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Miquel Àngel Alegre: “Las trayectorias educativas no pueden solventarse solo desde la escuela, hacen falta políticas educativas en sentido amplio”. España

Que la escuela no es el único lugar o ámbito que educa y que ella sola no lo puede todo para solventar los problemas educativos y sociales de la infancia y la adolescencia es algo que difícilmente puede negarse. De eso va, en cierta medida, la agenda que acaba de publicar la Fundació Bofill y que nace con la intención de recorrer despachos autonómicos y municipales y comisiones parlamentarias para mostrar los 10 puntos por los que apuesta la Fundació para luchar, desde el ámbito educativo, contra la pobreza infantil.

Según los últimos datos publicados hace unos días, más de un tercio de niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Las cifras no han mejorado especialmente en la última década. Para Miquel Ángel Alegre, jefe de proyectos de la Fundació, desde lo educativo se pueden hacer muchas cosas para paliar las grandes diferencias y dificultades de varios millones de menores. Desde la educación 0-3 a las actividades extraescolares de calidad, pasando por becas y ayudas para estudiar y para tener acceso al comedor escolar. Hablamos con él de algunos de los puntos tratados en la agenda.

¿Qué tal fue la presentación dela agenda en Madrid?

Sí, estuvo bien. La verdad es que fue un acto, no sé, muy bonito. Pudimos presentar parte de todo el material y hubo una buena acogida y muy buena sintonía con la gente de la Plataforma de Infancia.

Hablamos de ámbitos de intervención de política educativa que exceden un poco lo prototípicamente escolar, por decirlo así. No es que planteemos grandes novedades pero creo que el valor de la agenda es volver a justificarlos dándoles un contexto y un relato conjunto.

Precisamente, quería saber el motivo de publicar la agenda ahora, en este momento.

Sí. Bueno, la agenda nace desde el conocimiento y la conciencia de que tenemos un problema muy relevante, que es el de la pobreza infantil, que sabemos que se ha de atajar desde distintos campos de batalla. Uno de ellos claramente es el de las transferencias monetarias. Que si se trata de compensar la pobreza, la pobreza monetaria, pues insuflando capacidad monetaria se solventa el problema de una tacada. Pero esas políticas tienen un impacto a corto plazo y además son muy costosas, son necesarias costosas y a corto plazo.

Por lo tanto, se necesitan otro tipo de políticas que acompañen al ciclo vital para que se vaya cortocircuitando la tendencia natural de la pobreza que llama a la pobreza.

Y desde la política educativa entendida en sentido amplio, sabemos que se puede contrapesar ese ciclo de reproducción de la pobreza.

Foto: Fundació Bofill

Pero también sabemos que ni tan siquiera los resultados educativos, las trayectorias educativas, son únicamente solventables desde la escuela trabajando solo con política de profesorado, pedagógica, de qué ha de pasar en el aula, de cómo se han de organizar los centros, los liderazgos, etcétera. Necesariamente los logros educativos y las desigualdades educativas se abordan desde políticas educativas entendidas en un sentido amplio.

Van desde cuestiones escolares, de currículum, de organización del profesorado, pero también con otras temáticas que se mueven más como en lo periescolar. Hablamos de orientación, de mentoría, hablamos de espacios de mediodía y comedor, de educación en la más pequeña infancia, hablamos de extraescolares, de verano educador. Es desde esa conciencia que las desigualdades educativas y la pobreza son combatibles desde una política educativa que no sea solo escolar.

Esto dificulta todavía más las propuestas, entiendo, ¿no? Porque pedís que administraciones muy separadas y a veces divergentes se pongan de acuerdo, ¿no?

Sí.

No sé cómo de dificultoso veis que os hagan caso, que tengáis el impacto que podríais tener.

Lo que intentamos con esta agenda es interpelar a los poderes públicos y a la política en particular.
Y ahí hay dos líneas de incidencia. Una es a las administraciones educativas con competencias plenas en cada uno de estos ámbitos, para que entiendan que también la política extraescolar, que el comedor, el 0-3, la orientación -se haga dentro o fuera del cole-, los nuevos profesionales en la escuela, todo eso, también es política educativa y que les atañe. De la misma manera que les atañe la estructuración de las asignaciones o la asignación de trienios a la hora de que los docentes cobren.

Por un lado se trata de apelar a los departamentos de educación o de enseñanza de cada comunidad autónoma para que se responsabilicen de esas actuaciones. Y al mismo tiempo, también, que en aquellos casos donde sea necesario el concurso, por ejemplo, de las consejerías de Derechos Sociales o de Bienestar Social, pues que se tomen acciones conjuntas.

Luego, también es necesario que exista el marco competencial y de recursos. Pasa sobre todo a nivel, insisto, de comunidad autónoma, para que sea posible. Y después, la corresponsabilidad con los municipios y las entidades sociales.

Pero primero ha de existir un marco para que la administración educativa entienda que también es su responsabilidad porque son cuestiones que atañen al derecho a la educación.

Hay un sector de alumnado, de centros y de entornos y familias que parten de una posición desaventajada y que es necesario ofrecerles apoyo

En la presentación decías que había medidas en la agenda que no deberían ser partidistas o entrar en la lucha política. Y yo pensaba en el punto en el que habláis de des-segregación o incluso de 0-3 y en las enormes diferencias entre comunidades, por decisiones, al final, políticas. No sé hasta qué punto decisiones que parecen neutras o neutrales no lo son.

Yo creo que hay como un primer nivel de, digamos, convicción política que tiene que ver con que hay un sector de alumnado, de centros y de entornos y familias que parten de una posición desaventajada y que es necesario ofrecerles apoyo de manera prioritaria. Oportunidades en el ámbito cognitivo, en el socioemocional, en el de los recursos, que otros ya tienen, digamos, de partida.

La agenda que está comprometida con el progreso, el bienestar, la cohesión social. Y eso es lo que deriva en la capacidad de la educación de romper con el ciclo de la pobreza, ¿no?

¿Cómo se organiza la agenda?

En la agenda hay dos grandes campos de actuación. Uno es que tenemos una red escolar y un panorama de condiciones de educabilidad en unos centros y en otros, en unos entornos y en otros, que es la que es y que nos dibuja una realidad segregada. Tenemos unos centros con más complejidad y otros con menos. Lo mismo a nivel de entornos, familias, etc. Entonces, ¿cómo podemos actuar para mejorar la situación de aquellos que parten de una posición desigual?

Para responder están todas las propuestas que tienen que ver con ofrecer oportunidades en esos contextos, en términos de más recursos de apoyo educativo, para la orientación de los chavales y las chavales en estos centros. Más recursos de mentoría o el apoyo que se pueda ofrecer desde las administraciones a la función educativa de las familias de ciertos entornos. Hay que localizar esos enclaves de desigualdad y focalizar recursos ahí.

Y luego está esa otra línea, la de intentar prever que esos enclaves no estén tan segregados. Partamos de una situación de mejor distribución. Una situación de la complejidad, de la pobreza, de las desigualdades en el conjunto del territorio y de la red escolar. Ahí es donde entra la preocupación por la segregación escolar.

Y aquí seguramente, la agenda políticamente puede estar más connotada. Pero nosotros ya hacemos una apuesta por luchar contra la segregación escolar, con políticas que tienen que ver con la planificación de las plazas escolares, con el blindaje de los centros de mayor complejidad para que no sigan acogiendo matrícula viva a lo largo del curso, con el establecimiento de cuotas máximas. Hay toda una batería de políticas que tienen que ver con la gestión de la elección y de la admisión de alumnos.

Es muy importante para intentar que lo que venga después sea focal, pero cada vez lo sea menos. Lo focal también es políticamente muy orientado. O sea, que si es verdad que después hay cosas que ideológicamente parece que sean como más comprometidas que otras, pero lo focal también es muy ideológicamente, digamos, controvertido.
Y ahí también hacemos una apuesta clara.

Te quería preguntar por las extras escolares, que también… Hacéis bastante hincapié y, bueno, en los últimos años parece que se ha removido bastante este asunto, ¿no? ¿Cómo veis desde la Fundació cómo deberían gestionarse estas extras escolares?

Es un tema clave. Hablamos de segregación en las escuelas, pero también hablamos de desigualdades de acceso y de segregación en el acceso a las extras escolares. Y eso repercute en los resultados educativos de los chavales en la escuela.

Porque se sabe que el acceder a extraescolares de calidad tiene un impacto positivo en la mejora de competencias de tipo curricular, y de otro tipo que son básicas también para moverse bien en el ámbito educativo, ¿no? Competencias socioemocionales, metacognitivas, competencias blandas de trabajo cooperativo, etcétera. Todo eso también se aprende en esa educación no formal.

Las administraciones educativas han de entender que el comedor es un tema de derecho a la educación

Y ahí lo que vemos es, sí, cada vez son más las familias, los chavales, las chavalas que acceden a lo extrascolar, pero sigue habiendo un porcentaje importante de familias, alrededor de un 40%, que no hacen ningún tipo de actividad. Y en el 60% que las hacen vemos diferencias de perfil. Perfil más de deportes y de refuerzo para las familias con más dificultades. Perfil más de aceleración o esparcimiento para los chavales de familias más favorecidas.

La idea es que las administraciones educativas con competencias, las comunidades autónomas, entiendan que es un tema de política educativa, de derecho a una educación de calidad; que deben entrar en lo extrascolar. Y, por lo tanto, hay dos líneas de trabajo ahí.

Por un lado, trabajar con los ayuntamientos para que existan catálogos de actividades extrascolares con estándares de calidad contrastados. Y diversos. Es decir, algo que nos dicen las evidencias es que, obviamente, si vas a una actividad de apoyo educativo, eso te va a servir para mejorar en lo curricular. Pero ir a actividades con monitores preparados de excursionismo, de naturaleza, de salidas, de compañerismo, eso también acaba teniendo resultados curriculares relevantes. Que haya un poco de todo, que tenga un mínimo de estándar de calidad. Eso lo ha de fijar, digamos, la administración educativa.

Y, sobre todo, becas. Para que los chavales, las chavalas tengan posibilidad de acceder a esos
catálogos.

¿Quién debe decidir sobre esos catálogos?

Quien ha de, seguramente, tener la palabra a la hora de definir, en función de las características de cada territorio, cómo ha de conformarse esa carta o catálogo básico de actividades gratuitas o becadas para las familias más desfavorecidas es el Ayuntamiento.

Es el Ayuntamiento, también, quien ha de estimular con políticas de activación de la demanda para que estas familias conozcan estos catálogos y tengan interés en apuntar también a los chicos y chicas. Porque hay barreras económicas, pero no solo. Existen barreras que tienen que ver con lo que es percibido como cercano que hacer en verano o más allá de la escuela; tiene que ver con cuestiones culturales, idiomáticas. Eso se ha de trabajar mucho a nivel municipal y también con las entidades sociales.

Pero, a la hora de establecer criterios básicos de calidad y de recursos de becas para asegurar que es un derecho que no está siendo vulnerado es la administración educativa. Incluso se podría definir como un derecho subjetivo. Es decir, todas las familias que, de alguna manera, quieran o cumplan unos requisitos para tener una beca para acceder a esas actividades, puedan tenerla, un poco como se está demandando para el comedor escolar, que sea un derecho subjetivo.

Aprovecho para hablar del comedor. Desde hace tiempo muchas entidades señaláis el comedor y el tiempo de la comida como necesario en el proceso educativo y, además, como herramienta contra la lucha contra la pobreza. ¿Cómo lo veis desde la Fundación la situación actual y cómo podría mejorarse?

El cálculo que hacíamos, para España, con los datos de Educo, era alrededor de 1,3 millones de niños y niñas que podrían estar en riesgo de pobreza y exclusión social sin beca de comedor. Es una vulneración del derecho a una educación completa, claramente.

Creo que va a ser claramente una apuesta de los poderes públicos el generar espacios de mediodía y de comedor para chavales, en especial para aquellos que más lo necesitan. Eso tiene beneficios a nivel de sociabilidad, educativo, nutritivo. Es una apuesta contra la pobreza, no sólo de los chavales, sino de sus hogares, porque claramente representa una problemática; la beca de comedor sería un estrés económico menos del que se han de preocupar.

Y luego, si esos espacios de comedor, de mediodía, se nutren de dinamización educativa a través de servicios de monitoraje que estén profesionalizados, sería ya la guinda, ¿no?

Pero sólo con que hubiera un comedor garantizado, en la primaria como mínimo sería bueno. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje importante de escuelas que no disponen de comedor.

Los chavales de esas escuelas están condenados a no tener ningún tipo de apoyo para poder. Los alumnos que van a estas escuelas sin comedor deberían poder tener beca de comedor o ayuda de comedor. ¿Por qué no han de poder tenerlo?

Quería preguntar por algo que no aparece en el documento. No hacéis referencia a la ratio de los centros, una medida que podría mejorar resultados educativos, en la atención a la diversidad, amén de la mejora en las condiciones laborales del profesorado.

Es un tema del que podemos hablar perfectamente, pero que excedía el ámbito de la agenda que tiene básicamente como outcome esta idea de cómo reducir las desigualdades educativas de manera que eso también rompa el ciclo de la pobreza.

Es cierto que hay literatura que nos habla de según qué ratios son más o menos beneficiosas en unos contextos o en otros. Tiene que ver con la manera de asignar los recursos docentes, y no docentes yo diría también, por lo tanto recursos de educadores o educadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, enfermeras y todo lo que tiene que ver con cómo los perfiles del ámbito social o socio-comunitario colaboran con las escuelas también y son entendidos como recursos de las escuelas para trabajar en estos contextos de más vulnerabilidad.

¿Cómo se asigna eso? Hay una línea de intervención que tiene que ver con cómo se financian los recursos en los centros educativos. Y ahí hay diferentes maneras de conceptualizarlo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con esta idea de la financiación por fórmula de equidad, que es decir, asignamos recursos en función de las características sociales y educativas de los centros, de sus familias y de sus barrios. Y eso se puede colocar en una fórmula de asignación de recursos docentes y no docentes. De manera estructural y estructurada, así los centros con más dificultades puedan disponer de más recursos. Y que eso no sea una cuestión que dependa de la disponibilidad presupuestaria de cada año o de la discrecionalidad de las consejerías. Es decir, que sea una cosa estructurada.

Eso a lo que lleva, al final, es que obviamente los centros de mayor complejidad han de disponer de la posibilidad de trabajar con ratios más reducidas. Es en ellos donde cabe pensar en reducción de ratios sobre todo.

Pero la reducción de ratio se puede entender de dos maneras. Una es decir, el tamaño de la clase. Es decir, el número de alumnos por clase y la ratio de alumnos por profesor. Tú puedes tener un grupo relativamente amplio de alumnos en una clase, pero si trabajas en codocencia, por ejemplo, vas a tener una ratio alumnos-profes más reducida. Y de lo que se trata ahí, de lo que la evidencia cada vez nos dice más, es que lo que es importante es reducir, en estos centros de mayor vulnerabilidad, las ratios de alumnos por profe. No necesariamente el tamaño de las clases.

Y lo que están trabajando aquellos centros de mayor complejidad, con más experiencia en el trabajo con estos dos perfiles, es en mayor codocencia. Luego también puedes flexibilizar los grupos en base a eso. Pero tú puedes partir de una clase heterogénea amplia y desde ahí, con codocencia, dos, tres profes por aula, trabajar de manera personalizada.

Foto: Fundació Bofill

Volviendo a la agenda, me gustaría hablar de las actividades de refuerzo, que me hacen pensar en los diferentes programas PROA y en su impacto, del que tampoco sabemos demasiado. En cualquier caso, me gustaría saber cómo creéis que deberían diseñarse estas actividades.

Las actividades del PROA fueron evaluadas hace unos años. Y se constataba como un programa que generaba impacto en los niveles de aprendizaje. Y también en las trayectorias educativas de los centros que recibían estos recursos.

Yo creo que ahí lo que es clave es partir de una muy buena identificación de las necesidades competenciales en cada centro. Y eso básicamente lo pueden hacer los centros y las administraciones educativas, pero sobre todo en los primeros. Sí. Sobre todo.

Porque a mí me podría ir bien, por decirlo así, un apoyo extraordinario en momento de la jornada lectiva u ofrecido como extraescolar universal, por decirlo así, en tal ámbito de conocimiento y en ciertas edades. Yo creo que eso es un poco idiosincrático a cada centro educativo.

La política nacional tiene capacidad para incidir en la actual situación de segregación de los centros aunque el recorrido es limitado

Eso es PROA, generar un perfil de recursos que sobre todo vaya para una orientación, para matemáticas, o para otra materia, pero luego han de ser los centros los que digan a qué edades y para qué ámbito de conocimiento y gestionado en ciertos horarios. Yo creo que estas son como las tres claves que han de proveer los centros educativos para decir, yo estos recursos los quiero, pero los no. Los quiero de esta manera.

En la agenda habláis de la necesidad de políticas nacionales en relación a la des-segregación. ¿Hasta qué punto la política nacional tiene capacidad para incidir en la actual situación de desegregación de los centros?

La política nacional tiene capacidad para incidir en la actual situación de segregación de los centros aunque el recorrido es limitado. Es decir, más allá del establecimiento de los baremos básicosde la asignación escolar, en la admisión de alumnos, que luego eso se especifica a nivel de cada comunidad autónoma; más allá de decir que las zonas educativas importan más o menos, o de establecer criterios para los conciertos educativos, al final son las comunidades autónomas, sobre todo las que rigen esos criterios.

Entonces, yo creo que a nivel nacional, se puede de alguna manera trabajar en la fijación de objetivos políticos, de desegregación. Y eso después lleva también a la colaboración con las comunidades autónomas para decirles: “Estás trabajando a este nivel”. Existen todas estas comisiones sectoriales pasar un poco de revista a las políticas que desde la comunidad autónoma están apuntando hacia un objetivo político, el de desegregación y que puede incluso medirse.

Nosotros hacemos como una propuesta para 2030: que en el próximo PISA se haya disminuido en 0,2 los índices de disimilaridad en las escuelas que participan, por ejemplo. Y eso, si se establece como objetivo nacional, pues hay un margen presionar a las comunidades para que pasen cosas.

Pero es cierto que son estas las que sobre todo han de convertir en política tangible, eso.

Parece complicado en los tiempos que corren.

Sí, es complicado. Creo que es un poco el doble juego que se ha de ir haciendo, el de tener claro que hay una política de focalización que es muy necesaria y que tiene que ver con allí donde las condiciones de educabilidad y de escolarización son más complejas, pues hay llevar recursos de todo tipo, recursos que ya existen, pero que se han de priorizar en estos centros, en estos contextos- Ir luchando para que no haya tal desigualdad en las condiciones de escolarización entre los territorios.

Ya hay comunidades autónomas que están consiguiendo reducir los niveles de segregación. Por ejemplo, en Cataluña ha habido un descenso importante en los últimos dos años, y todo apunta, y es necesario evaluarlo bien, que tiene bastante que ver con el nuevo decreto de admisión de alumnado, con el plan de choque contra la segregación que ha apostado por algunas políticas. Y siempre va a haber un reducto que va a ser muy crítico de esto, pero tanto la gran mayoría de la concertada que lo necesita, gran parte de las familias, lo han aceptado bien. Esta necesidad de repartir la diversidad entre los centros educativos.

Siempre quedarán centros, en general, que son los más polarizados, difícilmente desegregables, y ahí es donde hay que aplicar otro tipo de políticas.

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Luciana Vázquez: Pruebas Aprender «el callejón sin salida de la mala praxis de la política educativa y la pobreza» , Argentina

Los resultados de la evaluación nacional que se tomó en sexto grado en 2023 desnudan la fragilidad del aprendizaje de los alumnos motorizada por los problemas económicos y sociales.

Los resultados muestran un estancamiento en niveles bajos de aprendizaje de los alumnos de primaria

 

Ayer se conocieron los resultados definitivos de las pruebas Aprender 2023 y también, un error crítico en la elaboración de los resultados de las Aprender 2021. Hay una sola buena noticia y una acumulación de preocupaciones. La buena noticia es que, en la Argentina, la evaluación educativa se ha convertido en una política de Estado sostenida. Nació hace treinta años cuando se creó el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem; se siguió aplicando en los gobiernos siguientes y se continuó en las pruebas Aprender desde 2016, en la gestión de Mauricio Macri, que introdujo innovaciones en el operativo, y sigue vigente actualmente. Las malas noticias son varias y urgentes.

 

Por un lado, tienen que ver con los resultados que muestran las Aprender 2023, una foto pero también una película de un estancamiento en niveles bajos de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria. Por el otro lado, con lo que la información divulgada ayer muestra implícitamente sobre una serie de cuestiones centrales de la educación argentina: una solidez técnica dudosa de parte de los responsables de la política de evaluación a nivel nacional; una baja capacidad de la política educativa en general, también de las provincias, para modificar el rumbo del sistema educativo; un sistema educativo que navega sin instrumentos, provistos de estadísticas y evaluaciones educativas con problemas técnicos serios; el peso de la pobreza como factor determinante del destino educativo y el poco margen de la escuela pública para minimizar ese impacto y una sociedad en parte desenganchada del compromiso con la educación, más allá de la enunciación pública de esa preocupación y ese interés.

 

Fuente: Ministerio de Capital Humano

En relación a los resultados en sí, ayer hubo tres noticias. Primero, que casi el 49 por ciento de los alumnos de sexto grado está en los niveles básicos o por debajo del básico en matemática y en lengua; el 33,6 por ciento está en esos bajos niveles. Segundo, que los aprendizajes de lengua de 2023 muestran un empeoramiento respecto de 2021: hay un 4,5 por ciento más de alumnos con niveles por debajo del básico, un porcentaje que alcanzó el 33,1 por ciento el año pasado pero era del 29,1 en 2021. Y finalmente, que desde 2000, los aprendizajes están estancados en niveles bajos y que el año pasado, inclusive, empeoraron.

 

Corregido el error técnico encontrado en los resultados de 2021, elaborados en la gestión del entonces ministro de Educación Jaime Perczyk, los resultados muestran que la pandemia impactó en los aprendizajes de lengua, pero no tanto como se creyó. El tema no es menor. Sin esa corrección, se podría haber concluido que 2023 traía mejora educativa cuando en realidad empeoró respecto de 2021. Pero, además, ese error del informe 2021 producido por la Secretaría de Evaluación Educativa, liderada por el doctor en Ciencia Política Germán Lodola, disparó diagnósticos equivocados y por lo tanto, políticas también discutibles.

 

La auditoría que encontró el error en la elaboración de los puntajes de 2021 fue realizada por los consultores externos Augusto Hoszowski, licenciado en Matemática por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en muestreo y análisis de datos, y María Elena Brenla, psicometrista de la Universidad Católica Argentina (UCA), experta en la construcción de los ítems de las pruebas estandarizadas, a pedido de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

 

En ese error de la gestión educativa de Alberto Fernández ahí nace una de las malas noticias implícitas en los nuevos resultados. No es la primera vez que la Argentina muestra déficits en el manejo técnico de las evaluaciones educativas. Sucedió con las muestras de las pruebas PISA 2015 que afectaron la representatividad de los resultados, y que aquel año dejaron los resultados de la Argentina fuera del ranking. Antes de las pruebas Aprender, con las ONE, numerosos especialistas señalaron fallas técnicas que comprometieron la comparación de los resultados a lo largo de los años.

 

Fuente: Ministerio de Capital Humano

Participación

Otra de los datos inquietantes que ofrece la serie de pruebas ONE y Aprender es la baja participación de los alumnos, sobre todo en las escuelas de gestión pública. La participación general de los alumnos, a nivel nacional, fue del 70,8 por ciento en 2016, del 78,7 por ciento en 2018 y del 82,3 por ciento, cuando logró alcanzar una representatividad más consistente, que por debajo del 80 por ciento se vuelve problemática. Cuando se ve la participación por cada provincia o jurisdicción, el panorama empeora.

 

Neuquén es la provincia que muestra menor participación histórica: apenas un 29,8 por ciento de los alumnos en 2016; un 32,5 por ciento en 2018 y un 31,3 por ciento en 2021. En 2016, la participación de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires fue de apenas el 58,2 por ciento; en la provincia de Buenos Aires (PBA) del 69,3 por ciento. En 2023, la Capital tuvo una participación del 82,4 por ciento entre los alumnos de escuela estatal y del 82,7 entre los de las privadas. En la PBA, fue del 80,8 y 85,9 respectivamente. Neuquén mostró niveles de participación todavía más bajos, con apenas 19,5 por ciento de los alumnos en las estatales y el 52 por ciento en las privadas. En Chubut, los alumnos de escuela pública llegaron al 69,4 por ciento y en las privadas, al 86,8 por ciento. Misiones también mostró problemas de participación, con un 65,1 por ciento de los alumnos estatales.

 

La cuestión de la participación de los alumnos es clave para garantizar que los resultados obtenidos en las evaluaciones son representativos del total del sistema de cada provincia, y en consecuencia, una foto precisa de los niveles de aprendizaje del sistema educativo nacional. Es todavía más relevante cuando se da un desbalance de nivel de participación de los alumnos que van a la escuela pública comparados con los que van a la escuela privada: en esos casos, con una mayor asistencia a la prueba por parte de los alumnos de escuela privada, los resultados se sesgan al alza. En general, las escuelas privadas, por su composición social, muestran mejores niveles de aprendizaje que las escuelas públicas. En ese caso, la política pública termina tomando decisiones con un ojo tapado.

 

“Efecto cuna”

Hay un tercer problema de la política de evaluación de los últimos años que el informe divulgado ayer por la Subsecretaría de Evaluación bajo la gestión de María Cortelezzi intenta revertir. Tiene que ver con el cruce entre la condición socioeconómica de los alumnos y el tipo de gestión, estatal o privada a la que asisten. El conocido “efecto cuna”, es decir, el hogar pobre, de clase media o de nivel alto, de un alumno es un condicionante central de su desempeño. En la medida en que los sectores más empobrecidos asisten mayoritariamente a las escuelas públicas, de por sí, muestran peores resultados que las escuelas privadas. El capital social y cultural de los chicos de la educación privada sesga al alza sus niveles de aprendizaje. El tema central es separar el efecto cuna del aporte que la escuela pública o privada puede hacer, más allá de la inercia que acarrea la condición social de los alumnos.

 

Entre 2016 y 2018, el último año de publicación de resultados Aprender por parte de la gestión de Cambiemos y de la Secretaría de Educación a cargo de Elena Duro, los informes de resultados incluyeron el impacto del tipo de gestión, estatal o privado, en los resultados corregidos por los niveles socioeconómicos. Es un dato clave que permite analizar cuánto aporta la escuela en sí a un alumno de nivel socioeconómico bajo, no importa si está en escuela pública o privada. Es comparar peras con peras.

 

El famoso y polémico “cayó en la escuela pública” del presidente Macri en el primer informe Aprender de su gestión tuvo que ver con eso: en aquel informe preliminar, se divulgó ese resultado con la brecha escuela pública y privada sin corregir por nivel socioeconómico. Una vez publicada, día después la corrección, quedó claro que la brecha entre los dos sistemas, el privado y el público, existe y afecta a los niveles de aprendizaje de todos los niveles socioeconómicos pero no era tan pronunciada como los resultados mostrados en la conferencia de prensa de Macri. La escuela privada era más eficiente para educar a los más pobres pero no tanto en muchos casos porque el efecto de los pares de clases medias y altas, y no la escuela, es el factor positivo.

 

Ese indicador es clave para evaluar con mayor precisión a los gobiernos y sus políticas educativas en relación a la escuela pública: deja expuesto cuán eficiente es la maquinaria escolar para reducir la brecha con los alumnos de bajos recursos que van a la escuela privada. En ese punto, la Argentina sigue mostrando deudas educativas y sociales. No dependen solo de la escuela. Una pobreza del 60 por ciento en niños y adolescentes es una restricción casi infranqueable para una mayor eficiencia educativa.

 

Pero conocer cuán lejos se está de ese objetivo es central. Y ahí una cuestión: durante la gestión de Fernández y Cristina Kirchner, se dejó de elaborar ese cruce entre nivel socioeconómico y nivel de gestión. Por detrás de esa decisión, se repitió una idea: que exponer ese indicador era estigmatizar la escuela pública cuando se trata de todo lo contrario. De mostrar los desafíos que enfrenta la escuela pública donde se educa la mayoría de los más pobres y sus posibilidades de mejora.

 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/pruebas-aprender-el-callejon-sin-salida-de-la-mala-praxis-de-la-politica-educativa-y-la-pobreza-nid31052024/

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Ignorar el hambre es más costoso que combatirla

Los costos de no combatir el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe pueden ser más altos que los de garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, asentó un estudio de cuatro agencias internacionales dedicadas a los problemas de la pobreza, la agricultura y la alimentación.

El gasto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición en la región representa en promedio 6,4 % del producto interno bruto (PIB) de los países estudiados en el informe “Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe”.

Ello por el peso que representan para las economías y las sociedades de la región los problemas de malnutrición, que incluyen desnutrición, sobrepeso y obesidad.

En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables, sin incluir costos de gestión e implementación, es de 1,5 % del PIB.

El PIB regional fue estimado en 2022 por el Banco Mundial en 6,3 billones (millones de millones) de dólares.

El estudio fue realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“Es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”: Lola Castro.

El documento realza la necesidad de estimar los costos necesarios para implementar nuevas políticas, programas e intervenciones, como elemento previo al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición.

“Alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición es fundamental, más aún cuando el gasto en alimentos representa 22 % del PIB regional”, señaló Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Los hogares consumieron latinoamericanos y caribeños consumieron 2015-2021 unos 900 000 millones de dólares anuales en alimentos, a lo que se agregan los gastos en alimentación fuera del hogar, unos 250 000 millones, para totalizar 1,2 billones, cerca de la cuarta parte del consumo regional total.

El hambre afecta a una porción importante de la población: en América del Sur, a 26,8 millones de personas (6,1 % de su población); en Mesoamérica, a 9,1 millones (5,1 %) y en el Caribe a 7,2 millones de personas (16,3 % de sus habitantes).

Por otra parte, la inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 36,4 % en América del Sur, de 34,5 % en Mesoamérica y de 60,6 % en el Caribe, según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en América Latina y el Caribe 2023, de agencias de las Naciones Unidas.

En cuanto al costo y asequibilidad de una dieta saludable, el Caribe muestra un costo de 4,41dólares diarios por persona, seguido de América del Sur con 3,82 dólares y Mesoamérica con 3,63 dólares.

El resultado es que 57 % de la población del Caribe no pudo acceder a una dieta saludable debido a su alto costo, en Mesoamérica esa cifra es de 22,2 %, y en América del Sur de 20,6 %.

“La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo”, subrayó Lola Castro, directora regional del PMA:

Castro consideró que “es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, apuntó que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en 2023, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”.

“Esa incidencia es más más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales”, precisó Salazar-Xirinachs.

Agregó que, por ello, “es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

El informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en la región, tales como el financiamiento del consumo y la producción de alimentos, los flujos internacionales de desarrollo, y el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.

Asimismo, el gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social, pues se destaca la importancia de invertir en la agricultura y de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

El problema principal, según el estudio, no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables.

Entre las recomendaciones del estudio figuran tener políticas macroeconómicas, comerciales y marcos de incentivos que promuevan la seguridad alimentaria y la nutrición, junto con optimizar los presupuestos públicos en esa dirección.

Se recomienda ampliar y usar de manera más coordinada los flujos internacionales de desarrollo y reducir las barreras que limitan operaciones de los sistemas bancarios y mercados de capital, en apoyo de la eliminación del hambre y la malnutrición.

Lubetkin destacó que las intervenciones integrales que aborden los ingresos y el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a dietas saludables.

Asimismo, el apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas.

Una recomendación final del informe es que los Estados deben considerar los costos de no resolver los problemas de hambre y malnutrición.

A-E/HM

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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Detrás de las cifras del analfabetismo

Por:  Mariana Sofía Jiménez Nájera

El analfabetismo priva a millones de personas en el mundo de alcanzar su máximo potencial al impactar negativamente en sus vidas.

Cuando se habla de analfabetismo, usualmente se nos muestran gráficos con la cantidad alarmante de personas que son analfabetas, en donde la UNESCO estima que sean 765 millones de adultos en todo el mundo. Y aunque cada año los números bajan, desafortunadamente la brecha sigue sin cerrarse y muchas personas son privadas de este derecho humano elemental.

Sin embargo, considero que no se habla mucho del verdadero impacto del analfabetismo, que es grandísimo en la vida de estas personas. Fue durante mi lectura del segundo capítulo de “Cartas a quien pretende enseñar” de Pablo Freire, el cual estamos leyendo para el próximo Círculo de Lectura, que no pude evitar reflexionar e investigar más allá de este tema tan interesante, y a la vez, triste.

Muchos de nosotros damos por hecho que podemos leer y escribir, es algo que se nos enseñó desde pequeños y por ende, ya lo hacemos automáticamente. Al leer el capítulo de Freire donde relata el proceso de escribir, me percaté que nunca me había detenido a pensar en la mecánica que conllevan estas maravillosas acciones que infravaloramos; y que realmente implican un proceso complicado a la que nuestras mentes ya están acostumbradas. El leer y escribir significa que el lenguaje, pensamiento y realidad están interconectados y da como resultado el poder plasmar nuestras propias ideas e incluso entender nuestro entorno y más allá.

No solamente se trata de poner el lápiz sobre el papel o teclear en un archivo de Word y mágicamente salen palabras. Si fuera así, serían palabras sin sentido o hasta garabatos. El acto de escribir incluye formular en nuestra mente una idea, examinarla, pensarla, conocerla, relacionarla con otros conocimientos y/o experiencias, detallarla y de nuevo repensarla para ya plasmarlo digitalmente o en papel. Pero este proceso no termina ahí, también se debe traducir esta idea a nuestro idioma, con el léxico que conocemos para poder transmitir dicha idea de la mejor manera posible. Finalmente, es donde transferida esa idea, ahora debe plasmarse a través de letras que forman palabras que otras personas que leen puedan también comprender lo que tratas de comunicar. Suena complicado, ¿no? Es cuando tomamos distancia de nuestras acciones y las contemplamos escrutadoramente que nos podemos dar cuenta de esto, y el poder que nos da el saber leer y escribir.

Sin embargo, este proceso no es posible para las personas iletradas. Tener un léxico reducido y no ser capaz de transmitir pensamientos precisos o comprender lo que se les comunica, hace que el mundo de una persona analfabeta se cierre. En el libro 1984 de George Orwell, hay un segmento el cual, para mí, es sumamente memorable y de vez en cuando pienso en ello de lo mucho que me impresionó; mismo que está relacionado a este tema. En dicho segmento de,  esta distopía, el gobierno se encarga de reducir el vocabulario de las personas para así continuar reprimiéndolas. De esta manera, las personas no cuentan con las palabras para describir lo que sienten o señalizar acciones o movimientos que puedan perjudicar el terrible gobierno de esta historia.

¿Acaso no es lo mismo con el alfabetismo? No poder leer y escribir niega la libertad de pensamiento, de ponerle nombre a sus emociones o situaciones a las que viven, en donde no pueden comunicar lo que realmente piensan por no saber leer y escribir; así como tener la oportunidad de comprender otras maneras de pensar, propuestas o conocimiento en general. Claro que en la obra la eliminación de estas palabras aplica para todas las personas sin discriminar, pero siento que el analfabetismo tiene casi el mismo efecto, ya que incapacita a las personas de no poder alcanzar su máximo potencial.

Cabe mencionar que no solo su potencial es afectado. Imaginemos estar imposibilitados para realizar tareas sencillas como escribir una lista para el supermercado, leer una receta médica, escribir un mensaje por mensajería instantánea, entre otros. Son deberes que parecen fáciles, pero el no saber leer y escribir los hace muchísimo más difíciles. El analfabetismo, definido como la falta de capacidades de una persona para leer y escribir, va más allá de ello y es un poco más complicado de lo que pensaba; ya que existen principalmente dos tipos de analfabetismo:

  • Analfabetismo absoluto: la insuficiencia para leer o escribir, por lo que textos y letras son totalmente ajenos a una persona y no hay comprensión alguna.
  • Analfabetismo funcional: capacidad de una persona para identificar algunas palabras o escribir algunas letras, pero sin su comprensión total.

Cabe destacar que recientemente se incluyó el analfabetismo digital, el cual consiste en la incapacidad de las personas para manejar aparatos tecnológicos básicos (pero por esta ocasión lo dejaremos de lado, aunque sea igual de importante, ya que en este artículo nos enfocaremos en leer y escribir).

Reiterando el tema de las cifras de personas analfabetas, un estudio realizado por Óscar Chapital señala que las instituciones a nivel mundial que realizan censos para calcular el analfabetismo tienen diferentes definiciones de este concepto, por lo que no hay una manera para homologar entre ambos tipos de personas no alfabetizadas; y por ende, no se tiene la certeza absoluta de la cifra exacta. Por ejemplo: en la encuesta de una institución se plantea que una persona analfabeta es aquella que sabe o no sabe escribir, por lo que esto queda bajo la consideración de la persona al contestar sí o no. Sin embargo, puede que esa persona sea analfabeta funcional, pero por el hecho de no poder leer o escribir al 100 %, ya es considerada como una persona totalmente iletrada.

El analfabetismo es la consecuencia de distintas situaciones, primordialmente de la falta de oportunidades personales y escolares, las cuales están vinculadas con la pobreza. Personas que no tienen el tiempo para cursar estudios mínimos, debido a que tienen que trabajar para sobrevivir, no tienen acceso a acudir a una escuela que está muy lejos de su localidad o debido a su cultura (por ejemplo, mujeres afganas que se les impide estudiar debido a su género) son algunas de las razones por las que para algunos aprender a leer y escribir es imposible.

Estas personas cuentan con el gran obstáculo de tener una incapacidad que estrecha sus oportunidades e impacta gravemente la calidad de vida de estas personas:

  • Social: las personas analfabetas suelen ser marginadas y/o discriminadas por la falta de alfabetización. Su participación ciudadana es limitada debido a la falta de conocimiento y confianza plena ante figuras consideradas como autoridad.
  • Económico: no saber leer y escribir impone una barrera altísima para la obtención de numerosos empleos y su desarrollo en ellos. Cabe destacar que son vulnerables al tener que aceptar trabajos riesgosos o al momento de ser contratados, no poder leer los contratos que se les provee.

La lectura y escritura están directamente ligados a la educación: si estos no se aprenden, difícilmente se puede seguir cursando más allá de los primeros grados escolares; por lo que la deserción escolar es bastante común en estas personas. Estando conectados, ayudan a los estudiantes a obtener, transmitir y reflexionar sobre distintos conocimientos que los forman como mejores personas que pueden adquirir una mejor comprensión de su contexto actual.

Al percatarme de todas estas negativas, pensé que habrían consecuencias con respecto al proceso cognitivo de las personas analfabetas a largo plazo. Sin embargo, aunque sí las hay, es importante notar que ser analfabeta no es equivalente a ser intelectualmente inferiores a una persona alfabetizada. Recordemos que siglos atrás, era la mayoría quienes no sabían leer y escribir y aún así podían llevar a cabo su vida normal; aunque hoy en día ya no puede ser esa la normalidad debido a las exigencias del mundo moderno.

Algunas de las desventajas cognitivas de las personas iletradas son las siguientes:

  • Arquitectura cognitiva diferenciada: Las redes neuronales de personas letradas e iletradas son diferentes, ya que existen conexiones que se forman a lo largo de la vida académica de las personas que de manera natural no se desarrollan, tales como: razonamiento lógico, prolongada capacidad de atención, toma de decisiones, habilidades visomotoras, estrategias de memorización, entre otras. Adicionalmente, las personas analfabetas son más propensas a desarrollar demencia.
  • Lenguaje y vocabulario: Leer y escribir incrementa el vocabulario y por ende, las personas pueden expresar mejor sus emociones, pensamientos, etcétera. Sin embargo, las personas analfabetas muchas veces no pueden comprender conceptos abstractos y aunque reciban mensajes en su mismo idioma o contexto, es posible que no los comprendan en su totalidad.
  • Memoria a corto plazo limitada: Imaginemos no poder anotar al instante la dirección de una ubicación. Ahora imaginemos que cualquier cosa que necesitamos recordar solo puede vivir dentro de nuestras cabezas, qué difícil, ¿no? Muchas personas analfabetas tienen una muy buena memoria a largo plazo; sin embargo, las personas letradas pueden apoyarse en palabras o letras para recordar cosas, además que es en la escuela donde se inculca la importancia de la memorización.
  • Capacidad reducida para realizar operaciones matemáticas: Todos tenemos habilidades innatas para el cálculo. Y aunque personas que no sepan leer o escribir pueden realizar operaciones sencillas para llevar a cabo su trabajo o resolver problemas aritméticos relacionados a la vida diaria, serán superados por las personas alfabetas. Adicionalmente, para ellos será mucho más complicado comprender operaciones abstractas, como por ejemplo: 15+23.

La escritura y lectura son herramientas que no solo nos brindan un profundo entendimiento del mundo, sino que son puertas que abren la puerta a una infinidad de oportunidades y conocimientos que incentivan el desarrollo humano integral de las personas. Más allá de las cifras, hay personas como nosotros que navegan nuestro mismo mundo, pero que se les restan estas habilidades que para nosotros son indispensables; por lo que la concientización de la falta de estas capacidades es esencial para poco a poco disminuir la cantidad de personas analfabetas.

“En razón de que manejamos el lenguaje, sabemos, sentimos, interactuamos, conocemos y comunicamos; se habla para que se escuche, se escribe para que se lea. En la palabra está el secreto de nuestra especie; se trata de un auténtico código de la cultura” (Narro, J. et al. 2012).

Esta nota surgió como idea a partir del libro que actualmente leemos para el Círculo de Lectura del Observatorio: “Cartas a quien pretende enseñar”. Todavía estás a tiempo para unirte a la lectura de este corto pero enriquecedor texto, donde discutiremos temas relevantes como este y otros que giran en torno a la educación y la docencia el próximo 16 de mayo a las 12:00 horas (México) / 13:00 horas (Colombia, Perú)/ 15:00 horas (Argentina)/ 20:00 horas (España). Regístrate aquí para participar, ¡te esperamos!

Fuente de la información e imagen:  https://observatorio.tec.mx

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Informe: Las madres solteras sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social

https://es.euronews.com/video/2024/04/09/las-madres-solteras-sufren-mayor-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social (vídeo)

 

El informe de la Red Europea contra la Pobreza apunta a una fiscalidad más justa como herramienta para evitar la marginación.

 

La pobreza tiene muchas caras, pero **su rostro más habitual es el de una mujer.**Como el de Geneviève Baert, que vive en Bélgica y tiene 54 años. La pérdida del negocio familiar cuando era adolescente y el cuidado de sus cinco hijos como madre soltera la empujaron a una situación de pobreza de la que está tratando de salir.

 

«Tuve un periodo en el que era pobre y no lo sabía», cuenta en una entrevista con ‘Euronews’. Pero Baert pudo darse cuenta de su situación gracias a las redes de ayuda, algo que la empujó a «luchar de otra manera, con otras armas» y evitó que se culpabilizara. «Es la sociedad la que no pone las cosas a mi alrededor para que yo pueda evolucionar», lamenta.

 

Ella es una de las 95,3 millones de personas en la Unión Europea que en 2022 estaban en riesgo de exclusión social o de pobreza. Según Eurostat, la oficina europea de estadística, se trata de un 22% de la población del bloque. Países como Rumanía (34%), Bulgaria (32%), Grecia y España (ambos 26%), encabezan la lista.

 

Baert pertenece a uno de los grupos más vulnerables: las mujeres. Así lo explica el informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés) presentado este lunes en Bruselas. La pobreza femenina «es empeorada por los bajos sueldos y el ser responsable de los cuidados y es más probable que tengan un empleo de media jornada o temporal». Por ejemplo, el dossier alerta que en Austria aproximadamente el 50% de las mujeres trabajan a media jornada para poder atender a sus hijos, lo que las hace depender económicamente de sus parejas.

 

Según el presidente de EAPN, Carlos Susias, la situación es «estructural». Algo que se constata al haber «una diferencia en todos los parámetros de pobreza entre hombres y mujeres a favor de los hombres, en contra de las mujeres». Por ello, para Susias las medidas para acabar con las diferencias por género deben ir más allá de las actuales políticas de protección y apunta a una mejor conciliación. Para Baert, poder llevar a sus hijos al jardín de infancia fue clave. «Es importante para la madre, porque puede emanciparse y es importante para el niño, porque ya está aprendiendo socialización a esa edad», explica.

 

Aunque Susias también pide cambios en la fiscalidad de las familias monomarentales, que componen el 80% de los progenitores solteros con hijos a cargo. «Es necesario unas políticas fiscales que también permitan ciertos impuestos negativos de apoyo a las familias en mayor situación de vulnerabilidad», reclama.

 

Baert lamenta que la pobreza ha afectado a la vida y las oportunidades de sus hijos. «He tenido una experiencia muy mala de la escuela porque hay mucha discriminación contra los niños de entornos desfavorecidos», asegura. Además, ha echado en falta la empatía de otros padres o de los centros. «Eso deja huella en la infancia, marcas indelebles», lamenta.

 

El coste de la vivienda incrementa el riesgo de pobreza

El informe también alerta de como el aumento del precio de la vivienda y la alta inflación han afectado de forma más acusada a los grupos vulnerables, entre los que se incluyen los jóvenes o las personas con bajo nivel de estudios. Es el caso de Portugal, donde el informe explica que «en 2022, el 19,4% de la población en riesgo de pobreza estaba sobrecargada de gastos de vivienda, frente al 2,2% de la población sin riesgo de pobreza». Además, el texto alerta que en todo Portugal hay 2,8 millones de hogares con problemas económicos relacionados con la vivienda.

 

Las dificultades asociadas a la vivienda, como por ejemplo, la imposibilidad de mantenerla a una temperatura adecuada en invierno son también mayores entre los grupos en riesgo de pobreza. Según un informe de la Comisión Europea sobre el acceso a servicios esenciales de la UE en 2024, la pobreza energética «en todos los Estados miembros es mayor para las personas en riesgo de pobreza, y va entre el 3,9% de Finlandia y el 50,6% de Chipre, mientras que la media de la UE es del 20,2%».

 

Fuente: https://es.euronews.com/my-europe/2024/04/09/las-madres-solteras-sufren-mayor-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social

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La pobreza sigue castigando a los trabajadores del mundo

En todo el mundo la informalidad laboral y la pobreza se entrelazan como una rémora que impide lograr objetivos de justicia social, advierte la OIT.

GINEBRA – La pobreza y la informalidad continúan castigando a los trabajadores en el mundo, especialmente en África, donde casi uno de cada tres vive en la pobreza extrema, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En África 29 % de los trabajadores tiene ingresos por debajo de 2,15 dólares al día -umbral de pobreza extrema internacionalmente reconocido-, y al sur del Sáhara 145 millones de personas, casi un tercio de la población empleada, está en esa situación.

En otras regiones la pobreza laboral extrema ha disminuido, con la excepción de los Estados árabes, donde creció de tres a 13 % entre 2014 y 2024, según el estudio divulgado por la OIT en su sede en esta ciudad suiza.

El promedio mundial es de siete por ciento, de cinco en Asia y el Pacífico, de tres por ciento en América y entre uno y dos por ciento en Europa.

Con la actual policrisis –conflictos armados, inflación, deuda externa, interrupción en las cadenas de suministro, crisis climática, secuelas de la pandemia- se prevé que persistan tanto esa pobreza como la informalidad, pues se entrelazan.

Las difíciles condiciones económicas están empujando a los trabajadores hacia la economía informal, y la OIT advierte que esos empleos carecen de los elementos críticos de las relaciones formales de la ocupación, en particular el acceso a los sistemas de protección social, lo que supone un obstáculo para la justicia social.

A escala mundial, más de 2000 millones de trabajadores se encontraban en la economía sumergida en 2023, 58 % de la mano de obra mundial, y se prevé que esa tasa disminuya solo ligeramente hasta 57,8 % en 2024.

El descenso de la tasa de informalidad en menos de un punto porcentual desde 2015 es demasiado lento como para esperar una formalización generalizada a corto plazo.

En 2021, 56 % de las personas mayores de 15 años de todo el mundo estaban empleadas, lo que significa que las rentas del trabajo determinan la vida de 3300 millones de trabajadores y sus familias.

Una proporción decreciente de las rentas del trabajo en el producto interno bruto refleja que los aumentos de la productividad laboral no se traducen plenamente en remuneración del trabajo.

Por otra parte, las mujeres y los jóvenes siguen enfrentándose a tasas de desocupación más elevadas que sus homólogos masculinos y adultos en todo el mundo, y en la mayoría de las regiones. En 2023, las diferencias de género en las tasas de la desocupación casi reflejaban las de 2015.

La mayor brecha de género se mantiene en los Estados Árabes: durante más de una década, las mujeres han tenido sistemáticamente alrededor del doble de probabilidades de estar desempleadas, en comparación con los hombres.

La tasa de jóvenes que no están empleados, ni en entrenamiento y tampoco cursan estudios se situó el año pasado en 21,7 % (14,1 % hombres y 29,7 % mujeres).

Mientras que en la ocupación las mujeres están representadas en casi 40 %, en 2022 solo ocupaban 27,5 % de los puestos de dirección, un descenso desde el 28,5 % de 2021. Al ritmo actual, pueden pasar 176 años antes de que las mujeres alcancen la paridad de género en los puestos directivos.

En lo que se refiere al cumplimiento de los derechos laborales fundamentales (libertades de asociación y negociación colectiva), la OIT aprecia un “deterioro alarmante”, con base en el indicador que utiliza y que va de cero (el mejor cumplimiento posible) a 10 (el peor).

La media mundial de ese indicador en 2022 se situó en 4,81, lo que supone un deterioro significativo y continuado desde 2015, cuando se situó en 4,5.

Este empeoramiento afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y es evidente en todas las regiones desde 2015.

Son cambios impulsados por las violaciones en la práctica y, de manera alarmante, por las violaciones de las libertades civiles fundamentales de los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT subraya en una declaración que “la paz universal y duradera sólo puede basarse en la justicia social”, la cual solo puede mantenerse mediante la observancia de los derechos laborales y la realización de los derechos humanos en sentido amplio.

A-E/HM

Fuente: https://ipsnoticias.net/2024/04/la-pobreza-sigue-castigando-a-los-trabajadores-del-mundo/

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Educar en y para la democracia: des-educar en la guerra y la barbarie

La guerra es incompatible con la democracia, la justicia social o la libertad. Apoyarla, contribuir a que se cronifique, también. Al igual que la inacción, el silencio cómplice o incluso el apoyo al genocidio en Palestina. Al igual que la existencia y ampliación de la OTAN. Al igual que los llamados a prepararnos para una tercera guerra mundial de dirigentes europeos. Lo mismo que el aumento de presupuestos para la guerra. Lo mismo que las inversiones en armamento y en destrucción cuyo retorno, mediante deuda, será exigido a los pueblos que sufran esas guerras y que establecerán “gobiernos a distancia” de esos pueblos en manos de los países, la banca y los fondos financieros que detentan esas deudas (como se hace en Latinoamérica, África, etc.).

Los discursos bélicos “patrióticos”, narrativas de salvación a través de la guerra y el genocidio, solo contribuyen al auge de los neofascismos. Como estamos viendo en el régimen sionista de Israel (gobernado por ultraderechistas) o en Estados Unidos (poca diferencia real hay entre Bush y Trump) o en la vieja Europa (con cada vez más gobiernos en manos de la extrema derecha o la derecha extrema).

Frente a la deslegitimación permanente de la democracia por parte del neofascismo y la derecha extrema, excepto cuando les sirve a ellos para llegar al poder y seguir controlándolo, debemos dar ejemplo por parte de la comunidad social y educativa, empezando por los centros educativos públicos (ya sabemos que los concertados tienen dueños e ideología “propia”), de una práctica educativa democrática radicalmente coherente. Una pedagogía democrática que se oriente a la formación de ciudadanía crítica que sea capaz de defender la actual democracia representativa existente, pero que también sea capaz de imaginar y avanzar hacia una democracia participativa real.

Por eso, consolidar las débiles democracias que tenemos pasa inexorablemente por exigir a nuestros dirigentes, que han sido elegidos en democracia, que detengan las guerras o los genocidios como el de Palestina o el Congo. Para que las futuras generaciones crean realmente en la democracia esto es hoy un objetivo tan urgente como necesario, que no solo salvará vidas y el inmenso sufrimiento de millones de personas, sino que apuntalarán las democracias existentes y la democracia como valor y derecho fundamental. No hay democracia sin justicia social, sin igualdad y sin paz.

Sin embargo, los dirigentes europeos, en su loca deriva autoritaria, nos anuncian que nos preparemos para una tercera guerra mundial con el epicentro en Europa, como ha declarado la ministra de la guerra española, Margarita Robles. En su loca deriva antidemocrática, frente a las inmensas manifestaciones de sus pueblos, siguen permitiendo e incluso alentando el genocidio en Gaza, haciendo oídos sordos ante el genocidio en el Congo (no vaya a ponerse en peligro la extracción del coltán para nuestros teléfonos), ampliando la OTAN y aumentando la financiación militar con nuestros impuestos, con los impuestos de los pueblos a quienes quieren mandar a matarse entre ellos. ¡Qué vayan sus hijos e hijas! Si quieren la guerra, ¡que sean ellos y ellas quienes se maten entre sí!

Por eso debemos educar en los centros educativos en y para la democracia, desde el compromiso inequívoco de una educación para la paz. Una educación democrática para la paz desde una Pedagogía de la Desobediencia ante el rearme militarista y genocida.

Una pedagogía democrática exige la práctica de la desobediencia civil activa contra un sistema injusto que permite el genocidio (como ha documentado la relatora de la ONU, Francesca Albanese) de más de 32.000 palestinos por un régimen que se sabe impune ante la comunidad internacional, que mata de hambre a la población y justifica el apartheid en Israel por intereses económicos y geoestratégicos. Un sistema que extrae recursos del Congo a costa de otro genocidio silenciado. Que aumenta obscenamente los presupuestos para la guerra mientras una de cada cinco familias no puede pagar la calefacción de su casa en España y el 26,5% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

No podemos seguir siendo “indiferentes” ni “obedientes” ante un modelo social, económico, ideológico y político que justifica y conduce a la violencia, la desigualdad, la insolidaridad, el saqueo del bien común, el ecocidio del planeta, el odio al indiferente, la intolerancia y el fanatismo. La verdadera munición de este modelo no son solo las balas de goma o el gas lacrimógeno; es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice.

Como dice Howard Zinn la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la “obediencia civil”. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones han muerto por causa de esa obediencia… Nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo. Éste es nuestro problema.

Debemos convertir los centros en auténticas escuelas de democracia para cuestionar este modelo social tan absurdamente injusto y para construir alternativas pacíficas, justas y en pro del bien común sean una estrategia habitual que corresponsabiliza al alumnado, no solo en la dinámica democrática de los centros, sino en la construcción de otra sociedad e implica a toda la comunidad educativa en la convivencia y la defensa de la paz de forma radical.

En estos días todas las materias, todas las asignaturas, todo el profesorado debería incluir en sus clases, en su temario, las raíces del genocidio palestino, las causas del genocidio en el Congo, la historia del conflicto en Ucrania, las consecuencias del aumento de los presupuestos para la guerra, el cuestionamiento de los llamados de dirigentes europeos a una tercera guerra mundial en suelo europeo… En matemáticas, en lengua, en conocimiento del medio, en música, en educación física, en todas y cada una de las materias.

La mejor democracia que se aprende en la escuela pública es la que se vive en ella. Educar en y para la democracia, como una manera de aprender a convivir en igualdad, en paz, en justicia social y en libertad, implica que las propias escuelas sean un ejemplo de democracia y de convivencia. Porque de los jóvenes que hoy se están formando dependerá la democracia del mañana. De su implicación en la resolución de los conflictos y de su compromiso con la paz y la democracia dependerá avanzar y consolidar una democracia fuerte y asentada y la construcción de una sociedad más justa y cuya prioridad sea el bien común.

Como plantean Nichols & Berliner (2007): “Deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los desposeídos, los analfabetos, los hambrientos y los desamparados. Se deberían identificar las escuelas que no pueden producir ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.

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