Esta semana va a ser clave para poner en discusión los problemas que acarrea el gremio docente y no docente que reclaman una mejora salarial. A su vez, se presentarán un nuevo proyecto de financiamiento universitario, luego del intento fallido en 2024.
El gremio universitario definió esta semana mediante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes, que realizarán el próximo mes una nueva marcha universitaria en pos de discutir los salarios y una nueva ley de financiamiento para las universidades públicas.
Según definieron en la reunión, esta semana será clave para realizar actividades que echen luz sobre los problemas del sector, que no incluye solo a los docentes, sino también a estudiantes de todas las casas de estudio que ven afectado el funcionamiento de los edificios por falta de presupuesto.
El secretario General de CONADU, Carlos De Feo, señaló: “El Poder Ejecutivo ha demostrado con creces su desprecio por el diálogo y su intención de destruir la universidad pública”. La declaración es clave para entender el conflicto: un gobierno que no quiere discutir una mejora salarial, ni le interesa mantener en condiciones los edificios.
Respecto a una nueva ley de financiamiento, el secretario de CONADU expresó: “Es necesario que el Congreso, como expresión y representante de la sociedad, dé respuesta y respaldo a los justos reclamos de los diferentes sectores que se ven afectados por las políticas de ajuste implementadas por el Poder Ejecutivo. La ley tiene que ser una herramienta para sostener la discusión en la agenda política, social y mediática, para que se entienda que el conflicto en las universidades de ninguna manera ha sido resuelto y que vamos a seguir dando pelea”.
El último intento de actualizar los montos fue en el año 2024, el cual no fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, ocasionando una fuerte repercusión en el campo educativo y convirtiéndose en un triunfo para la gestión de Milei.
El nuevo proyecto contempla además de una actualización, la recomposición salarial de los docentes, la cual viene en picada desde el año 2023. Otro punto esencial que presenta la propuesta es el artículo que estipula la garantía de las paritarias en función del índice de Precios al Consumidor.
Con estas discusiones, la totalidad del gremio educativo comienza a cobrar fuerza para una nueva instancia de lucha para visibilizar la situación salarial de los docentes, la situación de la universidad y la permanencia de los estudiantes en las aulas que con la crisis en ascenso cada vez desertan mucho más.
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Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
¿Quién podría haber imaginado hace 19 meses que se necesitaría más de un año y medio con Israel masacrando y matando de hambre a niños [y adultos] de Gaza para que aparecieran las primeras grietas en lo que ha sido un sólido muro de apoyo a Israel por parte de las instituciones occidentales?
Finalmente, algo parece estar a punto de ceder.
El diario financiero británico, TheFinancial Times, fue el primero en romper filas la semana pasada para condenar el “vergonzoso silencio de Occidente” ante el ataque asesino de Israel contra el pequeño enclave. En un editorial —la voz del periódico—, el Financial Times acusó a Estados Unidos y a Europa de ser cada vez más cómplices, ya que Israel ha convertido Gaza en un lugar inhabitable, en alusión al genocidio, y señaló que el objetivo era expulsar a los palestinos de su tierra, en referencia a la limpieza étnica.
Por supuesto, ambos graves crímenes cometidos por Israel han sido evidentemente ciertos no sólo desde la violenta salida de Hamás de Gaza en un solo día, el 7 de octubre de 2023, sino durante décadas.
Tan preocupante es el estado de la información occidental, proveniente de unos medios no menos cómplices que los gobiernos criticados por el Financial Times, que debemos aprovechar cualquier pequeño indicio de progreso.
A continuación, The Economist intervino, advirtiendo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sus ministros estaban impulsados por el “sueño de vaciar Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí”.
El fin de semana, The Independentdecidió que el “silencio ensordecedor sobre Gaza” debía terminar. Era hora de que el mundo despertara ante lo que está sucediendo y exigiera el fin del sufrimiento de los palestinos atrapados en el enclave.
En realidad, gran parte del mundo despertó hace muchos, muchos meses. Han sido la prensa y los políticos occidentales los que han estado dormidos durante los últimos 19 meses de genocidio.
A continuación, el lunes, el supuestamente liberal The Guardian expresó en su propio editorial el temor de que Israel esté cometiendo “genocidio”, aunque solo se atrevió a hacerlo al formular la acusación como una pregunta.
Escribió así sobre Israel: “Ahora planea una Gaza sin palestinos. ¿Qué es esto, si no genocida? ¿Cuándo actuarán Estados Unidos y sus aliados para detener el horror, si no es ahora?”.
El periódico podría haber planteado una pregunta más apropiada: ¿Por qué los aliados occidentales de Israel, así como medios como The Guardian y Financial Times, han esperado 19 meses para denunciar el horror?
Y, como era previsible, cerrando la marcha, apareció la BBC. El miércoles, el programa PM de la BBC optó por dar protagonismo al testimonio de Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad. El presentador Evan Davis afirmó que la BBC había decidido “hacer algo inusual”.
Inusual, sin duda. Reprodujo el discurso de Fletcher completo, sus 12 minutos y medio. Esto incluyó el comentario de Fletcher: “Por los asesinados y aquellos cuyas voces han sido silenciadas: ¿qué más pruebas necesitan ahora? ¿Actuarán con decisión para prevenir el genocidio y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario?”.
En menos de una semana, la palabra “genocidio” había pasado de ser tabú en relación con Gaza a convertirse en algo casi común.
Grietas crecientes
Las grietas también son evidentes en el Parlamento británico. Mark Pritchard, diputado conservador y defensor de Israel de toda la vida, se levantó desde la bancada para admitir que se había equivocado con respecto a Israel y lo condenó “por lo que le está haciendo al pueblo palestino”.
Fue uno de los más de una docena de diputados y pares conservadores de la Cámara de los Lores, todos ellos antiguos defensores acérrimos de Israel, que instaron al primer ministro británico, Keir Starmer, a reconocer de inmediato un Estado palestino.
Su decisión se produjo tras una carta abierta publicada por 36 miembros de la Junta de Diputados, un organismo de 300 miembros que afirma representar a los judíos británicos, en la que discrepaban de su continuo apoyo a la masacre. La carta advertía: «A Israel le están arrancando el alma».
Pritchard dijo a sus colegas parlamentarios que era hora de “defender la humanidad, defender nuestra posición en el lado correcto de la historia, de tener la valentía moral de liderar”.
Lamentablemente, todavía no hay indicios de ello. Una investigación publicada la semana pasada, basada en datos de la autoridad fiscal israelí, demostró que el gobierno de Starmer ha mentido incluso sobre las restricciones muy limitadas a la venta de armas a Israel que afirmó haber impuesto el año pasado.
A pesar de una aparente prohibición de los envíos de armas que podrían utilizarse en Gaza, Gran Bretaña ha exportado de forma encubierta más de 8.500 municiones diversas a Israel desde la prohibición.
Esta semana se conocieron más detalles. Según cifras publicadas por The National, el gobierno actual exportó más armas a Israel en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la prohibición que el anterior gobierno conservador entre 2020 y 2023.
Tan vergonzoso es el apoyo del Reino Unido a Israel en medio de lo que la Corte Internacional de Justicia (la Corte Mundial) ha descrito como un “genocidio plausible”, que el gobierno de Starmer necesita fingir que está haciendo algo, aunque en realidad continúa armando ese genocidio.
Más de 40 parlamentarios escribieron al ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, la semana pasada, pidiéndole que respondiera a las acusaciones de que había engañado a la opinión pública y al Parlamento. “La opinión pública merece conocer la magnitud de la complicidad del Reino Unido en crímenes de lesa humanidad”, escribieron.
Hay cada vez más rumores en otros lugares. Esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el bloqueo total de Israel a la ayuda a Gaza de “vergonzoso e inaceptable”. Añadió: “Mi trabajo es hacer todo lo posible para detenerlo”. Ese “todo” parecía reducirse a nada más que a plantear posibles sanciones económicas.
Aun así, el cambio retórico fue sorprendente. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció de forma similar el bloqueo, calificándolo de “injustificable”. Y añadió: “Siempre he recordado la urgencia de encontrar una manera de poner fin a las hostilidades y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.
“¿Derecho internacional? ¿Dónde ha estado eso durante los últimos 19 meses?”
Hubo un cambio similar de prioridades al otro lado del Atlántico. El senador demócrata Chris van Hollen, por ejemplo, se atrevió recientemente a calificar las acciones de Israel en Gaza de “limpieza étnica”.
Christiane Amanpour, de la CNN y referente del consenso en Washington, sometió a la viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, Sharren Haskel, a un interrogatorio inusualmente duro. Amanpour prácticamente la acusó de mentir sobre el hambre que Israel está causando a los niños.
Mientras tanto, Josep Borrell, el anterior responsable de política exterior de la Unión Europea, rompió otro tabú la semana pasada al acusar directamente a Israel de preparar un genocidio en Gaza.
“Pocas veces he escuchado al líder de un Estado esbozar con tanta claridad un plan que se ajuste a la definición legal de genocidio”, declaró, y añadió: “Nos enfrentamos a la mayor operación de limpieza étnica desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.
Borrell, por supuesto, no tiene influencia alguna sobre la política de la UE en este momento.
Un campo de exterminio
Todo esto supone un progreso dolorosamente lento, pero sí sugiere que un punto de inflexión podría estar cerca.
De ser así, hay varias razones. Una —la más evidente— es el presidente estadounidense Donald Trump.
Era más fácil para The Guardian, el Financial Times y los diputados conservadores de la vieja guardia observar en silencio el exterminio de los palestinos de Gaza cuando detrás de él estaban, amablemente, el tío Joe Biden y el complejo militar-industrial estadounidense.
A diferencia de su predecesor, Trump olvida con demasiada frecuencia la parte donde se supone que debe minimizar los crímenes israelíes o distanciar a Estados Unidos de ellos, incluso cuando Washington envía las armas para perpetrarlos.
Pero también hay muchos indicios de que Trump, con su constante ansia de ser visto como el madamás, está cada vez más molesto por verse superado públicamente por Netanyahu.
Esta semana, mientras Trump se dirigía a Oriente Medio, su administración logró la liberación del soldado israelí Edan Alexander, el último ciudadano estadounidense vivo cautivo en Gaza, eludiendo a Israel y negociando directamente con Hamás.
En sus comentarios sobre la liberación, Trump insistió en que era hora de “poner fin a esta guerra brutal”, una observación que, obviamente, no había coordinado con Netanyahu.
Cabe destacar que Israel no está en la agenda de Trump para Oriente Medio.
Ahora mismo parece un momento relativamente seguro para adoptar una postura más crítica hacia Israel, como presumiblemente aprecian TheFinancial Times y The Guardian. Además, el genocidio israelí está llegando a su fin. No ha entrado comida, agua ni medicinas en Gaza durante más de dos meses. Todos están desnutridos. No está claro, dada la destrucción del sistema de salud de Gaza por parte de Israel, cuántos han muerto ya de hambre.
Aya, la madre de la bebé palestina Yenan Alskafi, muestra una foto en su teléfono móvil de su hija, quien murió de desnutrición debido al bloqueo israelí en Gaza el 3 de mayo de 2025 (Reuters).
Pero las imágenes de niños en los huesos saliendo de Gaza recuerdan incómodamente a las imágenes de hace 80 años de niños judíos esqueléticos encarcelados en campos nazis.
Es un recordatorio de que Gaza, estrictamente bloqueada por Israel durante 16 años antes de la fuga de Hamás el 7 de octubre de 2023, se ha transformado en los últimos 19 meses de un campo de concentración a un campo de exterminio.
Parte de los medios de comunicación y la clase política saben que la muerte masiva en Gaza no puede ocultarse por mucho más tiempo, ni siquiera después de que Israel haya prohibido la entrada a periodistas extranjeros al enclave y haya asesinado a la mayoría de los periodistas palestinos que intentaban documentar el genocidio.
Actores políticos y mediáticos cínicos intentan esgrimir excusas antes de que sea demasiado tarde para mostrar arrepentimiento.
El mito de la “guerra de Gaza”
Y finalmente, está el hecho de que Israel ha declarado su disposición a asumir la responsabilidad directa del exterminio en Gaza, en sus propias palabras, “capturando” el pequeño territorio.
El tan esperado “día después” parece estar a punto de llegar.
Durante 20 años Israel y las capitales occidentales han conspirado con la mentira de que la ocupación de Gaza terminó en 2005, cuando el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, expulsó a unos pocos miles de colonos judíos y retiró a los soldados israelíes a un perímetro altamente fortificado que rodeaba el enclave.
En un fallo del año pasado, el Tribunal Internacional desestimó esta afirmación, enfatizando que Gaza, así como los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este, nunca habían dejado de estar bajo ocupación israelí, y que la ocupación debía cesar de inmediato.
Lo cierto es que, incluso antes de los ataques de Hamás de 2023, Israel había estado asediando Gaza por tierra, mar y aire durante muchísimos años. Nada, ni personas ni comercio, entraba ni salía sin la autorización del ejército israelí.
Las autoridades israelíes instituyeron una política secreta de someter a la población a una “dieta” estricta —un crimen de guerra entonces como ahora—, una política que aseguraba que la mayoría de los jóvenes de Gaza sufrieran una desnutrición progresiva.
Los drones zumbaban constantemente, como lo hacen ahora, observando a la población desde el cielo las 24 horas del día y, ocasionalmente, sembrando la muerte. Los pescadores recibían disparos y sus barcos se hundían por intentar pescar en sus propias aguas. Los cultivos de los agricultores eran destruidos por herbicidas rociados desde aviones israelíes.
Y cuando le apetecía, Israel enviaba aviones de combate para bombardear el enclave o soldados en operaciones militares, matando a cientos de civiles a la vez.
Cuando los palestinos de Gaza salían semana tras semana a protestar cerca de la valla perimetral de su campo de concentración, francotiradores israelíes les disparaban, matando a unos 200 y mutilando a muchos miles más.
Sin embargo, a pesar de todo esto, Israel y las capitales occidentales insistieron en la historia de que Hamás “gobernaba” Gaza y que era el único responsable de lo que allí ocurría.
Esa ficción fue muy importante para las potencias occidentales. Permitió a Israel evadir la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza durante las últimas dos décadas, y permitió a Occidente evitar las acusaciones de complicidad por armar a los criminales.
En cambio, la clase política y los medios de comunicación perpetuaron el mito de que Israel estaba involucrado en un “conflicto” con Hamás, así como en “guerras” intermitentes en Gaza, incluso cuando el propio ejército israelí calificaba sus operaciones para destruir barrios enteros y matar a sus residentes de “segar la hierba”.
Israel, por supuesto, veía Gaza como su propia hierba. Y eso se debe precisamente a que nunca dejó de ocupar el enclave.
Incluso hoy, los medios de comunicación occidentales se confabulan con la ficción de que Gaza está libre de la ocupación israelí al presentar la matanza que allí se produce, y la hambruna de la población, como una “guerra”.
Pérdida de cobertura
Pero el “día después”, marcado por la promesa israelí de “captura” y “reocupación” de Gaza, plantea un dilema para Israel y sus patrocinadores occidentales.
Hasta ahora, todas las atrocidades de Israel se han venido justificando por la violenta irrupción de Hamás el 7 de octubre de 2023.
Israel y sus partidarios han insistido en que Hamás debe devolver a los israelíes que tomó cautivos antes de que pueda haber una “paz” indefinida. Al mismo tiempo, Israel también ha mantenido que Gaza debe ser destruida a toda costa para erradicar a Hamás y eliminarlo.
Estos dos objetivos nunca parecieron coherentes, sobre todo porque cuantos más civiles palestinos Israel mataba para “erradicar” a Hamás, más jóvenes reclutaba Hamás en busca de venganza.
El flujo constante de retórica genocida de los líderes israelíes dejó claro que creían que no había civiles en Gaza —ningún “no involucrado”— y que el enclave debía ser arrasado y la población tratada como “animales humanos”, castigada “sin comida, agua ni combustible”.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, reiteró ese enfoque la semana pasada, prometiendo que “Gaza será completamente destruida” y que su población sería sometida a una limpieza étnica, o, como él mismo lo expresó, obligada a “marcharse en masa a terceros países”.
Las autoridades israelíes le han hecho eco, amenazando con “arrasar” Gaza si no se libera a los rehenes esta semana. Pero, en realidad, los cautivos retenidos por Hamás son solo un pretexto conveniente.
Smotrich fue más honesto al observar que la liberación de los rehenes 2no era lo más importante”. Su opinión es aparentemente compartida por el ejército israelí, que, según informes, ha puesto ese objetivo en último lugar en una lista de seis objetivos de “guerra”.
Para el ejército, son más importantes el “control operativo” de Gaza, la “desmilitarización del territorio” y la “concentración y movimiento de la población”.
Con Israel a punto de volver a estar, de forma indiscutible y visible, al mando directo de Gaza —una vez despojadas las historias de portada sobre una “guerra”, sobre la necesidad de eliminar a Hamás y las bajas civiles como “daños colaterales”—, la responsabilidad de Israel por el genocidio también será indiscutible, al igual que la connivencia activa de Occidente.
Por eso, más de 250 exfuncionarios del Mossad, la agencia de espionaje israelí, incluidos tres de sus exdirectores, firmaron una carta esta semana denunciando la ruptura del alto el fuego por parte de Israel a principios de marzo y su regreso a la “guerra”.
La carta calificaba los objetivos oficiales de Israel de “inalcanzables”.
De igual manera, los medios israelíes informan de que un gran número de reservistas militares israelíes ya no se presentan cuando se les llama para que regresen al servicio en Gaza.
Limpieza étnica
Los patrocinadores occidentales de Israel deben ahora lidiar con el “plan” israelí para el devastado territorio. Su perfil se ha clarificado bastante en los últimos días.
En enero, Israel ilegalizó formalmente a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, UNRWA, que alimenta y cuida a la gran proporción de la población palestina expulsada de sus tierras históricas por Israel en las primeras fases de su colonización de la Palestina histórica, que duró décadas.
Gaza está repleta de refugiados de este tipo, resultado del mayor programa de limpieza étnica de Israel en 1948, durante su creación como “Estado judío”.
Eliminar a la UNRWA había sido una ambición largamente acariciada, una medida de Israel diseñada para liberarse del yugo de las agencias de ayuda que han estado atendiendo a los palestinos, ayudándolos así a resistir los esfuerzos israelíes de limpieza étnica, así como para supervisar la adhesión de Israel, o más bien la falta de ella, al derecho internacional.
Para completar los programas de limpieza étnica y genocidio en Gaza, Israel ha tenido que crear un sistema alternativo al de la UNRWA.
La semana pasada, aprobó un plan que pretende utilizar contratistas privados, en lugar de la ONU, para entregar pequeñas cantidades de alimentos y agua a los palestinos. Israel permitirá la entrada de 60 camiones al día, apenas una décima parte del mínimo absoluto requerido, según la ONU.
Hay varias condiciones. Para tener alguna esperanza de aspirar a esta ayuda tan limitada, los palestinos deberán recogerla en puntos de distribución militares ubicados en una pequeña zona en el extremo sur de la Franja de Gaza.
En otras palabras, unos dos millones de palestinos tendrán que apiñarse en un lugar sin posibilidad alguna de poder acomodarlos a todos, e incluso así solo recibirán una décima parte de la ayuda que necesitan.
También tendrán que reubicarse sin ninguna garantía por parte de Israel de que no seguirá bombardeando las “zonas humanitarias” a las que se les ha conducido.
Estas zonas de distribución militar se encuentran justo al lado de la única y corta frontera de Gaza con Egipto, justo donde Israel ha estado intentando expulsar a los palestinos durante los últimos 19 meses con la esperanza de obligar a Egipto a abrir la frontera para que la población de Gaza pueda ser sometida a una limpieza étnica en el Sinaí.
Según el plan israelí, los palestinos serán examinados en estos centros militares utilizando datos biométricos antes de tener alguna esperanza de recibir alimentos con un mínimo de calorías controladas.
Una vez dentro de los centros, pueden ser arrestados y enviados a alguno de los campos de tortura de Israel.
La semana pasada, el periódico israelí Haaretz publicó el testimonio de un soldado israelí convertido en denunciante que confirmaba las versiones de médicos y otros guardias, de que la tortura y los abusos son moneda corriente contra los palestinos, incluidos los civiles, en Sde Teiman, el más conocido de esos campos.
Guerra contra la ayuda humanitaria
El viernes pasado, poco después de que Israel anunciara su plan de “ayuda”, disparó un misil contra un centro de la UNRWA en el campo de Yabalia, destruyendo su centro de distribución de alimentos y almacén.
El sábado, Israel bombardeó tiendas de campaña utilizadas para preparar comida en Jan Yunis y la ciudad de Gaza. Ha estado atacando comedores sociales y panaderías para obligarlos a cerrar, en un eco de su campaña de destrucción contra los hospitales y el sistema de salud de Gaza.
En los últimos días, un tercio de los comedores comunitarios apoyados por la ONU —el último recurso de la población— han cerrado porque sus reservas de alimentos se han agotado, al igual que su acceso al combustible.
Según la agencia de la ONU, OCHA, esa cifra aumenta día a día, lo que provoca una hambruna generalizada.
La ONU informó esta semana que casi medio millón de personas en Gaza —una quinta parte de la población— se enfrentaba a una hambruna catastrófica.
Como era de esperar, Israel y sus macabros apologistas están restando importancia a este mar de inmenso sufrimiento. Jonathan Turner, director ejecutivo de Abogados del Reino Unido por Israel, argumentó que los críticos condenaban injustamente a Israel por matar de hambre a la población de Gaza e ignoraban los beneficios para la salud de reducir la obesidad entre los palestinos.
En una declaración conjunta la semana pasada, 15 agencias de la ONU y más de 200 organizaciones benéficas y grupos humanitarios denunciaron el plan de ayuda de Israel. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que Israel estaba obligando a los palestinos a elegir entre el desplazamiento y la muerte.
Pero lo que es peor, Israel está esgrimiendo su argumento una vez más para cambiar la realidad.
Los palestinos que se nieguen a cooperar con su plan de “ayuda” serán culpados de su propia hambruna. Y las agencias internacionales que se nieguen a apoyar la criminalidad israelí serán tildadas de “antisemitas” y de responsables del creciente número de muertes por hambruna en la población de Gaza.
Hay una manera de impedir que estos crímenes sigan degenerando. Pero se requerirá que los políticos y periodistas occidentales tengan mucha más valentía de la que se han atrevido a mostrar hasta ahora. Se necesitará más que florituras retóricas. Se necesitará más que lamentaciones públicas.
¿Serán capaces de algo más? No se les ocurra contener la respiración.
Jonathan Cook es autor de tres libros sobre el conflicto palestino-israelí. Ha ganado el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Vivió en Nazaret durante veinte años, de donde regresó en 2021 al Reino Unido. Sitio web y blog: www.jonathan-cook.net
Texto original; , Middle East Eye, traducido del inglés por Sinfo Fernández.
Saúl Méndez confirma que fue allanada la sede del Suntracs en David
Por Bernabé Yangüez
La sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en la ciudad de David, Chiriquí, fue allanada este martes, así lo conformó el secretario general del sindicato, Saúl Méndez.
”La persecución llegó al edificio del Suntracs, en David, allí se está allando nuestra sede sindical, por parte del fiscal que lleva la causa de Jaime Caballero”, detalló.
Méndez definió el proceso legal que atraviesa Caballero como una causa “política” y su detención preventiva como propia de un “preso polítca”.
A Caballero se le siguen dos procesos, uno en David, por el cual tiene la medida cautelar de reportarse los 15 y 30 de cada mes por supuestamente atentar contra la personalidad interna del Estado y otro en Panamá por un presunto blanqueo de capitales, por la cual se le ordenó detención provisional por seis meses.
Este 16 de mayo la audiencia de control de garantías realizada en la sede del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, la jueza legalizó la aprehensión de Caballero, formalizó la imputación de cargos por delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y se concedió al Ministerio Público seis meses para llevar adelante la investigación.
La jueza de garantía también aplicó la medida cautelar de detención preventiva y la defensa apeló la medida, por lo que la audiencia de apelación será este 30 de mayo.
La tecnología forma parte de nuestras vidas, y en esa convivencia la transformamos, pero también nos transforman, incluso desde hace más de 3 millones de años. Pero no todas las tecnologías son iguales, las digitales, dada su complejidad y su envolvente presencia, también influyen en la construcción de nuestra imagen y de las relaciones sociales, así como en la noción de realidad y sobre cómo intervenir en ella (Floridi, 2015). No somos ajenos a ellas y, contrariamente a lo que se dice sobre su capacidad de deshumanización, hay que considerar que, como las anteriores, forman parte consustancial de nuestro desarrollo (Diéguez, 2024). Pero, lo singular de las tecnologías digitales es que, además de permitirnos realizar muchas -y mejores- acciones, representan un desafío del pensamiento que exige ir más allá del escaparate de herramientas, la tecnología desnuda, y examinar tanto sus connotaciones internas y externas para darles significado.
Asumiendo que ninguna tecnología es neutral, puesto que cada una ofrece una forma concreta de hacer algo ajustada a su concepción y diseño, también nos invita a reimaginar -en conjunción a otros factores- modos de acción y representación de procesos tan delicados y ambiciosos como la educación. Y es ahí, aupado sobre su vertiginoso potencial, donde también descansa una narrativa sobre el valor y el poder de la tecnología digital en la educación. La narrativa EdTech, incluso donde no cabe pensar la educación sin tecnología (Dussel & Williams, 2023), es parte del imaginario pedagógico que tiene una gran influencia en las decisiones educativas (Matthews, 2020), pero también en la forma de delinear su futuro, donde, al parecer, la tecnología siempre está por delante (Selwyn et al., 2019).
Por ello no es de extrañar que surjan esfuerzos por desentrañar este tipo de narrativas EdTech, como aquellas sobre Inteligencia Artificial (IA) generativa que, según Cave et al. (2020) tienen un impacto real tanto en su devenir, su implementación o su regulación. Es más, la importancia de este mundo simbólico, la narrativa IA, es clave para entender que las diversas herramientas de IAtambién constituyen retos epistemológicos con implicaciones en la forma de entender y atender el aprendizaje (Silander, 2024). Pues bien, con toda la importancia que tiene la narrativa en las proyecciones y en las decisiones que tomamos sobre la tecnología en educación (Tondeur et al., 2017), y dada la alta complejidad de la actual tecnología digital, en esta entrada busco examinar una idea que tiene cierto prestigio en la narrativa EdTech: cuando hablamos de tecnología pensamos en herramientas.
Al hablar de tecnología digital en educación, especialmente en la prensa y la publicidad, tenemos una fuerte fijación en su parte más visible, las herramientas y sus grandes prodigios: las 10 aplicaciones móviles que revolucionarán el mundo educativo; el bot que personaliza, asiste y mejora el rendimiento escolar; la plataforma que gestiona eficazmente la atención a la diversidad; las aulas inmersivas 3D que garantizan la motivación del alumnado, etc. Y esto es lógico, ya que si hablamos de estas tecnologías en educación es preciso hablar de herramientas, claro, pero esto es una parte. Dado el brillo, la velocidad o la intensidad con que aparecen o se publicitan en el espectro educativo, existe la tendencia a centrarnos en las herramientas desnudas de sus complejidades tanto “de fábrica”, internas, como del contexto educativo, externas. ¿Cuál es la idea? A la complejidad educativa, en sí misma ya densa, heterogénea y multivariable, se le añade la de la tecnología actual que merece otra exigencia pedagógica. Una que, en principio, distinga que no es lo mismo desarrollo tecnológico en educación que desarrollo educativo con tecnología (Suárez-Guerrero et al., 2020).
Para empezar, existe una diferencia entre prestar atención a la herramienta y la tecnología: “El término tecnología es un paraguas bajo el que se incluyen, pues, elementos diversos. Aunque en el uso común es habitual identificar la tecnología con las máquinas o los aparatos, lo cierto es que tales cosas son la punta del iceberg de procesos más amplios y complejos” (Diéguez, 2024, p. 22). Cuando nos enfocamos solo en la herramienta, artefacto o aparato, ya sea por seducción o por aversión, dejamos de lado lecturas imprescindibles que forman parte de la tecnología, como el conocimiento científico implícito, las finalidades y valores de su diseño, las habilidades requeridas para su uso o las formas de producción. Cada potencial uso de la tecnología digital en educación también es una invitación a todo lo que ha dado forma y sostiene, incluida la herramienta. Así, ya que no es posible pensar una herramienta como neutral, no cabe una comprensión de la tecnología desnuda de sus complejidades que le son consustanciales y, por ello, hoy más que nunca no nos vale una narrativa educativa centrada únicamente en su funcionalidad o publicidad, sino abrir el foco a un análisis más amplio que permita entenderla mejor.
Pero, ir más allá del espectáculo mediático que se monta sobre las herramientas no es un esfuerzo mecánico, sino comprensivo. Esta exigencia pedagógica sobre el mundo EdTech supone, como señala Williamson (2021), examinar -claro está- una serie de herramientas (hardware/software), y asimismo entender la cada vez más intrincada variedad de actores (humanos y no humanos), organizaciones (públicas, privadas o multisectoriales), prácticas (docentes, diseñadores o promotores) y discursos educacionales de encuadre presentes en la tecnología. Dada la complejidad de la tecnología digital no cabe detenerse solo en la herramienta en sí, sino abrir el análisis a los condicionantes, las condiciones, los actores, los valores y las expectativas implícitas en sus diseños internos, pero también analizar y evaluar cómo la tecnología digital -además de la herramienta- se articula, alinea o sintoniza con los propósitos y contextos educativos donde se piensa aplicar. Por ejemplo, se puede aprovechar el potencial de un aula virtual y emplear datos para mejorar la experiencia de aprendizaje, pero también debemos preguntarnos sobre la calidad de esos datos, la propiedad y el tipo de acceso permitido, la competencia para analizarlos adecuadamente, la privacidad o los sesgos implícitos. Que la herramienta funcione no es la única razón, sí una parte, para admitirla en educación.
Las herramientas digitales no se “instalan” en una abstracción, sino en contextos educativos definidos. Pensar la tecnología desnuda de sus concionantes sociales, políticos, económicos o culturales que rodean a la educación, y que le dan cabida y sentido, puede llevar a un reduccionismo tecnológico que, por ejemplo, entienda el aprendizaje como una especie de acto reflejo producto de la exposición o uso de la herramienta o, más aún, entienda la herramienta como suficiente para revolucionar lo educativo. Como se sabe, la educación “no es analítica, estable y ordenada, sino sistémica, dinámica y cambiante” (Galán et al., 2014, p. 297) donde que intervienen muchos factores y, como señala Meirieu (2003) al distinguir entre la fabricación de objetos y la formación de personas, lo normal es que las cosas no funcionen como se espera; esta naturaleza exige una narrativa menos mecanicista de la tecnología. Para ir más allá de ese reduccionismo Edtech, que poco favor le hace a la comprensión amplia de la tecnología digital en educación, se pueden ensayar otros encuadres que examinen la tecnología articulada con los otros factores que también explican la educación, y la educabilidad mediada. Esta vocación holista podría ayudar a superar el vano esfuerzo, caracterizado como mito EdTech de la “bala de plata” (Suárez-Guerrero et al., 2023), de suponer que a la introducción de una poderosa herramienta le sigue, de forma causal, un cambio significativo -rondando casi lo mágico- en educación. Los negacionistas y los entusiastas de la tecnología digital tienen el mismo punto de apoyo, ese determinismo causal, ya que si no fuese así no podrían asumir que la tecnología se basta por si sola para ser causa de grandes efectos -buenos o malos- en educación.
Esta fijación por la herramienta, más cuando está en el pico de expectativa, además de llevarnos a posiciones extremas donde todo o nada es posible con tecnología, olvidan que la tecnología -por muy eficaz, inteligente o envolvente que sea- no está sola y coparticipa, se articula, con los otros factores que intervienen tanto en el aprendizaje como en la educación. Es más, como ya lo mencionaba Francisco Martínez (2016), este énfasis puesto en lo que puede hacer la herramienta deja en un segundo plano la explicación pedagógica, clave para delinear nuestras decisiones y acciones en didáctica o investigación.
La tecnología “funciona” en relación con muchos aspectos de la educación que no pueden soslayarse. Pensar que las herramientas digitales pueden ser el Santo Grial o la Caja de Pandora, según se vea, es invisibilizar la complejidad educativa. Por ello, cuando hablamos de la relación educación y tecnología sabe a poco un debate sobre su eficacia, hace falta una atención holista que examine el papel de tecnología digital -con todas sus complejidades- en el desarrollo de un proyecto humano que, por si no ha quedado claro, es más ambicioso que el propio proyecto tecnológico. Por ejemplo, se puede -y se debe- analizar la eficacia didáctica de las herramientas de IA, sin duda, pero también preguntarnos, si la promesa de automatización o las garantías de trasparencia de la IA actual encajan con los principios de los sistemas educativos. Que la herramienta funcione no es la única razón, sí una parte, de convertirse en deseable en educación.
Pues bien, y a modo de invitación, para remontar la narrativa EdTech centrada en la herramienta cabe generar otras problematizaciones -entendida como la caracterización de tópicos de estudio y análisis- de la tecnología digital en educación. Algunas ideas, grosso modo, desde lo que se puede entender como pedagogía digital crítica (Aguilera & Salazar, 2023; Suárez-Guerrero et al., 2024). Es posible, claro está, emplear herramientas de IA en la enseñanza, pero sin dejar de atender los dilemas de la algoritmización de la experiencia educativa (Giró Gràcia, & Sancho Gil, 2022), los límites que supone el cálculo estadístico en la experiencia educativa (Selwyn, 2024) o plantera el reto ético que las envuelve (Popenici, 2022); se puede, y debe, hablar del potencial didáctico de las herramientas digitales, pero además entender la forma de apropiación simbólica de la tecnología, una apropiación que supone expectativas, roles, hábitos y cultura escolar (Jarquín Ramírez, & Díez Gutiérrez, 2022); es importante conocer la capacidad de gestión del aprendizaje de los LMS (Learning Management Systems) en modalidades como el e-learning, pero también abrir el espectro a la noción de plataformización que admite otros puntos de análisis sobre la experiencia educativa mediada y mediatizada (Rivera-Vargas et al, 2023); claro que es posible automatizar procesos de evaluación del aprendizaje usando analíticas de datos, pero también exigirnos hablar de agencia, legibilidad y negociabilidad en la datificación de la experiencia educativa (Kuhn & Raffaghelli, 2023) y, por supuesto, frente al evidente imperativo comercial de que las herramientas funcionen, hay que buscar que sean significativas a la experiencia humana; no nos basta la eficacia, en educación hay que apostar por la equidad, justicia y desarrollo. Estas y otras visiones enriquecen la mirada sobre la herramienta ya que crean otros puntos de referencia para atender su complejidad y que, más temprano que tarde, inciden en nuestra imagen y práctica educativa.
Ya que existe una narrativa EduTech que estimula la tecnología digital como el producto estrella de la educación, hay que insistir en mirar más allá de los escaparates tecnológicos y construir una narrativa densa, contextual, política, exigente, utópica y crítica que arrope la desnudez con que se suele mirar la tecnología. Además de comprobar que la tecnología funcione, en educación necesitamos que tenga sentido y eso requiere, como vimos, atender la complejidad propia de la tecnología y, claro, la complejidad educativa donde se inscribe. Para ello, además de todo lo señalado, se puede recuperar un viejo ejercicio que también es parte de la tarea pedagógica: hacer preguntas (Meirieu, 2022; Suárez-Guerrero et al., 2020).
En pocas palabras, no basta con que una herramienta funcione en educación, hay que exigir -y exigirnos- un análisis de la tecnología en sentido integral, pero sobre todo sin perder la vocación educativa por un proyecto humano más justo y democrático. No se trata de huir de una amenaza tecnológica, como tampoco adherimos a lo que venga, se trata de ensayar una mirada, como comentara Neil Selwyn, crítica e ilusionante sobre la educación con tecnología.
Cave, S., Dihal, K., & Dillon, S. (eds.) (2020). AI Narratives: A History of Imaginative Thinking about Intelligent Machines Get Access Arrow. Oxford University Press.
Diéguez, A. (2024). Pensar la tecnología. Una guía para comprender filosóficamente el desarrollo tecnológico actual. Shackleton books
Dussel, I., & Williams, F. (2023). Los Imaginarios sociotécnicos de la política educativa digital en México (2012-2022). Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado, 27(1), 39–60. https://doi.org/10.30827/profesorado.v27i1.26247
Galán, A.,Ruíz-Corbella, M., y Sánchez-Melado, J. C. (2014). Repensar la investigación educativa: de las relaciones lineales al paradigma de la complejidad. Revista española de pedagogía, 281-298. https://www.jstor.org/stable/23766467? seq=1
Giró Gràcia, X., & Sancho Gil, J. M. (2022). La Inteligencia Artificial en la educación: Big data, cajas negras y solucionismo tecnológico. RELATEC, 21(1), 129-145. https://doi.org/10.17398/1695-288X.21.1.129
Jarquín Ramírez, M. R., & Díez Gutiérrez, E. J. (2022). Google en Iberoamérica: expansión corporativa y capitalismo digital en educación. Revista Española de Educación Comparada, 42,240–260. https://doi.org/10.5944/reec.42.2023.34322
Kuhn, C., & Raffaghelli, J. E. (2023). Something Important is Going on With Data: Educators’ Search for Political Agency to Act as Professionals in Complex Datafied Contexts. In: S. Hayes, M. Jopling, S. Connor & M. Johnson (eds). Human Data Interaction, Disadvantage and Skills in the Community. (pp. 53-77). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31875-7_4
Martínez Sánchez, F. (2016). Sentado en el andén. RiiTE Revista interuniversitaria de investigación en Tecnología Educativa, 0, 17-22. https://doi.org/10.6018/riite/2016/258131
Matthews, A. (2020). Sociotechnical imaginaries in the present and future university: a corpus-assisted discourse analysis of UK higher education texts. Learning, Media and Technology, 46(2), 204–217. https://doi.org/10.1080/17439884.2021.1864398
Meirieu, P. (2003). Frankenstein educador. Laertes.
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Popenici, S. (2022). Artificial Intelligence and Learning Futures. Critical Narratives of Technology and Imagination in Higher Education. Routledge.
Rivera-Vargas, P., Parcerisa, L., & Fardella, C. (2023). Digital education platforms and schooling: New challenges and alternatives towards educational equity and children’s rights. Education Policy Analysis Archives, 31. https://doi.org/10.14507/epaa.31.8483
Selwyn, N. (2024). On the Limits of Artificial Intelligence (AI) in Education. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk: Special Issue on Artificial Intelligence in Education, 10, 3–14. http://doi.org/10.23865/ntpk.v9.6062
Selwyn, N., Pangrazio, L., Nemorin, S., & Perrotta, C. (2019). What might the school of 2030 be like? An exercise in social science fiction. Learning, Media and Technology, 45(1), 90–106. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1694944
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Tondeur, J., Van Braak, J., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). Understanding the relationship between teachers’ pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence. Educational technology research and development, 65, 555-575 https://doi.org/10.1007/s11423-016-9481-2
Por: Horacio Sánchez de Loria* y Roberto Dante Flores**
En EE.UU ya son más de 3 millones, desde preescolar hasta los 12 años, los niños educados en sus propios hogares, lejos de las escuelas. Trump desmantela el sistema educativo y lo acusa de difundir la cultura woke. Cerró escuelas, prohibió palabras y peligra la instrucción de pobres y discapacitados.
El 19 de marzo, rodeado de estudiantes, Donald Trump dispuso el desmantelamiento del Departamento de Educación, equivalente a un ministerio según la configuración administrativa establecida por el presidente Jimmy Carter en 1979.
No es una medida aislada, sino que forma parte de la batalla cultural emprendida en forma virulenta, que en este caso beneficia al homeschooling, enseñanza en la casa. Desde sus orígenes en los Estados Unidos las familias educaban a sus hijos en sus propias casas.
Resulta significativo que Massachusetts, un tradicional Estado, fuera el primero en aprobar una ley de educación obligatoria (1789). Esa fue la cuna de la educación estadounidense y aún sigue siendo un faro de cultura con sus prestigiosas universidades: Harvard, MIT, etc. Pero definitivamente se estableció el sistema moderno de educación en el año 1852, a instancias del abogado y educador Horace Mann. Un argentino, Domingo Faustino Sarmiento, admirado por ese programa educativo visitó Boston, y años después contrató a sus maestras para enseñar en Argentina.
Luego de Massachusetts, otros Estados comenzaron a hacer obligatoria la asistencia a las escuelas e incluso prohibieron la educación en casa. Pero a mediados del siglo XX volvió el interés por el homeschooling, impulsado por el cuestionamiento social a la educación pública y el auge de las ideas de desescolarización. Posteriormente–en el contexto de las protestas de los estudiantes contra su participación en la guerra de Vietnam– John Holt, y otros educadores, promovieron por todo el país la enseñanza sin escuela.
Para la década de 1980 los Estados comenzaron a legalizar el homeschooling, reconociendo las diversas razones por las que los padres optan por esta vía educativa. El número de familias que educan a sus hijos en casa aumentó paulatinamente, alcanzando 3,1 millones de niños desde preescolar a los 12 años. Representan el 6 % del sistema educativo estadounidense y se ha extendido a otros países, incluso Argentina (National Home Education Research Institute, 2025).
La profesora de Harvard Elizabeth Bartholet señala que la mayoría de esas familias (según estimaciones, hasta el 90%) se rigen por creencias religiosas que buscan alejar a sus hijos de la cultura dominante. Y algunos de los padres son «ideólogos religiosos extremistas» que cuestionan la ciencia y promueven la sumisión femenina y la supremacía blanca (Harvard Magazine, 2020).
Ahora Trump argumenta que la oficina federal de Educación es innecesaria en un país donde los Estados regulan en gran medida la materia. Pero lo más importante: subraya que ha sido un cauce para expandir la cultura woke.
Es cierto que la financiación federal representa una porción relativamente pequeña –alrededor del 10%– de los presupuestos de las escuelas de gestión estatal. Sin embargo, hay Estados como Mississippi o Alaska, que dependen de este dinero para financiar más del 20% de los costos de los distritos escolares.
La pregunta ahora es: la secretaria de Educación Linda McMahon, ¿dejará de proveer dinero para ayudar a estudiantes pobres y discapacitados? Además, ¿que pasará con los préstamos estudiantiles?
Es cierto que la medida requeriría de una ley del Congreso, pero sabemos que las normas legales han perdido eficacia en el país del Norte, lo que augura una decadencia mayúscula. Varias de las casi 150 órdenes ejecutivas (decretos) que ha firmado Trump en pocos meses de gobierno violan disposiciones constitucionales que han sido denunciadas, pero a él poco le importa.
Ha cerrado decenas de bibliotecas, recortado subsidios a las universidades acusadas de permitir las protestas en favor de los palestinos o fomentar el wokismo. Utilizó el escándalo del watergate al Servicio de Impuestos Internos, Internal Revenue Service, como arma política contra sus adversarios. También prohibió alrededor de 200 palabras en la comunicación gubernamental, amén del apoyo a la censura sobre miles de libros, entre ellos 1984, de George Orwelll, o The Handmaid Tale, de Margaret Atwood.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB, al tiempo que recuerda que son los padres los principales educadores de sus hijos y deberían tener libertad para elegir la más adecuada, advierte sobre el peligro que corren los niños pobres y discapacitados de todas las escuelas del país con estas medidas.Evidentemente, todas ellas no tienen como horizonte el bien común, y fomentan aún más el individualismo, en una sociedad modelada por ese flagelo social.
* Miembro de la Academia Nacional de la Historia
** Historiador, Universidad de Buenos Aires
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