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Chile/12 enero 2017/Fuente: Rt

Chile tiene aproximadamente un millón de estudiantes endeudados, mientras los reclamos se agrandan y distintas agrupaciones universitarias acusan a la Presidenta Michelle Bachelet de incumplir su promesa de campaña sobre la «gratuidad en la educación».

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) estima que solo el 14% de los alumnos está exento de pagar por su educación superior. Para acceder a las becas educativas es necesario pertenecer al 50% más pobre de la población, aunque esto tampoco garantiza la cobertura total del arancel académico.

Una historia, como tantas otras

Romina Contreras Ramos tiene 29 años y estudia Literatura Hispánica en la Universidad de Chile. Ella y su familia son de bajos recursos, pero recientemente accedió a una beca «producto de varios años de marchas estudiantiles«. Sin embargo, en 2007, cuando la palabra ‘gratuidad’ no entraba en el diccionario chileno, la joven se inscribió en una institución privada, acudiendo a un crédito, porque «si el puntaje en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) no alcanzaba, debías ir a una particular».

La economía familiar cambió para siempre: «Mi carrera costaba 250 mil pesos mensuales, el crédito –CAE– me cubría solo 150 mil, así que los otros 100 mil debía pagarlos yo. Busqué un trabajo en las tardes y con eso costeaba la diferencia, pero cada año el arancel iba subiendo y llegó un momento en que ya no podía seguir pagando esa suma. Además de tener una deuda con el banco, me endeudé con la universidad».

Romina recuerda que le cancelaron «todas las plataformas de acceso a material de estudio», y agrega: «No podía matricularme para el próximo año, un día no di más porque con mi trabajo no alcanzaba y decidí salirme de la facultad». Por último, contó su difícil presente: «El CAE volvió a mi vida, porque aparecí como desertora de la carrera y el banco envió el talonario de pago del crédito a mi hogar. Al mismo tiempo mi madre enfermó, entonces no cancelé las cuotas y me mandaron a los tribunales de Justicia para que se cobren bienes personales, como mi vivienda. Hoy debo 7,5 millones de pesos (US$11.850) y me niego a pagarlos. Falta un año para que la demanda prescriba, pero aún tengo miedo de que vengan a embargar nuestro hogar».

‘Endeudar para gobernar’

En vez de brindar educación universal y gratuita, el Estado chileno ofrece préstamos para aquellos ciudadanos que no pueden pagar sus estudios. Así se destacan el Fondo Solidario de Crédito Universitario – diseñado con facilidades de pago para personas de baja condición socioeconómica – y el Crédito con Aval del Estado (CAE). Este último fue creado en 2006 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, pero despierta polémica.

Su principal característica es que interceden bancos privados –Scotiabank, Corpbanca, Estado, Itaú y BCI se adjudicaron el 95% de los créditos–, pero, como dice su nombre, tienen a la nación de aval. La Fundación Sol, especialista en temáticas de trabajo y educación, denuncia que las autoridades chilenas montaron un gran fraude con entidades financieras, mientras públicamente prometen inclusión social.

Esta institución presentó un informe llamado ‘Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE’, donde expone: «Para hacer este negocio aún más atractivo para la banca, el Estado se comprometió originalmente a subsidiar a los bancos participantes, comprando cada año el 25 % de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6 %. Sin embargo, entre 2006 y 2015, el fisco ha recomprado un 48 % de los créditos con un sobreprecio que llega a casi un 30 % y equivale a más de 450 mil millones (711 millones de dólares)».

En otro apartado, resaltan que unas pocas entidades educativas se vieron más beneficiadas que el resto por el reparto del financiamiento: «El 67,4% de los recursos del CAE fue recibido por Laureate International, Santo Tomás, INACAP y la Pontificia Universidad Católica», y agregan que «en este listado también figuran instituciones investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, Autónoma, Central y Universidad del Desarrollo». Son «2,3 billones» de pesos chilenos  (3,6 mil millones de dólares) que fueron a parar a las arcas privadas con los estudiantes como intermediarios, según los cálculos de la fundación.

Por otro lado, el estudio destaca que gracias a estos préstamos «se puede observar que mientras en marzo de 2010 se registraban en torno a 270 mil jóvenes endeudados, en septiembre de 2015 se ha llegado a casi 700 mil». El recientemente electo presidente de la FECH, Daniel Andrade, agrega a RT que en la actualidad «hay un millón de familias endeudadas por el sistema de educación superior», sumando también los inscriptos en el Fondo Solidario.

Por otro lado, el joven de 25 años, estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, explica que solo «el 15 % de la matrícula estudiantil es estatal», mientras que «el 85 % restante es privada, algo que solo ocurre en este país», y destaca: «La Universidad de Chile –pública– percibe solamente el 8% de su presupuesto del Estado, el resto lo recibe por aranceles académicos o venta de servicios, como investigaciones a empresas».

Sobre las respuestas del Poder Ejecutivo tras las movilizaciones estudiantiles desatadas desde 2011, aclaró: «El gobierno de Bachelet dice ser de izquierda, pero es más bien neoliberal. Prometió gratuidad en su campaña electoral y que iban a crecer las universidades públicas, pero continúan el sistema de becas limitadas. Solo propone regular un poco el mercado, pero es muy débil. La nueva reforma de educación es rechazada por amplios sectores sociales».

Sobra mes a fin de sueldo

Para comprender mejor el contexto, es necesario introducirse en los dañados bolsillos de muchos estudiantes chilenos, tarea poco aconsejable. El economista Gonzalo Durán, especialista de la Fundación Sol en salarios y desigualdad, explica a RT que «los sueldos en Chile son bajos y al relacionarlos con el costo de vida presentan un grave atraso», y añade: «El salario mínimo es de $257.500 (US$388) y equivale al costo de un arriendo medio en una ciudad grande como Santiago. Si solo se calcula el alquiler de una habitación y no de una vivienda completa, también alcanzaría a cubrir un kilo de pan por día, un pasaje de ida y vuelta al trabajo, el sistema de salud y la jubilación».

Además, explica que «la clase trabajadora menor a 30 años, que tiene más probabilidad de estar estudiando, percibe salarios muy escasos. Según la última encuesta de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – del 2015 -, la mitad de los trabajadores en ese rango gana menos de $300.000 líquidos al mes (US$452)». Y destaca: «En Biobío y Valparaíso, zonas con universidades típicas, las remuneraciones son aún menores, de $272.000 y $292.000 (US$410 y US$440, respectivamente). En la Región Metropolitana, la media en el segmento de menores a 30 años es de $302.000 (US$456)».

Por mencionar algunos ejemplos, quienes ingresaron en el 2016 a la carrera de Arquitectura en la Universidad de Chile, deben pagar 3.584.100 pesos (5.662 dólares) anuales, más 127.200 (200 dólares) de matrícula. Si se abonara en diez cuotas, de marzo a diciembre, como ofrece la entidad, el costo mensual sería de $358.411 (US$ 566), mucho más que el salario mínimo. Si en cambio el alumno optase por estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el costo anual sería de $ 4.739.000 (US$ 7.486).

«Chile, en tanto experimento del capitalismo neoliberal, heredado desde la Dictadura, ha sido pionero en la mercantilización de los derechos sociales más básicos como salud, vivienda, pensiones y educación. Revertir la lógica de negocios que hoy pesa sobre ellos exige un nuevo patrón filosófico, que apunte al buen vivir de todos y no de unos pocos que hoy son ricos a costa de la pobreza del resto», opina Durán, y finaliza: «La educación, de calidad y gratuita, es posible y los cuantiosos recursos que se gastan en recomprar créditos académicos también dan cuenta de ello».

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/228112-educaccion-chile-negocio-banca