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Lima, Perú/ 05 de mayo de 2015/ Patricia Correa /Fuente: Educacción

Silvia Nicho Suarez e Ingri Gaviño Lossio

Patricia Correa presenta dos artículos de Silvia Nicho e Ingri Gaviño, estudiantes de posgrado de la Escuela Nacional de Administración Pública, que analizan la política de descentralización educativa del país a partir de la reflexión sobre sus manifestaciones en sus respectivas regiones: Lima Provincias y La Libertad.

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El balance y análisis parte de un punto clave: la descentralización educativa no constituye un fin en sí mismo, toma sentido en la medida en que contribuya a una mejor garantía del derecho a la educación en el Perú, derecho constitucional en el cual los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad y actuación directa, haciendo que este derecho llegue a los niños de zonas más recónditas y de escasos recursos. Sin embargo, siendo el Perú un Estado unitario, el principal responsable es el gobierno central. He aquí el nudo principal.

Necesitamos urgentemente una profundización de la democracia, que propicie e incentive la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en las decisiones y propuestas educativas. Necesitamos también políticas de equidad, cerrando las brechas que hoy caracterizan a la educación, tanto como mejorar la calidad, propiciando que todos los estudiantes alcancen mayores aprendizajes en todos los aspectos (personal, ético, académico, etc.). Una mayor pertinencia de la educación debe permitir responder a las necesidades del desarrollo local y regional, así como a las de los estudiantes, con docentes actualizados y con iniciativa.

Para eso, la descentralización educativa debe expresar un balance de poder y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno, para que cada uno pueda contribuir a tales propósitos. Supone también mecanismos de articulación y compenetración, que permitan una verdadera gestión intergubernamental de la educación.

La descentralización educativa debe conllevar una renovación en la gestión, orientándola a alcanzar los resultados planteados por el Proyecto Educativo Nacional y los Proyectos Educativos Regionales. El proceso de descentralización no puede ser un carril paralelo al de la implementación de las políticas de Estado en educación, sino la forma en que ellas se pueden implementar y sostener a partir del fortalecimiento de los poderes de decisión de cada Institución Educativa. Este sostenimiento debe ir de la mano con las asignaciones presupuestales de carácter estable y permanente.

Los esfuerzos por avanzar en una gestión educativa descentralizada han hecho evidente una serie de aspectos pendientes en el conjunto del proceso de descentralización, que no son exclusivos de este sector, como por ejemplo:

• La postergada definición de funciones sobre la base de los roles ya consensuados para cada nivel de gobierno.
• La conformación de las regiones sobre la base de la integración de uno o más departamentos.
• El costeo de las funciones.
• La ausencia de criterios para la asignación de recursos.
• Problemas institucionales de gestión.
• Ausencia de recursos humanos capacitados.
• Un planeamiento de mediano plazo que permita tener una enfoque presupuestal multianual.

El inicio del proceso de descentralización ha revelado que el diseño establecido para la educación en las leyes orgánicas de cada nivel de gobierno y la ley general de educación es insuficiente. Los roles de cada nivel de gobierno están claros y consensuados, sin embargo, se ejercen de manera contradictoria porque no se han definido las competencias y funciones de cada uno. Así, existen superposiciones o contradicciones entre las responsabilidades de cada nivel de gobierno para definir, por ejemplo, cuándo se inician las clases, quién es responsable de los logros de aprendizaje de los estudiantes, cuál es el currículo a implementar, qué modelo seguir, etc.

Esta situación genera confusión. Urge por eso un acuerdo político sobre las competencias y funciones específicas de cada nivel de gobierno, en base a los roles consensuados; generar acuerdos políticos sobre las funciones específicas de cada nivel de gobierno, la forma en que estas se ejercen, a partir de los roles ya establecidos. Estos últimos deben constituirse en ordenadores de cada política o programa estratégico. En este marco, se debe:

• Reconvertir al MED mediante una reforma institucional que le permita el ejercicio de sus funciones rectoras.
• Formular estrategias de gestión territorial de la educación impulsadas por cada gobierno regional en coordinación con los gobiernos locales a partir de los roles ya definidos.
• Implementar procesos de reestructuración que respondan a la estrategia de gestión territorial concertada.
• Promover espacios de coordinación intergubernamental que viabilicen la gestión de las políticas educativas.
• Implementar descentralizadamente las políticas educativas, lo que implica gestionar descentralizadamente los programas nacionales.
• Formular e implementar un plan de desarrollo de capacidades para fortalecer el ejercicio de las funciones de los diversos niveles de gobierno.
• Fortalecer la institucionalidad de los Copare en sus roles de participación, concertación y vigilancia.
• Definir los criterios de asignación presupuestal para que los incrementos respondan equitativamente a las necesidades de cada región.

Para lograr todo esto, naturalmente, se necesita capital humano y también capacidad para gestionar sus talentos, con la ayuda de las herramientas más adecuadas a los objetivos y metas trazados. Solo de este modo la gestión descentralizada podrá aportar al progreso de la educación nacional y a convertirla en una palana para el desarrollo.

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Si bien es cierto la forma de gobernar a través de la descentralización ha permitido mejoras en el desarrollo educativo de las Regiones, actualmente la gestión a través de compromisos va permitiendo de a pocos mejorarla aún más. La descentralización pasa por la posibilidad de ejercer cierta autonomía en los destinos regionales, pues hoy más que nunca los Ministerios tanto de Educación como de Economía ejercen un control muy fuerte en el cumplimiento de compromisos de Gestión, así como del Gasto Publico.

Con la  Descentralización, en la Gerencia Regional de Educación la Libertad- Unidad de Gestión Educativa N° 04, Trujillo Sur, se han venido implementando progresivamente las políticas dispuestas por el gobierno central. Con resolución Ministerial N°22 – 2015  se aprobó  la norma técnica  denominada  “Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares” cuya finalidad es establecer etapas, procedimientos, criterios y responsabilidades para la ejecución del programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares de IIEE Publicas a nivel Nacional. Esta norma detalla todo lo que los comités de mantenimiento deben ejecutar, al igual que los comités de Fiscalización.

El problema es que los costos que se asignan (verlos en este cuadro), generalmente no cubren las necesidades de cada Institución Educativa. El Gobierno Central debería permitir que los Gobiernos Regionales tengan mayor flexibilidad en la asignación de los gastos, pues cada escuela es una realidad diferente. Tal es el caso de la UGEL N° 04 TSE, que cuenta con Instituciones Educativas ubicadas en zonas vulnerables y en mal estado por el tiempo y las lluvias. Esta flexibilidad permitiría mejores resultados e invertir el presupuesto de manera más eficiente.

También se debiera permitir que cada región sustente su programación y formulación presupuestal. El MEF puede asistir en la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a sus necesidades, pero no se de una manera impositiva. De lo contrario, la descentralización quedará en el papel, impidiéndose a las regiones ejecutar el gasto no solo en la línea de las políticas nacionales, sino en función a las necesidades reales de la Región.

Hay que reconocer que nuestras instituciones públicas aún no están en condiciones de brindar un servicio acorde con las necesidades del ciudadano. Las personas tienen una idea muy deteriorada de este sector: lento, corrupto, displicente, aprovechador, etc.; y les decepciona encontrar una institución con pésima infraestructura, con personal que no brinda un servicio adecuado, por no decir pésimo, sin cabinas de atención al usuario, con sus requerimientos, solicitudes o tramites de documentos perdidos o estancados en la oficina de un funcionario que no sabe qué acción tomar.

Necesitamos corregir varios aspectos, mejorar la infraestructura, la calidad del profesional trabajador de la institución pública, impulsar un recambio de sus habilidades, así como también hacer una selección de funcionarios con capacidades de dirección y ejecutivas suficientes, sin dejar de lado la tecnología. Pero, mientras sigamos centralizando los recursos y pensando centralistamente, las regiones no podrán superar esta valla. Es necesario empezar por los ministerios, impulsando una mejora sustancial en la calidad de los servicios profesionales que prestan, que va desde una mejora remunerativa hasta una mejora de las competencias y actitudes de su personal.

Lima, 01 de mayo de 2016

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Hans Mejía Guerrero

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