Zimbabwe/07 de marzo de 2017/ Autor: Daniel Nemukuyu/ Fuente: AllAfrica
The High Court has issued a landmark ruling outlawing the beating of children at school and in homes.
Justice David Mangota held that parents and teachers must not lay their hands on children, even if they misbehave.
Recently, another High Court judge Justice Esther Muremba, ruled out canning of juveniles as judicial punishment, but the decision now awaits confirmation at the Constitutional Court.
The judge also declared unconstitutional Section 69 (2) (c) of the Education Act which permits corporal punishment.
Sections 3 to 7 of the Education Disciplinary Regulations 1985 contained in Statutory Instrument 362 of 1998, was also declared to be in violation of the Constitution. Justice Mangota will write a detailed judgment giving reasons for his decision.
However, the matter will be sent to the Constitutional Court for confirmation.
Constitutional law expert Mr Tendai Biti, filed the court application at the High Court in June last year on behalf of a parent whose child was being beaten by a teacher at Belvedere Primary School in Harare.
Mrs Linah Pfungwa, with the support of Justice for Children’s Trust, filed the court application arguing that corporal punishment was a form of violence and must be abolished.
Mrs Pfungwa indicated in her affidavit that her daughter who was in Grade One, was severely assaulted with a rubber pipe by her teacher identified as Mrs Chemhere.
The reason for the punishment, Mrs Pfungwa said, was that the girl’s reading book had not been signed by guardians as confirmation that she had done homework.
«My child suffered major bruises and I took photographs and pictures of the same. She had deep bruises on her back and she could hardly sleep properly.
«I posted the pictures of my daughter on our WhatsApp group for other parents to observe and it turned out that other children had also been assaulted… «
Mrs Pfungwa and other family members approached the headmistress at Belvedere Primary School with the complaint and she undertook to investigate.
The woman’s lawyers even wrote to the Ministry of Education, Sport and Culture complaining before filing the court application.
She argued that that corporal punishment was inhuman.
«I believe corporal punishment is violence against children and I do not believe that children should be subjected to any form of violence.
«I further believe that corporal punishment is a physical abuse of children.
«It amounts to deliberately hurting a child, which causes injuries such as bruises, broken bones, burns or cuts.
Mrs Pfungwa argued that corporal punishment in schools was dangerous because it was administered indiscriminately without any measure of control.
At home, Mrs Pfungwa said, she did not beat up her child.
«If my child misbehaves, I ground her by denying her access to television as well as denying her pocket money or other goodies like sweets and presents.
«If she does well, I reward her by presents or extra hours of watching television.
«My child is well-behaved and well-brought up simply as a result of the dialogue that I use as a means of discipline,» she said.
Con sólo un 3,5% de obesidad entre la población adulta, Japón es, de lejos, la nación desarrollada con el índice más bajo.
Si se compara con otros miembros del G8, el grupo de países con las economías más industrializadas del planeta, las diferencias son enormes: Alemania, Francia e Italia tienen entre 21% y 22%, Reino Unido un 26% y casi en el otro extremo de la clasificación mundial está Estados Unidos, con un 33,6%.
El nivel de obesidad de Japón es tan bajo que el gobierno prefiere planificar sus políticas de acuerdo con el nivel de sobrepeso, para que los números sean más altos.
En BBC Mundo hablamos con Katrin Engelhardt, experta en nutrición para la región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre cómo Japón ha logrado mantener un nivel bajo de obesidad y sobrepeso en todas las edades de la población.
«Salud Japón 21»
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionEl nivel de obesidad de Japón es tan bajo que el gobierno prefiere planificar sus políticas de acuerdo al nivel de sobrepeso.
Detrás del «éxito japonés», destaca Engelhardt, hay un gobierno comprometido en sus políticas a mantener a raya el sobrepeso, invirtiendo recursos sustanciales en programas de nutrición y de educación para la salud pero también en leyes específicas.
Todas estas medidas forman parte de una campaña nacional para la promoción de la salud llamada Salud Japón 21.
Entre esas medidas, la experta en nutrición destaca dos leyes que han sido exitosas en frenar la obesidad.
La ley Shuku Iku, para la educación de los niños
Derechos de autor de la imagenEPAImage caption«En algunas culturas asiáticas la comida siempre se ha considerado como algo casi medicinal», dice Katrin Engelhardt.
«Esta ley tiene un nombre bastante profundo«, explica Engelhardt. Shuku hace referencia a la comida, a la dieta y al comer e Iku hace referencia a la educación intelectual, moral y física.
El objetivo de esta norma es incrementar la información de los estudiantes sobre la cadena alimentaria, sobre la procedencia y la producción de los alimentos, y define la educación sobre nutrición desde los primeros años pre escolares hasta secundaria.
La ley Shuku Iku, vigente desde 2005, determina procesos como:
Los menús saludables en las escuelas.
La contratación de nutricionistas profesionales que además tienen titulación de profesores y dan clases específicas sobre alimentación.
La promoción de una cultura social alrededor de la comida: los niños ayudan a preparar y a repartir la comida en el colegio, cada día a la hora de comer transforman la clase en una suerte de restaurante, ayudan a poner la mesa, el mantel, se sirven unos a otros y comen juntos en la clase. Mantienen la idea de que «comer es un acto social», dice Engelhardt.
Además, explica la experta en nutrición, en Japón no hay tiendas ni máquinas expendedoras de comida dentro de los colegios así que los alumnos difícilmente puedan conseguir tentempiés que no son saludables, como papas fritas o refrescos azucarados.
La ley Metabo, para controlar el peso en adultos
Derechos de autor de la imagenSPLImage captionLas empresas japonesas celebran un día anual en el que miden la cintura de sus empleados.
Otra legislación que Engelhardt destaca para explicar el éxito japonés es la ley Metabo (de metabolismo), que anima a los adultos entre 40 y 75 años a hacerse una medición anual del contorno de la cintura.
Según la OMS una circunferencia de mas de 94 para los hombres y de más de 80 para las mujeres conlleva un mayor riesgo de complicaciones metabólicas, como enfermedades cardiovasculares.
Estas mediciones las promueve la administración pública de salud pero también las empresas.
«Los empleadores tienen un día anual claramente identificado en el que todo su personal debe medirse la circunferencia de la cintura», explica la experta de la OMS.
Si las medidas no son saludables las empresas animan a los empleados a acudir a sesiones de ayuda y a hacer más ejercicio.
El objetivo de la ley es animar a los adultos a ser más conscientes de lo que es un peso saludable y a ser físicamente activos. En el marco de la Ley Metabo:
Las compañías promueven los descansos de los trabajadores para hacer ejercicio. Algunas compañías tienen gimnasios o canchas de badmington para que los empleados puedan hacer ejercicio fácilmente durante la hora del almuerzo o antes o después del trabajo.
Se anima a los empleados a acudir al trabajo caminando o en bicicleta y el gobierno promueve la seguridad de las vías para ciclistas para facilitar el ejercicio.
Comida tradicional y porciones pequeñas
Derechos de autor de la imagenTOSHIFUMI KITAMURAImage captionChef preparando sushi durante una competición mundial
Pero además de las medidas legislativas, existen peculiaridades culturales que ayudan a los japoneses a mantener el peso a raya.
Igual que en otras sociedades asiáticas como Corea del Sur, -que también tiene un índice de obesidad muy bajo (4,6%), en Japón se le da mucha importancia a la comida tradicional.
«El énfasis se pone en la comida fresca, de producción local«, destaca Katrin Engelhardt.
Los japoneses están muy orgullosos de los pequeños terrenos y de las huertas suburbanas donde producen sus alimentos de manera natural.
«En algunas culturas asiáticas la comida siempre se ha considerado como algo casi medicinal», dice la experta en nutrición.
Además, destaca un factor cultural que también tiene su impacto: la predilección histórica por las porciones pequeñas.
«En Japón en los eventos familiares, en la cocina tradicional, se sirven muchos platos en porciones pequeñas, con muchos vegetales y con mucha comida fresca», explica Engelhardt.
Mientras que por ejemplo en las islas del pacífico que tienen los índices de obesidad más altos del mundo, Tonga, Palau, Nauru, Niue y Cook Islands (más del 40%), las porciones son gigantescas, y eso, además, se combina con un nivel de actividad extremadamente bajo.
¿CUÁLES SON LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON EL ÍNDICE DE OBESIDAD MÁS BAJO?
1. Haití:6,7%
2. Honduras: 12,3%
3. Bolivia: 12,4%
4. Nicaragua: 12,6%
5. Guatemala:13,4%
¿CUÁLES SON LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON EL ÍNDICE DE OBESIDAD MÁS ALTO?
Kenya/ 7 de marzo 2017/Autora: Jeremiah Wakaya /Fuente: AllAfrica
Nairobi — The University of Nairobi (UoN) has withheld February salaries for approximately 1300 lecturers participating in the ongoing industrial action which begun on January 18.
In a memo to all members of staff, Deputy Vice Chancellor in charge of Administration and Finance Prof Isaac Mbeche said the institution will only pay «members of staff who carried out their duties fully in the month of February 2017.»
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Kenia: Los Profesores de la Universidad de Nairobi en huelga por falta de Salarios
Nairobi – La Universidad de Nairobi (uEn) ha retenido los salarios de febrero de aproximadamente 1300 profesores que participan en la medida de fuerza en curso, que iniciaron el 18 de enero.
En un memorándum a todos los miembros del personal, Vicerrector Adjunto a cargo de la Administración y Finanzas Prof. Isaac Mbeche dijo que la institución sólo pagará «miembros del personal que llevan a cabo sus funciones plenamente en el mes de febrero de 2017.»
España/07 de marzo de 2017/Autora: Laura Martínez/ Fuente: Cadena SER
Anuncian movilizaciones para este próximo 9 de marzo en contra de la LOMCE.
Una campaña que bajo el título «Matricúlate en la Escuela Pública», se enmarca en un proyecto más ambicioso titulado «Por lo público. Por lo común», y que supone el paso previo a la huelga general convocada por el sector educativo para este próximo jueves 9 de marzo. Todo en un mes en el que se ha abierto el período de prescripción y posterior matriculación escolar, por lo que CGT señala que «la educación es un derecho y no un negocio, y la escuela pública no debería funcionar con criterios de rentabilidad económica, sino social», en palabras del responsable de enseñanza del sindicato CGT en la provincia de Jaén, Manuel López.
Señalaban igualmente que existen centros que segregan y discriminan, haciendo negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Una campaña que se está distribuyendo por los centros educativos de nuestra tierra, «invitando a las familias a que matriculen a sus hijos e hijas en la escuela pública». Así, este jueves se pondrá el acento en una amplia tabla reivindicativa con la que exigirán «la reversión de las recientes reformas educativas que recoge la LOMCE, y que, insisten desde CGT, «obedecen a criterios económicos». Ofrecían además algunos datos, como que en los últimos 5 años se han dejado de invertir unos 8.000 millones de euros en educación, y la red pública ha perdido en nuestro país unos 33.000 docentes para 55.000 alumnos y alumnas más; por el contrario, señalan, la red concertada gana 900 profesores más para un incremento de 7.500 escolares. En la provincia se han convocado dos manifestaciones, una de ellas en la capital jiennense a partir de las 13,00 horas, mientras que en Úbeda la manifestación convocada por la plataforma estudiantil de la ciudad, partirá a las 10,00 del IES ‘Los Cerros’ hasta la Plaza de Andalucía, donde se leerá un manifiesto para finalizar.
Unos 430 niños y jóvenes que padecen Síndrome de Down, discapacidad intelectual y auditiva, que acuden al Centro de Investigación y Rehabilitación Especial (CIRE), corren riesgo de no continuar recibiendo su educación.
Según las autoridades, el presupuesto que les asignaron para este año es insuficiente para cubrir las necesidades básicas que la institución requiere.
La secretaria general de CIRE, Helen Verde, explicó a LA TRIBUNA que este centro de atención fue una dependencia del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa). Pero ante la decisión del gobierno de suprimir y liquidar esta institución, CIRE pasó a formar parte de la nueva estructura de Dirección de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Dinaf).
Detalló que en el año 2014 las autoridades de la Dinaf entregaron a la Secretaría de Educación la tutela de CIRE, como ente regulador de la educación primaria en el país.
CONTRATACIONES
Posteriormente, en el año 2015, la Secretaría de Educación les informó que se había realizado directamente el proceso de contracción del personal docente para atender a los niños, y que solo les correspondía hacer las gestiones administrativas.
A este centro son remitidos numerosos niños del Hospital María, Teletón, escuelas públicas y hogares infantiles.
Verde agregó que para el año escolar 2016, las autoridades de Educación les asignaron una partida presupuestaria de 7 millones 600,000 lempiras, fondos con los que trabajaron durante todo el año, a pesar de los atrasos en las transferencias.
“Trabajamos perfectamente, pudimos mejorar la infraestructura con algunos desfases que el prepuesto llegaba tarde, y el primer pago a los maestros lo hicimos hasta en agosto; ellos estuvieron todo ese tiempo sin percibir su salario, y estamos infinitamente agradecidos porque nos apoyaron”, manifestó Verde.
AMARGA SORPRESA
Sin embargo, dijo que la “sorpresa” fue cuando les notificaron que para el año escolar 2017 el presupuesto había sido reducido en un 50 por ciento.
La educadora refirió que los fondos no son suficientes para cubrir los salarios de 45 maestros, 16 auxiliares (niñeras), dos médicos en la especialidad, una experta en trabajo social, personal de limpieza, vigilancia, la merienda de los niños y el material didáctico educativo.
Agregó que a este centro de atención especial les remiten niños de varias escuelas públicas, hogares de niños, del Centro de Rehabilitación Integral Teletón y del Hospital de Especialidades Pediátricas María, con el objetivo de que reciban una atención integral de acuerdo a sus necesidades.
En ese sentido, la directora de la institución, Sandra Pineda, dijo que, “les hago un llamado al Presidente de la República y a la Primera Dama, para que les ayuden a estos niños, que sus padres los traen para buscar una solución, porque nos están cerrando las puertas”.
DESARROLLO HAN
GRADUADO 800 MENORES
Durante 38 años de funcionamiento, CIRE ha logrado incorporar a 800 niños y jóvenes a la educación preescolar, primaria, secundaria, tercero de ciclo y hasta la universidad, permitiéndoles convertirse en personas útiles para el desarrollo social y productivo de Honduras.
DISCAPACIDAD FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Una de las madres de la familia beneficiadas con la formación que ofrece CIRE es Vannesa Raquel Vásquez, cuyo hijo tiene una discapacidad visual.
“Mi hijo tuvo problemas cuando nació, tenía medio abierto el ojito; en el hospital me dijeron era normal, me lo llevé a la casa y con el tiempo pudo abrir su ojito bien, pero cuando yo lo matriculé en la escuela, el maestro me dijo que no aguantaban al niño, porque se salía de la clase y no ponía atención”.
Otra mamá, Corina Gonzales Ramírez, acude a CIRE desde hace dos años, con su nieto Manuel de Jesus Gonzales, de 9 años, “porque él tiene problemas de aprendizaje y aquí le dan una educación especial, según su discapacidad”.
Guinea Ecuatorial exige una prueba a las alumnas, a las que expulsa si dan positivo para «no contagiar» al resto. Sierra Leona también prohíbe escolarizarse a las jóvenes encinta.
Mauricia Nchama López tenía 16 años y estudiaba en el Centro Bisila de Bata, en Guinea Ecuatorial. Falleció el pasado mes de enero cuando, al saber que estaba embarazada, intentó abortar de manera clandestina. La adolescente tenía miedo de ser expulsada del instituto después de que el Gobierno ecuatoguineano aprobara una orden ministerial en julio por la que prohibía la presencia de chicas gestantes en los centros educativos. De esta manera, Guinea Ecuatorial sigue los pasos de Sierra Leona, país que en 2015 también aprobó una medida idéntica que sigue vigente en la actualidad. Antes, las menores embarazadas eran estigmatizadas por la sociedad; ahora, además, se ven expulsadas por decreto del sistema educativo con la supuesta justificación de que son una “influencia negativa” para las demás.
La orden ministerial, que entró en vigor en el curso 2016-2017, “obliga a las estudiantes a hacerse el test de embarazo para poder matricularse en los centros de Guinea Ecuatorial y permite la expulsión del centro educativo a las alumnas embarazadas”, según asegura el líder opositor ecuatoguineano Andrés Esono, muy crítico con esta medida que califica de “discriminatoria, anticonstitucional y machista”. De hecho, ha explicado mediante una carta pública que en septiembre pasado escribió una carta a varios ministerios, entre ellos los de Educación e Igualdad, advirtiéndoles de las consecuencias que podía tener la aplicación de este decreto, como los peligrosos abortos clandestinos, sin obtener ninguna respuesta.
Guinea Ecuatorial no es el primer país africano que prohíbe a las jóvenes embarazadas asistir a clase. En abril de 2015 Sierra Leona aprobó un decreto similar. Entonces, el mundo se felicitaba por la reapertura de las aulas tras la devastadora epidemia de Ébola que provocó miles de muertos en este país africano. Sin embargo, el Ministerio de Educación decidió vetar a las chicas que estaban encinta porque “existe una probabilidad muy alta de que las chicas más jóvenes se queden embarazadas si comparten el espacio con quienes ya lo están”, según asegura el decreto, que también afirma que el estado de gestación “impacta negativamente en su capacidad para concentrarse y participar en clase, expone a las chicas a ser ridiculizadas por sus compañeras, socava los estándares éticos necesarios en nuestras instituciones educativas y, en fin, compromete la calidad de la Educación”.
Desde que se aprobó esta normativa, numerosos organismos internacionales han ejercido una enorme presión para tratar de hacer entrar en razón al Gobierno sierraleonés. Sin éxito hasta ahora. “En este país siempre ha estado socialmente mal visto que vayas a la escuela si te quedas embarazada”, asegura Marta Colomer, encargada de campañas de Amnistía Internacional (AI) en África Occidental, “pero el decreto lo convierte en norma legal. No sólo es discriminatorio, sino que revictimiza a niñas en situación de total vulnerabilidad que sufren una suerte de castigo ejemplificador. Se entiende la educación como un premio y no como un derecho”.
“Me siento fatal cuando veo a mis amigas pasando de curso. Ahora tengo que repetir el año que viene”, aseguró a AI en noviembre una chica sierraleonense de 17 años. Repetir curso si consigue volver, porque dos de cada tres fracasan en el intento cuando ya tienen que hacerse cargo de un bebé. Amie, una adolescente, manifestó que “me quedé encinta y me prohibieron ir a la escuela. Es injusto, me han quitado la posibilidad de tener un futuro”. Sierra Leona, donde el 72 por ciento de la población vive en la extrema pobreza, tiene unas tasas de alfabetización femenina bajísimas y un elevado porcentaje de embarazos precoces. La mitad de las chicas entre 15 y 24 años no saben leer ni escribir y una de cada cuatro de entre 15 y 19 años ya tiene hijos o está embarazada.
Gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, el Gobierno sierraleonés aceptó crear un sistema de educación alternativo. “Unas 14.500 chicas embarazadas fueron autorizadas a recibir clase en aulas aparte o fuera del horario lectivo, para que no se mezclaran con las demás. Sin embargo no sólo estamos ante una medida segregatoria para niñas malas sino que los contenidos eran bajísimos, se impartían solo unas horas y tres días a la semana”, asegura Colomer. Pese a sus deficiencias, el sistema alternativo, financiado por las agencias de cooperación británica e irlandesa y puesto en marcha con el apoyo de Unicef, se ha renovado este año.
Durante la crisis del Ébola en 2014 y 2015 se dispararon los casos ya de por sí altos de embarazos adolescentes, lo que también se usó como excusa para implementar la medida. El incremento se debió a la suspensión del curso escolar y las cuarentenas, lo que provocó que muchas chicas permanecieran en sus hogares todo el día expuestas a todo tipo de abusos y a la crisis económica derivada de la epidemia que forzó a muchas jóvenes a intercambiar sexo por bienes materiales. “Está ligado a la pobreza y la falta de recursos, muchas veces quienes las dejan embarazadas son el de la tienda, el transportista que las lleva, el joven que las ayuda a sacar el agua del pozo. Lo hacen por necesidad, la mayoría no tiene ni idea de sexo y muchas se sorprenden al verse embarazadas”, añade Colomer. En Sierra Leona no existe educación sexual en los colegios y los anticonceptivos son desconocidos para la mayoría.
Un nuevo informe realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), revela que 2 de cada 3 nuevos alumnos optan por asistir a escuelas privadas por sobre las instituciones educativas públicas.
Según destacaron desde Idesa, uno de los factores más influyentes a la hora de tomar estas decisiones es la intensificación de las huelgas ocurridas a partir de la intromisión del Ministerio de Educación nacional fijando salarios que no pueden ser pagados por las provincias.
En este sentido, desde la institución recomiendan que cada provincia responda a un esquema donde tengan autonomía para fijar los sueldos de los docentes locales. «Este es un primer paso para revertir la decadencia de las escuelas estatales», aseguran.
Por otra parte, se destaca que desde el 2007 se llevó adelante una política en la que la cartera de Educación nacional fijaba un piso salarial al cual debían de responder todas las provincias a la hora de negociar sus paritarias.
Por eso, en el estudio se plasma que, entre 2007 y 2015, según datos de Educación, la matrícula total del nivel inicial, primaria y secundaria creció en 755 mil alumnos, mientras que en escuelas de gestión estatal, lo hizo en 266 mil alumnos y en escuelas de gestión privada, en cambio, la matrícula creció en 489 mil alumnos.
«Más que una opción por las escuelas privadas, la fuga parece asociarse a la impotencia y resignación que genera la degradación de las escuelas del Estado debido, entre otros motivos, a los conflictos docentes», destacan desde Idesa.
De todos modos, desde el Instituto advierten: «Que el Ministerio de Educación nacional haya decidido dejar de inmiscuirse en la negociación salarial no garantiza que mejore la gestión que las provincias hacen de las escuelas».
Por último, el informe sugiere que «desactivada la paritaria nacional, cada provincia debe abocarse a establecer una política salarial que induzca la recuperación de la educación estatal en base a docentes bien pagos, que den clases regularmente y que sean controlados en la calidad de la enseñanza que imparten».
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