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 América del sur/Chile/ 18 Febrero 2017/Fuente: El comercio

«La idea es que cambie el paradigma de lo que entendemos de educación, hoy es entendida como un bien de consumo, la idea es pasar a un derecho social, donde no sea la capacidad de pago la que determine las decisiones», afirmaba la entonces candidata, quien se comprometió

Esta se implementaría gradualmente hasta 2020, con el 70% de los alumnos más vulnerables estudiando gratis hacia el fin de su gobierno en 2018. Pero a casi un año de terminar su mandato, la gratuidad universitaria todavía no llega. ¿Por qué ha sido tan difícil de instaurar?

EL DIAGNÓSTICO
Mientras la tendencia mundial en la educación superior iba de sistemas públicos a sistemas mixtos o privados, Chile, con Bachelet elegida presidenta por segunda vez en 2013, decidió ir a contracorriente y cumplir su promesa.

Para lograrlo, creó comités de expertos y anunció una reforma tributaria sin precedentes con la que financiaría la reforma a todo el sistema educacional chileno.

El modelo de hoy, heredado del gobierno de facto de Augusto Pinochet, es bastante sui generis: si bien existen universidades denominadas «públicas», estas tienen que autofinanciarse. Parte importante de sus fondos vienen, entonces, de las matrículas.

«El Estado da fondos muy específicos, para mejorar infraestructura, pero no desarrollo», explica Cristóbal Villalobos Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Católica de Chile, la mejor evaluada según los rankings internacionales.

Además, cerca del 70% de los universitarios estudian en instituciones privadas, cuenta el experto, uno de los porcentajes más altos de la región, a pesar de ser el cuarto país con los aranceles más caros del mundo, según datos publicados por la consultora británica Expert Market. Volver a la gratuidad parece entonces, una tarea casi titánica.

«Es una transición compleja y complicada (…) de una lógica exclusivamente privada a una predominantemente pública», le explica a BBC Mundo el antropólogo Alejandro Grimson, profesor de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Y dentro de una serie de reformas impulsadas por Bachelet, la tributaria fue prioridad como bisagra para la educación gratuita.

Para llegar a la gratuidad universal se requiere superar un 29,5% del PIB tendencial, es decir, el equivalente a dos nuevas reformas tributarias como la instaurada, según los análisis de los medios chilenos.

«El problema principal de la gratuidad no absoluta es que uno nunca sabe dónde termina la relativización, dónde se corta y dónde se produce un proceso de exclusión», advierte Grimson.

Pero este proyecto de ley, que fue ingresado recién en julio de 2016 tras 10 postergaciones, tampoco logró quorum y hoy, a menos de un año de la próxima elección presidencial, está en punto muerto.

La propuesta original, más corta y abstracta, fue conciliándose con otros grupos de interés: políticos, privados, los mismos estudiantes, y al final lo que uno ve es que cedieron en lógicas que no conversan», explica Villalobos.

Con la gratuidad en la UTI legislativa, el gobierno de Bachelet decidió comenzar a aplicarla a través de la ley de presupuesto anual. Pero mientras no haya ley específica, la gratuidad queda a merced de la buena voluntad del gobierno de turno.

DIFICULTADES ESTRUCTURALES 
Más allá de fallas de cálculo y forcejeos políticos, hay obstáculos más de fondo que le impiden avanzar. Un primer problema radica en la estructura misma del sistema, con un alto porcentaje de privatización y, a la vez, financiamiento privado.

Según Villalobos, «un sistema tan orientado al mercado hace que sea difícil de cambiar». Otra dificultad tiene que ver con el foco que se le da al resultado de la educación.

«En Chile hay una lógica de la meritocracia», explica Villalobos, pero el resultado se concibe para un beneficio personal -mi carrera, mi futuro, mis ingresos- y no como un aporte al bien social, asegura.

La pregunta clave entonces es «si la u niversidad es de interés de toda la sociedad», asegura Grimson, quien estuvo hace poco en Chile y pudo apreciar la intensidad del debate sobre el tema.

«Si formar médicos es de interés de una persona o un beneficio colectivo. Si formar a un periodista le hace mejor a la democracia o sólo a los privados. Si decidimos que la formación profesional es de interés común, entonces la sociedad tiene que invertir», continúa el antropólogo.

Pero este cambio de mentalidad no es fácil ni será rápido ya que la lógica del mercado, basada en el individualismo característico de un sistema neoliberal, está instaurada no sólo culturalmente, sino también en el mercado del trabajo, coinciden ambos analistas.

«Chile es el país latinoamericano donde el neoliberalismo se ancló más en las políticas socioculturales», comenta Grimson.

Un tercer problema que dificulta el paso a la educación universitaria gratis es que es un sistema muy heterogéneo y a la vez, desregulado.

Existen más de 3.000 carreras, unas 700 instituciones y alrededor de 18.000 ofertas de programas, según explica Villalobos. Y como se guían por la lógica de mercado, actualmente no existe una institucionalidad que unifique criterios y las regule.

Otro aspecto que busca cambiar la ley, a través de la implementación de organismos fiscalizadores y estándares mínimos, al que se oponen tenazmente algunos privados.

¿QUÉ HACER?
¿Está todo perdido, entonces? ¿Logrará Chile el objetivo final de la gratuidad o se quedará sólo en buenas intenciones atascadas en el Congreso?

«La única forma eficiente sería hacer un doble tránsito a la vez. Una reconfiguración del sistema que incorpore la gratuidad, pero también asegure acceso y participación. Uno donde no sean los dueños quienes decidan qué se hace en una universidad, sino toda la comunidad», sentencia Villalobos.

Grimson, que conoce de cerca el sistema argentino de educación universal gratuita, asegura que esta es la única manera de lograrla eficientemente, a través de «un sistema impositivo justo, donde no se cobra a sus alumnos, sino a los más pudientes a través de la recaudación fiscal. Ese es el modelo de todo país con gratuidad absoluta».

ANTIGRATUIDAD
No todos, eso sí, están de acuerdo con el modelo de gratuidad absoluta. Para algunos esta hace que «los pobres (que son los que proporcionalmente pagan más impuestos) financien los estudios de los hijos de los ricos», como explica Pablo Da Silveira, profesor y Director del Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica del Uruguay.

El modelo uruguayo, con una universidad estatal «gratuita», fue estudiado y descartado por Chile. Primero por la dificultad de elegir una sola universidad para aplicar la gratuidad entre las 18 consideradas como «estatales» y, segundo, porque la forma de retribución no se ajustaba al modelo chileno.

En Uruguay, los egresados de la Universidad de la República que ingresan al mercado laboral deben retribuirle monetariamente a la institución. «Se parece más a un fondo solidario (crédito sin interés) que a gratuidad», comenta Villalobos.

Da Silveira asegura que ni el modelo uruguayo ni la gratuidad universal son los ideales. «El mejor esquema es el que te conduce al impuesto negativo: que hayan quienes pagan por estudiar y haya a quienes les pagas por estudiar», sentencia el académico.

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/mundo/chile-reto-instaurar-educacion-universitaria-gratuita-noticia-1968612