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Fue una jugada de ajedrez. El Gobierno decidió romper el tabú pero sin dar la sensación de haber cedido ante los maestros disidentes. Para ello, en plena tensión negociadora con la levantisca Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Ejecutivo ofreció su mayor tesoro, la revisión de la reforma educativa, en otra mesa y con otro interlocutor. El elegido fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la fuerza mayoritaria en el país y que mantiene buenas relaciones con el Ejecutivo desde el encarcelamiento de su líder, Elba Esther Gordillo, en los albores del mandato de Peña Nieto.
La oferta gubernamental, en respuesta a un pliego de peticiones de la SNTE, es de calado. Admite la necesidad de modificar las evaluaciones docentes, el punto crítico de la reforma, y propugna un aumento salarial del 3,5% para los docentes. Todo un paquete al que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, uno de los más queridos delfines de Peña Nieto, añadió un calendario concreto: una semana para presentar un nuevo modelo educativo y 45 días para el rediseño de los exámenes a los profesores. “Es crear una tercera vía para resolver el conflicto. Se evita ceder ante la CNTE y López Obrador y se atienden algunas demandas generales. Todo irá bien siempre que no se atropelle el espíritu de la ley”, señaló a este periódico un alto cargo educativo.
El anuncio cortocircuita una de las principales reclamaciones de la CNTE, la fracción disidente de la SNTE. Embarcada en una larga y violenta lucha con la reforma, esta fuerza radical ha logrado con sus cortes de carreteras, bloqueos de aeropuertos y quemas de edificios oficiales desestabilizar la implantación de la ley en los estados que controla: Oaxaca y Chiapas. En su argumentario siempre ha figurado el rechazo a la evaluación docente y su presentación como una terrorífica segadora laboral. Pero su combate también ha respondido a una defensa cerrada de la estructura clientelar que le ha dado poder en el sur.
En un universo paupérrimo, con un PIB cinco veces menor que en la capital, la coordinadora ha controlado durante décadas la asignación de plazas docentes, una de las pocas fuentes de ingresos a las que podían aspirar miles de familias. En este contexto, el pánico a perder el puesto de empleo, la desconfianza hacia un poder lejano y la torpeza del anterior secretario de Educación de presentar la ley como una reforma laboral dieron alas a la contestación. El resultado ha sido una protesta larga y prácticamente inextinguible, que ha sumado apoyos entre ciertos intelectuales, aunque nunca ha gozado de un apoyo social mayoritario. Por el contrario, la reforma educativa es vista por amplios sectores como una necesidad en un país donde el 80% de los estudiantes suspende o aprueba por la mínima la evaluación internacional PISA. En esta línea, la norma acaba con la compra-venta de plazas (100.000 a 200.000 pesos por una) y su heredad. A cambio impone el concurso-oposición y la criticada evaluación de los docentes.
Durante meses, la Secretaría de Educación no tuvo grandes problemas para defenderla. Pese a que el conflicto nunca cesó, la presión gubernamental fue desmontando poco a poco las bases del poder clientelar de la CNTE. El pulso parecía perdido por esta fuerza hasta que el pasado 19 de junio, en un enfrentamiento entre la policía y los maestros disidente en Nochixtlán (Oaxaca), murieron a tiros al menos ocho civiles. Esta matanza, aún no aclarada por el Gobierno, forzó la apertura de una negociación con la coordinadora.
Liderado por el secretario de Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, este diálogo, tras una primera fase altamente inestable, ha desembocado en una amplia plataforma de discusión. A favor ha jugado la determinación mostrada por Osorio Chong de utilizar la fuerza si la CNTE no dejaba de asfixiar las carreteras de Chiapas y Oaxaca. Pero también ha influido la emergencia en el seno de la coordinadora de una facción dispuesta a sentarse a negociar.
Bajo estas premisas, las reuniones con los maestros disidentes han generado cierta distensión. Su éxito, sin embargo, queda aún muy lejos. La CNTE mantiene su exigencia de que la ley sea derogada. Y su retórica dificulta cualquier acuerdo. Ayer mismo, despreció el pacto cerrado entre el Gobierno y el sindicato mayoritario:“Lo que acuerden es sólo el resultado de dos cadáveres que se resisten a ser enterrados”. La paz aún está por llegar.
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