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Ecuador: Si su alumno sufre acoso escolar, créale y neutralice al agresor

Si su alumno sufre acoso escolar, créale y neutralice al agresor

Marcelo le quitaba la colación a Luis, también le rayaba los cuadernos y lo golpeaba. Un día incluso lo pateó tanto que llegó a casa con mucho dolor y su mamá lo llevó al hospital. Tenía los testículos inflamados. En el colegio internacional de Quito, en donde el chico permaneció desde los 4 hasta los 11 años, pasaron por alto las agresiones. Lo recuerda Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de la capital.

Para que una agresión no sea considerada una simple pelea de niños -anota- debe haber desequilibrio de fuerzas, deseo manifiesto de hacer daño y reiteración en la falta. «Los niños saben lo que hacen, un agresor maltrata a un compañero y sabe que lo hace sentir incómodo, aunque quizá no entiende lo que produce a largo plazo».
En Ecuador, seis de cada 10 estudiantes de entre 11 y 18 años han sido víctimas de al menos un hecho violento. Lo señala el informe ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador, violencia entre pares en el sistema educativo’. La investigación se hizo en el 2015, con el aval de Unicef, entre otras ONG y el Ministerio de Educación.
Los adultos, profesores e incluso padres de familia tienden a minimizar los hechos de violencia. Pero la abogada Sybel Martínez, especializada en protección a niños y adolescentes, repite que siempre hay que escuchar a los chicos. Si un niño te cuenta que se siente mal en la escuela, hay que indagar. Pero a veces le responden «¿será que estuviste muy sensible? También les piden arreglar sus asuntos solos.

«Entre niños hay una relación horizontal, en el aula son pares. Si se pasa al dominio y a la sumisión, si uno de los dos se siente más poderoso y actúa como tal se trata de acoso. Y hay que frenarlo. Lo contrario hará que la víctima crea que merezca ser maltratado, humillado. Si los días pasan, se sentirá y será visto como débil ante el grupo. El profesor debe neutralizar esas situaciones».

Lo dice Martínez a menos de un mes del inicio de clases en Sierra y Amazonía, en el ciclo lectivo 2019-2020, este martes 24 de septiembre del 2019. En estas primeras semanas, las maestras y maestros, así como el personal del Departamento de Consejería Estudiantil ya han identificado cómo se comporta cada niño. Les pide creer en ellos. No dudar.

Rescate Escolar,el año lectivo anterior, conoció la historia de una estudiante de 17 años, que se cambió a un colegio religioso de Quito, en el último año, el de la graduación. Era muy bonita y también solía participar en clase y sacar buenas calificaciones. De repente empezó a sentir que les caía mal a sus compañeras, le hacían comentarios groseros. Un día a través de redes sociales empezó a recibir mensajes del tipo ¿por qué no te matas? Una mañana la encerraron en el aula y le dieron un frasco con pastillas. Le pidieron que se las tomara todas. Ella se negó y logró llamar a su madre. Acudió con la Dinapen (Policía especializada en niños y adolescentes). A otra estudiante de un plantel capitalino, también particular, le colocaron la cabeza de una muñeca manchada con pintura. Y una nota: «la próxima serás tú».

Los planteles deben neutralizar situaciones de acoso escolar. Martínez dice que no se puede atacar al problema si no se lo conoce a profundidad. Es la forma de proteger a la víctima, mejorar el clima de la escuela y dar opciones al agresor de cambiar su forma de actuar.

«Mi recomendación para los docentes es que busquen construir escuelas compasivas, que enseñen empatía, alfabetismo emocional y aprecio a la diversidad, a resolver conflictos sin violencia y que pongan freno a la competencia desleal. Los niños son perceptivos, hay que enseñarles a identificar lo que es un maltrato a un compañero, a no ver sin hacer nada».

A las madres padres de familia de niños que hayan sufrido algún tipo de acoso escolar les pide ir al plantel y no salir de ahí hasta que la maestra o la psicóloga les haya dado una respuesta sobre las acciones que tomarán. Firmar un acta, para registrar su presencia y su queja. Es un primer paso, luego les sugiere llevar escritos con el detalle de lo ocurrido. Si el tema escala, los distritos educativos deben actuar. También las juntas distritales de protección de Derechos.

En Facebook, los padres de familia y maestros pueden buscar El Acoso Escolar Duele – «Grupo Rescate Escolar». También es posible acudir al Consejo de Protección de Derechos, en Twitter (@DerechosQuito), están ubicados en el Pasaje Alejandro Andrade E4-297 y 12 de Octubre, centro norte de Quito. Sus teléfonos 255 4062 y 255 1995. Las direcciones de los distritos educativos las puede ubicar en su sitio web y además puede escribir a sociedad@elcomercio.com

Fuente de la información: https://www.educaccion.ec/el-profe/alumno-acoso-escolar-violencia-bullying.html

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Documentan represión del gobierno de Lasso al Paro Nacional en Ecuador

Por: Amnistía Internacional

La represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso hacia las manifestaciones convocadas, en el marco de un paro nacional, por organizaciones indígenas, gremiales y sociales desde el 13 de junio de 2022 está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019. Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los Pueblos Indígenas y personas en situación de pobreza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos – como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil – en el contexto de la represión de las manifestaciones por las autoridades. Otras organizaciones de derechos humanos han alertado también sobre la existencia de casos de malos tratos y criminalización. A su vez, la Policía Nacional ha reportado incidentes de violencia por parte de manifestantes.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Durante la represión de las protestas de octubre de 2019, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad.

De acuerdo con información pública, entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio, al menos 16 personas resultaron heridas, incluyendo impactos en cráneo y ojos, durante la represión de una manifestación por agentes de la Policía Nacional en Riobamba. Se reporta que dos de las víctimas sufrieron heridas de perdigones.

El 19 de junio a las 2:17 p.m., el Comandante General de la Policía Nacional afirmó que iniciaría una investigación de asuntos internos y negó tanto que sus agentes utilizaran perdigones, como que hubieran disparado contra las víctimas.

Personas defensoras de derechos humanos y líderes Indígenas también han denunciado haber sufrido hostigamiento y ataques al realizar su labor en el contexto de las protestas.

El 18 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que individuos no identificados habían disparado contra la ventana del vehículo de su presidente, Leónidas Iza, mientras se encontraba vacío. Dos horas más tarde, el Ministerio de Gobierno informó que solicitaría la investigación correspondiente y que no toleraba actos de violencia “con mayor razón si los actos ocurren contra quienes nos critican, justificadamente o no”. La CONAIE ya había denunciado vigilancia y hostigamiento por personas no identificadas.

El 19 de junio a las 6:34 p.m., la CONAIE difundió un video donde aparecen dos camiones militares con agentes de seguridad presuntamente estacionándose en las inmediaciones de la sede de la organización en la ciudad de Quito.

La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador denunciaron haber sufrido ataques a sus sitios web a través de bots que buscaban sobrecargar sus servidores el 13, 14 y 18 de junio, respectivamente.

“Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas.

Ante la preocupante cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, la Fiscal General del Estado debe realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales para llevar a los sospechosos de responsabilidad penal ante la justicia, incluyendo a la cadena de mando.

Más información:

El 14 de junio, hacia las 12:29 a.m., fuerzas de seguridad detuvieron a Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, en la provincia de Cotopaxi. Estuvo detenido en régimen de incomunicación y fue acusado del delito de “paralización de un servicio público”, antes de ser puesto en libertad esa noche. Su detención podría haber sido arbitraria y los procedimientos penales que se siguen contra él podrían constituir criminalización de la protesta.

El 17 de junio, el presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo Nº 455, que declaró “el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura”, suspendiendo la libertad de asociación, reunión y tránsito durante treinta días. El decreto estableció al Distrito Metropolitano de Quito como “Zona de Seguridad” a cargo de las Fuerzas Armadas, a quienes también ordenó “mantener el orden” en el contexto de las protestas de manera “complementaria” a las acciones de la Policía Nacional.

Pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Una versión previa del decreto, que contenía la firma del presidente, incluía disposiciones preocupantes que autorizaban el uso de “fuerza letal” (Artículo 11) por las fuerzas de seguridad y la limitación del derecho a la información (Artículo 9), suspendiendo “servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet” y restringiendo la difusión de “información clasificada, reservada o de circulación restringida a través de los medios de comunicación social, redes sociales y contenido comunicacional”. Posteriormente, la Presidencia argumentó que se trataba sólo de un “borrador” y emitió una nueva versión sin esas disposiciones.

El 18 de junio, a pesar de que el estado de excepción suspendió la libertad de asociación y reunión, la Presidencia emitió el Boletín Oficial 561, titulado “La capital de los ecuatorianos marcha por la Paz”, para promover una marcha de “cientos de quiteños y quiteñas (…) preocupados por la situación del país y los actos de violencia y vandalismo”. El boletín incluía el mensaje “El Gobierno Nacional respalda esta iniciativa y se suma a esta causa”. Tanto la página oficial que albergaba el boletín, como el tweet que lo promovía, fueron eliminados posteriormente. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado durante esa marcha, muestra a un grupo de personas cantando mensajes racistas contra la población indígena.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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Ecuador: Estos son los cantones que mantendrán las clases a distancia este lunes 20 de junio

Estos son los cantones que mantendrán las clases a distancia este lunes 20 de junio

El Ministerio de Educación difundió este domingo un listado de cantones en los que se mantendrá las clases a distancia este lunes 20 de junio en el marco de las movilizaciones que se desarrollan a nivel nacional.

La decisión se tomó «para precautelar la seguridad de los estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa».

En total son 4 258 intituciones de Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja, las que mantendrán las clases bajo esta modalidad.

Además, hay cantones que en su totalidad «se mantendrán en educación a distancia, preferentemente virtual en todas sus modalidades y con todos los sostenimientos».

  • Chimborazo: Todos los cantones.
  • Cotopaxi: Todos los cantones.
  • Pichincha: Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo y Rumiñahui
  • Bolívar: Guaranda, Echeandía, Caluma, Las Naves, Chimbo y San Miguel.
  • Pastaza: Pastaza, Mera y Santa Clara.
  • Imbabura: Cotacachi, Otavalo, Antonio Ante e Ibarra.
  • Tungurahua: Ambato, Píllaro y Pelileo.

No obstante, el Ministerio de Eduación proporcionó un listado para conocer las instituciones que tendrán clases a distancia: http://bit.ly/3MQERDU

Imagen

Fuente de la Información: https://www.teleamazonas.com/en-estos-cantones-se-mantendran-las-clases-a-distancia-este-lunes-20-de-junio/

 

 

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Paro nacional: 3.528 instituciones educativas y 26 cantones de Ecuador continuarán con clases a distancia

El Ministerio de Educación indicó que se busca salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa.

Entre el martes y miércoles aumentaron los establecimientos educativos que deberán implementar las clases a distancia debido a los incidentes que se están dando por el paro nacional. El Ministerio de Educación dio a conocer que en total son 3.528 instituciones educativas las que se mantendrán con esta modalidad.

La entidad explicó que la medida se da con el objetivo de precautelar la seguridad de los estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, y que esta modalidad se mantendrá hasta que se den las condiciones idóneas para el retorno a las aulas. En total se ha visto afectado el 21,92 % de las instituciones del país.

En total son 1′211.714 los estudiantes que se acogen a las clases a distancia, distribuidos de la siguiente forma:

Provincia Instituciones educativas
Carchi 6
Imbabura 184
Sucumbíos 16
Napo 7
Orellana 7
Pichincha 261
Chimborazo 351
Cotopaxi 405
Pastaza 233
Tungurahua 255
Bolívar 344
Azuay 23
Cañar 5
Morona Santiago 36
Loja 8
Pichincha (solo DMQ) 1.387

El Ministerio también señaló que en 26 cantones de 8 provincias del país las instituciones educativas de todos los sostenimientos deberán llevar a cabo las clases a distancia. Estos son:

  • Pichincha: Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo y Rumiñahui.
  • Cotopaxi: Latacunga, Pujilí, La Maná, Pangua, Salcedo y Saquisilí.
  • Bolívar: Guaranda y Echeandía.
  • Pastaza: Pastaza, Mera y Santa Clara.
  • Chimborazo: Riobamba.
  • Imbabura: Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante.
  • Tungurahua: Ambato, Píllaro y Pelileo.
  • Los Ríos: Valencia, Ventanas y Quinsaloma.

La entidad explicó que el listado se puede actualizar a medida que se realicen las evaluaciones correspondientes.

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/paro-nacional-3528-instituciones-educativas-y-22-cantones-de-ecuador-continuara-con-clases-a-distancia-nota/
Fuente:
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En medio de las protestas populares, Lasso avanza en la criminalización a los luchadores

Por: Edgar Isch L.

Una acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.

En los hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial; el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.

En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las FFAA atenten contra los DDHH de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).

La acción de la CONAIE y los movimientos populares

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) planteó una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.

El planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (FEINE), las organizaciones campesinas indígenas y negras (FENOCIN), el Frente Popular, la UNE, el Seguro Social Campesino (FEUNASC), luchadores contra el extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras. Muchas de ellas añaden demandas propias que vienen de atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el FMI.

En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.

La prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión

En diciembre de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso tildó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”. También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.

En síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de cometimiento de delitos de todo tipo.

Así, la persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: “La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante… Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito”.

La propia Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones solo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.

La figura gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno de Moreno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.

Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha de presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el narco tráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.

Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y el propio Iza a los medios indicó que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.

Lucha creciente y más descredito gubernamental

Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene a Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.

El gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detención de manifestantes, según denuncia INREDH fueron también agredidas la noche del día 14.

En estas condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los indígenas y de más sectores populares luchan por sus derechos.

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Ecuador: Represión contra el paro indígena

Por Eloy Osvaldo Proaño

En represalia por la movilización convocada por la más importante organización indígena de Ecuador y otras agrupaciones sociales, el gobierno reprime.

La primera jornada de la movilización nacional indefinida convocada en Ecuador por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se saldó este lunes con algunos cortes de ruta, sin graves incidentes y con la advertencia del gobierno de que no permitirá la paralización de servicios públicos y esenciales, pero la detención del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en la madrugada del martes, cambió el escenario.

La Conaie, que inició el lunes 13 un paro nacional de carácter indefinido con una lista de 10 exigencias al gobierno, y que incluyó 20 bloqueos de carreteras en 11 provincias, llamó a radicalizar la protesta tras detención de Iza.

El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que se abrieron 41 investigaciones previas por actos vandálicos, que incluyen incendios de patrulleros en Cayambe y en la vía Cuenca-Molleturo y la suspensión de bombeo de una estación de extracción de petróleo en la población de Pompeya, en Orellana.

El presidente Guillermo Lasso anunció que los autores intelectuales y materiales de lo que definió como actos vandálicos fueron detenidos en las protestas que se iniciaron este lunes y ordenó la detención de Iza por parte de grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas. El dirigente fue detenido a la una de la madrugada del martes 14 de junio, en el sector de Pastocalle, en donde había participado del corte de la E-35, la carretera Panamericana, en el sector conocido como El Chasqui.

“El día de ayer se produjeron actos vandálicos, que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales, que deben responder al pueblo ecuatoriano”, dijo Lasso en su intervención grabada. “Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales, ejecutores de estos actos violentos”, añadió.

Los reclamos

Entre los principales reclamos de la Conaie está la suba del costo de vida, especialmente de los precios de los combustibles, el aumento del costo de la vida, la falta de empleo y control de precios de los productos agrícolas como arroz, banana y leche y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. Con la represión el gobierno del banquero neoliberal Guillermo Lasso busca evitar que se repita la ola de masivas manifestaciones de octubre de 2019.

A su vez, la Conaie exige moratorias de deudas, que frene «la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera» y una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales». Junto a ello, demandan que se respeten derechos colectivos como los deeducación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta libre, previa e informada, y que no se privaticen sectores estratégicos.

Los manifestantes mantenían caminos bloqueados con neumáticos en llamas y barricadas levantadas con tierra, piedras y árboles en al menos siete de las 24 provincias ecuatorianas, incluida la andina Pichincha cuya capital es Quito, de acuerdo con el servicio estatal de seguridad. «Es nuestra manifestación contundente hasta que el gobierno escuche. Hemos visto que las políticas de Guillermo Lasso una vez más nos han afectado», declaró Manuel Cocha, dirigente campesino de Poaló.

En El Chasqui, en la provincia de Cotopaxi y antes de su detención, Iza rcchazó la apertura al diálogo ofrecida por el gobierno y criticó las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien el sábado había anticipado «una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, saqueos, secuestros de policías y militares».

El líder indígena reiteró el carácter pacífico de la movilización: «Aquí nadie ha salido a hacer vandalismo, aquí se ha salido a luchar sobre la violencia y el vandalismo económico que ustedes han impuesto», aseguró Iza, quien recordó que este paro indefinido fue convocado tras cumplirse el primer año de Lasso al mando de Ecuador y sin que dieran frutos los distintos momentos en los que el gobierno y la Conaie se han sentado en una mesa a conversar.

 Persecución y amnistía

La Asamblea Nacional concedió el 10 de marzo del 2022 una amnistía a 268 personas, en la que se incluía a dirigentes y miembros de la Conaie, que participaron en los hechos de octubre del 2019. De los 268 amnistiados, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre del 2019”; 153 a “defensores de los territorios comunitarios”; 12 a “administración de justicia indígena “; y, 43 a “defensores de la naturaleza”.

Iza estaba dentro del grupo de los investigados por la protesta de octubre del 2019, cuando por 14 días la Conaie tomó Quito para exigir que se baje el precio de los combustibles. En esa época, Iza era el Presidente de la Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2022/06/14/represion-contra-el-paro-indigena-y-detencion-de-iza-en-ecuador/

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