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Ecuador: El retorno a clases presenciales será decisión de los representantes de los estudiantes

En Quito, no todas las instituciones y estudiantes lograrán volver a la presencialidad debido a condiciones de infraestructura.

Ximena Vásquez tiene miedo de enviar a su hijo de 14 años de edad a clases de manera presencial. Por ello ha decidido que no acudirá a las aulas hasta que no haya recibido la vacuna contra el coronavirus.

Johana Santiana coincide con esta decisión, no enviará a su hijo de siete años de edad. “Él no tiene ni la edad cercana para un plan de vacunación por lo que decidimos no enviarlo a clases presenciales por el momento”, reflexionó.

Por otro lado, Pablo Castro resolvió que sí enviará a su hijo de seis años de edad de manera presencial. “La mayoría de personas están vacunadas y se está retrasando mucho el ámbito de la socialización que necesita un niño”, comentó.

Patricio Moreno, director zonal de la Subsecretaría de Quito del Ministerio de Educación, informó que la decisión final para que un estudiante acuda de manera presencial estará completamente en las manos del padre de familia o representante, una vez que la institución haya sido aprobada por el Ministerio de Educación.

También confirmó que hasta el momento 160 instituciones educativas cuentan con la aprobación para regresar a la presencialidad a partir del 1 de septiembre en la capital. De estas, 101 instituciones son particulares, 56 son fiscales y tres son fiscomisionales.

Las instituciones municipales no habían enviado la solicitud para el retorno progresivo a las aula, hasta la hora de cierre de este reportaje.

Sin embargo, el secretario de Educación del Municipio de Quito, Patricio Avilez dijo que el 1 de septiembre serán dos las instituciones municipales que iniciarán actividades de manera presencial, Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar y Unidad Educativa Sucre, pues en estos días enviarán la documentación para su aprobación.

“Las demás instituciones están haciendo las adecuaciones necesarias y se demorarán un poco más, pero, paulatinamente enviarán la documentación para su retorno”, agregó Avilez.

El número de instituciones que iniciarán clases con un factor presencial no es fijo, esto explicó Moreno que se debe a que todos los días reciben solicitudes de aprobación por lo que esa cifra es variable.

Sin embargo, lo que se toma en cuenta para su aprobación es lo siguiente:

  • Ámbito pedagógico: la institución tiene que presentar los informes de cómo será el trabajo que realizarán tanto con los estudiantes presenciales como en modalidad virtual.
  • Infraestructura: Las instituciones deberán garantizar el cumplimiento para el aforo permitido (30 %). Contar con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado y espacios abiertos donde se pueda garantizar el distanciamiento físico.
  • Medidas de bioseguridad: Deben enviar las directrices que tomarán para satisfacer las medidas de bioseguridad, cómo se plantea el tema de consumo de alimentos de manera segura y los recesos que tendrán.

Según información del Ministerio de Educación, el pensum académico ha sufrido unas modificaciones que se adaptan a la nueva normalidad. En tanto, los contenidos serán iguales en las clases de manera presencial como en modalidad virtual.

Inicio de clases

El retorno a clases de manera presencial será variable, cada institución decidirá la metodología, si los estudiantes asistirán en grupos, ciertos días a la semana o la semana completa. El Ministerio informó que brindará la libertad para decidir esto a cada institución educativa.

Por ejemplo, la inspectora de la Unidad educativa Particular Cervantes, Daniela Moreano comentó que los estudiantes volverán a la presencialidad por tres días a la semana en distintos grupos. “Es necesario que los estudiantes recuperen el tiempo que han perdido sin compartir con sus compañeritos”, añadió la funcionaria de la institución de Tumbaco, al nororiente de Quito, que iniciará el 1 de septiembre clases.

Por su parte el Colegio Internacional SEK Los Valles iniciará clases en preescolar este miércoles 25, primaria iniciará el 26 y secundaria el 27 de agosto. La jornada será de 08:00 a 15:45. “Ya tenemos la experiencia del plan piloto del que fuimos parte y no tuvimos ningún contagio, eso nos dejó la experiencia para este nuevo periodo”, explicó Pablo Montenegro, director de admisiones.

Patricio Moreno puntualizó que, de las 160 instituciones aprobadas al plan de retorno progresivo, 38 ya están en clases, ya que pertenecen al régimen Costa, que está actualmente en actividades.

La mayoría de estos centros de educación está en el sector noroccidente, en las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea. Solo una institución se encuentra en el centro de Quito, la Unidad Educativa Particular PCEI Ecuador (para personas con escolaridad inconclusa).

El 1 de septiembre iniciarán clases todas las escuelas y colegios fiscales, las particulares y fiscomisionales tienen la libertad para decidir la fecha de inicio de actividades, pero, la condición del Ministerio de Educación es que tienen que cumplir con los 200 días de clases.

En Quito, antes de la pandemia, se propuso un sistema progresivo de inicio de clases para evitar un colapso en el tráfico vehicular. Sin embargo, en esta ocasión informaron que tras una reunión con autoridades municipales se decidió que no se aplicará ninguna medida especial para el día de inicio de clases.

Esto, debido a que el número de estudiantes que retornarán a la presencialidad no significa un número mayor. Según datos de la Subsecretaría de Educación de Quito serán 120.000 estudiantes aproximadamente los que acudirán de manera presencial. Esto equivale al 7 % de 1´665.000 estudiantes que forman parte de todo el sistema educativo en Quito.

Las instituciones educativas se han preparado para las dos modalidades de estudio (presencial y virtual) debido a la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, desde la secretaría de Educación del Municipio de Quito informaron que se han preparado con el Campus Educativo Virtual Municipal (CEVIM), es una plataforma que permite preparar la clase de manera virtual, las herramientas necesarias para el estudiante, la evaluación y el reforzamiento de contenidos.

Por su parte la Subsecretaría de Educación sostiene que seguirán brindando el acompañamiento a escuelas y colegios para que puedan retornar a la educación de manera presencial debido a los innumerables inconvenientes de conectividad que dificultaron la educación a todos los estudiantes. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/entre-opiniones-divididas-escuelas-y-colegios-de-quito-se-preparan-para-regresar-a-las-aulas-desde-el-1-de-septiembre-nota/

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Ecuador es el tercer país del mundo con más denuncias por derechos humanos contra inversionistas chinos

Por: Manuel Novik

Un informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recopiló más de 600 denuncias a nivel mundial por abusos de derechos humanos en empresas chinas en el globo entre 2013 y 2018. Una importante cantidad de esas denuncias ha sido documentada en Ecuador en sectores como la minería, el petróleo o la pesca.

En 1999 el gobierno chino inició una política pública para promover sus inversiones en el exterior. Desde entonces su impacto en el mundo ha crecido notablemente. Algo que se reforzó aún más con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), conocida como la nueva ruta de seda. La iniciativa es la principal estrategia de cooperación internacional en términos económicos y políticos, que la integra con 140 países a largo y ancho del globo.

En la última década, la inversión directa de China en los países del BRI superó los $ 90.000 millones de dólares, alcanzando un volumen de negocio de $ 400.000 millones de dólares en proyectos contratados en el extranjero en estos países.

La política exterior china ha facilitado una expansión masiva de la inversión directa, en especial a los países en desarrollo que la necesitan para impulsar sus economías. Los mercados chinos se desenvuelven principalmente en energía, construcción, minería y metal. A pesar de la pandemia, los bancos chinos adelantaron préstamos a diversos sectores de sus empresas en todo el mundo.

Ecuador entre los más afectados por abusos de empresas chinas

Entre 2013 y 2020 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró 679 denuncias de abusos de derechos humanos vinculadas a empresas chinas funcionando en todo el mundo. Solo un 24% de las empresas respondió ante las denuncias.

Los países con gobiernos débiles presentaron un mayor número de denuncias. Ecuador se posicionó en tercer lugar con 39 casos, solo detrás de Myanmar con 97 y Perú con 60. Las regiones más afectadas fueron Asia, África y América Latina.

En el proyecto Mirador, mujeres protestaron tras los desalojos de 2015. Foto: Cascomi

La mayoría de las denuncias vinieron de la industria del metal, la minería y la construcción.  Los conflictos sociales relacionados con los pueblos indígenas y el consentimiento informado, la pérdida de medios de vida, los derechos sobre la tierra, las palizas a activistas y las protestas fueron los temas más citados en las alegaciones.

Algunos de los 39 casos ecuatorianos presentan varias denuncias a una misma empresa. En total se registraron 63 alegatos dentro de los casos. Las áreas más afectadas fueron las comunidades indígenas con 12, divulgación de impactos ambientales (EIA) con 10, palizas y violencia con 6, pérdida de medios de vida con 6 y derechos de tierras con 5 denuncias. La amplia mayoría de los casos (28) vienen del sector de la metálica y minería.

Explotación petrolera

En 2016 el gobierno ecuatoriano firmó un contrato de explotación petrolera con el consorcio chino Petroandes en la provincia de Pastaza. Los bloques 79 y 83 pasaban por las jurisdicciones de las comunidades indígenas Sápara y Quichua. El gobierno dijo haber consultado a las comunidades, pero estas declaraciones fueron desmentidas por los representantes amazónicos.

La comunidad Sápara envió una carta ante el embajador chino de la ONU donde argumentaba que el 40% de su territorio se veía afectado en las concesiones y que su idioma, patrimonio intangible declarado por la UNESCO, estaría en peligro. Petroandes se dirigió al Ministerio de Energía con una solicitud de fuerza mayor debido a la resistencia y oposición social de los pueblos indígenas. Luego de años de lucha, en 2019 llegó una victoria histórica para los derechos indígenas. Se detuvieron más de 158.000 hectáreas para la explotación petrolera.

A pesar del gran triunfo, éste se limitó solo al bloque 79. Mientras que el bloque 83 quedó abierto a la explotación. Son instancias difíciles, y más tomando en cuenta que el país debe entregar el 90% de su producción de petróleo a China hasta 2024.

Anclados en Esmeraldas, el 16 de noviembre del 2013, se ven varios petroleros chinos que transportan el crudo a intermediarios de Estados Unidos. Un mínimo porcentaje llega al país asíático. Foto: Reuters

El Estado ha perdido varias instancias judiciales por las falencias en los procesos de consulta previa.

Constan casos como los de los indígenas cofán en Sinangoe que demostraron que empresas mineras avanzaron en sus tierras sin una consulta, los indígenas waorani en Pastaza que demostraron explotación y exploración petrolera en sus territorios sin previa consulta o los indígenas kichwa de Santa Clara que lograron la suspención de la construcción de una hidroeléctrica ya que tampoco hubo una consulta. En este último caso se investiga una supuesta red de corrupción que vincula a un juez que habría sobornado a uno de los magistrados del caso.

Protesta ambientalista frente a la Embajada china en Quito. Foto: DOLORES OCHOA / AP

Minería

En 2012 el gobierno firmó el primer contrato de minería a gran escala del país. El proyecto Mirador está ubicado en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Es propiedad de Ecuacorriente, que fue adquirido por el consorcio chino CRCC – Tongling. El consorcio también adquirió todos los activos que poseía la empresa canadiense Corriente Resources, pero mantenía filiales en Canadá.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y MiningWatch Canadá presentaron una denuncia en el Punto Nacional de Contacto de ese país por el desplazamiento forzoso y afectaciones al medio ambiente de poblaciones indígenas.

El líder shuar José Tendetza que se oponía al proyecto minero fue hallado muerto días antes de una protesta relacionada con el tema. Según el portal británico The Guardian, el líder tenía previsto condenar el proyecto minero en un Tribunal de Derechos de las Naciones Unidas en Lima.

No hay evidencias concretas que esclarezcan el asesinato de Tendetza, sin embargo, la INREDH declaró que habías sospechas de que su asesinato estaba ligado a sus acciones como defensor de la tierra.

El líder shuar José Tendetza que se oponía al proyecto minero fue hallado muerto días antes de una protesta relacionada con el tema. Según el portal británico The Guardian, el líder tenía previsto condenar el proyecto minero en un tribunal de derechos de las Naciones Unidas en Lima.

Un grupo de activistas ecuatorianos que viajaban en autobús a la misma convención fueron detenidos varias veces y finalmente retenidos por la Policía en su camino a Lima. El portal asegura que el entonces presidente Correa quería evitar una mala imagen internacional ya que tenía en la mira la explotación del Yasuní.

La ONG Front Line Defenders reportó que en 2015 fuerzas policiales y empresas de seguridad privada habrían demolido las casas de comunidades en Tundayme. Según la organización los desalojos habrían sido contratados por Ecuacorriente y tampoco se habría realizado la consulta a la comunidad.

La Comunidad Amazónica de Acción Social (CASCOMI) interpuso una acción de protección contra el Estado y Ecuacorriente sobre la omisión de la consulta previa, libre e informada y los desalojos forzados a 36 familias campesinas e indígenas desalojadas de Tundayme.

La empresa pidió que se desestime el recurso y argumentaron que las tierras en cuestión no eran ancestrales. Además, dijeron que los desalojos respondieron a la obligatoriedad minera y que sí habían informado a la comunidad sobre esta acción.

Pesca ilegal

En 2020 la Armada ecuatoriana descubrió una flota pesquera china de 340 embarcaciones frente a las islas Galápagos. Una investigación del Instituto de Desarrollo de Ultramar encontró que 183 embarcaciones estarían envueltas en pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR). El gobierno ecuatoriano declaró su rechazo a estos eventos, pero su relación comercial con China y su capacidad de control dificultan acciones eficientes.

Muchas unidades han permanecido cercanas a las islas. Su mecanismo es el de apagar intermitentemente sus radares y entrar casi siempre en las noches a zonas donde la pesca es prohibida. Según la agencia de pesca de la ONU, China acumuló un 15% de las capturas pesqueras globales. La flota china es la más grande del mundo.

La depredación del mar por un plato de aletas de tiburón, que puede llegar a costar USD 150 en los restaurantes exclusivos de Asia.

Otro informe de Oceana hizo un monitoreo en asociación con Google y Global Fishing Watch y encontraron que el 99% de la pesca en las afueras de la reserva venía de flotas chinas. Principalmente extraían calamares y peces, indispensables en el equilibrio de la biodiversidad de las islas. La reserva marina del archipiélago cubre 133.000 kilómetros cuadrados y es patrimonio mundial de la UNESCO.

Energía renovable

En 2014 un derrumbe en el pozo del proyecto chino Coca Codo Sinclair ocasionó la muerte de 13 obreros, 10 ecuatorianos y 3 chinos. Además, 12 resultaron heridos. Uno de los heridos declaró que las condiciones del túnel podían ser peligrosas por las intensas lluvias.

En la hidroeléctrica Sopladora murieron también 4 técnicos chinos a causa de una explosión. Se estaba realizando la ampliación de un pozo subterráneo al momento de los hechos.

En Azuay se sentó un precedente histórico para la energía renovable del país en 2018 cuando un juez ordenó a la empresa china Ecuagoldmining detener sus actividades mineras en Cuenca. Un mes antes la CONAIE reportó que el campamento de ese proyecto minero (Río Blanco) “sufrió un incendio por represión ejercida por la seguridad de la empresa transnacional y la policía nacional”.

La organización detalló que la Policía lanzó bombas lacrimógenas a niñas, mujeres y hombres que se manifestaban en contra de la empresa. El ataque de bombas lacrimógenas y molotov habría impactado con un material químico que luego ocasionó el incendio en el campamento.

Todos los 39 casos ecuatorianos, compuestos por 63 denuncias a empresas chinas se encuentran en el reporte del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Las industrias con mayor riesgo a la vulneración a los derechos humanos son la minería con 35% y la construcción con 22%. Ambas representan el mayor número de denuncias del Ecuador.

Fuente de la información e imagen:  PLANV

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Ecuador: Rectores reclaman el presupuesto de las universidades públicas ante una posible nueva reducción

Los rectores de 26 universidades solicitaron este jueves 19 de agosto del 2021 al presidente Guillermo Lasso que disponga al Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, la atención prioritaria a la entrega de los recursos necesarios para las instituciones de educación superior (IES) públicas.

Los rectores señalan que el 18 de agosto del 2021 se evidenciaron movimientos en las cédulas presupuestarias en algunas universidades, lo cual ha generado incertidumbre. “Esto resulta contradictorio, considerando el esfuerzo de las IES públicas para el incremento de la oferta académica. Además, sorprende esta actitud después de haber mantenido reuniones la semana anterior con el viceministro de Economía y Finanzas y ayer con el ministro, Simón Cueva”, dicen los rectores en un comunicado.

En este se señala que la preocupación radica en la poca transparencia e información sobre el presupuesto, a escasos días de remitirse la Proforma 2021 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional.

En una rueda de prensa realizada este jueves, cinco rectores de universidades y escuelas politécnicas públicas manifestaron su preocupación. Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, dijo que el rumor de que podría haber una reducción aún mayor en este 2021 les pone muy inquietos “porque estaríamos en situación de un verdadero colapso institucional

María Augusta Hermida, rectora Universidad de Cuenca, señaló que las universidades públicas han ofertado 70 000 cupos al sistema de educación superior y han hecho esfuerzos por aumentar el número, pero dijo que eso debe ir acompañado de aumento presupuestario.

La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Florinella Muñoz, recordó el aporte de las instituciones durante la pandemia, con su personal e infraestructura.

Por su parte, la rectora de la Politécnica del Litoral, Cecilia Paredes, dijo que se encuentran abiertos al diálogo para dar solución al problema que atraviesan. “No queremos volver a pasar por esto en los siguientes años. Necesitamos sentarnos a conversar sobre la sostenibilidad del sistema”.

Paredes señaló que se anuncian nuevos ingresos de otras universidades al Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). “Así lo reclaman los territorios y todos estamos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo en que haya más ingresos y cupos si no hay el financiamiento adecuado”.

Una de las instituciones que ingresó al Fopedeupo en el 2020 es la Universidad de las Artes. Su rector, William Herrera, dijo que eso no debe significar una reducción del presupuesto de otras universidades de mayor trayectoria e historia del país que han recibido sus recursos de este fondo.

“Este es el momento para que desde el sistema de educación superior y con los representantes del gobierno se planteen estrategias que miren de manera integral el financiamiento del sistema de educación superior, tomando en cuenta que hay otras universidades que están cerca de alcanzar su proceso de institucionalización y otras que se encuentran incluso en la fase de creación”.

Los rectores recordaron que en el anterior gobierno, durante el 2020, se consolidó una reducción de más de USD 98 millones para las IES públicas, “lo que ha generado graves afectaciones a la educación superior en el país”.

“La reducción del presupuesto y la falta de asignación oportuna de los recursos financieros inciden directamente en la calidad de la educación superior pública, atentan contra la viabilidad de las instituciones de educación superior que, al verse comprometidas en su operación y sus finanzas, deberán obligatoriamente realizar ajustes internos, lo cual incidirá lamentablemente en la reducción de la oferta académica, señalan los representantes de universidades y escuelas politécnicas públicas”, enfatizan los rectores.

Fuente: https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/rectores-universidades-publicas-presupuesto-reduccion.html

 

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Ecuador / UNE: Con la lucha del magisterio, estudiantes, padres y madres de familia, la Corte Constitucional, ratifica la Constitucionalidad de la LOEI

Comunicado

Quito 12 de agosto, 2021

¡Victoria del magisterio y el pueblo!

La Corte Constitucional ha dado la razón a docentes, estudiantes, madres, padres de familia y organizaciones sociales que luego de 32 días de Huelga de Hambre y movilizaciones alcanzan varios derechos para la educación pública.

Mediante Sentencia No. 32-21-IN/21 y acumulado de fecha 11 de agosto de 2021, la Corte Constitucional ha emitido su dictamen sobre el CASO No. 32-21-IN y acumulado (34-21-IN) respecto a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

En el Capítulo VI DECISIÓN, numeral 125.1 la Sentencia señala lo siguiente: “125.1. Declarar la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el primer suplemento del registro oficial N.° 434, de 19 de abril de 2021…»
La sentencia absuelve todos los puntos impugnados por los recurrentes, quienes buscaron mediante varios argumentos jurídicos que se declare la inconstitucionalidad de todas las reformas a la LOEI.
*PRIMERA VICTORIA*: Fue derrotada la pretensión del Gobierno de declarar toda la Ley inconstitucional, los sectores neoliberales cercanos al gobierno de Moreno y Lasso no pudieron negar el derecho a la educación.
En el numeral 125.2. La Corte Constitucional resuelve: “Levantar las medidas cautelares…»
*SEGUNDA VICTORIA*: Entra en vigencia las reformas a la LOEI, lo que implica que el Gobierno mediante el Ministerio de Educación deben aplicar de manera inmediata, derechos como:
• Educación inclusiva y libre de acoso y todo tipo de violencia.
• Reintegro de docentes desvinculados en el contexto de la pandemia.
• Entregue del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación.
• 25 horas pedagógicas
•Reapertura de las escuelas cerradas.
•Internet gratuito y bibliotecas equipadas.
• Nuevo enfoque de los DECE y estabilidad laboral para su personal.
• Nuevo bachillerato
• Directores distritales, bajo concurso de méritos y oposición.
• Pago del bono a la excelencia por evaluación.
•Afiliación a la IESS de los 13 mil maestros/as comunitario.
• Autonomía de la educación intercultural bilingüe y reconocimiento de la etnoeducación.
• Nuevo modelo educativo que priorice la actividad pedagógica y no la sobre carga laboral.
• Derecho a 30 días de vacaciones consecutivos.
*TERCERA VICTORIA*: La Corte Constitucional reconoció tácitamente el derecho de los maestros a una jubilación digna, estableciendo un tiempo de 30 días a la Asamblea Nacional para que: “Subsane la omisión de deliberar sobre esas disposiciones con base en estudios actuariales actualizados y específicos…” señalando además que dichos estudios actuariales deberán elaborarse en el lapso de 6 meses; es decir; la Corte ratificó este derecho y además conmina a los órganos legislativos a cumplir con su rol de forma adecuada.
*CUARTA VICTORIA*: Bajo el mismo criterio la Corte le “concede a la Asamblea Nacional la oportunidad para que, en el plazo de treinta (30) días subsane la omisión de deliberar sobre esas disposiciones con base en un análisis de factibilidad financiera…”; Es decir, la Corte Constitucional reconoce el derecho a la equiparación salarial.
La LOEI es constitucional y la lucha continúa en miras de seguir fortaleciendo la educación pública y el cumplimento de los derechos del magisterio y estudiantes.

Convocamos a los docentes, pueblos del Ecuador y organizaciones sociales a la marcha de la victoria este lunes 16 de agosto a las 10:00 en la ciudad de Quito. (Parque el Arbolito).

*Unión Nacional de Educadores*
Fuente de la información:  U N E
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Tres peticiones clave y 23 días de huelga de hambre: ¿por qué se radicaliza la protesta de los educadores en Ecuador?

El principal reclamo de los huelguistas es que la Corte Constitucional ratifique la constitucionalidad de las reformas a la LOEI, pero también abogan por el reintegro de sus cargos a los maestros que fueron desvinculados durante la pandemia.

Pasadas las 09:00 de la mañana (hora local) levantan la lona que cubre la parte frontal de la carpa en la que 10 personas, siete hombres y tres mujeres, llevan a cabo una huelga de hambre frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, en defensa de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y otras peticiones.

Es el martes 3 de junio. Los huelguistas son educadores y están acostados o sentados sobre colchones inflables y cubiertos con cobijas gruesas, ante el fuerte viento que recorre la zona, en el centro de Quito. La huelga la iniciaron el pasado 12 de julio; ese día eran 12 personas, luego el número bajó a ocho debido a complicaciones de salud que presentaron cuatro de ellas, y el lunes 2 se sumaron otros dos maestros a la medida de protesta.

No son los únicos. En total son alrededor de 80 huelguistas en todo el país, puesto que además de Quito, se mantienen protestas en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Esmeraldas, Latacunga y Santo Domingo, así como en las provincias de Tungurahua, Sucumbíos, Pastaza e Imbabura, dice, en entrevista con RT, Elvis Moreira, expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) seccional Pichincha y coordinador de la huelga, quien ha estado desde el inicio de la medida de presión en la carpa.

Situación de salud

«Estamos bien débiles, el cuadro clínico es distinto [en cada uno], de acuerdo al metabolismo, pero algunos estamos con problemas de tensión alta, otros presión baja, problemas gástricos bien graves, gastritis crónica, glucosa alta en algunos momentos, hay infecciones urinarias», comenta Moreira.

El dirigente detalla que durante estos días de huelga, él ha perdido entre 18 y 19 libras (más de 8 kilos) de peso y el compañero que más ha adelgazado, ha bajado 22 libras (casi 10 kilos).

Sobre las cuatro personas que ya no están en la huelga, Moreira precisa que una de ellas era una estudiante de 15 años, que tuvo problemas de presión alta y se desmayó en el lugar y por esa razón se la llevaron; dos presentaron «problemas gástricos bien graves», y a uno de ellos le aplicaron suero fisiológico, pero finalmente fue retirado por miembros de la Cruz Roja. Una huelguista más empezó a vomitar sangre.

Durante este tiempo, los huelguistas se han estado hidratando con el suero oral, agua con panela, caramelos, melcocha (dulce artesanal), menciona el expresidente de la UNE Pichincha. Junto a la carpa donde ellos se encuentran está emplazada otra, con personal médico que evalúa su estado de salud; también están dos baños portátiles para sus necesidades.

A la par de la huelga de hambre, otros docentes han realizado marchas, bloqueos de vías y crucifixión simbólica en varios lugares del país, como en Quito —donde el lunes fueron reprimidos—, en Manabí, Esmeraldas, Cuenca, Santo Domingo, Ambato, Guayaquil, Ibarra, entre otras.

Las reformas a la LOEI

El principal reclamo de los huelguistas es que la Corte Constitucional (CC) ratifique la constitucionalidad de las reformas a la LOEI que la Asamblea Nacional aprobó el 9 de marzo pasado y, el entonces presidente del Ecuador, Lenín Moreno, envió al Registro Oficial el 10 de abril para su entrada en vigencia, pero que luego fue suspendida.

«Los grandes medios de comunicación señalan que es un asunto solo de sueldos, pero no», aclara Moreira. Y es que su reclamo va más allá a la defensa de las reformas hechas en la LOEI, que establecieron un salario básico del magisterio de 1.000 dólares mensuales (que actualmente es de 817).

Las reformas, de hecho, son muchas y más profundas. «Hablamos de transformar el sistema educativo […] Es una ley que realmente busca cambiar la educación en este país», resalta Moreira.

Entre otras cosas, contempla que el Estado destine 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, porcentaje que actualmente es de 5 %; asimismo, establece que las academias policiales y militares vuelvan a regirse por estas instituciones, puesto que ahora las maneja el Ministerio de Educación; y también, dice Moreira, tiene el marco legal pertinente «para impedir más acosos y vulneración de derechos de los niños».

Además, señala el entrevistado, la ley «revaloriza la condición del docente en tres parámetros: condición de titulación, su condición profesional, así como sus méritos académicos y años de servicio».

El coordinador de la huelga señala que las reformas fueron aprobadas con 126 votos de los asambleístas y que, además, en la construcción de los cambios a la normativa participaron 160 organizaciones.

«Se ha cumplido con todos los organismos y con todos los elementos jurídicos», resalta el entrevistado. Pese a ello, la vigencia de la ley se suspendió debido a que la CC admitió a trámite, el pasado 20 de mayo, dos demandas de inconstitucionalidad contra la normativa, presentadas por el abogado Luis Javier Bustos y Álvaro Maurizio Galarza Rodríguez —procurador judicial de María Zulima Espinosa Bowen, directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)—, que fueron agrupadas en una sola causa.

El actual Gobierno, a través de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, en una audiencia pública, se pronunció a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Entonces, los huelguistas, además de pedir el rechazo de las dos demandas de inconstitucionalidad contra la LOEI, piden que se tomen en cuenta «las 20 Amicus Curiae» que se presentaron a favor de la normativa.

Otra razones de la protesta

De acuerdo con el huelguista, durante el gobierno de Moreno, en lugar de incentivar a los maestros ante la pandemia del coronavirus, «lo que hizo fue castigarlos, perjudicando con el recorte de sueldos de 77 millones de dólares».

Pero, además de ello, fueron desvinculados miles de maestros de sus cargos por parte del Estado.

El lunes, en busca de destrabar la situación de los maestros en huelga, se dio a conocer un acuerdo alcanzado en una mesa de concertación conformada por la UNE, la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo.

En el documento, consideran que la ley reformatoria de la LOEI «garantiza los derechos de la comunidad educativa y que la misma se enmarca dentro de las normas constitucionales»; por lo tanto, instan a la CC a «resolver con la debida celeridad esta causa».

Asimismo, llamaron al Ejecutivo ecuatoriano a un diálogo, en el que también estarían otras instituciones públicas y privadas, como la Unicef, Unesco, el IESS, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otras.

Entretanto, la UNE se comprometió a no incrementar nuevos huelguistas en ninguna de las provincias del país hasta el 6 de agosto.

«Pero, si es que hasta el 6 de agosto no se logra dar visos de solución y no hay una posición clara de la Corte Constitucional y del Gobierno como tal, nosotros vamos a radicalizar la medida; y están preparándose otras ciudades para poderse incorporar en los próximos días, si es que no hay una situación distinta», enfatizó Moreira.

El coordinador de la huelga envió un mensaje al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió el poder el pasado 24 de mayo: «Acuérdese cuando estuvo en campaña y necesitó los votos de los 260.000 docentes del país y ofreció públicamente que iba a elevar el sueldo de los maestros, que iba a reintegrar a todos los maestros desvinculados«.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/399697-huelga-hambre-maestros-ecuador-reforma-ley

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Ecuador: Educación de Personas Jóvenes y Adultas hacia su institucionalidad

Por:  

En el marco de la Consulta Regional en América Latina camino a la CONFINTEA VII organizada por OREALC UNESCO se realizó el Taller Desafíos de la Institucionalidad para la EPJA en la tarde del jueves 29 de julio, convocado por la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA hacia la CONFINTEA VII. El propósito de dicho taller fue identificar los nudos críticos de la institucionalidad de la EPJA y plantear propuestas específicas de política, estrategias y financiamiento que permitan asumir éticamente una EPJA que garantice la justicia social y educativa.

La Plataforma está integrada por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).

La jornada contó con un momento de trabajo grupal, que permitió identificar recomendaciones de cara a la CONFINTEA VII. Entre las recomendaciones cuanto a la Institucionalidad e intersectorialidad de la EPJA en el sistema educativo nacional y orgánico estatal se menciona la importancia de asegurar el cumplimiento de la ley, dado que las constituciones políticas del Estado garantizan el derecho a la educación al total de la población. Se evidencia la necesidad de incrementar el financiamiento de la educación y a la EPJA y coordinar con los otros sectores para reajustar el presupuesto, asumiendo que se trata de una decisión política que se debe corresponder con su prioridad.

Tomando la importancia de la gestión curricular y formación docente se manifestó la necesidad de una formación inicial en EPJA, en la perspectiva de las transformaciones sociales, incluyendo propuestas universitarias y el enfoque de derechos. Así mismo que la gestión curricular contemple una matriz descolonizadora en los diseños curriculares; con perspectiva intercultural, crítica, liberadora, que parta del diálogo de saberes de jóvenes y adultos, con reconocimiento de la diversidad de las y los sujetos. Ello implica una justicia cognitiva, que es parte de la concreción de la justicia social.

Los saberes ancestrales son fundamentales para la reivindicación de las culturas originarias en las políticas de reconocimiento de saberes y de la sociedad civil, así como la valoración la educación a través de la radio en la EPJA, con la potencialidad comunicativa y educativa para espacios desasistidos. Considerar que durante la pandemia se ha renovado la radio educativa y que además facilita la participación y organización comunitaria y popular.

Finalmente se contaron con reflexiones desde la Red Universitaria EPJA de Chile con Guillermo Willimson; Miriam Camilo, Ex Directora de EPJA del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cesar Picón del Foro Educativo Perú y la participación de la estudiante Luisa Mishel Solis de la Cruz, del Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala/Consejo Coordinador del Pueblo Xinka de Guatemala.

Recordamos que la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII) propone los marcos de políticas y protección de la EPJA para el futuro, de allí la importancia de comprometer a los Estados en su atención y priorización de sus acciones y líneas estratégicas.

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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OVE Entrevista a Isabel Vargas presidenta de la UNE: 21 días en huelga de hambre maestr@s ecuatorianos (Video)

Por: Otras Voces en Educación

El ayuno que comenzaron más de 30 educadores se opone a la suspensión ejercida por el estado a la nueva ley de educación.

Decenas de maestros de Ecuador sostiene una huelga de hambre que ha durado 21 días para exigir la aplicación inmediata de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI).

La iniciativa comenzó el pasado 12 de julio en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca. En esa ocasión más de 30 maestros iniciaron una huelga de hambre a nombre de la Unión Nacional de Educadores (UNE) para reclamar a la Corte Constitucional ratificar la aplicación de la LOEI.

El ayuno indefinido cumple el objetivo de sensibilizar a las autoridades centrales del gobierno, sobre la necesidad de que la Corte Constitucional disponga la implementación de la normativa. Esta fue aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 9 de marzo y que constituye una modificación del 80 por ciento a la que estaba vigente desde marzo del 2011.

 

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