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Si se pretenden alcanzar las metas y propósitos que la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) persigue, la educación debe ocupar un rol central y prioritario en las políticas de cooperación de los donantes. La educación no solo constituye un derecho humano fundamental y uno de los 17 objetivos recogidos específicamente por esta agenda (el ODS 4), sino que además presenta claros efectos multiplicadores para lograr avances en otros ámbitos del desarrollo, como la pobreza, la salud o la desigualdad. Para transitar hacia nuevos modelos de desarrollo sostenible, tal y como exige la nueva agenda, la educación resulta la herramienta básica desde la que poder dotar a las personas y sociedades de las capacidades y aptitudes necesarias para ello.

El fortalecimiento y consolidación de los sistemas educativos debiera suponer uno de los ámbitos de trabajo preferentes de las políticas de ayuda, habida cuenta de que muchos países receptores encuentran todavía serias dificultades para acumular los recursos -ya sean financieros, técnicos o institucionales- necesarios para lograr este objetivo. Una brecha que sigue resultando especialmente marcada en ámbitos específicos como la educación básica que, lejos de situarse entre las prioridades de los donantes, ha perdido peso en los últimos años entre los principales sectores destinatarios de la ayuda al desarrollo.

De ahí la relevancia y pertinencia de someter a examen la ayuda que España dedica a educación, tal y como indica el título del informe recientemente publicado por ALBOAN, Entreculturas y la Fundación ETEA (www.ayudaeneducacion.org). Por un lado, el informe muestra un panorama bastante sombrío, especialmente en el marco de los fuertes recortes experimentados por el conjunto de la ayuda española en los últimos años, que además fueron más abruptos en el caso específico de la dirigida a educación: si entre 2008 y 2015 el presupuesto total de la ayuda española se redujo un 65%, la dedicada específicamente a educación se recortó un 90%, pasando en esos mismos años de 354 a 34 millones de euros.

 

Por otro lado, sin perder de vista esta negativa tendencia y el incierto contexto actual que ha generado, el informe recoge algunos elementos que deberían servir de estímulo para que la cooperación española, desde una visión estratégica y comprometida con los ODS, renueve su apuesta por la educación en los próximos años. En buena parte de los socios prioritarios de la cooperación española, ubicados fundamentalmente en América Latina, persisten retos claramente ligados a la calidad educativa y al aprendizaje, tal y como recoge el ODS 4. A la vez, se observa que la mejora de los sistemas educativos en estos países podría desempeñar un rol crucial para superar algunos de los problemas estructurales que suelen presentar estos países, tales como la elevada desigualdad, la debilidad institucional o los relativos a la transformación productiva.

En definitiva, España debe reconstruir su política de ayuda al desarrollo y establecer un calendario de incremento gradual de su presupuesto si quiere desempeñar un rol significativo en el escenario internacional en la consecución de los ODS. En este eventual contexto, la educación debiera ocupar un rol central entre las prioridades y ámbitos estratégicos de trabajo que defina la cooperación española para los próximos años. Un objetivo especialmente pertinente y necesario en un mundo tan complejo y cambiante como el que nos rodea.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/02/20/3500_millones/1487577398_531854.html