Resumen: Los maestros en Arizona celebraron el jueves una votación de huelga que lanzó la primera huelga estatal de Arizona y rechazó un aumento de sueldo propuesto, en lugar de exigir un mayor financiamiento escolar.
Teachers in Arizona held a strike vote on Thursday that launched Arizona’s first-ever statewide walkout and turned down a proposed pay raise — instead demanding increased school funding.
The Arizona Education Association and the grass-roots group the Arizona Educators United announced that teachers will walk off the job April 26.
At issue is a plan crafted by Gov. Doug Ducey to give teachers a 20 percent raise by 2020, starting with a 9 percent hike next year.
Initially, Ducey’s plan drew support from two education advocacy groups, Save Our Schools Arizona and the Arizona Parent Teacher Association. But both groups have withdrawn their support, saying the plan is not sustainable and likely will come at the expense of others in the educational system.
AZPTA President Beth Simek, in a video statement, said that an analysis from the Joint Legislative Budget Committee staff, coupled with her group’s research, led to their decision to oppose Ducey’s plan.
«In light of the funding streams that have come to light regarding the ’20 by 2020′ plan, we can no longer support the governor’s proposal,» said Simek. «As a voice for children, we hope to see the governor and this legislature find a sustainable, long-term permanent funding source that does not hurt others in the process.»
School support staff groups say they feel left out of the governor’s plan.
In a tweet, Save Our Schools Arizona said, «It is now clear the existing proposal is not sustainable or comprehensive as a means of increasing educator pay and re-investing in Arizona’s classrooms and schools.»
Both groups said that they are still ready to work with the governor on a new plan.
Arizona’s teachers plan to strike is an unprecedented move and comes with high risk.
According to The Associated Press:
«Teachers themselves could face consequences in this right-to-work state, where unions do not collectively bargain with school districts and representation is not mandatory. The Arizona Education Association has warned its 20,000 members about a 1971 Arizona attorney general opinion saying a statewide strike would be illegal under common law and participants could lose their teaching credentials.»
A las 11 de la mañana del pasado jueves fueprogramada lo que se ha considerado la primera manifestación masiva del Movimiento Estudiantil durante el segundo período de gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Desde el Ejecutivo han insistido en el argumento de que los estudiantes no tienen razones de peso para esta convocatoria, como lo hicieran justamente durante la primera administración del representante de la derecha política y económica en La Moneda. Algo que desde el Movimiento Estudiantil descartan categóricamente, estableciendo con claridad en el llamado para esta nueva manifestación cuáles son las motivaciones que -como entonaran una y otra vez durante el 2011 y 2012- los llevan a “salir a la calle nuevamente”.
No + lucro en la educación
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar el artículo 63 de la nueva Ley de Educación Superior -que prohibía a los controladores de instituciones de este tipo perseguir fines de lucro-, es por supuesto uno de los motivos principales de esta convocatoria.
A ello se suma el anuncio del Gobierno de gratuidad en los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), debido a que representa una contradicción para el Movimiento Estudiantil, en términos de que se entregarán fondos públicos a instituciones que sí pueden lucrar con la educación.
Los dirigentes estudiantiles han sido enfáticos en señalar que apoyan completamente que sus compañeros de IPs y CFTs puedan acceder a la gratuidad para su formación técnica, por lo que el problema radica en otra parte. “Saludamos, por supuesto, que se entreguen recursos a la educación técnica profesional, pero el tema es que el Gobierno no tiene claridad si esos recursos van a terminar destinándose a los estudiantes o a instituciones con fines de lucro. Actualmente cerca del 90 por ciento de los CFT tienen fines de lucro”, explicó a El Ciudadano Juan Pablo de la Torre, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach).
No + deuda educativa y fin al CAE
La pesada y angustiante mochila que cargan miles de estudiantes en Chile gracias al Crédito con Aval del Estado (CAE) es un motor que moverá los pies de los manifestantes en su recorrido, que en Santiago se realizará desde la Alameda hasta Los Héroes.
Cláusulas y cobros abusivos por parte de los bancos en contra de estudiantes que debieron acceder a este modelo de financiamiento de la educación creado por el ex presidente Ricardo Lagos, continúan bajo cuestionamientos, al punto que de manera transversal se aprobó esta semana una Comisión Investigadora del CAE en la Cámara de Diputados. Para el Movimiento Estudiantil el diagnóstico es uno solo: se hace insostenible que la banca siga siendo parte en la educación chilena.
El presidente de la Fech, Alfonso Mohor, plantea a El Ciudadano que los recursos que hoy se entregan para ampliar este crédito “son prácticamente los mismos que existen para la gratuidad”. Por lo tanto -dice- “perfectamente podrían complementar el acceso directo a las instituciones y no ser un sistema de crédito, es decir, no cambiar un crédito por otro, independiente de quien lo administre”.
No + educación sexista
Este martes la Municipalidad de Recoleta, en conjunto con el Concejo Municipal, aprobó por unanimidad una ordenanza que sanciona el acoso callejero con multas que podrían llegar hasta los $236.000 aproximadamente.
Una medida necesaria y recibida positivamente desde las organizaciones que han monitoreado y denunciado el acoso en nuestras calles -donde las principales afectadas son las mujeres-, pero que -según han planteado- debiera ir acompañado de la promoción de un cambio cultural, estructural, donde la educación no sexista desde la infancia sea un pilar fundamental de ese proceso.
Algo con lo que el Movimiento Estudiantil está en absoluta sintonía, por lo que dentro de las tres demandas que han levantado para esta nueva marcha destaca la de “No + educación sexista”.
Al respecto, Alfonso Mohor señala que este anhelo “ha sido parte de los temas que se han conversado y posicionado en los últimos años, y hoy ha adquirido relevancia también porque estamos trabajando mucho más cerca con las organizaciones de nuestras compañeras, que buscan reivindicar sus derechos”. Una urgencia que -agrega el dirigente- “implica también la necesidad y urgencia de un cambio en el sistema educativo, erradicando de raíz el sexismo y otras prácticas patriarcales”.
Leer en: https://www.elciudadano.cl/organizacion-social/salimos-a-la-calle-nuevamente-las-tres-razones-por-las-que-los-estudiantes-vuelven-a-marchar/04/19/#ixzz5D8RxWhgP
América del Norte/EEUU/ Dominic Holden/ BuzzFeed News Reporter
Resumen: El presidente Donald Trump estuvo en New Hampshire el 19 de marzo cuando promovió la ejecución de los grandes narcotraficantes y realizó un bombardeo de avisos publicitarios que «asustan» a los adolescentes de «ir a las drogas de cualquier tipo». Dieciocho horas después de la presentación de Trump, 14 estudiantes de primer año se filtraron a un aula en Bard High School Early College en el Lower East Side de Manhattan, donde Drew Miller, un profesor de salud con antecedentes en educación sexual, les dirigió en una charla totalmente diferente sobre el consumo de drogas. «Si elige usarlo, asegúrese de estar en un buen lugar, y con personas de confianza y un lugar seguro», dijo Miller a los jóvenes de 14 y 15 años, que están inscriptos en un curso de prototipos de medicamentos. se centró en tomar decisiones más seguras y reducir el daño. «Si lo estás tomando, comienza con una dosis pequeña». Gran parte de lo que se enseña en las 14 sesiones, que duran 50 minutos cada una, puede parecer de sentido común. Pero un dicho que no exige abstinencia es un acto bastante revolucionario en las escuelas públicas estadounidenses, donde los programas antidrogas como DARE les han dicho a los niños durante décadas que «simplemente digan que no». «¿Por qué practicar la reducción de daños?», Preguntó Miller, refiriéndose a un principio central del curso. Se basa en la idea de que los medicamentos no se pueden erradicar por completo, y que la mejor manera de minimizar el riesgo es a través de los servicios de salud y la educación. «Los adolescentes a menudo se encuentran en lugares donde las drogas están sucediendo», ofreció una niña. Varios estudiantes gritaron sus ideas para reducir el riesgo: no tomar ningún medicamento, tomar dosis más pequeñas y no mezclar sustancias. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ejecuta el curso, pero el plan de estudios fue creado por Drug Policy Alliance, un grupo de defensa que apoya el tratamiento médico sobre las sanciones penales por drogas y la legalización de la marihuana. La retórica de Trump sobre la guerra contra las drogas no es nada nuevo: tratar de petrificar a los niños en la sobriedad es una táctica que se ha usado durante décadas. Pero hay poca evidencia científica que enseñe la abstinencia completa de las drogas. La Drug Policy Alliance espera que este tipo de clase de drogas se pueda expandir, y que en realidad podría funcionar.
President Donald Trump was in New Hampshire on March 19 when he promoted executing big-time drug dealers and running a blitz of ads that “scare” teens from “going to drugs of any kind.”
Eighteen hours after Trump’s talk, 14 public school freshmen filtered into a classroom at Bard High School Early College on Manhattan’s Lower East Side, where Drew Miller, a health teacher with a sex ed background, led them in totally different talk about drug use.
“If you’re choosing to use, make sure you’re in a good place, and with people you trust and a safe location,” Miller told the 14- and 15-year-olds, who are enrolled in a prototype drug course focused on making safer choices and reducing harm. “If you’re taking it, start with a small dose.”
Much of what is taught in the 14 sessions, which run 50 minutes each, may seem like common sense. But a dictum that doesn’t demand abstinence is a fairly revolutionary act in American public schools, where anti-drug programs like D.A.R.E. have told kids for decades to «just say no.»
“Why practice harm reduction?” Miller asked, referring to a central tenet of the course. It’s anchored on the idea that drugs cannot be eradicated completely, and that minimizing risk is best done through health services and education.
“Teens often find themselves in places where drugs are happening,” one girl offered. Several students yelled their ideas to cut risk: not taking any drugs, taking smaller doses, and not mixing substances.
The New York City Department of Education runs the course, but the curriculum was created by the Drug Policy Alliance, an advocacy group that supports medical treatment over criminal penalties for drugs and the legalization of marijuana. Trump’s war-on-drugs rhetoric is nothing new — trying to petrify kids into sobriety is a tactic that’s been used for decades. But there’s little scientific evidence teaching full abstinence from drugs works. The Drug Policy Alliance hopes this sort of drug class can be expanded, and that it could actually work.
New York state lawmakers in 2015 required schools to start providing “the most up-to-date, age appropriate information available regarding the misuse and abuse.” The Drug Policy Alliance responded by developing the class, “Safety First: Real Drug Education for Teens,” based on a pamphlet that the group wrote for parents. For schools, it combined instructional videos, homework, and free-wheeling conversations, all designed to meet the federal government’s National Health Education Standards.
Sasha Simon, who sits in on the classes to monitor their trial run, worked in sexual health education before starting at Drug Policy Alliance last year to launch the new classes.
“For once, somebody did it right,” she said after one of the sessions. “And I thought, I will push this as much as I can.”
Sara Naomi Lewkowicz for BuzzFeed News
Trump may actually like one aspect of the class — it does scare the kids.
Miller played a video about fentanyl and similar potent synthetic opioids, which are sometimes mixed into other drugs with fatal consequences. “It’s very easy to overdose,” a narrator in the video warned. “Carfentanyl is 10 times more powerful than morphine.”
“Oh my god,” a girl in class gasped. Two others clasped their hands over their mouths.
“I’d say you could die,” another student said about the advice she would give anyone considering opioids. “I’d say don’t do t — the harms can overtake the pleasure you get out of it.”
“If you give them the facts, they’re scary enough. You don’t need to say, ‘Don’t do it.’”
Simon reflected in the teachers lounge, “If you give them the facts, they’re scary enough. You don’t need to say, ‘Don’t do it.’”
But Trump has a different scare tactic in mind. As he said in New Hampshire, he wants to depict addicts in a state of depravity in order to “scare [kids] from ending up like the people in the commercials.”
Lewis Nelson, chair of the department of emergency medicine at Rutgers New Jersey Medical School, told BuzzFeed News that simply trying to scare kids into abstinence can have mixed results.
“Some children respond to scare tactics, but these can compel others to use,” he said. “Most people who hear that drugs can cause you to lose control, or even die, will avoid them. But some thrill seekers, or even just teens who believe they are invincible, may crave that sort of risk.”
“There is no magic bullet,” he added. “Although abstinence is optimal, we have learned in public health that this endpoint is only partially achievable. For those who use, harm reduction is essential.”
Harm reduction stands apart from Drug Abuse Resistance Education, D.A.R.E., a federally endorsed class that began in 1983. D.A.R.E. used to warn that pot would lead to crack, and still, it tells students to never try a drug. The medium is also the message: D.A.R.E. is taught by a cop. According to a 1998 study produced for the National Institute of Justice and presented to Congress, “D.A.R.E. does not work to reduce substance use.”
It remains the most prevalent drug education program in the US, reporting a budget of $10.3 million from private and public backers, with programs in all 50 states, reaching 75% of the country’s school districts. As criticism has mounted, D.A.R.E. has tried to adapt, and it reports that a new program for elementary schools, keepin’ it REAL, reduced marijuana, tobacco, and alcohol use by 32% to 44%.
Nelson isn’t opposed to D.A.R.E. and programs like it, he said. “They may work for certain students, but they need to be paired with harm reduction efforts for those who do not respond to abstinence education.”
Richard Mahan, D.A.R.E.’s chief operating officer, told BuzzFeed News his program does not teach complete abstinence, per se.
However, Mahan declined to share any current D.A.R.E. curriculum with BuzzFeed News, instead describing it as “state-of-the-art prevention science that focuses on providing students skills for safe and healthy decision making.”
If students were to ask, he wrote by email, “We respond by stating directly that students should never use illicit/illegal drugs of any kind.
Sara Naomi Lewkowicz for BuzzFeed News
It’s difficult for Americans to agree on what “works” in drug education, partly because they have different ideas about what qualifies as “working.”
The federal government’s Monitoring the Future Survey, which asks students in 8th, 10th, and 12th grades questions about their habits, has become the standard model to measure teen drug behavior. It asks when students try drugs for the first time and how often they use them. If officials say the results look good, they generally mean kids are avoiding new drugs and using them less often.
It’s difficult to agree on what “works” in drug education because Americans have different ideas about what qualifies as “working.”
The 1998 study for Congress about D.A.R.E. used metrics like these. It concluded classes that provide information, arouse fear, make a moral appeal, or build self-esteem, are all “largely ineffective for reducing substance use.” Rather, it found that teaching skills to resist social pressure “do reduce substance use. But the effects of even these programs are small and short-lived in the absence of continued instruction.”
Not surprisingly, researchers have different ideas about how to measure the success of the program at Bard High School.
Simon believes that asking about how behaviors changed during the course is “not important,” she said. “I think that what’s most important is that we are making sure young people are safe, not that we are preventing their use.”
Better metrics are whether students understand concepts like dose and dosage, considering their mindset and setting, and ability to keep each other safe, Simon added. She was also interested in the longer-term outcomes of creating adults who know how to avoid abusive habits.
“I don’t need to ask a teenager and make them feel uncomfortable,” she said. “I don’t need to ask a teacher to ask their student what drugs are you taking and how often.”
Indeed, at one point, Miller asked the students to not turn in a drug questionnaire they’d been given.
“You don’t have to do that,” he said as a class wrapped up. “It’s asking about your habits. If I collect it, and you report that you are doing something, I would have to — I would be concerned and have to talk to you.”
But Nina Rose Fischer, an assistant professor at City University of New York who is studying the class, thinks questions about drug use serve to understand the class’s impact. She’s comparing the cohort in at Bard in Manhattan to a control group at another public high school in Queens, where students are taking a more standardized health class. Her survey asks about drug use patterns before and after the class.
“We say how many times per day do you smoke weed, when do you smoke weed during the week?” said Fischer, whose research, which is also being funded by the Drug Policy Alliance, will be synthesized in a report.
She said students may divulge that they smoked pot during school before the course, but after the curriculum, they may report they’re only using it over the weekend. “And that,” she said, “would be seen as a harm reduction achievement.”
Sara Naomi Lewkowicz for BuzzFeed News
Some parents were alarmed by the Drug Policy Alliance’s stance on pot laws, Simon said. “I’ve gotten pushback from parents who are like, ‘What are you talking about with my kids? I know you are trying to legalize this. Are you trying to influence our kids to do that?’”
“We would not encourage drug use — we would never teach them to use a drug,” she said. “We give them tools to figure things out for themselves, which is much more important than to ‘just say no.’”
But the legality of drugs — the risk of punishment, both under school rules and criminal law in particular — comes up regularly.
“If we were to legalize marijuana,” one of the girls volunteered, “it would be safer because people would know what’s in it. With legalization, people are less likely to put something into your body that you’re not aware of.”
On Friday, March 23, the class talked about why people use drugs in the first place, and they debated the idea of “self-medicating” — that drugs can be used to relieve stress.
The conversation among the students straddled the line between possible benefits of drugs and alcohol — they can be fun and relieve stress — and the harms that can come of them. Rather than focusing overdoses and addiction, this particular discussion was about issues like a hangover or avoiding your problems.
“People might feel better in the moment, but it’s not long-term effective,” Miller warned.
Europa/España/Barcelona, 3 abr (EFE).- La clínica Dexeus Mujer y la Editorial Destino (Planeta) han presentado hoy «Mi familia», un libro que explica a los niños como la reproducción asistida ha dado paso a nuevos modelos de familia.
Según ha explicado hoy la Editorial Destino y la Clínica Dexeus Mujer en un comunicado, el objetivo del libro es facilitar el diálogo entre padres e hijos sobre la utilidad de técnicas «que han hecho posible ampliar la diversidad familiar».
Actualmente, más de un 5 % de los niños que nacen en España «han sido concebidos con la ayuda de la reproducción asistida» y el número de parejas homosexuales y familias monoparentales va en aumento, han avisado.
Es por ese motivo que el libro aborda «con naturalidad» cuestiones de actualidad como la infertilidad, la adopción y la homosexualidad.
«Se trata de una nueva realidad social que cada vez es más visible y que despierta la curiosidad infantil, pero de la que no siempre se habla abiertamente, por lo que muchos padres no saben cómo abordar el tema o cual es la mejor edad o momento para hacerlo», han explicado.
«Pensamos que un material de apoyo como este libro podría resultar muy útil, ya que está pensado para que padres e hijos lo lean juntos», ha comentado el director del Centro Dexeus Mujer.
El libro combina el género de la narrativa infantil -se puede seguir un hilo argumental a través de la historia personal y familiar de los alumnos de una escuela-, con la incorporación de apartados para ampliar conocimientos.
Entre estos apartados destacan la explicación del origen de la vida, nociones básicas de biología, o como se trabaja en un laboratorio, así como un apartado de actividades complementarias y un glosario para ayudarles a entender los términos más complejos.
El libro, cuyo contenido científico se ha desarrollado con el asesoramiento del equipo médico de Dexeus Mujer, lo ha escrito la pedagoga, Noemí Fernández, y las ilustraciones son obra de la reconocida ilustradora Cristina Losantos, galardonada con el Premio Nacional de Ilustración del Ministerio de Cultura.
El libro, editado en catalán y castellano, está previsto que se distribuya en el circuito escolar y la editorial no descarta su traducción a otros idiomas. EFE
¿Equidad de género en ciencia y tecnología en Argentina? Desde una pantalla, el interrogante desafiaba a arriesgar una respuesta, y no hubo que esperar demasiado para conocer el resultado:
– Las mujeres dirigen en menor medida proyectos de investigación y desarrollo, con una diferencia porcentual de 26,7 puntos en el total del registro nacional de proyectos para el período 2009-2015.
– Solicitan y reciben en promedio la mitad del financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo que los varones.
– Publican en menor medida en las revistas de mayor impacto y visibilidad internacional, con una diferencia porcentual de 7 puntos.
– Acceden en menor medida a los cargos más altos de la carrera de investigación (11,5 % contra 17,2 %).
– En todo el país, sólo el 11 % de los rectores son mujeres; éstas ocupan el 27 % de las secretarías de ciencia y representan solo el 10.5% de las autoridades de organismos de ciencia y técnica.
Los datos surgen del Proyecto SAGA (STEM and Gender Advancement) de la Unesco, en el que la Argentina participó como país piloto, y se obtuvieron a través de una encuesta sobre políticas e instrumentos de ciencia, tecnología e innovación enviada a 320 organismos del sistema científico nacional, el análisis de 34.000 curriculum vitae cargados en la base CVAR y de 18.000 proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Conicet y el Inta. Y fueron presentados este miércoles en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL donde se realizó, además, un taller para analizar estos resultados.
La presentación estuvo a cargo de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia Erica Hynes, quien llevó adelante la coordinación científica de la investigación; la directora Nacional de Programas y Proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología María Guillermina D’Onofrio, y Rocío Lafuente Duarte y María Victoria Tignino. Las palabras de bienvenida fueron de la vicedecana de esa casa de estudios, María Élida Pirovani.
El diagnóstico y las razones
“Este estudio pretende ofrecer a los países una caja de herramientas para diagnosticar si hay equidad de género, en cuánto se avanzó y cuánto falta para lograr la igualdad, y eso le sirve a los países como insumo para diseñar sus propias políticas públicas”, explicó la ministra, quien destacó el trabajo de un equipo interdisciplinario que, como tal, trabajó desde distintas miradas. “El trabajo estuvo centrado en este diagnóstico del que surgieron los indicadores y los resultados de la encuesta de organismos de ciencia y tecnología. Resta por hacer una encuesta de uso del tiempo que se va a llevar a cabo este año”, anticipó.
El Proyecto SAGA tiene como objetivo principal reducir la brecha de género en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en todos los niveles de educación e investigación mediante la determinación, medición y evaluación de datos desagregados por género, así como el apoyo al diseño e implementación de instrumentos de política que tengan una influencia sobre la equidad de género.
Argentina y Uruguay son los únicos países de América Latina que participaron de este proyecto al que se va a sumar Chile, anticipó D’Onofrio quien explicó a este diario la metodología que se siguió para alcanzar este resultado, a partir de una muestra prácticamente censal por el volumen de las fuentes consultadas.
La actividad desarrollada en la FIQ se completó con un taller para analizar los resultados de este estudio y encontrar “los por qué, las razones por las que se producen estas desigualdades”, apuntó la experta. En esa misma línea, se trabaja en una agenda de políticas puertas adentro de las instituciones donde la temática de equidad de género en sus políticas o planes está ausente en casi la mitad de fuentes consultadas, según se desprende de la investigación.
“Hay que trabajar muchísimo; hay poco conocimiento sobre de qué estamos hablando”, reconoció D’Onofrio y recordó una respuesta que se repetía a la hora de hacer las respuestas: “Yo tengo muchas mujeres trabajando acá”, le decían. “Pero no estamos hablando de eso; la intención es no quedarnos solo con un diagnóstico con toda su crudeza, sino tratar de avanzar en un trabajo coordinado y articulado del sistema”.
El trabajo infantil solo es la cara más visible del impacto del sector privado sobre la niñez. ‘El atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018’ es una herramienta digital que explora la complicada relación entre ambos
Europa/España/Madrid
Son los futuros dirigentes, clientes, inversores y empleados, pero sus derechos son hoy mismo y a menudo pisoteados por las empresas. Conviene recordarlo cuando se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Las prácticas y políticas del sector privado tienen un impacto en niños y niñas que va más allá de su cara más visible, el trabajo infantil.
El Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018, una herramienta digital elaborada por Unicef y el Global Child Forum y presentada el pasado miércoles en Estocolmo (Suecia), analiza los pormenores de la relación entre ambas partes para que las compañías, los inversores y la organización industrial tengan una visión clara de cómo sus acciones afectan a los derechos de los más pequeños.
«Es bastante reduccionista limitarse al trabajo infantil, que solo es uno de los impactos para la infancia, aunque la mayoría de los consumidores solo se fijan en ello», explica Andrés Franco, Andrés Franco, director adjunto de incidencia con el sector privado de Unicef. «Los mayores obstáculos suelen estar relacionados con la larga duración de los turnos de los padres o el tiempo que tardan en desplazarse hacia el lugar de trabajo, la posibilidad de amamantar a los bebés o las consecuencias medioambientales. El mayor riesgo, probablemente, es el cuidado de los menores de cinco años».
La cifra total de niños y niñas trabajadores ha caído en un tercio desde el año 2000, según el informe Infancias robadas 2017 de Save the Children. No obstante, el trabajo infantil aún afecta a al menos 152 millones de menores de entre 5 y 17 años alrededor del mundo, estima la Organización Internacional del Trabajo. La mitad de ellos desempeña su empleo en condiciones peligrosas.África subsahariana concentra las tasas nacionales más altas de trabajo infantil, en países como Camerún (47%), Somalia (49%), en Guinea-Bissau (51%), Benín (53%) o Mali (56%).
No es de extrañar que República Centroafricana obtenga la peor puntuaciónentre los 50 casos objeto de estudio del atlas, mientras España se coloca en cuarta posición al otro extremo de la clasificación, detrás de Francia, Croacia y Chile. La República Centroafricana, el país menos desarrollado del mundo según las Naciones Unidas, se coloca casi al cierre también en el índice Infancias Robadas de Save the Children. Solo Malí, Angola y Níger obtienen peores notas en el ranquin de 172 países. Pese a que el trabajo infantil afecta a más del 28% de los niños de entre 5 y 14 años, el estudio pone de manifiesto que en la infancia de República Centroafricana tiene desafíos con prevalencia aún más pronunciada. La mitad (55%) de las niñas de entre 15 y 19 años están casadas, así como el 28% de los chicos con edad inferior a los 18 años. A pesar de los recientes avances en mortalidad infantil, más del 10% de los niños y niñas del país no llega a su quinto cumpleaños, una tasa que multiplica por 40 la de Finlandia (menos del 0,3%).
Aunque el nivel de riesgo para la infancia está estrechamente vinculado con la pobreza, el penúltimo peldaño de la lista está ocupado por Angola, un país cuya economía el año pasado entró en recesión por primera vez desde 2002 tras el desplome del precio del crudo. “Es sorprendente”, sostiene David del Campo, director de cooperación internacional y ayuda humanitaria de Save the Children, “pero en este caso se debe al ambiente de negocio y a un gobierno poco transparente”.
Para Del Campo es importante contar con una herramienta como el Atlas, pero el problema es otro. “La cuestión es si este trabajo y los muchos otros informes que existen en este ámbito se toman realmente en cuenta en los despachos de toma de decisiones, tanto de la política como de las grandes compañías”, argumenta.
El experto de Save the Children insiste en la importancia de que las empresas entiendan que rentabilidad no está reñida con el respeto de los derechos humanos y del medioambiente. Pero la responsabilidad recae también en los consumidores, que están llamados a conocer la actitud de las compañías y a premiar las buenas prácticas, en lugar de señalar con dedo las malas.
Franco, de Unicef, coincide con él y admite que el Atlas por sí solo no necesariamente producirá un cambio en el sector privado si no se acompaña de acciones concretas. «Ya no es aceptable que una empresa se defienda con la excusa de haber comprado el producto en el mercado internacional y no saber qué prácticas esconde. Hay cada vez más gobiernos que se interesan por estos temas y el atlas brinda una base para empezar a trabajar juntos. Hacer otro tipo de negocio es posible y la infancia tiene que estar integrada en las estrategias de las empresas, así como el cambio climático».
Los sectores más peligrosos para los menores
El Atlas se centra en cuatro sectores de actividad que potencialmente presentan más amenazas para los menores. Uno de ellos es la industria de producción de ropa y calzado, que, según Unicef, puede afectar hasta 250 millones de niños, ya sea como fuerza de trabajo (un 12% de los trabajadores menores de edad está empleado en la industria en general) o como consumidores (las sustancias químicas contenidas en algunos productos pueden representar una amenaza para su salud).
ATLAS DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y EMPRESAS 2018
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han entrañado nuevos retos para la infancia, con el empleo de aproximadamente un millón de niños y niñas en la extracción de minerales y metales usados para producirteléfonos, televisores y ordenadores. Una cifra en aumento año tras año. Los autores de esta herramiente digital denuncian también violaciones relacionadas con la duración de los turnos de trabajo en países productores de tecnología como China.
La industria extractiva también esconde enormes peligros para los más pequeños. Uno de ellos es un mayor riesgo de violencia sexual en las cercanías de proyectos a gran escala, vinculado con la pobreza y la elevada densidad de población por la afluencia de trabajadores de otras localidades. Muchos de los empleados de las minas o los transportistas de materiales suelen ser hombres alejados de su familia, lo que favorece la proliferación de prostitución de menores.
EL ATLAS
Entre otros factores, el Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018 toma en cuenta la edad mínima para trabajar, el riesgo de explotación sexual, tráfico de menores, trabajo forzoso o peligroso, salarios, duración de los turnos, baja maternales.
La herramienta se basa en indicadores como el marco legal y el compromiso del Estado con la defensa de los derechos de los niños, analizando el impacto para la infancia en el lugar de trabajo, en el mercado y en el entorno. Es en este último apartado que República Centroafricana suma las peores notas (7,7 en una escala de 0 a 10, en la que a número mayor corresponde la necesidad de un mayor esfuerzo de empresas e inversores para proteger a la infancia de ese país. Este resultado casi dobla la media de 4 de los otros países analizados).
Por último, se analiza el impacto del sector alimentario, una industria que brinda trabajo a unos 22 millones de personas en el mundo solo en la fabricación, en particular en países en desarrollo. Estas cifras excluyen a los que trabajan en agricultura, cría de ganado, pesca y silvicultura, incluidos 98 millones de menores (el 60% del trabajo infantil). Muchos de ellos son empleados por su familia y no reciben salario. Los menores, en cuanto consumidores, están expuestos a campañas de marketing y publicitarias que promueven el consumo de productos ricos en azúcar y calorías y que inciden en las crecientes tasas de obesidad en esta franja de población. La Organización Mundial de la Salud estima que, de mantenerse el actual ritmo de crecimiento de la población, 70 millones de niños y adolescentes tendrán sobrepeso en 2025.
UNICEF y Global Child Forum presentan herramienta digital que permite a las empresas analizar su impacto sobre la infancia
Prensa UNICEF
UNICEF y Global Child Forum han presentado el Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018, una herramienta digital que permite a las empresas identificar los posibles impactos y oportunidades que sus prácticas y políticas tienen en las vidas de los niños y niñas en todo el mundo.
“Los niños son fundamentales para el futuro de las empresas, ya que son los futuros dirigentes, clientes, inversores y empleados”, explica la directora ejecutiva adjunta de UNICEF, Fatoumata Ndiaye. “Con el Global Child Forum instamos a las empresas a respetar los derechos de los niños y a encontrar soluciones valientes para cualquier potencial efecto negativo. Esto es beneficioso tanto para las empresas como para los niños”.
El Atlas es una plataforma interactiva que ofrece índices, mapas globales interactivos, datos y análisis de países, y enfoques de industria para permitir a las empresas comprender mejor su impacto en el lugar de trabajo, el mercado, la comunidad y el medio ambiente.
Su metodología se alinea con los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos identificados en la Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (UNGPs, por sus siglas en inglés) y los Derechos del Niño y Principios Empresariales(CRBPs).
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Una medida necesaria y recibida positivamente desde las organizaciones que han monitoreado y denunciado el acoso en nuestras calles -donde las principales afectadas son las mujeres-, pero que -según han planteado- debiera ir acompañado de la promoción de un cambio cultural, estructural, donde la educación no sexista desde la infancia sea un pilar fundamental de ese proceso.
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