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‘Instamos a la comunidad progresista y al pueblo en general a no dejar solos a los jóvenes arrestados el Primero de Mayo y a estar acompañándolos y apoyándolos durante los diferentes días en que han sido citados (por los tribunales), exigiendo que se les garantice la protección de sus derechos civiles y humanos’, expresó el portavoz Eduardo Villanueva Muñoz, expresidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Explicó que como consecuencia de varias provocaciones, encontronazos y planes dirigidos a incitar la confrontación y a cancelar y disminuir la protesta de estos jóvenes, se alega por el Estado que algunos de ellos incurrieron en actos delictivos.

Villanueva Muñoz sostuvo que hay vídeos y fotografías que muestran policías agrediendo a gente indefensa, haciendo uso desproporcionado de la fuerza e incurriendo en arrestos que pueden en su día ser calificados de ilegales haciendo que cualquier evidencia obtenida sea inadmisible.

A pesar de eso, dijo, no conocemos que se haya citado a algún agente del orden público para responder por agresiones o violaciones de derechos civiles, por lo cual se debe indagar si estos constituían entrampamiento o conspiración para violar los derechos de los jóvenes arrestados.

Mañana deben comparecer en horas de la tarde al Tribunal de Primera Instancia en San Juan los hermanos Alfonso y Angélica Questell, además de Manfredo Pérez, arrestados en Río Piedras después de terminada la manifestación en el sector bancario de San Juan.

Mientras que para la próxima semana, el día 15, deberán comparecer ante el tribunal Luis Pacheco y Juan Carlos Figueroa.

En tanto que ha sido citada para el 18 de mayo al Cuartel General de la Policía, la universitaria Rocío Rodríguez, sobrina de una integrante del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, Aida Rodríguez.

‘La justicia para ser tal, no puede ser selectiva ni discriminatoria; mucho menos por razones ideológicas o actos dirigidos a disuadir el derecho a solicitar reparación de agravios, ejercido por los manifestantes’, argumentó el letrado puertorriqueño.

Villanueva Muñoz recordó que el derecho a la educación va íntimamente unido al derecho a tener empleo bien remunerado, vivienda digna, alimentación y condiciones de salud adecuadas.

‘Todas las materias que se enseñan en una universidad deben trascender la teoría para incorporarse e integrarse al desarrollo de una economía autosustentable, que haga posible garantizar los derechos humanos fundamentales, del que estudia y del que subsidia la educación pública, que es el pueblo’, adujo.

Para el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, luchando por esos derechos, con diversas tácticas y estrategias, varios grupos estudiantiles, jóvenes conscientes y comprometidos con el destino de su pueblo, se involucraron en actos de protesta el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, cuando por segundo año consecutivo se realiza un Paro Nacional.

La fecha no se conmemora oficialmente en Puerto Rico debido a su condición de colonia de Estados Unidos, donde se originaron los sucesos que dieron origen a la efeméride.

Los manifestantes concentraron su rechazo a las medidas dirigidas a eliminar derechos a los trabajadores, jubilados y estudiantes, impulsadas por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Washington.