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PARLASUR apoya el acceso a las vacunas contra COVID-19 como un “derecho de la humanidad”

PARLASUR apoya el acceso a las vacunas contra COVID-19 como un “derecho de la humanidad”

El día viernes 16 de abril se reunió el Parlamento del MERCOSUR, y producto de las circunstancias globales, la Plenaria se realizó en forma virtual.

La LXXIII Sesión Ordinaria del PARLASUR comenzó con la aprobación del acta de la Sesión anterior y la asunción de bancas de los Parlamentarios Argentinos, Carlos Daniel Gleadell y Carlos López, asimismo también asumió la nueva Delegación de Uruguay.

Tomaron compromiso los Parlamentarios y Parlamentarias: Amanda Della Ventura, Bettiana Díaz, Conrado Rodriguez, Daniel Caggiani, Daniel Peña, Gerardo Nuñez, Graciela Bianchi, Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech, Gustavo Penadés, Liliam Kechichián, Mario Colman, Nibia Reisch, Nicolás Viera, Óscar Andrade, Ruben Bacigalupe y Ubaldo Aíta.

Acto seguido se procedió a elegir al Parlamentario Gustavo Penadés como Vicepresidente y representante de Uruguay en la Mesa Directiva, expresando al asumir su mandato que “la delegación uruguaya se compromete a seguir trabajando en pos de una efectiva integración que beneficie esencialmente a nuestros pueblos. Ya que el PARLASUR representa los pueblos que integran nuestro bloque comercial, cultural y político”, finalizó.

Vacunas COVID-19

Durante el tema libre, el asunto casi excluyente fue dar a la pandemia del COVID-19 una respuesta como bloque. El Parlamentario Arlindo Chinaglia (Brasil) informó que “al menos 108 países son favorables a la suspensión o quiebra temporaria de patentes de las vacunas en la OMS. Podríamos, desde el PARLASUR, mandar ese mensaje a todos los países que componen el MERCOSUR”. Por su lado, el Parlamentario Ricardo Canese (Paraguay) hizo hincapié en cómo los países desarrollados detienen más del 75% de las vacunas, y que esa inequidad complicará más aún la salida y recuperación del mundo.

En su intervención, el Parlamentario de Argentina, Alejandro Karlen, expresó que “hoy nos estamos enfrentando prácticamente a un nuevo virus con las cepas de Reino Unido, Sudáfrica y la brasileña P1. Estamos ante un nuevo virus. El MERCOSUR debe retomar su mecanismo de compras conjuntas de medicamentos”, advirtió.

Se aprobó por parte del Parlamento del MERCOSUR una Declaración sobre el acesso universal de una vacuna contra la COVID-19 y que sea distribuida de forma equitativa para lograr una inmunización planetária superando las diversidades nacionales de cualquier tipo.

El Parlamentario Carlos Gomes (Brasil) fue el miembro informante y expresó que “esta Declaración pretende hacer un llamado a los países para unirse con el objetivo de alcanzar una vacuna de acceso universal contra la COVID-19 y la necesidad de que los organismos internacionales trabajen en conjunto para armonizar criterios científicos y técnicos para el tratamiento de los pacientes.”

Carlos Gomes también informó que la Comisión de Salud del PARLASUR aprobó y organizó un Webinario sobre la situación de las vacunas en el MERCOSUR. Este Webinario se realizará el próximo día 19 de abril a partir de las 9 horas.

Para el Presidente del PARLASUR, Parlamentario Celso Russomanno, es importante que el PARLASUR colabore junto con los Ministerios de Salud de los países del bloque a fin de lograr un mayor acceso a las diferentes vacunas existentes, inclusive, con mayor participación de los laboratorios públicos en cooperación con los actuales fabricantes internacionales.

Se aprobó también el Presupuesto para el corriente año, donde se remarca una reducción de 10% en comparación con el Presupuesto del año 2020.

ParlaSur


En Parlasur sugieren acuerdo Mercosur-Cuba por vacunas

Durante la última reunión del Parlasur, Ricardo Canese planteó una propuesta que lleva la firma de 32 parlamentarios para que el Mercosur busque una cooperación con Cuba para hacer frente al Covid.

Remarcó que dentro de América Latina, la isla fue el único país que desarrolló una vacuna con tecnología propia.

“Pido que nos pronunciemos como Parlasur para que todo Mercosur busque inmediatamente una cooperación con Cuba para Covid, su tratamiento y en todo el campo médico, que será de provecho”, sostuvo Canese.

Además, alegó que se podría extender con otros países, entre los que mencionó Rusia y China, para superar la pandemia. “Sería imperdonable que no intentemos hacer nada”, consideró. “Solicito que se considere y apruebe con urgencia la propuesta que presentamos 32 parlamentarios para un acuerdo estratégico entre Mercosur y Cuba para la producción y distribución de la vacuna Soberana 2”, insistió. “Es el momento de dar un salto cualitativo, el Mercosur tiene los recursos económicos, de lo que carece Cuba; en cambio, Cuba posee la tecnología médica que nuestros centros de investigación no han podido desarrollar por cuenta propia”, explicó.

“Es el momento de superar los prejuicios ideológicos que algunos de nuestros gobiernos, algunos de los grupos de poder, aún tiene”, indicó.

Especificó que en el caso de Paraguay, el Gobierno ya ha propuesto una cooperación con Cuba sobre vacunas.

“El Mercosur no ha tenido una respuesta como bloque. No se buscó el más amplio y equitativo abastecimiento de las vacunas en forma conjunta, si no que cada país ha buscado salvarse por sí mismo”, sentenció.

INEQUIDAD. Canese recordó que el propio secretario de las Naciones Unidas informó que los 10 países más ricos del planeta acaparan el 75% de las vacunas contra el Covid.

“Hasta ahora hay países como Paraguay que no alcanzan la provisión ni siquiera del 1%”, reclamó.

También hizo referencia al papa Francisco, quien en la Pascua pasada, había denunciado la inequidad por parte de los países más ricos.

“Quien maneja las finanzas y el dinero del mundo se salvará antes, y quienes estamos en situación de pobreza o con menos recursos como nuestros países, tendremos que esperar”, dijo.

Sostuvo que tanto las vacunas, así como los insumos médicos y equipamientos para combatir el Covid, deberían ser de acceso universal y gratuito. “Es un derecho humano inalienable, un bien público”, manifestó.

Última Hora

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2021/04/parlasur-apoya-el-acceso-a-las-vacunas-contra-el-coronavirus-como-un-derecho-de-la-humanidad/

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Argentina: Cristina Kirchner, clases presenciales y Vacunatorio VIP, los reclamos de la marcha del 17A

Cristina Kirchner, clases presenciales y Vacunatorio VIP, los reclamos de la marcha del 17A

La oposición volvió a las calles para criticar a Alberto Fernández por las nuevas medidas de restricción, en especial, por el cierre de escuelas en el AMBA.

Una nueva marcha contra el Gobierno nacional por las restricciones impuestas para frenar el crecimiento de casos de COVID-19 en la segunda ola se desarrolla este sábado 17 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco y la Quinta de Olivos principalmente, y otros centros urbanos del país.

La manifestación opositora reclama contra la decisión del presidente Alberto Fernández de volver a restringir actividades y la circulación nocturna. Pero el principal reclamo es por la suspensión de clases presenciales en el AMBA.

La manifestación fue convocada por un sector de la oposición e independientes -agrupaciones de padres y madres de chicos en edad escolar, gastronómicos- a través de las redes sociales bajo las consignas #17A y «Todos a las calles».

Entre los reclamos de los manifestantes, muchos de los cuales se movilizan a pie con banderas argentinas mientras otros lo hacen desde sus vehículos, se destaca el referido a la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

También se escucharon cuestionamientos por el escándalo del Vacunatorio VIP y críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner por sus opiniones y su situación en la Justicia por las causas pendientes.

En ese marco, la Coalición Cívica criticó la suspensión de clases presenciales decidida por el Gobierno ante el crecimiento de casos de coronavirus en la segunda ola y afirmó que «el daño que estas medidas le provocan a los niños es irreparable«.

El partido que lidera Elisa Carrió cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández y reconoció el reclamo de la no suspensión de clases como «válido y justo«, aunque advirtió que la marcha «debe ser pacífica«, en la previa de una nueva manifestación contra el Gobierno.

«El daño que estas medidas le provocan a los niños es irreparable, en especial a los que más padecen la pobreza en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», sostuvo el partido presidido por el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Mediante un comunicado, el partido sostuvo que «frente a las reiteradas medidas injustas e inconstitucionales decretadas por el Poder Ejecutivo, muchos argentinos angustiados ven en la desobediencia civil el camino para defender la educación de sus hijos y sus fuentes de trabajo» y subrayó: «Este es un reclamo valido, justo y debe ser pacífico».

«Exhortamos a transitar estos momentos difíciles en paz y sin violencia, tomando todos los recaudos de cuidado personales (distanciamiento, higiene y barbijo)», expresaron las autoridades de la Coalición Cívica.

Por último, dedicaron un párrafo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien dijeron que «no tiene poder, pero sí una actitud y capacidad de daño inconmensurable» y subrayaron: «Como ya lo hemos manifestado, creemos que en estos tiempos tan difíciles es necesaria mucha lucidez y serenidad para preservar la Nación».

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Republicanos Unidos dijo presente en la marcha contra el Gobierno

Adherentes y referentes del partido “Republicanos Unidos” dicen presente en la marcha “17A”, organizada para manifestar en contra de las restricciones dispuestas por el gobierno nacional. Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, Agustín Etchebarne y Marina Kienast son algunos de los referentes que están presentes en la tarde de este sábado.

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Al respecto de la convocatoria, Yamil Santoro, vicepresidente del partido y precandidato a diputado nacional por CABA, expresó que “nos encontramos hoy para reclamarle a este gobierno que no recurra al autoritarismo para enfrentar un problema de todos los argentinos. Sin lugar a dudas la pandemia requiere responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero no vamos a resolver los problemas que tenemos robándole la educación a nuestros hijos, ni destruyendo al sector gastronómico o el de entretenimientos, que tanto trabajo genuino generan. Tampoco militarizando las calles”.

Santoro agregó que, además de las marchas, tomarán acciones “en el frente judicial” para evitar que el gobierno nacional siga profundizando el camino que encaró. Con la constitución de nuestro lado, digámoslé basta”.

“Republicanos Unidos” fue el primer espacio en presentar una denuncia para que sea investigado el escándalo del Vacunatorio VIP. Firmada por el vicepresidente del espacio, Yamil Santoro, el diputado nacional José Luis Patiño y el coordinador de la Juventud del Partido Rodrigo Forlenza, la causa está a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti.

Cynthia Hotton en la marcha del 17A

También la ex diputada nacional, Cynthia Hotton adhirió a la marcha y advirtió que “el presidente Alberto Fernández no puede pedirle a los argentinos que se encierren y  obedezcan su decreto mientras permite que el kirchnerismo no cumpla las leyes” y que en la Provincia “ya no hay Estado, sino una tiranía de inútiles”, expresó en las cercanías del Obelisco contra las medidas del Gobierno Nacional.

EuDr CP

Fuente de la Información: https://www.perfil.com/noticias/politica/marcha-17a-manifestantes-piden-no-se-suspendan-clases-presenciales.phtml

 

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Perú: Congreso aprobó norma que establece moratoria de un año para creación de nuevas universidades

Congreso aprobó norma que establece moratoria de un año para creación de nuevas universidades

El texto sustitutorio de los proyectos de ley 5145 y 5447 fue aprobado en primera votación con 62 votos. Además, con 65 votos a favor, se exoneró de una segunda votación.

El Pleno Congreso de la República aprobó el proyecto que establece ampliar por un año la moratoria de la autorización y creación de nuevas universidades públicas y privadas.

En una sesión virtual, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 5145 y 5447 fue aprobado en primera votación con 62 votos. Además, con 65 votos a favor, se le exoneró de una segunda votación.

Horas antes, el proyecto había pasado a un cuarto intermedio, a propuesta del presidente de la Comisión de Educación, Luis Dioses Guzmán, quien argumento que se le debería añadir a la norma nuevos aportes de los congresistas.

Los legisladores habían rechazado antes, con 58 votos en contra, una cuestión previa para que los proyectos de ley 5145 y 5447 regresen a comisión.

Al voto el texto sustitutorio de los proyectos de ley 5145 y 5447, que proponen establecer la moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas.

https://twitter.com/i/status/1382885465955704832

Con 62 votos a favor, el #PlenoVirtual aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 5145 y 5447.

El caso

El 18 de junio del 2020, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen de la ley que establece la moratoria por dos para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas.

Por su parte, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, pidió, el 23 de noviembre del 2020, al Congreso de la República que respete la moratoria para la creación de universidades, a fin de fortalecer el trabajo de fiscalización que realiza la Superintendencia de Nacional de Educación Superior (Sunedu).

Fuente de la Información: https://peru21.pe/lima/congreso-aprobo-ley-que-establece-moratoria-de-un-ano-para-creacion-de-nuevas-universidades-nndc-noticia/

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Ecuador: ¿Por qué el 53% de graduados de medicina en Ecuador no aprobó el examen que los habilita como profesionales?

¿Por qué el 53% de graduados de medicina en Ecuador no aprobó el examen que los habilita como profesionales?

El 53 por ciento de los médicos recién graduados no aprobó el examen que los habilita como profesionales. Un diagnóstico preliminar revela dos posibles dolencias: que la evaluación fue demasiado exigente o que hay deficiencias en la calidad de enseñanza en las 21 universidades donde se prepararon. La receta, falta por escribirse…

En Ecuador para que un graduado de Medicina empiece a ejercer su profesión debe diagnosticar correctamente, como mínimo, a 81 de 120 pacientes. Puede equivocarse en los 39 restantes, porque luego irá ganando experiencia y podrá especializarse. En teoría, esta es la lógica de lo que se conoce como el “Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional” (EHEP), que rinden los médicos cuando terminan su formación académica, y es requisito previo antes de pasar al año de salud rural y ejercer libremente.

Se trata de una prueba con 120 preguntas. Por ejemplo: “Paciente de ocho años, pesa 24 kilogramos, con estatus convulsivo, señale el fármaco y dosis correcta de anticonvulsionante que debe ser suministrado inmediatamente”. Esta podría ser una de las preguntas más cortas y fáciles, porque otras refieren una docena de síntomas que los noveles médicos deben dilucidar con base en sus conocimientos adquiridos en 10 semestres de universidad y un año de internado.

Este examen se toma desde 2014 y está a cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces, antes Ceaces). Tras la última convocatoria, de octubre pasado, el síntoma más común para el 53 por ciento de los casi 4.000 graduados fue reprobar el examen. Un diagnóstico preliminar revela dos posibles dolencias: que la evaluación fue demasiado exigente o que hay deficiencias en la calidad de enseñanza en las facultades de Medicina de las 21 universidades donde se prepararon. La receta, falta por escribirse.

Uno podría pensar que acertar a 81 de cada 120 pacientes no es un estándar alto, pero en la prueba anterior, tomada en julio de 2020, el Caces fijó el puntaje mínimo en 64 respuestas correctas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la vara es alta para unos y baja para otros?

El polémico punto de corte
Erick Guerrero tiene 26 años y estudió Medicina en la Universidad de Guayaquil. Hizo su año de internado rotativo en el Hospital de Infectología, justo en el período de pandemia. En octubre se presentó al examen. Después de tres horas frente al computador, el sistema le notificó que acertó en 80 preguntas, superando ampliamente el mínimo de 64 que se fijó para la prueba anterior.

Sin embargo, el cuatro de diciembre, días antes de abrirse la postulación para la medicatura rural, le llegó un correo electrónico: le indicaba que el puntaje mínimo era 81 y debía intentar el siguiente semestre.

Erick y un centenar de graduados, que se sintieron afectados por el cambio en el puntaje mínimo, interpusieron acciones de protección contra el Caces; algunos con el respaldo de la Defensoría del Pueblo. “Todos los que estamos en esta situación, con puntajes altos, contábamos con tener una plaza en la rural y un ingreso económico desde enero, pero nos quedamos sin nada. Más bien, nos ha tocado gastar en abogados. Estamos desempleados, no podemos trabajar porque ser médico no es como otras carreras”, lamenta el joven. ¿Cuándo cambiaron las reglas?

Antes de la pandemia, el examen pasó a ser virtual y el Caces empleó otra metodología de calificación. Se trata de modelos matemáticos complejos, validados y aplicados internacionalmente, que fijan el punto de corte en función del rendimiento de cada grupo, explicó el presidente del Caces, Juan Manuel García.

Esto quiere decir que, cada grupo de graduados rinde la prueba y, posteriormente, un comité de profesores de las universidades y expertos del Caces, fija el puntaje mínimo. La diferencia sería que, mientras el grupo de julio fue el primero en rendir la prueba de forma virtual y en el peor momento de la pandemia, el grupo de octubre ya estaba mejor preparado y, por tanto, su rendimiento fue más alto.

Esto no convence a los perjudicados ni a algunos jueces que les dieron la razón. Aunque Erick, junto a un grupo de 50 graduados de Guayaquil, ya tienen un fallo a su favor, deben esperar la ratificación. No obstante, perdieron su cupo en la rural al menos hasta septiembre.

En otra de las resoluciones, de una estudiante de Cuenca, se señaló que el puntaje para la calificación fue aprobado con fecha posterior al examen, “con lo que se demuestra que no hubo reglas claras, trasparentes y publicitarias (…) lo que constituye una plena violación a la seguridad jurídica”.

El Caces no da su brazo a torcer. García dice que los jueces no pueden habilitar a los médicos con artilugios legales, porque se debe respetar un proceso académico que tiene las reglas claras. Por eso, siguen apelando los fallos. Algunos jueces rechazaron las acciones de protección.

También los graduados de Odontología y Enfermería rinden este examen, pero en esas carreras no hubo mayores reclamos porque no varió significativamente el puntaje mínimo.

Los graduados que se sintieron afectados, por el cambio en la forma de evaluación, hicieron plantones porque se quedaron sin cupo para el año de salud rural.

Aciertos y errores
Varios decanos consultados coinciden en la validez del método aplicado, pero algunos discrepan en la dificultad de la prueba. Ramiro Estrella, decano de Ciencias Médicas de la Universidad Central, dice que hay algunas preguntas de especialidad para la cual los estudiantes recién graduados no están preparados.

También señala que no todas las mallas curriculares son iguales y que es necesario estandarizar eso para que todos reciban una formación similar. “Hay que cambiar y mejorar algunas cosas. Este examen no debe ser un freno en la carrera de nuestros médicos”.

Algunos demandantes también dicen que el método aplicado por el Caces puede ser aceptable, pero hubo errores. “Primero, la prueba se tomó en tres días y evidenciamos que las preguntas se filtraron y beneficiaron a quienes aplicaron el segundo y tercer día. Seguramente eso incrementó el rendimiento general del grupo, pero perjudicó a quienes dimos la prueba el primer día”, dice Alison Clavon, graduada de la Universidad de las Américas.

Junto a otros colegas, expuso estos cuestionamientos en una comparecencia en la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional. En esa instancia denunció también que habría un interés impulsado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para elevar el punto de corte, con el objetivo de restringir el acceso a plazas en la medicatura rural. Es decir, el Estado estaría recortando el presupuesto para este sector.

La delegada del Caces a esta comparecencia, la consejera Adriana Romero, presidenta de la Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional, enfatizó que no hay injerencia alguna de otra institución; aseguró que el método de evaluación es técnico y público para que cualquier persona la revise.

Vistazo pidió información al MSP para contrastar la afirmación, pero no hubo respuesta. Sin embargo, según un documento oficial, para este año se abrieron 1.829 plazas disponibles para la rural y fueron habilitados 1.820 médicos.

Los asambleístas William Garzón y Ángel Sinmaleza, presidente y vicepresidente de la Comisión legislativa, mostraron su preocupación ya que habría poblados lejanos que se quedarían sin médicos rurales y se comprometieron a investigar.

La prueba de fuego
Para los estudiantes que denuncian estos aspectos, ya no es muy importante si la justicia les da o no la razón. Dicen que no tendrían problema en repetir el examen. Lo que importa, dicen, es que sus casos sirvan para que no se vuelvan a cometer errores, como la filtración de preguntas, y que el Caces fije reglas claras. La institución evaluadora niega tal filtración.

Sin embargo, aún si se logra superar estos impasses, hay un problema de fondo. Por un lado, tenemos carreras de Medicina que logran que la mayoría de sus estudiantes aprueben este examen, pero hay otras con resultados preocupantes, cuando se supone que todas están acreditadas. Síntoma que deja en entredicho la calidad de la enseñanza.

Nunca se ha presentado el ranking de los resultados por universidades. La consejera Adriana Romero argumenta dos motivos: la realidad de cada carrera es diferente y esto podría servir para estigmatizar a ciertos centros de estudios que tienen los rendimientos más bajos.

Por ejemplo, hay carreras en las que el porcentaje de aprobación es de más del 80 y hasta 90 por ciento y otras en las que apenas pasaron el 30 por ciento. No obstante, revelar estas abismales diferencias daría cuenta de las brechas que aún existen pese a que llevamos años de acreditación universitaria.

El próximo examen que se tomará en abril o mayo será la prueba de fuego: sabremos si el puntaje mínimo se mantiene en alrededor de 81 o cambia drásticamente, desatando nuevos reclamos.

En la Universidad de Cuenca, por ejemplo, se hace un seguimiento a sus médicos graduados y se dictan tutorías para quienes deben repetir el examen, explica su decano José Roldán. La carrera cuenta con su plan de fortalecimiento y, explica que no han bajado la calidad, pese a la reducción del presupuesto de los últimos años que afectó a todas las universidades públicas. Sin embargo, afirma que sorprendió que se fije tan alto la nota mínima entre un semestre y otro.

Por otro lado, Pedro Barberán, decano de la UEES, dice que ellos hacen un esfuerzo por una formación internacional que dote de mayores conocimientos y abra puertas a sus graduados. “Nosotros hemos invertido en laboratorios, clínicas de realidad aumentada, realidad virtual. También nos afectó el que haya subido el puntaje, pero nos mantenemos con estándares altos como otras universidades”, acota.

Para Leonardo Bravo, director ejecutivo de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas, es necesario que todas las carreras tengan una malla curricular común.

Explica que el uso de un libro u otro para la enseñanza puede acarrear diferencias porque se recomienda, por ejemplo, para una enfermedad, distintos tratamientos y, eso, en una prueba con respuestas de opción múltiple genera diferencias. Dice que hace falta más sinergia entre la asociación, las carreras de Medicina y el Caces para mejorar la evaluación y no enfrentarnos nuevamente a episodios preocupantes en que más de la mitad de los graduados repruebe la última prueba de su formación.

Fuente de la Información: https://www.vistazo.com/seccion/podcast/por-que-el-53-de-graduados-de-medicina-en-ecuador-no-aprobo-el-examen-que-los

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España: Universidad Nebrija aclara reconocimiento a Santiago Matías «no tiene implicaciones académicas»

Universidad Nebrija aclara reconocimiento a Santiago Matías «no tiene implicaciones académicas»

Luego que Santiago Matías publicara su agradecimiento a la Universidad Nebrija de España por la distinción de declararlo profesor honorífico, la casa de estudios española aclaró que lo que recibió Alofoke fue un reconocimiento por la conferencia que impartió en mensa redonda, titulada “Rap y Reggeaton: la música como reflejo de la violencia y la represión de los ciudadanos”.

Dicha universidad explicó que «no tiene más implicaciones académicas» el diploma entregado a Santiago Matías la pasada semana.

«Aclaramos que el diploma que se le entregó a @matiasgarciard desde la Cátedra Nebrija‐Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos fue un reconocimiento a la conferencia que impartió relacionada con la industria a la que pertenece y no tiene más implicaciones académicas», publicó la alta casa de estudios en su cuenta de Twitter.

Hace varios días, Matías, que es dueño de Alofoke Media Group, publicó el reconocimiento que le hacía la Universidad Nebrija junto a varias fotografías del diploma, lo que de inmediato generó cientos de comentarios a favor y en contra en las redes sociales.

«Desde hoy profesor honorifico de la universad de @Nebrija gracias a la decana @EsterMocholi @Lagslaw  #ProfesorSantiagoMatias«, dijo Alofoke.

Desde hoy profesor honorifico de la universad de @Nebrija gracias a la decana @EsterMocholi @Lagslaw

#ProfesorSantiagoMatias

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Santiago Matías es profesor honorífico por la Universidad Nebrija de España

Alofoke, como popularmente se conoce a Santiago Matías, fue nombrado profesor honorífico por la Universidad Nebrija, institución privada madrileña, luego de realizar una exposición sobre la música urbana dominicana en dicho centro de estudios. El mismo promotor artístico y youtuber fue quien dio a conocer la información a través de sus redes sociales este miércoles. …

Fuente de la Información: https://hoy.com.do/universidad-nebrija-aclara-reconocimiento-a-santiago-matias-no-tiene-implicaciones-academicas/

 

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Estados Unidos: The fall and rise of C.S. Brown, the first high school for African Americans in North Carolina

The fall and rise of C.S. Brown, the first high school for African Americans in North Carolina

Bobbie Jones boasted about his school from the time he got there in 2017. C.S. Brown High School STEM was less than 10 years removed from not serving as a school at all, but rather as a temporary facility where other schools in the district sent students as a disciplinary measure.

“This is the best school in the universe,” Jones would tell his students.

Jones is a man with deep connection to the past and a love for students that goes deeper than test scores and grades. He called his school the greatest in the universe because he wanted students to know the halls they walked were special.

“And a lot of the kids snickered,” Jones recalled. “And I said, ‘I don’t know what y’all are snickering at. You better believe it.’”

Challenges for the area mean challenges for C.S. Brown

Nobody would have laughed at such a notion throughout most of the school’s early history. Certainly not Dudley Flood or Michael Perry, who attended C.S. Brown in the mid-1900s. As the first standalone high school for African Americans in the state, they remember it as the center of a celebrated community and the generator of promising futures.

But those days, for the school and for the community, felt long ago even before Jones arrived as principal. C.S. Brown had lost significant enrollment as families left Winton in search of opportunity.1 In the 1970s, Hertford County Schools ceased using C.S. Brown as a high school, fielding only grades K-8.

Not long after, as enrollment continued to drop, the district stopped using it as a public school altogether. It became C.S. Brown Student Development Center and housed students from other schools for 45-day programs when they were in disciplinary trouble.

In 2008, the Hertford County Board of Education voted to make it a public school again, according to the Roanoke-Chowan News-Herald. It would be an alternative school. Rather than serve kids with disciplinary situations at other schools, it became its own diploma program for students at risk of academic failure and dropping out.

Even then, the values of the community’s and school’s founders remained embedded. As an alternative school, it became a lifeline for kids facing futures as high school dropouts. Still, it was far removed from the prestigious boarding school or dream school for locals that it was for most of its first 100 years.

Challenges for the area mean challenges for C.S. Brown

Nobody would have laughed at such a notion throughout most of the school’s early history. Certainly not Dudley Flood or Michael Perry, who attended C.S. Brown in the mid-1900s. As the first standalone high school for African Americans in the state, they remember it as the center of a celebrated community and the generator of promising futures.

But those days, for the school and for the community, felt long ago even before Jones arrived as principal. C.S. Brown had lost significant enrollment as families left Winton in search of opportunity.1 In the 1970s, Hertford County Schools ceased using C.S. Brown as a high school, fielding only grades K-8.

Not long after, as enrollment continued to drop, the district stopped using it as a public school altogether. It became C.S. Brown Student Development Center and housed students from other schools for 45-day programs when they were in disciplinary trouble.

In 2008, the Hertford County Board of Education voted to make it a public school again, according to the Roanoke-Chowan News-Herald. It would be an alternative school. Rather than serve kids with disciplinary situations at other schools, it became its own diploma program for students at risk of academic failure and dropping out.

Even then, the values of the community’s and school’s founders remained embedded. As an alternative school, it became a lifeline for kids facing futures as high school dropouts. Still, it was far removed from the prestigious boarding school or dream school for locals that it was for most of its first 100 years.

“I hate that kids now are leaving with a dislike of where they come from,” Tupper Jones said. “I was looking to go toward something when I left, not away from anything. Kids today want to get away from something.”

It was nowhere more evident than at C.S. Brown.

“When [the town] was bypassed and we lost all [those] businesses, families started leaving,” Perry said. “And through that and consolidation, the enrollment at C.S. Brown really suffered.”

The building seemed lethargic when Perry visited as the new superintendent — mostly unused, save a few classrooms.

“I think that was one of the things that, really, I was surprised by,” Perry said.

C.S. Brown was no longer formally labeled a school for Blacks, but its at-risk students were mostly Black. It was a symbol of the story education data tell about our Black youth now — recognized less for promise than for trouble.

Perry couldn’t stomach the idea of the school he revered reduced from a platform of excellence to a modern-day stereotype.

He wasn’t alone.

C.S. Brown serves the Hertford County general public again

Community ties are strong in the Winton area. Many of the school board members grew up in Hertford County.

“There’s still a lot of people there who attended and graduated from that school,” Perry said. “There’s a lot of pride in what the school used to do. In fact, it’s one of the reasons I actually went back.”

Starting in 2011, revitalizing the school was a consistent agenda item at monthly board meetings, and members talked about it often in between.

When Perry returned, he remembers most of the discussion framed around what would set kids up best for the economy and world, which had changed around the Winton Triangle and left its young people at a disadvantage.

“The board members were very adamant that it would become a great school again,” Perry said.

In 2013, it became a STEM school, one focused on science, technology, engineering, and math. For the first few years, though, it failed to meet state expectations.

Early on, Perry said efforts to build the school back up focused on bolstering the STEM experience. He worked on setting up extracurricular opportunities with Nucor, the largest steel producer in the nation. Nucor had a major plant just a few miles away, near Cofield.

More recently, Bobbie Jones worked with professors at Duke University and East Carolina University to set up opportunities for students in science, healthcare, and geology.

“And what that did was it allowed us to draw some populations that had withdrawn, even from the public schools,” said Perry, who watched the school begin transforming before he left the district in 2015.

“And that was just one of the things that, yeah, I guess I was kind of proud of. Because we had to lay out some lifelines to bring people back into the public school, make them proud of the things that the school could do.”

A school focused on education beyond academic subjects

Local board members weren’t satisfied by simply establishing a STEM program in the area, Perry recalled. They wanted to honor C.S. Brown and its namesake.

Jones said that’s one of the reasons why the school’s curricula today emphasizes business skills, echoing the days when some of the state’s first Black entrepreneurs established stores in this community.

“And the bottom line is, all these connections relate to the real world,” Jones said. “So when you see these things going on outside of school, it’s no major shock to you. When you get to the real world, you think, ‘OK, I’ve seen this before. I’ve done this before.’ And I have failed, as an educator, if I graduate a child who doesn’t feel ready for that.”

In addition to the focus on academic turnaround, the school has emphasized connection and values. It’s a small school with enrollment under 100. While Jones says it could scale its model if it had building capacity for higher enrollment, he likes the family atmosphere it has now. He especially likes that he and his teachers can form close bonds with each child.

“I’m so thrilled right now that we can impact the lives of people, especially people of color,” he said. “To let them know that Black lives matter. And you can be special. You’re already special, but you can do something special to make your hometown even better than it is now.”

The community hasn’t been miraculously transported back in time. The school has come a long way toward regaining its former glory, though. Since 2018, the state has labeled it an ‘A’ school. Since 2017, C.S. Brown has graduated 95% of its seniors.

“I’m just placed in a position that I wouldn’t trade for anything,” Jones said. “It’s just amazing. To have the support of the community, to have the support of the parents, and have the students’ support. To have the best teachers. We’re making a difference in this community. That’s happiness for me.”

The turnaround is rooted in more than just academic excellence. It’s rooted in relationship.

“Mr. Jones is the most phenomenal principal,” said Daphne Lee, the school’s business teacher. “I tell him, ‘If you ever leave, take me with you.’ Because he’s so in tune with the students. He cares about a relationship with them. And you have to. You have to be in touch with the emotional needs, not just their academic needs. You have to be on that whole agenda with them.”

In August, the school held its graduation for the 2019-20 class. It had been a difficult few months, especially for the seniors whose final days in the school building — on that campus established 135 years ago — were stolen by the pandemic.

Jones watched as one student stood at the podium preparing to make her remarks. His thoughts turned back to when she and her classmates were new to the school and would snicker as he boasted about its greatness.

As she moved through her commencement speech, she stopped and looked right at the crowd. She spoke with authority.

“I’m so proud to be from the best school in the universe,” she said.

Jones just smiled.

“You have to speak it,” he said later. “You have to speak it in order for it to come into existence.”

What he’s speaking now is that this school will graduate the type of leaders who will help change the community. And possibly the world.

Part 4. Can C.S. Brown be an economic engine for its community once again?

Fuente de la Información: https://www.ednc.org/the-fall-and-rise-of-c-s-brown-the-first-high-school-for-african-americans-in-north-carolina/

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Corea del Norte: Why the United States Needs a Special Envoy for North Korean Human Rights

Why the United States Needs a Special Envoy for North Korean Human Rights

As the Biden administration turns its attention to North Korea, it should signal its support for human rights by reappointing a special envoy for the position on North Korea left vacant for the past four years. The reappointment will give meaning to US President Joseph Biden’s vow to return values to US foreign policy. It will also alert North Korea that ending its isolation and joining the rest of the international community, and especially normalizing its relations with the United States, will have to be accompanied by a lessening of oppression of the North Korean people. Denuclearization will remain the overriding objective of US policy toward North Korea, but human rights and humanitarian issues will play an important part.

Background

In 2004, Congress, with strong bipartisan support, created the special envoy position “to coordinate and promote efforts to improve respect” for the human rights of North Korea’s people. The envoy’s responsibilities, as set forth in the North Korea Human Rights Act, include “discussions with North Korean officials” and “international efforts” with other states, especially at the United Nations. Congress reauthorized the Act three times, most recently in 2018 with a unanimous vote. But the Trump administration, alleging the need to save costs, proposed “dual-hatting” the envoy’s functions to another US Department of State position, which was then eliminated. In the House of Representatives, the Republican and Democratic co-chairs of the Tom Lantos Human Rights Commission appealed unsuccessfully to the president in 2018 to fill the post so that human rights could be effectively incorporated into talks with North Korea.

Why Now?

President Biden has expressed his commitment to restoring values in American foreign policy and more broadly, to promoting human rights and democracy abroad. To dismiss the human rights situation in North Korea would be contrary both to US values and its national security interests. What makes the reappointment of a special envoy so compelling is the extraordinary nature of North Korea’s human rights situation. For the past 75 years, Kim family rule has largely cut off the people of North Korea from the rest of the world, put them under heavy surveillance, and enforced its authority with political prison camps, public executions, forced labor and other grave abuses. Many have had to endure chronic hunger, poor or non-existent medical care and extreme poverty.

President Obama described North Korea’s government as “probably the worst human rights violator in the world.” President Trump himself told Congress, “no regime has oppressed its own citizens more totally or brutally than the cruel dictatorship in North Korea.” In 2014, the United Nations (UN) Commission of Inquiry (COI), after a yearlong investigation, found the Kim government to be committing “crimes against humanity”—the most serious human rights violations—on a systematic basis as state policy.[1]

President Biden has also emphasized the need for the US to promote its values by strengthening America’s relations with other democracies. The United Nations is one of the most promising forums for a united front on human rights in North Korea, and a special envoy is sorely needed there to promote multilateral cooperation on the protection of human rights. North Korea’s human rights situation is on the agenda of the UN General Assembly and Human Rights Council, and the UN Commission of Inquiry’s nearly 400-page report in 2014 has made recommendations that are waiting to be implemented.

The previous envoy, Robert King, together with representatives from the European Union, Japan and South Korea, played a robust role in mobilizing states to adopt and co-sponsor resolutions on the human rights situation, and in particular to endorse the COI’s creation and its findings. With additional allies like Australia, the coalition successfully placed the issue on the Security Council’s agenda—the highest UN body—from 2014-2017 so that attention could be drawn to the impact of North Korea’s human rights conditions on international peace and security. But after 2018, the human rights situation in North Korea remained absent from the Security Council agenda, and in 2019 the US withdrew its support from the effort; in 2020, only a private (unofficial) meeting was held.

The UN’s Human Rights Council was also in disarray. Neither the US, South Korea, nor Japan co-sponsored the human rights resolution in 2019, and at the General Assembly, South Korea failed to co-sponsor the resolution on North Korean human rights in 2019 and 2020. Clearly, an envoy is needed to build back unity on this issue so that the full potential of the UN forum can be mustered.

The Nexus Between Human Rights and Security

Within the US government, an envoy is needed to develop a coherent strategy on promoting human rights in North Korea that is meshed with negotiations over nuclear weapons and other security issues. Over the past four years, the Trump administration has used human rights as a pressure point one moment and then dropped it at another—achieving, in the end, neither the nuclear agreement for which forsaking human rights was presumed necessary nor building trust in any other area. But nuclear security arrangements require trust as well as effective verification.

The denuclearization and human rights agenda are inextricably intertwined, observed Korea specialist Victor Cha. “The threat” posed by North Korea stems not only from nuclear weapons but from a government possessing those weapons that is “capable of a level of abuse of its own citizens unprecedented in modern human history.” Improvements in North Korea’s human rights conditions “would reflect the leadership’s commitment to reform and make a denuclearization commitment by the DPRK more credible.”

Respect for human rights has even been called the ultimate test of whether Pyongyang will come through on any nuclear deal. The UN Special Rapporteur on Human Rights in the DPRK has called for “a binding agreement” to be negotiated in the course of peace and denuclearization talks, “requiring” North Korea to “cooperate with the United Nations human rights mechanisms and engage with and grant access to independent human rights monitoring…”[2]

An envoy sensitive to both human rights and security concerns can help integrate human rights and humanitarian issues into a comprehensive policy. The envoy can coordinate with all the pertinent bureaus and offices in the State Department, National Security Council and government departments while assuring that human rights and humanitarian concerns are reflected in major statements of the US president, the US secretary of state, the UN Ambassador and other senior officials, and are added to Group of Eight (G8) or comparable communiques and promoted in dialogues with China and other governments.

An Agenda for the Special Envoy

Special Envoy King found that he was able to raise human rights concerns with North Korean officials, including a first vice foreign minister, in the course of discussions about humanitarian aid in 2011. He was further able to gain the release on humanitarian grounds of an American detained for six months in North Korea on unspecified charges. To encourage North Korea to hold talks in the future, political and economic incentives could be applied in a comprehensive policy.

Integrating human rights concerns in other policy areas would also be important, for example, making sure workers’ rights are included in any commercial or development arrangement that might arise, that significant women’s participation is insisted upon in NGO-funded training programs, or that food and medical aid be stringently monitored and distributed equitably so as to reach the most vulnerable, including those in detention facilities, a point accepted by North Korea in 2019 at the UN Universal Periodic Review.

The special envoy’s expertise would further come into play in evaluating the extent to which North Korean human rights practices warrant the lifting of US sanctions. Under the North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016, for sanctions to be suspended, North Korea must show progress in prison conditions, the release of political prisoners, the repatriation of abducted foreigners, family reunification meetings, and the cessation of censorship and other political restrictions.[3] Although such provisions can presumably be waived on national security grounds, explaining them to North Korean officials should be a part of discussions.

A prioritizing of human rights issues would also be important. Some argue that the most sensitive concerns should not be among the initial ones raised with North Korea. King, for example, recommends that given North Koreans’ limited access to information, “We could press the North Koreans for more contact, for more openness, more travel for North Koreans” and encourage greater “flow of information.” Others recommend beginning with what is called “low hanging fruit,” or topics to which North Korea might be more amenable, involving women, the disabled or greater access to orphanages. Still others believe it’s time to raise the tougher issues because they are widely known, given the COI report, the consensus adoption of General Assembly resolutions since 2016 and US legislation on the subject.

North Korea, it is pointed out, has in the past made some concessions when it found it in its interest, such as admitting the existence of reeducation through labor camps, releasing a small number of abducted Japanese, allowing into the country the UN special rapporteur on disabilities, and even negotiating with a humanitarian organization in recent years to allow its entry to prisons for health reasons, although the effort to date has failed to come to fruition.

Conclusion

If the United States is truly interested in addressing human rights in North Korea, it must begin by appointing a special envoy. The envoy’s public education and liaison roles have had ripple effects internationally with NGOs, academics, think tanks and governments; the encouragement of increased broadcasting into North Korea by Voice of America and Radio Free Asia has also had an impact inside the country.

North Korea would certainly become far less of a danger to the world if it could be encouraged to move toward a more open society with respect for human rights. Both Presidents Carter and Ronald Reagan, in their dealings with the highly nuclearized former Soviet Union, found that the promotion of human rights reinforced their strategic objectives. President Biden should follow their example. North Korea cannot be expected to honor a nuclear weapons agreement and normalize relations without opening up its country to scrutiny.


  1. [1]

    United Nations, Human Rights Council, Report of the detailed findings of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, A/HRC/25/CRP. 1, para. 1160, February 7, 2014, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_25_crp_1.pdf.

  2. [2]

    United Nations, General Assembly, Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, A/74/275, para. 5, August 2, 2019, https://undocs.org/en/A/74/275.

  3. [3]

    US Congress, House,  North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016, HR 757, Sec. 401., 114th Congress, became law February 18, 2016, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/757/text?overview=closed.

    Fuente de la Información: https://www.38north.org/2021/01/why-the-united-states-needs-a-special-envoy-for-north-korean-human-rights/

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