España / 03 de agosto de 2016 / Fuente: http://www.mecd.gob.es/
En este segundo trimestre, el abandono educativo temprano es del 19,7%, la menor cifra de toda la serie histórica
El abandono educativo temprano se ha situado, durante el segundo trimestre del año, en el 19,7%, la cifra más baja jamás contabilizada en nuestro país. Esta tendencia decreciente se puso de manifiesto al finalizar el pasado año con una tasa de abandono educativo del 19,97%. En el trascurso de la última legislatura se ha producido un descenso de 6,62 puntos en la tasa de abandono educativo temprano. En el año 2011, el abandono escolar se situaba en el 26,32%, pasó al 24,7% en el año 2012, al 23,6% en el año 2013 y al 21,9% en 2014.
De esta manera, España se sitúa cada vez más cerca del objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2020 y que fija para nuestro país una tasa de abandono educativo temprano del 15%.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el abandono educativo temprano de los alumnos se establece en el 23,7%, mientras que el de las alumnas se sitúa en el 15,5%. Por comunidades autónomas, los porcentajes de abandono más bajos se producen en el País Vasco (8,7%), Cantabria (10,4%) y Navarra (10,7%) y los más altos se establecen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un 28,1%, seguidas de Baleares con un 26,9% y la región de Murcia con un 25,4%.
Asimismo, en el conjunto del último año desde el segundo trimestre del 2015, las mejoras más significativas corresponden a Baleares (-2,7 puntos), Comunidad Valenciana (-2,7 puntos), Canarias (-2,2 puntos) y Andalucía (-2,2 puntos).
La Guajira / 03 de agosto de 2016 / Por: TeleSur / Fuente: http://www.telesurtv.net/
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al presidente Juan Manuel Santos crear un plan que solucione de forma eficaz y efectiva la crisis en La Guajira.
El drama de los niños en la Guajira continúa. Esta semana, según el boletín epidemiológico del Instituto de salud de Colombia, se registró la muerte de unos ocho niños, menores de 5 años, por desnutrición.
Los departamentos donde se registraron las muertes fueron La Guajira y el Chocó.
La situación viene reportándose desde hace más de 4 años. En el 2014 unos 48 niños fallecieron por desnutrición y en el 2015 un total de 38. En lo que va de 2016 esta cifra se ha incrementado con la muerte de más de 100 niños en toda Colombia, según reveló el Instituto Nacional de Salud.
¿Qué pasa en La Guajira?
Representantes de la comunidad Wayúu afirman que existe una “crisis humanitaria” por la falta de acceso de alimentos, agua y servicios de salud.
De acuerdo a Isidro Ibarra Ipuana, docente investigador, citado por el portalWayuunaiki, la problemática nutricional se debe a diversos factores como: el cambio climático, desempleo, abigeato (hurto de ganado), Estado-dependencia de los wayuu, cierre de frontera, y agrega un nuevo factor: el gobierno colombiano decidió llevarse las regalías por concepto de carbón, debido a que la zona es rica en este mineral.
A consecuencia de esto, sostiene Ibarra, la situación se ha agudizado, debido a que «anteriormente esas regalías se destinaban a salud, educación y saneamiento básico, al llevarse esos recursos debilitaron esas áreas de atención”.
Asimismo,el problema de la corrupción ha influido en el agravamiento del problema.
La directora del Instituto colombiano de bienestar familiar, Cristina Plazas, expresó que la corrupción se ha llevado el dinero destinado a los niños de la Guajira. “Se han robado los recursos de los niños en La Guajira, había una mafia horrible en nuestros programas”.
Son muchos los factores que influyen en la desnutrición el la Guajira. Foto: Inaldo Pérez/Cromos
Cifras de desnutrición en Colombia
La tasa de desnutrición en Colombia se ubica en 13,2 según cifras de investigaciones. Esta cantidad contrasta con la de algunas regiones como Vaupes (Departamento ubicado en la Amazonía Colombiana), en la que la tasa alcanza los 34,7 por ciento y en la Guajira, en la que la desnutrición crónica afecta al 27,9 por ciento de los menores de cinco años.
Al parecer el problema no atañe únicamente a la Guajira. En el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud para el 2014 se registró en todo el país 299 muertes de niños menores de cinco años por diferentes patologías, pero con el común de que todos presentaban desnutrición en sus diagnósticos.
Los departamentos colombianos con más casos son Magdalena, con 17,2 por ciento, La Guajira y Tolima, con el 10,3 por ciento cada uno. Bogotá, César, Meta, Santa Marta y Valle, con dos casos por ciudad y Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó y Cundinamarca, con un solo caso de desnutrición.
El dato
55 por ciento de la población de La Guajira vive en pobreza extrema.
98.5 por ciento de los niños indígenas que mueren por desnutrición alcanzan a tener un año de edad.
Este año van 40 niños muertos por hambre en La Guajira colombiana.
Acciones del gobierno
El Gobierno colombiano no ha puesto en marcha de forma eficiente un plan que contribuya a mejorar los servicios médicos y de alimentación en la región.
Ante la crisis y la falta de atención del gobierno colombiano así como las miles de denuncias de Organizaciones de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2015 otorgó medidas cautelares para esta comunidad con el objetivo de apresurar las acciones en el acceso al agua potable y a los alimentos para esta comunidad.
Entre las acciones que posteriormente planteó el gobierno, se encontraba la construcción de un sistema de tratamiento de agua potable así como la apertura de 64.639 cupos para la atención de la primera infancia, 12 unidades móviles del ICBF y 17.600 cupos para programas de recuperación nutricional.
Igualmente, prometió la entrega de 255.213 litros de leche y 36.000 bolsas de bienestarina a 9.100 familias seleccionadas.
Sin embargo, se han reportado irregularidades a la hora de ejecutar estas medidas.
Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al presidente Juan Manuel Santos atender urgentemente mediante el diseño y ejecución de un plan que finalmente dé soluciones efectivas a la desnutrición y a la falta de acceso al agua que padecen los niños indígenas wayúu que viven en el departamento de La Guajira, asi como en los municipios los municipios Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
De igual forma, la Corte ordena que se deberá entregar un informe mensual, a fin de conocer si se está logrando los objetivos.
Uruguay / 03 de agosto de 2016 / Por: El Observador / Fuente: http://www.elobservador.com.uy/
Desde su surgimiento, las universidades privadas han sido una espina ideológica en los sectores de izquierda
Desde su surgimiento hace cuatro décadas, las universidades privadas han sido una espina ideológica en el costado de los sectores de izquierda que parecen seguir creyendo que el estatismo de corte marxista ha triunfado en algún lado. Los recurrentes ataques contra esos centros fracasaron año tras año, por la percepción de sucesivos gobiernos de que ofrecen una opción formativa más sólida que la gigantesca pero despareja Universidad de la República (Udelar). Ahora, sin embargo, un artículo incluido por la bancada del Frente Amplio en la Rendición de Cuentas excluye a las cinco universidades privadas de la exoneración tributaria que existe para las donaciones a todas las instituciones docentes de carácter terciario, exoneración que estableció el propio FA.
La medida, incorporada a propuesta de la diputada Macarena Gelman en ese fárrago de controversias internas frenteamplistas en que se ha convertido la Rendición de Cuentas, es claramente discriminatoria y responde a un nuevo intento de presión ideológica contra el sector privado en el campo de la educación. Discrimina exclusivamente contra las universidades porque no se aplicaría a los demás centros de estudios, tanto públicos como privados. Esto significa que tanto la Udelar y las demás instituciones públicas como los colegios y los liceos privados seguirían gozando de las actuales exoneraciones fiscales a las donaciones. El efecto de la medida sería privar a las universidades privadas de un promedio de US$ 1,4 millones anuales en donaciones, suma que se dedica a becar a estudiantes que no pueden pagar la matrícula y a actividades tecnológicas, uno de los puntos más flojos de la enseñanza pública.
En declaraciones a El Observador, Gelman reconoció que el monto no es significativo y adujo que su propuesta “tiene que ver con lo conceptual de proteger más que nada la educación pública”. Su posición carece de todo fundamento ya que si las donaciones desaparecen de las universidades privadas al perder la exoneración tributaria, nada obsta a que esos aportes, en vez de ir al sector estatal, se vuelquen al vasto número de escuelas y liceos privados que funcionan en el país. Incluso uno de estos centros, el liceo privado pero gratuito Impulso, recibe anualmente donaciones por US$ 1,7 millones, más que el total aportado a las universidades Católica, ORT, de Montevideo, de la Empresa y el Claeh.
Más grave que esa falacia argumental es el desvío ideológico de la medida propuesta. Cuando se le preguntó si se trataba de “un tema ideológico o programático”, Gelman respondió que “sí, se puede llamar un tema programático”, absteniéndose significativamente de desmentir la intención ideológica que campea en el proyecto. Juan Manuel Gutiérrez, rector de la Universidad de Montevideo y secretario pro témpore del Consejo de Rectores del sector privado, precisó que la movida de la bancada frenteamplista a instancias de Gelman “constituye una clara discriminación contra las universidades privadas porque son las únicas instituciones excluidas de este régimen”, que seguiría ayudando a todos los demás centros públicos y privados del país. Entre las modificaciones que se discuten en el proyecto de Rendición de Cuentas, corresponde desechar la iniciativa de Gelman. A menos, naturalmente, que se quiera mostrar a Uruguay resuelto a profundizar su abismal atraso educativo al restringir la mejor formación terciaria disponible en el país.
Puerto Rico / 03 de agosto de 2016 / Por: Gerardo E. Alvarado León / Fuente: http://www.elnuevodia.com/
Se espera que la Oficina de Ética Gubernamental divulgue sus hallazgos durante el mes en curso
Las pesquisas que varias agencias de ley y orden iniciaron sobre las irregularidades en la otorgación de las Becas Presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el año académico 2014-2015 siguen avanzando, y se espera que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) divulgue sus hallazgos este mes.
Jennifer Rodríguez, asesora ejecutiva de la OEG, indicó ayer que la abogada a cargo de la investigación, cuyo nombre no ofreció, está lista para someter su informe “en cualquier momento de agosto”.
“En agosto estaría acabando y se haría un informe con el resultado de si hubo o no violaciones a la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012)”, declaró Rodríguez.
Recordó que la OEG inició su pesquisa “motu proprio” en febrero pasado, cuando trascendieron las irregularidades en la otorgación de las Becas Presidenciales, particularmente en el recinto de Río Piedras.
En aquella ocasión, hubo señalamientos de favoritismo hacia los tres becarios del recinto riopedrense, debido a su cercanía con funcionarios de la administración de turno y/o la propia UPR. Estos fueron Arturo Ríos, exasesor en asuntos laborales del gobernador Alejandro García Padilla; Carlos Pagán, exayudante del hermano del gobernador y expresidente de la UPR, Antonio García Padilla; y Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez. Este último era presidente del ente rector cuando su sobrina obtuvo la beca.
Dos opciones
Rodríguez explicó que una vez concluya la investigación de la OEG, se sabrá si “uno o varios” funcionarios públicos violaron la Ley de Ética Gubernamental.
Si la abogada a cargo determina que no hubo violación de ley, el caso se archiva.
Pero, si determina que sí hubo violación de ley, la OEG citaría a una vista administrativa, donde un oficial examinador pasaría juicio sobre la prueba documental y testifical en poder de la dependencia.
“El oficial examinador evaluaría el caso y presentaría un informe como resolución final. Si los hallazgos de la investigación se sostienen, el o los querellados podrían pedir una revisión en el Tribunal de Apelaciones e, incluso, llegar al Supremo”, abundó Rodríguez.
Uno de los documentos que la OEG podría considerar en su pesquisa es el informe que rindió a principios del mes pasado la Comisión Investigativa sobre las Becas Presidenciales 2014-2015, ente que designó la Junta de Gobierno de la UPR para indagar las irregularidades. El informe concluyó que el proceso de otorgación de las Becas Presidenciales estuvo plagado de “serias deficiencias y violaciones de reglamentos y de ley”.
Tras conocerse estos hallazgos, la Junta de Gobierno destituyó al entonces presidente de la UPR, Uroyoán Walker; al rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino; y al decano de la Facultad de Estudios Generales de Río Piedras, Carlos Rodríguez Fraticelli. La vicepresidenta de Asuntos Académicos, DeliaCamacho; y la decana de Asuntos Académicos de Río Piedras, Palmira Ríos, dimitieron minutos antes que la Junta de Gobierno se expresara.
De otra parte, Amber Lee Vélez, portavoz del Departamento de Justicia, indicó que la investigación de esa agencia “sigue en desarrollo” y se están analizando documentos.
“Como toda investigación en curso es confidencial, se informará el resultado una vez concluya la misma”, dijo Vélez, al precisar que la pesquisa está a cargo de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Consumidor.
Pendiente
En tanto, Gilberto Domínguez Escalera, representante estudiantil graduado en la Junta de Gobierno de la UPR, dijo que el subcomité interno que recomendó las destituciones se reunirá este mes para discutir las peticiones de refutación al informe de la comisión que presentaron Pagán y Severino.
Walker había indicado que también lo refutaría, pero hasta ayer la Junta de Gobierno no había recibido “comunicación oficial” de su parte.
La reunión aún no tiene fecha pautada. Domínguez Escalera, sin embargo, se expresó confiado en que el mismo día que se celebre el subcomité interno también podrá entrevistar al vicepresidente de investigación y tecnología de la UPR, José Lasalde, de quien se dice en el informe que supuestamente intercedió a favor de Pagán para que obtuviera la beca.
Bogotá / 03 de agosto de 2016 / Fuente: http://www.semana.com/
En el centro de la capital se encuentra un edificio en el que se apuesta a desarrollar contenidos, investigación y formación por medio de la tecnología. Semana Educación lo visitó y esto fue lo que encontró.
Llegar al centro de Bogotá no es fácil por el tráfico, las vías pequeñas y el caos, sin embargo, al estar allí, entre la contaminación, la gente y el movimiento se alcanzan a ver las construcciones patrimonio de la capital. Una que resalta en particular es el conocido Palacio San Francisco, un edificio de estilo republicano que a pesar de verse afectado por el deterioro y el vandalismo aún conserva parte de su belleza. Hasta 1990 fue la sede de la gobernación de Cundinamarca y después estuvo alquilado a la Universidad del Rosario. Pero hoy, gran parte del edificio está vacío y requiere una pronta recuperación. Sin embargo, muchos de los que pasan al frente ignoran lo qué ocurre en su interior.
En las áreas que no están abandonadas del edificio se desarrolla un proyecto transformador, el Centro de innovación educativa regional (Cier). La Universidad Nacional es la encargada de operar aspectos relacionados con gestión, investigación, implementación y evaluación de proyectos de innovación educativa, que benefician principalmente al sector público. El proyecto también es liderado por el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Cundinamarca. De igual forma se han creado centros en Cartagena, Villavicencio, Envigado y Cali que tienen como objetivo desarrollar contenidos educativos digitales, proveer capacitación a profesores y estudiantes y promover el uso de las TIC en función del desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
Como lo afirma Sandra Barragán Directora del centro regional Zona Centro, “el objetivo del Cier, con el respaldo de la Universidad Nacional, es ser uno de los principales actores del Sistema Educativo Nacional que tiene como misión articular las iniciativas que buscan transformar la calidad de la educación con el uso de nuevas tecnologías´.
El Cier zona centro, como se denomina al ubicado en Bogotá, dispone de una infraestructura que facilita la creación de contenidos digitales como un estudio multimedia para la producción de piezas audiovisuales, aulas para realizar procesos de formación con acceso a internet y a las plataformas digitales. Según Barragán, “los docentes beneficiados del CIER – Zona Centro pueden acceder a formación virtual y presencial para el desarrollo de competencias específicas en uso de tecnologías a través de la plataforma Red Maestros y del campus del Portal Colombia Aprende. Asimismo, pueden acceder a cursos masivos abiertos gratuitos y en línea (MOOC) a través del aula virtual del Centro de Innovación. Docentes de algunas instituciones educativas focalizadas reciben apoyo pedagógico virtual para el uso de contenidos educativos digitales por medio de estrategias tales como correo electrónico, chat, mensajería instantánea, entre otros.”
El reto del Cier es convertirse en el medio para la producción de contenidos digitales que requieren las escuelas colombianas, y facilitar a los profesores y directivos el acceso a estos espacios de formación. Ojalá desde el centro de Bogotá comience la revolución digital que tanto necesita la educación del país para cerrar las brechas que tanto nos han afectado.
Paraguay / 03 de agosto de 2016 / Por: oscar.quintana / Fuente: http://www.mec.gov.py/
El ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera firmó esta mañana la Resolución por la cual se prorroga sine die el concurso para selección de Supervisores Educativos. 05/16. La disposición tomada es con el fin de superar los inconvenientes técnicos en la web del MEC, para transparentar todo el proceso y permitir que los mejores accedan al cargo.
Para ello Riera informó que se implementará un sistema similar al empleado anteriormente en la selección de jueces, fiscales y defensores públicos en el Consejo de la Magistratura y que permitió integrar el sistema de justicia, sin que los designados le deban su cargo a nadie, más que a sus currículum, capacidad e idoneidad.
“Vamos a llevar adelante un concurso serio y transparente, en donde todos los datos de los candidatos serán alzados al sitio web del MEC, para que no solo los concursantes puedan objetar a sus pares, sino que también la ciudadanía pueda realizar denuncias serias, en caso que la hayan y tengamos nosotros mayores elementos objetivos, para elegir a los mejores”, declaró Riera.
Agregó que “la decisión fue tomada libremente y sin influencia de gremios o sindicato alguno, luego de percatarse de las deficiencias y discrecionalidad del sistema vigente”
El objetivo es además, dar cumplimiento efectivo a la búsqueda de una educación de calidad y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, objetividad e imparcialidad.
A partir de la fecha la Comisión de Selección y el equipo Técnico procederán a realizar los ajustes técnicos, informáticos y procedimentales necesarios para la prosecución del señalado proceso concursal.
Chicago / 03 de agosto de 2016 / Fuente: http://noticiasacapulconews.com/
La autorización sólo aplica para los planteles del sistema público
El porte de armas en los campus universitarios públicos de Texas fue autorizado por las autoridades de educación, justo el mismo día del aniversario número 50 de un tiroteo masivo en una universidad texana.
En virtud de la nueva norma, cada universidad pública de este estado permitirá el porte disimulado de un arma de fuego, pero puede limitar el lugar en las que se aplica. Las universidades privadas no están incluidas en la ley.
Gregory Fenves, presidente de la universidad de Texas donde se produjo una matanza de 14 personas en 1966, prevé que la medida pase casi desapercibida en este campus de Austin, la capital del estado. “Nuestro campus es muy seguro”, dijo. “Y pienso que así seguirá”.
Ocho estados norteamericanos autorizan a partir de ahora el porte de armas en campus estadounidenses, entre ellos Oregon, Colorado y Wisconsin, y 18 estados lo tienen específicamente prohibido.
Las reacciones en contra
Tres profesores de la universidad de Austin presentaron una demanda contra la iniciativa alegando que su derecho a la libertad de expresión se vería afectado a causa de la atmósfera de temor que generará la existencia de estudiantes armados.
En una reciente columna de opinión en el diario Dallas Morning News, una docente de una universidad pública de Dallas compartió sus preocupaciones. “No tengo temor a las armas de fuego. Tengo temor a esta asociación: estrés por los parciales, enfermedad mental no diagnosticada y posibilidad de estar armado dentro de la universidad”, escribió Seema Yasmin.
Los defensores de la ley afirman que la autorización garantiza una mayor seguridad de estudiantes y profesores, y alegan que un atacante podría ser más rápidamente detenido si hay estudiantes o profesores armados en la universidad.
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Son muchos los factores que influyen en la desnutrición el la Guajira. Foto: Inaldo Pérez/Cromos
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