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Mundo: La pandemia aumenta los trabajadores pobres y pone en riesgo la igualdad de género en el mundo, según la OIT

La Organización Internacional del Trabajo advierte en su informe anual de que «hemos perdido cinco años de avances hacia la erradicación de la pobreza laboral», con tasas que han vuelto a los índices de 2015, y señala que las mujeres han sufrido muchas más pérdidas de empleo, mientras ha aumentado su tiempo de los trabajos no remunerados

2022 aún no será el año de la recuperación del empleo perdido por la pandemia en el mundo, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe anual. «Al menos hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas sufridas», apunta el organismo. Este no es el único daño que deja el coronavirus en el mercado de trabajo. La COVID ha engordado la desigualdad, en muchos de sus ámbitos. Entre países ricos y pobres, entre trabajadores de un mismo entorno, cebándose con los más precarios y haciendo retroceder «cinco años» en los niveles de trabajadores pobres, y también entre mujeres y hombres, siendo ellas las más perjudicadas por esta crisis.

«La crisis del mercado de trabajo provocada por la pandemia de COVID-19 dista mucho de haber terminado». Con esta contundente frase presenta la OIT su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, que se difunde este miércoles en todo el mundo y donde el organismo detecta varios retos del mercado laboral debido a la pandemia.

La OIT calcula que el próximo año seguiremos hablando de pérdidas de empleo globales. El organismo habla del «déficit de puestos de trabajo» inducido por la pandemia, que tiene en cuenta no solo los empleos destruidos tras la irrupción del coronavirus, sino también aquellos que no se han creado en este contexto de crisis por la pandemia y que estaba previsto que se generasen.

En 2020 la entidad calcula que hubo un déficit de 144 millones de puestos de trabajo, teniendo en cuenta la reducción de 114 millones de trabajadores respecto a 2019 y los «30 millones de nuevos puestos de trabajo» que se estimaba que se iban a crear el año pasado en todo el mundo. La pérdida de 2021 se sitúa todavía en 75 millones de trabajadores y en 2022 aún estima un déficit de puestos de trabajo de 23 millones. En este último año, ya sin pérdidas de trabajadores respecto el escenario prepandemia, pero con una creación de empleo aún lastrada por la pandemia, como se puede observar en el siguiente gráfico.

La pandemia aumenta los trabajadores pobres y pone en riesgo la igualdad de género en el mundo, según la OIT
Déficit mundial de puestos de trabajo inducido por la pandemia, comparado con 2019

Ya no solo hablando de puestos de trabajo, sino también de horas de trabajo, la OIT indica «las olas recurrentes de la pandemia en todo el mundo han provocado que los índices de pérdidas» se mantengan en cifras altas en 2021. «América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central son las dos regiones más afectadas, con pérdidas estimadas de horas de trabajo en cada caso superiores al 8% en el primer trimestre y al 6% en el segundo trimestre de 2021 (frente a las medias mundiales de -4,8% y -4,4%, respectivamente).

El organismo internacional calcula que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se situará en 205 millones, todavía «muy por encima de los 187 millones de 2019».

Los trabajadores pobres, en niveles de 2015

Como advirtió en otro estudio Oxfam Intermón, la OIT también llama la atención sobre que la COVID-19 ha incrementado la desigualdad en el mundo. Por varios motivos, como una vacunación que está dejando atrás a los países pobres frente a los ricos, así como la mayor vulnerabilidad de los llamados «trabajadores informales» que no han tenido acceso en la mayoría de casos a protección social y unas medidas que han amortiguado la crisis –como el teletrabajo– más accesibles para trabajos cualificados y para hogares con mejores recursos (por ejemplo en lo referido en el acceso a internet).

Una maraña de factores que deja un mundo más desigual, entre los diferentes países y dentro de estos. Más desigual y con más trabajadores pobres. En comparación con 2019, a nivel mundial, la categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres (es decir, que viven en hogares con una suma inferior a 3,20 dólares de los Estados Unidos por persona al día) ha aumentado, en lugar de retroceder. «Ha engrosado en 108 millones de personas», indica la OIT hasta un total de unos 700 millones de personas trabajadoras en pobreza extrema o moderada. La pobreza extrema, en concreto, ha sumado 34 millones de trabajadores.

Las medidas para compensar la caída de los ingresos laborales han sido más frecuentes en los países de ingresos más altos y, en cualquier caso, estas «en su mayor parte, se aplican a los «trabajadores formales», recuerda la OIT, lo que ha dejado a personas en situación irregular o con trabajos vulnerables sin protección. «Hemos perdido cinco años de avances hacia la erradicación de la pobreza laboral, ya que esta ha alcanzado tasas equivalentes a las de 2015», resalta el organismo. Esto empaña el horizonte de erradicar la pobreza en 2030, comprometido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Riesgo para la igualdad de género

La agencia de las Naciones Unidas para el mundo del trabajo subraya el riesgo que supone la pandemia para otra desigualdad: la de género. «Las mujeres se han visto excesivamente afectadas por la crisis» laboral de la COVID-19, advierte la OIT. En primer lugar, con una mayor pérdida de empleo: en 2020, la contracción del empleo femenino fue del 5% frente al 3,9% del empleo masculino. También es más elevada la cantidad de mujeres que dejaron el mercado laboral y pasaron a la inactividad, indica el estudio.

Pero además, como ha apuntado ya alguna investigación nacional, la pandemia que supuesto que las mujeres volvieran a asumir más los cuidados y el trabajo no remunerado en el hogar. «El aumento de las responsabilidades domésticas derivadas del confinamiento por la crisis ha planteado el riesgo de un ‘retorno a lo convencional’ con respecto a los roles de género», llama la atención la OIT.

Las mujeres ya soportan una carga desproporcionada del trabajo no remunerado en circunstancias normales y la crisis del coronavirus la ha incrementado. Entre otros motivos figuran el cierre de colegios y escuelas infantiles durante la pandemia, pero también por la mayor presencia de los trabajadores en casa por el teletrabajo. «En Canadá, por ejemplo, se ha descubierto que las madres solteras de niños menores de 6 años han sufrido una disminución del 28% de las horas de trabajo como consecuencia de la crisis», menciona el informe de la OIT.

Estas desigualdades de género durante la pandemia ya son preocupantes, pero lo serán más aún si no revierten con la recuperación y se confirma ese riesgo de volver al pasado en los avances entre mujeres y hombres. «Los retrocesos en la igualdad de género son especialmente preocupantes en aquellas regiones donde las brechas de género ya eran muy acusadas antes de la crisis», apunta el organismo.

Para contrarrestar este camino hacia la desigualdad en sus diferentes facetas, la OIT apuesta por una recuperación estructurada en torno a cuatro principios: promover el crecimiento económico de base amplia y crear empleo productivo; apoyar los ingresos de los hogares y la transición en el mercado de trabajo; apostar por un crecimiento y un desarrollo económicos inclusivos, sostenibles y resilientes; y utilizar el diálogo social para formular estrategias de recuperación centradas en las personas.

Fuente: https://rebelion.org/la-pandemia-aumenta-los-trabajadores-pobres-y-pone-en-riesgo-la-igualdad-de-genero-en-el-mundo-segun-la-oit/

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Florida aprueba una ley que prohíbe la participación de niñas y mujeres transgénero en deportes femeninos escolares

Florida se convirtió en el último estado en EE.UU. en prohibir a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes femeninos en escuelas públicas y universidades.

El gobernador republicano del estado, Ron DeSantis, promulgó la polémica ley el martes.

La legislación dice que las mujeres y niñas deben jugar en los equipos que corresponden al sexo biológico registrado en sus certificados de nacimiento.

Activistas LGBT calificaron la medida como «discriminatoria», y un grupo dijo que entablaría una demanda.

«Nos vamos a guiar por la base biológica, no la base ideológica cuando practiquemos deportes».

La medida se da en el marco de una reacción de estados republicanos contra las políticas favorables a la comunidad LGBT apoyadas por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden.

Joven transgénero participa en un ejercicio de espíritu de grupo en Connecticut

La medida va a contracorriente de las políticas del gobierno de Joe Biden, que fomenta medidas de apoyo a la comunidad LGBT.

¿Qué dice la ley?

La nueva ley de Florida define el sexo de un atleta según cómo quedó registrado en los documentos oficiales al nacer.

La ley, conocida como el Acta de Justicia en los Deportes de Mujeres, establece que los equipos deportivos femeninos «no podrán estar abiertos a estudiantes del sexo masculino».

No está claro si ahora todas las atletas mujeres deberán mostrar sus certificados de nacimiento para participar en los equipos deportivos.

La ley no prohibiría a las atletas femeninas participar en equipos de niños u hombres.

Además, la ley también permite a cualquier estudiante entablar una demanda contra la institución educativa si siente que se está violando el acta y se le ha «privado» de «una oportunidad atlética».

Una niña en un equipo de béisbol masculino

Adeptos de la ley sostienen que las atletas femeninas transgénero tienen una ventaja injusta, al haber sido designadas como varones al nacer pero que luego hicieron la transición.

Sin embargo, los críticos señalan que es innecesario y discriminatorio vetar a las niñas y mujeres transgénero de los deportes.

La ley sólo aplicará a las escuelas secundarias, colegios y universidades cuando entre en efecto el 1 de julio.

¿Cuál ha sido la reacción?

El diputado estatal de Florida Carlos Smith, demócrata que se identifica como latino y gay, rechazó la legislación llamándola «espantosa».

«Esto alimenta la fobia a los transexuales y pone en riesgo a jóvenes vulnerables sin razón alguna», escribió en Twitter.

Fin del contenido de Twitter, 1

Otro legislador demócrata, el senador estatal Shevrin Jones, criticó lo que llamó la coincidencia «insultante» de la promulgación de la ley el 1 de junio, el primer día del Mes del Orgullo, una celebración anual de la comunidad LGBT.

No obstante, Kelli Stargel, senadora estatal republicana, negó que la ley fuera discriminatoria.

«Esta ley es apenas para asegurar que las mujeres puedan competir de forma segura, tener oportunidades y ser físicamente capaces de sobresalir en un deporte para el que se han entrenado, preparado y exigido», declaró Stargel.

La Campaña de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés), un grupo defensor de los derechos LGBT, comunicó que entablaría una demanda contra la medida.

«El gobernador DeSantis y los legisladores de Florida están legislando en base a una premisa falsa y discriminatoria que pone en riesgo la seguridad y bienestar de menores transgénero», declaró el presidente del grupo, Alphonso David.

«Los niños transgénero son niños; las niñas transgénero son niñas. Como todos los menores, merecen tener la oportunidad de jugar deportes con sus amigos y ser parte de un equipo».

Una pareja lesbiana celebra el desfile del Orgullo Gay en Nueva York, 2013

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Pie de foto,
La promulgación de la ley coincidió con el inicio del Mes del Orgullo.

Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, Tennessee y Virginia Occidental aprobaron legislaciones similares.

La acción de Florida sucede en el marco de las medidas de mayor equidad que han estado tomando mayor impulso a nivel nacional.

En su primer día en el poder, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva con miras a impedir la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género.

Con la intención de lograr que la orden ejecutiva de Biden tuviera un carácter más permanente, la Cámara de Representantes de EE.UU. impulsó el Acta de Igualdad -considerado el proyecto de ley pro LGBT en la historia del país.

Este martes, Biden instó a los legisladores en el Congreso a aprobar el Acta de Igualdad al tiempo en que emitió una proclamación para marcar el inicio del Mes del Orgullo.

Pero sin el apoyo de los republicanos, el proyecto de ley no tiene probabilidades de ser aprobado en el Senado, la Cámara Alta del Congreso.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57329579

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La pobreza profunda que desata la migración desde Guatemala

Alvina Jerónimo Pérez se sienta por horas en el viejo y raído sillón de plástico en la sala de su casa, le avergüenza que sus vecinos la vean después de su intento fallido de migrar a Estados Unidos y vive angustiada, pensando en las deudas que aún tiene qué cubrir.

Su casa de un solo piso, de cemento y madera, se encuentra en un terreno que le heredaron sus padres, en la cima de una montaña en Tizamarte Chiquimula, en la región oriente de Guatemala.

Su esposo Aníbal García construyó la humilde vivienda, y hace varios meses le agregó un nuevo cuarto en la parte de atrás. Jerónimo intentó migrar el año pasado, en parte para reunir dinero y poder pagar un préstamo que recibieron para hacer la nueva habitación.

Le parecía una apuesta segura en aquel momento. “Como la gente pasaba (la frontera), pensamos que nos iban a dejar pasar”, dijo Jerónimo, de 42 años. El traficante, o coyote, le dijo que trajera a su hija para asegurar el pase. Su viaje incluía un trabajo garantizado en los EEUU, le aseguró, con lo cual podría pagar todas las deudas que generaba su partida.

Así que puso la casa como garantía para pagarle al traficante 7.700 dólares. “El trato era que cuando llegáramos a EEUU, íbamos a pagar ese dinero y nos devolverían la escritura”, dijo Jerónimo. “Pero no se pudo”.

En marzo de 2020, la mujer y su hija Yessenia, de entonces 14 años, dejaron Tizamarte con un coyote.

Tres semanas después fueron detenidas entrando a los Estados Unidos, en Texas, y una semana después fueron deportadas a Guatemala. Cuando Jerónimo se dio cuenta de que serían enviadas de vuelta a su país, lloró. “Pensaba en todo lo que me había costado hacer el viaje. Me preguntaba ‘¿qué voy a hacer? Ya perdí todo’”.

De regreso en Tizamarte, una comunidad maya chortí, su único refugio es su casa, que ahora está en riesgo de perder. No quiere ver al vecino que le ayudó a organizar el viaje con el coyote. Cambió el chip de su celular para evitar las llamadas telefónicas acosadoras de la persona que le prestó el dinero para viajar y que ahora exige el pago o su casa.

La historia de Jerónimo es similar a la de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que luchan por reunir el dinero necesario para emigrar a Estados Unidos. A menudo proviene de familiares que ya viven en el norte o de redes de prestamistas.

A veces, los migrantes también deben vender sus posesiones, incluidas sus casas, o como Jerónimo, entregar las escrituras a alguien como garantía. A todos los migrantes les impulsa la posibilidad de romper el ciclo de pobreza que afecta a más del 60% de la población del país.

La pandemia de COVID-19 pareció frenar inicialmente la migración a Estados Unidos, pero en abril de 2020 la cantidad de migrantes que llegaron a la frontera de ese país con México comenzó a incrementarse. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó que sólo en abril de 2021 se reportaron más de 30.000 encuentros con migrantes guatemaltecos en la frontera suroeste.

En un intento de mostrar la importancia que presta al fenómeno, el presidente estadounidense Joe Biden designó este año a la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de encontrar soluciones a las causas de la migración.

Harris visitará Guatemala, aunque desde hace semanas comenzó a sostener reuniones virtuales y en persona con funcionarios, grupos no gubernamentales y empresarios sobre los temas a tratar, incluidos la pobreza, la corrupción, la violencia y el cambio climático. La vicepresidenta también ha expresado interés en grupos que históricamente han enfrentado discriminación como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades LGBTQI.

El gobierno de Joe Biden teme que un posible incremento de migrantes, especialmente niños y familias en su frontera sur, distraiga la atención de sus metas en política nacional, incluso cuando trata de presentar un rostro más compasivo que su predecesor.

Jerónimo es una de los más de 228.000 guatemaltecos deportados por Estados Unidos desde 2015. Para muchos de ellos, el sueño americano se frustró. Volvieron a casa con el estigma del fracaso y deudas enormes que son impagables en un país donde el salario mínimo, para quienes tiene la suerte de tener trabajo, es de alrededor de 11 dólares por día.

Jerónimo no ve otra salida más que intentar irse otra vez.

En la casa de Jerónimo hay un viejo y oxidado refrigerador blanco. Para no gastar en electricidad, lo conecta ocasionalmente, cuando necesita mantener frío algo, pero la mayoría del tiempo sólo es un mueble que sostiene el viejo televisor del hogar.

En los meses secos de invierno su casa, con varias grietas en las paredes y techo de lámina, es oscura y fría. En temporada de lluvias, hace calor y sofoca. Su hogar está junto al camino de tierra en la entrada de Tizamarte, donde viven 110 familias, unas 700 personas.

A cinco horas en automóvil de la capital de Guatemala, Tizamarte está en el llamado “corredor seco”, una franja de tierra que se extiende desde el sur de México hasta Panamá, donde el cambio climático ha provocado una serie interminable de sequías y tormentas tropicales devastadoras para las comunidades más pobres.

Tizamarte es una comunidad en donde la gente practica la agricultura de subsistencia para alimentar a sus familias y trabajan en la cosecha del café para conseguir efectivo que les permita pagar gastos escolares y medicinas. Además, cada familia tiene por lo menos a algún familiar que migró a EEUU.

En Chiquimula, el departamento donde se localiza Tizamarte, sólo se produce café para exportación y su producción representa el 10% de todas las ventas del grano de Guatemala al exterior, según la Asociación Nacional de Café (Anacafé).

Durante la cosecha de café, de noviembre a febrero, los campos se tiñen de verde y de puntos rojos del fruto. El pueblo cobra vida con el flujo, modesto, de efectivo. Cada trabajador recibe casi 8 dólares por quintal de café cortado y al día llenan entre uno y dos quintales.

Jerónimo y su esposo se encuentran entre los pocos que tienen otras pequeñas fuentes de ingresos.

En la época de la cosecha, la familia de la mujer vende a los jornaleros pollo y papas fritas, cocinadas en una vieja estufa naranja, por menos de 2 dólares. La mayoría pagan en billetes de 100 quetzales, una parte del salario recibido. Jerónimo también tiene una pequeña tienda de comestibles en un cuarto de su casa.

Jerónimo no recolecta, ni tiene tierra para cultivar café. Su esposo cultiva maíz y frijol para su propio consumo en una pequeña parcela que alquilan. Por lo general, se las arreglan con dos comidas al día, regularmente tortillas de maíz, frijoles y café.

En Tizamarte, la mayoría de las casas tienen electricidad, pero el agua corriente es escasa. En toda la comunidad hay cinco chorros públicos donde mujeres y niños hacen fila para llenar vasijas del líquido.

El año pasado, mientras gran parte del mundo se cubría con mascarillas y aprendía sobre el distanciamiento social por la pandemia, la vida siguió como de costumbre en Tizamarte. Hubo pocos casos confirmados en comunidades cercanas, pero ninguno en Tizamarte, y Jerónimo no usó una mascarilla sino hasta que estuvo bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Guatemala tiene servicios básicos de salud limitados, especialmente en comunidades rurales como Tizamarte y ha tenido problemas para obtener la vacuna contra COVID-19.

En Camotán, el municipio del que es parte Tizamarte, poco más de 130 de sus casi 61.000 pobladores icipio habían sido inmunizados a fines de mayo. Aun así, aquí sólo se han registrado 151 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según registros del Ministerio de Salud.

La enfermera Gloria Amador Morales realiza controles de salud en Tizamarte y en otras tres comunidades que están bajo su cuidado. En el polvoriento y despintado centro comunitario donde atiende a los pacientes no hay agua corriente.

La enfermera, de 40 años, vacuna y mide a los bebés y detecta los efectos de la desnutrición con un ojo entrenado. Durante el año pasado, ha sido prácticamente la única persona que se ha puesto una mascarilla protectora contra la pandemia.  “Aquí al menos un miembro de cada familia está o ha intentado estar en Estados Unidos”, dijo la enfermera.

Adán Rivera, un campesino de 40 años, explicó que cuando se acaba la cosecha de café ya no hay trabajo y la gente prefiere irse.

“A quién se le dé la oportunidad que se vaya, migrar no es fácil va peligrando uno, pero hay necesidad”, dijo Rivera, quien en la siembra pasada llevó a sus tres hijos pequeños para cosechar café, porque juntos podían llenar hasta tres grandes sacos en un día y obtener hasta 24 dólares.

Jonathan Menkos, economista y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dice que para entender la migración forzada hay que entender también las condiciones de pobreza en las que viven la gente. La falta de empleo, de servicios públicos básicos y la corrupción se combinan para crear migrantes económicos. Incluso para quienes trabajan, sus ingresos mensuales promedio son menores que el costo de la canasta de productos básicos.

Guatemala sobrevive de las remesas enviadas a casa por esos migrantes. El año pasado, el dinero enviado por migrantes a sus familias representó más del 14% del producto interno bruto del país.

“Es una triste paradoja, porque esos expulsados (los migrantes)… para proteger a sus familias envían dinero que dinamiza la economía y hacen que ese modelo continúe expulsando a más gente”, dijo.

Fue en marzo de 2020, cuando la pandemia recién comenzaba en Guatemala, que Jerónimo decidió emigrar.

Jerónimo y su hija Yessenia se fueron temprano una mañana. Ella no dice exactamente cómo, ni quién es el coyote. Llevaba una muda de ropa en una pequeña mochila y 500 quetzales (unos 65 dólares). Era la primera vez que Jerónimo viajaba fuera del departamento de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras.

Durante tres semanas, madre e hija caminaron, viajaron en autobuses y vehículos particulares. Jerónimo dice que no recuerda los detalles de su ruta y se limita a decir que le preocupaba su hija y que pudieran hacerle algo.

Dice que en la frontera norte mexicana pasaron días encerrados con otros migrantes dentro de una casa de seguridad antes de cruzar a Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza los detuvo apenas cruzaron. Las mantuvo juntas durante siete días y luego las puso en un avión de regreso a Guatemala en abril de 2020.

No se les hizo la prueba de COVID-19 ni en Estados Unidos, ni en Guatemala. Cuando su vuelo aterrizó en la ciudad de Guatemala, fue la primera vez que Jerónimo pisaba la capital de su país.

La administración de Trump fue duramente criticada por esos vuelos de deportación durante la pandemia.

El ministro de Salud de Guatemala dijo en abril de 2020 que los deportados desde Estados Unidos habían provocado un aumento en el número de casos de COVID-19 en el país centroamericano.

Jerónimo llegó a su país sin un centavo. Tuvo que pedirle a un familiar en los Estados Unidos que le transfiriera 50 dólares para comprar boletos de autobús de regreso a Tizamarte.

Jerónimo no era la primera de su familia en intentar irse de Guatemala.

Su yerno, Santiago de León, se fue en diciembre de 2018 con su hijo Wilman de 5 años. Ellos lo lograron. Pero cuando De León encontró trabajo, no tenía forma de llevarse a su hijo y tenía que dejarlo encerrado en un departamento todo el día.

“No había nadie que lo cuidara, a veces él mismo se preparaba comida. Cuando llegaba el papá a veces era tan tarde que ya lo encontraba durmiendo”, dice Hilda García Jerónimo, hija de Alvina y madre del niño. Ella le pidió a De León que enviara de vuelta a Guatemala a su hijo.

Ocho meses después de su llegada, De León envió al niño de regreso con su madre en un vuelo comercial, con un amigo que tenía visa.

De León envía a su esposa 125 dólares cada mes para mantener a sus tres hijos.

Juan de León, de 16 años, hermano de Santiago, decidió irse solo a Estados Unidos en abril de 2019. Tránsito Gutiérrez, la madre de Juan, dijo que su hijo se fue porque quería ayudar a la familia, que a veces no tenía nada para comer.

“Juanito” llegó a Texas, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza. Mientras estuvo bajo su custodia se enfermó y fue hospitalizado en Corpus Christi. Ahí murió. Las autoridades guatemaltecas dijeron que el jovencito murió de una infección cerebral. Su cuerpo fue enviado de regreso a Guatemala y enterrado en Tizamarte.

Casi un año después fue cuando Jerónimo decidió que tenía que irse.

Jerónimo vive con Aníbal García desde que eran adolescentes. Tienen tres hijos, dos de los cuales, Yessenia y su hermano de 20 años, viven con ellos.

“La casa es de ella, el terreno es de ella”, dijo García. “Lo construí, pero no hay nada a mi nombre. Entonces ella decidió que se iba”.

En marzo pasado, Jerónimo volvió a pensar en irse de Guatemala. El riesgo de perder su casa está latente y con el fin de la cosecha de café volvió a cerrar su negocio de pollo y papas fritas.

“Si pudiera, iría”, dijo Jerónimo.

Lo ganado con el negocio del pollo en los últimos meses le permitió a Jerónimo abonar 650 dólares al primer préstamo que hizo para la construcción del cuarto adicional de la casa y que la empujó originalmente a migrar. Pero todavía tiene pendiente otro pago, además de los 7,700 dólares por su fallido intento de migrar.

En los últimos años, los paquetes de los contrabandistas incluyen tres intentos de cruzar la frontera de EEUU, un reconocimiento de que es una gran inversión que no siempre da resultado. A veces los migrantes contratan directamente a un traficante, al coyote, pero en el caso de Jerónimo hubo un intermediario.

Jerónimo pensó que también obtendría al menos dos intentos más, pero el intermediario que coordinó el coyote aparentemente se embolsó un tercio de su pago, por lo que el contrabandista se negó a llevarla de nuevo. Ese intermediario vive a 100 metros de la casa de ella.

Esa persona, conocida localmente como el “jalador”, ayuda a reclutar migrantes para el traficante. También fue él quien gestionó que otro migrante que vive en EEUU, y que antes vivía en una comunidad vecina, le prestara los 7,700 dólares a Jerónimo.

Quien le prestó el dinero, o incluso alguno de sus familiares, le llamaba y enviaba mensajes de texto de vez en cuando, preguntando cuándo le pagará. El primer plazo que tenía se cumplió en octubre, pero Jerónimo pidió más tiempo. Las amenazas de apoderarse de su casa se hicieron tan frecuentes que decidió cambiar el chip de su teléfono.

Jerónimo no es la única que vive angustiada ante la posibilidad de perder su casa.

Yessenia dice que conoce los riesgos que podría enfrentar si intentara migrar sola, pero está dispuesta a hacerlo.

“Perder la casa y quedarme sin nada me asusta más”, comentó.

Yessenia lleva dos años sin estudiar porque, incluso antes de la pandemia, sus padres no podían pagar una escuela. De niña soñaba con ser policía y aunque ahora aún espera volver a estudiar, el tema de la casa ensombrece todo.

“Lo que quiero es que se salve la casa y que ya no esté la escritura en manos de otro, sino en manos de nosotras”, dijo. “Con tal de ayudar a mi mamá me voy”.

Los padres de Yessenia no están de acuerdo. Y Jerónimo dice que si encuentra una manera ella es la que volverá a irse, aunque signifique tener más deudas.

“Eso es lo que te desespera lo suficiente como para emigrar”, dice Jerónimo. “Es pura necesidad”.

Fuente: https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-06-02/la-pobreza-profunda-que-desata-la-migracion-desde-guatemala

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Byju’s se une a Google para una plataforma de aprendizaje en línea para escuelas en la India

Byju’s, el principal actor de la tecnología educativa de la India, se ha asociado con Google para ayudar a las escuelas de la India en el aprendizaje en línea. Básicamente, la unión hará que Google Workspace for Education esté disponible en la plataforma Vidyartha de Byju.

Las escuelas que se inscriban en este programa contarán con una plataforma digital colaborativa y personalizada, sin costo alguno. Un comunicado de prensa de Byju’s dijo que «esta asociación proporcionará acceso directo a la extensa pedagogía matemática y científica y a las soluciones de aprendizaje visualmente ricas de Byju, que incluyen diapositivas por capítulos, tareas preparadas, bancos de datos, resúmenes de documentos, folletos, pruebas y más».

Acceso a Google Classroom y Google Meet

Las escuelas pueden inscribirse en el programa en la plataforma Vidyartha y obtendrán identificaciones de correo electrónico oficiales para todos los profesores, estudiantes y personal administrativo, con la tecnología de Google Workspace for Education. Esta solución de aprendizaje también facilitará la gestión integral del aula, a través de Google Classroom, y ayudará a organizar, acceder y realizar un seguimiento del aprendizaje en el aula.

Además de las funciones de Google Workspace for Education que incluyen Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Formularios, los profesores tendrán acceso a Google Meet, la solución de videoconferencia premium de Google, donde hasta 100 personas pueden participar utilizando Google Workspace for Education Fundamentals, de forma gratuita.

Byju se hizo cargo de la plataforma Vidyartha en 2017, y es una plataforma de evaluación completa y evalúa los intereses, rasgos de personalidad, aptitudes y habilidades de los estudiantes para formar un plan de aprendizaje personalizado (PLP) para ellos.

Mrinal Mohit, director de operaciones de Byju’s dijo, «a través de nuestra asociación con Google, nuestro objetivo es ayudar a la revolución digital y equipar a nuestros educadores con los activos tecnológicos y de aprendizaje necesarios para garantizar la continuidad de la educación».

Bani Dhawan, Jefe de Educación – Asia del Sur, dijo Google, la asociación con Byju’s ayudará a llegar a las escuelas de todo el país y brindará soluciones de aprendizaje basadas en inglés ricas e interactivas que complementan el plan de estudios escolar. Añadió que Google pondría esta oferta a disposición en idiomas indios más adelante.

Fuente: https://www.ezanime.net/byjus-se-une-a-google-para-una-plataforma-de-aprendizaje-en-linea-para-escuelas-en-la-india/

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África, protagonista de la peor crisis educativa por la Covid-19

En 2019, solo hubo un 21% de escolarización en el África Subsahariana y un 41% en el norte de África, datos que han empeorado por la pandemia.

Con motivo del Día de África, el pasado 25 de mayo, la Fundación ProFuturo, un programa de Educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación “La Caixa” para reducir la brecha educativa, organizó el evento híbrido El poder transformador de la E-ducación en África, una conversación sobre los retos y las oportunidades de la Educación en el continente africano, al que algunos se refieren como el continente “olvidado”, pero por el que muchos “apuestan”, según aseguró Magdalena Brier, directora general de Profuturo.

Javier Ruiz, director general de World Vision en España: «Cerrar el acceso a la escuela es cerrar el acceso a la alimentación y a la higiene de los niños»

El acto, coorganizado por Casa África, Acnur, Empieza Por Educar, Entreculturas, Save the Children, la ONG World Vision y los medios de comunicación Planeta Futuro, de El País, y Mundo Negro, tenía como objetivo “mostrar la cara positiva del continente y fortalecer el entendimiento entre los países africanos y España”, según explicó Juan Jaime Martínez, jefe de Cultura de Casa África.

Escolarización

Más de 32 millones de niños y niñas africanos se encontraban fuera de la Educación Primaria en el año 2019, cifra que ha aumentado con la Covid-19 por la falta de acceso a Educación digital y por el absentismo escolar.

En 2019, solo hubo un 21% de escolarización en el África Subsahariana y un 41% en el norte de África. Dos terceras partes de los países africanos con menos renta recortaron su presupuesto en Educación durante 2020 en torno a una media del 4%, según Firmin Edouard Matoko, subdirector general de Prioridad África y Relaciones Exteriores de la Unesco, que hizo hincapié en dos de los grandes problemas de la Educación en África, la falta de docentes y la brecha digital existente.

“Muchos países africanos optaron por la Educación a distancia para salvar las barreras de los confinamientos, pero las familias encontraron obstáculos en los que no se había pensado, como la falta de electricidad y de internet“, explicó.

Efectos colaterales

“Cuando cerramos el acceso a la escuela cerramos el acceso de los niños a muchas más cosas, como la alimentación o la higiene”, comentó Javier Ruiz, director general de World Vision en España, que reflexionó sobre el poder transformador de la Educación a través de la historia de Isaac, un niño del norte de Uganda que “estudiaba para ser presidente y llevar la paz a su país”.

El impacto del cierre de colegios a corto plazo engloba la salud física y mental, la explotación laboral, embarazos no deseados, matrimonios forzosos y la desnutrición. “La comida que reciben en la escuela es para muchos la única que reciben a lo largo del día”, informó Luca Fabris, coordinador de Asia y África en Entreculturas.

Brecha de género

“Cada tres meses de cierre de colegios se provocan 15 millones de abusos y alrededor de dos millones de casos de mutilación genital“, analizó Andrés Conde, director general de Save the Children en España, que aseguró que las niñas tienen barreras de entrada a la escuela muy superiores a la de los varones.

“Antes de la Covid-19 nueve millones de niñas no podían acceder a la Educación frente a tres millones de varones”. En África central una de cada cinco niñas nunca llegarán a entrar en un aula, según datos de Unicef.

Andrés Conde, director general de Save the Children en España: «Cada tres meses de cierre de colegios se provocan 15 millones de abusos en África»

Colocar a las niñas en el foco de la acción y empoderarlas para que sean ellas las que realicen el cambio es imprescindible para cambiar su realidad, que va desde el matrimonio forzoso hasta un peor acceso a los recursos digitales, considerados por la sociedad como recursos no aptos para la mujer.

“Hay que invertir en las niñas, favorecer los espacios para que puedan ser libres y crear sus propios caminos”, sentencia Conde.

Fuente: https://www.magisnet.com/2021/06/africa-protagonista-de-la-peor-crisis-educativa-por-la-covid-19/

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Ministro de Educación chileno califica de «absurda» la acusación constitucional por impulsar clases presenciales

El ministro de Educación de Chile, Raúl Figueroa, ha calificado este miércoles como «absurda» la acusación constitucional que la oposición planea presentar contra él por impulsar la presencialidad en las aulas en el contexto de la pandemia del coronavirus.

En este contexto, Figueroa ha considerado que es «como el mundo al revés, uno quiere que los niños vuelvan a clases y lo acusan constitucionalmente». «Y los que promueven que no vayan a clases son los que promueven las acusaciones. En nuestro país cualquier cosa puede pasar, pero me parece absurdo», ha asegurado en una entrevista con radio Pauta.

Las declaraciones del ministro se dan después de que el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana, anunciara que las bancadas opositoras están evaluando presentar una acusación constitucional contra Figueroa, ya que consideran «inaceptable que se exponga la salud y la seguridad de nuestras comunidades escolares a través de un chantaje contra los municipios».

El responsable de la cartera ha defendido que el objetivo de su gestión ha sido garantizar una vuelta a las clases presenciales segura, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que «pretender acusar a un ministro de Educación porque lo que ha hecho es promover con todas las medidas de seguridad y entregando todas las condiciones (..) que las actividades presenciales se recuperen, sería una escena de récord mundial».

También, preguntado por la supuesta amenaza de eliminar las subvenciones a los colegios que decidieran no reabrir sus puertas, Figueroa ha negado esta información alegando que su propuesta fue «analizar todas las alternativas a disposición».

«¿Estudiar las alternativas legales que un ministro de Educación tiene para llevar a cabo su trabajo es una amenaza?», ha cuestionado en referencia a este asunto.

El regreso a las clases presenciales ha sido motivo de disputa en el país entre las autoridades locales y las órdenes del Gobierno nacional. De hecho, solo el 34 por ciento de los centros educativos que tienen las condiciones para abrir lo ha hecho, según recoge ‘La Tercera’, mientras que el porcentaje baja hasta el 17 por ciento en el caso de los centros con dependencia municipal.

Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-ministro-educacion-chileno-califica-absurda-acusacion-constitucional-impulsar-clases-presenciales-20210602180331.html

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La educación ambiental para todas las edades es ley en Argentina

Desde el nivel preescolar hasta la universidad, todos los estudiantes de Argentina deberán acceder a educación ambiental. Lo establece una ley sancionada en mayo por el Congreso Nacional y celebrada por organizaciones de la sociedad civil como lo que es: la concreción de un logro largamente anhelado.

“Hubo muchísimos proyectos sobre educación ambiental a lo largo de los últimos 20 años. Incluso hubo un par que tuvieron media sanción de una de las Cámaras pero no completaron el recorrido por falta de consenso político”, dijo Juan Cruz Zorzoli, director de Amartya, una organización que promueve la educación ambiental.

“La sanción de la ley es un síntoma de un cambio de época, debido fundamentalmente al  activismo ambiental y la visibilidad de los jóvenes, que cuestionan el modelo de desarrollo y la relación de la sociedad con la naturaleza y toman como ejemplo a (la activista ambiental sueca) Greta Thurnberg”, agregó en diálogo con IPS.

Con su Ley de Educación Ambiental Integral, Argentina se convierte  en el segundo país de América Latina en contar con una norma específica sobre la materia, por detrás de Brasil, aunque en su caso se limita a establecer y reglamentar un Programa Nacional de Educación Ambiental. Otros países latinoamericanos han incluido el tema dentro de sus últimas leyes de educación.

La ley , también conocida por su número, 27.621, fue impulsada por los ministerios de Educación y Ambiente y promulgada este  jueves 3 de junio por el presidente Alberto Fernández. Y si bien contó con el apoyo de todos los espacios políticos en el parlamento, no faltaron puntos de controversia relacionados con la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.

El senador Alfredo de Angeli se quejó durante el debate de que el proyecto se haya sido discutido en las comisiones de Educación, de Ambiente y de Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, pero no en las de Agricultura.

“Tenemos mucho para aportar”, dijo De Angeli, productor agropecuario de la provincia de Entre Ríos que saltó a la política en 2008, cuando se hizo conocido como uno de los líderes de una larga protesta del empresariado rural contra un aumento de los impuestos a las exportaciones de soja.

El extendido cultivo de soja, que ocupa más de la mitad del área sembrada desde que a fines de los años 90 se aprobó la primera variedad transgénica, es cuestionado por organizaciones ambientales, por su impacto en el uso de agroquímicos y en la deforestación.

En tono de reproche, De Angeli recordó que tampoco pasó por las comisiones parlamentarias de Agricultura la llamada ley de manejo del fuego, aprobada el año pasado, que prohíbe por hasta 60 años la venta de tierras donde se hayan registrado incendios forestales, para evitar conductas especulativas que destruyan los bosques. Esa norma fue rechazada por todas las entidades agropecuarias.

Además, en la discusión de la ley de educación ambiental no faltaron legisladores que cuestionaran la ausencia del sector empresarial en el Consejo Consultivo que asesorará a las autoridades en el diseño de los contenidos educativos, integrado por organizaciones indígenas, estudiantiles, gremiales docentes, científicas, de guardaparques, de recicladores y de la sociedad civil.

“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades”: Laura Castillo Díaz.

La ley define a la educación ambiental como “un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”.

Una de las cuestiones que establece la norma  para su implementación es que se deberá realizar un estudio de percepción ambiental, explicó Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Una movilización de jóvenes en Buenos Aires, en reclamo de mejores políticas ambientales, con el fondo del Congreso Nacional, que en mayo sancionó la ley que incorpora la educación ambiental en todos los niveles de la educación argentina. Foto: Eco House Global

“Así podremos tener información que nos permita orientar los planes, programas, proyectos y mensajes de acuerdo a los diferentes destinatarias y destinatarios de manera efectiva”, destacó a IPS la funcionaria y especialista en políticas públicas.

Ruiz del Ferrier comentó que el proyecto recogió las demandas de las 23 provincias, que buscaban así fortalecer e institucionalizar la labor de esas regiones federales, porque de hecho ya vienen trabajando en educación ambiental, en varios casos con el respaldo de leyes locales en la materia.

“Se necesitaba que el tema tuviera un poco de visibilización y empuje para que lo aprobara el Congreso, después de tantos años de estar en la agenda parlamentaria, y eso fue lo que aportamos desde la sociedad civil”, dijo María Aguilar, coordinadora de los Departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de Eco House Global, una organización que trabaja en temas de sostenibilidad a través del voluntariado.

“También realizamos un trabajo de incidencia con el que servimos de puente para que los distintos sectores políticos limaran sus diferencias y tuviéramos ley”, contó Aguilar a IPS.

“De modo tal que el rol y participación de las y los jóvenes en la educación ambiental y en esta ley en particular es de suma importancia”, añadió.

Laura Castillo Díaz, coordinadora en el área de Política Ambiental en la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó a IPS que la ley viene a pagar una deuda que estaba pendiente desde hacía décadas.

Apuntó, en ese sentido, a la Conferencia de Estocolmo de 1972, la primera gran cumbre mundial sobre temas ambientales convocada por Naciones Unidas, que en su Declaración Final señaló la importancia de la educación ambiental.

También señaló a la Constitución Nacional argentina, que desde su última reforma, en 1994, reconoce el derecho de los habitantes del país a vivir en un ambiente sano y fija la obligación de las autoridades de proveer educación e información ambientales.

“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades”, explicó Castillo Díaz.

Una concentración de jóvenes que buscan concientizar del impacto del cambio climático en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina. Foto: Eco House Global

“En el caso de las universidades públicas y privadas se prevé que además tendrán que diseñar y poner en práctica un programa de gestión ambiental, que se aplique al manejo de sus propias problemáticas, como el manejo de los residuos o el consumo de energía”, añadió.

En las universidades argentinas las cuestiones ambientales están atrayendo cada vez más interés no sólo en carreras vinculadas a las ciencias duras, sino también en el terreno humanístico.

En la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estudiantes impulsaron la creación de un seminario de socioambientalismo, con clases durante todo el año que incluyen tema como cambio climático, eco-feminismo y el modelo de desarrollo que pone a los países latinoamericanos en el rol de proveedor de materias primas para el mercado internacional.

“En nuestra carrera no existía la perspectiva ambiental y entonces organizamos el seminario con algunos compañeros. Abrimos la inscripción y pensamos que podíamos tener 30 inscriptos, pero en una semana teníamos más de 300”, dijo Federico Pellegrino, estudiante de Ciencia Política de 21 años.

De alguna manera, reconoció a IPS, “Greta nos puso el tema en agenda. Hoy veo claramente un vínculo entre lo ambiental y lo social. Ocuparse de lo ambiental significa ocuparse de cómo mejorarle la vida a la gente”.

Según se estableció en la ley, los ministerios y representantes de las provincias deberán diseñar una Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (Eneai), que a su vez dará lugar a estrategias jurisdiccionales, que deberán ajustarse “a la realidad de los territorios”.

Eso entusiasma a Pellegrino, que imagina contenidos vinculados a las distintas problemáticas que enfrenta un país tan diverso como Argentina, cuyo extenso territorio tiene desde la gran llanura agrícola en el centro del país hasta los bosques chaqueños y las mesetas de altura de la Puna en el norte, pasando por la estepa patagónica en el sur, la Cordillera de los Andes en el oeste y la selva paranaense en el noreste.

“Queremos que en el Chaco se hable de la deforestación, en la Patagonia se hable del impacto de las represas y en la Puna se hable de por qué Argentina, Bolivia y Chile tienen que pagar el costo de proveer el litio para los autos eléctricos de Europa y Estados Unidos”, explicó este universitario, que comenzó como activista ambiental y hoy trabaja  en la organización Eco House.

Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/06/la-educacion-ambiental-para-todas-las-edades-es-ley-en-argentina/

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