El proyecto de presupuesto para 2025 de El Salvador recortará 4,5 millones de dólares al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó hoy una fuente oficial.
Esta semana los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibieron al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, para debatir la partida programada para esa cartera.
Según lo discutido, el MARN dispondrá de 15.7 millones de dólares como presupuesto para el 2025, es decir 4.3 millones menos respecto a 2024.
Entre las principales afectaciones de fondos se identificó a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que recibirá 5.4 millones en 2025, 2.5 millones menos respecto a 2024.
Se espera que esta cartera de Estado tendrá menos fondos para el próximo año, lo cual pudiera afectar su trabajo con las 208 áreas naturales protegidas establecidas, 43 islas de manglares en la Bahía de Jiquilisco, tres estuarios de Bosques Salados en La Unión y la Laguna de Olomega.
Varias carteras como educación y salud sufrieron recortes en sus planes de gastos, mientras otras con defensa se incrementaron, según los informes.
Estudiantes y docentes protestan a lo largo de toda Argentina con encierros pacíficos, huelgas, asambleas y clases públicas para reclamar más fondos y mejores salarios. El Gobierno ultra redobla sus acusaciones sobre supuestos delincuentes en las casas de estudios.
Son dos profesores y dictan una clase de historia argentina a una veintena de alumnos. Ambos tienen carteles colgando del cuello: “docente bajo la línea de pobreza”, dice el de él; “docente hija de trabajadores”, dice el de ella. Los estudiantes se esfuerzan por escucharlos y seguir el hilo de sus explicaciones al sol del mediodía, mientras a unos pocos metros pasan autos y ómnibus, más cerca otros profesores enseñan otras materias. Son todas clases públicas, dictadas a la intemperie, sobre la calle que permanece cortada al tránsito, los pupitres desperdigados sobre el asfalto frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Escenas parecidas se reprodujeron este lunes y este martes en decenas de sedes universitarias de la Argentina, donde estudiantes y docentes protagonizan protestas para exigirle al Gobierno de Javier Milei mayores recursos para la educación superior pública y mejores salarios para profesores y empleados. “No voy a ceder”, dijo el presidente ultraderechista y reiteró sus ataques contra los supuestos “delincuentes” de las casas de estudios. Su ministra de Seguridad fue más allá este miércoles: acusó a los universitarios de “generar una revuelta y tratar de desestabilizar” al Gobierno. Incluso pronosticó que “van a ir con molotovs”.
En un país en el que la universidad pública es símbolo de prestigio y movilidad social, la comunidad académica ha emergido como uno de los principales focos de resistencia al ajuste y desguace del Estado que está aplicando Milei. Ya en abril una masiva protesta había logrado revertir parcialmente el recorte de los fondos y esta semana el conflicto resurgió después de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, que había sido aprobada con un amplio acuerdo de la oposición en el Congreso, garantizaba una actualización de recursos para el sector. En rechazo al veto presidencial, a lo largo de todo el país se desarrollan tomas pacíficas de edificios, huelgas, asambleas y clases públicas, entre otras medidas que, salvo casos aislados, no han incluido hechos de violencia.
“Sin salarios dignos, la UBA no funciona”, reza una enorme pancarta que pende sobre la fachada neogótica de la Facultad de Ingeniería. Mientras hace seis meses los reclamos universitarios denunciaban la escasez presupuestaria para sostener los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, ahora la exigencia central apunta a los sueldos. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, el 70% de los salarios de los profesores corre debajo de la línea de pobreza. Los sindicatos de profesores convocan para este jueves a una huelga nacional y la semana que viene harán otra, de 48 horas. Antes, los gremios docentes, las federaciones estudiantiles y las autoridades académicas llaman a realizar este miércoles a una “marcha de antorchas” al Palacio Sarmiento, donde tiene sede la Secretaría de Educación.
“Estamos defendiendo a una universidad con excelencia académica que hoy se sostiene gracias al esfuerzo de nuestros profesores”, dice Alejandra Cornejo, alumna del primer año de Medicina e integrante del centro de estudiantes por Nuevo Espacio. En el hall de ingreso a esa facultad de la UBA, se desarrollan dos clases en simultáneo, con un pizarrón improvisado sobre un pedestal y los alumnos sentados sobre los escalones. “Votamos un plan de acción y medidas de visibilización del conflicto, pero sin cortar las clases, los estudiantes y los docentes queremos seguir cursando.”
Sillas apiladas en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Sillas apiladas en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Cristina Sille (Getty Images)
En la Facultad de Derecho, el clima es similar. Un profesor enseña sobre las escalinatas del edificio y otros dan clases normalmente, en las aulas. “Queremos que se vuelva atrás con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, hacen falta sueldos dignos para nuestros docentes y no docentes. Eso no afecta al equilibrio fiscal”, afirma Noelia Díaz, de la agrupación socialista Nuevo Derecho. “Anoche hicimos una vigilia en defensa de la universidad y vamos a apoyar el paro de los docentes. Queremos seguir estudiando, dando exámenes y recibirnos”, agrega.
En Buenos Aires, las protestas estudiantiles y docentes incluyeron este martes cortes de calles frente a las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Psicología. “Milei eligió a las universidades y a los estudiantes como enemigos. Cada día nos ataca con una nueva mentira”, dice Lucas Grimson, alumno de Ciencia Política y militante de la agrupación La Mella. Las protestas universitarias se registraron también en las universidades nacionales de La Plata, Rosario, Córdoba, Quilmes, La Matanza, Moreno, Mar del Plata, La Pampa, Salta, San Luis, Jujuy, Salta y Tucumán, entre otras.
En ese contexto, el Gobierno ultra optó por redoblar la confrontación. El presidente declaró este martes que no cederá en su defensa del superávit fiscal —una decisión que incluye la reducción de impuestos a los sectores sociales más acomodados, como el tributo a los bienes personales—. Y atacó a los manifestantes universitarios: “Todos estos que están haciendo las tomas, ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar?”, dijo en una entrevista con el canal La Nación +. Su argumento es que las protestas buscan defender “los curros de los delincuentes” que estarían en las casas de estudios. Aunque planteó que “no está en discusión que la universidad sea pública y no arancelada”, insistió en que es financiada por “los que no van”. Pese a que los datos oficiales lo desmienten, el mandatario repite que “la universidad pública es un subsidio de los pobres hacia los ricos”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a la avanzada y acusó a los universitarios de querer encabezar una rebelión similar a la ocurrida en Chile en 2006. Para la funcionaria que viene liderando la represión a las protestas en el espacio público, “lo que están haciendo [estudiantes y docentes] es una provocación que la quieren llevar al límite” y “el objetivo es generar una revuelta y tratar de desestabilizar”. Aseguró que “atrás de esto van a ir con molotovs” y desafió: “No vamos a permitirlo porque no somos tontos”.
Como parte de las acusaciones sobre supuestas malversaciones de recursos, el Gobierno buscó avanzar con mayores controles administrativos sobre las universidades. La Procuración del Tesoro dictaminó el martes que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo dependiente del Ejecutivo, puede auditar a las universidades, una función delegada por ley en la Auditoria General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso. Como la medida entra en tensión con la autonomía universitaria, es probable que su aplicación se dirima en la Justicia. De todos modos, Milei celebró: “Los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”.
El vicepresidente y ministro de Desarrollo de Brasil, Geraldo Alckmin, afirmó que al promover la educación, se está «construyendo una defensa de la paz» durante su discurso en la ceremonia de apertura de la Reunión Mundial de Educación organizada por la Unesco, en la ciudad brasileña de Fortaleza.
El funcionario, que participó del inicio de estas jornadas, se refirió al rol de la educación en el marco de los crecientes conflictos que afligen a distintas regiones del mundo.
«La educación de calidad, inclusiva y equitativa nos permite expandir la perspectiva y nos enseña a respetar la diversidad, lo que promueve la resolución de los conflictos de forma pacífica», sostuvo Alckmin, quien aclaró que la educación hace «que la coexistencia florezca».
El vicepresidente además resaltó programas del Gobierno brasileño para fomentar la escolarización en áreas más vulnerables, en donde la causa de la deserción escolar pasa mayoritariamente por el hecho de que muchos jóvenes deben comenzar a trabajar desde temprana edad para ayudar a sus familias.
«Si no mantenemos una mirada atenta a las necesidad especialmente en las áreas más vulnerables, la meta de una educación de calidad a nivel global se mantendrá lejos», sentenció.
Durante este encuentro se va a lanzar el nuevo reporte sobre el estado de la escolarización en niños a nivel global que, relata los problemas educativos en áreas vulnerables y países en conflicto.
La Reunión Mundial de Educación de este año se desarrolla en la ciudad de Fortaleza, en el noroeste de Brasil, y durante dos días reúne a autoridades y a especialistas en esta materia, con el foco en los principios de equidad e inclusión.
Clic Verde de NTN24 conoció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 que se realizó en Cali, ‘Recupera tu silla’ una innovadora iniciativa de sostenibilidad para impulsar la educación en el país.
Actualmente en Colombia,el 66% de los problemas educativos están relacionados con infraestructuras deficientes. Sin embargo, una innovadora iniciativa de reciclaje está cambiando esta realidad.
‘Recupera tu silla’ a través del reciclaje de 12 toneladas de cartuchos de tinta y tóner, han producido pupitres escolares que benefician a estudiantes de las poblaciones más vulnerables, especialmente en Chocó, Amazonas y La Guajira.
Más de 1.200 niños han pasado de escribir en el suelo a contar con un espacio digno para aprender.
Este proyecto no solo reduce la huella ambiental, sino que también ha logrado una notable disminución del 80% en el ausentismo escolar en las zonas impactadas. Una transformación que demuestra el poder del reciclaje para construir un futuro mejor.
Al garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento que sus colegas hombres, se fortalecerá la calidad de la educación y se avanzará hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Un año más que conmemoramos a quienes se dedican a la docencia, sea secundaria o universitaria. Un año más donde la fatiga invisible post pandemia sigue dejando huella, tanto, desde la cotidianeidad convulsionada en la sala de clases, como la falta de avances concretos en el reconocimiento a la carrera docente. Este es un escenario que se vive a lo largo de Chile e impacta violentamente a la educación pública y privada. Esta última, centrada en el reciente caso de Marcela Cubillos, con su ya conocido sueldo de 17 millones de pesos, que la Universidad San Sebastián (USS) pagaba a la exministra por labores de docencia e investigación. Pero sin quedarnos en mezquindades políticas, ni menos, desde la superficialidad de la problemática, es que es relevante dar cuenta que ese monto de pago, son casi 34 sueldos mínimos, que fácilmente podrían ser sueldos de 34 trabajadoras o trabajadores de una Pyme de menor tamaño.
Por otro lado, el caso Cubillos es algo que sin lugar a dudas deja a las Instituciones de Educación Superior en la mira, ya que según una reciente publicación de la oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, más del 80% de las personas con doctorado en Chile trabaja en la educación superior. De esta, más de dos tercios recibe sueldos inferiores a 3 millones de pesos. Así, a diferencia de Cubillos, la mayoría del personal académico universitario está integrado por expertos con formación de postgrado, y que se encuentran en estratos bajos o medios de un sistema de castas que posee deudas históricas con las bases que sustentan la investigación y la enseñanza superior en el país.
En relación a lo anterior, fue imposible no consultar a la destacada académica e investigadora Dra. Vania Figueroa Ipinza, Directora InES Género y CT Género, Coordinadora de Vinculación de Investigación Aplicadade la Universidad Autónoma de Chile, quien muy tajante señala que: “La enorme brecha salarial entre Marcela Cubillos y las investigadoras con doctorado es una bofetada a la integridad académica. Mientras la gran mayoría de las académicas trabajan incansablemente, generando conocimiento y formando a las futuras generaciones, otras obtienen beneficios desproporcionados. Esta situación no solo es injusta, sino, que también desincentiva a las mujeres a seguir carreras académicas”.
Lo anterior, no deja más que en evidencia solo una parte del problema, la educación superior no es ajena a la discriminación interseccional de género. A pesar de que el número de mujeres que ingresan a la academia ha crecido significativamente en las últimas décadas, persisten importantes disparidades en términos de representación y oportunidades. Según estudios recientes, aunque las mujeres constituyen más de la mitad de los graduados universitarios a nivel global, su presencia en posiciones de liderazgo académico es mucho menor en comparación con los hombres. En algunas de las áreas de alta demanda, como las ingenierías, las ciencias exactas y la tecnología, las mujeres siguen estando subrepresentadas, lo que pone de relieve una profunda desigualdad de género que comienza en la etapa formativa y se prolonga a lo largo de toda la carrera académica.
Uno de los mayores obstáculos para las mujeres en el mundo académico es el techo de cristal, un fenómeno que impide su ascenso a posiciones de poder y decisión. A pesar de tener las calificaciones necesarias, muchas profesoras encuentran dificultades para acceder a cargos de gestión como rectorías, decanatos o jefaturas de departamento. Este desequilibrio tiene un impacto directo en la toma de decisiones dentro de las instituciones académicas, ya que las perspectivas y experiencias de las mujeres no están adecuadamente representadas en los espacios donde se definen las políticas y estrategias institucionales. A lo anterior, se suma la segregación horizontal, que se refiere a la concentración de mujeres en ciertas áreas del conocimiento tradicionalmente asociadas con los roles de género femeninos, como las ciencias sociales, la educación y la salud, mientras que los hombres dominan las áreas tecnológicas, científicas y de ingeniería. Esta segregación perpetúa estereotipos de género y refuerza la idea de que ciertas disciplinas son inherentemente masculinas o femeninas, lo que limita las opciones de desarrollo profesional para las mujeres y contribuye a la desigualdad salarial.
Sobre lo anterior, al consultar a la Dra. Pamela Caro Molina directora del Centro de investigación Aplicada en Familia, Trabajo y Ciudadanía, CIELO, en UST y Directora del FDI “Transversalización del enfoque de género en la Universidad Santo Tomás: modelo de gestión integral para el fortalecimiento de la institucionalidad, mecanismos y cultura de igualdad de género en sus 13 sedes”. Nos señala que: “En la actualidad siguen persistiendo brechas importantes en el sistema, de allí la importancia de avanzar en acciones específicas en las universidades. Como indica la Política Nacional de Igualdad de Género en la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Ministerio de Ciencias (2021), promover la igualdad de género en la ciencia tiene un gran valor pues aporta a la calidad de las investigaciones y permite aumentar las posibilidades de encontrar talento y creatividad.”
En ese contexto, durante el 2024 una de las Instituciones de Educación Superior que se adjudicó el InES Género, fue la Universidad Santo Tomás. Consultamos a quien lidera el proyecto la Dra. Pamela Caro Molina, y nos comenta que: “Para la Universidad Santo Tomás es muy importante la adjudicación del concurso InES Género de ANID en el año 2024, cuyo objetivo general es fortalecer las capacidades institucionales en la universidad para la transversalización de la perspectiva de género en la I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación y emprendimientos de base científica tecnológica) mediante la implementación de un Plan de Desarrollo para todas sus sedes que contemple mecanismos, procesos, estrategias y resultados que disminuya las brechas de género, promueva el cambio cultural hacia la igualdad sustantiva, fomente la mayor participación de las mujeres en ciencia y avance en la incorporación del enfoque de género en las investigaciones”
Para finalizar, el conmemorar la labor de quienes dedican su vida a la enseñanza y la investigación, también nos lleva a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan, especialmente desde una perspectiva de género. En la educación superior, las profesoras se encuentran con obstáculos que limitan su desarrollo profesional y su bienestar personal, desde la falta de representación en puestos de liderazgo hasta el acoso sexual y la discriminación de género. Superar estos desafíos requiere un compromiso institucional firme con la equidad de género y la creación de políticas y prácticas que promuevan la inclusión y el respeto en todos los niveles de la academia.
En definitiva, trabajar hacia una educación superior más equitativa no solo beneficiará a las profesoras, sino también a toda la comunidad académica. Al garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento que sus colegas hombres, se fortalecerá la calidad de la educación y se avanzará hacia una sociedad más justa e igualitaria.
La cartera de Estado señaló que las tareas estarán diseñadas como complementos a las lecciones impartidas en clase.
En el marco de los racionamientos de energía que se ejecutan a escala nacional, el Ministerio de Educación emitió lineamientos pedagógicos para que se promuevan tareas significativas de corta duración con recursos disponibles en casa y que no requieran energía eléctrica o conexión de internet.
La cartera de Estado detalló que estas tareas serán complemento a las lecciones impartidas en clase. Esto, teniendo en cuenta la planificación curricular y las necesidades específicas de cada estudiante. Los maestros serán quienes asignarán las actividades que puedan realizarse.
Estas tareas por realizarse, indicó el ministerio, se centrarán en actividades reflexivas y lúdicas que incluyen a padres y representantes de los estudiantes.
Diario reflexivo: Herramienta para registrar las reflexiones personales de los estudiantes con base en preguntas de metacognición.
Preguntas de metacognición: Preguntas que desarrollan en los estudiantes una reflexión estructurada sobre sus procesos de aprendizaje y formas de aprender.
Rutinas de pensamiento. Esquemas para pensar sobre las experiencias y aprendizajes adquiridos.
La cartera de Estado hizo un llamado a los padres y representantes para que acompañen a los estudiantes en este proceso, asegurándose de que realicen las actividades utilizando los recursos disponibles en casa.
Esta medida será aplicable a todos los niveles educativos del Sistema Nacional de Educación, es decir, de sostenimiento fiscal, particular, fiscomisional y municipal, con el fin de garantizar la continuidad educativa, según el ministerio. (I)
El embarazo adolescente se ha convertido en una de las crisis más acuciantes de Venezuela, con graves consecuencias para la salud de las jóvenes madres y sus hijos , así como para el desarrollo social del país. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela presenta una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, lo que ha generado una alerta mundial sobre la situación.
Ana María Figuera, experta en salud reproductiva del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), destacó que la educación integral en sexualidad es fundamental para prevenir embarazos no deseados en la adolescencia. «Es necesario romper con tabúes y proporcionar información clara y accesible a jóvenes y adolescentes sobre su cuerpo, sus derechos sexuales y reproductivos, y los métodos anticonceptivos», afirmó Figuera.
Por su parte, Ángel Alfonso, de la Asociación Civil Niña Madre, alertó sobre la estrecha relación entre el embarazo adolescente, la pobreza y la violencia sexual. «Muchas de estas jóvenes se convierten en madres a muy temprana edad como consecuencia de abusos y explotación», señaló Alfonso.
Un problema de salud pública
Denuncian que las consecuencias del embarazo adolescente son múltiples y devastadoras. Las jóvenes madres suelen abandonar sus estudios, lo que limita sus oportunidades laborales y perpetúa el ciclo de pobreza. Además, los bebés nacidos de madres adolescentes tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer, prematurez y complicaciones durante el parto.
La alta tasa de mortalidad materna en Venezuela, especialmente entre las adolescentes, es un reflejo de la gravedad de esta problemática. Según Alfonso, la tasa de mortalidad materna en el país es una de las más altas de la región.
¿Qué se está haciendo?
Organizaciones como el UNFPA y la Asociación Civil Niña Madre trabajan para abordar esta problemática. A través de programas de educación sexual, distribución de métodos anticonceptivos y atención integral a las jóvenes madres, estas organizaciones buscan empoderar a las adolescentes y brindarles las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, alertab que los desafíos son enormes. La crisis económica, la falta de acceso a servicios básicos y la desintegración del tejido social han agravado la situación, por lo que resaltan que es necesario un esfuerzo conjunto de gobierno, sociedad civil y organismos internacionales para hacer frente a esta problemática de manera integral y sostenible.
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