Las 50 mujeres que fueron secuestradas por terroristas armados entre el jueves 12 de enero y el viernes 13 de enero en el departamento burkinés de Arbinda, en el norte del país, han sido encontradas, según ha podido saber la agencia de noticias AIB.
El gobernador de la región del Sahel, el coronel Rodolphe Sorgho, anunció en un comunicado fechado el 16 de enero que, desde su desaparición, las autoridades habían llevado a cabo una búsqueda para dar con las mujeres «sanas y salvas», recalcan los medios locales.
Un grupo de 41 mujeres fueron secuestradas cuando se dirigían al monte, a cuatro kilómetros de la ciudad, en busca de hojas y frutos comestibles. Un día más tarde, un segundo grupo, de quince mujeres, corrió la misma suerte en las mismas circunstancias.
Más tarde, se conoció que hubo un tercer grupo de mujeres secuestradas, elevando la cifra de personas en paradero desconocido a casi 80, según informó Radio France Internationale, aunque esta cifra no fue confirmada por las autoridades.
La Secretaría general de la ONU, presidida por António Guterres, condenó el martes el secuestro a la par que instó a las autoridades de Burkina Faso a no escatimar en esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia, según informó su portavoz, Farhan Haq, en un comunicado.
Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también pidió en un comunicado el lunes la liberación de las mujeres burkinesas secuestradas en la provincia de Soum.
El departamento de Arbinda ha estado bajo bloqueo terrorista durante varias semanas, teniendo lugar de manera reiterada enfrentamientos entre las fuerzas del Ejecutivo de Burkina Faso y dichos grupos armados.
El 20% de los estudiantes franceses vive por debajo del umbral de la pobreza. El aumento del precio de los alimentos y de las facturas de energía agrava su situación. Y sin embargo, Francia concede más ayudas económicas a los estudiantes que muchos otros países europeos.
Nuestra reportera Valérie Gauriat se reunió en París, Rennes y Lyon con algunos de los que luchan por llegar a fin de mes, así como con las asociaciones que les apoyan.
De la covacha a la crisis energética
Los ojos de Baptiste y Mustafa se iluminan al ver los kiwis en su bolsa de la compra. «Los kiwis son un lujo», explica Batiste. Son dos de los mil estudiantes que participaron en el reparto de alimentos organizado en París por COP1, una asociación estudiantil creada durante la pandemia para apoyar a los estudiantes necesitados.
JR A’Weng, director general de COP1, dice que no pensaba que organizarían distribuciones de alimentos después de los cierres covídicos. Pero con la subida de la inflación, «cada vez es más difícil para los estudiantes hacer frente a la situación, y existe una verdadera inestabilidad financiera».
Mayor riesgo de fracaso escolar
Elodie suspendió sus exámenes dos veces en Lyon durante los cierres covid, por lo que perdió su beca. Empezó una nueva vida en Rennes (Bretaña). Pasó un mes en su coche antes de encontrar alojamiento para estudiantes. Aquejada de varias discapacidades, sus gastos médicos, sólo parcialmente cubiertos por la seguridad social, se comen su pequeño presupuesto. Su situación repercute en sus estudios.
» Me duermo durante las clases, falto a clase para ver a un asistente social o para ir a la distribución de alimentos», cuenta.
En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, la federación de asociaciones de estudiantes, Gaelis, gestiona una llamada tienda solidaria donde los estudiantes pueden comprar productos al 10% del precio de mercado. Su presidenta, Laure Morin, explica: «La falta de seguridad económica que constatamos entre los estudiantes es una enorme carga mental para ellos. Los estudiantes se ven obligados a trabajar. Y si los estudiantes trabajan más de 12 horas paralelamente a sus estudios, tienen tres veces más probabilidades de suspender. »
La bonificación para los trabajadores del sector educación en Venezuela cubre solo el 6,5 % de la canasta básica alimentaria familiar en ciudades como Maracaibo. Los docentes consideran que esa asignación especial es “una burla” y exigen mejores salarios.
Los educadores venezolanos recibieron en las últimas horas una bonificación especial equivalente a poco menos de 30 dólares del gobierno de Nicolás Maduro, en una medida contra lo que el chavismo llama una “guerra económica” de presuntos agentes extranjeros e internos contra su modelo político.
El oficialismo anunció el domingo pasado el depósito de 580 bolívares a los integrantes de las nóminas del sector educación mediante una plataforma de bonos denominada Patria. El monto es igual a 29,5 dólares según la tasa oficial de cambio del lunes de 19,66 bolívares por dólar estadounidense.
La asignación monetaria a decenas de miles de maestros, empleados y obreros de los diferentes niveles educativos dependientes del poder ejecutivo nacional ocurre en medio de unaola de protestas de ese gremioen los principales estados de Venezuela.
El lunes, un día después de la conmemoración nacional del Día del Educador, proliferaron las críticas de los educadores a la bonificación.
“No quiero bono, no quiero CLAP (una caja de alimentos subsidiados por el gobierno venezolano), yo lo que quiero es un sueldo digno ya”, se escuchó repetir a los manifestantes en regiones como Caracas, Bolívar y Zulia.
Los docentes, obreros, empleados y trabajadores administrativos del sector educativo venezolano demandan que el Estado homologue sus sueldos hasta una cifra que les permita costear, por lo menos, la canasta básica alimentaria.
El gobierno madurista determinó en marzo de 2022 que los salarios de los maestros adscritos a sus nóminas fueran entonces de entre 89 y 106 dólares, si bien serían pagados en bolívares a la tasa oficial de cambio. Esas remuneraciones, sin embargo, se depreciaron desde entonces hasta superar a duras penas los 20 dólares al mes para esos docentes.
Ayuda insuficiente
El salario al que aspira el gremio educativo hoy ronda los 474 dólares, lo que cuesta alimentar a una familia de cinco miembros, de acuerdo con una investigación publicada en noviembre por un organismo dependiente de la Federación Venezolana de Maestros.
Como colofón, ocurre que el costo de la canasta básica alimentaria se incrementa en algunas ciudades como Maracaibo, en el occidente del país, cerca de Colombia. Alimentar a una familia allí costó en diciembre como promedio 8.876 bolívares, es decir, 514 dólares.
Hay un extenso camino por recorrer para lograr que los agentes económicos en nuestro país cuenten con ingresos suficientes”
Gustavo Machado, economista venezolano
El bono depositado desde el domingo a los educadores equivale al 6,5 % del costo de la canasta básica alimentaria familiar en la capital del estado más poblado de Venezuela, Zulia, subraya el economista y docente universitario Gustavo Machado.
“Nos da una idea del extenso camino por recorrer para lograr que los agentes económicos en nuestro país cuenten con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, siendo en primera instancia necesario alcanzar un elevado nivel de consenso social para maximizar las posibilidades de avanzar por la ruta más adecuada”, comentó a la Voz de América.
El reciente depósito en las cuentas de los docentes y empleados del gremio educativo se concreta luego de un año en el que Venezuela registró la peor inflación de América y una de las más notorias en todo el mundo, de 305,7 %, de acuerdo con los registros del opositor Observatorio Venezolano de Finanzas, a falta de cifras recientes del Banco Central.
Bonificación insuficiente para maestros venezolanos. 1
Bonificación insuficiente para maestros venezolanos. 2
¿Cuánto cuesta la comida?
El lunes, un cartón de 30 huevos costaba 6,1 dólares, un precio similar al kilo de carne de res de primera. Apenas 200 gramos de pechuga de pavo rebanada costaban 4,3 dólares en un supermercado de Maracaibo, mientras un litro de aceite reflejaba un precio de 5,69 dólares.
Un kilo de pasta costaba 2,3 dólares a inicios de semana y era necesario invertir entre 1,3 y 1,5 dólares por la misma cantidad de un arroz blanco y una harina de maíz. Un kilo de pollo entero costaba cerca de 4 dólares por kilo, al mismo tiempo que 900 gramos de mayonesa tenía un precio marcado en un mercado del norte marabino de 9,5 dólares.
El queso blanco es uno de los productos más caros. Un solo kilogramo de su versión mozzarella premium costaba 9,6 dólares y el semiduro estaba disponible por 10 dólares.
Con esos precios, según la tasa de cambio de 19,66 bolívares, un docente invertiría su bono de 29,5 dólares en tan solo un kilo de carne, otro de pollo entero, uno más de pasta, harina y arroz, 500 gramos de queso y un poco de jamón rebanado.
“Este bono representa una burla, el desprecio que tiene el gobierno de Venezuela a la educación. Es un absurdo”, expresó a la VOA la profesora de la Universidad del Zulia, Molly González, quien hasta inicios de año era la líder de su gremio en esa institución.
Disponer de poco menos de 30 dólares en un mercado o panadería de Venezuela “no representa absolutamente nada” en beneficio de las alacenas de los docentes, opina. “¿Qué puedes comprar tú con 20 dólares en una Venezuela dolarizada totalmente?”, cuestionó González. Una familia de 4 miembros no puede resolver su problema alimentario con 20 dólares”, aseguró.
Tanto la bonificación especial de las últimas horas como las protestas constantes de los docentes venezolanos ocurren en momentos en los cuales el poder ejecutivo de Maduro ha anticipado que anunciará en breve medidas económicas relevantes.
Los expertos independientes han interpretado esa previsión gubernamental, hecha por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como la antesala a un nuevo aumento del salario mínimo en Venezuela, que hoy apenas ronda los 6,6 dólares por mes o 130 bolívares.
Como lo apunta Carmen Teresa Márquez, presidenta electa de la Federación Venezolana de Maestros, los profesores de todos los niveles educativos esperarán tales decisiones en la calle, exigiendo pacíficamente la asignación mensual de un sueldo “digno”.
La Universidad de Manizales está haciendo eco en Zaragoza (Antioquia). Y esto es gracias a Yohely Patricia Mosquera, la docente que se acaba de ganar el Premio Maestros y Maestras para la Vida, en la categoría Perspectiva de Género.
Yohely imparte clases de Inglés en la Institución Educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo, del Bajo Cauca antioqueño y es estudiante de la maestría en Educación en modalidad virtual en la U. de Manizales.
«En la maestría tuve electivas sobre Género y Diversidad, que con la educación, son los temas que atraviesan mi vida, son mi pilar. Los enfoques de género y raza que abarco en el aula los he podido articular con el posgrado, entonces ha llenado todas mis expectativas», comenta la docente sobre su experiencia en la institución.
Formación
Mosquera tiene 33 años, se reconoce como una mujer afrodescendiente, feminista y docente. Estudió Pedagogía en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se especializó en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia.
Confiesa que su pasión por la educación se la trasmite una tía con la que vivía. Y añade: «Esa tía me enseñó el valor de ser maestra y sobre todo, de ser una maestra que incide positivamente en la vida de sus estudiantes».
La secundaría la adelantó en la Institución Educativa Técnico Comercial, de Condoto (Chocó). Allí, con unos profesores interesados en la educación diferencial, adquirió las primeras herramientas para cambiar vidas.
Relata: «Todo lo que tenía que ver con el discurso, con el análisis crítico, con la literatura y con las ciencias humanas llamó mucho mi atención, y pues terminé siendo maestra».
Dejando huella
Hace siete años, por medio de un concurso de méritos, Yohely llegó a ocupar una plaza docente en Zaragoza. Cuenta que en su proceso como educadora, lo primero que le llamó la atención fueron las uniones tempranas de las adolescentes entre 10 y 13 años. «Yo llamaba a lista, y ante la ausencia de alguna estudiante, los otros respondían: profe, se casó. Haciendo referencia a que se había ido a vivir con su pareja. Era una adolescente que terminaría viviendo la vida de una mujer adulta, y era normal que eso ocurriera».
Ante dicha inquietud, la condoteña decidió capacitarse en temas de género para atacar la problemática y transformar la vida de sus estudiantes.
«Las jóvenes generalmente no tenían liderazgo, no opinaban mucho en las clases; les daba miedo, pena lanzarse o poner su nombre como personeras y deportistas. Entonces yo dije: Aquí hay un problema y este problema es de género. Ocurre algo que no está dejando que las estudiantes hagan todo lo que como mujeres tenemos derecho a hacer», relata Mosquera.
Fue en este momento en el que la docente decide transversalizar sus clases y empezar a enseñar sobre liderazgo y feminismo.
«Inicié enseñándoles Historia, pero sobre todo el papel de la mujer en la historia de la humanidad, y cómo a través del movimiento feminista se han dado todas estas luchas que han permitido que hoy ellas puedan ser estudiantes y que yo hoy pueda ser su maestra».
Feminismo interseccional
Al ser Zaragoza una comunidad mayoritariamente afrodescendiente, el género, la educación y la raza se articularon. Yohely Patricia anota: «Este es un tema de género, pero también es un tema interseccional, porque atraviesa la raza y la clase socioeconómica de los estudiantes».
Es así como el liderazgo y empoderamiento de las alumnas empezó a repercutir en las actividades del colegio. Por ejemplo, en la del Día de la mujer, donde anteriormente se izaba una bandera y se regalaban flores, ahora se realizan charlas, capacitaciones o performances en donde se enuncian las víctimas de feminicidio en la región.
La docente comenta que gracias a esto las adolescentes tienen conciencia de lo que significa ser mujer, y «que ser mujer implica estar en constante lucha por reclamar nuestros derechos».
Motivación
Yohely asegura que su primer filtro fue una entrevista con una docente de la Universidad de Antioquia. «Ella nos decía que el proyecto era muy bueno, que nos felicitaba, pero que los resultados se daban el día de la premiación. Cuando nos llamaron yo no me las creía, y me alegró mucho que mis compañeras y compañeros creyeran en lo que yo hacía».
Para la profesora del Bajo Cauca ganar este premio es una invitación para creer en su trabajo y continuar con él. «Todos han conocido el trabajo del Colegio y les parece que es algo que mejora la vida de los estudiantes y su forma de expresarse al mundo. Eso quiere decir que algo bueno está ocurriendo y que se debe seguir haciendo. Concluye Mosquera.
El premio
El Premio Maestro y Maestras Para La Vida es un premio de la Gobernación de Antioquia que busca exaltar los proyectos de aula que transforman la vida de los estudiantes. El premio se divide en varias categorías, y cada una de ellas encuentra esas iniciativas que están trayendo a los jóvenes un conocimiento de la vida real, pero también que incentivan el respeto hacia el otro, hacia el diferente.
«Los maestros para la vida son esos maestros y maestras que dejan huella y no cicatrices en los estudiantes», expresa Yohely Patricia Mosquera.
Con tres máquinas adquiridas con sumo esfuerzo, Cinthya Wipin se inició en la confección de prendas de vestir en el 2019, actividad que se truncó con el inicio de la pandemia. Ella forma parte de los trabajadores informales en Perú, que son 8 de cada 10, sin beneficios ni derechos laborales.
Las perspectivas a corto plazo de mejora del empleo no son optimistas en América Latina y el Caribe, región con 662 millones de habitantes donde el mercado laboral fue uno de los más golpeados durante la pandemia por la covid-19.
Durante el confinamiento se perdieron masivamente los puestos de trabajo, más de 30 millones de personas se quedaron sin sus fuentes de sustento, siendo las más afectadas las mujeres, cuya participación laboral en la región retrocedió 18 años.
Un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió en diciembre de 2022 que pese a los avances en la reducción del desempleo en el primer semestre de dicho año, esta tendencia sería difícil de sostener.
Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile
“El contexto económico global se ha complicado bastante en los últimos meses y tiene un impacto en la dinámica mundial”, dijo a IPS mediante entrevista virtual Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile.
“Tenemos el menor crecimiento de China por la política de combate a la covid, estábamos acostumbrados a que crezca 7, 8, 9 % y ahora está en 3%; la guerra de Rusia contra Ucrania; y el contexto inflacionario que impacta sobre las perspectivas económicas del mundo y de la región latinoamericana”, agregó Reinecke, coautor del informe de OIT y Cepal, Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, dinámica de productividad laboral.
Cepal proyectó que la desaceleración económica se acentuará en la región en 2023. Estima un crecimiento de 1,3%, porcentaje que limita el optimismo frente a la recuperación del empleo de calidad, tras los indicadores auspiciosos logrados en el primer semestre de 2022.
En ese período disminuyó la tasa de desocupación en los 16 países analizados en el estudio conjunto de OIT y Cepal, ubicándose en 7 %, porcentaje menor al de pre pandemia. Y se incrementó el trabajo asalariado con una mayor demanda en el sector industrial.
Los países que formaron parte del estudio fueron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.
Ocho de ellos mostraron un crecimiento de más de 4 % del empleo total con respecto al 2021: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
El difícil contexto global así como la menor inversión y crecimiento económico de los países, y el alza de la inflación, recortan las expectativas de sostener la recuperación del mercado laboral en la región y de superar el histórico problema de la informalidad, que hace perder derechos a la población trabajadora.
“Al corto plazo esas nubes siguen estando ahí, no se han despejado las perspectivas para un crecimiento tan dinámico como el que se requiere para dar un impulso fuerte a la creación de trabajo decente”, afirmó Reinecke, cientista político y economista de profesión, con más de 20 años de residencia en Chile.
Es difícil tener empleo con derechos
Cinthya Wipin, migrante en Lima de 36 años, proveniente de la ciudad nororiental peruana de Chachapoyas, es parte de los ocho de cada 10 trabajadores que se encuentran en la informalidad y sin gozar de sus derechos laborales en el país andino de 33 millones de habitantes.
Madre de un adolescente de 16 años y de mellizos de seis, decidió estudiar confecciones en 2018 para tener una mejor calidad de vida y garantizar la educación de sus hijos. Terminado su periodo de capacitación, con los ahorros de su labor de entonces como trabajadora del hogar y los de su esposo obrero de construcción civil, más un préstamo familiar, logró comprarse las máquinas necesarias para empezar su negocio.
“Una amiga me vendió su máquina Singer, es antigua pero buenota, es para coser. A una prima le compré su máquina recubridora, que es para hacer los acabados, y en plazos conseguí la remalladora, que es nueva. Y así fue como me inicié”, contó a IPS en su hogar ubicado en un barrio del distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima.
No imaginó entonces que luego de tres meses se declararía la pandemia y el confinamiento que encerró a las familias en sus casas entre marzo y julio del 2020. “Yo no lo podía creer, había invertido todos mis ahorros, estaba endeudada y con las máquinas paradas… fue un momento desesperante”, recuerda.
A mediados del año decidió anunciar su servicio de confecciones a través del Facebook y le llegaron pedidos. Continúa así en la actualidad y ha logrado sanear sus deudas, pero necesitaría producir 300 poleras al mes para poder lograr ingresos que cubran sus costos de producción y obtener una rentabilidad suficiente para sostenerse y crecer.
“Tendría que generar unos 15000 soles al mes –unos 3900 dólares- para poder contratar a una persona y alquilar un local. Mi sueño es tener un taller, dar trabajo a otras mujeres y surgir haciendo lo que nos apasiona, porque a mí me encanta coser”, remarca.
Frente a sus máquinas, siente que se realiza.
“Mi esposo me dice para qué te esfuerzas tanto, por qué mejor no compras ropa al por mayor y lo vendes. No, le digo, yo misma quiero comprar la tela, trazarla, cortarla, remallar y hacer los acabados”, explica, refiriéndose al proceso de confección de las prendas.
Ella trabaja más de 12 horas al día realizando labores productivas y de cuidado: tres veces por semana es empleada de hogar; todos los días se hace cargo de la alimentación de su familia, en particular de los mellizos; y cada noche destina tiempo para atender los pedidos que le llegan de camisetas, buzos o poleras.
No es mucho, pero le permite mantenerse en actividad en su rubro y no verse absorbida por lo doméstico.
Con su extenuante jornada laboral logra el sustento diario y ahorrar un poco, pues cuenta con los ingresos que aporta su esposo. Pero no sabe lo que son vacaciones, seguridad social, compensación por tiempo de servicios o fondo de pensiones.
“Quién tiene trabajo estable en estos tiempos, unos poquitos serán. Yo siento que dependo solo de mí, de mi esfuerzo, no hay apoyo de las autoridades. Me animo pensando que de aquí a cinco años, cuando mis niños estén grandecitos y tenga más tiempo y un pequeño capital, podré hacer realidad mi sueño de ser una confeccionista que trabaja con otras mujeres”, dice con una sonrisa.
Desafíos para crear empleo formal
Reinecke indicó que la OIT plantea a los Estados estrategias integradas para las políticas orientadas a superar la informalidad, partiendo por las causas que la originan como es el tejido productivo.
“Hay muchas unidades productivas que son estructuralmente débiles y les cuesta asumir los costos de la formalidad; y falta también el conocimiento de cómo hacerlo”, dijo.
Se refirió también a la “informalidad oportunista” que ocurre cuando una empresa de 50 u 80 trabajadores decide tener 10 o 20 sin contrato, sin cobertura, sin cotización a la seguridad social.
“Según cual sea el segmento de informalidad, las medidas de política también son distintas”, precisó.
Añadió que es necesario ajustar los factores para el fomento productivo, que redunden en más recursos para poder asumir los costos de la formalidad. Y, a la vez, garantizar que la formalidad sea más atractiva, con beneficios evidentes, menores costos posibles y con información disponible para proceder.
“Entonces, los desafíos para seguir creciendo y seguir creando empleos formales, trabajos decentes, siguen ahí”, subrayó.
Alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomaron de forma simbólica un sector de la sede universitaria con un cartel grande con el nombre ‘San Marcos tomada por una Nueva Constitución’.
Los estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) se ubican en la puerta número 3 en donde mostraron su solidaridad sobre las protestas en diversas regiones del país que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una nueva Constitución a partir de una asamblea constituyente.
“Estamos justamente por la solidaridad y articulación orgánica con los sectores populares, con las profundas masas del pueblo que han emprendido la lucha política a nivel nacional y que están enarbolando porque San Marcos tiene como principal consigna la bandera de la nueva Constitución a través de asamblea constituyente con participación popular”, comentó uno de los estudiantes a RPP Noticias.
Asimismo, no aseguraron hasta cuando seguirá su medida de protesta; sin embargo, confirmaron que participarán del paro nacional convocado para el jueves 19 de enero, denominada ‘La toma de Lima’.
Los alumnos tenían sus rostros cubiertos con capuchas y se mantienen en la puerta 3 realizando arengas y cánticos de forma simbólica, por lo que los alumnos pueden ingresar y salir de la universidad sin restricción alguna.
Mediante sus redes sociales, la FUSM había convocado a realizar una jornada de protesta en la puerta de la San Marcos en donde estaba la realización de una jornada de prensa, actividdad cultural y una vigilia por las personas que han fallecido durante las manifestaciones en diciembre 2022 y enero de 2023.
“Desde la Federación Universitaria de San Marcos denunciamos la brutal represión, persecución y masacre contra el pueblo por parte del Estado peruano. Asimismo exigimos una Nueva Constitución mediante la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente con participación popular y plena libertad política como parte de la lucha por la democratización de la sociedad peruana, en la que se restituya y amplíe los derechos fundamentales del pueblo”, se lee en la publicación.
Además, la congresista Isabel Cortéz (Cambio Democrático-JPP) se acercó a la sede universitaria para verificar que no se transgreda el derecho a la protesta de los estudiantes. Por otro lado, señalaron que apoyaran a los ciudadanos que llegan desde las regiones del país a la capital.
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