Tal vez sea momento de abandonar la falsa dicotomía entre permitir o prohibir la inteligencia artificial y comenzar a observar, en el micro nivel, lo que ocurre dentro de las aulas. Los propios docentes podríamos preguntarnos si las experiencias de aprendizaje que proponemos invitan a diseñar, cuestionar y tomar decisiones, o si, por el contrario, fomentan una actitud pasiva en nuestros estudiantes.
La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas al punto de obligarnos a replantearnos hasta dónde estamos dispuestos a dejarla entrar. Su aplicación en múltiples sectores, particularmente en educación, nos enfrenta a una pregunta inevitable: ¿permitiremos que se convierta en la mayor oportunidad educativa de nuestra generación o en un mecanismo cada vez más sofisticado para socavar el pensamiento crítico?
No podemos perder de vista un aspecto clave: el acceso no es el mismo para todos. Por lo tanto, habría que cuestionarse quiénes están haciendo uso de esta herramienta, con qué fin y bajo la guía de quién.
A esto se suma un escenario inquietante. Mientras muchos docentes debaten si utilizar la inteligencia artificial para apoyar el desarrollo del pensamiento crítico o, por el contrario, prohibirla, nuestros estudiantes van un paso más adelante. Ya la están utilizando, en muchos casos sin que los adultos siquiera lo hayan advertido.
Este contexto nos obliga a profundizar la discusión. A mi juicio, la pregunta de fondo no es la tecnología en sí. Al ritmo que avanzamos, es probable que aparezcan nuevas formas de inteligencia artificial en poco tiempo. La pregunta es, más bien, profundamente educativa: ¿estamos preparando a los estudiantes para liderar un mundo con inteligencia artificial o solo para adaptarse a él?
Si realmente aspiramos a que nuestros estudiantes utilicen la inteligencia artificial para impactar positivamente el mundo, las escuelas debemos impulsarlos a cuestionarla y a comprender cómo funciona. Para que eso ocurra, resulta evidente que necesitamos repensar nuestros sistemas educativos. La brecha entre lo que enseñamos y su aplicación práctica en la vida debería ser visible y significativa para niños y jóvenes. De lo contrario, si no les mostramos cómo usar estas herramientas para avanzar en su aprendizaje, corremos el riesgo de automatizar la mediocridad.
La responsabilidad es nuestra. Somos los adultos quienes debemos guiar a los jóvenes para que sean ellos quienes utilicen las plataformas, y no al revés. Esto implica, además, abrir espacios para discutir los posibles sesgos de la información generada por la inteligencia artificial y las dimensiones éticas que conlleva su uso. En otras palabras, queremos formar estudiantes que aprendan a pensar con la inteligencia artificial, no solo a obedecerla.
Aquí surgen una serie de preguntas incómodas pero necesarias: ¿estamos desarrollando pensamiento crítico cuando gran parte de lo que enseñamos puede encontrarse en Google o en ChatGPT? ¿Cuál es hoy la verdadera función de la escuela? ¿Cómo podemos usar esta herramienta para formar ciudadanos con conciencia social, capaces de mirar la realidad desde múltiples perspectivas y no solo desde la propia?
Tal vez sea momento de abandonar la falsa dicotomía entre permitir o prohibir la inteligencia artificial y comenzar a observar, en el micro nivel, lo que ocurre dentro de las aulas. Los propios docentes podríamos preguntarnos si las experiencias de aprendizaje que proponemos invitan a diseñar, cuestionar y tomar decisiones, o si, por el contrario, fomentan una actitud pasiva en nuestros estudiantes.
Al mismo tiempo, quienes ocupamos roles de liderazgo en las instituciones educativas deberíamos revisar nuestras estructuras y procesos para no caer en modas pasajeras que, una vez superadas, nos dejan exactamente en el mismo lugar. Un lugar que sigue promoviendo pasividad en los aprendices, en vez de una educación que fomente la creatividad, la búsqueda y la resolución de conflictos. Si continuamos operando desde un modelo pedagógico de transmisión, “si no te enseño, no aprendes”, es probable que sigamos formando generaciones que obedecen la tendencia del momento sin cuestionar su utilidad. En ese escenario, la tecnología termina reforzando prácticas obsoletas en lugar de transformarlas. A mi juicio, la verdadera brecha educativa del futuro no será tecnológica, sino decisional: entre quienes utilizan la inteligencia artificial para pensar mejor y quienes solo la usan para obedecer. Por ello, me atrevo a decir que la tecnología no va a definir el futuro de la educación; lo harán las decisiones que tomemos, o dejemos de tomar. (O)
La CTERA dijo que la adhesión fue del 90% y que continuarán los reclamos con nuevas acciones.
Los gremios docentes realizaron un paro nacional con movilizaciones en distintas partes del país contra las políticas del gobierno de Javier Milei y las administraciones provinciales. El acto central se llevó adelante frente al Congreso de la Nación, donde confluyeron los principales sindicatos del sector, mientras que en distintas provincias también se destacaron grandes concentraciones, marchas y otras actividades para visibilizar el reclamo.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dejaron en claro que la jornada tuvo una adhesión del 90% a nivel nacional y que la lucha continuará con nuevas acciones.
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, denunció el desfinanciamiento del sistema educativo y apuntó contra la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a la paritaria nacional y los recortes en presupuesto para comedores escolares y programas de conectividad. “¡Nos quieren de rodillas! ¡Quieren que no haya paritaria nacional docente! ¡Quieren que no haya presupuesto para la educación! ¡Quieren que no haya comedor y copa de leche para nuestros pibes y para nuestras pibas! ¡Quieren que no haya FONID, que no haya conectividad!”, expresó.
Alesso anuncio de continuidad del conflicto. “Por eso, hoy, continuamos el plan de lucha que venimos haciendo en el país, en todas las provincias. ¡Esta continuidad no termina acá! ¡Vamos a construir el Frente Nacional Educativo en todo el país! ¡Con carpas, clases públicas, movilizaciones, debate con la sociedad! ¡Y vamos a seguir el plan de lucha hasta que retrocedan las políticas de ajuste!”, afirmó.
Los docentes y trabajadores de la educación no solo rechazan el ajuste salarial, sino también que insisten en la necesidad de inversión y más presupuesto para la educación pública, que viene siendo desfinanciada por el gobierno de La Libertad Avanza.
El ciclo global del agua ha excedido los límites de seguridad planetarios. Al igual que el clima, la biodiversidad y los sistemas terrestres, el agua dulce ha sido expulsada de su espacio operativo seguro.
1. ¿Un informe para una nueva agenda global del agua?
El informe (72 páginas), publicado por la Universidad de las Naciones Unidas, afirma varias veces: Términos como ‘estrés hídrico’ y ‘crisis hídrica’ ya no son suficientes para describir las nuevas realidades globales en materia de agua. Muchos ríos, lagos, acuíferos, humedales y glaciares han superado un punto de no retorno y ya no pueden volver a su estado inicial. El término ‘crisis temporal’ ya no es apropiado en muchas regiones.
El informe de la ONU se basa en los análisis del grupo internacional de investigación de la Universidad de Estocolmo, dirigido por Johan Rockström, sobre los nueve límites planetarios que no deben sobrepasarse, uno de los cuales se refiere específicamente al agua (1), así como en el mensaje del libro « Bankrupting Nature» , publicado en 2012 por Earthscan. Siete límites, incluido el relativo al agua, se han sobrepasado.
El informe de la Universidad de las Naciones Unidas concluye que “el mundo está viviendo por encima de sus posibilidades hídricas…” y que “necesitamos pasar de una estrategia de gestión de las crisis hídricas a una de gestión del fracaso del sistema hídrico humano y natural”.
Esta idea está bien documentada por una cantidad impresionante de datos, acompañados de figuras y gráficos llamativos, que abarcan más de treinta páginas.
2. Las “nuevas normalidades” y las prioridades de la nueva agenda global del agua
El informe sostiene que la gestión de la escasez de agua requiere que las poblaciones y sus dirigentes acepten las nuevas realidades de la vida, llamadas “las nuevas normalidades”, como la irreversibilidad de la reducción cuantitativa y cualitativa del capital hídrico natural y otros activos naturales esenciales para la vida.
De aquí surgen las prioridades “nacionales” e internacionales propuestas como directrices y validación de la nueva agenda global del agua para la gestión de la escasez de agua, a saber:
Según el informe, el reconocimiento realista y vinculante de la escasez mundial de agua puede promover una implementación más efectiva de los objetivos acordados internacionalmente (en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6) como parte de una estrategia de adaptación que vaya más allá de las estrategias de mitigación sectoriales.
En estas condiciones, el agua puede convertirse en “un puente hacia la paz, la acción climática, la protección de la biodiversidad y la seguridad alimentaria en un mundo cada vez más fragmentado”.
Creo que a los lectores les resultará interesante leer el informe para comprender plenamente, entre otras cosas, las razones de mi decepción, que me ha llevado a moderar un poco mi entusiasmo inicial. Lo cierto es que esta observación sobre la escasez mundial de agua ya no es válida debido al gran silencio que la rodea en cuanto al análisis de sus causas, implicaciones y consecuencias, así como de las responsabilidades y los responsables.
Este silencio ya no permite considerarlo correcto. Al contrario, invalida y resta credibilidad a los análisis y prioridades de la nueva agenda global del agua propuesta a la ONU.
3. El gran silencio
El gran silencio afecta a muchos aspectos fundamentales necesarios para comprender la naturaleza de la escasez de agua y su papel en el fracaso global de la gobernanza de la vida en la Tierra. El silencio sobre las responsabilidades y los responsables deja al fracaso sin madres, sin padres, sin cómplices, y, por lo tanto, en un estado de impunidad general.
Sin embargo, en los últimos 70 años hemos sido testigos de grandes transformaciones en los sistemas económicos, sociales, políticos y tecnocientíficos que “han cambiado el mundo”, en particular en términos de políticas de agua y vida, conduciendo al mundo fragmentado, violento y profundamente desigual de 2025.
Nuestro objetivo no es juzgar a nadie ni encontrar culpables. Más bien, es intentar ver los cambios críticos en el mundo, los desafíos clave y las soluciones adecuadas para el bien común de todos los habitantes de la Tierra.
Silencio 1. Sobre la desigualdad de la escasez de agua
El informe no afirma que la escasez de agua sea desigual (e injusta). Debido a su poder económico, político y tecnocrático, una parte de la población mundial sufre solo marginalmente la escasez y pérdida de agua, así como la escasez de otros recursos esenciales para la vida, como el suelo, los bosques, la biodiversidad y el aire. Además, al estar compuesta por los principales propietarios, productores, consumidores y contaminadores de los recursos naturales del planeta, esta parte ha podido utilizar diversos medios para trasladar los principales efectos negativos a los grupos sociales y países más vulnerables y debilitados.
Esto queda bien documentado por la huella hídrica y la huella ecológica, que miden respectivamente la cantidad de agua y capital biótico renovable anual que consumen las poblaciones de cada país, región y ciudad para satisfacer sus necesidades y gestionar sus residuos (2). En este sentido, un indicador de desigualdad especialmente ilustrativo es el «Día de Sobrecapacidad», es decir, el día del año en que la población de un país ha «consumido» todos los recursos naturales disponibles en un año y comienza a utilizar las reservas de recursos del planeta (3).
Silencio 2. Sobre la cuestión de la propiedad y la apropiación
La desigualdad no se debe a factores naturales, sino a factores económicos, institucionales y políticos relacionados con los regímenes de propiedad y la gestión de los recursos (públicos, privados o mixtos). Se ha observado que cuanto más obedecen la propiedad y la gestión a una lógica privada de rentabilidad financiera y conquista del mercado, más significativos y decisivos se vuelven los fenómenos de depredación (y devastación) del capital biótico natural (agua, suelo, semillas, bosques, etc.). Este es el caso del acaparamiento de tierras y agua (4).
Por depredación me refiero a “todos los actos que resultan en el robo y la devastación violenta de la vida (material e inmaterial) dentro de la comunidad global de vida en la Tierra, incluidas todas las especies vivientes” (5).
Así, por ejemplo, la depredación se produce en los casos de:
– La muerte prematura de decenas de millones de personas que no se benefician de ninguna cobertura sanitaria básica (más de 4.500 millones de personas en 2024);
– La destrucción de la vida en vastos territorios debido a la desecación resultante de la deforestación masiva, la creciente escasez de agua potable y la pérdida de biodiversidad.
– El acaparamiento de agua potable en detrimento de las necesidades de las poblaciones locales (salud y actividades económicas locales) tras la construcción de vastos complejos de infraestructura para albergar los centros de datos necesarios para la digitalización y reindustrialización de la economía global mediante inteligencia artificial. La cantidad de agua utilizada para refrigerar la electricidad consumida es tan elevada que, en poco tiempo, los centros de datos han agotado los acuíferos locales (6). Como resultado, las comunidades locales se oponen en todas partes a la ubicación de centros de datos en su territorio.
– La contaminación química de cursos de agua, lagos, acuíferos y océanos.
La depredación también está presente en regímenes estatales autoritarios, pero está en gran medida ausente en estados de bienestar con democracia parlamentaria y gobierno local descentralizado, como fue el caso en los países escandinavos y es el caso ahora en sistemas con economías cooperativas y comunitarias (en América Latina, India, entre otros).
Es sorprendente, pues, que el informe no se refiera a cuestiones de propiedad y regulación, aunque sus autores son muy conscientes de que desde hace unos cuarenta años el mundo de los negocios, las finanzas y la tecnociencia han impuesto un importante cambio estructural en favor de la liberalización y desregulación del mercado, la privatización y la financiarización especulativa de casi todos los bienes naturales públicos comunes, que el informe prefiere llamar “capital natural”.
Silencio 3. Sobre la reducción del agua y el mundo natural a “capital natural” y, por ende, a “activos financieros”
Tras la creación en el año 2000 del primer fondo de inversión privado especializado en agua por el banco privado suizo Pictet, que rápidamente dio origen a otros fondos a nivel mundial, el agua se ha convertido cada vez más en un sector predilecto para la inversión en renta variable de alto rendimiento. Tanto es así que los llamados fondos de inversión «azules» se mantienen entre los que ofrecen rentabilidades superiores a la media a nivel mundial en 2025 (7).
Según los principios de la economía de mercado, cuanto más escaso es el capital hídrico natural, más aumenta su valor como activo financiero, incluso si la escasez de agua causa enormes problemas para la sostenibilidad de la vida en la Tierra. El dinero sigue fluyendo donde se crea valor: la financiarización del agua y la naturaleza ha progresado rápidamente en los últimos 20 años (8), culminando en diciembre de 2022 con la proclamación de todos los elementos del mundo natural como «activos financieros» en la COP15 de la ONU sobre Biodiversidad en Montreal (9).
El concepto de «capital natural», adoptado por el informe sin explicación ni comentario, no es insignificante. Refleja el deseo de los grupos sociales dominantes de tratar los elementos del mundo natural no solo como mercancías y activos económicos privados, sino cada vez más como activos financieros, una categoría específica de la economía de mercado capitalista.
La reducción de la Naturaleza a activos financieros constituye un verdadero robo de la Naturaleza y una mistificación dogmática del valor de la vida. La COP15-Biodiversidad aprobó una propuesta para confiar la gestión del 30% del capital natural del planeta —del cual el 30% se encuentra entre los más degradados— a las Corporaciones de Capital Natural (CCN) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 (10).
Joe Biden, entonces presidente de Estados Unidos, se pronunció a favor del proyecto al confiarle el 30 % del mundo natural de su país. El presidente de la Comisión Europea también felicitó a la COP15 en un comunicado oficial publicado al día siguiente.
Uno se pregunta a qué juego están jugando estos actores, sabiendo que sólo unos meses después, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023, la propia ONU confirmó que ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alcanzaría en 2030.
Conclusión y propuesta de nueve objetivos para una política global del agua
Ni el derecho humano al agua para la vida, ni la erradicación de la pobreza, ni la salvaguardia de los bienes públicos globales esenciales para la vida son objetivos prioritarios de las políticas de agua y vida en el sistema dominante. La adaptación se presenta como la única estrategia realista, mientras que el cambio sistémico se descarta como «utópico». Esto es un profundo error. No existe un futuro aprisionado en un solo camino.
La nueva política planetaria del agua
1.Restaurar los cimientos de la vida en la Tierra, comenzando con cero emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Poner fin al envenenamiento químico del agua, el suelo y el aire.
3. Abolir las patentes sobre organismos vivos y la IA con fines privados y lucrativos; el conocimiento debe volver a convertirse en un bien público global.
4. Adoptar una Carta Mundial de Bienes Públicos Globales.
5. Crear una nueva arquitectura financiera global: el Fondo Común Planetario.
6. Establecer un Parlamento Planetario del Agua.
7. Detener la asfixia de ríos, lagos y humedales por grandes represas.
8. Detener la “petrolización” del agua y la “cocacolaización” del agua mineral.
9. Declarar ilegales la pobreza y la exclusión.
Riccardo Petrella. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, doctor honoris causa por ocho universidades: Suecia, Dinamarca, Bélgica , Canadá, Francia (x2) y Argentina. Profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); presidente del Institut Europeen de Recherche sur la Politique de l’Eau (IERPE) en Bruselas (www.ierpe.eu
La mayoría de los fallecidos eran niñas de Primaria en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel en el sur del país
Decenas de personas participaron este martes en el funeral de las más de 160 víctimas mortales de un bombardeo contra una escuela en el sur de Irán, ejecutado poco después del inicio de la ofensiva a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel.
La ceremonia tuvo lugar en Minab, en la provincia de Hormozgán, donde los asistentes marcharon por las calles portando fotografías de las víctimas. Según las autoridades iraníes, el número de fallecidos asciende a 165, en su mayoría alumnas del centro educativo.
“Fosas comunes para más de 160 niñas inocentes”
El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, denunció en su perfil en X que se están cavando “fosas comunes para más de 160 niñas inocentes” que murieron en el bombardeo contra una escuela primaria. Aseguró además que los cuerpos quedaron destrozados por el ataque.
El bombardeo, ocurrido hace tres días contra la escuela Shajaré Tayabé, fue calificado por la Fiscalía provincial como un acto “criminal” y “salvaje”. Entre las víctimas mortales figuran también profesores y padres que se encontraban en el lugar en el momento del impacto.
Identificación de víctimas y posible investigación internacional
El jefe del aparato judicial de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, señaló que hasta ahora se ha logrado identificar a 140 fallecidos, mientras continúan los trabajos para confirmar la identidad de otras 25 personas, para lo que serán necesarias pruebas de ADN.
Qahremani subrayó que los fragmentos de las armas utilizadasen el bombardeo han sido localizados e incautados para su análisis, en el marco de una investigación cuyas conclusiones podrían ser elevadas ante tribunales internacionales.
Casi 800 muertos desde el inicio de la ofensiva
La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos confirmados por la Media Luna Roja iraní. Entre los fallecidos figuran altos cargos políticos y militares del país.
En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Próximo, en un conflicto que continúa intensificándose y que mantiene a la región en un nivel máximo de tensión.
La ministra de Educación Lucy Molinar evitó contestar respecto a la ejecución del presupuesto de inversión. En tanto, una reunión para una licitación millonaria de computadoras empezó con cuestionamientos de obstáculos a la competencia
A los niveles de la pandemia, así se encuentra la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación (Meduca) y mientras que docentes advierten de serias necesidades en infraestructura, el ministerio ha evitado rendir explicaciones.
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Meduca fue la entidad del gobierno central con la más baja ejecución en el presupuesto de inversión, al 31 de diciembre del año pasado.
La cartera de educación contaba con un presupuesto ley de $1,652.7 millones, sin embargo trasladó $436.8 millones a otras entidades por lo que el presupuesto modificado quedó en $1,215.9 millones. De este monto, se ejecutaron $209 millones.
Esta ejecución en inversiones es similar a los niveles de la pandemia por covid-19, cuando en el año 2022 el Meduca ejecutó $203,9 millones, según la información de la Dirección de Presupuesto de la Nación y que se publica en el portal del MEF.
Desde el pasado martes La Estrella de Panamá intentó conocer a qué se debe esta ejecución presupuestaria y a qué entidades se trasladaron los fondos así como los motivos de ello, pero la respuesta dejó más interrogantes.
“¿Importa lo que digamos?”
En vista de que la jefa de relaciones públicas del Meduca no atendió las llamadas ni mensajes, este diario contactó al viceministro administrativo, Roberto Sevillano quien se comprometió en dar respuesta desde el miércoles pero la misma no llegó.
Por su parte, la ministra Lucy Molinar tampoco atendió la llamada; abordada al respecto por mensaje de texto contestó: “¿Importa lo que digamos?” y se le volvieron a remitir las preguntas: ¿ A qué se debe esta ejecución?, ¿En qué se invirtieron los fondos, ¿A qué entidad se transifieron los $436.8 millones y cuál fue el motivo?. Tras ello, respondió: “Sugiero abordar el tema con el MEF, por favor”.
Este diario pudo conocer que estos $436.8 millones al menos la mitad fueron repartidos entre seis entidades, según información de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El grueso: $173 millones al Ministerio de Obras Públicas, otros $81.2 millones al Ministerio de Salud, al MEF $14 millones y otros $12 millones entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la de Turismo y el Ministerio de Comercio a Industrias.
Al respecto, tanto el diputado independiente de Seguimos, Betserai Richards y Fernando Ábrego dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) coincidieron en su rechazo en estos traslados y calificaron que el Meduca se había convertido en “la caja menuda” de los demás ministerios.
Y mientras que desde el Meduca se informa que el 99.5% de las 3.112 escuelas están listas para iniciar el año lectivo este lunes 2 de marzo, a excepción de unos 13 planteles que iniciarán por módulos, docentes advierten de una situación opuesta, precisamente por falta de infraestructuras.
El profesor José Cambra, de la Asociación de Profesores de Panamá recordó que producto de la movilización de los docentes en 2023 se estableció que se destinara el 7% del Producto Interno Bruto pero esto nunca se ha cumplido.
Advirtió que de las 108 escuelas en las que se imparten los bachilleratos en ciencia, 76 de ellas no cuenta con los laboratorios apropiados.
De igual manera, mencionó que de los 108 Institutos Profesionales y Técnicos existentes, no conoce uno solo que cuente con todos los talleres e instalaciones que requieren los alumnos para poder recibir el conocimiento requerido.
Controversia en la licitación de computadoras
Por otro lado, ayer se efectuó la reunión de homologación virtual convocada por el Meduca para la compra de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, con el desacuerdo de los participantes ante la solicitud del requisito de una muestra física.
La licitación de 531,250 equipos de computación también incluye 21.000 licencias de Microsoft M365 A3 con un precio de referencia de $273.1 millones, según Panamá Compra.
Uno de los requisitos de la licitación por renglón es que el proveedor presente ,como parte de su propuesta, “una muestra del dispositivo ofertado que permita su evaluación” con todos los software instalados y operativos, para evaluar su funcionamiento.
“Exigir una muestra completamente funcional en este plazo solo es posible si el equipo ya estaba previamente desarrollado con esas mismas características. Esto limita la participación real y favorece únicamente a quien ya tenga la solución lista”, reclamó un proponente.
También se solicitó que “por transparencia” el Meduca evaluara la muestra de forma pública y en presencia del proponente, pero la institución rechazó modificar el pliego de cargos, asunto que continuará abordándose este viernes.
De cara al inicio del año lectivo en el que 737,200 alumnos – el 84% de escuelas públicas -se darán cita este lunes 2 de marzo, el mandatario José Raúl Mulino dejó un mensaje:
“Tener casi el 100% de las escuelas listas” ha sido un gran esfuerzo, y que contó con la mano de obra de los privados de libertad. Espero que los maestros, profesores y administrativos hagan el gran esfuerzo de dar clases. No hay en este momento nada que deba obstaculizar ese proceso de aprendizaje. El que quiere buscar (un obstáculo) es porque lo quiere buscar”, manifestó Mulino en su conferencia semanal en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.
“Les deseo lo mejor y he dado todo el apoyo a la ministra Molinar para que este año escolar sea tranquilo y no tengamos que vernos en la penosa necesidad del año pasado en el que se mezcló educadores con politiquería y casi pierden el año escolar por una semana”, agregó el mandatario.
La Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural reúne a gobiernos, movimientos campesinos y pueblos indígenas para debatir la tierra para quién y para qué. «Las reformas agrarias deben estar basadas en la soberanía alimentaria y la agroecología», señalan desde la Vía Campesina. El sector de la agricultura familiar, campesina e indígena es el mayor productor de alimentos sanos y cuenta con solo el 12% de la tierra.
La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) se realiza desde el 23 al 28 de febrero en Cartagena (Colombia). Es convocada para promover el derecho a la tierra para las poblaciones campesinas e indígenas a nivel global. “Lo que hoy nos amenaza es la mercantilización de la naturaleza. Se debe tener en cuenta a los territorios como un centro de autodeterminación y de vida”, afirma Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) de Colombia, organización integrante de La Vía Campesina. Actualmente, el uno por ciento de las grandes explotaciones de tierra concentra el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Y los establecimientos de pequeña escala solo cuentan con el 12 por ciento de las tierras.
La primera Ciradr, realizada en Brasil en 2006, definió los compromisos internacionales para el acceso equitativo a la tierra, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural inclusivo. Veinte años después y con Colombia como anfitriona, la Conferencia reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, representantes de la agricultura familiar, pueblos indígenas y personas del sector académico para actualizar el diálogo sobre la reforma agraria.
El concepto y la práctica de reforma agraria tiene múltiples aristas. El histórico dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João Pedro Stédile, en su artículo “Conceptos y tipos de reforma agraria“ (incluido en el libro Experiencias de reforma agraria en el mundo), explica que esta noción se adoptó en el siglo XX como una síntesis de programas o propuestas para democratización del acceso a la tierra en cada país. Sin embargo, a lo largo de la historia, hubo procesos similares aunque no se llamaron explícitamente “reforma agraria“. Sucedieron en Europa, Asia, América (incluido Estados Unidos) y África.
El sociólogo chileno Sergio Gómez, en el texto “Reformas Agrarias en América Latina en el siglo XX“, destaca las experiencias de México en la primera mitad del siglo XX (con el lema zapatista de “la tierra para quien la trabaja“); de Bolivia a mediados de siglo y de Cuba post revolución, entre otras. Señala que en solo dos países de la región la reforma agraria no llegó a plantearse como tal en el siglo pasado: Argentina y Uruguay. Y explica que eso ocurrió porque, en el auge de las reformas, estos países no contaban con un «problema agrario» sino que sus «agriculturas eran altamente eficientes, conectadas a los principales mercados agropecuarios mundiales de la época».
También apunta que, en la actualidad, las políticas de reforma agraria se dan por expropiaciones o por diversas formas de asignación de tierras. Un ejemplo de ello es la experiencia del MST brasileño de “ocupar, resistir y producir“ en grandes latifundios improductivos.
Foto: Laís Alanna – MST
A la historia transitada se suman los desafíos del presente: la alta concentración de tierras en manos de multinacionales, la necesidad de planificar las políticas rurales en clave feminista, la iniciativa de mejorar la situación de la tenencia de la tierra de las familias campesinas y de restituir las robadas a los pueblos indígenas.
En las vísperas del encuentro, Martínez apunta: “El agronegocio se fundamente en los agrotóxicos y el monocultivo. Y consideramos que las reformas agrarias en los diferentes países deben estar basadas en la soberanía alimentaria y en la agroecología”. Afirma que la distribución de la tierra incluye al agua y a las semillas.
Distribución de la tierra ante el poder corporativo
La Segunda Conferencia de Reforma Agraria se propone actualizar estos debates con aspectos como la seguridad y la soberanía alimentaria, la inseguridad de la tenencia por parte de las comunidades campesinas e indígenas y la gobernanza de la tierra. La convocatoria institucional define a la reforma agraria como “el conjunto de políticas que buscan redistribuir, regularizar o democratizar el acceso y uso de la tierra, especialmente para las poblaciones rurales excluidas“.
En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) ratificó un conjunto de directrices universales y voluntarias. Las mismas están orientadas a los gobiernos para salvaguardar el derecho de las personas a poseer, ordenar y acceder a la tierra, la pesca y los bosques. Pero no son vinculantes. Y diversos datos afirman que lo que se incrementó en los últimos decenios es la concentración de la tierra en pocas manos.
El Transnational Institute marca cómo se consolidó la compra de tierras a gran escala. Por ejemplo, 30.000 hectáreas adquiridas en Nigeria por la empresa estadounidense Dominion Farms, en 2011, para producir arroz. Otro caso: 60.000 hectáreas adquiridas en Camboya por el político y empresario local Ly Yong Phat, en 2006, para producir caña de azúcar. O las 900.000 hectáreas compradas en Argentina por la compañía italiana Benetton, en 2002, para monocultivos y cría de ovejas.
En muchas instancias, agrega el informe, se sobrepasan los marcos formales-legales preexistentes para dar la apariencia de legalidad. Algunos de los casos más destacados conllevan acoso, intimidación y violencia contra las comunidades. Y destacan que la inversión en tierras se relaciona más con la especulación de su valor que con iniciativas productivas.
La FAO señala en su estudio «Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles» que agricultores con menor acceso a la tierra (propiedades de menos de dos hectáreas) producen aproximadamente el 35 por ciento de los alimentos del mundo. Y cuentan con solo el 12 por ciento de las tierras agrícolas disponibles en el planeta.
El relavamiento titulado “Señores de la Tierra” de la organizaciones FIAN y Focus on the Global South da cuenta del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde el 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas. Blue Carbon, firma financiera de los Emiratos Árabes centrada en créditos de carbono, encabeza la lista: 24,5 millones de hectáreas. El segundo lugar es de la australiana Macquarie Group, empresa de gestión de activos, con 4,7 millones. En tercer lugar, con 2,36 millones de hectáreas, está Olam Group, empresa agroindustrial de Singapur. En Argentina, entre las diez grandes empresas que concentran la tierra en el mundo operan la forestal Arauco, el Grupo Benetton y Cresud.
Ese informe destaca que el uno por ciento de las grandes propiedades agrícolas concentran el 70 por ciento de la tierra a nivel global.
José Dionicio Canahui, miembro del Consejo Internacional de Tratados Indios, denuncia la criminalización de los líderes indígenas, muchas veces acusados de terrorismo por defender su territorio. Asegura: “Hay una agenda de los Estados y de las corporaciones internacionales de acaparar la tierra. Y no cualquier tierra, sino la tierra fértil, la tierra donde están los minerales y el agua. Y quienes producimos la comida y nutrimos a las comunidades nos estamos quedando sin tierra, sin agua y sin recursos”.
Derecho a la alimentación, crisis climática y cuidado de la biodiversidad
Martínez precisa que es necesario abordar los factores estructurales del despojo: la explotación y el colonialismo. Sin embargo, marca su posicionamiento frente a la conferencia: “No nos ilusionamos con que este encuentro vaya a resolver estos aspectos, pero sí nos va a permitir participar por primera vez, como movimientos sociales, en la conferencia oficial y colocar allí nuestras posiciones”.
Consultada sobre el rol de los Estados, considera que falta un compromiso real con la reforma agraria. “Hay muchos compromisos de los Estados con el Banco Mundial, con la Organización Mundial del Comercio (OMC). A través de las COP y de los compromisos que han habido, se aumenta o se mantiene el acaparamiento de tierras. Los compromisos que existen son los que mantienen el poder de las corporaciones”.
Señala también la necesidad de ampliar el Acuerdo 8J, adoptado en la 16° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), realizada en Cali en 2024. Allí se reconoció a los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad, por sus conocimientos tradicionales y derechos territoriales. “Pero no se reconoció al campesinado y no se vinculó ese acuerdo con la Declaración de los Derechos de Campesinos y Campesinas de la ONU”, apunta.
“Si queremos conservar la biodiversidad se le debe entregar tierra a los pequeños productores campesinas y campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, pastoralistas, pescadores”, argumenta.
Recuerda que el sistema agroalimentario industrial es uno de los responsables del calentamiento global, por lo que es necesario hablar de cambios sistémicos y no tener discusiones multilaterales en conferencias independientes sobre clima, sobre biodiversidad o sobre alimentación. Y subraya que el Banco Mundial y el poder corporativo sí ven estos aspectos como un todo al momento de hacer negocios.
También menciona los negocios ilegales que acaparan tierras. Por ejemplo, la minería ilegal y el narcotráfico. Y anticipa que ese será otro tema que llevarán a la conferencia. “El narcotráfico en América Latina también despoja y criminaliza. No son los pueblos los que cultivan coca o amapola; son los grandes narcotraficantes que ni siquiera están en estos países”, señala.
Sobre la coyuntura global, analiza: «Estamos en un momento político complejo. Vemos lo que pasa en Cuba y en Palestina, donde se instrumentaliza la alimentación como un arma de guerra. Para acabar con el hambre en el mundo, hay que hablar de redistribución de la tierra. Y por lo que pasó con Venezuela también es importante colocar el elemento antiimperialista en esta conferencia”.
Una perspectiva feminista de la reforma agraria
Sarah Luiza de Souza Moreira es activista de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) de Brasil. Camino a Cartagena, señala: “Estamos muy atentas y preocupadas por los desafíos que enfrentamos para construir una reforma agraria verdaderamente feminista, integral y popular en nuestra región”.
“Las mujeres han experimentado los desafíos concretos de enfrentar la concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes, empresas transnacionales y hombres. Representan alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral agrícola mundial, pero solo poseen el 15 por ciento de las tierras agrícolas a su nombre”, indica. Sin embargo, agrega, contribuyen de manera fundamental a la producción de alimentos agroecológicos.
Para Moreira de Souza, una reforma agraria popular integral debe ser también una reforma agraria feminista que reconozca y valore el trabajo de las mujeres. Pero que cuestione y problematice la sobrecarga laboral que recae sobre ellas, por las tareas de activismo, de trabajo doméstico, de cuidado y en el campo.
Y concluye: “No es posible luchar por la reforma agraria y construir políticas públicas de reforma agraria sin que las mujeres sean escuchadas, sin que sus necesidades, conocimientos y sabidurías sean valorados. Sin feminismo no hay reforma agraria justa, integral, popular; sin feminismo no hay soberanía alimentaria ni justicia climática”.
En el informe “Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles”, la FAO remite a una estimación que realizó en 2011. La misma proyectaba que, a nivel mundial, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a recursos productivos como la tierra y los fertilizantes, podrían aumentar la producción de sus explotaciones agrícolas entre un 20 y un 30 por ciento. E incrementarían la producción agrícola total entre un 2,5 y un 4 por ciento.
Foto: La Vía Campesina
Pueblos indígenas: “Que nos devuelvan lo que es nuestro”
José Dionicio Canahui vive en Guatemala y pertenece al Pueblo Maya. Sobre la situación de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas en el país, hace historia. Explica que durante la colonización se arrebataron grandes extensiones de tierra. Más tarde, en la época liberal, se les quitó a las comunidades las pocas hectáreas que les quedaban. En la actualidad los pueblos indígenas que habitan Guatemala cuentan con muy poco territorio. Y lo grafica: «Una manzana por familia, como mucho».
Guatemala tuvo su experiencia de reforma agraria en 1953, durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Se distribuyeron tierras a 100.000 familias campesinas. Pero el proceso fue detenido por la empresa United Fruit Company, en complicidad con Estados Unidos.
Explica que hay comunidades que habitan zonas de amplia biodiversidad. Y que están siendo hostigadas para dejar sus tierras porque el área donde viven es codiciada para la minería, las hidroeléctricas, la explotación maderera o el monocultivo de palma africana.
En Guatemala viven el Pueblo Maya, el Pueblo Garífuna y el Xinca. El Pueblo Maya, que es el más numeroso, se divide en 22 nacionalidades. Según el Instituto Nacional de Estadística, los pueblos indígenas representan el 43 por ciento de la población guatemalteca. Pero Canahui asegura que la metodología estadística no es utilizada correctamente y que ese porcentaje asciende al 70 por ciento.
“Los pueblos indígenas hablamos de restitución de tierra y territorios y bienes naturales. No hablamos de que distribuyan lo que tiene el Estado, porque el territorio de los actuales Estados es territorio de pueblos indígenas. Hablamos de que devuelvan lo que nos han quitado”, asegura.
Menciona que varias comunidades poseen tratados firmados por los Estados colonizadores (como España). Estos reconocen su posesión de las tierras, pero no son tenidos en cuenta. “Esos títulos deben prevalecer en las relaciones actuales con los Estados”, señala. Este reconocimiento figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (del 2007).
También alude a la importancia de incorporar los saberes y tecnología indígenas en la producción de alimentos, frente al avance del paquete tecnológico del agronegocio. Y reflexiona: “Las personas de las ciudades deben estar conscientes de que la comida que llega a su mesa no viene del supermercado. Hay miles y millones de personas del campo labrando la tierra, cortando y transportando los frutos hacia su mesa”.
Canahui marca que el colonialismo es algo vigente. “La reforma agraria solo será viable cuando hablemos de la descolonización contemporánea. Cuando el Estado deje de pensar que quitar tierras a los pueblos indígenas significa garantizar mayor producción de alimentos para el mercado internacional o mayor rentabilidad para los bancos”, afirma.
Marca el deterioro de los organismos multilaterales de las Naciones Unidas y la presión que ejercen sobre ellos las multinacionales. Se esperanza en la solidaridad internacional entre los titulares de derechos. En otras palabras: “Entre la gente del campo, entre la gente que sale a las calles a manifestar, a señalar al Estado. Ahí está nuestra fuerza porque ¿de dónde viene el poder, sino del pueblo?”.
Colombia: sede de la conferencia y escenario de una reforma agraria
El país donde se realiza la conferencia no es casual. El gobierno de Gustavo Petro, electo en 2022, comenzó a implementar políticas de reforma agraria en Colombia. Y desde el Ministerio de Agricultura asumieron la organización del encuentro multilateral. Sobre la reforma agraria colombiana, Martínez considera: “No es el cambio estructural que nos gustaría, pero es importante porque el Gobierno tomó elementos que ya estaban en las leyes y los usó para el bien de la población rural”.
Cita como ejemplo el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en 2016. Ese documento incluye el desarrollo rural con enfoque de reforma agraria. Pero, asegura, fue el punto que menos avanzó en la implementación del acuerdo. “El gobierno actual lo colocó como un elemento importante“, asegura.
No obstante, el Presidente se comprometió en la campaña electoral a no realizar expropiaciones. Por lo tanto, las tierras que hasta el momento se entregaron a las familias campesinas e indígenas son aquellas incautadas al narcotráfico. “La voluntad política y el trabajo que se hacen son importantes, aunque el Congreso y la Corte Constitucional no hayan querido avanzar en ello”, alerta.
En medio de la proclamada campaña para acabar con el programa nuclear de Irán, los ataques también han alcanzado infraestructuras civiles aledañas y han causado víctimas entre la población civil, entre ellos menores de edad. Este sábado, un bombardeo israelí alcanzó una escuela primaria, provocando decenas de víctimas fatales.
De acuerdo con la última actualización de los medios locales, el saldo mortal en el colegio se elevó a 85 víctimas fatales, y se contabilizan 93 heridos. Si bien la mayoría de los fallecidos eran alumnas, también se encuentran entre ellos padres y personal docente. Las labores de identificación de los cuerpos continúan en estos momentos. Diversos medios están difundiendo imágenes del impacto en el centro educativo.
Horas antes se había reportado que, en la ofensiva del sábado, Israel bombardeó directamente una escuela primaria para niñas en la localidad de Minab, al sur de Irán. El edificio quedó completamente destruido y aún hay estudiantes atrapadas entre los escombros.
Este sábado, Israel lanzó un ataque «preventivo» contra Irán para «eliminar amenazas», según su Ministerio de Defensa. Horas después, Donald Trump confirmóque EE.UU. se sumó a la agresión, alegando «actividades amenazantes» iraníes. Medios locales reportan bombardeos contra los Ministerios de Inteligencia y Defensa, la oficina del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, e instalaciones nucleares, así como daños a viviendas en zonas céntricas de la capital iraní. En redes sociales circulan imágenes de la destrucción causada.
Respuesta de Irán
Teherán había advertido que cualquier acción militar en su contra «se considerará el inicio de una guerra», al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas estaban «preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión». No obstante, expresó su disposición a mantener un «diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos».
El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a EE.UU. y a Israel que sus fuerzas estaban preparadas para responder a cualquier provocación.
Según sus palabras, las tropas «tienen el dedo en el gatillo, están más preparadas que nunca, listas para cumplir las órdenes y directrices del comandante en jefe, un líder más querido que sus propias vidas», en referencia al ayatolá Alí Jameneí. Otro alto cargo militar de Irán, Ali Abdollahi, aseguró que, si la Casa Blanca opta por atacar su país, «todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses» serían «objetivos legítimos» para las Fuerzas Armadas iraníes.
Guerra de los 12 días
Esta nueva agresión contra Irán se produce apenas meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la llamada Guerra de los 12 días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.
El enfrentamiento se intensificó con la intervención de EE.UU., que bombardeótres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear de la República Islámica había quedado «destrozado», evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington.
Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 de junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades.
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