Este documento, elaborado por el Grupo Sociología de Género (FCS-UDELAR), busca
difundir a la ciudadanía tres puntos sobre las desigualdades de género en el contexto actual, en el marco de la conmemoración de un año más del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.
Lee el comunicado pulsando en: Comunicado grupo para el 8M 2021
Este es el primer artículo escrito por Mónica González –presidenta de la Fundación CIPER– en su rol de encargada del Consultorio Ético de la Fundación Gabo. El texto analiza los desafíos que enfrentan los periodistas para cubrir con rigurosidad temas como la pandemia –y el aumento de la pobreza asociado a ella–, la corrupción y la industria de las noticias falsas. Mónica González liderará este consultorio ético en equipo con la periodista colombiana Yolanda Ruiz.
Vea acá la versión original de este artículo, publicada por la Fundación Gabo.
Si alguien nos hubiera dicho hace un año, en esta misma fecha, que en pocos días entraríamos en un túnel inédito, que durante meses estaríamos confinados, que llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener distancia de los otros se haría obligatorio, que la cifra de muertos provocada por un virus llegaría el 19 de febrero de 2021 a casi 2 millones y medio de personas en el mundo, al tiempo que esta pandemia brutal trituraba en América Latina y el Caribe 2,7 millones de empresas, 8,5 millones de empleos y millones de hogares, lanzando a la pobreza al 37,2% de la población de la región (unos 230 millones de personas), habríamos dicho que era un guion de ciencia ficción.
Tampoco habríamos creído que el trabajo del periodista se haría más complejo y dramático y no solo por la violencia del crimen organizado, o los ataques al periodismo independiente de presidentes con arraigo dictatorial como Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua) o Nicolás Maduro (Venezuela).
No sabíamos que deberíamos enfrentar otras tres pandemias simultáneas: económica, la corrupción, la industria de noticias falsas que invadió nuestros espacios y la crisis política. No sospechábamos que el cuestionamiento a la verdad empírica y a la ciencia se convertiría en arma contra las instituciones y la salud pública, que la proliferación de información falsa nos intoxicaría y la ira de millones se expresaría en las calles desafiando a los estados y la miseria. La democracia crujía. Incluso en Estados Unidos. Cruje aún.
No sabíamos que, a partir del 26 febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso de covid-19 en Brasil, hoy el segundo país del mundo con más víctimas, se iniciaría una etapa de la cual nadie sabe cómo saldremos ni cuándo. Y que el año 2020 y este 2021 marcan un hito en nuestra historia, en la de todos. Hemos navegado durante un año en la oscuridad. La línea de tiempo muestra que el buen periodismo, riguroso y ético es imprescindible.
En ese contexto, los mensajes de periodistas de la región que han llegado a la Fundación Gabo son distintos: apuntan a cómo identificar la desinformación; cómo enfrentar el miedo al virus y a las amenazas de mafias que han ganado poder mientras el Estado retrocede; cómo rastrear corruptos que trafican con vacunas; como identificar empresas que reciben ayudas estatales y que en vez de mantener empleos se meten el dinero al bolsillo; ¿por qué hay opacidad total de cuánto pagan los gobiernos por vacunas? (hasta ahora solo se sabe que EE. UU. pagará casi US$2.000 millones a Pfizer para garantizar la entrega de cerca de 100 millones de dosis).
La palabra verdad se repite en esas consultas, así como el rigor en distintos matices. He aquí algunos ejemplos:
“Desde el punto epistemológico, ¿cuáles son los criterios de verdad que debe usar un periodista?”.
“Cuando uno está haciendo una investigación y consulta a varias fuentes, ¿cómo puedo tener certeza de que son fidedignas?”.
“¿Cuál sería la definición de independencia periodística?”.
“Lo idóneo es que un periodista informe a su interlocutor si va a grabar la conversación. Debe hacerse antes de iniciar la entrevista, sin importar el formato del registro (entrevista telefónica, videollamada, grabadora). ¿Existe alguna recomendación para cumplir con este código de conducta sin que se afecten las respuestas? La mayoría de las veces he visto como tras informar el interlocutor modifica y/o condiciona sus respuestas y comportamiento”.
“¿Qué hacer frente a un editor que quiere imponer titulares engañosos para buscar clics sacrificando la información?”.
No hay desperdicio en esas preguntas. No hay grasa. Hay urgencia por defender la vida y mostrar a tantos héroes anónimos; por la miseria que crece. Hay necesidad de hacer buen periodismo ante la democracia que cruje por estados debilitados, obsoletos y gobiernos que se ven sobrepasados por la crisis. Hay miedo ante muchas formas de violencia.
Hay una matriz común en el telón de fondo que envuelve a los periodistas: la democracia está en peligro. La ira de millones que han tomado conciencia que viven en la región más desigual del mundo se hace sentir. Una fractura los separa de los más ricos y la pandemia la ha hecho visible, narrable. Han sido periodistas los que han salido a buscar las historias, imágenes y nudos que impiden que la situación cambie. Un compromiso ético.
Ese compromiso exige no inventar, no exagerar. Todo está allí en calles, oficinas y pasillos del poder real. Si de rigor se trata, tomemos cifras oficiales. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en diciembre de 2020, estableció que 7 de los 20 países más desiguales del mundo están en América Latina y el Caribe. Una brecha de ingresos, de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Y aunque 72 millones de personas salieron de la pobreza entre 2003 y 2008, la pandemia barrió con su nueva situación, provocando que la cifra de los que viven en situación de pobreza se eleve a unos 230 millones, mientras que otros 16 millones de latinoamericanos han caído a la pobreza extrema (llegando a 83,4 millones) por efectos del covid-19 (Cepal). El estudio de la Cepal concluye que al finalizar 2020 hemos retrocedido 10 años en PIB per cápita y 14 años en niveles de pobreza.
La misma Cepal concluyó que la informalidad laboral en la región alcanza al 53% (unos 158 millones de trabajadores). Una cifra que explica que casi 104 millones de personas vivieran en agosto de 2020 en campamentos o favelas en América Latina, según cifras de la ONG Techo. Carpas y chozas que se han multiplicado y no dejan de crecer, y que han hecho casi imposible en algunas zonas adoptar medidas para impedir la propagación del virus.
Cómo explicar, narrar, retratar, recoger la realidad brutal que viven todas esas familias por los efectos devastadores de haber perdido el empleo o de recibir remuneraciones miserables, sin seguridad social. Había que mostrar quiénes son ese 30% de los estudiantes más vulnerables de educación secundaria que no tiene computador en el hogar y cómo sobreviven esos 80 millones de niños, niñas y adolescentes que ya no reciben una comida caliente al día.
Las más afectadas por los desastrosos efectos de la pandemia han sido las mujeres: 118 millones han caído en situación de pobreza en 2020. El Informe de políticas sobre el impacto en América Latina y el Caribe, de la ONU, además de prever la mayor contracción económica en la región en un siglo, establece que la tasa de pobreza en las mujeres aumentó 9,1% y la participación femenina en el mercado laboral retrocedió una década.
Una realidad de larga data que se desarrollaba frente a nuestros ojos y que hasta inicios de 2020 era invisible. La responsabilidad del periodismo y los medios en ello es innegable.
Lo más duro y estremecedor ha sido asumir otra cifra dura: violaciones y femicidios aumentaron en toda la región entre 20 y 50% durante 2020. Una de cada 3 mujeres está expuesta a sufrir violencia de género.
Al mismo ritmo que se han ido incrementando contagios y muertos por Covid-19, el combate contra la corrupción se diluyó en América Latina. Los datos hablan: en junio de 2020 lo advirtió Americas Society, Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks en su Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción. Evalúa desde la independencia judicial hasta la calidad de la democracia y del periodismo de investigación para calificar qué tan idóneos son los países para combatir los delitos de corrupción y sancionarlos (en escala de 1 a 10). El caso más grave: Brasil.
Una realidad letal (la corrupción mata) que el 28 de enero pasado confirmó Transparencia Internacional: “Una concentración alarmante de poder del Ejecutivo en países como Colombia y El Salvador ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas relacionadas con la pandemia. En todo el continente los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y actualizada sobre datos estadísticos y sanitarios y suministros de emergencia”.
No sorprendió la inclusión en ese informe, como país a “observar con atención”, de Estados Unidos, el más golpeado por la pandemia con más de medio millón de fallecidos: “Las dificultades de la administración (Trump) para supervisar el uso del monto sin precedentes de un billón de dólares asignado a la lucha contra el covid-19 generaron una gran inquietud”.
Y nuevamente el desafío ético para el buen periodismo: identificar las principales razones que impiden atacar la desigualdad. Una de ellas: el 10% más rico captura el 54% de ingresos nacionales en cada país, Un sector para el que, según revista Forbes y la BBC el 2020 fue rentable: los 2.200 multimillonarios del globo terminaron siendo un 20% más ricos, mientras el planeta sufre su peor catástrofe económica en casi un siglo, con una caída del 4% en el PIB mundial.
Se entiende así que el FMI urgiera en la necesidad de aplicar «impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables» para enfrentar la crisis. Una medida clave para el cientista político Francis Fukuyama, quien sostiene que la salud de una democracia moderna es su capacidad para que los más ricos paguen los impuestos que les corresponden, así como la corrupción sin control desestabiliza la gobernabilidad (ver su libro: Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, Barcelona, Ediciones Deusto, 2019). Así lo entendieron los 84 ultra ricos del mundo que firmaron Millonarios por la Humanidad: “que nos aumenten los impuestos inmediatamente, sustancialmente».
Pues bien, esa regla no se cumple en casi todos nuestros países. Y de sus protagonistas y lobistas casi no se habla. Ejecutar lo que piden supone establecer drásticas medidas para combatir evasión y elusión (sin forados en la ley), acabar con el secreto bancario y con exenciones tributarias sin justificación. Para el buen periodismo ello representa un gran desafío ético: sortear primero la barrera que impide obtener información fidedigna y veraz; estudiar muchísimo, cotejar cada cifra, documento; y enfrentar a lobistas importantes: bufetes de abogados, periodistas, congresistas y economistas.
“Los poderosos siempre buscan el control total del gobierno menoscabando el progreso social en favor de su codicia. Contrólelos mediante una democracia efectiva o verá cómo fracasa su país”, advirtió el economista Simon Johnson, exjefe del Departamento de Investigación del FMI y autor del libro The Quiet Coup (The Atlantic, mayo 2009). Acuñó el concepto “golpe de estado silencioso”, que detalla los mecanismos con los que las élites financieras despliegan su influencia y manipulación en políticos y académicos para desmantelar cualquier intento de regulación que desafíe sus intereses. El buen periodismo es parte de ese control y, por lo mismo, objeto de manipulación.
El director de la OMS lo advirtió: estamos luchando contra una pandemia y una “infodemia”. La alarma por la proliferación de información falsa se acrecienta por la amenaza que ella representa para la salud pública y por cómo socava la confianza de los ciudadanos en la democracia.
La ética impone nuevamente ir al fondo del problema. La herramienta masiva más utilizada por la industria de la desinformación han sido las redes sociales. Un sistema controlado por empresas que hoy se ubican en el pódium de las más grandes del mundo: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Microsoft y Facebook (capitalización bursátil de las cinco multinacionales supera los US$5.000 millones). Gran parte de sus ganancias proviene de prácticas monopólicas en el manejo global de datos y de las campañas de desinformación. La investigación sobre Cambridge Analytica grafica el poder alcanzado por la manipulación al recoger información sensible de millones de usuarios de estas redes para luego ser utilizada en información falsa que se les entrega en campañas electorales. Así ocurrió en 2016 para perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton.
La amenaza desestabilizadora de la desinformación ha tenido una respuesta muy débil de la democracia global. En octubre, en plena campaña presidencial estadounidense, Twitter y Facebook limitaron la difusión de un artículo del New York Post que afirmaba que Hunter Biden, hijo del candidato demócrata, organizó una reunión entre su padre, cuando era vicepresidente, y un directivo de una polémica empresa ucraniana de gas. El último paso de Amazon, Apple y Google fue anunciar que han decidido sacar de sus sistemas a la red favorita de los extremistas de derecha: Parler.
Twitter fue más allá: prohibió todos los anuncios políticos pagados y en septiembre anunció que “etiquetará o eliminará información errónea” que busque “socavar la confianza en las elecciones”. Interesante resulta conectar esa información con una más reciente aparecida en el Wall Street Journal (9 de febrero): por segundo año consecutivo Facebook y Amazon superaron en 2020 a todas las demás compañías estadounidenses en gasto de lobby. Facebook, que enfrenta juicios antimonopolios, gastó casi US$20 millones en lobby en 2020 (US$18 millones más que 2019), mientras que Apple Inc informó US$6,7 millones; Google: US$7,5 millones; Microsoft Corp. US$9,4 millones; Oracle Corp. US$8,1 millones y Twitter Inc., US$1,5 millones.
Así describió el poder que concentran esas compañías el periodista chileno y conductor de CNN Chile, Daniel Matamala: “Facebook ya es dueño de WhatsApp e Instagram, y Google, de YouTube. A su lado, los intereses de la United Fruit en Guatemala, los Brown Brothers en Nicaragua o de la ITT en Chile parecen un juego de niños. Los golpes del siglo 20 trataban de controlar el mercado del plátano, el cobre o el petróleo. Los del siglo 21 dependerán de un poder infinitamente mayor: de quién maneja los datos y puede manipular la verdad. Ya tenemos un aviso en Brasil, donde las campañas de mentiras por WhatsApp llevaron al poder a Bolsonaro. Ahora el poder está en unas oficinas de Silicon Valley”.
El nuevo enemigo que enfrenta la democracia no es racional, sino emocional. El estudio hecho en agosto pasado por Claudio Huepe y Claudio Villegas, investigadores del Laboratorio Social Lintwning Lab (SoL- Facultad de Comunicaciones Universidad Católica de Chile), concluyó: “la apelación a creencias o emociones es más importante que la evidencia”. Por ello cobra importancia vital el imperativo ético del buen periodismo para luchar contra las noticias falsas: información veraz, rigurosa y oportuna.
En el estudio de Huepe y Villegas se lee: “La sociedad se fragmenta en comunidades hostiles entre sí, a lo que se suma una desconfianza generalizada en las instituciones. El efecto en la capacidad de generar consensos objetivos que guíen el comportamiento social ha mostrado ser devastador en los países en que se ha medido. Estudios recientes muestran que casi el 40% de los adultos en EE. UU. creen que se exageran los riesgos de la pandemia, que un cuarto cree que fue planificada y menos de la mitad está decidida a vacunarse”.
Llegamos nuevamente a un punto ético clave. Por qué importa contar las historias relevantes con rigor, veracidad y multiplicidad de voces: porque así el periodismo aporta a cambiar la vida de las personas. Y porque, como dijo recientemente el periodista y académico colombiano Germán Rey, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo: “el problema es que los medios no han hecho lo suficiente para ganarse un lugar en la confianza social, que se ha ido deteriorando progresivamente. La libertad de expresión no es un coto cerrado de los medios o de los periodistas. Es una libertad, un derecho y una responsabilidad de toda la sociedad. Pero desde hace unos años ha crecido el vedetismo en los medios. De fiscalizadores, algunos periodistas se creyeron vedettes, figuras. Algo semejante a lo que ha pasado con los futbolistas. Y empezaron a sobarse con el poder, a transformarse en elite, a preocuparse desmedidamente por los honorarios”.
La abogada colombiana Catalina Botero, integrante de la junta de supervisión independiente de Facebook, afirmó este 21 de febrero: “Las redes sociales no son medios de comunicación y no deben ser tratadas como tales”. Y agregó: “Sin medios de comunicación y periodismo de investigación independiente y profesional, la democracia tiene pocas posibilidades de sobrevivir”.
El peligro es real. La intergubernamental internacional IDEA y la estadounidense National Endowment for Democracy lanzaron en julio de 2020 la alarma global ‘Llamado a defender la Democracia’, firmada por más de 500 líderes, acusando a gobiernos, incluso elegidos democráticamente, que en días de crisis acumulan “poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y refuerzan la vigilancia estatal”.
El peligro que enfrenta la democracia en América Latina se plasmó en la declaración que emitió la CIDH el 6 de febrero: “El hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público donde los Estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño; a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación; y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, decisiones y modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos. Un desafío regional que afecta a todos los Estados de las Américas, contamina una parte considerable de sus deliberaciones internas y que pondrá a prueba sus futuros procesos electorales y la fortaleza de sus instituciones.
2021 marca el eje del ciclo electoral decisivo para el futuro del continente y que comenzó en Bolivia en octubre 2020, y termina en 2024: casi todos los países irán a las urnas para elegir presidentes y congresos. En 2021 habrá elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras, Chile y legislativas en Argentina, El Salvador y México.
Las elecciones en nuestros países se harán al tiempo que batallamos con una pandemia que sigue sumando víctimas del virus y la miseria. Y también de la corrupción con el tráfico de vacunas que posterga a los más necesitados. La OMS alertó por la situación catastrófica en Brasil, en particular del Amazonas, que puede provocar implosión del sistema sanitario. «De continuar así, claramente vamos a ver una ola que será peor que la ola catastrófica de abril y mayo», alertó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.
Si la democracia está en peligro, el buen periodismo debe salir con ética, hechos, voces, rostros, rigor e imágenes a informar y ganarse la confianza de los ciudadanos. Informar e iluminar la opacidad cuando la vida está en juego.
Fuente: https://www.ciperchile.cl/2021/03/04/el-motor-etico-del-buen-periodismo-en-la-nueva-batalla-por-la-vida/
Añadió que la detección de esos enfermos indica que ‘los protocolos que se están aplicando en los colegios están funcionado’.
En tanto, desde el Ministerio de Salud la subsecretaria Paula Daza informó el establecimiento de puntos para realizar exámenes de PCR en las afueras de algunos establecimientos educacionales y zonas de aglomeraciones, como parte de un plan de búsqueda activa de casos.
Daza señaló que esa medida es fundamental para detectar con rapidez los casos de Covid-19 y evitar nuevos contagios’.
El inicio del curso escolar en Chile estuvo precedido de una fuerte controversia entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, cuya directiva señaló reiteradamente que no existían condiciones para comenzar las actividades escolares de forma presencial en la fecha, sino más adelante.
Uno de los argumentos del gremio es que dentro de la campaña de vacunación contra la Covid-19 el personal docente no ha recibido la segunda dosis que garantizaría la inmunidad al coronavirus SARS-CoV-2.
Finalmente el ministerio optó por comenzar las clases de forma flexible e híbrida, con clases presenciales donde fuera posible, o a distancia en otros centros y territorios como menos condiciones sanitarias.
También se pronunció al respecto la Asociación Chilena de Municipalidades, que propuso la vuelta a las aulas solo más adelante.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, señaló que la decisión de enviar o no a los niños y adolescentes a la escuela quedaría en manos de las familias, muchas de la cuales optaron, al menos inicialmente, por mantener a sus hijos en casa y recibir las clases de forma telemática.
Quince pasos da Stevens Guerrier hacia su madre para fundirse en un abrazo. Ella lo estruja por toda la espalda, mesurando la delgadez de su retoño y palpando las cicatrices de sus brazos y rostro.
—¿Dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto en venir? —le riñe cariñosamente Nathalie, ahogada en sollozos.
—No sé, tenía ganas de verte —repite el niño de 12 años ruborizado, sin soltarle la mano.
Se acaban de reencontrar después de más de tres años sin verse y sin saber nada uno del otro. Un jueves de mayo del 2017, Nathalie Pierre vendía en el mercado binacional de la frontera de Belladère, entre Haití y República Dominicana, cuando entregó a su pequeño a un hombre dominicano. La promesa de ofrecerle una vida digna en un hogar adoptivo terminó en pesadilla.
“Cuidaba el ganado, me obligaban a hacer muchos trabajos. No querían enviarme a la escuela. Estaba en la miseria. No querían comprarme ropa y dormía en la cocina. Me sentía muy maltratado”, cuenta el menor con la mirada gacha. Malvivió como criado para una familia de Santiago. Aprendió a hablar castellano, pero se niega a utilizarlo debido al trauma.
Stevens Guerrier imaginó cada noche la manera de fugarse de esa prisión. Cada noche pensaba en “volver al regazo” de su madre, explica, pero si sus dueños se hubiesen enterado de que quería escapar, lo habrían detenido. Su situación alertó a un vecino que le ayudó a huir en motocicleta hasta la frontera.
Las autoridades lo hallaron en el mismo cruce del centro del país donde fue abandonado y lo llevaron con la fundación Zanmi Timoun, encargada de acoger a menores supervivientes de trata y reunirlos con sus familias. Tardaron un par de días en encontrar a su madre en una remota comunidad, Capemte, a media hora en coche hacia los arrabales de Belladère. Luego, el par de voluntarios y el niño caminaron más de una hora por un sendero que atraviesa marchitas bananeras labradas por bueyes. Las viviendas de hormigón y varillas desnudas dan paso a chabolas de madera y adobe.
Los obligan a prostituirse, mendigar, y ahora hemos detectado que también para luchar en combates clandestinosJUNIOR NOISETTE, TRABAJADOR DE ZANMI TIMOUN
“Hice lo mejor para llevar a mis hijos a la escuela, pero tenía muchos problemas. No tenía nada para alimentarlos y estuve resignada a entregarlos”, justifica Nathalie. Meses antes de despedirse de Stevens, ya había regalado a su hijo mayor, del que todavía no ha sabido nada. Esta ama de casa de 28 años tuvo que dejar la venta ambulante para cuidar a su marido, enfermo del riñón e incapacitado para trabajar en la cosecha. Comen lo poco que crece en su terraplén. El matrimonio y sus otros cuatro hijos habitan en un cuchitril de unos 15 metros cuadrados de tablones y techo de latón.
La extrema pobreza que azota a una cuarta parte de la población haitiana empuja a miles de familias a abandonar a sus hijos. Una cuarta parte de los cuatro millones de menores en Haití no viven con sus padres biológicos y más de 50.000 cruzan al año ―150 a diario― a República Dominicana, según estimaciones oficiales.
“Allí los obligan a todo tipo de trabajos: prostitución, como lustrabotas, en el campo, mendigando por las calles y recientemente hemos detectado que están siendo utilizados para luchar en combates callejeros con apuestas en Dajabón (ciudad fronteriza dominicana) y en zonas de la costa”, señala Junior Noisette, trabajador de Zanmi Timoun. Han recibido al menos una docena de chicos “con heridas en la cara”, quienes relataron que les habían forzado a pelear por dinero y algunos detallaron que las luchas tenían lugar en la playa. Esta nueva práctica de explotación infantil fue confirmada por la Fundación Lumos y la red Jano Siksé.
Noisette recorre el paso oficial y las trochas ilegales de Belladère, por donde calcula que cruzan de 50 a 100 menores a diario. En agosto interceptaron a una pareja con seis niños de tres a nueve años sin ninguna relación de parentesco. Las familias biológicas admitieron haber pagado a los tratantes de 100 a 200 euros, bajo la promesa de llevarlos a un buen hogar adoptivo.
Un gentío con enormes bultos en la cabeza, carretillas que se abren paso a empujones y vehículos motorizados repletos de plátanos y sillas abarrotan cada lunes y jueves el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el norte del país. Son los días del mercado binacional. A las puertas del puente del río Massacre, varios agentes haitianos (Polifront) blanden sus látigos y ramas para intimidar a la muchedumbre o los sacuden en sus pantorrillas. En el bullicioso trasiego resulta muy complicado identificar a contrabandistas o a menores no acompañados. Pese a ello, la policía halló a dos hermanos abandonados esa mañana del 3 de noviembre, después de que su traficante saliese corriendo al toparse con los patrulleros. El niño de unos seis años y la niña de cuatro aguardan en las oficinas del Instituto de Bienestar Social (IBESR), que rechaza conceder una entrevista solicitada durante un mes.
Los militares dominicanos cobran de 500 a 2.000 pesos (7 a 30 euros) por dejar pasar a traficantes de niñosSYLVESTRE FILS, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE TRATA
Algunos niños deambulan de aquí para allá vendiendo dulces o limpiando zapatos. Un grupo de adolescentes en minifalda y top coquetea con los agentes para evitar hacer la interminable hilera de medio kilómetro. Un joven con un niño también se salta la fila y atraviesa el portón tras un leve saludo de cabeza a un soldado dominicano, ataviado con casco de combate y fusil.
Ninguna autoridad solicita documentación a los viandantes. “No hay ningún control migratorio, por tanto, ninguna posibilidad ni intención de combatir el tráfico infantil o cualquier forma de trata”, asegura Sylvestre Fils, director del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza, creado hace un año como respuesta a la negligencia de ambos países.
Los observadores se mimetizan entre el vaivén de los comerciantes. Han detectado el cobro de sobornos por parte de las Fuerzas Armadas dominicanas para hacer la vista gorda tanto en el cruce de mercancías como de seres humanos. “Los militares no son muy exigentes, piden 500, 1.000, 2.000 pesos (de 7 a 30 euros). Depende de la cantidad de personas que lleve el traficante, pero no hay un monto fijo, es algo muy informal. La red de tráfico funciona permanentemente, por lo que ellos (los contrabandistas) desarrollan una relación con los militares”, asegura Fils.
Por esa turbia frontera, un lunes, ingresó Rachel Saint-Jean. Tiene 15 años. Cuando era niña sus padres la abandonaron y creció en las calles de Cabo Haitiano (norte), donde subsistía con algunas amigas. Su novio la convenció para enviarla a estudiar al país vecino, porque en Haití ya no podía permitirse pagar la Secundaria. Le organizó el viaje para verse con el traficante en Dajabón, ciudad limítrofe con Ouanaminthe.
“El señor [traficante] me llevó a su casa, pero estaba llena de gente. Entonces me mudaron a casa de una mujer con otras chicas. Ella solo quería escogerme hombres para que tuviese una historia de amor y me fuese a sus casas”, relata la adolescente, que todavía usa una cadena, regalo del novio que, al parecer, la vendió a una red de explotación sexual.
—¿Los hombres que te escogían eran blancos?
—Sí, blancos.
Rachel Saint-Jean llegó hasta Santiago y de ahí hacia algún punto de la costa norte, una zona turística, por lo que probablemente esos clientes “blancos” eran extranjeros. En las principales avenidas de los destinos más concurridos es habitual encontrar mujeres haitianas, algunas menores, ofreciendo sus servicios por menos de 10 euros.
“Fuimos [con el traficante] a una fiesta juntos y me puse muy ebria. No sé cómo, no recuerdo qué sucedió. Cuando me levanté… [hace una larga pausa] Vi que se había servido él mismo”, dice literalmente la joven para referirse al abuso sexual. Después de cuatro meses secuestrada logró escapar, o bien, la soltaron por su férrea resistencia a intimar con desconocidos: “No estaba de acuerdo, yo solo quería ir a la escuela. El señor me dijo que me dejaría en la calle si no aceptaba”.
Tras regresar a la frontera de Ouanaminthe, el IBESR trasladó a Rachel al albergue de la congregación San Juan Evangelista, que cada año acoge a medio millar de niños y niñas supervivientes de trata. Su directora, la colombiana Alexandra Bonilla, aterrizó en esos confines de Haití tras el terremoto de enero del 2010. A los pocos días de la catástrofe, la detención de una decena de baptistas estadounidenses que intentaban llevarse a 33 infantes de Puerto Príncipe encendió las alarmas. El entonces primer ministro, Jean-Max Bellerive, aseveró que el tráfico infantil era “uno de los mayores problemas” y reconoció la existencia de “tráfico de órganos para niños”.
La hermana Bonilla levantó en esta década un espacioso centro transitorio, prueba de que el inhumano contrabando persiste. “Desde que estoy aquí no he visto que se haya reducido el tráfico de niños. Se mantiene igual o incluso ha aumentado. (…) El Gobierno no tienen los recursos para atajar este problema y sus causas”, lamenta la monja.
Encabezaremos las adopciones para evitar excesos como la pedofilia y el tráfico de órganosARIELLE VILLEDROUIN, DIRECTORA DEL IBESR
En 2016, Haití era el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. En el último lustro, se han dado algunos pasos para la persecución del delito y la capacitación de funcionarios fronterizos, como evalúa el Departamento de Estado de EE UU en su último informe anual. Sin embargo, subraya que “el Gobierno no asignó fondos suficientes y no implementó procedimientos para la identificación de víctimas”.
En la práctica, parte de los funcionarios del IBESR mantienen una huelga desde hace tiempo, mientras que la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) se quedó en eso, en el nombre, completamente disfuncional sin presupuesto ni oficinas.
El desamparo institucional ha favorecido la consolidación de un vasto entramado de orfanatos que operan como captadores de menores. Tan solo 50 de 750 de estos centros cuentan con licencia para funcionar, según datos oficiales. Un 80% de los más de 32.000 internados no son huérfanos. Para Bonilla, “la mayoría son un negocio y tienen a los niños para atraer donaciones a beneficio de los propietarios”.
Tras el terremoto del 2010, el número de orfanatos se duplicó y, pese a que el Gobierno ha clausurado 150, se siguen abriendo a un ritmo superior, motivados por el ingente lucro que generan. Tan solo un tercio de estas guarderías en Haití recibe unos 60 millones de euros anuales en donaciones, revela un informe de la Fundación Lumos. En contraste, el IBESR, ente nacional para la protección de la infancia, cuenta con un presupuesto de menos de un millón.
El centro Sourire d’Amour es una pocilga. En la entrada hay varios niños de tres a seis años sin pantalones, cubiertos de polvo, sin nada que hacer ni jugar. Las colchonetas de las literas están mugrientas y, muchas, rajadas. Ni hablar de una sábana. Las puertas de los armarios destartaladas dejan ver unas pocas prendas de ropa, seguro insuficientes para los 15 huérfanos. La cochambrosa cocina tan solo cuenta con un asador de carbón y sus estantes están vacíos, al igual que una jaula para guardar la comida. Las empleadas aseguran que la despensa se encuentra almacenada bajo llave en una habitación, pero rehúsan mostrarla.
Su propietaria, Inesse Joseph, pastora de una iglesia con el mismo nombre del orfanato, estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando arrebató de sus familias a 47 chiquillos de comunidades rurales al extremo oeste del país, con la expectativa de que serían adoptados por extranjeros. “¡Demasiadas personas se enriquecen de los pobres! ¡Los encontramos en un estado terrible! ¡Debemos dejar de vender niños!”, vociferó desencajado un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instantes después del rescate de los pequeños, de dos a siete años, a quienes tuvieron que llevar al hospital por su deteriorado estado de salud.
El orfanato sigue funcionando sin acreditación a la salida de Pétion-Ville, el barrio menos desdichado de Puerto Príncipe. En ese mismo distrito, en febrero del pasado año, murieron 15 niños y niñas en el incendio de un orfanato, también irregular, gestionado por un grupo de estadounidenses miembros de la Iglesia de la Comprensión Bíblica, que nos niegan el ingreso a otro de sus centros. El fuego se produjo por alguna de las velas que se usaban para iluminarse, debido a la carencia de electricidad. Las instalaciones no cumplían con los estándares básicos. “Estaban realmente muy descuidadas (…) Todo lo que vemos son niños viviendo como animales”, destacó la jueza del caso sobre un panorama que, a tenor de las imágenes, se asemeja bastante al Sourire d’Amour.
Además, en muchos de los internados “sufren violencia” y en algunos casos “abusos sexuales y muertes evitables”, según el estudio de Lumos, cuya conclusión es que los orfanatos actúan como tratantes. A fin de restringir el tráfico transfronterizo por parte de estos centros, la Administración haitiana endureció los requisitos para la tramitación de adopciones. “Encabezaremos los procesos (de adopción), lo que evita algunos excesos, porque se ha hablado de pedofilia y tráfico de órganos”, mencionó la directora del IBESR, Arielle Jeanty Villedrouin a comienzos del pasado año.
Por la porosa frontera de 370 kilómetros que divide La Española se contrabandean desde animales hasta drogas y armas. Alexis Alphonse camina a diario más de una hora por un prado de Ferrier, a las afueras de Ouanaminthe, para sentarse toda la mañana bajo un sauce próximo al arroyo que separa a Haití de República Dominicana. Tan solo una piedra amarilla indica que se trata de una frontera.
Algunos transeúntes se arremangan los pantalones para vadear el riachuelo sin mojarse. Alexis los anota con una rayita sobre un portapapeles, testigo de dos décadas de cruces irregulares registrados para la Red Fronteriza Janó Siksé, desplegada en decenas de puntos a ambos márgenes.
Los traficantes son el tercer grupo más rico del paísALEXIS ALPHONSE, COORDINADOR RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ
“Los pequeños traficantes pasan por aquí, con niños, sin preocupación. Cuando los paro, incluso se identifican como traficantes. Desconocen que están cometiendo un crimen, que hay una ley que los puede meter en la cárcel”, exclama. Los contrabandistas son a veces familiares de la víctima o conocidos de la comunidad, donde a menudo son vistos como salvadores por, teóricamente, sacar a sus hijos de la penuria. Se considera como otro empleo cualquiera, aunque “los tratantes conforman el tercer grupo más rico del país”, según Alphonse.
Haití tardó hasta 2014 para aprobar una ley contra la trata humana, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel y 14.000 euros de multa. No obstante, la Patrulla Fronteriza (Polifront) apenas detuvo a 51 individuos sospechosos en 31 casos de tráfico desde abril del 2019 hasta el mismo mes del pasado año, según el informe de Washington. Ningún expediente llegó a condena. La justicia haitiana solo ha sentenciado seis casos en 2019 y uno en 2017.
La persecución de la trata infantil tampoco mejora en la otra mitad de la isla. La Fiscalía dominicana aumentó las investigaciones respecto a años anteriores, pero redujo considerablemente las sentencias. Tan solo condenó a cinco acusados. La escasa judicialización se debe en gran medida a la complicidad de las autoridades en las redes de trata, desde funcionarios de la Fiscalía hasta policías, como enfatiza el Departamento de Estado de EE UU, que rebajó la calificación de República Dominicana al nivel de Haití.
Los coloridos atuendos escolares, que por las tardes inundan alegres las polvorientas calles, disfrazan la desgracia para 1 de cada 15 pequeños. Alrededor de 407.000 niños y sobre todo niñas trabajan como empleadas domésticas. Unos 286.000 tienen menos de 15 años.
Los “niños sirvientes” son conocidos como restavek (quedarse con) y suelen provenir de familias humildes de zonas rurales, vendidos o entregados a hogares con mayor poder adquisitivo. En su mayoría no reciben retribución y soportan condiciones inhumanas y maltratos, tal y como denuncia Unicef, que tacha esta práctica como una forma de esclavitud moderna, socialmente tolerada en Haití.
Fue otra de las alternativas que Nathalie se planteó ante la imposibilidad de cuidar a Stevens. “Pensé en dárselo a alguna vecina que lo pudiese mantener, pero aquí somos todos muy pobres. Además, aquí hubiese pasado las mismas dificultades, siempre se cree que con los españoles [como llaman a menudo a los dominicanos] tendrán mejor vida”. Nada más lejos de la realidad.
Haití registra unas 59.000 personas viviendo como esclavas y República Dominicana, 42.000; ambos entre los tres países de Latinoamérica con mayor tasa de esclavitud, solo por detrás de Venezuela, según el Global Slavery Index de 2018, que estima en un 70% la población haitiana en riesgo de sufrir esclavitud.
El primer país de América Latina en independizarse, gracias a la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana, padece todavía los estragos de una multimillonaria multa impuesta por Francia por haber perdido su perla del Caribe, sumado al prolongado bloqueo diplomático y comercial del resto aplicado por el resto de naciones como escarmiento. Haití jamás se repuso del saqueo colonial y del alto precio por su libertad.
“¿Qué otra opción tenía?”, se pregunta a menudo Nathalie. ¿Qué otra opción tenía si quería dar de comer a Stevens y a sus otros cuatro hijos en un país donde la mitad de menores sufre malnutrición? ¿Qué otra opción tenía para que su hijo siguiese estudiando, si apenas dos de cada diez adolescentes pueden cursar Secundaria?
En el lugar más pobre del hemisferio occidental la salvación pasa por arriesgar la vida al azar. El abismo en Haití está a 15 pasos, los que tardó Nathalie en perder de vista a Stevens hace tres años. “Cuando se marchó, cayeron lágrimas de mis ojos. Me arrepentí de inmediato, pero me quedé paralizada. Cuando volví a reaccionar, ya era tarde, había desaparecido entre la muchedumbre. Pensé que jamás lo volvería a ver”. No puede dejar de achuchar a su pequeño para creérselo. 15 pasos entre el milagro y el infierno.
Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-02/trafico-y-esclavitud-los-infernales-destinos-para-la-infancia-de-haiti.html
El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles datos detallados sobre los hechos denunciados por violencia contra las mujeres que, por primera vez, abarcan la que se da también fuera del ámbito de la pareja o expareja. En total, han sido 601.416 las infracciones registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde 2015 hasta 2019, divididos en violencia física, psicológica, sexual y económica. En la inmensa mayoría, un 68%, el agresor era la pareja o expareja de la mujer, constituyendo casos de violencia de género. El resto, casi uno de cada cuatro casos, han sido cometidos por otros familiares (violencia doméstica, que engloba el 12%) u otro tipo de personas como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, desconocidos… Una categoría esta última en la que destacan especialmente los ataques contra la libertad sexual.
Son algunas de las conclusiones del estudio Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019, elaborado por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y dado conocer a las puertas del 8M con el objetivo de «visibilizar un concepto más amplio de la violencia contra la mujer», tal y como señala el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. La base estadística está formada por los llamados «hechos denunciados», que no necesariamente se corresponden con personas ni con denuncias porque en una misma puede haber varias víctimas y varios hechos, han explicado fuentes del ministerio.
La mayor parte de las infracciones violentas contra las mujeres puestas en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este periodo, en concreto un 51% del total, se corresponden con la violencia psicológica, que abarca desde las amenazas a las coacciones o al trato degradante. Le sigue la violencia física (cuatro de cada diez hechos denunciados), la violencia sexual (7%) y la económica (3%). Todas, salvo esta última, han crecido en los últimos años, sobre todo la sexual, que ha escalado un 72% al pasar de los 6.692 hechos denunciados de 2015 a los 11.525 de 2019. La psicológica también ha experimentado un ascenso del 11%.
Sin embargo, las conclusiones más detalladas se arrojan a partir del análisis concreto de las tipologías y cómo se reparte cada una de ellas en las categorías estudiadas: en la violencia de género, en la violencia doméstica –cometida en el ámbito familiar por alguien que no es ni la pareja o expareja de la víctima– o en otro tipo de relación.
La mayor parte de hechos englobados como violencia física, psicológica y económica han sido cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, con porcentajes que van del 71% al 75%. Sin embargo, en la violencia sexual, es justo al revés: el 86% de los ataques a la libertad sexual denunciados por mujeres han sido cometidos por agresores fuera de este marco, o bien otros familiares (un 9%), o amigos, conocidos, vecinos, desconocidos…Casi la mitad, el 48%, han sido cometidos en viviendas o anexos. Destaca en este sentido, la escasez de denuncias de violencia sexual en el ámbito de la violencia de género –solo un 5%–, a pesar de que suele ir acompañada de ella, según señalan víctimas, expertas y organizaciones.
Otra de las conclusiones que resaltan es que en las agresiones sexuales, el grupo de edad más representado es el de las chicas menores, que fueron víctimas en un 40% de los hechos denunciados desde 2015. Sobre todo, son abusos sexuales –que según el Código Penal actual, no requiere violencia ni intimidación– y que constituyen el 53,5% de los casos. En la tipología de agresiones sexuales, con o sin penetración, destacan las mujeres de 18 a 30 años.
El estudio arroja una cifra que contradice los estudios de prevalencia realizados hasta ahora en lo que respecta a menores y violencia sexual: según las denuncias, el 80% se da fuera del ámbito familiar (ni violencia de género ni violencia doméstica), mientras que habitualmente se señala el círculo más cercano de la víctima como el más frecuente. Un estudio reciente de la Fundación Anar, que analizó 6.000 casos de abusos sexuales a la infancia desde 2008, concluyó que más de la mitad, el 58,8%, fueron cometidos por un miembro de la familia del niño o niña. Las diferencias, apuntan fuentes del Ministerio del Interior, pueden deberse, por un lado, a que en este caso las víctimas son únicamente chicas, por otro lado, a la procedencia de los datos. «Los nuestros se basan en denuncias y hechos conocidos por las policías. El origen es diferente y de ahí pueden llegarse a conclusiones distintas», señalan.
Fuente: https://rebelion.org/retrato-de-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-2015-un-68-la-cometen-las-parejas-o-exparejas-y-la-sexual-crecio-un-72/
La demanda de un trabajador social de Hong Kong en China que impugna un libro de texto ampliamente utilizado que llama a la homosexualidad un trastorno mental ha sido rechazada por segunda vez.
Un tribunal chino ha confirmado un fallo de que una descripción de libro de texto de la homosexualidad como “un trastorno psicológico” no era un error de hecho, sino simplemente una “opinión académica”.
La comunidad LGBT china, y la mujer de 24 años que presentó la demanda, han expresado su decepción por la decisión, dictada la semana pasada por el Tribunal Popular Intermedio de Suqian en la provincia oriental de Jiangsu.
Ou Jiayong, quien también usa el nombre Xixi, dijo que la decisión del tribunal sobre lo que constituía un “error de hecho” fue “aleatoria y sin fundamento”.
En 2016, durante su primer año de estudios en la Universidad Agrícola del Sur de China en Guangzhou, provincia de Guangdong, Xixi encontró un libro de texto de psicología que describía ser gay como un trastorno mental.
La edición de 2013 de Educación en salud mental para estudiantes universitarios , publicada por Jinan University Press, enumeró la homosexualidad como “trastornos psicosexuales comunes”, junto con el travestismo y el fetichismo. Afirmó que la homosexualidad “se creía que era una alteración del amor y el sexo o una perversión de la pareja sexual”.
Varias universidades chinas utilizan el libro de texto y a Xixi le preocupaba que perpetuara la creencia de que ser gay estaba mal.
“Quizás este fallo sea para reducir la controversia”, dijo. “Pero también ha permitido que sigan circulando libros de texto que patologizan la homosexualidad, lo cual es una lástima”.
La demanda de Xixi atrajo una oleada de apoyo de la comunidad LGBT de China, que expresó públicamente su decepción por el resultado del caso.
Ah Qiang, portavoz de la organización no gubernamental PFLAG con sede en Guangzhou, un grupo local de apoyo de pares para familias y amigos de la comunidad queer, comparó la descripción de la homosexualidad en los libros de texto con personas que creían que el sol giraba alrededor de la tierra en su inexactitud.
“El editor del libro de texto aparentemente utilizó puntos de vista que no coinciden con la percepción que tiene la sociedad de las minorías sexuales de hoy”, dijo Ah Qiang.
China despenalizó la homosexualidad en 1997 y fue eliminada de una lista de enfermedades mentales en 2001. Pero los homosexuales que son “discordantes consigo mismos” o que se sienten ansiosos o deprimidos debido a su sexualidad todavía figuran en la Clasificación oficial china de trastornos mentales.
La Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental en 1990.
Xixi dijo que si bien había agotado todas las vías legales disponibles para revocar el fallo, todavía queda mucho trabajo por hacer y un largo camino por recorrer para abordar la situación.
“Mi abogado y yo tendremos algunas sesiones de intercambio público, escribiremos notas con otros miembros de la comunidad y veremos si hay algo más que podamos seguir”, dijo.
Fuente: https://notife.com/780172-tribunal-de-china-considera-a-la-homosexualidad-como-un-trastorno-mental/
Un anteproyecto de ley que busca reducir los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá fue presentado al Parlamento del país, que mantiene uno de los índices de gestación precoz más altos de la región.
La propuesta de ley plantea que se combatan estos tres problemas mediante la educación, y surge en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues, instituciones estas que están supervisadas por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
«Estos tres problemas no son de ahora sino de hace mucho tiempo. El caso de la Senniaf los sacó a relucir. El proyecto lo que busca es resolverlos por medio de la educación, que es clave en estos aspectos», explicó a Efe el diputado independiente y proponente del anteproyecto, Gabriel Silva.
Un informe de 700 páginas elaborado por una subcomisión parlamentaria denunció a inicios de febrero pasado que decenas de menores sufrieron abusos sexuales y malos tratos en albergues, muchos de ellos con algún grado de discapacidad, en casos que se remontan a 2015 y que según los testimonios de las víctimas de violación involucran a religiosos y cuidadores e inclusos abortos.
EDUACIÓN, EL ARMA PARA COMBATIR EL PROBLEMA
El anteproyecto de ley del diputado Silva plantea minimizar los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá a través de un plan educativo que se implementará en escuelas públicas y privadas, albergues y centros para jóvenes del sistema penitenciario.
«En Panamá hay un promedio de 29 menores de edad quedan embarazadas todos los días, con sus consecuencias económicas, educativas y de salud. También hay dos problemas más que se intentan resolver, la infecciones de transmisión sexual y los abusos a menores, que van en incremento», añadió Silva.
Panamá arrastra desde hace décadas cifras de embarazos adolescentes que encienden las alarmas internacionales, pues junto con Guatemala y Nicaragua lidera las tasas más elevadas de la región, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En 2019, unas 4.652 niñas entre 10 y 19 años quedaron embarazadas, y en el primer trimestre de 2020 -los últimos datos registrados-, hubieron 2.652, con una media de 29 embarazos diarios, siendo la comarca indígena Ngabe Bugle y la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, las que más afectadas, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá.
En los últimos años se han presentado algunos proyectos para incluir la educación sexual en las escuelas de Panamá, pero han generado debate y afrontado gran oposición de parte de grupos religiosos y que se autodenomina «profamilia», que han impedido su aprobación.
El plan educativo que plantea el anteproyecto «involucra a los padres» que están «invitados al diseño de los cursos de la escuela, etc», dijo Silva, que sostuvo que hay jóvenes que «se merecen esta educación científica, ser protegidos y apoyados».
Así, se propone un «programa educativo científico, contrastando las ciencias naturales, sin ideologías ni interpretación», con el fin de intentar «resolver el problema sin importar qué aspecto religioso o ideológico esté», añadió el diputado.
En Panamá, según detalló, no hay una política de Estado que eduque a los menores en la salud sexual. Esto se reduce a una decisión particular de las escuelas.
«Los niños y niñas no están siendo educados y la consecuencia son estos embarazos precoces, con 12, 13 o 14 años no saben las consecuencias, cómo prevenirlos ni sus derechos, tiene que saber cuidarse y respetarse a si mismo y a lo demás», argumentó Silva.
Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-embarazo-adolescente_proponen-ley-para-combatir-el-embarazo-precoz-y-abuso-de-menores-en-panam%C3%A1/46420428
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