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El Salvador/ Julio de 2016/La Prensa

Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa han comenzado a conversar con el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén para aprobar una nueva ley de reconciliación nacional, con el fin de que se adecue al momento que se vive en El Salvador y permita que se conozca la verdad de los terribles crímenes cometidos durante el conflicto armado que desangró a este pequeño país centroamericano, informó el sábado el mandatario.

La iniciativa del gobierno salvadoreño se produce después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogara la ley de amnistía general para la consolidación de la paz, de 1993, la cual impidió que se investigara y juzgara a los responsables de los horrendos delitos perpetrados por estructuras militares, paramilitares y guerrilleras durante la guerra civil.

Pero la Sala también sentenció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que tanto los autores materiales como los mandos son responsables y deben ser juzgados»Hemos comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional, una ley que se adecue a estos momentos y además elaborar, como parte de esta ley, una justicia transicional que permita que las familias conozcan la verdad, pero que además también se dé la oportunidad de que también se perdone», dijo el mandatario en un acto público en el municipio de Huizucar, en la periferia sureste de la capital.

Sánchez Cerén criticó recientemente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, una de las cuales declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 y otra que modificó las reglas de elección de los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa.

«No miden los efectos que pueden tener no sólo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente», afirmó.

La iniciativa de crear una «justicia transicional» también fue planteada por los obispos de la Iglesia católica salvadoreña, que dieron su aprobación a la derogatoria de la ley de amnistía general porque consideran que abre la posibilidad de la reconciliación al superar la impunidad.

Con la derogación de la ley de amnistía general, la Fiscalía General de la República espera una «avalancha» de demandas de los familiares de las víctimas, pero ya advirtió que no está preparada operativamente para investigar y procesar estos casos ocurridos hace décadas.

Los obispos, que expresaron su posición en un comunicado oficial, pidieron a los salvadoreños enfrentar esta situación con madurez y serenidad, y dijeron que, si bien ellos también son víctimas, no están tratando de llevar a nadie a la cárcel, «solamente pedimos que se conozca la verdad y se pida perdón, para inmediatamente ofrecerle perdón a quien corresponda».

Sánchez Cerén resaltó la posición de los obispos, porque dijo que «llaman a la cordura, llaman a la tranquilidad, a que no convirtamos este momento en un momento de venganza, de odio, y llaman a que aprovechemos este momento para conocer la verdad, pero también para el perdón».

Por su parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, afirmó que aquellos crímenes de lesa humanidad que se cometieron dentro del conflicto, y que la Comisión de la Verdad identificó, deberán ser incluidos dentro de esta ley que se está discutiendo; «no pueden quedar fuera».

«Nosotros estamos empeñados en el rescate de la memoria histórica, y el rescate de conocer la verdad, de lo que ocurrió en el país es parte del resarcimiento moral de las víctimas», agregó.

Al derogar la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la Sala de lo Constitucional también le dio vida a la anterior amnistía, conocida como ley de reconciliación nacional de El Salvador, emitida el 23 de enero de 1992, una semana después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil.

Con la derogación de la ley de amnistía general, la Fiscalía General de la República espera una «avalancha» de demandas de los familiares de las víctimas, pero ya advirtió que no está preparada operativamente para investigar y procesar estos casos ocurridos hace décadas.

Según la resolución de la Sala de lo Constitucional, se podrán investigar los casos de crímenes de lesa humanidad documentados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que recibió más de 22 mil denuncias de hechos de violencia graves ocurridos durante el período de enero de 1980 a julio de 1991.

Los testimonios atribuyen casi el 85% de los casos a los agentes del Estado y a grupos paramilitares aliados a éstos; el 10% a los llamados escuadrones de la muerte, y aproximadamente el 5% al guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Fuente: http://www.prensa.com/mundo/Salvador-Estudian-nueva-reconciliacion-nacional_0_4535546440.html