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Candelario Jimón Alonzo llegó a Estados Unidos con el sueño de lograr más en la vida de lo que podría ser por los caminos llenos de baches en las tierras altas de su nativa Guatemala. Esta era su oportunidad: Podría terminar la secundaria en Estados Unidos y algún día convertirse en maestro.

Sin embargo, el chico de 16 años se la pasa solo casi todos los días en una casa deteriorada en Memphis, donde vive con su tío; sale ocasionalmente a jugar fútbol y a aprender lo que pueda de inglés con sus amigos.

Las autoridades educativas locales han impedido a Jimón asistir a la escuela desde que intentó inscribirse en enero.

Según abogados, se ha impedido a Jimón y a por lo menos otros 12 jóvenes inmigrantes que huyeron de la violencia en América Central estudiar en secundarias públicas en Memphis porque las autoridades afirman que esos adolescentes carecen de un documento oficial que avale su escolaridad o porque eran demasiado mayores como para graduarse a tiempo.

The Associated Press encontró que en por lo menos 35 distritos escolares en 14 estados, se desalentó a centenares de menores de El Salvador, Guatemala y Honduras que llegaron solos a la hora de inscribirse en escuelas o se les apremió a que estudiaran en lo que defensores y abogados consideran programas alternativos separados pero inequitativos: básicamente un callejón académico sin salida que puede constituir una infracción a las leyes federales.

En lugar de inscribir a Jimón y a los otros menores en alguna escuela secundaria, un distrito escolar falto de efectivo los derivó a una escuela para adultos en el este de Memphis que ofrecía clases de inglés algunas horas a la semana.

Pero antes de que Jimón pudiera siquiera registrarse, el estado clausuró los programas de Desarrollo Educativo General (GED por sus siglas en inglés) y de inglés porque pocos estudiantes se graduaban, lo que en la práctica anuló las posibilidades del chico de acceder a una educación formal.

«La verdad es que yo quería estudiar matemáticas e inglés cuando llegara aquí», dijo Jimón, quien creció hablando español y la lengua indígena quiché. El adolescente, delgado y de voz suave, está en proceso se solicitar un permiso de permanencia permanente.

La portavoz escolar del condado Shelby, Natalia Powers, dijo que su amplio distrito tenía una política que ofrecía a los estudiantes de 16 años o más la opción de inscribirse en un programa GED, pero cuando éste fue cancelado los alumnos tenían disponible en un programa «similar» de una organización local sin fines de lucro.

Sin embargo, los abogados y defensores señalaron que se había negado a los menores la opción de asistir a una secundaria convencional y la organización sin ánimo de lucro de Memphis no enseñaba inglés.

Las escuelas en Estados Unidos continúan como unas de las pocas instituciones gubernamentales en las que se garantizan los servicios a los jóvenes inmigrantes, pero el gobierno federal ha otorgado pocos recursos o poca supervisión para vigilar que eso suceda, en parte porque esas escuelas se gestionan de manera local.

Desde el otoño de 2013, el gobierno federal ha colocado casi 104.000 menores que llegaron solos con tutores adultos en diversas comunidades en todo el país, donde se espera que asistan a la escuela mientras buscan que un tribunal de inmigración les otorgue un permiso de residencia.

Meses después, durante la dramática oleada de cruces irregulares en la frontera, los departamentos de Educación y Justicia emitieron recomendaciones conjuntas en las que se recordaba a los distritos escolares un fallo de 1982 de la Corte Suprema según el cual los estados no pueden negar a los niños la educación pública gratuita, al margen de su situación migratoria.

Los distritos en los que se detecte que han infringido la ley pueden verse obligados a modificar sus políticas de inscripción, pero el proceso no es sencillo. Para empezar, pocos niños migrantes comprenden sus derechos.

Los estudiantes y quienes los defienden pueden demandar a los distritos escolares o quejarse ante los departamentos de Educación o Justicia, pero las investigaciones acumulan tantos retrasos que pueden tardar años y suelen resultar en sanciones civiles, dijo Lisa Carmona, abogada de la organización sin ánimo de lucro Southern Poverty Law Center.

«Algunos estudiantes que vienen de otros países podrían estar muy retrasados, pero eso no permite al distrito escolar decir que nunca tendrán éxi6to, así que los ponen en su entorno menos exigente, para siempre», afirmó John Affeldt, abogado gerente de la organización pro derechos civiles sin ánimo de lucro Public Advocates, con sede en San Francisco.

Muchos distritos escolares se han esforzado para encontrar los recursos y el personal para satisfacer las necesidades educativas de esos estudiantes, que a menudo portan traumas emocionales, tienen huecos de instrucción y son mayores que otros alumnos que estudian en inglés.

Para determinar dónde ése no era el caso, AP analizó estadísticas federales para identificar zonas donde el número de niños inmigrantes era relativamente grande en comparación con el número de inscripciones en las escuelas públicas y en comparación con el número de alumnos que estudian formalmente inglés.

En Alabama, California, Florida, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Nueva York, North Carolina, Ohio, Tennessee, Texas y South Carolina, trabajadores sociales y abogados dijeron a la AP que se había impedido a los inmigrantes en edad escolar inscribirse, se les había mantenido fuera de las aulas durante meses por elaborados requisitos burocráticos o se los había derivado a reformatorios y programas educativos para adultos.

Se desconoce la cifra total sobre asistencia de menores centroamericanos en las escuelas porque el gobierno no facilita estadísticas sobre condados que han recibido menos de 50 de ellos, lo que implica que no hay información disponible sobre unos 25.000 niños inmigrantes.

Portavoces de los departamentos de Educación y Justicia declinaron hacer comentarios sobre el alcance del problema, pero señalaron que las agencias se mantienen atentas para proteger los derechos civiles de los menores migrantes no acompañados.

Algunos distritos han adoptado medidas extraordinarias para acomodar a los alumnos, que a menudo llegan para encontrarse con sus parientes y a veces han abandonado su país para escapar de pandillas delictivas o la extrema pobreza.

Un distrito en una zona rural de Kansas modificó la ruta de un autobús escolar para garantizar que un grupo de adolescentes que llegaron solos al país asistiera a clases.

Una secundaria en San Francisco reescribió novelas dirigidas a adultos jóvenes para adaptarlas a un lenguaje de nivel básico y despertar el interés por la lectura de los recién llegados.

En marzo de 2015, las autoridades federales extendieron subvenciones por 14 millones de dólares a distritos escolares donde el gobierno había acomodado más de 50 menores que llegaron solos al país.

Sin embargo, esa cantidad equivale a menos de 175 dólares por menor inmigrante al que se radicó en esos condados desde octubre de 2013 y muchos distritos afirman que tienen que cubrir una enorme parte del costo.

En Miami-Dade, Florida, el cuarto distrito escolar más grande del país, las autoridades estiman que educar a cada estudiante nacido en el extranjero cuesta unos 2,700 dólares más cada año.

«Básicamente hemos tenido que ayudarnos entre nosotros porque no hemos recibido gran cosa en lo que a ayuda se refiere de los estados o los federales», dijo Gabriela Uro, directora del Consejo de Escuelas de Gran Ciudad, que representa a grandes distritos urbanos como el de Miami.

Los nuevos alumnos pueden tener un impacto especialmente grande en distritos más pequeños, como el condado de Nobles, en Minnesota, unas 250 millas al suroeste de Minneapolis. El distrito tiene 3.000 alumnos, y desde el otoño de 2013, el gobierno ha introducido al menos a 121 menores no acompañados en el sistema, lo que supone en torno al 3% del alumnado público actual, según datos federales.

El distrito contrató a dos nuevos maestros de inglés y personal de apoyo educativo especial en el último año para cubrir la demanda.

Todos los niños deben asistir a la escuela hasta al menos octavo grado o hasta que cumplan 16 años, de acuerdo con las leyes de enseñanza obligatoria en los 50 estados. En muchos estados, los estudiantes pueden inscribirse aunque sean mayores de 16.

Para los estudiantes que aprenden inglés, el lineamiento señala que los distritos escolares deben proveer en un periodo razonable servicios adecuados de asistencia lingüística para que los estudiantes puedan participar en igualdad de condiciones en el programa ordinario de enseñanza.

Desde enero de 2015, 22 distritos de Nueva York han cambiado sus políticas como resultado de una pesquisa en curso del fiscal general del estado sobre las acusaciones de que las autoridades escolares habían desviado a los alumnos a programas alternativos que no otorgaban títulos o les habían denegado el acceso.

Ni el Departamento de Educación ni el de Justicia precisaron cuántos de los aproximadamente 14.000 distritos escolares de la nación fueron investigados por incumplimientos similares.

«Continuamos comprometidos en trabajar con nuestros socios federales y organizaciones en comunidades para abordar cualquier problema que los niños que llegaron solos puedan enfrentar en relación con el sistema educativo», dijo la portavoz del Departamento de Educación Dorie Nolt.

*Fuente de la imagen: http://www.telemundo.com/noticias/2016/04/19/eeuu-deja-ninos-migrantes-con-adultos-sin-residencia-segun-estudio