias
La falta de consistencia de las escuelas holandesas a la hora de impartir clases de Educación para la Ciudadanía, ha llevado al Gobierno a convertir la materia en una asignatura obligatoria en primaria y secundaria. La democracia, libertad de expresión, o bien los derechos humanos, aparecerán en el temario a partir del curso 2019-2020. Y la inspección educativa tendrá mayores poderes para actuar si un centro instruye en contra del Estado de derecho. Los directores deciden ahora cómo dar estas lecciones, ya sea con trabajos, excursiones o charlas. Pero Arie Slob, titular de Educación, dice que falta continuidad. Unos dedican varias semanas, otros unas horas, y los menos, apenas una sesión anual.
El proyecto de ley presentado indica que todas las escuelas deberán añadir la asignatura al temario oficial, incluidas las religiosas de cualquier denominación. Los responsables sí podrán organizar las clases a su manera. Durante la última década, la Educación para la Ciudadanía aparecía en la asignatura de Historia o de Sociales, pero “la verdad es que no todos los centros tienen la ciudadanía en su ADN”, según Slob. Quiere evitar también que el alumnado no sepa cómo abordar la homosexualidad, el matrimonio gay o el antisemitismo, “porque la dirección es incapaz de hablar de ello”. Los directores así señalados, en términos genéricos, por Educación, consideran que el ministerio interfiere en la propia libertad educativa.
Las reticencias de las escuelas religiosas abarcan las cristianas y las musulmanas. Para las primeras, en especial las calvinistas, regidas por una lectura ortodoxa de la Biblia, los temas sexuales son tabú. En las otras, de las que hay en el país unas treinta de primaria y una sola para secundaria, se evita la noción misma de la homosexualidad. Con la obligatoriedad de la Educación para la Ciudadanía, Slob intenta inculcar “los valores esenciales del Estado de derecho en todos los menores, porque no nacen con un gen democrático y la escuela debe dar ejemplo”.
América del norte/Estados Unidos/14 Junio 2018/Fuente: El país
Las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina publican el estudio que revela que más de la mitad de las mujeres en esas áreas sufren algún tipo de acoso
Sus amigos, aquellos que no tenían nada que ver con la medicina, no se lo podían creer. “¿Me estás tomando el pelo o qué?”, le preguntaron. Sin embargo, compañeros y personal de la facultad donde trabajaba, lo que le pidieron fue dejarlo pasar: “Si informas de esto no te va a ir bien. No quieres armar un escándalo”. Esta mujer, miembro de una facultad de Medicina en Estados Unidos, sabía que sus compañeros de la institución tenían razón, pero también era consciente de que lo que había ocurrido, y seguía ocurriendo, era demasiado: “No debería tener que estar preparándome para ser violada cuando voy a trabajar”.
Este es solo uno de las decenas de testimonios que recoge el informe Acoso sexual en las mujeres: clima, cultura y consecuencias en las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicinaque las tres instituciones estadounidenses publicaron el pasado martes. Es el análisis más exhaustivo sobre este tema hasta la fecha, trabajado durante más de dos años y basado en centenares de estudios, entrevistas, estadísticas e informes que se remontan y avanzan desde la década de los ochenta. Sus conclusiones no hacen más que apuntalar una realidad que cada vez es más visible y menos sorprendente: más de la mitad de las mujeres en esos tres ámbitos, y a todos los niveles (alumnas y profesoras), han sufrido algún tipo de acoso, laboral o sexual o ambos, abusos, agresiones sexuales, desprecio o menosprecio profesional y personal durante su formación o el ejercicio de su profesión.
“A pesar de que cada vez hay más mujeres en los campos científicos, asumiendo responsabilidades y liderando investigaciones, los datos indican que esto pasa demasiado a menudo”, comentaba el pasado martes Marcia McNutt, la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, que aseguró que esta “cultura” provoca una devastación clara en las mujeres, a nivel personal y profesional, y en su salud física y psíquica. “Es, además, una pérdida tremenda de los recursos humanos que tenemos, de potencial, de talento y de inversión en ese talento”. Con un agravante, que las políticas y los protocolos actuales para controlar esta situación no dan signos de funcionar y las consecuencias suelen ser el freno a las carreras profesionales de las mujeres o incluso el abandono.
Para la presidenta, el informe ha sido publicado en el momento justo, después de que el movimiento Me Too haya roto con el oscurantismo y el silencio de millones de mujeres en el mundo y se haya generado un movimiento global y creciente de toma de conciencia y rechazo a esta violación constante de sus cuerpos, sus aptitudes y sus voluntades. Frente a esto, la respuesta de las instituciones es contundente: cambiar no solo es urgente sino imprescindible. Y para ese cambio, apuntó McNutt, las academias y las organizaciones públicas y privadas deben crear un clima totalmente distinto que logre evitar ese acoso desde el primer indicio: “Nuestro informe ofrece soluciones específicas para los distintos espacios, para poder reducir o eliminar ese acoso. Es necesaria una cultura basada en la diversidad, la inclusión y el respeto”. Algo que, por el momento, no ocurre.
ampliar fotoUna de las infografías que la Academia ha preparado para resumir algunas de las recomendaciones que apuntan en el informe.
El investigador Kevin Swartout, de la Universidad Estatal de Georgia, fue el encargado de armar el puzzle con los datos de los sistemas de la Universidad de Texas, a los que se añadieron después los de la Universidad Estatal de Pensilvania para tener una visión más amplia; una base de más de 10.000 estudiantes de grado y posgrado y profesorado que reveló un comportamiento constante de acoso por parte de los docentes o el personal. “Alrededor del 20% de las estudiantes de ciencias (grado y posgrado) lo sufrieron, más de una cuarta parte de las estudiantes de ingeniería y más del 40% de estudiantes de medicina”, apunta el informe en referencia a la encuesta de la institución texana. “En Pensilvania se realizó una encuesta similar con resultados parecidos: el 33% de las estudiantes de grado, el 43% de las de posgrado y el 50% de las de medicina”.
Aunque no se han conseguido cifras determinantes en torno a grupos minoritarios, el informe apunta a que las mujeres que pertenecen a colectivos LGTBIQ o son de raza negra son objetivos más habituales que cualquier otra mujer blanca y heterosexual; y añade otros datos de encuestas que revelan los mismos porcentajes e incide en que no debería suponer una sorpresa. “Los empleados de instituciones académicas tienen la segunda tasa más alta de acoso sexual [en Estados Unidos] con el 58% (los militares se posicionan en primer lugar con el 69%)”.
Las encuestas fueron completadas con cuarenta entrevistas a profesionales de todos los campos, de distintas edades y a distintos niveles. Alrededor de la mitad denunció algún tipo de acoso físico, sin embargo, el psíquico también despunta como una importante arista a limar. “La mayoría de ellos están degradando a la mujer, encerrándola en el lugar de trabajo, menospreciándola frente a otros colegas, diciéndole que no es tan capaz como otros, o hablando mal de ellas al resto… No es solo tocar o invadir sexualmente, sino más bien a nivel intelectual. Intentan hacer esos juegos mentales para que no puedas defenderte físicamente”, apunta una profesora asistente de Ingeniería en el estudio.
Comentarios sexistas, bromas constantes y alusiones que degradan o humillan a las mujeres en el ámbito personal o profesional aparecían una y otra vez en la recogida de información. Apuntan a cuatro aspectos que se dan en esos lugares de trabajo como algunas de las causas de estas actitudes: “La dependencia de los asesores y mentores para el avance profesional; el sistema de meritocracia que no tiene en cuenta la disminución en la productividad como resultado del acoso sexual; la cultura machista en algunos campos; y la red informal de comunicaciones, a través de la cual se difunden rumores y acusaciones dentro y a través de programas y campos especializados”. Y añadieron cinco factores que podrían explicar, en parte, este acoso generalizado: la percepción de tolerancia hacia estas actitudes, una mayoría de hombres en este entorno, la férrea jerarquía —que además suele concentrar mucho poder en muy pocos nombres—, sin la educación ni las herramientas para luchar contra esto, y un mal enfoque de las leyes que regulan el acoso en las instituciones.
El estudio explica que, demasiado a menudo, la interpretación judicial de esas leyes incentiva a las instituciones a crear políticas que se centran más en un cumplimiento simbólico de esa legislación y a evitar la responsabilidad que a prevenir el acoso. Es decir, normas que acaban protegiendo a quien perpreta el acoso y no a la víctima. Algo que queda definido como “desalentador”. “Al mismo tiempo que se invierten mucho dinero y energía en atraer y retener a las mujeres en estos campos, a menudo son intimidadas o expulsadas de su carrera. Incluso cuando se quedan, su capacidad para contribuir y avanzar puede verse limitada como consecuencia del acoso sexual, ya sea de forma directa, por el acoso ambiental en el entorno en su departamento, programa o disciplina, por las represalias o porque son tratadas como traidoras después de informar formalmente el acoso”.
Por eso, entre otros estudios, el de Vicki J. Magley en 2002, Hacer frente al acoso sexual: reconceptualizar la resistencia de las mujeres, descubrió —con una base de datos de más de 15.000 mujeres— que con frecuencia las respuestas eran ignorar o intentar apaciguar al acosador. Rara vez lo enfrentaban y siempre intentaban mantener una buena relación con él. “Por ejemplo, el 74,3% de las mujeres en uno de los siete conjuntos de datos analizados por Magley evitaron a su autor, el 72,8% se separó psicológicamente de la situación, el 69,9% por ciento soportó la situación sin intentar resolver el problema y el 29,5% intentó calmar a su perpetrador inventando una excusa para explicar su comportamiento”.
La historia de siempre. Culpabilización, miedo a no ser creídas en un primer momento y al descrédito posterior, y a ser vapuleadas, maltratadas o a soportar venganzas después; algo que refleja bien el testimonio de una investigadora en medicina que, tras haber sufrido varios tipos de acoso laboral y sexual, acabó informando al director de su programa, que dejó el asunto en manos del jefe de la institución en cuestión; fue él quien le dijo que le recordaba a su exmujer —»a la que todos sabíamos que odiaba”, anota en el informe la médica—, y que si lloraba menos tal vez tendría más amigos. “A partir de ahí, la calificación que hacía de mi trabajo simplemente se fue cuesta abajo”.
El panorama plantea una serie de cambios profundos, estructurales, que según la Academia deben ser tenidos en cuenta desde ya y que han concentrado en 15 recomendaciones no solo para su propia organización, sino para otras agencias federales y políticas para que ese viraje hacia un mundo más inclusivo pueda llegar a todos los rincones. Entre esas recomendaciones está abordar de forma directa el acoso sexual e ir más allá del mero cumplimiento de las leyes para cambiar desde la raíz la cultura y el clima en esas instituciones; generar ambientes más diversos, inclusivos y respetuosos; mejorar la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles; rebajar al máximo esas relaciones jerárquicas tóxicas que se dan entre las alumnas y el profesorado, con un poder tremendamente concentrado y que sobrevuela el futuro de las estudiantes; dar siempre apoyo a la víctima; o comenzar investigaciones que puedan seguir dando luz a esta realidad e iniciar cambios legislativos y políticos para paliarla.
Muchos detalles y consejos repartidos en las más de 300 páginas de este trabajo que comenzó a prepararse hace más de dos años, cuando el Comité de Mujeres en Ciencia, Ingeniería y Medicina propuso que se creara un grupo especial para analizar el pasado y el presente del acoso sexual en sus áreas, qué impacto produce y sentar las bases para su prevención y erradicación en el entorno académico. Científicos, ingenieros, médicos, expertos en el tema, juristas y psicólogos se pusieron entonces a recopilar y desmenuzar la literatura existente. Y, aunque se radiografiaron también a sí mismos, olvidaron uno de los engranajes de su propia maquinaria.
Pero hay más. La científica de la Universidad Estatal de Michigan Julie Libarkin, que creó el pasado 4 de junio una plataforma web para denunciar el acoso en su área, MeTooSTEM, lleva desde los años ochenta engrosando una base de datos sobre acoso sexual que acumula más de 650 casos; la revisión de The Washington Post de esos nombres, apunta a que hay hasta cinco hombres sancionados por acoso sexual que siguen siendo miembros de las Academias Nacionales estadounidenses, y tres que todavía forman parte de investigaciones con subvención pública. Solo como apunte, la Academia Nacional de Ciencias, creada por el Congreso de Estados Unidos en 1863, tiene como académico medio a un señor blanco de más de 70 años; los nuevos entran elegidos por los miembros actuales y sus cargos son vitalicios. Pase lo que pase.
En mayo, la profesora asistente de neurología en la Universidad de Vanderbilt BethAnn McLaughlin, inició una petición en Change.org para exigir a las academias que destituyan a sus miembros si han sido condenados por acoso sexual o laboral o agresiones, algo que ahora mismo, por sus propios estatutos, varados en algún punto del siglo XX, es imposible. Los presidentes de las tres academias aludieron al asunto a finales del pasado mayo y aseguraron que habían comenzado a tratar el tema de los “estándares de conducta profesional para la membresía”. Otras instituciones, como la Sociedad Astronómica Americana o la Unión Geofísica Americana, ya han cambiado, por estos mismos motivos, sus políticas de expulsión. Tal vez las Academias Nacionales también deberían empezar por ahí.
Esta Comunidad es de las pocas en España que no cuenta con una Ley de Diversidad de Género. En su protocolo enfatizan la importancia de informar y formar a los agentes educativos
Nadie duda que una escuela inclusiva debe conocer y reconocer todo tipo de diversidades. Con esta premisa la Consejería de Educación de Castilla y León ha elaborado un protocolo de actuación para que los chavales transgénero mejoren su experiencia escolar. De forma que los estudiantes se sientan protegidos, reconocidos y apoyados. Titulado Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa, su borrador se presentó el pasado noviembre y ayer lunes 11 de junio se hizo efectivo.
“Este protocolo es una victoria en una comunidad que no cuenta todavía con Ley de Diversidad e Igualdad de Género, es de las pocas que quedan en España. Y se ha conseguido gracias a los técnicos de educación y las asociaciones, hemos dejado fuera a los políticos. Es un paso muy grande que ahorra tiempo, trabajo y sufrimiento”, explica a EL PAÍS por teléfono, la presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales, Chrysallis, en esta comunidad, Raquel Ruiz Miranda.
“Ayer veía las noticias a este respecto”, continúa, “y me parece increíble que lo que se haya destacado sean solo los baños mixtos, es cierto que esto se recomienda, pero hay mucho más”. “Antes de la existencia de este documento, cuando un niño trans iba a un colegio, teníamos que acudir al centro para afrontar los miedos de la comunidad educativa, dar clase de sexología… Ahora gracias a este protocolo, que explica a cada cual lo que tiene que hacer, se ofrecen herramientas a los profesores, al resto del alumnado, a las familias y al equipo directivo del centro educativo. Se da un caso, se consulta y se actúa, según los criterios establecidos”, añade Ruiz Miranda.
Una de cada 1.000 personas es transexual en España, según datos Chrysallis, cuya presidenta, Natalia Aventin, ha catalogado como incompletos en más de una ocasión a este periódico: “Todavía hay muchas personas transexuales que viven ocultas y es un panorama desalentador para muchos niño/as que sufren sin poder vivir su identidad”. Todos merecemos ser respetados sin importar nuestro género.
Sin Ley sobre Diversidad Sexual
Castilla y León es una de las cuatro comunidades —acompañada de Asturias, La Rioja y Cantabria— de España que no cuenta con una Ley sobre la Diversidad Sexual, la Igualdad Social y la Identidad de Género, según explica Chrysallis en su página web. “Por esto veíamos que no avanzamos políticamente, por lo que decidimos actuar”, insiste Ruiz Miranda. Este miércoles, llegará al parlamento regional un proyecto, “que esperamos que lo tengan en consideración, para seguir avanzando poco a poco”, concluye esta mujer.
El protocolo, con 26 páginas en total, subraya en cuanto a intervención en el centro educativo la importancia de la sensibilización e información sobre diversidad sexual y género para el alumnado y familias y también la formación de todos los agentes participantes de la vida escolar para comprender la realidad de los alumnos trans.
En cuanto a las medidas organizativas, el protocolo indica, entre otras:
Que la comunidad escolar se refiera al alumno con el nombre elegido conforme a su identidad de género
Comunicar al resto de la clase la situación. A este respecto, hace unas semanas saltó a las redes la carta de una profesora que explicaba al resto de padres de alumnos de su colegio que un estudiante sería una estudiante en breve. Medidas así son fundamentales para que este tipo de niños y niñas y si le sumamos este protocolo, el apoyo es total
Garantizar la libertad de vestimenta del niño/niña trans
Se procurará la existencia de baños mixtos
Además, el protocolo incluye un glosario de términos fundamentales para entender el entorno de los niños trans como, por ejemplo, qué significa cisexual (persona que se identifica o se expresa con el género que le asignaron al nacer); sexo biológico (el sexo es una realidad compleja, integrada por: factores cromosómicos (sexo cromosómico/genotípico), gonadales (sexo gonadal; testículos u ovarios) y hormonales (sexo hormonal, dado por las hormonas y responsables de los caracteres sexuales secundarios, como mamas o vello) o sexo asignado (Sexo que se asigna a un bebé en el momento del nacimiento sobre la base de su anatomía genital), entre otros.
América del norte/Canadá/14 Junio 2018/Fuente: Prensa Latina
Canadá demandó incrementar las acciones globales para garantizar a niñas y niños una infancia saludable con pleno acceso a educación segura, de calidad, inclusiva y equitativa al celebrarse hoy el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
De igual forma, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau exhortó a que los menores que viven incluso en situaciones de desastres naturales o conflictos armados, lleven una vida libre de violencia, explotación y abuso.
Así subrayó una declaración firmada por los ministros de Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo, Patty Hajdu; de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne; y de Desarrollo Internacional y La Francofonía, Marie-Claude Bibeau.
El texto recordó que Ottawa respalda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluida la promoción del crecimiento económico sostenido e inclusivo y el trabajo decente para todos, donde se incluye la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas para 2025.
Precisó que hace un año, Canadá ratificó las ocho convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideradas fundamentales para garantizar los derechos humanos básicos en el lugar de trabajo.
Dos de ellos, apuntaron, subrayan el compromiso nacional de erradicar el trabajo infantil: eliminar las peores formas de trabajo infantil sin perder el objetivo a largo plazo de la abolición efectiva del trabajo infantil y establecer una edad mínima para que los niños puedan ser legalmente empleados o trabajar de otro modo.
Asimismo, el documento pidió a las empresas canadienses en todo el mundo adoptar prácticas comerciales responsables que defiendan los derechos de los niños y prevengan, mitiguen y erradiquen el trabajo infantil.
Datos de la OIT confirman que 152 millones de niños en todo el mundo son víctimas de trabajo infantil y casi la mitad -73 millones-, de ellos laboran en situaciones peligrosas.
Los infantes son más vulnerables al riesgo que los adultos. Hay que tomar medidas urgentes para que ningún menor de 18 años tenga que desempeñar un trabajo peligroso, enfatizó este martes el director general de la OIT, Guy Ryder.
Entre 2012 y 2016, dijo, apenas disminuyó el número de niños trabajadores entre cinco y 11 años, y significó que al contrario aumentó el trabajo peligroso entre los menores más jóvenes y vulnerables.
El titular recordó que en los Convenios sobre la edad mínima de 1973, y sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, insta a los gobiernos, -en consulta con los interlocutores sociales-, a establecer listados nacionales de trabajos peligrosos prohibidos para los niños y a que garanticen su aplicación y cumplimiento efectivo
América del sur/Venezuela/14 Junio 2018/Fuente: Prensa Latina
El Ministerio de Educación de Venezuela trabaja hoy en la implementación de un sistema para aumentar mensualmente el salario de los docentes, informó el titular de la cartera, Elías Jaua.
En declaraciones al canal privado Globovisión, Jaua explicó que este plan para ajustar los ingresos de los trabajadores se aprobó por un período de dos años, en pos de garantizar los incrementos salariales de los maestros y profesores sin menoscabo de los aumentos generales anunciados por el Ejecutivo.
Por otra parte, el ministro de Educación destacó el alcance del Programa de Alimentación Escolar, el cual distribuye desayunos y almuerzos a más de cuatro millones de estudiantes, de los siete millones inscritos en los centros de educación inicial.
Precisó que esta iniciativa cuenta con 18 mil comedores escolares instalados en todo el país, mientras las autoridades del sector trabajan en el completamiento de la infraestructura para cubrir con este servicio de alimentación los 25 mil centros educacionales de la nación sudamericana.
Asimismo, Jaua significó el Gobierno venezolano labora en la culminación de 114 obras en centros de educación primaria.
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