University vice chancellors in Australia warn that US President Donald Trump’s executive order – which temporarily bans those from seven countries from entering the US – will threaten the globally connected academic community.
Trump has placed a 90-day ban on those from Iraq, Iran, Syria, Yemen, Sudan, Libya and Somalia from entering the US.
“How can it be that the US, which has countless Nobel Prize winners and top universities of the calibre of Harvard, Stanford and Yale, might suddenly bar the world’s best and the brightest from entry – or worse, re-entry – into its classrooms and laboratories?” said Ian Jacobs, Vice Chancellor of the University of New South Wales.
Of the 350 Nobel Prize winners in the US, more than 100 have been immigrants.
“The world badly needs collaborative university research between nations.
«The best universities have always opened their doors to talent from anywhere in the world, and the US has been a massive beneficiary of that spirit, which encompasses not only academic ability with entrepreneurial drive, but also a strong belief that higher education and research are bulwarks against ignorance, intolerance and inequality,” Jacobs added.
Peak body Universities Australia has also issued a statement about its concerns for the longstanding ties between universities in Australia and the US, and the tradition of student and staff exchanges.
Universities Australia Chief Executive Belinda Robinson said: “The ban has the potential to adversely affect research collaboration, academic conference participation, student exchange programs and postdoctoral work.
«Collaboration is the lifeblood of world-leading university research and is vital to the economies and societies of both of our nations,” she said.
The executive order may also mean that scholars from these seven countries, who are based in the US, and then visit Australia to collaborate on research, would not be able to return to the US, Robinson added.
Jane Den Hollander, Vice Chancellor of Deakin University, has asked staff and students who are connected to any of the seven countries to not travel to the US.
“Over 1,000 years of academic freedom to travel and exchange ideas, and a grand tradition of the free exchange of knowledge is being compromised,” said Hollander. “I wonder who this benefits,” she added.
Steve Chapman, Vice Chancellor of Edith Cowan University said the ban was a serious threat to the academy, and expressed concerns that some of his international staff would be prevented from presenting at conferences in the US. The impact, he said, would be similar for every university.
He also said the ban might have some unintended beneficial outcomes for Australia.
Prospective students from any of these banned countries who are now uncertain about going to study in the US – and who want an English-speaking education – might turn their thoughts to studying in, for example, Canada and Australia, Chapman said.
The peak bodies representing universities in America and Canada have also issued statements condemning the ban.
The Association of American Universities has called for its reversal, saying that the ban threatens to cause “irreparable damage” to the academic reputation of the US.
Over 20,000 US faculty members and 51 Nobel Laureates have signed a petition voicing concern and urging Trump to reconsider the executive order on immigration.
And more than 5,000 academics from across Europe, Asia, Australia, Canada, South America, Africa and the Middle East have signed an open letter calling for a boycott of international conferences held in the US while the travel ban is in place.
América del Norte/México /03 de febrero de 2017/Fuente y autor Lilia M.Partida Flores. CNTE.
Continuando con el análisis sobre la desnacionalización de nuestra Carta Magna plasmados en los cambios a los Artículos 3 y 73, las modificaciones a la Ley General de Educación (LGE), y la implantación de la regresiva Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la suprema Ley Nacional de Evaluación Educativa (LNIEE), se proseguirá con la LGE.
La inicial LGE fue dictaminada en el periodo del presidente Salinas de Gortari el 11 de julio de 1993, y enmendada por los subsecuentes gobernantes. Su último cambio se realizó el 11 de septiembre de 2013 para dar operatividad a la oficial reforma educativa, se realizaron cambios y adiciones en varios artículos. A continuación se señalan algunos:
En su Artículo 2° “todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad” y el artículo 3° que señala la “obligación del Estado a prestar servicios educativos de calidad”, desde el preescolar hasta la media superior.
Artículo 6°, menciona que la educación será gratuita pero a su vez incluye, “la donación o cuotas voluntarias”, mismas que en la realidad son prácticamente obligatorias, más altas o bajas según donde se ubique el plantel. Los padres también participaran las cooperaciones “voluntarias” de numerario, bienes y servicios hechas por las asociaciones a la escuela, Artículo 67.
La calidad señala en su Artículo 8°. Fracción IV, será “conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad”, y es el INEE, indica en el artículo 11° la institución que evaluará los resultados y coordinará el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
El Artículo 12°, consta de catorce fracciones sobre las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa, entre las cuales se encuentra el mandatar que en las escuelas básicas y normales los planes y programas de estudio deberán ser acordes al marco de educación de calidad; el formular programas para la gestión escolar; consolidar el Sistema de Operación y Gestión Educativa y fijar lineamientos para la autonomía de gestión escolar, así como, el realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional atendiendo las directrices emitidas por el INEE.
En el Artículo 24 Bis, indica que la SEP señalará los lineamientos para “el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela” que “cumplirán los criterios nutrimentales”, con la prohibición en las escuelas de alimentos que no favorezcan la salud.
La venta de estos productos no se ha regulado y la violación a la ley en este aspecto es mayúscula. La organización El Poder del Consumidor ha denunciado su incumplimiento y señalado que se continúa vendiendo comida chatarra en presentaciones especiales – para cumplir tramposamente lo reglamentado-, con ayuda de Pepsico, Cocacola o Bimbo.
La desnutrición, anemia, diabetes infantil y sobrepeso se ha incrementado. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. La publicidad en los medios de difusión masiva es determinante del gusto y elección, la escuela lo refuerza al poner al alcance de los niños estos productos de los que son consumidores cautivos. El 70 % de los padres de familia considera que el prohibir alimentos chatarra propiciará que se consuman menos[1]. En 2017 sigue sin cumplirse la regulación al respecto.
En cuanto a la autonomía de gestión de las escuelas en su Artículo 28 bis se indica que toda autoridad ejecutará programas y acciones para fortalecerla. Esta autonomía se dirige a la inclusión de padres de familia, para compartir responsabilidades en la mejora de infraestructura o compra de materiales, es la forma progresiva hacia el deslinde de las obligaciones del Estado y hacia la privatización. Esta reforma sigue los lineamientos del Banco Mundial, que recomienda compartir costos con familias y comunidades así como el uso múltiple de los locales escolares.
Una muestra de las acciones ejercidas en cumplimiento a lo mandatado en este Artículo es la Guía básica para colaborar voluntariamente en acciones de mantenimiento escolar del estado de Campeche[2], donde se promueve el dar a los hijos educación de calidad enseñándoles a mantener y conservar su escuela, así como, promover valores para la convivencia democrática y la responsabilidad. El documento orienta para la formación de comisiones de mantenimiento como limpieza de tinacos, cisternas, vidrios o pisos, pintura, jardinería, impermeabilización, y para la reparación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, etc., a cargo de la comunidad escolar.
El Artículo 29 mandata al INEE la evaluación del Sistema Educativo Nacional (SEN) de acuerdo con los lineamientos que expida en acuerdo con las demás autoridades educativas. Es importante señalar que el SEN se integra por las instancias referidas en el Artículo 10° de la LGE mismo que en su fracción VII incluye a “las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”. Al respecto el Dr. Hugo Aboites ha analizado las implicaciones de la reforma educativa a este nivel.[3]
Para los Artículos 65 y 69, se señala en el primero los derechos de los padres de familia, como es el conocer “la capacidad profesional” y los resultados obtenidos por los docentes en las evaluaciones; conocer los resultados a nivel escuela; presentar quejas y opinar a través de los Consejos de Participación, que se integraran, señala el segundo artículo referido, por los padres y sus asociaciones, maestros, directivos, representantes sindicales, exalumnos y demás interesados.
En el Artículo 72, la LGE indica que la SEP promoverá el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como “instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información”, en la que estarán integrados los participantes mencionados a nivel escuelas, pero además otras “organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en educación”, con lo cual se avala que organizaciones como Compromiso Social por la Calidad de la Educación o Mexicanos Primero participen abiertamente, con voz y voto en el diseño de la educación nacional.
Esta LGE deroga en su 2o. Transitorio todo lo que se le oponga, por lo mismo todos los derechos previamente adquiridos son anulados por decreto.
En la necesidad de socializar los cambios constitucionales y las leyes secundarias que sustentan la oficial reforma educativa y lo que representa la Iniciativa Ciudadana para la Educación Pública para todas y todos, se proseguirá con el análisis de la LGSPD, ley punitiva y regresiva por antonomasia.
[1] Encuesta Nacional de Obesidad 2015, Alianza por la Salud Alimentaria de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y El Poder del Consumidor.
[2] Guía básica para colaborar voluntariamente en acciones de mantenimiento escolar. Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche. 2014-2015.
[3] Aboites Hugo, La reforma educativa: también contra los universitarios. La Jornada, pp.31, 30 de noviembre de 2013.
América del Sur/Paraguay/ 3 de febrero de 2017/Fuente: hoy.com
Los docentes continúan firmes a su postura y exigen un reajuste salarial para poder iniciar las clases el próximo 23 de febrero y no ir a una huelga.
Mediante una conferencia de prensa, el presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) Marcos Marecos, anunció que seguirán negociando hasta llegar a un acuerdo de reajuste salarial.
Para la próxima semana el ministro de Educación Enrique Riera, tendrá una reunión con el representante de los directores, los 250 intendentes, 17 gobernadores y la Sociedad Civil en el Teatro Municipal, con el fin de explicar como serán reparadas las escuelas.
También los maestros se reunirán con representantes del Ministerio de Hacienda para analizar los números y no ir al paro.
Los mismos proponen se aplique el reajuste del 7,7% y se firme un acuerdo para que en julio de este año se realice el complemento.
América del Sur/Argentina/3 de febrero de 2017/Fuente: la nación
Se acerca el comienzo de las clases y vuelven las amenazas de paro, convirtiendo a alumnos y padres en rehenes de la disputa gremial.
Con la cantidad de tinta dedicada a delinear el preocupante y doloroso estado de la educación argentina, no quedan dudas respecto de los problemas que asociadamente atraviesa el gremio docente. Se suma que este sector no escapa a las generales de la ley que rigen al sindicalismo nacional en su conjunto y que, salvo honrosas excepciones, flaco favor les hacen a los trabajadores.
Cuando los niños aún disfrutan de sus vacaciones, de cara al comienzo de las clases, confirmado para el 6 del mes próximo en la provincia de Buenos Aires, la pulseada ya comenzó. Hablamos de un ríspido asunto que enfrenta estacionalmente a docentes y gobierno y que siempre toma de rehenes a los escolares.
En los últimos años, en todo el país, viene aumentando el pase de estudiantes de instituciones públicas a privadas, incluso entre familias con recursos exiguos. En gran parte, ello se debe a los paros sindicales, con su consecuente ausentismo docente, fomentados por gremialistas como Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), y Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Es paradójico que estos líderes sindicales, que tanto dicen defender la escuela pública, estén virtualmente conduciendo a la privatización del sistema de educación con su proceder.
Baradel, del reclamo parcial a la extorsión permanente. Foto: Archivo
Más de una década de populismo degradó gravemente la educación pública. La pérdida de días de clase, la baja calidad de la educación, que revela que más del 60% de los estudiantes no reúnen las condiciones mínimas para desempeñarse en la vida adulta, sumadas la deserción y la repitencia escolar, son desafíos que debiéramos encarar, aunadamente, padres, docentes, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa y empresarios, entre otros actores.
Los padres que entregan por tantas horas a sus hijos y están dispuestos a colaborar para su mejor educación ¿pueden razonablemente confiar en que la salida a los problemas sea el combate abierto que plantea Baradel, con su secuela de paros y acortamiento del calendario escolar ya bastante raleado? El reclamo salarial es sólo una de las patas del grave problema que enfrenta nuestra educación.
Resulta llamativa la impunidad con la que habla y se mueve este representante gremial que, como tantos otros, hace de esa representación una actividad casi vitalicia. Son los que suelen exigir cambios a los gobernantes, incluso a veces hasta reclaman sus renuncias, pero ellos se mantienen por décadas en la cúpula del poder sindical, suprimiendo cualquier oposición y trabando eventuales renovaciones de cuadros. La vida ostentosa de muchos de los personajes que integran nuestra burocracia sindical no puede justificarse. En el caso del gremio docente, los cargos deberían ser rentados con un sueldo por las funciones gremiales que fuera igual a lo que gana, por ejemplo, un maestro con 10 años de antigüedad al frente de un grado y no superar un lapso razonable en la función sindical, con cargos revocables y veedores que controlen las arcas para defender las elevadas cuotas sindicales pagadas, precisamente, por los propios docentes con sus magros salarios.
Allá por 1997 Baradel fue pionero de la Carpa Blanca, aquel campamento instalado por docentes frente al Congreso en reclamo de una ley de financiamiento educativo. En 2014, más de tres millones de estudiantes bonaerenses quedaron sin clases cuando los maestros pedían a través de él un aumento del 35% y ponían en jaque al gobierno de Daniel Scioli. Su propia carrera «docente» ronda los 25 años, pero hay que destacar que sólo estuvo al frente de un aula por poco tiempo, en la escuela Villa Urbana, de Lomas de Zamora. Fue delegado del Suteba, que dependía de Ctera, en Lanús. Al recibirse de abogado, ganó posiciones en Suteba, entidad que agrupa al 60% de los docentes bonaerenses, de la mano de Hugo Yasky, quien le dejó su puesto de conducción en 2004, cuando él pasó a Ctera. Ganó las elecciones internas de 2010 y 2013 y reúne varias funciones gremiales, aunque la principal sigue siendo, evidentemente, la de «agitador».
Vocero de demandas salariales o laborales, involucrado siempre en disputas gremiales o político-partidarias, arrastra también a su tropa por insólitas cuestiones, como la movilización de 2005 en rechazo a la visita del presidente norteamericano con motivo de la Cumbre de las Américas, que significó otro día de clase perdido para los alumnos.
Desde fines del año pasado, los docentes vienen exigiendo la reapertura de paritarias. «Si no hay paritaria nacional, habrá conflicto (…) no vamos a aceptar que nos pongan un techo a la paritaria», amenazaba Baradel, quien convocó para hoy a una marcha en todo el país.
La gobernadora María Eugenia Vidal, acusada por los gremialistas de incumplir la cláusula de reajuste salarial por inflación, respondió indignada: «Hacen política con la educación y los chicos. Esperaba más de Baradel», y citó a los representantes sindicales a una mesa de negociación para el lunes próximo. El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sostuvo con acierto que los adultos deben discutir las problemáticas con los chicos dentro de las aulas, advirtiendo también que en una provincia claramente quebrada no se puede ofrecer lo que no se puede pagar, en relación con el reformulado piso del 35% que reclaman los docentes frente al 18% con que se cerró la paritaria con estatales bonaerenses para este año.
Frente a estos sistemáticos manejos extorsivos, si Mauricio Macri o Vidal presionan con descontar los días de huelga a los maestros, se los acusa de ser autoritarios, pero nada es más autoritario que cerrar las aulas y mantener al alumnado y a sus padres como rehenes de la disputa.
El sindicalismo tiene un rol fundamental, como defender las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, pero también debería interesarse por la productividad e impacto de esos salarios, medidos en términos del aprendizaje de los estudiantes, los niveles de graduación, la posibilidad de continuar estudios superiores y de acceder a una salida laboral. Es éste otro importante debate que habría que priorizar durante las agitadas semanas de paritarias docentes.
La ley de educación nacional de 2006 estableció que «la educación es una prioridad» en todo el país y que se «garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender» sin por ello prohibir el derecho de huelga de los docentes, pero sí reglamentándolo adecuadamente como en el caso de otros servicios públicos esenciales que no pueden dejar de prestarse.
Cabe recordar que a fines del ciclo lectivo 2016, el ministro de Educación de la Nación, dijo a este diario que ya es hora de dar el debate sobre el papel de la huelga docente.
El ámbito para la política partidaria es muy distinto. No se puede permitir la extorsión de pretender hacer pagar a los chicos por los desacuerdos con el gobierno de turno. Es de esperar que la sensatez de los trabajadores de la educación pueda ganarle a la conducta de muchos de sus dirigentes sindicales, reclamando creativa e innovadoramente, sin afectar los días de clase, con marchas a contraturno, en días feriados u otras que seguramente generarán mayores simpatías y apoyos. Y que las máximas autoridades cumplan con el compromiso anunciado de priorizar la educación y sumar, para ello, medidas concretas dirigidas a brindar mayor bienestar y calidad de preparación a los docentes.
Transitamos este tiempo deseando que sea un momento bisagra que nos permita proyectarnos hacia un futuro en el que la educación funcione como instrumento para el desarrollo y la superación de toda forma de exclusión; una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
América del Sur/Chile/3 de febrero de 2017/Fuente: eldinamo
La mejora de las futuras condiciones de desarrollo profesional, el aumento de las exigencias para el ingreso a las carreras de pedagogía y, a su vez, la obligación de las universidades de acreditarse para poder impartirlas, ha motivado a muchos de los estudiantes de excelencia a seguir su vocación y convertirse en profesor.
Las noticias que hemos conocido estos días sobre las postulaciones de los jóvenes a la educación superior han revelado el creciente interés que despierta la pedagogía en los aspirantes a una carrera universitaria. Probablemente en Chile hasta ahora ha habido una cantidad significativa de egresados de enseñanza media que, teniendo una gran vocación por la pedagogía, optaron por algo que rindiera mayores créditos económicos y tuviera una más alta valoración social.
La mejora de las futuras condiciones de desarrollo profesional, el aumento de las exigencias para el ingreso a las carreras de pedagogía y, a su vez, la obligación de las universidades de acreditarse para poder impartirlas, ha motivado a muchos de los estudiantes de excelencia a seguir su vocación y convertirse en profesor. Un estímulo importante ha sido también la posibilidad de que muchos de ellos (un 35% de un total de más de 22.000) accedan a la gratuidad, dado que se han matriculado en planteles donde ésta ya opera. A esto se suma el hecho de que un número importante de ellos postuló con 600 o más puntos, lo que los hace potenciales beneficiarios de la Beca Vocación de Profesor, que no sólo paga los estudios de quienes se la adjudican, sino que también entrega manutención a quienes postulan con más de 700 puntos y una pasantía en el extranjero a los que lo hacen con más de 720.
Lo que no se ha comentado en los medios ha sido el hecho de que dicha beca exige retorno, es decir, que los egresados deben trabajar al menos 3 años en la educación pública para devolver el beneficio. Esto es especialmente bueno, dado que la unión de todos estos factores generaría un círculo virtuoso: más profesores estudiando en carreras necesariamente acreditadas, bajo mejores condiciones y que luego ingresarán a un sistema público que, gracias a las mejores remuneraciones y condiciones, tendrá más capacidad de retenerlos y de ofrecerles desarrollo y crecimiento profesional. Esto repercutirá de manera necesaria en la calidad de la educación que reciben los niños y niñas que asisten a la educación pública.
Creemos que esto además es una gran revelación respecto de la valoración social de la profesión docente: no es que se considere poco relevante o poco desafiante la carrera de profesor. Como Fundación que cree en que la justicia social es posible a través de una educación de real calidad, que contribuya a disminuir las brechas cuando aún es posible, que difunde la necesidad de una mejora continua de la calidad docente a través de la capacitación y el autoexamen, estamos optimistas ante los cambios que se están produciendo en la formación de los futuros profesores y expectantes de presenciarlos, y de seguir contribuyendo a hacer de Chile un país más equitativo a través de la educación.
Asia/China/3 de febrero de 2017/Fuente: prensa latina
El popular cantante adolescente de China, Wang Yuan, abogó por un acceso equitativo a la educación de calidad para todos los jóvenes del mundo, en un foro juvenil de la ONU, resalta hoy aquí la prensa local.
Wang, miembro de la afamada banda china TFBoys, dijo a los presentes en la reunión que esta nación tiene 278 millones de jóvenes, la segunda población juvenil más grande del mundo, y agradeció por trabajar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para inspirar a la generación de chinos de su edad a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS fueron estipulados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible facilitada por la ONU y una de las metas que persigue consiste en garantizar una educación primaria y secundaria inclusiva, equitativa y de calidad para el referido año.
Mi deseo para 2030 es que todos los jóvenes puedan tener acceso a una educación de alta calidad. Las niñas tienen el mismo potencial que los niños para lograr cosas increíbles, expuso Wang en el foro de dos días, concluido este martes.
La cita estuvo dirigida a involucrar los esfuerzos de los jóvenes para erradicar la pobreza y promover la prosperidad en todo el mundo y agrupó a líderes juveniles de todas las naciones.
América del Norte/México/3 de febrero de 2017/Fuente: noticiasmvs.
México “no puede tomar ningún atajo” para impulsar el desarrollo de buenas habilidades en la población.
UDIO: Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE
El nuevo régimen presidencial en los Estados Unidos, que ha traído un giro a las relaciones con México, desde los tratados comerciales hasta la construcción de un muro, es muestra de que “el mundo se está volviendo cada vez más incierto, más ambiguo y volátil. La docencia no puede limitarse a enseñar algo, debe preparar a los jóvenes con las coordenadas de navegación para que encuentren cuáles son sus capacidades y puedan cambiar el mundo”, comentó en entrevista Andreas Schleicher, director de educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ante la posible llegada de escolares por la deportación de connacionales provenientes de Estados Unidos, Schleicher recordó que México ha ampliado su capacidad de cobertura, pues en el año 2000 menos del 50 por ciento de quienes tenían 15 años, dijo, estaban matriculados, y para el 2016, la cifra se elevó al 65 por ciento.
El funcionario de la OCDE resaltó que no se trata del tamaño del sistema “el reto es mejorar la calidad para atender a esos jóvenes (dreamers), que vienen con diferentes aprendizajes, pero en el mundo en que vivimos donde hay diferentes demandas educativas, la educación se tiene que volver más resistente a los cambios; no podemos seguir haciendo lo mismo de antes”, sentenció.
Ante retos cómo una educación inclusiva y de calidad para todos los escolares, incluso los de zonas marginadas, Schleicher enfatizó que en México «los desafíos son enormes, pero también ha habido avances en el pasado”. Hace una década no se pensaba posible una reforma constitucional en materia educativa y la creación de un nuevo modelo educativo; hoy se deben “cumplir las promesas” sobre la formación, selección, evaluación y permanencia del magisterio.
México “no puede tomar ningún atajo” para impulsar el desarrollo de buenas habilidades en la población, “el único camino es seguir preparando a las personas y usar la educación como una escalera para el progreso”, insistió Schleicher.
«Creo que lo mejor que México puede hacer es preparar a sus niños para un mejor futuro e invertir en la formación de las habilidades correctas, no solo en habilidades cognitiva cómo las matemáticas o lectura; sino también en liderazgo, resiliencia en tolerancia o empatía», finalizó Andreas Schleicher.
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