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Diálogo con la antropóloga Maya, Aura Cumes: Feminismo indígena: «El patriarcado no se puede entender sin el colonialismo”

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Y “tampoco el colonialismo sin el patriarcado”, asegura la antropóloga maya Aura Cumes en diálogo con DW.

Aura Cumes Simón nació y creció en Chimaltenango, en la región central de Guatemala. Pertenece al pueblo maya kaqchikel.

Como mujer y como indígena sabe largamente, y por experiencia propia, de discriminación y segregación.

«Desde muy pequeña fui confrontada con un terrible racismo, -no hay manera de no vivirlo- y también con la dominación sobre las mujeres”, dice en diálogo con DW.

«Es una situación que me atraviesa desde que nací, en un contexto racista colonial, de tremendo machismo patriarcal”, explica.

Pero su historia es la de seguir adelante pese a todo.

«Yo nunca acepté ni normalicé esa situación”, cuenta. Más aún: transformó sus experiencias de vida en objeto de estudio. Se dedicó a analizar las formas de dominación capitalista, colonial y patriarcal.

Hoy es académica: antropóloga, máster en Ciencias Sociales, y diplomada en Estudios de Género y Feminismo.

Y entonces, lo que a ella y a su comunidad le tocó atravesar, es capaz de leerlo en clave de sistemas de dominación hegemónicos.

«En los países latinoamericanos el patriarcado no se puede entender sin el colonialismo. Tampoco el colonialismo sin el patriarcado”, sentencia.

Aura Cumes Simón.Aura Cumes Simón: «La prioridad de las mujeres indígenas es analizar la manera en que se conjuntan el patriarcado y el colonialismo, el machismo y el racismo, y todo eso, con el capitalismo».

Así, verlos, nombrarlos y hasta intentar combatir cualquiera de estos sistemas por separado, no es más que una «segregación comprensiva artificial de la realidad”, entiende la antropóloga y activista maya.

«Los sistemas de dominación actúan de manera interconectada, y cuando lo hacen, su forma de operar es mucho más densa, nociva y perversa”, asegura.

Ejemplos le sobran, pero elige uno: «Yo estudié para ser secretaria, y cuando me gradué, fui a buscar trabajo a un banco. Allí se rieron de mí y me dijeron que no estaban buscando una sirvienta”, rememora Cumes Simón. «Esa experiencia marco mi existencia”, asegura.

Y analiza: «Ese es el lugar que el sistema colonial y patriarcal le deja a las mujeres indígenas en toda Latinoamérica: el de la servidumbre”.

Multiplicidad de obstáculos

Así las cosas, los obstáculos y desafíos que se le presentan a las mujeres indígenas son muchos y de variado tipo: simbólico, histórico, de poder y material.

En este sentido, en México, por caso, casi todos las y los indígenas son pobres. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 7 de cada 10 indígenas son pobres. Y 3 de cada 10, se encuentran en la indigencia.

Por lo cual, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres indígenas es sencillamente el hambre.

María Mercedes Olivera Bustamante, pionera en la antropología feminista de México, explica que esa pobreza se vuelve parte de la subordinación de género, de clase y de etnia, por lo que no se puede separar de esa problemática.

Feminismo indígena

Y es justamente esta situación la que llevó a muchas mujeres a defender sus derechos combinando sus identidades de género y de etnia, y a dar lugar así a lo que muchos consideran el alumbramiento del feminismo indígena.

Ahora bien: ¿existe un feminismo indígena?

El consenso indica que no es solo uno: «No hay un solo pensamiento feminista indígena. Hay diferentes posiciones y planteamientos en función de la experiencia personal de cada mujer indígena”, sostiene Olivera Bustamante, lúcida y dispuesta al diálogo, a sus 86 años.

Mujeres indígenas en Bogotá, Colombia.

«Las mujeres indígenas están involucradas en las múltiples expresiones de los feminismos, pero principalmente aquellos feminismos que no solo se dedican a analizar el patriarcado como si fuera un patrón de dominación que no se conecta con nada más”, indica, en tanto, Cumes Simón.

«La prioridad de las mujeres indígenas es analizar la manera en que se conjuntan el patriarcado y el colonialismo, el machismo y el racismo, y todo eso, con el capitalismo, para entender por qué tenemos el lugar que tenemos”, completa la activista maya.

Se trata, sobre todo, de que sean las mujeres indígenas las que hablen por ellas, por sus necesidades, por sus prioridades, según su existencia y su cosmovisión.

Mujeres indígenas en el Amazonas.

Así, en palabras de la académica mexicana: «Tenemos que reconocer y valorar su especificidad como mujeres indígenas”.

No en vano, muchas integrantes de los pueblos originarios tienen una relación más bien de recelo con el feminismo. O por lo pronto, con el «feminismo occidental, blanco y eurocéntrico”, según define Cumes Simón.

«Tengo fuertes críticas a ese feminismo que no se quiere dar cuenta de que expande formas de colonialismo, que piensa que, sin ese feminismo, las mujeres indígenas no seríamos nada”, asevera la antropóloga guatemalteca.

«Existen prejuicios respecto al feminismo indígena, sobre todo desde la visión no indígena”, afirma, en tanto, a DW la académica mexicana.

Para Cumes Simón incluso, los prejuicios van aun más allá: «La expresión más absurda del pensamiento colonial patriarcal, es la idea de que los hombres indígenas son más capaces de ser machistas que los hombres blancos”, se indigna.

«Es el prejuicio colonial lo que ha expandido esa creencia”, completa.

«Un hombre indígena y un hombre blanco tienen la misma probabilidad de un ejercicio patriarcal”, asegura.
(cp)

Fuente: https://www.dw.com/es/feminismo-ind%C3%ADgena-el-patriarcado-no-se-puede-entender-sin-el-colonialismo/a-56578883

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81 nuevas variantes del coronavirus, detectadas en Ecuador

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Cuando ingresan al organismo, los virus se comportan como expertos criminales. Se esconden y, sobre todo, cambian para sobrevivir en el entorno. El SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, no es la excepción. Hasta la fecha, en el mundo hay más de 5 000 variantes; solo en Ecuador hay 81 detectadas. La ‘londinense’, identificada en diciembre por científicos de Reino Unido, generó preocupación debido a que sus mutaciones le dan una mayor capacidad de transmisión al virus; tanto así que en poco tiempo se extendió en más de 30 países. Y puso en duda la efectividad de las vacunas. En Ecuador, por ejemplo, se informó sobre el primer caso el 11 de enero. Hasta el jueves 18 de febrero del 2021 se reportaron siete en Pichincha y El Oro; uno de ellos no tiene nexos epidemiológicos, por lo que se habló de una transmisión comunitaria. Esta no es la única variante identificada. En el mundo también se habla de la brasileña, cuyo primer caso se registró en Japón, y la sudafricana. En el país se detectó una más. Fernando Espinoza, director del Centro de Investigaciones de la U. Espíritu Santo (UEES), explica que el hallazgo comparte ciertas características de las variantes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, que causan preocupación por su velocidad de transmisión y posible aumento de la mortalidad. “No es igual, bajo ningún punto de vista”, aclara. Es necesario -agrega- realizar más estudios. Por eso, en esta semana los laboratorios de Ciencias Ómicas y UEESBiolab, en Samborondón (Guayas), analizan otras 28 muestras. Entre marzo y abril del 2020 detectaron en Guayaquil el linaje que circulaba en Europa, con otras, dijo, que no causan mayor preocupación. En un reciente estudio hallaron por primera vez variantes de Zimbabue, EE.UU., Suiza y Europa. “La preocupación es la que comparte rasgos de la variante de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, detectada en pacientes en terapia intensiva. Tiene ciertas características que, se ha demostrado, son más peligrosas”, advierte Espinoza. La OMS ha enfatizado la necesidad de secuenciar los virus. Para el director del Centro de Investigaciones de la UEES, se debieran realizar unas 500 pruebas de este tipo a la semana para determinar qué ocurre en los hospitales, donde desde inicios de este año reportan pacientes cada vez más ­jóvenes, con una evolución más rápida del covid-19 y mayores complicaciones. Para Fabricio González, médico e investigador de la U. Central, estos cambios son normales, ya que los virus mutan para subsistir en su entorno. “Es como un mecanismo de supervivencia evolutiva; en el futuro aparecerán más”. Por ello, dice que el reto es aumentar los estudios genómicos (seguimiento de la huella del virus), es decir, analizar la mayor cantidad de muestras de los contagiados para entender su comportamiento, infecciosidad o agresividad. Hasta el momento, en el país se han secuenciado 269 test en tres universidades: San Francisco de Quito (USFQ), Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y Espíritu Santo. También el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública publicó seis genomas del SARS-CoV-2 en la plataforma internacional Gisad. Un grupo de seis expertos de estos centros elaboran un protocolo para fortalecer la vigilancia a este microorganismo; también participa el Ministerio de Salud. La idea -cuenta Paúl Cárdenas, especialista en enfermedades infecciosas y genómica de la USFQ- es tener lineamientos para priorizar la secuenciación de las muestras. Así, se dará preferencia a casos con cuadros graves, reinfecciones, niños y test de hospitalizados, para ver el tipo de variantes que circulan. Y se incluirá a vacunados que se hayan contagiado con el virus. A ello se suma la propuesta de crear una red de laboratorios, adelanta Espinoza. Esto como parte de una vigilancia epidemiológica que incluya un programa para obtener muestras de calidad e interpretación de los resultados. Josefina Coloma, epidemióloga, y César Paz y Miño, del Centro de Investigación Genética y Genómica de la UTE, concuerdan en que una preocupación es si la vacuna puede combatir estas variantes. Coloma dice que, según estudios, las fórmulas están respondiendo de modo diferente: unas mantienen su eficacia y otras bajan. Las autoridades rusas, por ejemplo, anunciaron que sus dos dosis sí funcionan contra el tipo londinense. Pero las personas que superaron el virus pueden reinfectarse con las nuevas variantes.

 Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/covid-variantes-virus-detectadas-ecuador.html

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Costa Rica: Consejos universitarios de universidades públicas rechazan Ley de Empleo Público

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Los consejos universitarios de la Universidad de Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad de Costa Rica, así como el Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica, y la Universidad Técnica Nacional, en el marco de las funciones que se le han asignado en sus respectivos estatutos orgánicos y tomando en cuenta que el texto del Proyecto de Ley de Empleo Público. Expediente N.° 21.336, violenta la autonomía constitucional que se ha otorgado a las universidades públicas, CONSIDERAN QUE:

1. En el 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Al respecto el objetivo N.° 4

de esta Agenda es:

“Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Es por ello que en el 2016, los presidentes de los tres Poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elecciones, junto con representantes de gobiernos locales, del sector privado, de universidades estatales y de la sociedad civil, suscribieran el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cual se reconoce la importancia de la participación de las universidades públicas para alcanzar las metas de otros objetivos (véase la nota 1).

2. La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 84 establece que:

“La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica”.

De esa manera, el citado artículo consagra seis manifestaciones de la autonomía universitaria que son importantes señalar: 1) independencia en sus funciones, 2) capacidad jurídica plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, 3) capacidad jurídica plena para darse su propio gobierno, 4) capacidad jurídica plena para darse su propia organización, 5) patrimonio propio o hacienda universitaria, 6) financiación del Estado (véase la nota 2). Con estas se les otorga a las universidades públicas el ejercicio de todas las potestades administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad docente, de investigación y acción social. Lo anterior, incluye la potestad de seleccionar, nombrar, evaluar, organizar y regular libremente a su personal, de acuerdo con sus propios criterios y exigencias, y las regulaciones internas que emita al efecto deben garantizar la óptima prestación del servicio universitario, el eficiente uso de los recursos institucionales y la transparencia y responsabilidad de la gestión universitaria.

3. El espíritu de la norma con la que se concibió la autonomía universitaria permite que los fondos asignados a las universidades públicas se destinen a:

a) Elaborar e impartir carreras que forman profesionales en todo el territorio nacional. Lograr su acción académica fuera de las luchas partidistas del poder político, defendiendo el interés colectivo y permitiendo una libertad crítica y propositiva mediante su abordaje a través de carreras, proyectos, programas y actividades académicas.

b) Invertir fondos para programas de becas, residencias y ayudas socioeconómicas estudiantiles a poblaciones vulnerables que de otras formas no tendrían acceso a la educación superior.

c) Formar institutos que atienden necesidades fundamentales de los costarricenses, tales como OVSICORI en temas de vulcanología y sismología, LANAMME que realiza estudios técnicos de protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales, el Instituto Clodomiro Picado, especialistas en suero antiofídicos, la ingeniera aeroespacial, el uso de plasma de tipo Stellarator, único en Latinoamérica y la educación a distancia.

d) Permite la libertad de cátedra en la formación de profesionales integrales que no respondan a líneas ideológicas establecidas por gobiernos de turno, sino con una visión holísticas, que atienden a las necesidades de la sociedad costarricense.

e) Brindar una educación humanista común a todos los estudiantes, más allá de la especialidad elegida.

4. La Sala Constitucional, mediante el voto N.° 1313-93, reiteró que las universidades estatales “(…) cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (…)”.

Igualmente, este voto determina los alcances de la independencia de estas casas de enseñanza superior estatal, ya que les confiere una autonomía especial, lo cual imposibilita a los poderes de la República detallar el destino o las partidas de gasto relacionadas con la Hacienda Universitaria, dentro del Presupuesto Nacional, sino, únicamente, debe reflejar la transferencia de los recursos necesarios y acordados, tal y como estipulan los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

5. La Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2002-08867 señala que “el artículo 84 constitucional establece una reserva normativa en favor de las universidades, en el sentido de que su poder reglamentario es el único competente para normar la organización del servicio universitario; disposiciones que integran de esta manera un subsistema jurídico particular”.

6. El Proyecto de Ley de Empleo Público. Expediente N.° 21.336 pretende homogenizar los perfiles de puestos y condiciones de ingreso, así como el régimen remunerativo, desconociendo la especificidad de las responsabilidades y la dinámica propia del servicio que prestan las distintas instituciones y Poderes de la República.

7. En el marco del análisis del Proyecto de Ley el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa reconoció la autonomía especial que tienen las universidades públicas catalogándola como una autonomía de gobierno plena, y se hizo ver lo improcedente que es para estas institucionales, el ser sometidas a Directrices del Poder Ejecutivo.

8. Con respecto al Proyecto de Ley el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (véase la nota 3) señala que este implicará:

«a) Quebrantar el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional.

b) Atentar contra la descentralización de servicios estatales esenciales.

c) Revertir la despolitización del sistema de Servicio Civil defendida en nuestra Constitución Política al trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombramiento de su Director Generales.

d) Atentar contra la garantía de independencia entre poderes de la República.

e) Desalentar la educación pública, entendida como la más importante inversión social.

f) Violentar el régimen de independencia que en materia de administración, organización, planificación, gobierno y patrimonio establecen y garantizan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.

(…)

Cualquier reforma en materia de empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad salarial en igualdad de condiciones, de idoneidad comprobada, de rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad y de control de legalidad y constitucionalidad de la gestión administrativa; todo lo anterior dentro de la concepción misma del Estado Social de Derecho y su institucionalidad, que igualmente poseen rango constitucional. Compete a cada uno de los sectores de la Administración Pública velar por su observancia, sin que para ello sea necesario sustituirlos en el ejercicio de sus competencias de administración y gobierno«.

9. La representación de la Asociación de Funcionarios del ITCR (AFITEC), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional (UTRAUTN) y el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), emitieron el “Criterio sobre proyecto de Ley No. 21.336 Ley Marco de Empleo Público”, en el cual manifestaron que los sindicatos de las universidades públicas de manera enérgica nos oponemos y desaprobamos el proyecto de ley de Empleo Público, pues el mismo violenta de manera grosera nuestra autonomía universitaria, y como consecuencia de esta ley conllevaría a el empobrecimiento de los servidores de las universidades públicas.

10. Las universidades públicas tienen como principios orientadores de su quehacer el derecho a la educación superior, la excelencia académica e igualdad de oportunidades, la libertad de cátedra y a la libre expresión.

11. Es responsabilidad de las universidades públicas la búsqueda de la justicia, la eficiencia, la eficacia, la apertura de espacios para el diálogo y la creación de una consciencia crítica, así como el análisis de los problemas que afronta el país.

12. Las Instituciones de Educación Superior Pública son conscientes de la situación fiscal que atraviesa el país, la cual se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19, razón por la cual con el propósito de contribuir con la discusión de esta iniciativa se elaboró y divulgó, durante el año 2019, el documento denominado “Sobre el proyecto de ley marco de empleo público” (véase la nota 4). Adicionalmente, en febrero de 2021, la Universidad de Costa Rica brindó una serie de recomendaciones en el informe titulado «Análisis del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente 21.336)» (véase la nota 5).

Lo anterior, especialmente cuando el proyecto de ley muestra, entre otras, las siguientes inconsistencias:

a) No presenta datos sobre el posible ahorro que pretende alcanzar con el establecimiento del salario único, así como del impacto en el consumo nacional al generar una reducción del poder adquisitivo de los empleados públicos, especialmente cuando esto último afecta cualquier posible reactivación de la economía nacional.

b) Contiene vicios de constitucionalidad dado que entra en contradicción con las potestades que ha brindado la Constitución Política a institucionales tales como las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las disposiciones contenidas con respecto al salario global y la gestión o evaluación del desempeño son claros ejemplos de transgresión a la políticas de autoorganización y por ende a la independencia administrativa, política, de organización y gobierno de las universidades públicas; principalmente, cuando esa independencia la faculta para regular y organizar las actividades de docencia, acción social e investigación en general, y para establecer las regulaciones propias de su régimen de empleo, los parámetros de selección y contratación del personal académico y administrativo idóneo, sus deberes, obligaciones y potestades.

c) El Proyecto de Ley es omiso con respecto a la complejidad, la diversidad y la naturaleza de las instituciones de educación superior públicas. Al respecto, cabe señalar que las universidades públicas desarrollan su quehacer a partir de tres actividades sustantivas, a saber: la docencia, la investigación y la acción social, con las cuales busca cumplir con el mandato constitucional que se le ha dado a estas instituciones y el cual justifica que se les haya otorgado la autonomía que esta iniciativa pretende violentar.

13. El Proyecto de Ley marco del empleo público, mediante su propuesta de centralizar y homogeneizar, vulnera regímenes institucionales creados históricamente en función de la materia específica a la que se dedican los entes públicos, amparados por la Carta Magna y la jurisprudencia constitucional, en particular en lo que se refiere a los regímenes de autonomía administrativa, política y funcional vigentes, e incluso podría infringir convenios y normativas internacionales, como los suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

14. El Proyecto violenta el régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social, así como el régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades estatales. Por otra parte, el Proyecto vulnera los derechos fundamentales derivados de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la no discriminación. Sobre estos asuntos, también se emiten criterios contrarios a los acuerdos internacionales suscritos con la OIT.

15. La oportuna gestión del empleo y el óptimo aprovechamiento de los recursos institucionales son preocupaciones universitarias, es por ello que se han implementado acciones encaminadas a la sana administración de la Hacienda Universitaria y del recurso humano. Estas acciones se han desarrollado en el marco de lo dispuesto en la norma constitucional y resguardando los principios y propósitos institucionales, la libertad de pensamiento y la criticidad de las realidades nacionales, por lo que bajo ninguna circunstancia proceden de entes externos.

16. Los criterios de eficiencia y eficacia económica no deben imponerse sobre “el mayor bienestar a todos los habitantes del país”, así como sobre el “más adecuado reparto de la riqueza”, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50. Sin embargo, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público busca limitar los alcances sociales del Estado y la participación política de los trabajadores, lo cual puede generar una mayor precarización del empleo público, a la pérdida de profesionales competentes y el ensanchamiento de la brecha de la desigualdad; todo esto desde un Estado cada vez más débil y un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro.

17. El Proyecto de Ley desconoce la complejidad de la gestión pública y la importancia de mecanismos democráticos para el funcionamiento del Estado de Derecho. Este Proyecto de Ley no sólo violenta el marco legal existente, sino que desestima los mecanismos de concertación democrática y genera condiciones de conflictividad social y política.

18. Las universidades estatales somos herederas de una visión de Estado inclusivo, solidario y democrático, de esta manera, conscientes que nuestras acciones del presente marcarán indeleblemente el futuro de las próximas generaciones, más allá de la crisis fiscal y los efectos adversos de la pandemia, repudiamos todas aquellas iniciativas de ley y reformas sustentadas en líneas de pensamiento ligeras, intereses cortoplacistas y mercantilistas, que so pretexto de contribuir al fortalecimiento de dicho modelo estatal, menoscaban ferozmente una institucionalidad visionaria que procuraba la supresión de toda forma de desigualdad, la defensa de los derechos inalienables de los pueblos y la promoción de un desarrollo económico sustentado en el principio de solidaridad, al cual todos y todas debemos contribuir para su consolidación.

Dado lo anterior, ACUERDA:

1. Alertar a la comunidad universitaria y nacional sobre los posibles impactos sociales, políticos y económicos que el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede generar en la institucionalidad, la gobernanza y la sociedad costarricense, así como sobre los vicios de inconstitucionalidad que presenta.

2. Solicitar a las rectorías de las universidades públicas que hagan un llamado urgente, coherente y claro, a la comunidad universitaria para que participe en las actividades que surjan en defensa de nuestra autonomía.

3. Publicar en diferentes medios de comunicación el presente pronunciamiento y darle la mayor difusión posible.

M.Sc. Tomas R. Marino Herrera
Presidente del Consejo Universitario, Universidad Nacional (UNA)
M.Sc. Patricia Quesada Villalobos
Directora del Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica (UCR)
Dr. Emmanuel González Alvarado
Rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN)
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla
Rector y presidente del Consejo Institucional, Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Mag. Rodrigo Arias Camacho
Presidente del Consejo Universitario, Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Fuente: http://www.elpais.cr/2021/02/19/consejos-universitarios-de-universidades-publicas-rechazan-ley-de-empleo-publico/
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FENASENF: “No están las condiciones para un seguro” a clases presenciales. Chile

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La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile reiteró el llamado a la prudencia y su preocupación por la salud de la ciudadanía, en concordancia con los estudios desarrollados por un grupo de enfermeras, expertas en salud escolar, pertenecientes a diversos países iberoamericanos.

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf) se refirió al retorno a clases presenciales en marzo que el Gobierno ha remarcado será gradual y voluntario.

En este sentido, reiteró el llamado a la prudencia y su preocupación por la salud de la ciudadanía, en concordancia con los estudios desarrollados por un grupo de enfermeras, expertas en salud escolar, pertenecientes a diversos países iberoamericanos.

Según sostuvo, los resultados de las investigaciones desarrolladas indicaron que antes de que ese regreso ocurra, es fundamental tomar una serie de medidas que garanticen la salud y bienestar tanto de los y las escolares, como de sus familias.

La Federación sostuvo que “la evidencia actual muestra que los niños son susceptibles de infectarse, igual que los adultos, y si bien es cierto que los casos no son tan frecuentes, no por ello son inexistentes. Así lo estableció un estudio de la Universidad de Granada en España, que estimó que en aulas con 10 alumnos por sala, en el primer día de clases, cada uno/a interactuará en promedio con 74 personas y el segundo día llegará a estar expuesto a 808 personas. Estas proyecciones también se han realizado en China y Corea del Sur, y coinciden, sobre todo, si se toma en cuenta el comportamiento típico de los niños que son más propensos al contacto físico”.

Añadió que “organizaciones como la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar (Sochiese), equipo científico y experto en el área hace más de 25 años, elaboró el documento ‘Plan Estratégico de Enfermería Escolar para el Retorno Seguro a las Aulas Durante la Pandemia Por SARS-CoV-2’, que establece diversos aspectos operativos del retorno escolar seguro, desde una perspectiva sanitaria, y de acuerdo a la evidencia disponible tanto por organismos internacionales como nacionales. En él enfatizan en que es prioridad, considerar una serie de aspectos relacionados con la organización, logística e implementación del proceso, tal como sostenemos desde Fenasenf”.

La Federación indicó que “un punto muy relevante, es el referido a la infraestructura y los protocolos de uso del espacio, toda vez que hasta el año pasado, había establecimientos que no contaban con resolución sanitaria o no reunían las condiciones para cumplir con los protocolos de seguridad, mostrando una vez más la brecha económica, la desigualdad entre unos y otros. El aforo en las salas de clases y en comedores de alimentación (si bien el Minsal recomienda 1 niño/a x mt2, éste debe atender las dimensiones de espacio y edad e lo/as alumno/as); seguridad en la movilidad de entrada y salida del establecimiento; lavamanos y disposición de alcohol gel de acuerdo al número de niños; sanitización y ventilación de salas, son algunas de las medidas mínimas, que deben ser tomadas en cuenta”.

La organización agregó que “otro aspecto que debe ponerse en relieve, es la necesidad de implementar el rol de la enfermera escolar, tal como lo hemos pedido desde comenzó la pandemia. Ella es el vínculo que une al sistema de salud con el sistema educativo para propiciar un ambiente de resguardo integral para niñas, niños y adolescentes, no sólo en pandemia o en estados de emergencia. Su presencia debería ser un activo permanente en todos los colegios públicos y privados, ya que es ella quien tiene todas las competencias y conocimientos para ocuparse del bienestar físico, psíquico y social de los y las estudiantes. También para prevenir problemas de salud o manejar la condiciones diferentes que niño/as pueden presentar. Contar con una profesional en cada Dirección de Educación Municipal a lo largo del país, sería el comienzo para un mejoramiento radical de la salud desde la comunidad”.

“En mayo 2020, algunos países de Europa, nórdicos y de Asia regresaron a las escuelas, sin embargo, muchas de ellas tuvieron que cerrar algunas semanas después, debido a los rebrotes de Covid-19. Ya tenemos evidencia y estudios para que en Chile no se sigan cometiendo errores: hoy no existen las condiciones para un regreso a las salas de clases de forma segura”, precisaron.

Fuente: http://www.lanacion.cl/fenasenf-no-estan-las-condiciones-para-un-regreso-seguro-a-clases-presenciales/

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México: Feministas de todo el país protestan contra candidatura de Félix Salgado Macedonio

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Texto: Beatriz García /Foto: José Luis de la Cruz

Por la tarde en la capital de Guerrero, los tambores de mujeres feministas resonaron y las banderas moradas ondearon. Las manifestantes lanzaron consignas: “¡Va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer!”, “¡Verga violadora a la licuadora!”, “¡Félix machista, te tenemos en la lista!”, “Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”. 

“¡Un violador no será gobernador!”, corearon una y otra vez feministas del país por avenidas de Chilpancingo, contra la candidatura a gobernador del morenista Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y acoso sexual.

Los tambores de las mujeres de la Colectiva Nacional Feminista Ningún agresor en el poder hicieron más intensas las consignas.

Las mujeres se reunieron desde las dos de la tarde en la alameda Granados Maldonado para salir en marcha hacia el Tribunal Electoral del Estado (TEE), quien tendría la última decisión en Guerrero sobre la candidatura del morenista. La mayoría estaban vrstidas de colores negro y morado, y se cubrieron el rostro.

En la mañana, en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron sobre Salgado Macedonio y las acusaciones en su contra, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó: “ya chole”.

El aspirante a la gubernatura de Guerrero tiene dos acusaciones por violación ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y tres por acoso sexual.

Por la tarde en la capital de Guerrero, los tambores de mujeres feministas resonaron y las banderas moradas ondearon. Las manifestantes lanzaron consignas: “¡Va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer!”, “¡Verga violadora a la licuadora!”, “¡Félix machista, te tenemos en la lista!”, “Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”.

También llevaron pancartas en las que se leían: “Que arda lo que tenga que arder. #Ningúnagresorenelpoder”, “En México si una mujer aborta va a la cárcel, si un hombre viola puede ser gobernador “, “Presidente rompa el pacto. #Unvioladornoserágobernador”.

La marcha partió por la avenida Benito Juárez. En su paso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHG), las mujeres realizaron pintas con leyendas alusivas al descontento contra la candidatura de Salgado Macedonio. También rompieron cristales de puertas y ventanas en el edificio.

La marcha siguió y la acción se repitió en la fachada del Ayuntamiento capitalino. Dos cohetones tronaron dentro del inmueble, después de que romper cristales y encendieron fuego.

La siguiente parada fue en las instalaciones del Ministerio Público. Más cohetones, pintas y  fuego.

Las feministas llegaron a la avenida Lázaro Cárdenas, fuera de la casa de campaña del candidato. En el lugar las consignas y los tambores se escucharon. Las pintas con aerosol siguieron.

Las mujeres aseguraron que las instalaciones eran del operador financiero de Salgado Macedonio.

Continuaron en marcha rumbo al edificio del Tribunal Electoral del Estado (TEE). Buscaron que una comisión fuera recibida para entregar un pliego petitorio de impugnación a la candidatura de Salgado Macedonio.

Sobre la fachada estrellaron botellas de cristal, que en realidad eran explosivos artesanales. También escribieron algunas consignas: “AMLO cómplice”, “Machete al machote”.

Al recinto entró la integrante del colectivo Las Revueltas y de la Colectiva Nacional, Yolitzin Jaimes Rendón con un sobre. Era el pliego petitorio.

La marcha terminó fuera de las oficinas del recinto oficial del Poder Ejecutivo del estado, antes Palacio de Gobierno.

Ahí se escuchó por la bocina la voz de Yolitzin Jaimes. Dijo que el “impresentable”, junto con el partido Morena, cometen el agravio más grande contra las mujeres y niñas guerrerenses, porque existe la posibilidad de que llegue a la gubernatura «con toda la impunidad que la Fiscalía General del Estado les obtiene, porque la carpeta del 2016 (donde se le acusa por violación), ratificada en el 2017, fue detenida por las fuerzas políticas de este estado».

Después agregó: «No tenemos armas, nuestra única herramienta es la protesta”. Sentenció: “Porque nuestra voz, nuestra palabra es el tanque de guerra, la guerra que le vamos a hacer al impresentable Félix Salgado Macedonio”.

Este trabajo fue publicado originalmente en Amapola Periodismo Transgresor que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original

Fuente: https://piedepagina.mx/feministas-de-todo-el-pais-protestan-contra-candidatura-de-felix-salgado-macedonio/

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Persiste represión y hostigamiento contra el pueblo mapuche en Chile

Noticias
Por: Rubén Pedro Bonet

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y comunidades mapuche autónomas denunciaron una nueva arremetida represiva del Estado chileno contra la resistencia más consecuente del Wallmapu.

En un momento en el cual la lucha por la autonomía territorial del Wallmapu está avanzando contra las grandes empresas capitalistas, desarrollando acciones de sabotaje contra la industria forestal, la estrategia del Estado chileno para combatir la resistencia del pueblo mapuche se manifiesta nuevamente como “garrote y zanahoria”.

Ejemplo de esto son los hechos ocurridos el jueves 7 de enero: mientras el Tribunal Oral de Angol daba a conocer el veredicto del juicio por el caso de Camilo Catrillanca (comunero mapuche asesinado en 2018), condenando a dos ex sargentos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) por “homicidio simple consumado” y “disparos injustificados”, y a cuatro policías y un abogado por obstruir la investigación del caso. En tanto, fueron allanadas y reprimidas más de seis comunidades mapuche que se dirigían a la ciudad de Angol para presenciar la lectura de la sentencia del caso. En la localidad de Temuco, la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó detenida a la propia familia de Camilo Catrillanca (su viuda, su madre y su hija de 7 años de edad).

Este hecho de violencia institucional del Estado chileno contra la familia de un comunero mapuche asesinado pudo ser captado y sacado a la luz por el fotógrafo independiente Camilo Tapia, que el pasado 27 de enero fue localizado en su domicilio por la misma PDI y llevado al cuartel policial para declarar como testigo por las fotografías que tomó el día del operativo que buscaban impedir la movilización de las comunidades mapuche.

Chile mujeres mapuche movilizacion la-tinta(1)

Lo que queda claro es que, mientras se lleva adelante el proceso constituyente, el pueblo nación mapuche vuelve a ser el enemigo interno a destruir para un Estado terrorista y colonial, que no sólo utiliza su aparato represivo, sino que también emprende montajes jurídicos-policiales para intentar vincular a la resistencia mapuche con el narcotráfico. Así lo expresó la CAM en su último comunicado, publicado el 18 de enero de este año: “Estas operaciones político-policiales se enmarcan en una fuerte campaña institucional de carácter racista que pretende vincular a la causa mapuche con el narcotráfico y el crimen organizado. Un escenario donde se vislumbra, aparte de la estigmatización social de los medios de comunicación, la emergencia de las voces del empresariado, del latifundio y de las autoridades de gobierno, quienes sostienen que la lucha mapuche es ilegítima, terrorista y delincuencial. Una estrategia que combina distintas formas de funcionamiento; por un lado, la política-represiva y, por otra, la política-intervencionista-integracionista. No obstante, ambas tienen como eje central intentar desarmar nuestros planteamientos y arrinconar las expresiones del weichan mapuche”.

Esta grotesca vinculación persigue el objetivo de imponer de manera artificial la realidad del narcotráfico en el territorio mapuche, para, de este modo, legitimar un futuro accionar del Estado y su aparato represivo “contra las redes criminales” que operan en la zona.

En el comunicado, la Coordinadora Arauco Malleco y las comunidades en resistencia alertaron sobre la presencia e influencia de agentes externos en las comunidades, tratando de introducir drogas, principalmente en los weche (jóvenes), con el fin de transformarlos en consumidores y armar bandas dedicadas al tráfico. En el comunicado, se identificó a las drogas como un flagelo del sistema capitalista que azota a los sectores populares y que, de introducirse en la vida de las comunidades en resistencia, destruirá la matriz social, política y cultural del pueblo nación mapuche: “Entendiendo que este sistema y su orden jurídico, militar e institucional pretende exterminar física y políticamente a nuestro pueblo de cualquier modo, no trepida en introducir todos los males que están a su disposición. Hacer frente a este flagelo es también hacer frente al sistema de sumisión winka y a todas sus expresiones que han desestructurado a nuestra realidad”. 

Por otro lado, la organización autonomista mapuche manifestó su indignación con ciertos “dirigentes rastreros”, “operadores políticos” y “pseudo-intelectuales mapuche” que pretenden “teñir de multiculturalismo el proceso constituyente que han instalado los chilenos”. Identificaron al proceso constituyente y sus escaños reservados para los pueblos indígenas como la expresión de la dinámica de cooptación que la institucionalidad capitalista ha montado para la continuidad colonial. Las bancas reservadas significan la cuota de participación indígena que el Estado chileno ofrece para la gestión del capitalismo en el país, en el marco de una mayor consolidación de la lucha revolucionaria mapuche, con la práctica del sabotaje (destrucción de maquinaria y camiones) a la industria forestal y el enfrentamiento con las fuerzas represivas como algunas de sus manifestaciones de resistencia y de defensa del territorio ancestral.

En el comunicado, apuntaron que “los escaños reservados y la participación en la constituyente representan más de lo mismo; surgen desde el poder winka y para el poder winka. Y vemos con rabia y dolor cómo nuevamente en esta coyuntura se instala este artilugio en la política queriendo convencernos de que es la vía para lograr nuestros derechos fundamentales. Una vez más, cierta dirigencia, la cual no tiene las prerrogativas ganadas en la lucha territorial, sedienta de poder, intentan encausar al movimiento mapuche a la vía institucional, desconociendo una lucha que ha significado la muerte de nuestros weichafe, la cárcel política, la tortura y la represión de las comunidades en lucha”.

Chile presos politicos mapuche la-tinta(1)

“Hacemos un llamado a nuestro pueblo nación a dar continuidad a la lucha autonomista y revolucionaria fortaleciendo la resistencia al capitalismo, ejerciendo el verdadero control territorial, disputando y combatiendo contra nuestros verdaderos enemigos –finalizaron-. Esta es la única vía para reconstruir nuestra nación en su matriz cultural sostenida por nuestros espacios territoriales y políticos, una vez liberados. Debemos romper con las estructuras de poder colonial, insubordinarnos a la cultura winka y sus basuras enajenantes”.

Foto de portada: Agencia UNO

Fuente: La Tinta

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España: Colectivos reclaman aprobación de ley trans en Congreso español

Noticias

Europa/España/21-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

«La Ley Trans no borra derechos, borra privilegios”, declara el partido europeo Anticapitalistas.

La federación de colectivos trans del Estado Español, Plataforma Trans, informó desde su cuenta en Twitter que la activista por los derechos humanos del Colectivo LGTBI, Mar Cambrollé Jurado realizará huelga de hambre, en el caso de no ser aprobada la Ley Trans en menos de un mes.

“Junto con representantes de personas trans y madres de menores trans anuncian huelga de hambre sí en un mes la Ley Trans no se registra en el Congreso español por el Partido Podemos y bloque investidura”, anunció Plataforma Trans en su mensaje digital.

“Queremos luz y taquígrafos en nuestros derechos (…). Nos dejaremos la piel, porque personas trans estamos acostumbradas a poner el cuerpo en primera línea, porque tenemos tanto sufrimiento y golpes en la mochila que ninguno más nos parará, porque no tenemos hipotecas, ni miedo”, puntualiza el mensaje.

Asimismo valoró que “no acceder en igualdad de condiciones a derechos básicos, empleo, salud, educación, identidad, protección de infancias, migrantes, personas no binarias, es inseguridad jurídica”.

Por su parte la Asociación Española de Transexuales (AET Transexualia) expresó en su cuenta en Twitter que pedimos a todos los grupos de la investidura que den un paso al frente por los derechos trans y que registren Ley Trans Estatal rompiendo así la posición de bloqueo llevada a cabo por la vicepresidenta Carmen Calvo”.

La Unión Trans Obrera, indicó que “la oposición a la Ley Trans solo se explica dentro del más bochornoso oportunismo. Oportunismo por parte del PSOE que no es su ley, por eso se explica la oposición de Carmen Calvo. Pero no es el único oportunismo que encontramos”.

“Aprobada la ley, la lucha seguirá, pues seguirá existiendo el capitalismo y aunque las personas trans podamos acceder al empleo, seguiremos viviendo bajo las leyes de explotación”, la Unión Trans Obrera. «Hoy es la comunidad trans, mañana les tocará a otros”, agregó el colectivo.

Por su parte, el partido europeo Anticapitalistas anunció en declaración oficial que “el reconocimiento de los derechos de las personas trans se ha convertido en una batalla central. La Ley Trans no borra derechos, borra privilegios (…). El sistema necesita orden y su orden pasa por negar nuestra diversidad”.

«Tenemos derechos a ser quienes queramos ser (…) sin que necesitemos el visto bueno de un siquiatra o que necesitemos eliminar toda sospecha de engaño o criminalidad»,puntualiza la declaración haciendo referencia a los requisitos exigidos por la legislación española en el momento de realizar cambio de sexo.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colectivos-reclaman-aprobacion-congreso-espanol–20210218-0035.html

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