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El pensamiento crítico: clave para el éxito

 

En un mundo inundado por la sobreinformación, la falta de análisis y el limitado pensamiento crítico, los educadores desempeñan un papel central en potenciar mentes reflexivas con el fin de alcanzar el éxito. Provocar los cuestionamientos, la lógica y la argumentación en los estudiantes les permitirá tomar decisiones acertadas con miras a un futuro próspero. Sin esta capacidad en las personas, nuestro país continuará sumido en la pobreza.

Dado los avances vertiginosos de la tecnología, en una sociedad que habita en la jungla del individualismo, el pensamiento crítico es una salvaguarda orientada al desarrollo personal y profesional. Sin embargo, muchas escuelas no están formando estudiantes analíticos y cuestionadores, lo que lleva más tarde a ser personas que creen en las noticias falsas y siguen ciegamente a tantos políticos corruptos. Esta falta de reflexión perpetúa las torpes decisiones que nos evitar ver las oportunidades de progreso.

Aunque el pensamiento crítico está presente en el currículo nacional de nuestro país, no se desarrolla con suficiente fuerza, posiblemente porque muchos docentes no dominan el arte de hacer pensar a los estudiantes. Esto limita su desarrollo humano, ya que el reconocido investigador Stéphan Vincent-Lancrin destaca que desarrollar el pensamiento crítico es fundamental para fortalecer las habilidades esenciales que no solo mejoran las oportunidades laborales, sino también la calidad de vida personal y la participación cívica. Además, hace hincapié de que los responsables de desarrollar estas habilidades son los encargados de las políticas educativas y los docentes.

Estos maestros necesitan estar empoderados didácticamente a fin de fomentar en los estudiantes el arte de cuestionar todo, al estilo de Sócrates, mediante el diálogo y las preguntas que estimulen el pensamiento. Además, requieren enseñar a analizar los datos con evidencias y valorar las diferentes perspectivas, escuchando diversas opiniones y practicar el raciocinio lógico anteponiéndose a las emociones. También es relevante inculcar la humildad en la cultura de los estudiantes, para que aprendan a consultar a otras personas antes de tomar sus decisiones, lo que contribuirá a mejorar sus vidas y la de sus familias.

El impacto de pensar críticamente nos permite tomar acertadas decisiones. En consecuencia, dominar esta habilidad es una necesidad obligatoria con el fin de construir una vida exitosa y saludable, de lo contrario continuaremos atrapados en los brazos del inevitable fracaso.

Artículo publicado en, El Montonero

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCPCE.

Fotografía: ANred. La movilización frente a la conserjería, un lugar icónico que recuerda a la Revolución Francesa por haber sido, primero palacio y luego prisión de monarcas.

Fuente de la información:  https://insurgenciamagisterial.com

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Infancias rotas, gobierno obtuso

Un trabajo arduo que hemos tenido que aprender a lo largo de los años es saber acompañar de la mejor manera a las mujeres indígenas que son víctimas de las violencias que se multiplican en la Montaña. Es un aprendizaje que requiere mucha sensibilidad, empatía y respeto. Requiere un gran cuidado para no revictimizarlas, implica tiempo para comprender el contexto que enfrentan y ante todo identificar los nudos de las violencias que la atrapan. Su extrema vulnerabilidad nos obliga a tomar con sumo cuidado y sigilo las realidades que más lastiman su dignidad. Tenemos que desmontar nuestros esquemas urbanos para adentrarnos al mundo comunitario, para entender mejor su situación económica y cultural. Son mujeres que no cuentan con redes de apoyo al interior de sus comunidades. No solo se sienten solas e indefensas, sino que sienten que su mundo se derrumba porque en las comunidades indígenas la palabra de las mujeres aún no es escuchada y atendida, porque los hombres monopolizan el poder y sus voces tienen más peso. Esta asimetría de poder debe ser tomada en cuenta, porque la situación de las mujeres es de extrema vulnerabilidad.

Recientemente una madre de familia del municipio de Metlatónoc denunció a su concuño que entró al cuarto donde ella duerme con sus pequeños hijos, aprovechando que su esposo se encuentra en Estados Unidos. Recuerda que era de madrugada cuando lo vio sentado en su cama. Le reclamó por qué se había atrevido a entrar. Él solo le comentó que no dijera nada. La esposa comunicó a su suegro y denunció el caso ante el comisario. En lugar de darle credibilidad a su dicho, a pesar de que el concuño aceptó que había entrado a su cuarto, las autoridades dijeron que no había pruebas de que la haya tocado o violado. En lugar de investigar los hechos descalificaron sus dichos y procedieron a imponerle una multa por difamar al concuño. En lugar de respetar su testimonio y tratarla como víctima, la sancionaron por atreverse a denunciar.

Lo más grave es que se han trivializado las denuncias de las mujeres y se ha normalizado la violencia que ejercen los hombres. Desde los espacios comunitarios padecen esta dominación: desempeñan el rol de sumisión, se les enseña a obedecer desde pequeñas y a realizar trabajos extenuantes en su infancia. Son las niñas las encargadas de cargar y cuidar a los hermanitos más pequeños. Tienen que ir al campo con sus mamás para acarrear el agua y cargar con las varas para la lumbre. Varias de ellas cuidan chivos, y esa actividad las absorbe porque tienen que cortar camino y arrear los animales para que no se escapen ni pierdan. Es muy común que por no cuidar bien los animales los padres las reprendan y les den algún golpe.

Las niñas son víctimas de maltratos sistemáticos de los hombres de la casa. No solo padecen estos maltratos, también crecen con el estómago vacío. Comen tortillas frías en el cerro y resisten los escabrosos caminos para llegar a medio comer a sus casas.   Se las ingenian para jugar en el campo: corren, se suben a los árboles, juegan a las escondidas, saltan la cuerda. Cuando son varias niñas también juegan a los encantados. En lugar de jugar con alguna muñeca tienen que asumir el cuidado de sus hermanitos que cargan sobre su espalda.

Son infancias truncas porque en las comunidades de la Montaña las niñas no tienen derecho a jugar, tampoco tienen acceso a la educación, a cultivarse en las artes y desarrollar su creatividad con las nuevas tecnologías. Padecen la desnutrición y son presas de las enfermedades gastrointestinales. Cuando son pequeñas sólo comen tortilla mojada con caldo de frijol y cuando crecen se alimentan con tortilla y sal. El agua la toman de los manantiales que la mayoría están contaminados por los agroquímicos que aplican a la milpa. Aprenden a dar sus primeros pasos sobre los pisos de tierra lo que provoca que varias niñas y niños coman tierra y que fácilmente ensucien su ropa que la usan por varios días. En los hogares es difícil contar con depósitos de agua porque las tuberías de agua están rotas.

Desde los 11 años, en algunas comunidades de la Montaña, los padres siguen practicando la costumbre de unir en matrimonio a sus pequeñas hijas. Es una decisión arbitraria que no toma en cuenta a su esposa y mucho menos le comparte esta idea a su pequeña hija. Simplemente el padre escucha ofertas de otros papás que tienen a hijos de la misma edad para llegar a un arreglo económico. En las últimas décadas hemos constatado que esta práctica del pago de la dote se trivializó con lo que hoy se conoce como la venta de las niñas. Los padres llegan a un acuerdo pecuniario. Se trata de precios altos que oscilan entre 200 y 300 mil pesos para firmar esta alianza entre sus menores hijos. Además de este pago tiene que haber fiesta, mucha bebida y suficiente comida. La música no puede faltar. Son gastos onerosos que endeudan gravemente a las familias que pagan por el precio de una niña.

La costumbre es que la desposada tiene que irse a la casa de los suegros y ahí tiene que trabajar en todos los quehaceres domésticos que la nueva suegra le ordene. La niña paga las consecuencias del dinero que entregaron a su papá y es tratada como una persona sin derechos. Se dedica a lavar la ropa de todos, a preparar el nixtamal, a moler la masa, y hacer las tortillas. También se va al campo para apoyar en todas las labores de la siembra y de la cosecha. Viaja con la familia a los campos agrícolas y todo lo que llega a ganar en cada jornada el dinero lo cobra el suegro. Ella simplemente es una empleada de su nuevo patrón.

No tiene voz y por lo mismo debe de soportar los maltratos, los golpes y las malas acciones de su esposo. Nadie puede defenderla, su destino es obedecer y soportar todos los desprecios y regaños. A los 12 años se embarazan y aún en estas condiciones no dejan de trabajar. De milagro sobreviven para dar a luz a su hijo en condiciones sumamente insalubres. La misma necesidad las obliga aprender a cuidar a sus bebés y a cargar con otra responsabilidad de la que el esposo se desentiende. Ser niña madre es un calvario que sufren por décadas sin que nadie se acerque para ayudarlas. Sufren en silencio, resisten en medio del dolor y se sobreponen a muchas adversidades.

Su destino es ser madre en la adolescencia y soportar las violencias que ejercen sus esposos, sus suegros, las suegras, los demás familiares de su esposo, la comunidad y las mismas autoridades. Es una montaña de agravios los que padecen las mujeres, nadie se coloca de su lado y más bien todas las señalan como las que no trabajan y que gastan mucho. Su misma familia se desentiende de ella, su padre no puede decir nada porque recibió mucho dinero y no tiene el derecho a reclamar nada.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno son cómplices de estas tragedias. No hay formas de revertir este sistema patriarcal en un contexto de extrema pobreza donde las instituciones del Estado están ausentes. Es una desolación atroz que nadie se interesa en conocer y mucho menos apoyar. Dejan que las mujeres se desangren y mueran sin que nadie salga en su defensa. Las autoridades de los municipios en lugar de proteger a las mujeres que hacen un gran esfuerzo para ir a denunciar los delitos que padecen, la misma síndica o síndico se encarga de regañarlas y las obligan a regresar con sus maridos.

Lo insólito es que por levantar un acta que atenta contra sus derechos y que revictimiza a las mujeres, les cobran 500 pesos para firmar el documento que legitima la violencia de los hombres. Son las mismas mujeres las que se han revelado y atrevido a denunciar la violencia de sus maridos ante el Ministerio Público de Tlapa, sin embargo, este esfuerzo las revíctimiza porque no las atienden, cuestionan sus dichos y regularmente le dan la razón al agresor, a cambio de dinero.

Es inconmensurable todo lo que padecen las mujeres para alcanzar la justicia del Estado. Muchas de ellas se han regresado a sus domicilios porque no son atendidas. Su atrevimiento tiene consecuencias funestas porque al regresar a sus hogares, el marido se ensaña para golpearlas y matarlas.

Los feminicidios en la Montaña se han incrementado por esta inacción del Estado; por su ausencia en las comunidades; por su complicidad con los agresores; por vender la justicia al mejor postor; por tratar a la mujer como un ser inferior; por no darle crédito a su palabra; por darle un trato discriminatorio y por pisotear sus derechos y sepultar sus sueños de vivir dignamente.

Esta lacerante realidad nos obliga a levantar la voz y denunciar estas atrocidades cometidas contra las mujeres indígenas. Las madres y niñas requieren un compromiso serio de las autoridades. Sus acciones son obtusas, inmediatistas y para salir del paso. En lugar de llegar a las comunidades más recónditas, para ser un gobierno de territorio, se siguen implementando acciones que reproducen los vicios añejos del burocratismo. Las prácticas insolentes y corruptas se siguen reproduciendo como hace 5 décadas en las fiscalías del estado. La discriminación y el racismo contra las mujeres indígenas es una práctica acendrada en las dependencias gubernamentales, las niñas lo padecen a flor de piel.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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El matrimonio infantil impide la educación de las niñas en el noroeste rural de Nigeria: “Cuando supe que mis padres planeaban casarme, me escapé de casa”

Esta práctica sigue siendo un problema grave en el país, especialmente en el Estado de Kano, impulsada por una mezcla de tradición, pobreza y falta de formación. Para los expertos, asistir a la escuela es clave a la hora de romper el ciclo.

Aisha Ahmadu era una niña brillante y ambiciosa que crecía en la comunidad de Zogarawa, en el Estado de Kano, ubicado al noroeste de Nigeria. Era una de las mejores alumnas de primaria de su comunidad. Aunque sus padres nunca fueron a la escuela, ella soñaba con ser médico para salvar vidas. Recuerda a menudo la alegría de ganar los concursos escolares locales y lo mucho que deseaba estudiar ciencias en el instituto. Pero cuando cumplió 17 años, pocos días después de celebrar su graduación en la escuela de primaria como la mejor de su clase, su mundo dio un vuelco. Su padre le dijo que se preparara para una pequeña ceremonia porque un pretendiente había venido a pedir su mano. Abrumada, Ahmadu se fue llorando a su habitación.

“Antes de que mi padre me dijera que me casaba, había planeado presentarme al examen de acceso a la escuela secundaria, y él había prometido apoyarme”, cuenta. “Pero aquel día, apenas unas horas después de mi cumpleaños, me casó con el hijo de su amigo”. Ahora es madre a los 21 años, y dice que el dolor de ver cómo se esfumaba su sueño de recibir una educación ha hecho mella en su salud mental.

“Estoy triste cuando me veo en casa, sin hacer nada más que cuidar de mis dos hijos”, dice. “Ahora mismo no puedo hacer otra cosa porque mi marido no apoya que vuelva a estudiar. Pero estoy decidida a que, cuando mis hijos crezcan, reciban la educación que yo no pude tener”, añade.

El matrimonio infantil sigue siendo un problema grave en el norte de Nigeria, especialmente en el Estado de Kano, impulsado por una mezcla de tradición, pobreza y falta de formación. Creencias muy arraigadas empujan a menudo a las familias a casar a sus hijas cuando son jóvenes, ya sea para preservar el honor de la familia o para conservar tradiciones culturales. “Algunas familias creen que casar a sus hijas a una edad temprana es la mejor manera de garantizar su futuro y proteger su reputación”, afirma Oluwatumininu Adedeji, experta en protección a la infancia y directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo Sostenible Balm in Gilead (BIGIF, por sus siglas en inglés).

La pobreza también desempeña un papel importante. Muchas familias ven en el matrimonio una forma de reducir su carga financiera. “Cuando tienes dificultades para llegar a fin de mes, casar a tu hija parece una forma de tener una boca menos que alimentar”, explica Adedeji. Esta presión económica hace más difícil evitar los matrimonios precoces y que las niñas permanezcan en la escuela. Según la organización Girls not Brides, entre las familias más pobres de Nigeria, el 58% de las niñas se casa antes de cumplir los 18 años, mientras que únicamente el 4% de las niñas de familias más ricas corren la misma suerte. Alrededor del 71% de las mujeres sin educación formal se casaron antes de los 18 años, frente al 13% de las que completaron estudios superiores. Para muchas de estas niñas, seguir estudiando resulta casi imposible, por lo que no les queda más remedio que depender de sus maridos.

Cada año, según Unicef, 12 millones de niñas se casan en el mundo. Nigeria, como país más poblado de África, soporta la carga del mayor número de niñas casadas. Según datos de 2023 de la agencia de la ONU para la infancia, 24,38 millones de niñas y mujeres del país se casaron por primera vez o vivieron en pareja antes de los 18 años.

Cuando las niñas van a la escuela, adquieren conocimientos, confianza y opciones para su futuro. Esto es lo que puede romper el ciclo del matrimonio precoz

Oluwatumininu Adedeji, experta en protección a la infancia

En el norte de Nigeria, de acuerdo con Save the Children, el 48% de las niñas se casan antes de los 15 años y el 78% antes de los 18 años. Como consecuencia, millones de ellas acaban abandonando la escuela. Según el último informe de la organización Equality Now publicado en mayo de 2024, en 35 de los 36 Estados de Nigeria está prohibido el matrimonio infantil. Un delito que se castiga con penas de hasta cinco años de cárcel. De Kano es también Farida Salaudeen, una mujer que de pequeña soñaba con ser química. Su andadura comenzó en una pequeña escuela primaria de la comunidad de Kanwa, en la localidad de Warawa. Pero hace unos años, cuando estaba a punto de empezar cuarto de primaria, su familia puso fin bruscamente a sus estudios y la casó con 15 años.

Retrato de Farida Salahudeen en el Estado de Kano, noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.
Retrato de Farida Salahudeen en el Estado de Kano, noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.ABDULWAHEED SOFIULLAHI

“Cuando supe que mis padres planeaban casarme, me escapé de casa. Me buscaron durante días”, cuenta Salaudeen a EL PAÍS. “Cuando por fin me encontraron, mi madre me dijo que la escuela no era buena para mí y que podía afectar a mis creencias religiosas. No tuve más remedio que aceptar”. Los sueños de esta mujer, que ahora tiene 22 años, siguen sin cumplirse, ya que tiene que quedarse en casa cuidando de sus hijos y encargándose de las tareas domésticas.

Los expertos subrayan que el matrimonio infantil precoz interrumpe la educación y hace que los niños abandonen la escuela cuando deberían estar aprendiendo. De acuerdo con datos de Unicef de abril de 2024, un total de 18,3 millones de niños en Nigeria (10,2 millones en edad de asistir a la escuela primaria y otros 8,1 millones en edad de asistir a la escuela secundaria) no están escolarizados, predominantemente en las regiones del norte.

Matrimonios concertados que lastran la educación

Zainab Muhammadu también se enfrentó a una lucha similar. A los 13 años, sus padres se negaron a que asistiera a la escuela primaria pública de la comunidad de Warawa, a pesar de que aspiraba a convertirse en enfermera. Su pasión se veía avivada por la falta de personal y equipos sanitarios en el centro de salud local y los frecuentes problemas de salud de los residentes, que provocaban muertes maternas.

En lugar de ir a la escuela, Muhammadu pasó dos años ayudando a su madre a vender patatas fritas en la calle. No fue hasta que intervino el líder de la comunidad cuando por fin le permitieron asistir a clase. “Suplicó a mis padres que me dejaran ir a la escuela porque era mi pasión”, recuerda Zainab. Aun así, sus padres ya habían decidido que se casaría después de terminar la educación secundaria.

Zainab Muhammadu,  mujer que sufrió un matrimonio precoz con 19 años, residente en la comunidad del Estado de Kano, al noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.
Zainab Muhammadu, mujer que sufrió un matrimonio precoz con 19 años, residente en la comunidad del Estado de Kano, al noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.ABDULWAHEED SOFIULLAHI

Cuando Muhammadu tenía 19 años, justo después de terminar los grados inferiores, su padre concertó su matrimonio sin que ella lo supiera y le impidió seguir estudiando. “Ni siquiera supe que habían planeado mi boda hasta dos días antes de que se celebrara”, relata. “Supliqué a mis padres que me dejaran terminar los estudios, pero se negaron. Lo único que hago ahora es quedarme en casa cuidando de los niños, sin trabajo ni oportunidades”.

Adedeji, la responsable de BIGIF, subraya que la educación es fundamental para acabar con el matrimonio infantil en Nigeria. El Estado de Kano, por ejemplo, ha registrado 989.234 niños sin escolarizar, según datos de la Unesco de 2022, y se encuentra a la cabeza de Nigeria en menores que no van a la escuela, a pesar de que la educación es gratuita y obligatoria.

“Si queremos ver un cambio real, tenemos que asegurarnos de que todas las niñas tengan acceso a una educación de calidad”, señala la experta a EL PAÍS. “Cuando las niñas van a la escuela, adquieren conocimientos, confianza y opciones para su futuro. Esto es lo que puede romper el ciclo del matrimonio precoz”.

Más allá de las razones culturales y económicas, la desigualdad de género es también un grave problema. En muchas comunidades, las niñas tienen menos derechos y opciones que los niños. Esto las hace más vulnerables a la obligación de casarse a una edad temprana. “El matrimonio infantil es una cuestión de control”, asegura Adedeji. “En estas sociedades, el futuro de una niña lo deciden otros, y el matrimonio se ve como una forma de limitar sus oportunidades”, añade la experta.

Aunque la prevalencia global del matrimonio infantil ha caído del 23% al 19% en la última década, aún queda camino por recorrer para poner fin a esta práctica en 2030, la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para intentar lograrlo, Adedeji cree que es necesario un trabajo en equipo entre los gobiernos, los líderes locales y los grupos comunitarios. “Tenemos que reforzar las leyes contra el matrimonio infantil, crear más oportunidades de trabajo para las familias y asegurarnos de que las niñas conocen sus derechos”, remacha.

https://elpais.com/planeta-futuro/2025-03-04/el-matrimonio-infantil-impide-la-educacion-de-las-ninas-en-el-noroeste-rural-de-nigeria-cuando-supe-que-mis-padres-planeaban-casarme-me-escape-de-casa.html

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ONU alerta de crisis sin precedentes para la infancia en el Congo

De acuerdo con el organismo internacional, los menores son víctimas de una «catástrofe sin precedentes», debido al conflicto armado que azota la región. Muchos de ellos han sufrido ejecuciones sumarias, violencia sexual, reclutamiento forzado y secuestros.

 

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) alertó este jueves de la situación que enfrentan los niños en la República Democrática del Congo (RDC), especialmente en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, como consecuencia de los violentos enfrentamientos provocados por el grupo terrorista M23.

 

El CDN denunció el aumento de la violencia en la zona a manos de grupos armados, quienes atacan frecuentemente a niños desplazados o que viven en condiciones de extrema pobreza.

 

En el Congo, los niños siguen siendo condenados a la miseria de los campos de refugiados mientras huyen del genocidio que Occidente financia en el pais desde hace décadas, usando a su dictadura títere de Ruanda.

 

Según Save The Children, más de 26 millones de personas, de las… pic.twitter.com/gerAnSQ24A — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 18, 2025

Asimismo, dio a conocer el asesinato de 45 menores que residían en un centro de acogida para niños abandonados en Goma tras la toma de la ciudad por parte de las milicias del M23 en enero pasado, dijo también que 30 niñas que lograron huir del centro se encuentran ahora en situación de calle en la ciudad fronteriza de Gisenyi, en Ruanda, donde enfrentan condiciones de vida extremadamente precarias.

 

El Comité también destacó que la violencia sexual se ha convertido en una realidad cotidiana para muchos niños en las áreas afectadas por el conflicto. Ante esta situación, el CDN instó a las partes involucradas a poner fin a esos abusos y a negociar un alto al fuego inmediato que permita proteger a la población civil, especialmente a los menores, que son los más afectados.

 

La entidad de la ONU resaltó cómo los ataques contra infraestructuras civiles, como escuelas y hospitales, impiden que miles de niños puedan acceder a servicios básicos esenciales, lo que agrava aún más la ya crítica situación humanitaria en la región.

 

En el este del Congo, asediado por las bandas terroristas M23 de Occidente y Ruanda, una niña huérfana de menos de 10 años, tras haber perdido a sus padres, se convirtió en la madre de su propio hermano pequeño.

 

Los niños pobres congoleños sobreviven en un infierno de genocidio… pic.twitter.com/RXvZBQzYXG — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 31, 2025

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que, de los 26,4 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país africano, 15,4 millones son niños, mientras, el 40 % de los 6,7 millones de desplazados internos son niños.

 

https://www.telesurtv.net/onu-alerta-crisis-sin-precedentes-para-los-ninos-en-el-congo/

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Duro informe de Amnistía Internacional sobre los niños y niñas en el contexto de violencia de Haití

Amnistía Internacional se reunió con autoridades gubernamentales, personal de la ONU y organizaciones de ayuda humanitaria para realizar un informe sobre la situación de los niños y niñas en el contexto de violencia que se vive en Haití. Ana Piquer Romo, directora de la Oficina para las Américas de Amnistía Internacional, habla con Carmen Aristegui sobre los hallazgos de este informe.

https://cnnespanol.cnn.com/2025/02/14/latinoamerica/video/amnistia-internacional-informe-infancia-contexto-violencia-haiti-aristegui-tv

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CEPAL: Baja la pobreza en América Latina a niveles de 1990

Pese a los avances, aún 172 millones de personas en América Latina y el Caribe no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales y, entre ellas, 66 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos, señala el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo.

 

El porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 fue del 27,3%, cifra que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de más de 5 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2020, el año más crítico de la pandemia de COVID-19. Se trata, además, de la cifra más baja desde que se tienen registros comparables. En tanto, la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10,6% de la población de la región, cifra inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales, pero por encima de los niveles de 2014. En total, 172 millones de personas vivían en la pobreza en 2023, de los cuales 66 millones estaban en pobreza extrema, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

El informe contenido en https://www.cepal.org/es/publicaciones/80858-panorama-social-america-latina-caribe-2024-desafios-la-proteccion-social sobre el   Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, presentado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, indica que la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios. La pobreza también es mayor en las zonas rurales (39,1%) que en zonas urbanas (24,6%).

 

La disminución de la pobreza regional en 2023 se explica en más de un 80% por lo sucedido en Brasil, país en el que vive un tercio de la población de América Latina y en el que las transferencias no contributivas fueron determinantes. Si en Brasil la población en situación de pobreza no hubiera caído, el promedio regional en 2023 habría sido de un 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en el año anterior, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios, en un 11,1%, dice el reporte.

 

La CEPAL también señala que, entre 2022 y 2023, no hubo variaciones significativas en los niveles de desigualdad de los ingresos en la región, manteniéndose persistentemente altos. Entre 2014 y 2023, el índice de Gini experimentó una leve reducción del 4%, bajando apenas de 0,471 a 0,452.

 

La distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso, según estimaciones incluidas en el reporte que integran distintas fuentes de información (activos financieros y no financieros) de la población latinoamericana. Alrededor de 2021, el 10% de las personas de mayores ingresos concentraba el 66% de la riqueza total y el 1% más rico concentraba el 33%.

 

El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 alerta también que en la región persisten altos niveles de desprotección social. En 2022, 1 de cada 4 hogares (23,5%) carecía de acceso a la protección social, tanto contributiva como no contributiva, en 14 países de América Latina. Esta proporción se elevaba a 1 de cada 3 hogares (36,5%) en el quintil de menores ingresos y en áreas rurales (29%).

 

La protección social no contributiva, asegura la CEPAL, es fundamental en los hogares del primer quintil de menores ingresos, dado que 1 de cada 2 de esos hogares accede a la protección social por esta vía. Esto quiere decir que las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) y los programas de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.

 

En 2022, el 27,1% de las personas en América Latina residía en hogares receptores de programas de transferencias condicionadas. Pese a sus impactos positivos, en 14 países estudiados sus montos no llegaban a cubrir el déficit de ingreso per cápita de los hogares para alcanzar la línea de la pobreza.

 

El informe constata que los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) juegan un papel central en la reducción de la pobreza en la vejez. En los últimos 20 años, la cobertura de los SPNC entre las personas de 65 años y más aumentó más de 27 puntos porcentuales y durante ese período la pobreza en esta misma población se redujo en 14,3 puntos porcentuales.

 

“El fortalecimiento de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, en particular la protección social no contributiva, es un espacio estratégico para la adopción de un enfoque integrado que pueda tener impactos significativos en la reducción de la pobreza, las diversas causas de la desigualdad y los bajos niveles de cohesión social de América Latina y el Caribe, y, por ende, en el logro del desarrollo social inclusivo”, remarcó el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

 

“Enfrentar la crisis del desarrollo en la región requiere avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Para ello, urge robustecer la institucionalidad social con capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP)”, resumió el máximo representante de la CEPAL, haciendo hincapié en la oportunidad que presenta la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 2025 para enfrentar estos desafíos.

 

De acuerdo con el reporte, en 2023, el gasto social alcanzó a 11,5% del PIB en América Latina, nivel muy similar al 11,4% del PIB de 2022.

 

En América Latina, el gasto público social se mantiene como el principal componente del gasto público total (53,3% en promedio en 2023). En el Caribe, la participación del gasto social en el gasto total bajó a 41,3% en 2023, lo que amplió aún más la brecha existente con los países latinoamericanos.

 

Según la CEPAL, para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total. En promedio, los Ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe gastaban en la protección social no contributiva 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022.

 

Finalmente, la edición 2024 del Panorama Social de América Latina y el Caribe incluye un capítulo sobre la protección social ante la crisis de los cuidados y el envejecimiento de la población, escenario que demanda políticas con enfoque de género, interseccional y de derechos. En los próximos 25 años, la población de personas de 65 años y más se duplicará (del 9,9% al 18,9%), alcanzando a 138 millones de personas en 2050.

 

“La división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social”, dice la CEPAL. De esta forma, en 2022, solo un poco más de la mitad de las mujeres en América Latina y el Caribe estaban vinculadas al mercado laboral (53,5%) y, entre las mujeres que se encontraban fuera de la fuerza laboral en la región, el 56,3% declaraba dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (en comparación con el 7,3% de los hombres).

 

Las mujeres de 65 años y más tienen mayores niveles de pobreza que los hombres a pesar de recibir pensiones (tanto contributivas como no contributivas) y el 70,3% de las mujeres que no recibe ningún tipo de pensión percibe ingresos propios menores a la línea de pobreza. Lo mismo ocurre con el 42,6% de las mujeres que sí reciben una pensión no contributiva.

 

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-tasa-pobreza-regional-que-aumento-la-pandemia-se-ha-reducido-un-nivel-similar

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Venezuela: Advierten que 75 % de trabajadores universitarios venezolanos han pensado en renunciar el último año

La asociación por la Libertad, Derechos y Desarrollo Social (Liddes) reiteró este sábado, la necesidad imperante de atender las exigencias de docentes y trabajadores universitarios en Venezuela que, afrontan, al igual que todo el sector público, una situación de extrema vulnerabilidad al percibir salarios que equivalen a 3,5 dólares mensuales, mientras que la inflación acecha y la canasta básica ronda los 530 dólares, de acuerdo a estimaciones de diversas firmas y organizaciones.

 

La directora general de Liddes, Laura Linares enfatizó que los trabajadores universitarios se debaten a diario entre renunciar y seguir asistiendo a sus lugares de trabajo por estricta vocación o retirarse y dedicarse a otros oficios que le permitan tener ingresos para subsistir.

 

“Muchos trabajadores del sector universitario han dejado sus puestos de trabajo a favor de empleos mejor pagados, lo cual genera una crisis de personal en todo el sistema educativo del país. El 75 % de los trabajadores universitarios ha pensado en abandonar el trabajo en los últimos 12 meses”, precisó. “Lo que estamos viviendo ante la indiferencia del Estado es una catástrofe”, lamentó.

 

En medio de este escenario, el paupérrimo ingreso que perciben los trabajadores universitarios se convierte en el primer factor negativo que incide de forma directa en el acceso a una educación de calidad.

 

“Un sistema educativo fuerte depende en gran medida de la capacidad de atraer y retener a docentes altamente cualificados, y los salarios son un factor determinante. Los trabajadores universitarios venezolanos perciben en promedio 3,5 dólares al mes, esto ha impulsado la deserción del personal ATO, así como de profesores universitarios en el país, dejando fuertes desafíos para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes venezolanos y la libertad académica”.

 

Laura Linares recalcó que estas presiones económicas, ponen en peligro los derechos económicos y sociales, generan desigualdades en la población; y retrasa el desarrollo de la sociedad, pues obstruye la investigación en áreas tan importantes hoy en día como la salud, la agricultura y, en general, la búsqueda de soluciones y políticas públicas eficientes y sostenibles”.

 

En esta misma línea, Fabiana Lujan miembro de Students for Liberty, subrayó que no dejarán de denunciar esta grave situación que no se puede normalizar. No es justo, lógico ni aceptable que el salario permanezca estancado desde hace casi tres años y que hoy el salario mínimo integral no cubra ni el 1 % de la canasta básica alimentaria.

 

“Seguir visibilizando la realidad que viven los trabajadores universitarios es vital para que la sociedad en general tome consciencia sobre la importancia de la exigencia de sus derechos. Resulta indispensable y urgente la inversión para garantizar la educación de calidad y garantizar el acceso a la educación superior de calidad a los venezolanos”, sentenció.

 

Asimismo, aseveró que reconocer el valor del trabajo universitario garantizando sueldos justos, no es solo un asunto de justicia social, sino que representa la retribución a todos los profesionales que se encargan de formar jóvenes que serán el futuro de la nación.

 

“Si la libertad académica se ve afectada, el desarrollo de los jóvenes y la sociedad en general también se afectará”, agregó Lujan.

 

El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, suscribe expresamente que el Estado deberá garantizar a los trabajadores del sector público y privado un salario mínimo vital que, será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

 

Advierten que 75 % de trabajadores universitarios venezolanos han pensado en renunciar el último año

 

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