El siguiente paso le corresponderá a cada entidad educativa superior.
Un total de 351.846 aspirantes completaron el Registro Nacional en el segundo periodo académico 2024 para el ingreso a la educación superior pública.
Este corresponde al régimen de la Sierra y Amazonía. Estuvo habilitado entre el 28 de mayo y el 2 de junio.
En el primer periodo de admisión para el régimen Costa y Galápagos, que fue entre el 29 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, hubo 394.222 aspirantes.
El Registro Nacional incluye datos personales, lugar de residencia, correo electrónico, números de contacto, autoidentificación étnica, si poseen o no discapacidad y si tienen o no internet en sus domicilios.
Es la primera fase del proceso de admisión que continuará en cada universidad y escuela politécnica pública. Hay 31 universidades públicas y escuelas politécnicas en Ecuador. Cada aspirante deberá ahora contactar con cada entidad educativa para conocer cuál es el siguiente paso.
En tanto, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) mantendrá un proceso para 55 institutos tecnológicos estatales.
Las fases que siguen serán la de inscripción, evaluación, postulación a cupos, asignación, aceptación y matrícula, cuyas fechas serán dadas a conocer próximamente.
Según la Senescyt, en el primer periodo 2023 en universidades y escuelas politécnicas públicas hubo 98.675 cupos ofertados, mientras que en el primer periodo 2024 hubo 100.090. (I)
De ellos, 53% pertenecen al litoral donde están las ciudades más violentas del país y donde operan las bandas narcoterroristas que cooptan a menores de edad para actividades delictivas
Los estudiantes, profesores y padres de familia han solicitado a las autoridades medidas efectivas para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. (El Universo)
En Ecuador, la violencia narcoterrorista ha convertido al país en uno de los más violentos de la región, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes. En este contexto, esta población se vuelve más vulnerable a ser cooptada por miembros del crimen organizado, quienes los reclutan para actividades ilícitas. Cuando las cifras oficiales indican que más de 119.000 niños dejaron la escuela en el último año, las alarmas sobre la situación de la niñez en el país se disparan.
Desde el 2022, varios reportajes periodísticos alertaban sobre la presencia de escuela de sicarios y sobre el abandono estatal que afecta a los menores de edad en el país. Más recientemente, varios adolescentes han sido capturados por crímenes como homicidio o terrorismo. Por ejemplo, el 9 de enero de 2024 cuando sucedió la toma violenta de TC Televisión, cuando un grupo armado amenazó a los trabajadores del medio, 13 personas fueron capturadas, dos de estas eran adolescentes. Asimismo, el 16 de abril de este año, un adolescente de 14 años asesinó a sangre fría a un conductor de bus luego de robarle el dinero de su jornada laboral.
Durante el periodo académico 2023-2024, el Ministerio de Educación registró una reducción de 64.024 estudiantes en las ocho provincias de la Costa y Galápagos. De acuerdo con el informe oficial, en el periodo anterior, 2022-2023, se contabilizaron 2.503.532 estudiantes matriculados en las 9.407 instituciones educativas de estas zonas. No obstante, esta cifra descendió a 2.439.508 para el año lectivo 2023-2024, el cual finalizó en febrero.
Las piernas de un hombre descuartizado sobresalen de una bolsa tirada en una calle donde hay niños jugando y perros, en el vecindario de Colinas de La Florida, en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/Rodrigo Abd Archivo)
La mayor caída en la matrícula se observó en el segmento de estudiantes de Educación General Básica, sumando un total de 56.879, mientras que 7.889 correspondieron a estudiantes de Educación Inicial.
En cuanto a la región de la Sierra, se constató que otros 55.300 estudiantes no se inscribieron en el periodo mencionado. Es crucial tener en cuenta que esta cifra aún podría variar en los últimos tres meses del año lectivo.
En febrero de este año, la Unicef también advirtió sobre la falta de acceso a la educación producto de la violencia que vive el país: “Además de la situación de la niñez, preocupa el creciente número de personal médico, maestros y directores de escuelas amenazados, extorsionados y asesinados por grupos armados. Con el empeoramiento de la situación de seguridad, el cierre temporal de escuelas en todo el país ha privado a más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes de servicios educativos adecuados”.
Las bandas reclutan a los niños
Christian de 16 años fue detenido como autor material del asesinato de un fiscal en Guayaquil. (Policía Nacional)
En el 2022, el medio británico The Telegraph reveló cómo operaban las escuelas de sicarios en Ecuador, estas relacionadas con la mafia albanesa. Niños desde los 10 años se reúnen en las canchas de barrios pobres de Guayaquil para aprender cómo manejar y rastrillar un arma. Este, según el medio británico, es el primer paso para que los jóvenes aspirantes a sicarios se unan a las bandas que compiten por el creciente mercado de cocaína en Europa.
La formación para ser sicarios duraría alrededor de medio año, pero para “graduarse”, los niños y adolescentes deben asesinar a un pandillero rival o incluso a miembros de su propia familia. The Telegraph recogió el testimonio de Juan, un adolescente de 16 años que ingresó a la escuela de sicarios a los 12 y que desde entonces ha asesinado a 45 personas. El adolescente dijo al medio británico que para menores de edad con pocas oportunidades, no hay opciones cuando llega la mafia: “Los niños saben que si se niegan, los matarán. No tienen elección”.
El 19 de septiembre de 2022, un fiscal fue acribillado a las afueras del edificio de la Fiscalía Provincial del Guayas, en el centro de Guayaquil. Escobar, de 43 años, trabajaba en la Unidad de Personas y Garantías Penales e investigaba casos relacionados con muertes violentas. El sicario tenía 16 años.
Las bandas criminales reclutan a los niños desde los 13 años, en promedio. Sin embargo, hay registro de que cada vez los cooptan más pequeños.
En el primer trimestre del 2023, Infobae reportó que casi 500 niños y adolescentes en el país fueron detenidos en actividades ilícitas. Por ejemplo, Alias Boquita de 13, que debería asistir a una escuela y jugar como otros niños de su edad, fue señalado por participar en el asesinato de un policía en Esmeraldas, al norte del país, y por un secuestro extorsivo que sucedió en Quito.
En 2023, según recogió Unicef, una encuesta de U-Report Ecuador reveló que 1.012 de 22.674 adolescentes encuestados afirmaron conocer personas cercanas reclutadas por grupos delincuenciales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, explica que la presencia de grupos delincuenciales “en las zonas o comunidades más pobres y excluidas suponen un riesgo para los adolescentes de estas áreas”. Los criminales aprovechan la vulnerabilidad y escasez de los habitantes de estos lugares para reclutar a los niños y adolescentes que a veces ven a la vinculación con estas bandas “como una oportunidad para generar ingresos e incluso para obtener reconocimiento y respeto”.
Juan se volvió sicario cuando tenía 12 años. (Foto: Victor Raison/ The Telegraph).
Cuando los niños y adolescentes son reclutados se integran en unidades jerárquicamente estructuradas donde cumplen órdenes de sus superiores, empiezan siendo vigilantes, por ejemplo, y luego escalan en el tipo de delitos. Asimismo, si no obedecen se atienen a castigos severos. Una vez dentro, es casi imposible salir: “La deserción del grupo es vista usualmente como un grave incumplimiento de las reglas dado que pone en peligro a la organización y su funcionamiento, y por tanto puede llegar a acarrear consecuencias extremas como el asesinato al considerarlos traidores”, explica el informe de la CIDH.
Euriza Rivera, directora de Medidas Socioeducativas para Adolescentes Infractores, dijo en aquel momento a Primicias lo que se ha convertido en una realidad que muchos no conocen o se niegan a reconocer: “los chicos están siendo cooptados, porque las organizaciones delictivas están supliendo las necesidades que otro tipo de instituciones debieran solventar”.
Este Primero de Mayo, también conocido como Día del Trabajador, varias organizaciones sociales —a escala local— realizarán una marcha para elevar su voz de protesta por incumplimientos laborales del Gobierno Nacional, así como también solicitando más seguridad, atención prioritaria a la educación y salud, entre otros pedidos.
Pliegos
En Loja, la concentración será a las 16h00 en la plaza de San Sebastián; luego caminarán por la calle Bolívar hasta llegar a la Gobernación, donde entregarán el pliego de peticiones al representante del Ejecutivo, Paúl Aguilar Sotomayor.
La marcha tendrá dos tintes: de alegría, porque las organizaciones sociales están satisfechas con el resultado del Referéndum y Consulta Popular, especialmente con la negativa a las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional; y, rebeldía, por el alto costo de la vida, ya que, cada vez, el salario dista más de la canasta básica.
El secretario de Actas y Comunicaciones del Sindicato de Obreros Municipales de Loja (SOML), Hermes Tenesaca, en diálogo con Diario Crónica, indicó que, pese al incremento del IVA al 15% (cuyo fin era enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica) —hasta el momento— no hay resultados, debido a que todavía existen muertes de personalidades como reinas y autoridades en los diferentes puntos del país, lo cual dice mucho del Plan Fénix: que, “no llegó ni las plumas”.
También, la falta de políticas para los damnificados por las cosechas en Pindal, además, de acciones para reducir la falta de electricidad en el país, lo cual termina en grandes pérdidas económicas.
Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores en Loja (UNE-L), Julio César Peña Flores, indicó que ellos solicitarán la declaratoria de emergencia a la educación, pues, a escasos día de retornar, el régimen Costa, las aulas lucen destruidas por el invierno, a pesar de que el fenómeno de El Niño no tuvo el impacto imaginado.
De igual manera, solicitarán la reinserción escolar de más de 200 mil estudiantes a escala del país, que están fuera del ámbito educativo.
Y, seguridad para los docentes, quienes todavía están siendo “vacunados” en la Costa y asesinados por no acceder a esta acción, “esto deja claro que no existe solución pese a la declaratoria de conflicto armado interno”.
En Loja, la problemática de infraestructura no está ausente —las instituciones están desatendidas—, por ejemplo, “no atienden a escuelas que están en emergencia: la Alfonso Coronel está cayéndose; en la Unidad Educativa Ovidio Decroly, las canchas son un peligro, y así sucesivamente en muchos planteles de la provincia”, afirmó. (I)
Dato
El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora en recuerdo de la gran marcha en Chicago, Estados Unidos, el 01 de mayo de 1886.
El ingreso por la violencia de policías ecuatorianos en la embajada de México en Quito, marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales en América Latina. Ciertamente, no es la primera vez que sucede algo similar. Las embajadas han sido violentadas en varias ocasiones, en particular por regímenes autoritarios como sucedió en Montevideo en 1976, cuando militares de la dictadura ingresaron a la embajada de Venezuela para secuestrar a un presa política que había escapado de sus captores.
Pero es la excepción. Ni siquiera las dictaduras de Pinochet y Videla se atrevieron a invadir embajadas. En las de Chile se refugiaron miles de militantes perseguidos cuyas vidas estaban en peligro. Durante los 17 años del gobierno militar chileno las embajadas fueron respetadas. El ex presidente argentino Héctor Cámpora estuvo tres años asilado en la embajada de México en Buenos Aires, recinto que nunca fue invadido por la genocida junta militar.
La irrupción en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas marca una ruptura, sobre todo por la escasa reacción en la región y el mundo, que se limita a meras declaraciones. Vamos hacia la normalización de la violencia y de la militarización, el modo elegido por los de arriba para resolver todos los problemas, desde los sociales hasta los económicos.
Sin embargo, creo que la gravedad de los sucesos de Quito, de la mano del presidente Daniel Noboa, radican en el contexto geopolítico en el que se producen.
En primer lugar, la proliferación de guerras que ya se venían multiplicando desde la crisis de 2008 y la Primavera Árabe: Libia, Siria, Yemen, Afganistán, entre las más evidentes. Luego, desde la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra de Israel en Gaza, asistimos a una escalada de guerras en las que aparecen directamente involucradas las principales potencias nucleares.
Esto resulta tan evidente como la creciente insensibilidad de las clases dominantes hacia los sufrimientos de las poblaciones, algo que rompe los ojos en relación con el pueblo palestino.
En segundo lugar, América Latina parece estar en el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China-Rusia por la hegemonía en la región. Según el think tank francés Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), Asia y África ya viven una realidad multipolar, en la cual las potencias citadas tienen una presencia importante, además de India en Asia e Irán en Oriente Medio.
Sin embargo, América Latina aún presenta una relación de fuerzas distinta, que favorece el unilateralismo de Washington, por lo que el LEAP concluye que será la principal región en disputa. El editorial de su Boletín 180, de diciembre de 2023, señala sobre América Latina: “Considerada durante mucho tiempo el patio trasero de Estados Unidos, y más recientemente objeto de una activa estrategia de influencia por parte de China, camina ahora en la cuerda floja, a veces intentando forjarse un destino más autónomo, como Brasil, o capaz de inclinarse hacia uno u otro lado. La elección de Javier Milei, un libertario americanista, en Argentina, que debía unirse a los BRICS a finales de año, es la encarnación de este juego de influencias en curso, que se acentuará en los próximos años” (https://geab.eu/es/magazine/geab-180/).
A la elección de Milei debe sumarse al derechista Noboa en Ecuador, la perspectiva de un gobierno también derechista en Chile, la agudización de la disputa interna en el MAS de Bolivia que debilita a las fuerzas progresistas y el posible retorno de Bolsonaro al poder en Brasil.
Lo más notable es la reciente deriva pro-estadounidense del gobierno de Milei. La general Laura Richardson en su reciente vista a Argentina, señaló la necesidad de que ambos países desplieguen sus fuerzas armadas en Tierra del Fuego, por ser una zona estratégica “para el transporte internacional” y como “puerta de entrada a la Antártida”.
De modo que el reposicionamiento de Washington en la región tiende a consolidarla como espacio privilegiado de sus intereses globales, lo que augura una creciente competencia geopolítica pero, sobre todo, una tendencia aún mayor a la militarización.
Es la hora de que hablen los pueblos. En Estados Unidos y en Europa se han registrado contundentes movilizaciones exigiendo un cese el fuego de Israel y Hamas. Esto ha llevado al gobierno de Joe Biden a mostrar una pequeña fisura en sus relaciones con Israel, aunque sigue siendo el primer país en suministrarle armas. Pero lo más notable es la creciente movilización de la sociedad israelí en contra del primer ministro Netanyahu. No debe olvidarse que la movilización de la juventud estadounidense fue decisiva para poner fin a la guerra en Vietnam, en la década de 1960.
Por lo mismo, creo que las sociedades civiles latinoamericanas tienen la llave para frenar la corriente militarista ahora dominante. Sin embargo, para poder jugar un papel decisivo en los escenarios nacionales, regional y global, los pueblos deben superar la dependencia política e ideológica que vienen mostrando respecto a los gobiernos y partidos progresistas.
Miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y organizaciones estudiantiles culminaron hoy en esta capital una marcha para exigir al Gobierno que declare en emergencia la educación, debido a los problemas del sector.
Los docentes partieron el pasado 6 de abril de la provincia de Santo Domingo de Tsáchilas y este martes ingresaron al Centro Histórico de la capital, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, anunció que esta tarde una delegación del Gobierno los recibirá para escuchar sus propuestas.
En esencia, los profesores y estudiantes buscan la declaratoria de emergencia porque así podrían garantizar la asignación de los recursos necesarios para la implementación efectiva de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Esa normativa contempla un plan integral para abordar diversas problemáticas, como la violencia en entornos escolares, la seguridad en las instituciones educativas, la mejora de la infraestructura, entre otras.
La educación necesita de recursos, es necesario reemplazar a los 25 mil maestros que salieron de las aulas en los últimos cinco años, afirmó Quishpe.
También expresó que no hay educación de calidad donde haya violencia, “y por eso también marchamos, por los niños reclutados por el narcotráfico”.
De igual manera, el líder de la UNE se pronunció contra la consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa, la cual de ser aprobada perjudicaría los derechos laborales.
Por su parte, Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, advirtió que el Gobierno debe 708 millones de dólares a la educación superior pública.
*ALERTA* | *Sabías que en* *Ecuador profesores, estudiantes y padres de familia iniciarán este sábado 7 de abril una nutrida marcha que parte desde Santo Domingo a la capital (Quito)* . Los educadores y estudiantes marcharán 150 km hasta llegar a Carondelet el martes 9 de abril para exigir al Gobierno de Noboa declaré en emergencia al Sistema Nacional de Educación. Invitamos a la comunidad nacional e internacional a estar vigilantes y expresar su solidaridad.
Fuente: Andrés Quishpe, presidente Unión Nacional de Educadores UNE.
Luis Fernando Pumuy abre la llave del grifo que está fuera de su casa y moja casi todo su cuerpo para refrescarse del tremendo calor que hace en la comunidad indígena de Asunción del Quiquibey, donde confluyen las etnias mosetén y tsiname. El agua sale con buena presión a pesar de que las lluvias en este lugar, hasta diciembre de 2023, fueron solo una alegría pasajera. El agua escaseaba en muchas comunidades indígenas y los pueblos amazónicos sufrían por las sequías. Cuando las lluvias volvían el sufrimiento se debía a las inundaciones. Los pueblos indígenas amazónicos se debaten entre esos dos extremos, en la sequía es difícil encontrar agua para sobrevivir y en la época de fuertes lluvias, las crecidas del río amenazan con destrozar sus humildes casas.
Cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países. Por eso, el lema que las Naciones Unidas estableció para el Día Mundial del Agua 2024 es “Agua para la paz”.
“Cuando cooperamos en materia de agua, creamos un efecto en cascada positivo, promoviendo la armonía, generando prosperidad y fomentando la resiliencia frente a los desafíos comunes”, argumenta Naciones Unidas en un comunicado.
Eso lo entendió muy bien Asunción del Quiquibey, que durante mucho tiempo sufrió por la falta de adaptación al entorno acuático que la rodea. Tuvo que trasladarse en cuatro ocasiones por las constantes crecidas del río Quiquibey que han azotado al pueblo en los últimos diez años. Esas desgracias dejaron a la comunidad sin escuela, sin posta de salud y sin casas. Hoy se reinventan y esperan no tener que soportar un traslado más. El último que hicieron fue solo hace dos años.
Las 36 familias de esta comunidad se han movido, poco a poco, a la zona más alta de su territorio, llevando en sus hombros sus pocas pertenencias, pero también la esperanza. A pesar de las desgracias, los comuneros no están tristes. El agua no es potable, pero valoran el líquido que llega a los grifos de cada una de sus humildes casas a través de tuberías desde una fuente de agua, localizada a hora y media de camino de esta localidad amazónica, que forma parte del municipio de Rurrenabaque, en el departamento de Beni.
Varios pueblos indígenas de la Amazonía boliviana solo tienen conexión a través de los ríos. Foto: Iván Paredes.
Entre agosto y septiembre la sequía llega a su peor momento: las aguas están bajas y la navegación se hace complicada. Para llegar al lugar se debe abordar una embarcación en el centro poblado de Rurrenabaque y navegar durante tres horas entre remolinos, fuertes corrientes, varias lomas de arena y un paisaje biodiverso.
Alejandro Caimani es el corregidor de la comunidad, su máxima autoridad indígena y habla de los embates del agua en la época de lluvias. Muestra su pequeña casa, dice que es nueva y que es la cuarta vez que traslada sus cosas porque Asunción del Quiquibey estaba ubicada en una zona que no era la adecuada. El líder relata que en dos ocasiones la crecida del río destruyó las canchas de la comunidad y las escuelas. Las desgracias también sucedieron porque, según él, la tierra no perdona y va cayéndose a las aguas tranquilas del río Quiquibey.
“El agua es muy importante para nosotros y tenemos la dicha de poder disfrutarla. La cuidamos porque es parte de nuestra familia. Con el agua cocinamos, nos bañamos, la hacemos hervir para tomarla. Imagínate la vida sin agua, eso no queremos nosotros. El agua es vida y acá hay mucha vida”, dice Caimani sentado en el tinglado donde hacen las reuniones en Asunción del Quiquibey.
Aunque el agua llega en exceso con las lluvias, el acceso al líquido es una de las principales vulnerabilidades que conlleva el cuarto traslado que están haciendo. Es paulatino, ya que algunas familias todavía viven en la zona expuesta a la crecida del Quiquibey. La antigua toma de agua corría riesgo por la erosión del suelo causada por el río. “Cada vez que el río inunda, nos afecta en la pérdida de nuestro territorio. Como comunidad estamos trabajando para mover la comunidad una vez más y ponernos a salvo”, relata Caimani.
En medio de este panorama, la comunidad indígena ha puesto manos a la obra: realizaron mejoras al sistema de agua que tienen, el cual incluye un tanque de 5000 litros de agua, reconstruyeron la toma de agua con una tapa que evita el ingreso de tierra y lodos, mejoraron la red de aducción —con 934 metros lineales de tubería— hasta la nueva comunidad y reforzaron el paso de quebrada de 85 metros con un cable de acero.
Las primeras casas de la comunidad de Asunción del Quiquibey que todavía están a orillas del río Quiquibey. El pueblo decidió trasladarse a un cerro más arriba. Foto: Practical Action.Los expertos de Practical Action y las autoridades del municipio de Rurrenabaque ayudaron en la instalación de tubos y conexiones para que el agua llegue a la comunidad de Asunción del Quiquibey. Foto: Iván Paredes.
La secuelas de una inundación
En poco más de dos meses Bolivia pasó de una dura sequía que redujo la superficie de los lagos y el caudal de los ríos, provocando inéditas olas de calor e incendios forestales, a un exceso de lluvias que, en febrero de 2024, superaron los registros normales de varias décadas. Las cifras oficiales dan cuenta de más de 40 fallecidos entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, decenas de evacuados, pueblos inundados y cuantiosos daños a la infraestructura.
Ana Mendoza, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Bolivia, atribuye al cambio climático estos factores. La especialista explica que el fenómeno de El Niño normalmente trae sequía al occidente boliviano y parecía que se prolongaba, pero sucedió lo contrario. Es por eso que las lluvias, que generalmente llegan de la Amazonía brasileña, esta vez también llegaron de la Amazonía peruana y ecuatoriana, lo que no es habitual.
La historia de la comunidad Puerto Yumani, de la etnia tacana y que también pertenece al municipio de Rurrenabaque, es similar a la de Asunción del Quiquibey. Esta localidad, después de las inundaciones de 2015, decidió fortalecerse ante los eventos adversos del clima. Cada año sufren por las inundaciones y aunque hasta el momento no han tenido pérdidas humanas, han perdido sus sembradíos y animales. Por eso, en junio de 2023 construyeron un albergue en la altura. Esta localidad está a 274 metros sobre el nivel del mar y la infraestructura construida está cinco metros arriba del suelo.
Practical Action, una organización sin fines de lucro que tejió alianzas con comunidades indígenas de la Amazonía boliviana y la Alcaldía de Rurrenabaque, dieron los recursos para los materiales y la comunidad puso la mano de obra.
La construcción es conocida como el “Arca de Puerto Yumani” y su objetivo es poner a salvo a las 24 familias de la comunidad en caso de una nueva inundación, como la que los golpeó a inicios de 2015. Ese desastre natural los encontró muy vulnerables y les dejó hambre y enfermedades.
Para llegar a la comunidad de Asunción del Quiquibey hay que navegar por el río Beni. Los indígenas son expertos para dirigir sus botes. Foto: Iván Paredes.
Óscar Cabrera, exviceministro de Defensa Civil de Bolivia en 2015, recuerda que en esa época las inundaciones dejaron más de 1 000 familias damnificadas, sobre todo en el área rural de la Amazonía boliviana.
En Puerto Yumani, el agua llega a cada casa, todas construidas con madera del lugar. Oscar Libay Chamairo, perteneciente a la etnia tacana, es el presidente del Comité de Agua de Puerto Yumani y explica cómo todos los habitantes lograron tener acceso al agua.
“Antes nos quitábamos el agua entre las familias. El agua que teníamos era del municipio, nos llegaba en cisternas. Nos la cortaron desde hace dos años y ahora estamos empezando a utilizar el agua que viene de bombeo. Se hizo un pozo para poder sacar agua, aunque no es potable, es agua que nos ayuda mucho para lavar ropa, cocinar o también para asearnos”, relata Libay.
El “Arca del Puerto de Yumani” se convirtió en centro de reunión de la comunidad. Es como un refugio ante cualquier emergencia. Ruti Chao, una anciana del poblado, no se distrae. Anota todo lo que puede. En frente están los expertos que les asesoran en caso de que sufran un nuevo desastre. Ruti está sentada y a su lado está su nieta, quien juega con piedras y tierra. La niña no desconcentra a la anciana. “No queremos sufrir como hace años (en 2014), cuando la inundación nos dejó sin casas, sin nuestras cositas, nos dejó sin nada. Fue un año muy difícil”, dice.
A finales de 2014 e inicios de 2015, Bolivia enfrentó una de las peores inundaciones de su historia reciente, la cual afectó, sobre todo, a las comunidades amazónicas. Muchas localidades quedaron bajo el agua debido a las crecidas de los ríos y los pobladores no tuvieron tiempo para reaccionar. Ahora, Practical Action y otras organizaciones aliadas instalaron alertas en varios de los ríos que llegan a estas comunidades, como Asunción del Quiquibey, Puerto Yumani y Altamarani. Son aparatos tecnológicos que avisan sobre las crecidas de los afluentes.
En la comunidad Puerto Yumani construyeron edificaciones altas para colocar tanques de agua que almacenen el líquido vital. Foto: Iván Paredes.
León Lizón Romano, jefe de Proyectos de Practical Action, le explica a Mongabay Latam que se instalaron pluviómetros en varios puntos de los ríos cercanos a las comunidades, para medir la cantidad de lluvia que cae y así poder advertir si los ríos enfrentarán crecidas o no. El experto detalla que esta es una medida de alerta temprana y que este trabajo también va de la mano con capacitaciones con las comunidades indígenas y varias obras, como el Arca del Puerto Yumani.
“Todo esto es un reto, es difícil, pero no imposible. Hay varios desafíos y los proyectos requieren varios ajustes. Nosotros estamos felices de lograr sinergia entre autoridades, comunidades y nosotros, y eso es un logro, ya que mientras más unión haya, los resultados serán más grandes”, explica Lizón.
Muchos de los comuneros esperaban lo peor para inicios de este 2024, ya que calculan que las inundaciones fuertes vienen cada diez años. Tanto en Asunción del Quiquibey, Altamarani y Puerto Yumani tienen la misma percepción. No quieren predecir el mal, pero siguen los conocimientos de sus ancestros. “Lo más seguro era que a principios de 2024 hubiera muchos problemas por nuevas inundaciones. Nosotros conocemos nuestros territorios, y parece que es el tiempo. Pero ahora estamos más preparados para enfrentar las desgracias que son parte del comportamiento de nuestra Madre Tierra”, dice Libay.
Jesús Rivera, director de la unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Rurrenabaque, también tiene temor por las inundaciones por alertas de organismos especializados porque recuerda la de 2014, cuando en su municipio murieron 11 personas y se desplomaron cerros que están muy cerca de la localidad amazónica.
“Se perdió el sistema de agua potable, que viene de la serranía, por 28 días. La gente tomaba agua de la lluvia, de algunos arroyos y muchas personas se refugiaron en las unidades educativas. Entonces, en esta unidad educativa (Germán Busch) la hemos elegido para que sirva como refugio para que las personas que lleguen puedan utilizar el sistema de cosecha de agua, y por medio del tinglado podamos reutilizar el agua”, destaca Rivera.
La cancha de fútbol y varias casas de la comunidad Asunción del Quiquibey ya se encuentran en terrenos altos debido a las crecidas del río Quiquibey. Foto: Practical Action.
El Fenómeno de El Niño causó inundaciones en Bolivia pero los indígenas amazónicos de estas comunidades se sienten satisfechos con los resultados de las acciones implementadas, ya que la época de lluvias intensas pasó sin causarles estragos. Esperan seguir teniendo el mismo éxito en el futuro.
El agua llegó a Altamarani
Altamarani también es una comunidad indígena de la Amazonía boliviana. Pertenece a la etnia tacana y al municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz. En esta localidad, el agua también es un recurso preciado y cuidado. Norberto Buchapi es el presidente del Comité de Agua de la comunidad y recuerda que en su niñez y adolescencia no tenían acceso al líquido porque no había arroyos cerca. Sólo consumían agua del río Beni.
Hasta el 2005 utilizaron el agua del Beni para todas sus necesidades, a pesar de que estaban contaminadas. Sin embargo, un año después todo cambió: se instaló un tanque de agua elevado y se perforó un pozo de 26 metros de profundidad.
“Al principio el proyecto no funcionó. A los ocho metros de perforación se encontraron con terreno arcilloso. Tuvimos que parar. Pero luego se realizó una nueva perforación y tuvimos que profundizar para sacar buena agua, que no es potable, pero nos ayuda mucho”, relata Buchapi.
En Altamarani también se instalaron dosificadores de cloro para el mejoramiento de la calidad del agua. Además, se hizo seguimiento al trabajo del Comité de Agua, el cual está establecido dentro de la organización comunal y se encarga de la operación, mantenimiento, administración del sistema de agua y el consumo de cada usuario.
Roxana Áñez aprovecha el agua que llega a la comunidad Altamarani para realizar trabajos de producción. Ella produce harina de banano. Foto: Iván Paredes.
En esta comunidad también se instaló un sistema fotovoltaico para el bombeo del líquido y un biodigestor para el tratamiento de aguas negras de los baños de la escuela del pueblo. Practical Action, junto a otras organizaciones, desarrollaron estos proyectos.
“Después de realizar un análisis del agua en esta comunidad, descubrimos que las fuentes de agua contienen niveles altos de hierro y manganeso de origen natural. Esto era problemático para el consumo. Además, dañan los sistemas de distribución, como tuberías y grifos, a mediano y largo plazo”, remarca León Lizón Romano, jefe de Proyectos de Practical Action.
En Altamarani viven 25 familias, la mayoría se dedica a la agricultura y también tienen emprendimientos propios, como la producción de chocolate y harina de plátano. Roxana Áñez abre la llave del grifo que está fuera del centro de producción de harina. Lava su materia prima y también sus manos. Está feliz, es como si estuviera conociendo el agua por primera vez.
“Acá el agua nos sirve para todo. A mí me ayuda mucho para avanzar con el emprendimiento que tenemos con las mujeres de la comunidad. La familia también utiliza mucho el agua. Nos sirve para cocinar, para la higiene, para lavar ropa, la hervimos y sirve para tomar o para hacer una chicha (refresco). Tenemos la dicha de que nos organizamos y ahora podemos tener agua, no como antes, que teníamos que caminar al río Beni para tener un agua sucia y contaminada”, explica Áñez.
Norberto Buchapi es el presidente del Comité de Agua de la comunidad Altamarani, en plena Amazonía boliviana. Foto: Iván Paredes.
En la comunidad, 10 000 litros de agua duran tres días. Buchapi es el encargado de abrir la llave maestra para que el tanque vuelva a llenarse. Ese proceso, que antes duraba tres horas, hoy puede durar hasta cinco horas, lo que demuestra que cada vez es más difícil obtener agua para llenar el tanque. Cada familia de la comunidad paga por el servicio de agua, no más de 21 bolivianos (tres dólares). El dinero recaudado es utilizado para el mantenimiento del tanque y otros servicios que son parte del funcionamiento del sistema hídrico, como el pago de la energía eléctrica para que la bomba funcione.
Resiliencia es la palabra que ahora más se comprende en estos pueblos amazónicos. Las comunidades están superando las circunstancias traumáticas que vivieron debido al cambio climático, principalmente por la sequía y las riadas, fenómenos antagónicos que los han afectado por igual. Crecidas de ríos, desplazamientos, derrumbes, migración e inundaciones, son algunos de los desastres que sufrieron y que, paradójicamente, conllevaron a la escasez de agua. Buchapi recuerda que hace una década la crecida del río Beni dañó los sembradíos que tenían y algunas casas se derrumbaron. Nunca más volvieron a tener ese tipo de sufrimiento.
En la época de sequía la situación empeoraba y esto provocó la migración de muchos de los habitantes de Altamarani. Las familias se dispersaron y muchas decidieron irse a zonas urbanas a buscar una vida mejor. Los comuneros que se quedaron, después de mucho tiempo de esfuerzo, ahora tienen acceso al agua y tienen algunos emprendimientos que administran.
Michelle Vásquez, especialista en medio ambiente del Área de Gestión de Riesgos del Servicio de Hidrología y Meteorología (Senamhi) de Bolivia, explica que la sequía en la Amazonía no era un evento muy recurrente y que las inundaciones sí eran más frecuentes, pero en los últimos años, aproximadamente desde el 2016, las afectaciones por la falta de agua son más fuertes y recurrentes.
El cañón de El Bala en pleno río Beni. En épocas de lluvias estas aguas crecen y es difícil la navegación. Foto: Iván Paredes.
“En los próximos meses no tenemos un escenario favorable, las proyecciones que se tienen es que habrá menos precipitaciones, por tanto, es muy probable que la sequía continúe”, dice la especialista.
En las tres comunidades pasaron los meses más intensos del fenómeno de El Niño sin sobresaltos, a pesar de que Bolivia atraviesa un duro golpe por las intensas lluvias, lo que provocó desbordes de ríos e inundaciones. Desde Puerto Yumani, Altamarani y Asunción del Quiquibey no se escucharon desgracias, al contrario, midieron la resiliencia y también esperan enfrentar la crisis de la sequía con éxito, y más que con éxito, con agua propia.
*Imagen principal: Un niño de la comunidad Puerto Yumani bebe el agua que sale de un grifo. El recurso llega a los hogares gracias al trabajo de los comuneros. Foto: Iván Paredes.
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