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Turquía/Diciembre de 2016/Fuente: Amnistia Internacional

Decenas de miles de residentes de Sur, sitio declarado patrimonio mundial por la UNESCO, forman parte del medio millón de personas que según estimaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la brutal campaña de represión que las autoridades turcas han llevado a cabo durante el último año y que podría constituir castigo colectivo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Cuando la represión de las voces de la oposición kurda por el gobierno turco se intensifica, el informe, titulado Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home, revela la situación desperada de familias que se han visto obligadas a abandonar el centro histórico de Diyarbakır como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche. Las viviendas del antes animado distrito han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos ex residentes.

“Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.

“Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad.”

Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de “autogobierno”, la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbakır, y otras ciudades del sudeste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.

Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes.

El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en 6 de los 15 barrios de Sur que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Según informes, la policía hizo uso de altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.

Una mujer que intentó quedarse en su vivienda dijo a Amnistía Internacional: “Estuve en la casa con dos niños, no bebimos agua durante una semana. Un día dispararon un bote de gas [lacrimógeno] contra la casa. No tuvimos electricidad durante 20 días. Yo quería marcharme pero no tenía adonde ir.”

Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos. Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.

Un hombre que regresó a su vivienda ocho meses después de ser desplazado encontró todas las paredes derrumbadas. Explicó a Amnistía Internacional: “Ya ni siquiera puedo llorar. He llorado tanto por la pérdida de mi casa.”

La policía obligó a otro hombre a abandonar su vivienda, junto con su padre y su hermano, y después los detuvo. Este hombre dijo a Amnistía Internacional: “Nos obligaron a salir apuntándonos con sus armas a la cabeza.” Al principio se acusó formalmente a los tres de delitos de terrorismo, pero después se retiraron los cargos. Cuando regresó a su vivienda descubrió que sus posesiones habían sido quemadas.

Una mujer dijo a Amnistía Internacional que la policía la hostigó cuando visitó su casa seis meses después de verse obligada a marcharse, y no tiene intención de volver. “Encontramos todas nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio”, dijo. A su familia le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, una mínima parte de su valor. Su nuera dijo: “Teníamos intención de apelar, pero dijeron que eso era todo lo que conseguiríamos, así que firmamos.”

Residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados, y los niños y niñas han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela. Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente –o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda– de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones.

Gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio.

Para agravar la situación, las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado han dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.

Los residentes rechazan la pretensión del gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares. Se ha recuperado un proyecto de regeneración urbana anunciado por primera vez en 2012, pero los detalles siguen siendo escasos y no se ha consultado a los residentes. Este plan tiene precedentes en una constante de proyectos de esta índole en Turquía que han provocado desalojos forzosos de residentes que nunca pueden regresar a sus hogares.

“En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio”, ha afirmado John Dalhuisen.

“Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios.”

Información complementaria

Sur es el distrito central de Diyarbakır, la mayor ciudad del sudeste de Turquía, de población predominantemente kurda. Su antigua muralla fortificada y los jardines contiguos de Hevsel fueron declarados patrimonio mundial de la UNESCO en 2015.

Muchas de las personas que viven en Sur llegaron a este distrito tras verse obligadas a evacuar poblaciones rurales durante el conflicto de las décadas de 1980 y 1990. Debido a los reasentamientos forzados que impusieron las fuerzas de seguridad de Turquía en aquella época, la población de Diyarbakır se duplicó con creces.

Con el estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado de julio, la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía se ha deteriorado. Una sucesión de decretos ejecutivos ha eliminado prácticamente las voces kurdas de oposición, y ha dado lugar al cierre de medios de comunicación y ONG. Alcaldes elegidos, entre ellos los de Sur y Diyarbakır, fueron sustituidos por interventores designados por el gobierno.

En noviembre se cerraron cientos de ONG en toda Turquía por motivos no especificados de “vinculación con organizaciones terroristas o amenazas para la seguridad nacional”. Entre las ONG clausuradas figuran las principales que prestaban asistencia a las familias desplazadas de Sur.

La cifra de al menos medio millón de personas desplazadas en el sudeste es una estimación basada en el tamaño de las poblaciones de las zonas sometidas a toques de queda de larga duración, en las proporciones de residentes obligados a huir de las que se ha informado, y en los niveles de destrucción de viviendas e infraestructuras en estas zonas.

Turquía es parte en varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que exige que respete el derecho de las personas a la libertad de circulación, a una vivienda adecuada y a otros derechos económicos y sociales, y que proporcione recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/12/turkey-curfews-and-crackdown-force-hundreds-of-thousands-of-kurds-from-their-homes/

Imagen: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/03/internacional/1378188587.html