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Los datos ayudan a comprender el mundo, pero interpretarlos puede ser tan complicado como caminar descalzo por un campo de cactus. El PIB per capita dice que, por ejemplo, un gallego (con 20.619 euros) está al mismo nivel que un valenciano (21.468 euros). Sin embargo, en la comunidad del botafumeiro la fortuna de un solo vecino, Amancio Ortega (fundador de Inditex), supera el PIB generado por el resto —2,7 millones de personas—. Del otro lado, el patrimonio que la revista Forbes asigna a Juan Roig, presidente de Mercadona, serviría para pagar las pensiones de los 8,5 millones de jubilados españoles durante un mes. Saltando el charco, un estadounidense puede sentirse afortunado por formar parte del 10% de la población más rica del planeta. Pero si así fuera, el Gobierno de la nación más poderosa no habría acabado en manos de una persona como Donald Trump.

¿Cómo hemos llegado al punto de no comprender lo que está pasando?, se preguntan muchos analistas ante fenómenos como el norteamericano o el Brexit en Europa. Quizá no baste con las clásicas variables económicas (renta, riqueza) para calibrar el descontento social, la frustración por la falta de empleo o la creciente intolerancia contra los inmigrantes. “Medir la desigualdad no es desde luego fácil, y aparte de las dificultades técnicas del propio cálculo están los temas relacionados con la calidad de la información en la que esos cálculos se basan”, reflexiona el profesor Francisco J. Beltrán Tapia, historiador económico de Magdalene College, de la Universidad de Cambridge.

Recientemente la Comisión Europea, junto con el Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra), ha aplicado el índice de progreso social ideado por la ONG norteamericana Social Progress Imperative a 272 regiones europeas. Este indicador, apadrinado por el economista Michael Porter, valora en cada territorio cientos de variables gracias a las bases de datospublicadas por la oficina estadística (Eurostat) y a centenares de encuestas. El resultado es elocuente: las regiones con un mayor PIB per capita no son las que mejor lo hacen en términos de progreso social. España, y por extensión los países del arco mediterráneo, cubre de manera muy eficaz las necesidades básicas de sus ciudadanos, pero no facilita oportunidades igualitarias en la medida en que sí lo hacen otros países con el mismo nivel de riqueza.

El índice aporta datos sobre tres dimensiones: atención a necesidades humanas básicas —ahí la mayoría de las regiones europeas muestran buenos resultados—; fundamentos de bienestar, como acceso a conocimientos básicos, información o cuidados médicos esenciales y, en tercer lugar (y no menos importante), las oportunidades que ofrece cada territorio en la medida que permite a sus habitantes desarrollarse personal y profesionalmente, proteger sus derechos personales, su libertad para elegir o sus decisiones.

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María Luisa Blázquez de la Hera, del Centro Internacional de Competitividad del IESE y colaboradora del proyecto, subraya que, si bien hay una correlación muy estrecha entre la medición de las necesidades básicas y el PIB per capita (cuanto más PIB, mejor cubiertas están), en el terreno de las oportunidades hay mucha más dispersión. “La riqueza no necesariamente se emplea en mejorar los derechos personales, la tolerancia, o en facilitar el acceso a la enseñanza superior”, señala. Con este análisis, resalta, han comenzado a bucear en un territorio inexplorado. “Este tipo de conceptos [por ejemplo, analizar la obesidad en una región o la tolerancia hacia los homosexuales] no se suelen incorporar y desde el ICC creímos que era una buena idea hacerlo, porque, recordemos, lo que no se mide, no existe”. El baremo utilizado en el estudio suma variables básicas —como acceso a la sanidad, alcantarillado, mortalidad infantil o calefacción en el hogar— junto a otras menos previsibles, como muertes por accidentes de tráfico, seguridad por la noche, confianza en el sistema político, penetración de la corrupción, acceso de la banda ancha en el hogar o contaminación del aire.

Si el mundo fuera un país, obtendría 62 puntos en la escala marcada por el estudio (en un rango del 1 al 100). China, con niveles de progreso medios, e India, con registros bajos, influyen fuertemente en los resultados al combinar una población de 2.000 millones de personas. Rusia, Arabia Saudí y Venezuela, con ingresos relativamente altos, presentan bajos niveles de progreso social y, en Europa, las regiones nórdicas (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega) confirman que su modelo funciona pese a sus históricos talones de Aquiles, como las elevadas tasas de suicidios.

Con 85 puntos, España figura en el puesto número 17 entre los Estados con un mejor resultado en el índice de 133 países analizados. La clasificación la encabezan Finlandia, Canadá

—con su modelo multicultural— y Dinamarca; y la cierran la República Centroafricana, Afganistán y Chad. Pese a la buena posición global de España, acercando la lupa a las autonomías el estudio constata que a la hora de ofrecer mejores oportunidades a sus ciudadanos para progresar, ninguna de las 17 obtiene una mejor nota respecto a otras regiones del globo con niveles de riqueza similares. Un total de 11 presentan registros más bajos que la media. “Tenemos que conseguir, por ejemplo, mayores oportunidades de acceso a la enseñanza superior. Aunque tenemos muchas y buenas universidades, no es suficiente”, cree Blázquez.

Las oportunidades de los jóvenes españoles respecto a otros europeos son, de partida, inferiores. “España es un país que ofrece un sólido acceso a conocimientos básicos, aunque en alfabetización de sus adultos está en desventaja. Es un país con un buen sistema de salud y bienestar, pero con desventajas relativas en temas de tolerancia, por ejemplo, tolerancia religiosa”, apunta Blázquez. Susana Franco, investigadora de Orkestra, destaca que el país acarrea un gran déficit en educación por culpa de que gran parte de su fuerza laboral abandonó en su día la secundaria. “Otro de los indicadores que peores resultados ofrece tiene que ver con la poca confianza en las instituciones, en el sistema legal y político”, que enlaza con la sensación de hartazgo por los casos de corrupción.

Para conocer la realidad social de manera más precisa otros economistas ofrecen sus propias recetas. “No podemos basarnos en un solo indicador porque, por definición, son limitados, miden unas cosas y olvidan otras. Además, el crecimiento por sí solo no nos asegura el progreso social”, cree Raúl Flores, analista e investigador social de Cáritas. Habla de hasta cuatro referencias(índices Gini y 80/20, tasa Arope e informes de la OCDE) para aproximarse a la fotografía real, esa que puede explicar por qué una ola de extremismo hace que la ultraderecha esté tomando posiciones en países clave de Europa.

El poder es mío

Luis Molina, miembro de Economistas frente a la Crisis, recuerda en sus estudios publicados que, según el reparto del patrimonio, “el 1% de la población española posee el 27,2% de la riqueza conjunta”. Su diagnóstico sobre el futuro es muy sombrío. “Lo que está salvando la situación en España (como en Grecia, que registra una distribución de patrimonio muy parecida) es el hecho de que amplias capas de la población vienen compartiendo su modesto patrimonio familiar para paliar las consecuencias de las políticas de austeridad. Una solución de emergencia, porque comerse el patrimonio por carecer de rentas es pan para hoy y hambre para mañana”. Los recortes de derechos sociales y los desahucios corroboran, según él, el proceso de vaciamiento patrimonial de los que menos tienen. Y la reforma laboral vendría a dar la puntilla a un marco de relaciones laborales que permite “trabajar y seguir siendo pobre”, como lo demuestra el hecho de que casi seis millones de trabajadores ingresen el salario mínimo (o menos), sin “ensombrecer” las estadísticas.

En este punto se detiene la reflexión de otro economista, Luis Ayala, coordinador de dos informes sobre desigualdad (Los Libros de la Catarata, Fundación Alternativas, 2015). Ayala cree que los salarios bajos derivados del sistema productivo (centrado en la construcción y los servicios) hacen que estemos “peor que hace 15 o 20 años”. Es lo que Raúl Flores llama “la pérdida del espacio de seguridad”. Porque para muchas familias tener un trabajo ha dejado de ser una forma de satisfacer sus necesidades.

Pero ¿y si el problema no está en la desigualdad? El profesor de sociología de la Universidad Complutense Julio Carabaña desafía el aparentemente sólido consenso sobre el aumento de las diferencias sociales que trasladan economistas de Europa y EE UU, desde Thomas Piketty a Joseph Stiglitz o los investigadores de The Luxembourg Income Study (LIS), un centro apoyado por personas como Paul Krugman, Nobel de Economía. “La desigualdad social en el mundo está disminuyendo, lo dicen los datos. En España ha aumentado durante la crisis el equivalente a lo que disminuyó durante la época de bonanza”, cree Carabaña. “En la Europa de los 15 no ha aumentado en absoluto desde el año 1995, en el último ciclo económico, aunque sí lo ha hecho en EE UU”. ¿Por qué, según él, se exagera? “Porque hay un desplazamiento perverso de la atención, porque parece que el problema es que haya mucha gente rica, y no que haya pobres. Pero el aumento de las rentas en la parte alta de la tabla no es el problema”.

Alternativas

El índice del Social Progress Imperative y otros análisis económicos arrojan otra conclusión: hay margen para que los Gobiernos cambien las cosas porque es la política la que favorece o ataja esos desequilibrios. Francisco Beltrán pone como ejemplo las trayectorias de EE UU y Reino Unido, donde el porcentaje de riqueza en manos del 1% de la sociedad no ha dejado de crecer desde los años setenta (alcanza el 18% y 14%, respectivamente), frente al camino opuesto recorrido por países como Alemania o Dinamarca (que están por debajo del 10%). “Mientras la Europa continental ha logrado mantener relativamente controlada la desi­gualdad medida, los ricos en EE UU y Reino Unido han incrementado de forma sustancial la parte del pastel económico que acaba en sus manos”.

Bajo la globalización capitalista, piensa Luis Molina, es difícil actuar: “Cualquier síntoma de irracionalidad colectiva se produce porque el sistema responde a una razón económica minoritaria, y por cierto irracional: la acumulación patrimonialista sin límite en un entorno de desigualdad extrema y creciente”. Para enfrentarlo propone que la mayoría social recupere la capacidad de hacer que el poder político represente sus intereses. “Se pueden mejorar las desigualdades de renta, destinar transferencias donde más se necesitan, potenciar los servicios públicos, organizar mejor la carga de la fiscalidad, subir el salario mínimo, acabar con las puertas giratorias …”. Otros economistas recetan más mecanismos de redistribución para corregir los fuertes déficits. “Tanto desde el punto de vista de impuestos como de prestaciones sociales. Gastamos menos que otros países con un PIB per capita más bajo”, recuerda Ayala.

“Tenemos que generar elementos propositivos, ir hacia adelante”, enfatiza Raúl Flores. “No podemos dejar que el ascensor social, ese que en los años de bonanza subía, no pare en las plantas más bajas”.