Author: Noticias

Page 4232 of 6179
1 … 4.230 4.231 4.232 4.233 4.234 … 6.179

En Argentina: Diputado Ferraro presentó un proyecto de Ley General de Educación

Noticias

América del Sur/Argentina/Redacción Noticias Urbanas

En medio del conflicto docente, el legislador de la Coalición Cívica-A RI presentó una iniciativa que contempla la creación del Instituto Pedagógico de la Ciudad, entre otras cuestiones.

El legislador de la CC-ARI presentó la iniciativaEl legislador de la CC-ARI presentó la iniciativa
El presidente de la Comisión de Educación Legislatura porteña, Maximiliano Ferraro, presentó un proyecto de Ley General de Educación que contempla la obligatoriedad desde los tres años de edad hasta la finalización de la Educación Secundaria, la creación del Instituto Pedagógico de la Ciudad, con el objeto de la jerarquización académica de los educadores y un incremento en inversión educativa hasta garantizar un piso del 30% del presupuesto destinado a educación.

El proyecto se encuentra estructurado en los siguientes pilares fundamentales, organizados en 15 Títulos, 129 Artículos y 3 cláusulas transitorias y establece las políticas educativas, las normas básicas de gobierno, administración, gestión, evaluación y fiscalización del sistema educativo.

Algunas de las políticas educativas propuestas en el proyecto son:

Obligatoriedad y Universalización: El Estado establece la obligatoriedad de la educación desde los tres años de edad y hasta la finalización de la Educación Secundaria. Las políticas públicas deben asegurar los medios necesarios para el cumplimiento de esta obligación a través de alternativas institucionales y pedagógicas que se ajusten a los principios de equidad, igualdad y excelencia con el fin de universalizar los niveles obligatorios de la educación.

Justicia Educativa: El Estado posiciona a los sectores social y económicamente vulnerables en el centro del sistema educativo. Desde esta perspectiva, reconoce los distintos contextos y actores del sistema educativo, revisa las condiciones del aprendizaje, la organización institucional, las pedagogías y el currículum y redistribuye el conocimiento, los recursos y los bienes materiales y simbólicos, a fin de garantizar la justicia distributiva en la oferta educativa y fortalecer a la educación pública como un espacio para todos donde sea posible el encuentro en la diversidad.

Calidad: El Estado promueve el más alto nivel de excelencia en la enseñanza y tiende a la disminución efectiva de los índices de deserción, desgranamiento y repitencia.

Innovación: El Estado actualiza y mejora permanentemente los lineamientos y diseños curriculares, las orientaciones pedagógicas y las alternativas didácticas para todo el sistema educativo. Estimula la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de los servicios educativos. Facilita e impulsa el desarrollo de innovaciones educativas, presenciales, semipresenciales o a distancia.

Socioeducativas: El Estado formula, desarrolla y ejecuta políticas socioeducativas destinadas a proveer las condiciones pedagógicas, culturales, materiales, tecnológicas, científicas y de apoyo económico necesarias para garantizar las trayectorias escolares de niños/as, jóvenes y adultos en el sistema educativo, promoviendo de esta forma la realización de espacios educativos complementarios que favorezcan el reingreso, la retención, la terminalidad y la inclusión de la población estudiantil con educación de calidad para la formación de individuos con valores de convivencia ciudadana, éticos, cultura de paz y respeto por la democracia. El Estado genera planes y programas que fortalecen los vínculos de la escuela, las familias y la comunidad, aportando a la construcción de un sistema educativo inclusivo, integrado y de calidad.

Educación para toda la vida: El Estado debe ofrecer oportunidades amplias y flexibles de aprendizaje a lo largo de la vida por medios no formales e informales, con recursos y mecanismos adecuados y mediante un aprendizaje estimulante, aprovechando, entre otras cosas, las tecnologías de la información y la comunicación.

Diversidad: El Estado promueve una educación basada en el respeto a las identidades de los sujetos que la componen. Genera estrategias para la erradicación de todo tipo de discriminación por etnia, religión, género y orientación sexual.

Interculturalidad: El Estado desarrolla políticas educativas pluriculturales que promuevan el reconocimiento del otro en sus diferentes diversidades.

Descentralización, autonomía escolar y participación: El Estado promueve la intervención de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. Alienta la participación de los actores sociales en los distintos ámbitos institucionales del sistema educativo y fortalece a la institución educativa en la gestión administrativa y pedagógica, jerarquizando la función de los órganos colegiados, equipos directivos, supervisores y de toda la comunidad educativa. Es por esto, que también incluimos la creación del Consejo de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual va a permitir generar un ámbito deliberativo, plural, conformado por los diversos actores relevantes. Asimismo, proponemos la creación de órganos colegiados en cada una de las instituciones educativas, con participación de docentes, padres, madres y estudiantes.

Formación Docente: El Estado garantiza las instancias de formación y capacitación docente continua y gratuita. Organiza actividades de formación y capacitación específica para acceder a los distintos cargos del sistema educativo. Se impone la obligación para el Estado de garantizar las instancias de formación y capacitación docente continua y gratuita, organizando actividades de formación y capacitación específica para para acceder a la carrera docente del sistema educativo.

En este sentido se propone la creación del Instituto Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires, constituido como un espacio de formación, capacitación e investigación de saberes y prácticas pedagógicas que aborda las diferentes áreas humanísticas, técnicas, profesionales y científicas apuntando alcanzar el más alto nivel académico y educativo, con el objeto de la jerarquización académica de los educadores, articulada en forma integral a todos los ámbitos del campo educativo, que permita la construcción de una mirada conjunta de la educación a nivel jurisdiccional, regional y nacional.

Fuente: http://www.noticiasurbanas.com.ar/?noticia=ferraro-presento-un-proyecto-de-ley-general-de-educacion-para-la-ciudad

Comparte este contenido:
Leer más »

Sudafrica: Human rights lawyers issue directive to schools about undocumented children

Noticias

«An Edenvale school governing body threatened to take immigrant pupils to the police — laywers declare ‘children are always entitled to their rights’

Africa/Sudafrica/TMG Digital

Resumen: Los abogados de derechos humanos instan al Departamento de Educación Básica para emitir lineamientos de política publica dando instrucciones a todas las escuelas para detener de inmediato la práctica de la discriminación contra los niños extranjeros e indocumentados al denegar el acceso a las escuelas o cobrándole tarifas más altas. Sugieren en un comunicado conjunto, suscrito por los abogados de Derechos Humanos del Centro para la Ley de Educación Infantil y del Centro de Igualdad de Derecho, que los lineamientos también deben indicar que las escuelas tienen la responsabilidad de ayudar a los niños a obtener sus documentos, dijeron

Human rights lawyers are urging the Department of Basic Education to issue a directive instructing all schools to immediately stop the practice of discriminating against foreign and undocumented children by refusing access and charging higher fees. The directive should also indicate that schools have a responsibility to help children obtain documents‚ Lawyers for Human Rights‚ the Centre for Child Law and Equal Education Law Centre said in a joint statement.

This comes after an Edenvale‚ Ekurhuleni‚ school governing body issued a letter last week that threatened to take immigrant pupils without valid paperwork to the police. Following outrage on social media‚ the governing body called the letter «unfortunate» and said it «unreservedly» apologised for any hurt the letter may have caused.

The human rights lawyers said that although the school has retracted the letter‚ «unfortunately the Eastleigh school incident is not an isolated event».

«At the beginning of each school year‚ and particularly in 2017‚ we receive reports of children being denied admission to school. These include not only undocumented migrant children‚ but also documented refugee and asylum-seeker children and undocumented South African children. Whatever their status or level of documentation‚ children are always entitled to their rights.»

They spelt out the rights of children in this situation:

• Children are never to be detained for immigration purposes. This is an absolute right.

• All children in SA are equally entitled to education regardless of their status or documentation. The Schools Act prohibits discrimination of any form when it comes to admission to school.

• South African courts have found that the right to study is inherent in the right to dignity and that this right cannot be bound to one’s nationality. No child may be discriminated against based on their own status or that of their parents. The Constitution protects the right to education‚ the right to equality‚ and the right to dignity of all people in SA. This includes those without documents or citizenship. This is particularly true when it comes to children.

• The Constitution states that the best interest of the child is of paramount importance when dealing with children. The National Education Policy requires schools to assist the child in obtaining documentation where there is none. The burden to comply with documentation requirements is shared between parents and the school. Where the child is part of a child-headed household, or an unaccompanied child, this burden is shared by the school and the Department of Social Development. These responsibilities are in place to ensure that nothing prevents a child from going to school. A school cannot merely reject a child for having no papers.

The lawyers commented: «It is important to take into account the various factors which lead to children being left undocumented and to consider that these factors are always out of the child’s control. Refugee and asylum-seeker children are entitled, in terms of the Refugees Act, to obtain the same permit as their parent. Yet they often have trouble obtaining or renewing their permits‚ because of widely reported and widespread corruption the Refugee Reception Offices.»

The lawyers said they have also encountered unlawful refusals of admissions for children without birth certificates. This was despite the fact that some children cannot obtain birth certificates‚ because the Births and Deaths Registrations Act makes it impossible for certificates to be obtained by children of single fathers where the mother is missing or undocumented‚ children in child-headed households and children in the care of guardians where the parents are alive, as well as children of undocumented parents.

«It is of great concern that the Department of Home Affairs visited Eastleigh in the week prior to the school sending its letter‚ and appears to have exerted pressure with regard to undocumented learners,» the lawyers said. «It is simply not constitutionally permissible for the department to take this approach.»

«While immigration control may be a legitimate government concern and function‚ it should never be addressed through the violation of children’s rights. No reason whatsoever‚ including irregular migration‚ can ever justify harming children through unlawful arrest or the denial of education.»

The lawyers requested that the department issue a directive to all schools clarifying the correct legal principles: «These include that refugee and asylum-seeker children are entitled to be admitted to school, even while awaiting documentation, and do not need study permits to attend school; that school principals will not be arrested or fined for admitting undocumented children, as is the rumour; and that undocumented children are allowed to attend school in SA.»

It also urged the department to amend laws to eliminate unconstitutional exclusions from birth registrations where children were born in SA or to South African parents and «to stop the discriminating practice of requiring expensive DNA tests for people faced with poverty before birth registration will take place».

The Department of Social Development was also asked to intervene in cases where children are in need of care and protection and where parents are unresponsive, in order to assist with the process of obtaining documentation for children.

Fuente: https://www.businesslive.co.za/bd/national/education/2017-03-02-human-rights-lawyers-issue-directive-to-schools-about-undocumented-children/

Comparte este contenido:
Leer más »

OIT plantea reforzar vinculo educación-sector productivo

Noticias

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México y Cuba, Thomas Wissing, señaló que los sectores educativo y productivo deben tener más acercamiento para hacer frente a los retos de diseñar estrategias para preparar a la mano de obra del futuro.

Al participar en el foro “El futuro del empleo en México: Desarrollando nuestras competencias”, organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y la OIT, expuso que el crecimiento económico mundial ha sido insuficiente para generar más fuentes de empleo. Indicó que el caso de México es privilegiado, pues ha aumentado el número de empleos a pesar de tener crecimiento económico bajo; consideró que afortunadamente en el país se tiene un bono demográfico que debe aprovecharse de manera adecuada, y tal perece que se está haciendo bien. Sin embargo, se debe pensar en la transición y actualización de la mano de obra en las nuevas relaciones laborales que se darán con el aparato productivo, añadió.

Dijo que en México existe un régimen de pensiones y un sistema de seguridad social para los trabajadores, pero también tiene mano de obra joven que debe adecuar a las nuevas condiciones que se presenten en el mundo laboral. Hizo notar que el cambio climático también afecta la generación de empleos, el consumo, la migración y el traslado de personas. Las transformaciones tecnológicos, la digitalización, la robotización, las oficinas móviles y el uso de las tecnologías de la información también influyen en la creación de fuentes de trabajo y en la actualización de la clase asalariada.

Comentó que en Latinoamérica está creciendo la desigualdad, el empleo formal es bajo, la seguridad social y los derechos laborales se están afectando por la falta de desarrollo. “El 50 por ciento de la población no tiene acceso a un empleo formal”, destacó. Por lo anterior, es necesario diseñar estrategias que generen más competencia, no sólo entre los trabajadores, sino también en el sector empresarial, aseveró.

Ver más en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/193747/0/organismo-internacional-plantea-reforzar-vinculoeducacion-sector-productivo/#xtor=AD-1&xts=513356

Imagen tomada de: https://i.ytimg.com/vi/YxZ4RPCQKL8/maxresdefault.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »

En Australia: Las políticas para abordar denuncias de asalto sexual en las Universidades a menudo son «incompatibles» y «confusas»

Noticias

Oceanía/Australia/abc.net.au

Una serie de informes mordaces han llamado la atención sobre las  políticas y prácticas inadecuadas para responder a las denuncias de los estudiantes de violación, intento de violación y/o asalto sexual en las universidades australianas.

En un informe de 2017 para la Comisión de Derechos Humanos de Australia , el grupo de defensa, Violación End en el Campus (EROC) Australia, señala el alto número de agresiones sexuales que se producen contra los estudiantes universitarios australianos – tanto dentro como fuera del campus.

A pesar de que actualmente no hay estadísticas fiables sobre las tasas de victimización de la violencia sexual en las universidades australianas, las cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) en términos más generales informan  que 1 de cada 5 mujeres han experimentado violencia sexual desde la edad de 15, en comparación con el 1 en 22 hombres .

¿Cómo las universidades abordan el tema?

Mucha preocupación se ha expresado acerca de las maneras en que los informes de violencia sexual son procesadas por las universidades australianas.

La respuesta a asalto sexual en el campus no es dar mejores clases de autodefensa, escribe Nina Funnell, es abordar el desarrollo de mejores actitudes sobre el tema.

En un caso notorio en 2015 , James Cook University fue criticado por la promoción de un funcionario que había sido acusado de violar a una estudiante indígena, que luego se mantuvo empleado durante tres meses después de que se había declarado culpable y estaba a la espera de sentencia.

Un portavoz de la universidad al respecto señaló: «En el momento en que asumió el nuevo cargo, a principios de 2016, la universidad no estaba al tanto que había sido acusado de delito».

JCU ya ha encargado una investigación externa e independiente para confirmar la cronología de los eventos y las acciones que se tomaron dentro de la universidad.

En 2016, el programa Noche de Canal 7  informó tasas de asalto sexual y el acoso en las universidades australianas a través de programas para la libertad de información (FOI), que muestran que en los últimos cinco años, ha habido 575 quejas oficiales de asalto sexual y el acoso grabada (145 informa específicamente sobre la violación). Sin embargo, de 575 informes, sólo seis de ellos produjo la expulsión del autor del hecho punible de la universidad.

El manejo inadecuado de estos casos contribuye al subregistro, independientemente de que la violencia ocurre dentro o fuera del campus, motivo por el cual pocos estudiantes reportan formalmente agresiones sexuales

En 2016, la Universidad de Sydney encontró que sólo el 1 por ciento de sus estudiantes que habían sufrido un asalto sexual o indecente  ha informado oficialmente del caso a su universidad.

La encuesta de la Unión Nacional de Estudiantes administrada desde el 2015 informa asimismo que sólo el 6 por ciento de las víctimas reportaron el incidente a sus universidades, y menos del 5 por ciento reportó el incidente a la policía.

Estas cifras no son quizás sorprendente, ya que las víctimas de violación están entre las víctimas del crimen que menos probabilidades tienen de informar a la policía, ya que algunos estudios revelan que entre el 15-20 por ciento de los sobrevivientes terminan haciendo una queja formal a la policía.

Universidades aconsejan sobre ‘cómo no violó’

El informe EROC Australia también señala un abordaje inadecuado por parte del personal de la universidad en el apoyo a sobrevivientes de violencia sexual.

Estos podrían incluir declaraciones acusatorias, cuestionamiento inapropiado sobre los detalles del asalto, la minimización, la culpa, identificando posibles responsabilidades del sobreviviente en el hecho, y extralimitandose en los límites de apoyo emocional.

De acuerdo con uno de los sobrevivientes: «La primera persona resaltó lo mucho que había estado bebiendo preguntó. La segunda persona me dijo que iba a arruinar mi vida. La tercera persona dijo que no era un problema de la universidad. La cuarta persona me dijo que le preguntó por qué había esperado tanto tiempo para decirle a nadie.»

También hay preocupación por los consejos de seguridad de la universidad que «a menudo emplean mitos » peligro de los extraños, se centran en gran medida en el consumo de alcohol, y no abordan de forma colectiva las creencias peligrosas sobre el género».

Por ejemplo, las universidades aconsejan a los estudiantes a «no dar mensajes mixtos» con el contacto visual, la voz, la postura y los gestos. También se recomienda a los estudiantes a caminar en áreas bien iluminadas, llevar a alarmas personales y silbatos «violación» y «estar preparado para gritar y gritar si es atacado».

El problema es que estos mensajes de prevención están dirigidos a las que la víctima y lo que él o ella puede hacer para evitar ser violada, más que el perpetrador.

El peligro de este consejo es que muchos de los supervivientes pueden desistir de la presentación de informes ya que pueden sentir que están en falta, o que lo que pasó con ellos en realidad no cuenta como «violación», sobre todo si el agresor es una persona conocida.

¿Es esta una responsabilidad de la universidad?

Las universidades australianas tienen un mosaico de políticas y prácticas para responder a los informes de violencia sexual.

De acuerdo con EROC Australia :

«Las políticas y procedimientos de las universidades australiana con respecto  asalto sexual y el acoso son a menudo confusas e inconsistente, incompletas, o en algunos casos inexistente.» «Esto significa que es extremadamente difícil para los estudiantes que han sido agredidas sexualmente identificar dónde pueden obtener ayuda en la universidad, que pueden reportar sobre el asalto, y cuáles son los procedimientos para dejar sentado la queja formal».

Las políticas y los procesos de información varían entre las diferentes universidades australianas.

Algunas universidades requieren que todos los informes de violación y asalto sexual son reportados a la policía, que podrían ser directamente contra los deseos de los sobrevivientes. En otros casos, un sobreviviente quiere que el incidente sea reportado a la policía, pero se ha desalentado, ya sea formal o informal para hacerlo. Algunas universidades aconsejan a los sobrevivientes a reunirse de manera informal con el agresor.

Al respecto el líder adjunto de Trabajo dijo que es «desgarrador» que poco ha cambiado desde que estaba en la universidad. En todas las universidades australianas, los sobrevivientes tienen la opción de pasar por un proceso interno que investiga una supuesta violación del código o código de conducta de disciplina de la institución, a menudo a través de invitar al estudiante a presentarse ante un panel a declarar.

Una investigación interna no puede implicar pruebas forenses y un agresor no puede ser privado de su libertad. Sin embargo, un presunto agresor puede ser amonestado, suspendido, expulsado o despedido de la universidad si el panel decide sobre el «balance de probabilidades» de que el acto tuvo lugar. Si se realiza adecuadamente , estos procedimientos internos pueden asegurar la equidad tanto a los supervivientes y de los presuntos autores.

Las universidades también pueden aplicar medidas provisionales para excluir a un presunto agresor del recinto de la universidad en espera del resultado de un proceso formal de quejas.

En general, el informe EROC Australia critica los «resultados inapropiados» y «sanciones leves» que las universidades imponen a los autores de las investigaciones internas.

Los datos revelan que los castigos han participado de diversas maneras: multas, servicio comunitario, cartas de disculpa, o en movimiento al agresor a una sala residencial diferente. En otros casos, el autor recibió una advertencia formal o una «nota en el expediente».

¿Qué pueden hacer mejor las universidades?

Por encima de todo, las universidades tienen que adoptar un enfoque proactivo para la lucha contra la violencia sexual en el campus. Las recomendaciones incluyen:

  • Políticas institucionales claras y coherentes sobre la manera de responder a, e informar sobre las divulgaciones de la violencia sexual, con independencia de que el incidente se produjo en el campus y con independencia de que el autor era un estudiante o miembro del personal de la Universidad. Estas políticas deben ser informados por trauma y sobreviviente-céntrica.
  • Una persona designada (o equipo) con conocimientos especiales sobre la violencia sexual y que se pueden llevar a cabo las investigaciones internas.
  • Formación obligatoria de los consejeros universitarios en respuesta a las revelaciones de asalto sexual; y capacitación para ayudar a los líderes de los estudiantes y el personal de apoyo que se entrega por servicios de expertos cualificados.
  • Circuitos de derivación claras, que incluye el conocimiento de los servicios locales externos y una serie de diferentes opciones para los sobrevivientes.
  • La presentación de datos transparentes y accesibles al público.
  • La eliminación de los tiempos de presentación de informes / alojamiento para los procesos internos de conducta indebida.
  • Mayor comunicación con todas las partes acerca de los procesos y los resultados.
    asesoramiento adecuado y la información a los sobrevivientes a través de un sitio web completo y el trauma-informados.
  • Campañas de prevención primaria que: foco en el consentimiento y relaciones de respeto; dar a conocer la naturaleza, el alcance y la prevalencia de la violencia sexual (tanto dentro como fuera del campus); y promover la intervención de los espectadores proactivo para desafiar los comportamientos y actitudes problemáticas.
  • Apoyo de nuevas investigaciones sobre la violencia sexual.

Estas estrategias contribuirán a disminuir las tasas de delincuencia, brindar mayor información sobre las víctimas y una mayor transparencia para las universidades. EROC Australia también recomienda que se creen normas nacionales para obtener mejores respuestas prácticas a la violencia sexual.

Esto es junto con el establecimiento de un mecanismo de denuncia nacional en el que un individuo puede quejarse a una agencia federal sobre las respuestas inapropiadas a la violación, asalto sexual y el acoso sexual por parte de su universidad.

Si usted o alguien que conoce está afectado por la violación o asalto sexual, llame al 1800 al 1800 RESPECTO 737 732 o visite www.1800RESPECT.org.au . En caso de emergencia, llame al 000.

El Dr. Henry Nicola tiene más de 18 años de experiencia en la investigación sobre la violencia sexual en los dos ámbitos de la justicia penal internacional y nacional, y más ampliamente enseña e investiga temas relacionados con la justicia social.

Fuente: http://www.abc.net.au/news/2017-03-01/university-sex-assault-policies-often-inconsistent-confusing/8314964

Comparte este contenido:
Leer más »

Legislative Change Needed to End Child Marriage in Indonesia

Noticias

Asia/Indonesia/Jack Britton

Resumen: El Presidente Joko «Jokowi» Widodo se reunió con representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Internacional de Emergencia, comúnmente conocido como Unicef, el lunes (27/02), tras su regreso de Australia. Marta Santos Pais, representante especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños, también asistió a la reunión, en la que planteó el delicado tema del matrimonio infantil con el líder de Indonesia. Santos País elogió a Indonesia por sus esfuerzos para aumentar la protección de los niños contra la violencia sexual durante la reunión de alto nivel. Sin embargo, también explicó que el matrimonio infantil en Indonesia sigue siendo un problema, con casi el 25 por ciento de las niñas de Indonesia que se casan antes de la edad de 18 años. Los datos publicados por UNICEF indica que en algunas zonas de este número es aún mayor, con las tasas de matrimonio de niñas menores de edad en ciertas provincias llegando tan alto como 36 por ciento. Estadísticamente, alrededor de 1.000 niñas se casan todos los días en Indonesia, lo que significa que la nación tiene una de las tasas de matrimonio infantil más alarmantes en la región de Asia y el Pacífico. Debido a la extendida práctica de Siri nikah – matrimonios que no están registradas o reconocidas por el estado – las cifras exactas sobre el matrimonio infantil en el país siguen siendo difíciles de determinar.

Jakarta. President Joko «Jokowi» Widodo met with representatives of the United Nations International Children’s Emergency Fund, commonly known as Unicef, on Monday (27/02) following his return from Australia.

Marta Santos Pais, special representative of the UN Secretary General on Violence Against Children, also attended the meeting, where she raised the sensitive topic of child marriage with the Indonesian leader.

Pais praised Indonesia for its efforts to increase protection for children against sexual violence during the high-level meeting. However, she also explained that child marriage in Indonesia remains a problem, with nearly 25 percent of Indonesian girls marrying before the age of 18.

Data released by Unicef shows that in some areas this number is even higher, with the marriage rates of underage girls in certain provinces reaching as high as 36 percent.

Statistically, around 1,000 girls are married every day in Indonesia, which means the nation has one of the most alarming child marriage rates in the Asia-Pacific region. Because of the widespread practice of nikah siri – marriages that are not registered or recognized by the state – the exact figures on child marriage in the country remain hard to ascertain.

Poverty, culture and religion are all elements that contribute to the widespread practice, one that has unfortunately found support from some of the decision makers.

In 2015, Indonesia’s Constitutional Court refused to raise the legal marriage age to 18 during a judicial review of the 1974 Marriage Law. That decision will no doubt increase the number of child brides throughout the archipelago. Ironically, the court reached its decision amid a global campaign to end child marriage.

The current Marriage Law sets the minimum age for girls to marry at 16. The law also includes a clause that allows girls under the age of 16 to marry, if their parents obtain a dispensation from the local Religious Court.

These dispensations are in large part granted to families who do not wish to live with the perceived shame of having an unwed, pregnant daughter. Dispensations are also often extended to families who only suspect their daughters of engaging in sexual relations.

Unplanned pregnancies are a driving force behind child marriage, and unfortunately these are largely caused by cultural and religious taboos against sex education and the use of contraceptives.

One of the many tragic results borne out of the high frequency of child marriages and child pregnancies in Indonesia is the striking maternal and infant mortality rates.

Poverty and a lack of adequate sex education are both causes and effects of child marriage that, when coupled with family and communal traditions, result in a dangerous cycle of poverty and suffering for the young women involved.

A 2016 report by Unicef notes that girls who are married are 11 times less likely to be enrolled in school when compared to unmarried girls of similar age.

The National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) has stated that child marriage is a form of gender-based violence. As the commission’s deputy chairwoman, Yuniyanti Chuzaifah, once said: «The state, by continuing to permit child marriage in Indonesian society, is failing to uphold the rights of girls, the same rights that the state has committed to protect by signing various international human rights treaties.»

Education Minister Muhadjir Effendy, who accompanied Jokowi during Monday’s meeting with Unicef, explained that the government will use its 12-year compulsory education program to try to prevent child marriages by keeping children in school.

Along with ensuring that children finish their schooling, the government should also move to enact legislative change and engage in public campaigns to tackle the disturbing prevalence of child marriage in Indonesia.

Jack Britton is a writer and volunteer with Komnas Perempuan in Jakarta. The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official position of Komnas Perempuan.

For inquiries, contact: jackbritton@live.com.au or jackbritton@support.komnasperempuan.go.id

Fuente:

Comparte este contenido:
Leer más »

Europa: Educadores siguen oponiéndose al CETA

Noticias

Europa/PrensaIE

Después que el Parlamento Europeo votase a favor del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea, los educadores continuarán oponiéndose a este tratado que amenaza con erosionar la educación pública.

Aunque el Parlamento Europeo aprobó el 15 de febrero el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG, más conocido como CETA por sus siglas en inglés) entre Canadá y la Unión Europea, el acuerdo aún tendrá que recorrer un tortuoso camino hasta que los 38 parlamentos nacionales o regionales de los Estados miembros se decidan a ratificarlo.

No obstante, pese a que el CETA requiera aún la ratificación de esos parlamentos nacionales y regionales, gran parte del contenido del acuerdo será provisionalmente de aplicación a partir del 1 de abril de 2017.

Preocupaciones sindicales

Las Federaciones Sindicales Europeas, incluido el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE), región europea de la Internacional de la Educación, habían instado a los miembros del Parlamento Europeo a no ratificar el CETA durante la votación en plenaria el 15 de febrero. Las preocupaciones del movimiento sindical siguen siendo las mismas pese al resultado de la votación:

• Los servicios públicos están incluidos en el CETA, mientras que haría falta que queden explícitamente excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo

• El enfoque de ‘lista negativa’ para los compromisos respecto a servicios y la inclusión de mecanismos de ‘moratoria’ y de ‘trinquete’. Estas cláusulas servirán para fijar la liberalización presente y futura, limitando por lo tanto cualquier futuro esfuerzo por parte de los Gobiernos para ampliar la regulación o volver a nacionalizar servicios, incluso en aquellos casos en que las liberalizaciones del pasado hayan demostrado ser un fracaso y cuando redunde en bien del interés público retomar la prestación pública de dichos servicios

• Restricciones en cuanto a las obligaciones de servicio universal en las empresas de servicios públicos, pese a que dichas obligaciones resulten necesarias para garantizar a los ciudadanos el acceso universal a los servicios públicos

• El Sistema de Tribunales de Inversiones contiene disposiciones para la protección de las inversiones de amplio alcance.Los inversores tendrán derechos especiales frente a otros grupos de la sociedad, pudiendo demandar a los Gobiernos por políticas que amenacen sus beneficios o intereses comerciales

• Deficientes disposiciones en cuanto a derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores/as.

Las exenciones no están claras

Específicamente en cuanto a los servicios públicos, las Federaciones Sindicales Internacionales subrayan que aunque “los Anexos del CETA incluyen una serie de limitaciones para la salud pública, la educación y otros sectores de los servicios públicos, estas limitaciones solo proporcionan un escudo limitado para los servicios públicos, al estar delimitados por la llamada ‘financiación pública’, un término que no está comprendido en las disposiciones del Tratado de la UE”.

Subrayan que no se establece una línea clara entre los servicios financiados o prestados por instancias públicas o privadas, y sigue sin estar claro hasta qué punto se aplicarían estas excepciones partiendo de dicho término. En su opinión, una excepción adecuada abarcaría los servicios públicos independientemente de cómo estén financiados y suministrados, y debería favorecerse la protección del ‘interés general’.

“La UE y sus Estados miembros están abriendo efectivamente la puerta a los prestadores con fines de lucro extranjeros y están ampliando nuevos derechos a los inversores privados, que van más allá de cualquier compromiso comercial”, recalcan.

Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/4285

Imagen tomada de: http://www.commondreams.org/sites/default/files/styles/cd_large/public/views-article/ceta_global_justice.jpg?itok=WKamhEia

Comparte este contenido:
Leer más »

España: Reconocen 45 experiencias de calidad en centros educativos de Castilla y León

Noticias

España/03 de marzo de 2017/Autor: EFE/ Fuente:La Vanguardia

La Junta de Castilla y León ha premiado 45 experiencias de calidad de centros educativos de la Comunidad desarrolladas durante el curso 2015-2016 en las cuatro modalidades que abarcan los galardones, han informado hoy fuentes de la Consejería de Educación en un comunicado.

De las 45 distinciones de calidad, quince se incluyen en el apartado de centros premiados por su plan en este ámbito, doce en el de mejores programas, otros diez en las mejores iniciativas y las ocho restantes en mejores prácticas.

De los centros premiados, cada provincia castellano leonesa cuenta con cinco reconocimientos y, del total, veintinueve pertenecen al ámbito urbano y dieciséis a la zona rural.

Por etapas educativas, trece son Institutos de Secundaria, servicios educativos y centros de Enseñanza de régimen Especial, veintidós trabajos pertenecen a colegios de infantil y primaria y Educación Especial y diez corresponden a experiencias de centros privados concertados.

Los galardones pretenden premiar a los colegios institutos y servicios educativos, además de los Centros de Formación e Innovación Educativa, por su trabajo en el ámbito de calidad .

Para fomentar el desarrollo de experiencias de este tipo, la Junta desarrolla el Programa de Mejora de la Calidad Educativa, que fomenta la implantación de mejoras en los centros y servicios educativos en este área.

Fuente de la Noticia:

http://www.lavanguardia.com/politica/20170301/42418091893/reconocen-45-experiencias-de-calidad-en-centros-educativos-de-castilla-y-leon.html

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 4232 of 6179
1 … 4.230 4.231 4.232 4.233 4.234 … 6.179