Por: Carlos Crespo Burgos
La grave crisis de seguridad y la agudización de la pobreza que prevalece en el país se manifiestan en la problemática que vive la educación. La espiral de violencia escaló con fuerza en los últimos años y ha continuado a pesar de las declaraciones del Gobierno del Presidente Noboa sobre su disminución, al cumplirse seis meses de la declaración del “conflicto armado interno” y los continuos estados de excepción.
¿Qué señales nos dan los actores sociales y educativos? Las organizaciones que trabajan por la Niñez y la Adolescencia junto con la Alianza por los DDHH de Ecuador han denunciado en un comunicado reciente que la violencia generalizada y la inseguridad que se vive tiene grave impacto en los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), quienes están expuestos a situaciones de alto riesgo, exacerbadas por la falta de oportunidades, el abandono estatal y el crecimiento de la economía del delito.
Constatan, así mismo, que en los últimos cuatro años se ha incrementado exponencialmente la migración de niñas, niños y adolescentes, que arriesgan sus vidas al migrar en condiciones peligrosas y que la desigualdad y la pobreza son el caldo de cultivo para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, en un marco de abandono estructural del que son víctimas.
Más de cien organizaciones firmantes han expresado que “alrededor de 250 mil niñas y niños han desertado del sistema educativo” y que, por los eventos recientes, “los que asisten, se han visto obligados a realizar clases no presenciales, lo que afecta a quienes viven en zonas empobrecidas, que no cuentan con los recursos tecnológicos y pedagógicos que aseguren la calidad de la educación”.
El propio sistema educativo ha reconocido el deterioro de la educación, a través de los resultados que muestra la última prueba oficial del Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL), donde una alta proporción de niños y niñas (7 de cada 10) apenas alcanzan un nivel elemental en comprensión lectora y matemáticas, así como en la competencia del uso de la lengua escrita.
El informe muestra, a la vez, que el rendimiento académico desciende en proporción al nivel socio económico de los estudiantes. Al respecto, diversos estudios destacan que aunque las diferencias en los resultados de los aprendizajes pueden atribuirse en parte a la situación socioeconómica y a factores del hogar, es necesario examinar también la relación con la calidad de educación que ofrece la escuela.
En el caso de Ecuador, la educación pública ha sido paulatinamente abandonada por parte del Estado durante los últimos siete años de gobiernos neoliberales, con la disminución del presupuesto educativo en función de otras prioridades de la política macro económica como el pago a los acreedores de la deuda externa y la disminución del déficit fiscal.
Frente a este contexto crítico que viven diversos países de América Latina, organizaciones como la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Red CLADE) han hecho una llamado de urgencia para promover en nuestros países el enfoque de derechos en educación, el mismo que “debe estar fundado en los principios de gratuidad y obligatoriedad, y en los derechos a la no discriminación y a la plena participación. El Estado tiene una obligación primordial en el financiamiento de la educación. En la medida en que el Estado descuida su función de inversión, se refuerzan las desigualdades económicas pre-existentes y abre las puertas a vulneración del derecho humano a la educación” (https://bit.ly/3XHxyaP)
Fuente de la información e imagen: https://www.pressenza.com
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