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México/14 julio 2016/Autor: Zósimo Camacho/Fuente: Red Voltaire

Amnistía Internacional es una prestigiada organización global con presencia en más de 150 países. Defiende derechos humanos generalmente en contextos adversos y ante regímenes autoritarios y situaciones de violencia extrema. Su trabajo ha servido para promover el respeto a los derechos humanos de millones de personas y documentar la violación de los mismos por parte de quienes abusan del poder (legítimo o de facto) y de quienes buscan despojar o imponerse por medio de la brutalidad. Su trabajo le ha ganado el respeto y el reconocimiento prácticamente en todo el mundo.

La Sección México de este organismo no gubernamental ha acompañado innumerables casos de presos políticos, víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y víctimas de uso desproporcionado de la fuerza. También ha preparado informes en los que se señala puntualmente cuál es la situación real de los derechos humanos en este país. Su informe más reciente, Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, es un ejemplo de los serios documentos que elabora.

Por ello, preocupa lo que desde hace meses ha venido ocurriendo en esa oficina y que podría derivar en que finalmente sea domesticada por el gobierno mexicano.

Su actual director, Perseo Quiroz Rendón, se apresta a dejar el cargo en medio de cuestionamientos internos –tanto del personal a su cargo como de la membresía– por lo que integrantes de la sección mexicana consideran un desempeño contradictorio y, peor, por querer conducir a la organización no gubernamental como si fuera una empresa privada.

Quiroz Rendón se va (en diciembre, según lo anunció en la Asamblea celebrada el pasado 2 de julio), pero deja un nuevo organigrama (una nueva estructura) de la oficina en México de Amnistía Internacional y también nuevos reglamento y estatuto que regirán de ahora en adelante la vida de la organización en este país.

De entrada, los cambios en la normativa tienen como fin adquirir ante el gobierno mexicano el estatus de “donataria”. Lo anterior, aunque la organización no desempeñe actualmente las funciones de las instituciones con dicho estatus: tutelar derechos de menores, la readaptación social de personas que han llevado conductas ilícitas y, entre otras, capacitación para el trabajo.

Las repercusiones de estos cambios también son del orden de la transparencia y la rendición de cuentas: no obliga a la presentación de informes anuales por parte del Comité Directivo ni de la Dirección Ejecutiva ante la Asamblea General y abre la puerta para que ahora reciba financiamiento de oficinas de gobierno. Hasta ahora, Amnistía Internacional sólo recibía dinero de instituciones oficiales para educación en derechos humanos y siempre y cuando dichos recursos no excedieran del 20 por ciento de su presupuesto. En la redacción del nuevo estatuto no se impone un fin ni un límite para la “cooperación técnica y económica” de instituciones “oficiales”.

También es clara la discrecionalidad que se otorga a la Dirección Ejecutiva y al Comité Directivo para modificar el patrimonio y las maneras de obtenerlo. Toda la membresía queda fuera de esta decisión, pues ya no será necesario para ello convocar a una asamblea extraordinaria. Incluso tampoco será obligatorio para estos organismos directivos presentar en asamblea el presupuesto anual de la institución.

Además, la política de cuotas se sustituye con una “política de donaciones”. Así, quienes antes aportaban su cuota y con ello adquirían derechos, ahora aportarán donaciones, las cuales son voluntarias y no generarán para quienes aporten la capacidad de incidir en el rumbo que tome la organización. Las donaciones también existían, pero se trataba de recursos extra y había una clara diferencia entre cuotas y donaciones.

Todo parece indicar que los cambios en Amnistía Internacional tienen dos objetivos: 1) proporcionar al gobierno mexicano mecanismos de presión y herramientas para exigir “rendición de cuentas” a una organización que le ha sido incómoda; y 2) enfocar los esfuerzos de la oficina en la captación de dinero, mediante asesorías, capacitaciones y cooperaciones técnicas y económicas con empresas privadas e instituciones públicas. En este último punto, la actual dirección ya había intentado celebrar convenios con algunos gobiernos, como el de Morelos. Alguna vez ya le tuvieron que decir a un entusiasta Perseo Quiroz que la normativa entonces vigente no le permitía celebrar acuerdos como el que ya había pactado con Graco Ramírez… Y hasta las fotos del director de Amnistía Internacional México con el gobernador de Morelos tuvieron que bajar de las redes sociales.

Como corolario, los cambios aprobados en la sección mexicana de Amnistía Internacional se aprobaron con alrededor del 2 por ciento del total de la membresía. Desde hace años, la participación no pasa del 3 por ciento. Los mismos toman las decisiones siempre, lo que ha derivado en que la organización pierda la identidad que, supuestamente, se marca desde el nivel internacional.

Esperemos que la oficina mexicana de Amnistía Internacional supere las crisis internas y siga siendo un referente de la promoción y defensa de los derechos humanos en este país. Organizaciones fuertes e independientes vaya que hacen falta en una nación tan desigual y con tales niveles de impunidad como México.

Fragmentos

Todo parece indicar que la activación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como contrapeso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no sólo será a través de las “mesas de diálogo”. Buscarán movilizar y enfrentar a maestros con maestros. Eso es jugar con fuego; pero así están de desesperados en el gobierno federal ante el apoyo social que han generado los profesores movilizados.

Fuente: http://www.voltairenet.org/article192816.html