Page 862 of 6195
1 860 861 862 863 864 6.195

Tráfico de personas y esclavitud: los infernales destinos para la infancia de Haití

Stevens tenía nueve años cuando su madre lo entregó a una familia que lo esclavizó como sirviente. Rachel cayó en una red de explotación sexual para turistas. Más de 50.000 niños cruzan cada año hacia la República Dominicana como víctimas del tráfico infantil.

Quince pasos da Stevens Guerrier hacia su madre para fundirse en un abrazo. Ella lo estruja por toda la espalda, mesurando la delgadez de su retoño y palpando las cicatrices de sus brazos y rostro.

Son prácticas largamente denunciadas, pero no resueltas: desde la explotación laboral hasta la prostitución y la servidumbre, miles de menores haitianos han sido vendidos con oscuros propósitos

—¿Dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto en venir? —le riñe cariñosamente Nathalie, ahogada en sollozos.

—No sé, tenía ganas de verte —repite el niño de 12 años ruborizado, sin soltarle la mano.

Se acaban de reencontrar después de más de tres años sin verse y sin saber nada uno del otro. Un jueves de mayo del 2017, Nathalie Pierre vendía en el mercado binacional de la frontera de Belladère, entre Haití y República Dominicana, cuando entregó a su pequeño a un hombre dominicano. La promesa de ofrecerle una vida digna en un hogar adoptivo terminó en pesadilla.

“Cuidaba el ganado, me obligaban a hacer muchos trabajos. No querían enviarme a la escuela. Estaba en la miseria. No querían comprarme ropa y dormía en la cocina. Me sentía muy maltratado”, cuenta el menor con la mirada gacha. Malvivió como criado para una familia de Santiago. Aprendió a hablar castellano, pero se niega a utilizarlo debido al trauma.

Stevens Guerrier imaginó cada noche la manera de fugarse de esa prisión. Cada noche pensaba en “volver al regazo” de su madre, explica, pero si sus dueños se hubiesen enterado de que quería escapar, lo habrían detenido. Su situación alertó a un vecino que le ayudó a huir en motocicleta hasta la frontera.

Las autoridades lo hallaron en el mismo cruce del centro del país donde fue abandonado y lo llevaron con la fundación Zanmi Timoun, encargada de acoger a menores supervivientes de trata y reunirlos con sus familias. Tardaron un par de días en encontrar a su madre en una remota comunidad, Capemte, a media hora en coche hacia los arrabales de Belladère. Luego, el par de voluntarios y el niño caminaron más de una hora por un sendero que atraviesa marchitas bananeras labradas por bueyes. Las viviendas de hormigón y varillas desnudas dan paso a chabolas de madera y adobe.

Los obligan a prostituirse, mendigar, y ahora hemos detectado que también para luchar en combates clandestinos

JUNIOR NOISETTE, TRABAJADOR DE ZANMI TIMOUN

“Hice lo mejor para llevar a mis hijos a la escuela, pero tenía muchos problemas. No tenía nada para alimentarlos y estuve resignada a entregarlos”, justifica Nathalie. Meses antes de despedirse de Stevens, ya había regalado a su hijo mayor, del que todavía no ha sabido nada. Esta ama de casa de 28 años tuvo que dejar la venta ambulante para cuidar a su marido, enfermo del riñón e incapacitado para trabajar en la cosecha. Comen lo poco que crece en su terraplén. El matrimonio y sus otros cuatro hijos habitan en un cuchitril de unos 15 metros cuadrados de tablones y techo de latón.

Jornaleros, mendigos… y luchadores clandestinos

La extrema pobreza que azota a una cuarta parte de la población haitiana empuja a miles de familias a abandonar a sus hijos. Una cuarta parte de los cuatro millones de menores en Haití no viven con sus padres biológicos y más de 50.000 cruzan al año ―150 a diario― a República Dominicana, según estimaciones oficiales.

“Allí los obligan a todo tipo de trabajos: prostitución, como lustrabotas, en el campo, mendigando por las calles y recientemente hemos detectado que están siendo utilizados para luchar en combates callejeros con apuestas en Dajabón (ciudad fronteriza dominicana) y en zonas de la costa”, señala Junior Noisette, trabajador de Zanmi Timoun. Han recibido al menos una docena de chicos “con heridas en la cara”, quienes relataron que les habían forzado a pelear por dinero y algunos detallaron que las luchas tenían lugar en la playa. Esta nueva práctica de explotación infantil fue confirmada por la Fundación Lumos y la red Jano Siksé.

Noisette recorre el paso oficial y las trochas ilegales de Belladère, por donde calcula que cruzan de 50 a 100 menores a diario. En agosto interceptaron a una pareja con seis niños de tres a nueve años sin ninguna relación de parentesco. Las familias biológicas admitieron haber pagado a los tratantes de 100 a 200 euros, bajo la promesa de llevarlos a un buen hogar adoptivo.

El fatal mercado fronterizo

Un gentío con enormes bultos en la cabeza, carretillas que se abren paso a empujones y vehículos motorizados repletos de plátanos y sillas abarrotan cada lunes y jueves el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el norte del país. Son los días del mercado binacional. A las puertas del puente del río Massacre, varios agentes haitianos (Polifront) blanden sus látigos y ramas para intimidar a la muchedumbre o los sacuden en sus pantorrillas. En el bullicioso trasiego resulta muy complicado identificar a contrabandistas o a menores no acompañados. Pese a ello, la policía halló a dos hermanos abandonados esa mañana del 3 de noviembre, después de que su traficante saliese corriendo al toparse con los patrulleros. El niño de unos seis años y la niña de cuatro aguardan en las oficinas del Instituto de Bienestar Social (IBESR), que rechaza conceder una entrevista solicitada durante un mes.

Los militares dominicanos cobran de 500 a 2.000 pesos (7 a 30 euros) por dejar pasar a traficantes de niños

SYLVESTRE FILS, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE TRATA

Algunos niños deambulan de aquí para allá vendiendo dulces o limpiando zapatos. Un grupo de adolescentes en minifalda y top coquetea con los agentes para evitar hacer la interminable hilera de medio kilómetro. Un joven con un niño también se salta la fila y atraviesa el portón tras un leve saludo de cabeza a un soldado dominicano, ataviado con casco de combate y fusil.

Ninguna autoridad solicita documentación a los viandantes. “No hay ningún control migratorio, por tanto, ninguna posibilidad ni intención de combatir el tráfico infantil o cualquier forma de trata”, asegura Sylvestre Fils, director del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza, creado hace un año como respuesta a la negligencia de ambos países.

Los observadores se mimetizan entre el vaivén de los comerciantes. Han detectado el cobro de sobornos por parte de las Fuerzas Armadas dominicanas para hacer la vista gorda tanto en el cruce de mercancías como de seres humanos. “Los militares no son muy exigentes, piden 500, 1.000, 2.000 pesos (de 7 a 30 euros). Depende de la cantidad de personas que lleve el traficante, pero no hay un monto fijo, es algo muy informal. La red de tráfico funciona permanentemente, por lo que ellos (los contrabandistas) desarrollan una relación con los militares”, asegura Fils.

Explotadas para el turismo sexual

Por esa turbia frontera, un lunes, ingresó Rachel Saint-Jean. Tiene 15 años. Cuando era niña sus padres la abandonaron y creció en las calles de Cabo Haitiano (norte), donde subsistía con algunas amigas. Su novio la convenció para enviarla a estudiar al país vecino, porque en Haití ya no podía permitirse pagar la Secundaria. Le organizó el viaje para verse con el traficante en Dajabón, ciudad limítrofe con Ouanaminthe.

“El señor [traficante] me llevó a su casa, pero estaba llena de gente. Entonces me mudaron a casa de una mujer con otras chicas. Ella solo quería escogerme hombres para que tuviese una historia de amor y me fuese a sus casas”, relata la adolescente, que todavía usa una cadena, regalo del novio que, al parecer, la vendió a una red de explotación sexual.

—¿Los hombres que te escogían eran blancos?

—Sí, blancos.

Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.
Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.AITOR SÁEZ

Rachel Saint-Jean llegó hasta Santiago y de ahí hacia algún punto de la costa norte, una zona turística, por lo que probablemente esos clientes “blancos” eran extranjeros. En las principales avenidas de los destinos más concurridos es habitual encontrar mujeres haitianas, algunas menores, ofreciendo sus servicios por menos de 10 euros.

“Fuimos [con el traficante] a una fiesta juntos y me puse muy ebria. No sé cómo, no recuerdo qué sucedió. Cuando me levanté… [hace una larga pausa] Vi que se había servido él mismo”, dice literalmente la joven para referirse al abuso sexual. Después de cuatro meses secuestrada logró escapar, o bien, la soltaron por su férrea resistencia a intimar con desconocidos: “No estaba de acuerdo, yo solo quería ir a la escuela. El señor me dijo que me dejaría en la calle si no aceptaba”.

Sin capacidad para combatir la trata

Tras regresar a la frontera de Ouanaminthe, el IBESR trasladó a Rachel al albergue de la congregación San Juan Evangelista, que cada año acoge a medio millar de niños y niñas supervivientes de trata. Su directora, la colombiana Alexandra Bonilla, aterrizó en esos confines de Haití tras el terremoto de enero del 2010. A los pocos días de la catástrofe, la detención de una decena de baptistas estadounidenses que intentaban llevarse a 33 infantes de Puerto Príncipe encendió las alarmas. El entonces primer ministro, Jean-Max Bellerive, aseveró que el tráfico infantil era “uno de los mayores problemas” y reconoció la existencia de “tráfico de órganos para niños”.

La hermana Bonilla levantó en esta década un espacioso centro transitorio, prueba de que el inhumano contrabando persiste. “Desde que estoy aquí no he visto que se haya reducido el tráfico de niños. Se mantiene igual o incluso ha aumentado. (…) El Gobierno no tienen los recursos para atajar este problema y sus causas”, lamenta la monja.

Encabezaremos las adopciones para evitar excesos como la pedofilia y el tráfico de órganos

ARIELLE VILLEDROUIN, DIRECTORA DEL IBESR

En 2016, Haití era el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. En el último lustro, se han dado algunos pasos para la persecución del delito y la capacitación de funcionarios fronterizos, como evalúa el Departamento de Estado de EE UU en su último informe anual. Sin embargo, subraya que “el Gobierno no asignó fondos suficientes y no implementó procedimientos para la identificación de víctimas”.

En la práctica, parte de los funcionarios del IBESR mantienen una huelga desde hace tiempo, mientras que la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) se quedó en eso, en el nombre, completamente disfuncional sin presupuesto ni oficinas.

Los orfanatos, primer eslabón del tráfico infantil

El desamparo institucional ha favorecido la consolidación de un vasto entramado de orfanatos que operan como captadores de menores. Tan solo 50 de 750 de estos centros cuentan con licencia para funcionar, según datos oficiales. Un 80% de los más de 32.000 internados no son huérfanos. Para Bonilla, “la mayoría son un negocio y tienen a los niños para atraer donaciones a beneficio de los propietarios”.

Tras el terremoto del 2010, el número de orfanatos se duplicó y, pese a que el Gobierno ha clausurado 150, se siguen abriendo a un ritmo superior, motivados por el ingente lucro que generan. Tan solo un tercio de estas guarderías en Haití recibe unos 60 millones de euros anuales en donaciones, revela un informe de la Fundación Lumos. En contraste, el IBESR, ente nacional para la protección de la infancia, cuenta con un presupuesto de menos de un millón.

El centro Sourire d’Amour es una pocilga. En la entrada hay varios niños de tres a seis años sin pantalones, cubiertos de polvo, sin nada que hacer ni jugar. Las colchonetas de las literas están mugrientas y, muchas, rajadas. Ni hablar de una sábana. Las puertas de los armarios destartaladas dejan ver unas pocas prendas de ropa, seguro insuficientes para los 15 huérfanos. La cochambrosa cocina tan solo cuenta con un asador de carbón y sus estantes están vacíos, al igual que una jaula para guardar la comida. Las empleadas aseguran que la despensa se encuentra almacenada bajo llave en una habitación, pero rehúsan mostrarla.

La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.
La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería. AITOR SÁEZ

Su propietaria, Inesse Joseph, pastora de una iglesia con el mismo nombre del orfanato, estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando arrebató de sus familias a 47 chiquillos de comunidades rurales al extremo oeste del país, con la expectativa de que serían adoptados por extranjeros. “¡Demasiadas personas se enriquecen de los pobres! ¡Los encontramos en un estado terrible! ¡Debemos dejar de vender niños!”, vociferó desencajado un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instantes después del rescate de los pequeños, de dos a siete años, a quienes tuvieron que llevar al hospital por su deteriorado estado de salud.

El orfanato sigue funcionando sin acreditación a la salida de Pétion-Ville, el barrio menos desdichado de Puerto Príncipe. En ese mismo distrito, en febrero del pasado año, murieron 15 niños y niñas en el incendio de un orfanato, también irregular, gestionado por un grupo de estadounidenses miembros de la Iglesia de la Comprensión Bíblica, que nos niegan el ingreso a otro de sus centros. El fuego se produjo por alguna de las velas que se usaban para iluminarse, debido a la carencia de electricidad. Las instalaciones no cumplían con los estándares básicos. “Estaban realmente muy descuidadas (…) Todo lo que vemos son niños viviendo como animales”, destacó la jueza del caso sobre un panorama que, a tenor de las imágenes, se asemeja bastante al Sourire d’Amour.

Además, en muchos de los internados “sufren violencia” y en algunos casos “abusos sexuales y muertes evitables”, según el estudio de Lumos, cuya conclusión es que los orfanatos actúan como tratantes. A fin de restringir el tráfico transfronterizo por parte de estos centros, la Administración haitiana endureció los requisitos para la tramitación de adopciones. “Encabezaremos los procesos (de adopción), lo que evita algunos excesos, porque se ha hablado de pedofilia y tráfico de órganos”, mencionó la directora del IBESR, Arielle Jeanty Villedrouin a comienzos del pasado año.

Impunidad criminal

Por la porosa frontera de 370 kilómetros que divide La Española se contrabandean desde animales hasta drogas y armas. Alexis Alphonse camina a diario más de una hora por un prado de Ferrier, a las afueras de Ouanaminthe, para sentarse toda la mañana bajo un sauce próximo al arroyo que separa a Haití de República Dominicana. Tan solo una piedra amarilla indica que se trata de una frontera.

Algunos transeúntes se arremangan los pantalones para vadear el riachuelo sin mojarse. Alexis los anota con una rayita sobre un portapapeles, testigo de dos décadas de cruces irregulares registrados para la Red Fronteriza Janó Siksé, desplegada en decenas de puntos a ambos márgenes.

Los traficantes son el tercer grupo más rico del país

ALEXIS ALPHONSE, COORDINADOR RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ

“Los pequeños traficantes pasan por aquí, con niños, sin preocupación. Cuando los paro, incluso se identifican como traficantes. Desconocen que están cometiendo un crimen, que hay una ley que los puede meter en la cárcel”, exclama. Los contrabandistas son a veces familiares de la víctima o conocidos de la comunidad, donde a menudo son vistos como salvadores por, teóricamente, sacar a sus hijos de la penuria. Se considera como otro empleo cualquiera, aunque “los tratantes conforman el tercer grupo más rico del país”, según Alphonse.

Haití tardó hasta 2014 para aprobar una ley contra la trata humana, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel y 14.000 euros de multa. No obstante, la Patrulla Fronteriza (Polifront) apenas detuvo a 51 individuos sospechosos en 31 casos de tráfico desde abril del 2019 hasta el mismo mes del pasado año, según el informe de Washington. Ningún expediente llegó a condena. La justicia haitiana solo ha sentenciado seis casos en 2019 y uno en 2017.

La persecución de la trata infantil tampoco mejora en la otra mitad de la isla. La Fiscalía dominicana aumentó las investigaciones respecto a años anteriores, pero redujo considerablemente las sentencias. Tan solo condenó a cinco acusados. La escasa judicialización se debe en gran medida a la complicidad de las autoridades en las redes de trata, desde funcionarios de la Fiscalía hasta policías, como enfatiza el Departamento de Estado de EE UU, que rebajó la calificación de República Dominicana al nivel de Haití.

Servidumbre, la extendida forma de esclavitud infantil

Los coloridos atuendos escolares, que por las tardes inundan alegres las polvorientas calles, disfrazan la desgracia para 1 de cada 15 pequeños. Alrededor de 407.000 niños y sobre todo niñas trabajan como empleadas domésticas. Unos 286.000 tienen menos de 15 años.

Los “niños sirvientes” son conocidos como restavek (quedarse con) y suelen provenir de familias humildes de zonas rurales, vendidos o entregados a hogares con mayor poder adquisitivo. En su mayoría no reciben retribución y soportan condiciones inhumanas y maltratos, tal y como denuncia Unicef, que tacha esta práctica como una forma de esclavitud moderna, socialmente tolerada en Haití.

Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.
Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. AITOR SÁEZ

Fue otra de las alternativas que Nathalie se planteó ante la imposibilidad de cuidar a Stevens. “Pensé en dárselo a alguna vecina que lo pudiese mantener, pero aquí somos todos muy pobres. Además, aquí hubiese pasado las mismas dificultades, siempre se cree que con los españoles [como llaman a menudo a los dominicanos] tendrán mejor vida”. Nada más lejos de la realidad.

Haití registra unas 59.000 personas viviendo como esclavas y República Dominicana, 42.000; ambos entre los tres países de Latinoamérica con mayor tasa de esclavitud, solo por detrás de Venezuela, según el Global Slavery Index de 2018, que estima en un 70% la población haitiana en riesgo de sufrir esclavitud.

El primer país de América Latina en independizarse, gracias a la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana, padece todavía los estragos de una multimillonaria multa impuesta por Francia por haber perdido su perla del Caribe, sumado al prolongado bloqueo diplomático y comercial del resto aplicado por el resto de naciones como escarmiento. Haití jamás se repuso del saqueo colonial y del alto precio por su libertad.

“¿Qué otra opción tenía?”, se pregunta a menudo Nathalie. ¿Qué otra opción tenía si quería dar de comer a Stevens y a sus otros cuatro hijos en un país donde la mitad de menores sufre malnutrición? ¿Qué otra opción tenía para que su hijo siguiese estudiando, si apenas dos de cada diez adolescentes pueden cursar Secundaria?

En el lugar más pobre del hemisferio occidental la salvación pasa por arriesgar la vida al azar. El abismo en Haití está a 15 pasos, los que tardó Nathalie en perder de vista a Stevens hace tres años. “Cuando se marchó, cayeron lágrimas de mis ojos. Me arrepentí de inmediato, pero me quedé paralizada. Cuando volví a reaccionar, ya era tarde, había desaparecido entre la muchedumbre. Pensé que jamás lo volvería a ver”. No puede dejar de achuchar a su pequeño para creérselo. 15 pasos entre el milagro y el infierno.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-02/trafico-y-esclavitud-los-infernales-destinos-para-la-infancia-de-haiti.html

 

Comparte este contenido:

España: Retrato de la violencia contra las mujeres desde 2015: un 68% la cometen las parejas o exparejas y la sexual creció un 72%

El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles datos detallados sobre los hechos denunciados por violencia contra las mujeres que, por primera vez, abarcan la que se da también fuera del ámbito de la pareja o expareja. En total, han sido 601.416 las infracciones registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde 2015 hasta 2019, divididos en violencia física, psicológica, sexual y económica. En la inmensa mayoría, un 68%, el agresor era la pareja o expareja de la mujer, constituyendo casos de violencia de género. El resto, casi uno de cada cuatro casos, han sido cometidos por otros familiares (violencia doméstica, que engloba el 12%) u otro tipo de personas como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, desconocidos… Una categoría esta última en la que destacan especialmente los ataques contra la libertad sexual.

Son algunas de las conclusiones del estudio Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019, elaborado por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y dado conocer a las puertas del 8M con el objetivo de «visibilizar un concepto más amplio de la violencia contra la mujer», tal y como señala el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. La base estadística está formada por los llamados «hechos denunciados», que no necesariamente se corresponden con personas ni con denuncias porque en una misma puede haber varias víctimas y varios hechos, han explicado fuentes del ministerio.

La mayor parte de las infracciones violentas contra las mujeres puestas en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este periodo, en concreto un 51% del total, se corresponden con la violencia psicológica, que abarca desde las amenazas a las coacciones o al trato degradante. Le sigue la violencia física (cuatro de cada diez hechos denunciados), la violencia sexual (7%) y la económica (3%). Todas, salvo esta última, han crecido en los últimos años, sobre todo la sexual, que ha escalado un 72% al pasar de los 6.692 hechos denunciados de 2015 a los 11.525 de 2019. La psicológica también ha experimentado un ascenso del 11%.

Sin embargo, las conclusiones más detalladas se arrojan a partir del análisis concreto de las tipologías y cómo se reparte cada una de ellas en las categorías estudiadas: en la violencia de género, en la violencia doméstica –cometida en el ámbito familiar por alguien que no es ni la pareja o expareja de la víctima– o en otro tipo de relación.

Las menores, víctimas en el 40% de ataques sexuales

La mayor parte de hechos englobados como violencia física, psicológica y económica han sido cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, con porcentajes que van del 71% al 75%. Sin embargo, en la violencia sexual, es justo al revés: el 86% de los ataques a la libertad sexual denunciados por mujeres han sido cometidos por agresores fuera de este marco, o bien otros familiares (un 9%), o amigos, conocidos, vecinos, desconocidos…Casi la mitad, el 48%, han sido cometidos en viviendas o anexos. Destaca en este sentido, la escasez de denuncias de violencia sexual en el ámbito de la violencia de género –solo un 5%–, a pesar de que suele ir acompañada de ella, según señalan víctimas, expertas y organizaciones.

Otra de las conclusiones que resaltan es que en las agresiones sexuales, el grupo de edad más representado es el de las chicas menores, que fueron víctimas en un 40% de los hechos denunciados desde 2015. Sobre todo, son abusos sexuales –que según el Código Penal actual, no requiere violencia ni intimidación– y que constituyen el 53,5% de los casos. En la tipología de agresiones sexuales, con o sin penetración, destacan las mujeres de 18 a 30 años.

El estudio arroja una cifra que contradice los estudios de prevalencia realizados hasta ahora en lo que respecta a menores y violencia sexual: según las denuncias, el 80% se da fuera del ámbito familiar (ni violencia de género ni violencia doméstica), mientras que habitualmente se señala el círculo más cercano de la víctima como el más frecuente. Un estudio reciente de la Fundación Anar, que analizó 6.000 casos de abusos sexuales a la infancia desde 2008, concluyó que más de la mitad, el 58,8%, fueron cometidos por un miembro de la familia del niño o niña. Las diferencias, apuntan fuentes del Ministerio del Interior, pueden deberse, por un lado, a que en este caso las víctimas son únicamente chicas, por otro lado, a la procedencia de los datos. «Los nuestros se basan en denuncias y hechos conocidos por las policías. El origen es diferente y de ahí pueden llegarse a conclusiones distintas», señalan.

Fuente: https://rebelion.org/retrato-de-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-2015-un-68-la-cometen-las-parejas-o-exparejas-y-la-sexual-crecio-un-72/

Comparte este contenido:

Tribunal de China considera a la homosexualidad como un “trastorno mental”

La demanda de un trabajador social de Hong Kong en China que impugna un libro de texto ampliamente utilizado que llama a la homosexualidad un trastorno mental ha sido rechazada por segunda vez.

Un tribunal chino ha confirmado un fallo de que una descripción de libro de texto de la homosexualidad como “un trastorno psicológico” no era un error de hecho, sino simplemente una “opinión académica”.
 
La comunidad LGBT china, y la mujer de 24 años que presentó la demanda, han expresado su decepción por la decisión, dictada la semana pasada por el Tribunal Popular Intermedio de Suqian en la provincia oriental de Jiangsu.
 
Ou Jiayong, quien también usa el nombre Xixi, dijo que la decisión del tribunal sobre lo que constituía un “error de hecho” fue “aleatoria y sin fundamento”. 
 
En 2016, durante su primer año de estudios en la Universidad Agrícola del Sur de China en Guangzhou, provincia de Guangdong, Xixi encontró un libro de texto de psicología que describía ser gay como un trastorno mental.

Xixi y sus amigos protestaron contra el libro de texto frente a la oficina de su editor en Guangzhou, provincia de Guangdong en julio de 2016.
Xixi y sus amigos protestaron contra el libro de texto frente a la oficina de su editor en Guangzhou, provincia de Guangdong en julio de 2016.

 
La edición de 2013 de Educación en salud mental para estudiantes universitarios , publicada por Jinan University Press, enumeró la homosexualidad como “trastornos psicosexuales comunes”, junto con el travestismo y el fetichismo. Afirmó que la homosexualidad “se creía que era una alteración del amor y el sexo o una perversión de la pareja sexual”.
 
Varias universidades chinas utilizan el libro de texto y a Xixi le preocupaba que perpetuara la creencia de que ser gay estaba mal.

FILTRARON AUDIOS RACISTAS Y HOMOFÓBICOS DE MISS MÉXICO

En 2017, Xixi demandó al editor del libro de texto y al minorista en línea. JD.com  que lo almacena, exigiendo que elimine la referencia y se disculpe públicamente. Ella dijo que el libro era un “trabajo de mala calidad”, ya que la declaración era incorrecta, sin una base científica que lo respaldara.

A fines del año pasado, el Tribunal Popular del Distrito de Suyu en Suqian falló a favor de la editorial, diciendo que las opiniones opuestas de Xixi y el editor se debían a diferencias de opinión más que a un error de hecho.

En noviembre, Xixi, ahora trabajadora social en Hong Kong, apeló contra el fallo, pero no fue suficiente para influir en el tribunal de apelaciones, que la semana pasada dictó su decisión de mantener el fallo anterior.

“El editor del libro de texto aparentemente utilizó puntos de vista que no coinciden con la percepción que tiene la sociedad de las minorías sexuales en la actualidad”

Dijo que creía que la evidencia que había proporcionado era suficiente para probar que la descripción de la homosexualidad como un trastorno mental era incorrecta.

 
“Quizás este fallo sea para reducir la controversia”, dijo. “Pero también ha permitido que sigan circulando libros de texto que patologizan la homosexualidad, lo cual es una lástima”.
 
La demanda de Xixi atrajo una oleada de apoyo de la comunidad LGBT de China, que expresó públicamente su decepción por el resultado del caso.

China despenalizó la homosexualidad en 1997 y fue eliminada de una lista de trastornos mentales en 2001. Pero en 2021, un tribunal confirmó un fallo de que un libro de texto que califica a la homosexualidad como un trastorno mental no es incorrecto.
China despenalizó la homosexualidad en 1997 y fue eliminada de una lista de trastornos mentales en 2001. Pero en 2021, un tribunal confirmó un fallo de que un libro de texto que califica a la homosexualidad como un trastorno mental no es incorrecto.

Ah Qiang, portavoz de la organización no gubernamental PFLAG con sede en Guangzhou, un grupo local de apoyo de pares para familias y amigos de la comunidad queer, comparó la descripción de la homosexualidad en los libros de texto con personas que creían que el sol giraba alrededor de la tierra en su inexactitud.
 
“El editor del libro de texto aparentemente utilizó puntos de vista que no coinciden con la percepción que tiene la sociedad de las minorías sexuales de hoy”, dijo Ah Qiang.
 
China despenalizó la homosexualidad en 1997 y fue eliminada de una lista de enfermedades mentales en 2001. Pero los homosexuales que son “discordantes consigo mismos” o que se sienten ansiosos o deprimidos debido a su sexualidad todavía figuran en la Clasificación oficial china de trastornos mentales.

La Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental en 1990.
 
Xixi dijo que si bien había agotado todas las vías legales disponibles para revocar el fallo, todavía queda mucho trabajo por hacer y un largo camino por recorrer para abordar la situación.

“Mi abogado y yo tendremos algunas sesiones de intercambio público, escribiremos notas con otros miembros de la comunidad y veremos si hay algo más que podamos seguir”, dijo.

Fuente: https://notife.com/780172-tribunal-de-china-considera-a-la-homosexualidad-como-un-trastorno-mental/

 

Comparte este contenido:

Proponen ley para combatir el embarazo precoz y abuso de menores en Panamá

Un anteproyecto de ley que busca reducir los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá fue presentado al Parlamento del país, que mantiene uno de los índices de gestación precoz más altos de la región.

La propuesta de ley plantea que se combatan estos tres problemas mediante la educación, y surge en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues, instituciones estas que están supervisadas por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

«Estos tres problemas no son de ahora sino de hace mucho tiempo. El caso de la Senniaf los sacó a relucir. El proyecto lo que busca es resolverlos por medio de la educación, que es clave en estos aspectos», explicó a Efe el diputado independiente y proponente del anteproyecto, Gabriel Silva.

Un informe de 700 páginas elaborado por una subcomisión parlamentaria denunció a inicios de febrero pasado que decenas de menores sufrieron abusos sexuales y malos tratos en albergues, muchos de ellos con algún grado de discapacidad, en casos que se remontan a 2015 y que según los testimonios de las víctimas de violación involucran a religiosos y cuidadores e inclusos abortos.

EDUACIÓN, EL ARMA PARA COMBATIR EL PROBLEMA

El anteproyecto de ley del diputado Silva plantea minimizar los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá a través de un plan educativo que se implementará en escuelas públicas y privadas, albergues y centros para jóvenes del sistema penitenciario.

«En Panamá hay un promedio de 29 menores de edad quedan embarazadas todos los días, con sus consecuencias económicas, educativas y de salud. También hay dos problemas más que se intentan resolver, la infecciones de transmisión sexual y los abusos a menores, que van en incremento», añadió Silva.

Panamá arrastra desde hace décadas cifras de embarazos adolescentes que encienden las alarmas internacionales, pues junto con Guatemala y Nicaragua lidera las tasas más elevadas de la región, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En 2019, unas 4.652 niñas entre 10 y 19 años quedaron embarazadas, y en el primer trimestre de 2020 -los últimos datos registrados-, hubieron 2.652, con una media de 29 embarazos diarios, siendo la comarca indígena Ngabe Bugle y la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, las que más afectadas, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá.

En los últimos años se han presentado algunos proyectos para incluir la educación sexual en las escuelas de Panamá, pero han generado debate y afrontado gran oposición de parte de grupos religiosos y que se autodenomina «profamilia», que han impedido su aprobación.

El plan educativo que plantea el anteproyecto «involucra a los padres» que están «invitados al diseño de los cursos de la escuela, etc», dijo Silva, que sostuvo que hay jóvenes que «se merecen esta educación científica, ser protegidos y apoyados».

Así, se propone un «programa educativo científico, contrastando las ciencias naturales, sin ideologías ni interpretación», con el fin de intentar «resolver el problema sin importar qué aspecto religioso o ideológico esté», añadió el diputado.

En Panamá, según detalló, no hay una política de Estado que eduque a los menores en la salud sexual. Esto se reduce a una decisión particular de las escuelas.

«Los niños y niñas no están siendo educados y la consecuencia son estos embarazos precoces, con 12, 13 o 14 años no saben las consecuencias, cómo prevenirlos ni sus derechos, tiene que saber cuidarse y respetarse a si mismo y a lo demás», argumentó Silva.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-embarazo-adolescente_proponen-ley-para-combatir-el-embarazo-precoz-y-abuso-de-menores-en-panam%C3%A1/46420428

Comparte este contenido:

De 2020 a 2021: Educación en el contexto de pandemia y derechos digitales. CLADE

Según Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, con el contexto de pandemia y el cierre de las escuelas, hubo en la región la demanda más rápida y amplia ya vista de tecnologías para la enseñanza a distancia y también para la comunicación entre estudiantes y docentes, lo que ha generado una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes: con posibilidades de acceso y conectividad y acompañamiento de sus familias en casa; con posibilidades de acceso y conectividad, no de acompañamiento; con poco acceso y conectividad y sin acompañamiento; sin acceso, sin conectividad (comunidades indígenas y rurales).

“Los Estados al no estar preparados para este paso a la virtualidad generaron alianzas con grandes compañías como Zoom, Facebook, Google for Education, YouTube, entre otras. Estas organizaciones inversoras en educación se aproximan al Estado como si brindaran un servicio filantrópico. El Estado le abre las puertas y le facilita la base de datos de prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, o sea lo primero que entregó el Estado son los datos de los profesores y profesoras, de los y las estudiantes y de las familias”, destacó Nelsy Lizarazo durante el lanzamiento de la Campaña Mil Millones de Voces por la Educación.

>> Lee nuestro especial temático – Capitulo 4: Educación en el contexto de pandemia y derechos digitales

El derecho a la privacidad


Otra cuestión que trajo a debate la demanda por nuevas tecnologías es el derecho a la privacidad. Fernanda Campagnucci, en su artículo “Tras la pandemia: La encrucijada de derechos digitales en la educación” analiza que, al mismo tiempo en que es necesario reafirmar el derecho y contener retrocesos acerca de la privacidad, también es necesario abogar por el rescate de la noción de datos públicos como un bien común.

“La realización de esta idea depende de una gobernanza pública de la infraestructura digital, en la que el Estado se coloque como garante de estos derechos digitales”, dice en su artículo.

Diversos usos del software libre
Falta de condiciones dignas de trabajo
a los y las docentes

Falta de contrato fijo, más de un empleador, trabajo pago por horas, inestabilidad y sobrecarga laboral, baja salarial. Estos son algunos de los retos que los y las docentes en América Latina y el Caribe ya venían enfrentando y con la pandemia se profundizaron.

Omar Orlando Pulido Chaves, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, en su artículo “En tiempo de pandemia: precarización de la labor docente”, afirma que el acto pedagógico, la materialización del trabajo docente, se vio fuertemente impactado por la educación a distancia, pues la premura generada por la emergencia limitó el alcance de la “virtualidad”.

Añadió que, con la educación a distancia se profundizó la segmentación educativa. “En algunos casos no se tenía acceso al computador y en otros al celular o al plan de datos. En otros casos se tuvo que trabajar con guías físicas que había que hacer llegar a los estudiantes como fuera. Las condiciones materiales ofrecidas por la escuela para el trabajo de los maestros, una de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la educación, se trasladaron al cuerpo docente: tuvo que usar sus equipos, la electricidad de sus casas, y pagar los planes de datos. A esto se agregan la desaparición de la jornada laboral, la sobrecarga, el desdibujamiento del fin de semana y del tiempo de descanso”.

Para Jesús Juárez, da la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), es fundamental que haya una “actualización sistemática, continua y permanente de los docentes no solamente en competencias digitales, sino también para adaptar las estrategias educativas a los nuevos escenarios que se han producido con la pandemia, en los diversos contextos sociales”.

Fuente: CLADE

Comparte este contenido:

Conversatorio: MUJERES EN RESISTENCIA Transformando el mundo desde la educación, la ciencia y la defensa de la tierra

América del Norte/México/06-03-2021/Autor(a) y Fuente: ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

Conmemorando el Día Internacional de la Mujer Proletaria la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE invita a la sociedad en general a participar en el Conversatorio: «MUJERES EN RESISTENCIA. Transformando el mundo desde la educación, la ciencia y la defensa de la tierra».

Con la participación de las compañeras:

Tania Cruz
MUTRAM A.C. Mujeres Transformando Mundos
Estado de México

Erika Candelaria
Profesora Investigadora. Educación Indígena.
Oaxaca

Helda Morales
Bióloga Investigadora del ECOSUR y Fundadora de la Red Internacional de Huertos Escolares.
Guatemala

Mikeas Sánchez
Poeta, narradora, escritora, productora de radio, traductora, docente y defensora del territorio Zoque.
Chiapas

A llevarse a cabo el día viernes 12 de marzo de 2021 a las 17:00 horas, transmisión vía Facebook Live a través de la página: Asamblea Estatal Democrática Sección 40.

Por una educación crítica, humanista, científica y popular
Unidos y organizados ¡venceremos!

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

En unidad, resistencia y transformación política-pedagógica.

Fuente e Imagen: ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

Comparte este contenido:

Mundo: La respuesta al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres

Los impactos de la pandemia de COVID-19 han aumentado de manera dramática la inseguridad alimentaria (PDF, en inglés) en los países más pobres y vulnerables que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. ¿Qué significa esto para el tipo de apoyo que necesitan estos países y qué está haciendo la AIF para abordar esta crisis emergente?

En primer lugar, es importante entender la escala de este aumento de la inseguridad alimentaria y lo que está en juego.

Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas cayeron en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 en 54 países de la AIF. Si se suman los 137 millones que ya sufrían inseguridad alimentaria aguda a fines de 2019 en esos países, el total llega a 233 millones de personas a finales de 2020. Las personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren especial riesgo. Las proyecciones del Banco Mundial (basadas en la aplicación de los resultados de un modelo estocástico para predecir la inseguridad alimentaria [i]) indican que esta cifra podría aumentar aún más, hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.

Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda haga retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna e infantil.  El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital humano y productividad económica en el futuro.

En segundo lugar, es fundamental comprender las raíces de la crisis alimentaria provocada por la COVID-19.

A diferencia de la crisis alimentaria de 2008, impulsada por perturbaciones en los mercados mundiales, la actual crisis es fomentada por alteraciones en los mercados locales de trabajo y de productos. Las grandes pérdidas de ingresos y remesas han reducido la capacidad de los hogares urbanos y rurales de comprar alimentos.  Además, las interrupciones del suministro a los mercados locales han disminuido la disponibilidad de alimentos y han aumentado los precios de los alimentos locales.

Las economías que dependen de las importaciones enfrentan dificultades adicionales debido a que las depreciaciones monetarias han elevado el costo de los alimentos y otras importaciones esenciales.  Las alteraciones del suministro incluyen: las restricciones a la circulación que impiden el comercio de alimentos, el cierre de ‘mercados húmedos’, la menor disponibilidad de mano de obra, la falta de liquidez (especialmente para los grandes comerciantes de alimentos), el cierre de empresas informales así como de microempresas y pymes frágiles (que dominan las cadenas de valor agrícolas en la mayoría de los países de la AIF), y el acceso limitado a insumos agrícolas para la producción de la próxima temporada. Como resultado de estas interrupciones del suministro, la inflación de los precios de los alimentos en los países de la AIF aumentó significativamente y más rápido que la inflación general, afectando en particular el precio de los alimentos perecederos y de mayor valor nutritivo en comparación con los cereales.

Estos impactos se suman a las múltiples causas subyacentes de la tendencia al alza del hambre en el mundo desde 2014 (PDF) observada antes de la pandemia de COVID-19. Esta tendencia ha sido considerablemente más pronunciada y comenzó antes en los países de la AIF que en el resto del mundo.

Las causas de fondo del aumento a largo plazo del hambre incluyen el clima, los conflictos, las enfermedades zoonóticas y las plagas, así como las crisis económicas.

En África al sur del Sahara, por ejemplo, la frecuencia de las crisis climáticas en la producción de alimentos per cápita aumentó de 1 vez cada 12,5 años entre 1982 y 2006 a 1 vez cada 2,5 años entre 2007 y 2016. Mantener el crecimiento de la producción de alimentos per cápita a largo plazo es cada vez más difícil con estos contratiempos causados por condiciones meteorológicas más frecuentes.

Los conflictos violentos han aumentado desde 2010, siendo la inseguridad alimentaria tanto una consecuencia como una causa de los conflictos. La inseguridad física ha reducido los incentivos para las inversiones y la violencia ha alterado el transporte a los mercados y destruido la infraestructura esencial para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria, impulsada por las crisis climáticas, la volatilidad de los precios de los alimentos, la exclusión y la falta de oportunidades económicas, ha incrementado el riesgo de conflictos.

La frecuencia y el impacto de otros brotes de enfermedades zoonóticas −enfermedades infecciosas transmitidas de los animales a los seres humanos− más allá de la COVID-19, como la gripe aviar, el SRAG, el SROM y el ébola, han aumentado en las últimas dos décadas. Las plagas de los cultivos, como la reciente plaga de langostas, agravan los impactos. Las crisis macroeconómicas también han hecho subir los precios de los alimentos y la inflación general en varios países de la AIF.

Según el último consenso entre asociados del Mecanismo de Acción contra la Hambruna (i), los “puntos críticos” de inseguridad alimentaria aguda durante los próximos 12 meses se concentran en 12 países de la AIF: Afganistán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Yemen y Zimbabwe.

Es por esta razón que la respuesta de la AIF se ha centrado tanto en las necesidades alimentarias inmediatas como en las causas subyacentes a largo plazo de la inseguridad alimentaria.

La AIF comprometió USD 5300 millones en nuevo financiamiento para encarar la seguridad alimentaria durante seis meses hasta fines de septiembre de 2020. Aproximadamente la mitad de esta respuesta se dirigió a satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y la otra mitad para abordar los factores a largo plazo que impulsan la inseguridad alimentaria.

Las respuestas para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas han sido importantes: duplicar el monto total de financiamiento del Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos entre 2008 y 2011. Este incluye fondos para ampliar los programas de redes de protección social, mantener la circulación de alimentos, distribuir y mejorar el acceso a los alimentos, proteger el empleo y los medios de subsistencia, apoyar a las agroindustrias y los pequeños emprendedores (y la producción de alimentos de la próxima temporada) y mitigar los impactos y la propagación de langostas para reducir los efectos acumulativos en los hogares.

Pero si no se presta atención a los factores de largo plazo, las crisis alimentarias se repetirán.  En Haití (i), por ejemplo, la AIF combina asistencia a corto y largo plazo: a fin de contrarrestar las pérdidas de ingresos, proporciona a los agricultores semillas y fertilizantes para salvaguardar las cosechas futuras, apoyando al mismo tiempo pequeñas obras de riego que aumentan la resiliencia a largo plazo frente al cambio climático.

Las respuestas para abordar los factores subyacentes de la inseguridad alimentaria se basan en el historial de la AIF durante la última década.

Desde 2008, la AIF ha triplicado su apoyo anual destinado a la agricultura y la protección social, centrándose al mismo tiempo cada vez más en mejorar la resiliencia al cambio climático, reducir el riesgo de conflictos, abordar el riesgo de enfermedades zoonóticas a través del enfoque Una salud (i) y ampliar las oportunidades económicas. Por ejemplo, una donación de USD 60 millones de la AIF (i) ayuda a los países africanos a fortalecer la resiliencia al cambio climático de sus sectores agrícolas incorporando estudios del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) (i) en esta zona. La AIF también ha hecho hincapié en mejorar la nutrición para desarrollar capital humano.

En todos estos ámbitos, es importante alinear mejor las políticas y el gasto público para lograr mejores resultados en el área de la seguridad alimentaria. Esta alineación es fundamental para atraer mayor inversión privada y promover el cambio tecnológico. Una mejor logística y tecnologías digitales también pueden ayudar a aumentar la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los mercados y las cadenas de valor agrícolas.

Las respuestas en materia de seguridad alimentaria implementadas en situaciones frágiles y afectadas por conflictos deben abordar cada vez más las características convergentes que limitan el desarrollo en estos entornos. Esto incluye reducir los riesgos de conflicto, mejorar la cohesión social y la percepción ciudadana de la legitimidad del Estado, desarrollar el sector privado y crear empleo, y proporcionar medios de subsistencia a los desplazados y refugiados, todo lo cual puede ayudar a mejorar aún más la seguridad alimentaria.

El programa de seguridad alimentaria es amplio y urgente, y abarca a todos los sectores, regiones y segmentos de la sociedad.  La AIF enfrenta el desafío trabajando con una coalición de diversos asociados, que incluye organismos de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones humanitarias e instituciones de investigación, para enfrentar la inseguridad alimentaria en múltiples frentes, abordando los problemas en la agricultura, las redes de protección social, la salud, el agua y la estabilidad macroeconómica. Una respuesta oportuna al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres supone un futuro mejor para todos. 

Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-alimentaria-en-los-paises-mas-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM94613

Comparte este contenido:
Page 862 of 6195
1 860 861 862 863 864 6.195