La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que a partir de enero de 2017 reactivará sus movilizaciones y bloqueos para presionar y empujar en el Congreso de la Unión su iniciativa ciudadana de «reforma educativa», así como para demandar la reinstalación de la mesa de negociación con el gobierno federal.
“Esta iniciativa como parte de la ruta jurídico-legislativa va acompañada por una ruta crítica de información y organización (…). Arrancamos el proceso de recabación de firmas para el 9 de febrero de 2017, en el marco de una movilización masiva nacional, hacer la entrega en el Senado de la República”, señala la ficha técnica de la iniciativa.
En su iniciativa ciudadana de ley, para la cual el magisterio disidente necesita reunir 110 mil firmas cuando menos, se propone la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y que éste sea sustituido por otro órgano para la evaluación “integral” de la educación; así como que se construya un proyecto de educación basado en los principios de la Coordinadora.
Los maestros proponen también una reforma constitucional a los artículos 3 y 73 de la Constitución, los cuales establecen nuevas reglas de selección, ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente.
La última reforma al artículo tercero estableció que la educación que imparta el Estado debe ser de calidad, creó el sistema nacional de evaluación educativa y estipuló que la única forma para acceder a una plaza en el magisterio es a través de concurso; en tanto, el nuevo artículo 73 estableció el Servicio Profesional Docente y la autonomía de gestión en las escuelas.
“Con esta iniciativa recuperamos la verdadera evaluación, la que requiere el sistema educativo nacional, que no castiga ni premia a estudiantes ni trabajadores, que es integral, colectiva, diagnóstica y nos indica las necesidades que colectivamente debemos resolver. Planteamos que el sistema educativo dé la cobertura y pertinencia acorde a los contextos y necesidades de la población”, indica la presentación de la iniciativa.
Los dirigentes estatales y representantes de las secciones 7 de Chiapas, 9 de la Ciudad de México, 14 de Guerrero, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca presentaron su “Iniciativa ciudadana popular. Educación pública para todas y todos” y señalaron que será por medio de la vía legislativa como buscarán modificar la reforma educativa emprendida por el gobierno federal.
La propuesta de la CNTE plantea, entre otras cosas, devolver a la ley educativa el «aspecto pedagógico” y propone que lo laboral y administrativo se traslade a los artículos y leyes «correspondientes».
“Sí es una iniciativa que ataca la reforma. Va directamente a atacar al (artículo) tercero y al 73. No va en contra de las leyes secundarias porque una vez atacando el tercero y el 73, las reformas secundarias se caen”, dijo Enrique Enríquez Ibarra, dirigente de la sección 9.
“Esta ley se va a presentar, estamos pensando que el día clave podría ser el 9 de febrero. Esto tiene que correr a partir de esta semana que estamos anunciando públicamente para que el equipo de la dirección política nacional vaya a los estados de la República, vaya o centralice la información de cómo hay que llenar las firmas, cómo llenar los formatos”.
Venezuela/Diciembre de 2016/Fuente: Últimas Noticias
En la Gaceta Oficial número 41.044 se oficializó la transformación curricular para la Educación Media General en la modalidad de educación de jóvenes y adultos, así como el nuevo sistema de puntuación que funcionará el próximo año escolar 2016-2017.
Por medio de una resolución emitida por el Ministerio de Educación, se determinaron los lineamientos de la reforma curricular en educación media que implica la implementación de nuevas materias para los estudiantes de bachillerato, y las horas dedicadas al estudio por semana durante el nuevo año escolar.
“La educación de jóvenes y adultos es una modalidad del subsistema de educación básica enmarcada dentro del contexto de la educación permanente, concebida como un conjunto de acciones destinadas a atender la población a partir de los 15 años, tanto en el campo de la educación formar como la no formar, a través de un proceso de desarrollo integral del ser humano, con estrategias convencionales y no convencionales para lograr la transformación cultural, individual y colectiva de la población beneficiaria”, reza parte del texto.
Este cambio tiene como objetivo garantizar una formación inter y transdisciplinaria de las áreas con un proceso de evaluación cónsono con las estrategias educativas de la modalidad, así como reducir el tiempo de estudio y adecuar los horarios de acuerdo a las necesidades de los participantes.
Asimismo, se establece un nuevo sistema de calificaciones en la escala del 1 al 5, siendo 3 la calificación mínima aprobatoria. El estudiante es promovido al período inmediato superior cuando apruebe todas o tres de las áreas del componente básico.
Este decreto será aplicado en todas las instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, estatal, municipal, misiones, entes descentralizados y en las instituciones educativas de carácter privado del subsistema de educación básica.
Turquía/Diciembre de 2016/Fuente: Amnistia Internacional
Decenas de miles de residentes de Sur, sitio declarado patrimonio mundial por la UNESCO, forman parte del medio millón de personas que según estimaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la brutal campaña de represión que las autoridades turcas han llevado a cabo durante el último año y que podría constituir castigo colectivo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Cuando la represión de las voces de la oposición kurda por el gobierno turco se intensifica, el informe, titulado Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home, revela la situación desperada de familias que se han visto obligadas a abandonar el centro histórico de Diyarbakır como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche. Las viviendas del antes animado distrito han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos ex residentes.
“Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.
“Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad.”
Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de “autogobierno”, la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbakır, y otras ciudades del sudeste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.
Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes.
El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en 6 de los 15 barrios de Sur que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Según informes, la policía hizo uso de altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.
Una mujer que intentó quedarse en su vivienda dijo a Amnistía Internacional: “Estuve en la casa con dos niños, no bebimos agua durante una semana. Un día dispararon un bote de gas [lacrimógeno] contra la casa. No tuvimos electricidad durante 20 días. Yo quería marcharme pero no tenía adonde ir.”
Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos. Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.
Un hombre que regresó a su vivienda ocho meses después de ser desplazado encontró todas las paredes derrumbadas. Explicó a Amnistía Internacional: “Ya ni siquiera puedo llorar. He llorado tanto por la pérdida de mi casa.”
La policía obligó a otro hombre a abandonar su vivienda, junto con su padre y su hermano, y después los detuvo. Este hombre dijo a Amnistía Internacional: “Nos obligaron a salir apuntándonos con sus armas a la cabeza.” Al principio se acusó formalmente a los tres de delitos de terrorismo, pero después se retiraron los cargos. Cuando regresó a su vivienda descubrió que sus posesiones habían sido quemadas.
Una mujer dijo a Amnistía Internacional que la policía la hostigó cuando visitó su casa seis meses después de verse obligada a marcharse, y no tiene intención de volver. “Encontramos todas nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio”, dijo. A su familia le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, una mínima parte de su valor. Su nuera dijo: “Teníamos intención de apelar, pero dijeron que eso era todo lo que conseguiríamos, así que firmamos.”
Residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados, y los niños y niñas han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela. Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente –o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda– de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones.
Gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio.
Para agravar la situación, las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado han dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.
Los residentes rechazan la pretensión del gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares. Se ha recuperado un proyecto de regeneración urbana anunciado por primera vez en 2012, pero los detalles siguen siendo escasos y no se ha consultado a los residentes. Este plan tiene precedentes en una constante de proyectos de esta índole en Turquía que han provocado desalojos forzosos de residentes que nunca pueden regresar a sus hogares.
“En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio”, ha afirmado John Dalhuisen.
“Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios.”
Información complementaria
Sur es el distrito central de Diyarbakır, la mayor ciudad del sudeste de Turquía, de población predominantemente kurda. Su antigua muralla fortificada y los jardines contiguos de Hevsel fueron declarados patrimonio mundial de la UNESCO en 2015.
Muchas de las personas que viven en Sur llegaron a este distrito tras verse obligadas a evacuar poblaciones rurales durante el conflicto de las décadas de 1980 y 1990. Debido a los reasentamientos forzados que impusieron las fuerzas de seguridad de Turquía en aquella época, la población de Diyarbakır se duplicó con creces.
Con el estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado de julio, la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía se ha deteriorado. Una sucesión de decretos ejecutivos ha eliminado prácticamente las voces kurdas de oposición, y ha dado lugar al cierre de medios de comunicación y ONG. Alcaldes elegidos, entre ellos los de Sur y Diyarbakır, fueron sustituidos por interventores designados por el gobierno.
En noviembre se cerraron cientos de ONG en toda Turquía por motivos no especificados de “vinculación con organizaciones terroristas o amenazas para la seguridad nacional”. Entre las ONG clausuradas figuran las principales que prestaban asistencia a las familias desplazadas de Sur.
La cifra de al menos medio millón de personas desplazadas en el sudeste es una estimación basada en el tamaño de las poblaciones de las zonas sometidas a toques de queda de larga duración, en las proporciones de residentes obligados a huir de las que se ha informado, y en los niveles de destrucción de viviendas e infraestructuras en estas zonas.
Turquía es parte en varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que exige que respete el derecho de las personas a la libertad de circulación, a una vivienda adecuada y a otros derechos económicos y sociales, y que proporcione recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Más de 160 organizaciones sociales, ambientales, científicas y sindicales del mundo pidieron el miércoles a los gobiernos establecer una moratoria sobre la nueva tecnología de extinción genética, conocida como de impulsores genéticos (gene drives en inglés), durante la 13ª Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se celebra en este balneario del caribe mexicano hasta el próximo 17 de diciembre.
Los impulsores genéticos son una tecnología de edición genética experimental, cuyo objetivo es la diseminación agresiva de un rasgo específico de ingeniería genética en una especie o población en la naturaleza.
Si un impulsor genético fuese exitoso, los rasgos de diseño genético seleccionados se difundirían y se convertirían en dominantes en poblaciones silvestres en sólo unas cuantas generaciones de la especie, o podrían hasta provocar su extinción, se advierte en el documento presentado.
«No existe en este momento ni el conocimiento ni la compresión necesaria para liberar impulsores genéticos en el ambiente. Ni siquiera sabemos qué preguntas se deben hacer. Conducir a la extinción de cualquier especie tiene serias implicaciones éticas, sociales y ambientales», dijo a la prensa la doctora Ricarda Steinbrecher, que representa a la Federación de Científicos de Alemania.
En su opinión, es esencial que «hagamos un alto para que la comunidad científica, las comunidades locales y la sociedad en su conjunto puedan conocer, debatir y reflexionar. No podemos dejarnos llevar por esta riesgosa novedad tecnológica. Una moratoria es esencial».
A su vez, la activista ambientalista Dana Perls, de la organización Amigos de la Tierra, dijo que esta tecnología de extinción genética constituye una solución «falsa a los problemas de conservación».
«Queremos apoyar los esfuerzos de protección de la biodiversidad realmente sostenibles y que vienen de las comunidades. Los impulsores genéticos pueden ser rápidamente adoptados por las empresas de agronegocios e intereses militares. Necesitamos una moratoria inmediata sobre estas tecnologías irreversibles e irresponsables que son los impulsores genéticos», expuso.
En coincidencia, Jim Thomas, del Grupo ETC, apuntó que el tema de alto impacto está avanzando velozmente en el mundo real sin regulación alguna y dijo que existen inversiones de millones de dólares en el desarrollo de los impulsores genéticos, e incluso hay propuestas sin siquiera mínimas precauciones para liberarlos en el ambiente en los próximos cuatro años.
México / 09 de diciembre de 2016 / Por: Mariana León / Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/
Se estima que faltaron a la ley más de 60 mil docentes en cuatro estados. En Oaxaca fueron 28 mil 101 profesores de la Sección 22 los que no iniciaron con el calendario SEP.
Sólo el uno por ciento de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que han violado la Reforma Educativa han sido cesados como lo marca la ley.
Líderes de la CNTE dieron a conocer que hasta ahora 615 profesores de los estados donde tienen presencia han sido despedidos por acumular más de tres faltas o no asistir a la evaluación como lo establece la Reforma Educativa.
“Tenemos 615 compañeros despedidos en todo el país en los estados donde tiene presencia la Coordinadora”, señalaron.
Sin embargo, la cifra se queda corta comparada con el número de maestros que no acudieron a la evaluación y que han faltado por los paros de labores este año.
De acuerdo con las cifras presentadas por estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca fueron más de 60 mil maestros quienes acumularon más inasistencias que las permitidas en la Ley General de Servicio Profesional Docente.
En agosto, los profesores de estos cuatro estados de la República no iniciaron el ciclo escolar a la par del resto del país y prolongaron sus paros hasta por una o dos semanas.
Según datos oficiales de estas entidades, en Oaxaca fueron 28 mil 101 profesores pertenecientes a la Sección 22 los que decidieron no asistir a las aulas según lo marcaba el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Mientras, en Michoacán faltaron a clases mil 477 docentes de la CNTE quienes decidieron no comenzar con el calendario escolar como lo hicieron las demás escuelas del país. También se estima que en Chiapas el 40 por ciento de los 75 mil maestros no fueron a las aulas, es decir, 30 mil.
En Guerrero, la cifra de asistencia fue de 99 por ciento; sin embargo, el 1 por ciento de la docencia representó a 471 profesores.
De hecho, después de que estas entidades regresaron a clases, los gobiernos locales abrieron mesas de negociación con los secretarios generales de la Coordinadora. El miércoles, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dio a conocer que se regularizarán tres mil 699 plazas los maestros de la CNTE en el estado, aunque la nómina magisterial en la entidad ya es la más grande del país.
América del Sur/Perú/10 diciembre 2016/Fuente: Entorno inteligente
El trabajo honesto y comprometido de los servidores públicos del Ministerio de Educación (Minedu) fue reconocido durante la premiación del Quinto Concurso Nacional de»Buenas Prácticas en la Gestión Pública y Anticorrupción en Educación 2016?, realizada con la participación de diversos funcionarios. Los ganadores corresponden a cuatro categorías y fueron elegidos por una Comisión Ad Hoc que tomó en cuenta el impacto, creatividad, sostenibilidad y posibilidad de réplica de las 29 prácticas que se presentaron al concurso. El jefe de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Minedu, Juan Carlos Pasco Herrera, felicitó a los equipos de trabajo participantes. Refirió que este concurso está en línea con la clara voluntad del Minedu de promover una gestión pública ética, transparente y con mecanismos de control y sanción oportunos que redunden en el fortalecimiento del sector Educación y en la mejor atención a los ciudadanos y en la calidad del servicio educativo. En la categoría de Promoción de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública la ganadora fue la Oficina de Becas Especiales del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) por su sistema de información con tableros virtuales dinámicos. En segundo lugar quedó la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, con su práctica»Feria Escuela Transparente» En la categoría Mejora del Servicio al Usuario en el Sector Educación, obtuvo el primer puesto la Unidad de Gestión Educativa Local N° 5 por la»Simplificación en el trámite para el reconocimiento del beneficio de la asignación por tiempo de servicios al personal docente y administrativo» El segundo puesto fue para la Unidad de Gestión Educativa Local N°. 2, con su ?Convergencia de plataformas y trato cálido para fortalecer los lazos con el público externo» En la categoría Iniciativas de Prevención y Lucha contra la Corrupción ganó la institución educativa emblemática»Virgen Asunta? de la Unidad de Gestión Educativa Local Chachapoyas por su buena práctica»Construyendo ciudadanía, forjamos un Perú sin corrupción» En segundo lugar se ubicó a la Procuraduría Pública. El Minedu también otorgó una mención especial de Gobierno Abierto a la Unidad de Gestión Educativa Local N°. 1 por su buena práctica»Fiscaliza tu cole» La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva del Instituto Peruano del Deporte logró el segundo lugar con su iniciativa»Geodeporte» La ceremonia de premiación fue realizada en el Auditorio de Sencico con la participación de los funcionarios de las diversas unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación.
Tegucigalpa / 09 de diciembre de 2016 / Fuente: http://www.wradio.com.co/
Miembros de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Honduras pidieron hoy una mayor asignación de fondos y más acceso a la educación para las mujeres como mecanismos para combatir la violencia machista.
Miembros de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Honduras pidieron hoy una mayor asignación de fondos y más acceso a la educación para las mujeres como mecanismos para combatir la violencia machista.
La directora adjunta de la organización ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Lara Blanco, dijo a Efe en Tegucigalpa que Honduras muestra avances en la prevención de la violencia de género, pero necesita «aumentar» la inversión para reforzar esos esfuerzos.
«Se necesita aumentar el nivel de inversión y además tenemos que asegurar que aceleramos el ritmo de nuestras actuaciones», señaló Blanco, quien este miércoles participó en un foro en el que diplomáticos y expertos analizaron el impacto, logros y desafíos de la violencia contra las mujeres en el país.
Los esfuerzos que realiza Honduras por erradicar la violencia machista «son incipientes», subrayó la representante de ONU Mujeres, aunque destacó que la iniciativa salvadoreña «Ciudad Mujer», que replica Honduras, es un avance para ayudar a las mujeres víctimas.
Honduras y El Salvador firmaron en junio pasado un acuerdo de cooperación dirigido a replicar en Tegucigalpa ese proyecto, que consiste en ofrecer un programa de servicios de 14 instituciones públicas integrados para la mujer.
ONU Mujeres lanzó el pasado 25 de noviembre una campaña de 16 días de activismo que consiste en sensibilizar sobre la violencia de género que afecta a las mujeres y que concluirá el próximo 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Cifras oficiales dan cuenta de que cada 18 horas hay un asesinato de una mujer en Honduras, un país que registra un promedio actual de 14 homicidios diarios.
«Desgraciadamente, las cifras de feminicidio en Honduras siguen siendo inaceptables, siguen siendo preocupantemente elevadas», lamentó el coordinador de la Cooperación Española en Honduras, Miguel González, en declaraciones a Efe.
González indicó que la comunidad internacional ha apoyado «los esfuerzos» de Honduras en la creación de políticas públicas que «palíen esta lacra social» que afecta a las mujeres.
Sin embargo, señaló, que el impacto de esa cooperación ha sido «relativamente positiva», debido a que se mantienen las altas cifras de violencia machista en Honduras.
Destacó que la cooperación española ha apoyado en Honduras la creación del Observatorio de la Violencia y el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde estudiantes del último año de Derecho ofrecen asesoría a las mujeres víctimas.
Honduras tiene «condiciones estructurales complejas» y «si no se mejoran» será «difícil» erradicar la violencia de género, añadió.
«Hay una cultura de violencia generalizada, de machismo generalizado y hay muchas dificultades para que las mujeres puedan independizarse económicamente», explicó.
Es por ello que defendió que la educación es un factor clave para vencer las brechas de género existentes y enfrentar una cultura patriarcal imperante.
Además instó a las autoridades hondureñas a crear «mecanismos» que permitan a la Policía y la Fiscalía «actuar con mayor agilidad y mayor rapidez» en esos casos y así evitar «la revictimización de las mujeres maltratadas».
La directora del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, Ana Madrid, dijo en el evento que la violencia contra las mujeres es una «pandemia global» que demanda un «abordaje estratégico nacional».
Enfatizó que es necesario garantizar la «implementación de iniciativas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar» la violencia machista.
La funcionaria afirmó que en su país la violencia de género es «un hecho generalizado», constituye «una violación de derechos humanos» y se ubica como uno de los principales «problemas de salud pública». EFE
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