La OMS advirtió que cualquier tipo de abuso a personas mayores puede tener un impacto sobre su salud y bienestar, como dolor, depresión, estrés y ansiedad.
Al menos una de cada seis personas mayores ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato, ya sea psicológico, físico o financiero, una cifra más elevada de lo estimado previamente y que se prevé aumentará a medida que haya más ancianos en el mundo, aseguró este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo a un estudio realizado por la OMS y publicado en la revista Lancet Global Health, casi el 16 por ciento de las personas de 60 años o más ha sufrido abusos psicológicos, financieros (6,8 por ciento), de abandono (4,2 por ciento), físicos (2,6 por ciento) o sexuales (0,9 por ciento).
«El abuso a personas mayores está aumentando, esto tiene graves consecuencias individuales y sociales.Tenemos que hacer mucho más para prevenir y responder a la creciente frecuencia de las diferentes formas de abuso», dijo en un comunicado la asesora sénior en materia de salud del Departamento de Envejecimiento y Ciclo de Vida de la OMS, Alana Officer.
Officer lamentó que pese a la frecuencia y las graves consecuencias para la salud, el abuso de personas mayores sigue siendo uno de los tipos de violencia menos investigados en encuestas nacionales y uno de los menos mencionados en planes nacionales de prevención de la violencia.
A su vez, recordó que cualquier tipo de abusos a personas mayores puede tener un impacto sobre su salud y bienestar, como dolor, depresión, estrés y ansiedad.
La OMS sostuvo que si la proporción del abuso y maltrato a ancianos permanece, el número de afectados incrementará rápidamente debido al envejecimiento de la población y alcanzará los 320 millones de víctimas en 2050.
El hecho preocupa considerando que en muchos países del continente se mantiene la idea de que los huesos de las personas con esta condición tienen poderes mágicos.
Malaui registró una nueva ola de asesinatos y ataques dirigidos a personas con albinismo en los últimos seis meses apoyada por un sistema judicial deficiente, denunció la ONG Amnistía Internacional (AI) en el Día Internacional de la Concienciación sobre el Albinismo.
Desde enero de 2017, al menos dos personas con albinismo han sido asesinadas y otras siete han denunciado delitos, como intento de asesinato o secuestro, después de que no se registraran incidentes durante los últimos seis meses de 2016.
«A pesar de una legislación más fuerte, incluyendo reformas al Código Penal y la Ley de Anatomía para abordar los ataques contra albinos, estamos viendo un alarmante resurgimiento de asesinatos y ataques contra este grupo vulnerable en 2017», dijo el representante de AI en el sur de África, Deprose Muchena.
La organización denunció en un comunicado la lentitud del sistema judicial en el país que ha dado lugar a que casos contra el albinismo no se hayan resuelto y que ha creado un clima de impunidad que «alienta a los autores de estos horribles crímenes».
En muchos países africanos sigue arraigada la creencia de que los huesos de los albinos tienen poderes mágicos.
Por una extremidad de un albino se llega a pagar más de 3.000 euros, mientras que por todo el cuerpo la cifra ronda los 60.000 euros, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En su informe de junio de 2016, AI expuso cómo las personas con albinismo eran «cazadas y matadas como animales» para vender sus huesos a quienes practican la medicina tradicional en países como Malaui y Mozambique para usarlos en pociones mágicas asociadas con la riqueza y la buena suerte.
El pasado 28 de febrero una mujer albina de 31 años fue hallada asesinada en Lilongwe (Malaui) con la mano, el pecho y el pelo cortados, y en enero un joven albino fue también asesinado en el distrito de Thyolo, en el sur del país.
Además AI reportó al menos cinco intentos de secuestro de albinos en Malaui y Mozambique, a pesar de que las autoridades de ambos países «tienen la obligación de garantizar una investigación rápida y eficaz sobre las desapariciones».
La organización denunció que en la mayoría de los casos en Malaui los crímenes contra personas que persiguen a albinos, en particular el asesinato, no llegan a ser juzgados en un tribunal debido a la falta de fondos y apoyo legal para sospechosos.
«Este aumento de los ataques muestra que las bandas (…) se están aprovechando del mal funcionamiento del sistema penal de Malaui. Las autoridades deben tomar medidas decisivas para poner fin a estos ataques de una vez por todas», pidió Muchena.
Al menos 20 personas con albinismo han muerto en Malaui desde noviembre de 2014 y 117 sufrieron ataques según la Policía, en un país que tiene una población albina de entre 7.000 a 10.000 personas.
El perfeccionamiento de la enseñanza especial en Cuba a partir del venidero curso escolar, pretende obtener un alumno egresado con mejor independencia que permita integrarse a la sociedad con mayor calidad de vida.
Los cambios en la educación a todos los niveles incluirán a partir de septiembre venidero a los alumnos con discapacidad intelectual, que en Holguín tendrán en la Escuela Especial Le Thi Riem al centro escolar seleccionado para la puesta en práctica del proyecto de transformación.
Mariluz Torres, metodóloga de educación especial en el oriental territorio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que a partir del próximo curso escolar se trabajará en esa escuela en cambios en los programas de primero y sexto grados, teniendo en cuenta el currículum base de la educación primaria de primero y cuarto grados.
La especialista indicó que se pretende contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, de manera que le permita establecer relaciones sociales estables con quienes lo rodean y pueda ejercer de forma independiente, la actividad socialmente productiva.
A partir de este período, se ejecutarán las adaptaciones curriculares que se puedan aplicar a estos alumnos, estudiadas previamente y para las cuales ya se alistan los docentes de la institución.
La directiva agregó que con estos cambios el escolar se sentirá más identificado en la sociedad y su familia tendrá mayor satisfacción de los conocimientos obtenidos por los alumnos.
El nuevo perfeccionamiento en los niveles de enseñanza pretende adecuar métodos, estilos y programas de estudio a tono con los cambios de la sociedad, el desarrollo de las ciencias y el avance tecnológico, al tiempo que destaca el protagonismo de los educandos, la familia y comunidad en el proceso.
La asociación provincial de afectados denuncia la falta de traductores de lengua de signos con motivo de su día internacional.
La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (Appsc) reivindicó ayer un acceso a la educación en igualdad de condiciones y reivindicó el valor de la lengua de signos en las escuelas como «garantía de equidad, inclusión y libertad». Es «un idioma tan útil como cualquier otro para transmitir ideas, acceder al conocimiento, avanzar hacia la igualdad y construir ciudadanía», según el manifiesto por el Día Internacional de las Lenguas de Signos Españolas, que leyó la presidenta de Appsc, Ana María Sánchez. Niños de la asociación participaron en esta celebración en la que se denunció la falta de intérpretes en todos los niveles, desde el Hospital Reina Sofía (donde sí hay un servicio de traducción para extranjeros) o los centros de Atención Primaria hasta Hacienda o el Ayuntamiento.
Por otro lado, apuntaron la necesidad de un «enfoque plurilingüe basado en el aprendizaje, conocimiento y uso tanto de la lengua de signos como de las lenguas orales». En este sentido, llaman a las administraciones a «tomar conciencia de que el progreso humano y académico de las personas sordas pasa por atender también sus necesidades y demandas respecto al desarrollo efectivo de sus derechos lingüísticos» y, por lo tanto, «la promoción de la lengua de signos en España». «Queda mucho por hacer por la integración», apuntó la directora de la entidad.
Hallan obstáculos para comunicarse desde el hospital hasta Hacienda o el Ayuntamiento
Sánchez manifestó que «la educación de los niños es lo más importante para que en un futuro sean adultos integrados en una sociedad solidaria, con una accesibilidad completa y universal». Los obstáculos para las personas sordas no sólo se presentan en los centros de enseñanza, sino que los acompañan durante toda su vida. Así, la presidenta de Appsc destacó que en la entidad tienen un equipo de orientación de la Junta de Andalucía «que hace una labor excelente y que está dando un aire nuevo con la inclusión de muchas personas sordas en el ámbito laboral». También hay un departamento de mayores cuya comunicación prácticamente «es nula porque no pueden usar el teléfono ni muchas herramientas que hoy en día tenemos». En ese ámbito, criticó que están recibiendo muy poca ayuda de la Administración.
En la provincia de Córdoba hay alrededor de 4.000 personas sordas. En la asociación cuentan con un mediador cuya función es orientar y hacer un seguimiento de los asociados; y también con una intérprete de lengua de signos que los acompaña en caso de que lo necesiten. «Una persona necesita la accesibilidad, si va al médico y no tiene intérprete pierde información», por lo que al no contar con esta figura los centros sanitarios ni hospitales, el paciente se ve obligado a ir con un familiar, perdiendo así su independencia. «Los intérpretes de servicios son los que más escasean», apuntaron desde la asociación.
Para Eduy21, más que la cifra de incremento presupuestal, lo relevante es qué se hace con el dinero.
Como decimos los profesores: «Puede y debe rendir más». Así definió Luis Martínez, presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) el incremento presupuestal que el Poder Ejecutivo quiere asignarle a la ANEP y Udelar. Este salto de US$ 62 millones para un año (alrededor de un punto del PIB) está «lejos de lo sustantivo: no parece haber un crecimiento en infraestructura, en otros cargos y se replica el aspecto salarial de los dos años anteriores», agregó José Olivera, dirigente de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, en base a los datos que se enteró «por la prensa» y «no por vía oficial».
Los docentes organizados, que ayer encabezaron un paro nacional en ANEP que «en algunos departamentos alcanzó una adhesión del 96%, se reúnen hoy a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo. Llegan a este Consejo de Salarios con la esperanza de negociar; porque si el Ejecutivo «solo quiere imponer su idea, estamos ante un problema grave», dijo Olivera.
Según los cálculos primarios de los sindicatos, los US$ 50 millones que irán para la ANEP y los US$ 12 millones para Udelar, cubrirían el 3,53% de aumento general que va destinado a salarios. Es decir: mantiene «a la baja» aquella cláusula de paz que destrabó el conflicto de 2015. Por aquel entonces se había acordado alcanzar un salario base de $ 25.000 (a precios de 2015) hacia 2020.
Según el anuncio que hizo ayer el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda (ver página A5), la educación también recuperará los US$ 25 millones que le fueron quitados en la Rendición de Cuentas anterior.
Contando esta recuperación y el aumento anunciado, se está a un punto de alcanzar el 6% del PBI para la educación hacia 2020 y «solo restará» el salto cuantitativo del año próximo (el año electoral no se puede incrementar el gasto).
Más allá de lo financiero, los docentes están preocupados por las formas en que se está dando este proceso de negociación. Primero, dicen haberse enterado de que la Rendición de Cuentas sería por un único año a través del anuncio que hizo el presidente Tabaré Váz-quez desde Ginebra, cuando nueve días antes «se había dicho desde el gobierno que no tenían información».
Segundo, no hubo una convocatoria al Consejo Superior y mañana irán a negociar, directamente, los actores involucrados. Tercero, la cifra de incremento en educación les «llegó por la prensa». Y cuarto, «hay un problema de plazos: recién mañana nos sentaremos a conversar y el proyecto de ley debe enviarse antes del 30 de junio», cuestionó Olivera.
Para el dirigente sindical, «el gobierno tiene una actitud cuando oficia de garante en las negociaciones del sector privado y otra cuando hace de empleador». Desde que comenzó esta administración, agregó Olivera, «hay una estrategia de dilatar los tiempos para que no haya margen».
Los docentes reclaman un aumento para la educación que llegue al 6% del PIB para ANEP y Udelar hacia 2020 y 1% para investigación y desarrollo. La búsqueda de ese objetivo llevó a la paralización de ayer, con 40 actividades en todo el país, la adhesión de los dos consejeros en representación de los sindicatos (Isabel Jaureguy por Secundaria y Pablo Caggiani por Primaria), el corte de calle en Montevideo frente al Ministe-rio de Economía y la convocatoria para un paro general de 24 horas el próximo 21 de junio (que esa vez incluirá también a Udelar, UTEC y la enseñanza privada).
A diferencia de otros paros, «las medidas que estamos encabezando están teniendo buena comprensión de la ciudadanía», dijo el sindicalista Martínez. El dirigente de ADES se basa en los comentarios que han recibido en las movilizaciones de ayer y en que «no puede ser que el gobierno haga demagogia con la educación».
Desde el colectivo Eduy21 ven con beneplácito que haya un aumento para la educación, y que haya una priorización de esta área, pero insisten con que «la mayor preocupación es saber a qué van destinados los recursos».
Bruno Gilli, integrante de Eduy21, explicó que de seguir contribuyendo a engrosar la estructura actual, la que no está dando resultados esperados (sobre todo en ANEP), hay «una alta probabilidad de que se esté ante más de lo mismo».
El último informe de estado de la educación, que presentó hace dos semanas el Ineed, da cuenta de que la estructura actual fomenta la desigualdad. Los indicadores de rendimiento y calidad educativa muestran un claro diferencial según el contexto en que se encuentra el centro educativo. «Es ahí donde hay que poner los esfuerzos», insistió Gilli. Y agregó: «Es necesario que los mejores docentes vayan a dar clase a los lugares donde se los está necesitando».
Paro con una «gran adhesión».
La dirigencia de los sindicatos de la educación quedó conforme por la «excelente» respuesta al paro de ayer, dijo el gremialista José Olivera. «En algunos centros educativo apenas fueron a trabajar dos o tres personas; toda una señal». De hecho, la adhesión superó a la cantidad de afiliados de todos los sindicatos.
Mañana, desde las 18 horas, habrá una marcha organizada por la FEUU y la Intergremial Universitaria a la que adhieren los sindicatos docentes (aunque no habrá paro).
Aumento a Udelar dista de lo solicitado.
Entre la aspiración presupuestal de la Universidad de la República y la que planteará el Poder Ejecutivo hay un abismo. Los US$ 12 millones para 2018 que el gobierno quiere incrementarle a la UdelaR, apenas alcanzan para cubrir la inversión en el Hospital de Clínicas.
Hace una semana, el rector Roberto Markarian anunció que la institución solicitará un aumento de $ 4.477 millones para el próximo año, US$ 138 millones más de lo que le quiere asignar el Ejecutivo. Esta diferencia dejaría por el camino alguno de los proyectos que busca promover la UdelaR, como el aumento de becas para los estudiantes, la inversión y la investigación.
El aumento salarial planteado por UdelaR representa un 38% del total del gasto del organismo. En la ANEP, las remuneraciones trepan al 85% de la torta a repartir.
Para los funcionarios no docentes de UdelaR, en base al esquema del Rectorado, se les solicitará un sueldo mínimo de diez BPC hacia 2019, por 40 horas de trabajo a la semana. A la fecha, esas 10 BPC son poco más de $ 36 mil.
Con la intensión de llegar al 6% del PBI dedicado a la educación, la UdelaR había proyectado $ 3.582 millonespara 2019, siempre a precios de 2017. Pero la realidad con la que se enfrenta ahora hará más que duplicar esa cifra.
Argentina/15 junio 2017/Fuente: eldiariodelaeducacion
Los profesores han salido a la calle para exigir mejoras salariales y derechos laborales, y cambiar un modelo que asfixia el sistema de enseñanza desde los tiempos de la dictadura de Rafael Videla.
El curso escolar argentino avanza sin que se muevan las fichas del conflicto que marcó el inicio del año lectivo en este país. El pasado mes de marzo, decenas de miles de docentes se movilizaron durante 40 días para exigir al gobierno liberal de Mauricio Macri mejoras laborales, en un intento por terminar con los severos efectos que la descentralización educativa ha dejado en el país desde que se instauró durante la dictadura.
Las y los maestros exigen al Ministerio de Educación que convoque a paritarias nacionales, un mecanismo que reúne en una mesa de negociación al Ejecutivo, las provincias y los principales sindicatos de la enseñanza, para regular el aumento salarial mínimo a partir del cual las distintas regiones establecen su propia proporción, mayor o igual a la cifra nacional según cada jurisdicción.
“El conflicto sigue abierto a pesar de que hoy no se estén desarrollando medidas de fuerza contundentes”, explica Mariano Garrido, secretario de asuntos pedagógicos de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), el segundo sindicato más grande de la capital federal. Según el representante, la discusión, en términos formales, no ha concluido, “aunque la pretensión del gobierno es darla por cerrada”.
Macri decidió unilateralmente, a principios de este año, no abrir el debate porque considera que la paritaria de 2016 ya estableció una actualización automática de los sueldos de los maestros en función del salario mínimo. Pero el gremio critica que el Ejecutivo no tomó en cuenta el coste que representa hoy día la inflación del país suramericano, que se ha disparado exponencialmente en los últimos dos años.
En 2016, el salario mínimo aumento solo un 18%, para una inflación del 40%. “Si este porcentaje se mantiene en 2017, con una estimación de la inflación cercana al 28%, el salario de los profesores perdería parte de su valor, de nuevo”, expone Garrido.
Los sindicatos docentes, liderados por las organizaciones de Buenos Aires, donde se concentran casi la mitad de las matrículas del país, rechazaron de inmediato la oferta del Ejecutivo y aseguran que no aceptarán otra cifra que quede por debajo del 35%. Además, según dicen, este piso ni siquiera es el ideal ya que afirman que para no tener pérdidas el aumento tendría que ser del 50%.
Más allá del ajuste salarial, los maestros acusan las duras condiciones laborales que los llevan a trabajar dobles turnos y que fomentan la sobreexplotación porque “con un solo salario no se vive”, dice el secretario sindical, quien además de trabajar en un colegio de primaria, da varias clases a la semana de Lengua y Literatura española en un instituto de secundaria. “Además de todo lo que implica prepararse las clases, corregir, asistir a capacitaciones, etc., hay que trabajar más horas y esto implica el deterioro inevitable de las condiciones de enseñanza y aprendizaje”, sostiene.
Fotografía cedida por Ademys
Una herencia de la dictadura
El trasfondo del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la educación se remonta a los tiempos de la dictadura. En 1978 Rafael Videla impuso por decreto la descentralización de los servicios educativos primarios, que fueron transferidos a las provincias. El proceso se agudizó durante el gobierno liberal de Carlos Menem de principios de los 90 que, siguiendo los preceptos del Fondo Monetario Internacional, transfirió a las regiones la totalidad de las escuelas secundarias, los institutos técnicos y las escuelas privadas, y recortó los fondos estatales a la escuela pública. Fue el mismo período en el que se privatizaron empresas estatales, llegó la flexibilización laboral y la desinversión en políticas sociales.
Con la llegada de los gobiernos ‘kirchneristas’, los sindicatos docentes se hicieron un lugar en el diseño de las políticas educativas. Un logro que, a pesar de que no conllevó cambios estructurales en el modelo, culminó en 2006 con la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo, que significó una cierta recuperación de la inversión educativa. Se creó un Fondo Nacional de compensación de desigualdades salariales y se habilitó la paritaria para promover la negociación colectiva del salario mínimo anual.
“Con la descentralización se crearon escuelas de primera, segunda y tercera categoría porque había provincias que podían garantizar los servicios educativos, pero muchas otras no”, señala Gabriel Castillo, miembro del comité del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la provincia bonaerense, que es el mayoritario de la región con más de 6.000 afiliados.
De hecho, las diferencias entre los salarios de los profesores de una parte u otra del país pueden llegar a ser del doble. Es el caso de la remuneración bruta de un maestro con 10 años de antigüedad de algunas provincias patagónicas, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, que es el doble de lo que ganan en las zonas del noreste del país, como Chacao o Formosa.
Castillo, que ejerce como profesor de Historia, afirma que las reformas de los 90 “ampliaron más la brecha que existía en cuanto a presupuesto, salarios, alimentación escolar, infraestructura y calidad de los servicios, entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Además de las desigualdades en las condiciones de trabajo, la ausencia del Estado en el financiamiento educativo tiene efectos que se reflejan en las diferencias de los currículos escolares, las asignaturas o los años de escolaridad porque el sistema de educación en la provincia de Buenos Aires no coincide con el de las otras regiones.
“Hasta el final”
Los docentes argentinos se unen hoy para revindicar viejos “pendientes” que nunca terminaron de concretarse. Como en marzo de 1988, cuando durante 43 días protagonizaron la Marcha Blanca que se convirtió en una fecha histórica para la lucha en defensa de la escuela pública. Los profesores reclaman que se convoque la paritaria nacional en el marco del aumento del presupuesto educativo: “Estamos dispuestos a llegar hasta el final”, exclama con convencimiento Gabriel Castillo.
El fin de semestre se viene intenso. Ante la pasividad del Gobierno, los sindicatos están discutiendo si convocan nuevas medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno que en poco más de un mes llegan al hemisferio sur. “Todo dependerá, en gran medida, de si se puede llegar a un grado de articulación porque el nivel de fragmentación hace que las provincias muchas veces peleen por separado, y no siempre acompañadas de la CETERA, el mayor sindicato a nivel nacional”, asegura Mariano Garrido.
Y es que lo que sí ha conseguido Mauricio Macri en estos meses es algo que hasta ahora parecía imposible: unir al movimiento sindical argentino, incluso a los trabajadores de escuelas privadas. Más allá de las tradicionales disputas por los lineamientos políticos de cada organización, los docentes quieren mantenerse cohesionados y unir a su demanda a otros colectivos. El desafío no es fácil: sólo en la jurisdicción de Buenos Aires existen 17 sindicatos de trabajadores de la educación.
El llamado, en esta ocasión, se hace extensivo también a padres, madres, estudiantes e incluso a los que no están afiliados. Los maestros no quieren dar la pelea solos y sienten que la movilización es responsabilidad de toda la comunidad educativa. “Esto va más allá de los salario, es una lucha por recuperar nuestra educación pública”, concluye Castillo.
Una nueva jornada de concentraciones en las principales ciudades del país, incluida esta capital, prevén para este miércoles los maestros públicos colombianos, tras 33 días en huelga de forma continuada.
Los educadores protagonizaron anoche (martes) una Marcha de las Antorchas que volvió a reunir en las calles a miles de afiliados al gremio, tanto en Bogotá, capital del país, como en otras capitales departamentales del país.
En Bogotá la demostración partió de la carrera décima con calle 72 y se desplazó hacia el norte de la ciudad, donde se encuentra enclavado el Ministerio de Trabajo, institución que todo parecer indicar que constituirá un equipo de mediadores para restituir al diálogo entre el magisterio y el ministerio de Educación, informó la agencia de noticias Prensa Latina.
Imágenes de la televisión mostraron que desde el inicio de la manifestación quedaron sin servicio cinco estaciones del sistema de buses articulados con carriles confinados, Transmilenio, a partir del troncal de la importante avenida Caracas.
Al referirse a la resistencia del Ejecutivo para asumir las exigencias de los profesores, el líder de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Mauricio Rivas, dijo que el Presidente, Juan Manuel Santos, bien podría destinar el dinero que utilizaba en la guerra contra las FARC-EP y lo que aporta la reforma tributaria, al sistema educativo nacional.
En medio de la situación reinante, la Fecode volvió a rechazar el ofrecimiento de la ministra de Educación, Yaneth Giha, quien propuso un alza en el salario retroactivo desde primero de enero del 8,75 por ciento.
El gremio magisterial replicó que su propuesta no sólo quiere conseguir reivindicaciones salariales, pues lo que se busca en realidad es el financiamiento necesario para mejorar la infraestructura integral de la educación del país.
Mientras transcurría anoche la marcha de las antorchas, Santos envió varios mensajes a Fecode desde su cuenta en Twitter, en los que describió todo lo realizado por su gobierno durante los últimos siete años en favor de la educación.
En uno de esos textos en las redes sociales, el gobernante escribió: Invito a @fecode para que concretemos acuerdos constructivos y responsables con el país y con los estudiantes que anhelan regresar a clases.
La huelga magisterial que ya sobrepasa el mes sin clases, mantiene inactivos a unos ocho millones de estudiantes de escuelas públicas y a cerca de 350 mil educadores. /
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