A solo tres días de comenzar el curso escolar 2021 en Chile, en 43 escuelas fueron detectados casos de Covid-19, informó hoy el subsecretario de Educación, Jorge Poblete.
En declaraciones a los medios de prensa, el funcionario detalló que desde el lunes, cuando se inició el calendario docente, casi tres mil 800 centros de las enseñanzas primaria y media retornaron a actividades en las aulas, y aunque solo en 43 se detectaron hasta ahora contagios de la pandemia, ‘si hay que cerrar los colegios, los hemos cerrado’.
Añadió que la detección de esos enfermos indica que ‘los protocolos que se están aplicando en los colegios están funcionado’.
En tanto, desde el Ministerio de Salud la subsecretaria Paula Daza informó el establecimiento de puntos para realizar exámenes de PCR en las afueras de algunos establecimientos educacionales y zonas de aglomeraciones, como parte de un plan de búsqueda activa de casos.
Daza señaló que esa medida es fundamental para detectar con rapidez los casos de Covid-19 y evitar nuevos contagios’.
El inicio del curso escolar en Chile estuvo precedido de una fuerte controversia entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, cuya directiva señaló reiteradamente que no existían condiciones para comenzar las actividades escolares de forma presencial en la fecha, sino más adelante.
Uno de los argumentos del gremio es que dentro de la campaña de vacunación contra la Covid-19 el personal docente no ha recibido la segunda dosis que garantizaría la inmunidad al coronavirus SARS-CoV-2.
Finalmente el ministerio optó por comenzar las clases de forma flexible e híbrida, con clases presenciales donde fuera posible, o a distancia en otros centros y territorios como menos condiciones sanitarias.
También se pronunció al respecto la Asociación Chilena de Municipalidades, que propuso la vuelta a las aulas solo más adelante.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, señaló que la decisión de enviar o no a los niños y adolescentes a la escuela quedaría en manos de las familias, muchas de la cuales optaron, al menos inicialmente, por mantener a sus hijos en casa y recibir las clases de forma telemática.
Stevens tenía nueve años cuando su madre lo entregó a una familia que lo esclavizó como sirviente. Rachel cayó en una red de explotación sexual para turistas. Más de 50.000 niños cruzan cada año hacia la República Dominicana como víctimas del tráfico infantil.
Quince pasos da Stevens Guerrier hacia su madre para fundirse en un abrazo. Ella lo estruja por toda la espalda, mesurando la delgadez de su retoño y palpando las cicatrices de sus brazos y rostro.
Son prácticas largamente denunciadas, pero no resueltas: desde la explotación laboral hasta la prostitución y la servidumbre, miles de menores haitianos han sido vendidos con oscuros propósitos
—¿Dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto en venir? —le riñe cariñosamente Nathalie, ahogada en sollozos.
—No sé, tenía ganas de verte —repite el niño de 12 años ruborizado, sin soltarle la mano.
Se acaban de reencontrar después de más de tres años sin verse y sin saber nada uno del otro. Un jueves de mayo del 2017, Nathalie Pierre vendía en el mercado binacional de la frontera de Belladère, entre Haití y República Dominicana, cuando entregó a su pequeño a un hombre dominicano. La promesa de ofrecerle una vida digna en un hogar adoptivo terminó en pesadilla.
“Cuidaba el ganado, me obligaban a hacer muchos trabajos. No querían enviarme a la escuela. Estaba en la miseria. No querían comprarme ropa y dormía en la cocina. Me sentía muy maltratado”, cuenta el menor con la mirada gacha. Malvivió como criado para una familia de Santiago. Aprendió a hablar castellano, pero se niega a utilizarlo debido al trauma.
Stevens Guerrier imaginó cada noche la manera de fugarse de esa prisión. Cada noche pensaba en “volver al regazo” de su madre, explica, pero si sus dueños se hubiesen enterado de que quería escapar, lo habrían detenido. Su situación alertó a un vecino que le ayudó a huir en motocicleta hasta la frontera.
Las autoridades lo hallaron en el mismo cruce del centro del país donde fue abandonado y lo llevaron con la fundación Zanmi Timoun, encargada de acoger a menores supervivientes de trata y reunirlos con sus familias. Tardaron un par de días en encontrar a su madre en una remota comunidad, Capemte, a media hora en coche hacia los arrabales de Belladère. Luego, el par de voluntarios y el niño caminaron más de una hora por un sendero que atraviesa marchitas bananeras labradas por bueyes. Las viviendas de hormigón y varillas desnudas dan paso a chabolas de madera y adobe.
Los obligan a prostituirse, mendigar, y ahora hemos detectado que también para luchar en combates clandestinos
JUNIOR NOISETTE, TRABAJADOR DE ZANMI TIMOUN
“Hice lo mejor para llevar a mis hijos a la escuela, pero tenía muchos problemas. No tenía nada para alimentarlos y estuve resignada a entregarlos”, justifica Nathalie. Meses antes de despedirse de Stevens, ya había regalado a su hijo mayor, del que todavía no ha sabido nada. Esta ama de casa de 28 años tuvo que dejar la venta ambulante para cuidar a su marido, enfermo del riñón e incapacitado para trabajar en la cosecha. Comen lo poco que crece en su terraplén. El matrimonio y sus otros cuatro hijos habitan en un cuchitril de unos 15 metros cuadrados de tablones y techo de latón.
“Allí los obligan a todo tipo de trabajos: prostitución, como lustrabotas, en el campo, mendigando por las calles y recientemente hemos detectado que están siendo utilizados para luchar en combates callejeros con apuestas en Dajabón (ciudad fronteriza dominicana) y en zonas de la costa”, señala Junior Noisette, trabajador de Zanmi Timoun. Han recibido al menos una docena de chicos “con heridas en la cara”, quienes relataron que les habían forzado a pelear por dinero y algunos detallaron que las luchas tenían lugar en la playa. Esta nueva práctica de explotación infantil fue confirmada por la Fundación Lumos y la red Jano Siksé.
Noisette recorre el paso oficial y las trochas ilegales de Belladère, por donde calcula que cruzan de 50 a 100 menores a diario. En agosto interceptaron a una pareja con seis niños de tres a nueve años sin ninguna relación de parentesco. Las familias biológicas admitieron haber pagado a los tratantes de 100 a 200 euros, bajo la promesa de llevarlos a un buen hogar adoptivo.
El fatal mercado fronterizo
Un gentío con enormes bultos en la cabeza, carretillas que se abren paso a empujones y vehículos motorizados repletos de plátanos y sillas abarrotan cada lunes y jueves el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el norte del país. Son los días del mercado binacional. A las puertas del puente del río Massacre, varios agentes haitianos (Polifront) blanden sus látigos y ramas para intimidar a la muchedumbre o los sacuden en sus pantorrillas. En el bullicioso trasiego resulta muy complicado identificar a contrabandistas o a menores no acompañados. Pese a ello, la policía halló a dos hermanos abandonados esa mañana del 3 de noviembre, después de que su traficante saliese corriendo al toparse con los patrulleros. El niño de unos seis años y la niña de cuatro aguardan en las oficinas del Instituto de Bienestar Social (IBESR), que rechaza conceder una entrevista solicitada durante un mes.
Los militares dominicanos cobran de 500 a 2.000 pesos (7 a 30 euros) por dejar pasar a traficantes de niños
SYLVESTRE FILS, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE TRATA
Algunos niños deambulan de aquí para allá vendiendo dulces o limpiando zapatos. Un grupo de adolescentes en minifalda y top coquetea con los agentes para evitar hacer la interminable hilera de medio kilómetro. Un joven con un niño también se salta la fila y atraviesa el portón tras un leve saludo de cabeza a un soldado dominicano, ataviado con casco de combate y fusil.
Ninguna autoridad solicita documentación a los viandantes. “No hay ningún control migratorio, por tanto, ninguna posibilidad ni intención de combatir el tráfico infantil o cualquier forma de trata”, asegura Sylvestre Fils, director del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza, creado hace un año como respuesta a la negligencia de ambos países.
Los observadores se mimetizan entre el vaivén de los comerciantes. Han detectado el cobro de sobornos por parte de las Fuerzas Armadas dominicanas para hacer la vista gorda tanto en el cruce de mercancías como de seres humanos. “Los militares no son muy exigentes, piden 500, 1.000, 2.000 pesos (de 7 a 30 euros). Depende de la cantidad de personas que lleve el traficante, pero no hay un monto fijo, es algo muy informal. La red de tráfico funciona permanentemente, por lo que ellos (los contrabandistas) desarrollan una relación con los militares”, asegura Fils.
Explotadas para el turismo sexual
Por esa turbia frontera, un lunes, ingresó Rachel Saint-Jean. Tiene 15 años. Cuando era niña sus padres la abandonaron y creció en las calles de Cabo Haitiano (norte), donde subsistía con algunas amigas. Su novio la convenció para enviarla a estudiar al país vecino, porque en Haití ya no podía permitirse pagar la Secundaria. Le organizó el viaje para verse con el traficante en Dajabón, ciudad limítrofe con Ouanaminthe.
“El señor [traficante] me llevó a su casa, pero estaba llena de gente. Entonces me mudaron a casa de una mujer con otras chicas. Ella solo quería escogerme hombres para que tuviese una historia de amor y me fuese a sus casas”, relata la adolescente, que todavía usa una cadena, regalo del novio que, al parecer, la vendió a una red de explotación sexual.
—¿Los hombres que te escogían eran blancos?
—Sí, blancos.
Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.AITOR SÁEZ
Rachel Saint-Jean llegó hasta Santiago y de ahí hacia algún punto de la costa norte, una zona turística, por lo que probablemente esos clientes “blancos” eran extranjeros. En las principales avenidas de los destinos más concurridos es habitual encontrar mujeres haitianas, algunas menores, ofreciendo sus servicios por menos de 10 euros.
“Fuimos [con el traficante] a una fiesta juntos y me puse muy ebria. No sé cómo, no recuerdo qué sucedió. Cuando me levanté… [hace una larga pausa] Vi que se había servido él mismo”, dice literalmente la joven para referirse al abuso sexual. Después de cuatro meses secuestrada logró escapar, o bien, la soltaron por su férrea resistencia a intimar con desconocidos: “No estaba de acuerdo, yo solo quería ir a la escuela. El señor me dijo que me dejaría en la calle si no aceptaba”.
Sin capacidad para combatir la trata
Tras regresar a la frontera de Ouanaminthe, el IBESR trasladó a Rachel al albergue de la congregación San Juan Evangelista, que cada año acoge a medio millar de niños y niñas supervivientes de trata. Su directora, la colombiana Alexandra Bonilla, aterrizó en esos confines de Haití tras el terremoto de enero del 2010. A los pocos días de la catástrofe, la detención de una decena de baptistas estadounidenses que intentaban llevarse a 33 infantes de Puerto Príncipe encendió las alarmas. El entonces primer ministro, Jean-Max Bellerive, aseveró que el tráfico infantil era “uno de los mayores problemas” y reconoció la existencia de “tráfico de órganos para niños”.
La hermana Bonilla levantó en esta década un espacioso centro transitorio, prueba de que el inhumano contrabando persiste. “Desde que estoy aquí no he visto que se haya reducido el tráfico de niños. Se mantiene igual o incluso ha aumentado. (…) El Gobierno no tienen los recursos para atajar este problema y sus causas”, lamenta la monja.
Encabezaremos las adopciones para evitar excesos como la pedofilia y el tráfico de órganos
ARIELLE VILLEDROUIN, DIRECTORA DEL IBESR
En 2016, Haití era el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. En el último lustro, se han dado algunos pasos para la persecución del delito y la capacitación de funcionarios fronterizos, como evalúa el Departamento de Estado de EE UU en su último informe anual. Sin embargo, subraya que “el Gobierno no asignó fondos suficientes y no implementó procedimientos para la identificación de víctimas”.
En la práctica, parte de los funcionarios del IBESR mantienen una huelga desde hace tiempo, mientras que la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) se quedó en eso, en el nombre, completamente disfuncional sin presupuesto ni oficinas.
Los orfanatos, primer eslabón del tráfico infantil
El desamparo institucional ha favorecido la consolidación de un vasto entramado de orfanatos que operan como captadores de menores. Tan solo 50 de 750 de estos centros cuentan con licencia para funcionar, según datos oficiales. Un 80% de los más de 32.000 internados no son huérfanos. Para Bonilla, “la mayoría son un negocio y tienen a los niños para atraer donaciones a beneficio de los propietarios”.
Tras el terremoto del 2010, el número de orfanatos se duplicó y, pese a que el Gobierno ha clausurado 150, se siguen abriendo a un ritmo superior, motivados por el ingente lucro que generan. Tan solo un tercio de estas guarderías en Haití recibe unos 60 millones de euros anuales en donaciones, revela un informe de la Fundación Lumos. En contraste, el IBESR, ente nacional para la protección de la infancia, cuenta con un presupuesto de menos de un millón.
El centro Sourire d’Amour es una pocilga. En la entrada hay varios niños de tres a seis años sin pantalones, cubiertos de polvo, sin nada que hacer ni jugar. Las colchonetas de las literas están mugrientas y, muchas, rajadas. Ni hablar de una sábana. Las puertas de los armarios destartaladas dejan ver unas pocas prendas de ropa, seguro insuficientes para los 15 huérfanos. La cochambrosa cocina tan solo cuenta con un asador de carbón y sus estantes están vacíos, al igual que una jaula para guardar la comida. Las empleadas aseguran que la despensa se encuentra almacenada bajo llave en una habitación, pero rehúsan mostrarla.
La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería. AITOR SÁEZ
Su propietaria, Inesse Joseph, pastora de una iglesia con el mismo nombre del orfanato, estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando arrebató de sus familias a 47 chiquillos de comunidades rurales al extremo oeste del país, con la expectativa de que serían adoptados por extranjeros. “¡Demasiadas personas se enriquecen de los pobres! ¡Los encontramos en un estado terrible! ¡Debemos dejar de vender niños!”, vociferó desencajado un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instantes después del rescate de los pequeños, de dos a siete años, a quienes tuvieron que llevar al hospital por su deteriorado estado de salud.
El orfanato sigue funcionando sin acreditación a la salida de Pétion-Ville, el barrio menos desdichado de Puerto Príncipe. En ese mismo distrito, en febrero del pasado año, murieron 15 niños y niñas en el incendio de un orfanato, también irregular, gestionado por un grupo de estadounidenses miembros de la Iglesia de la Comprensión Bíblica, que nos niegan el ingreso a otro de sus centros. El fuego se produjo por alguna de las velas que se usaban para iluminarse, debido a la carencia de electricidad. Las instalaciones no cumplían con los estándares básicos. “Estaban realmente muy descuidadas (…) Todo lo que vemos son niños viviendo como animales”, destacó la jueza del caso sobre un panorama que, a tenor de las imágenes, se asemeja bastante al Sourire d’Amour.
Además, en muchos de los internados “sufren violencia” y en algunos casos “abusos sexuales y muertes evitables”, según el estudio de Lumos, cuya conclusión es que los orfanatos actúan como tratantes. A fin de restringir el tráfico transfronterizo por parte de estos centros, la Administración haitiana endureció los requisitos para la tramitación de adopciones. “Encabezaremos los procesos (de adopción), lo que evita algunos excesos, porque se ha hablado de pedofilia y tráfico de órganos”, mencionó la directora del IBESR, Arielle Jeanty Villedrouin a comienzos del pasado año.
Impunidad criminal
Por la porosa frontera de 370 kilómetros que divide La Española se contrabandean desde animales hasta drogas y armas. Alexis Alphonse camina a diario más de una hora por un prado de Ferrier, a las afueras de Ouanaminthe, para sentarse toda la mañana bajo un sauce próximo al arroyo que separa a Haití de República Dominicana. Tan solo una piedra amarilla indica que se trata de una frontera.
Algunos transeúntes se arremangan los pantalones para vadear el riachuelo sin mojarse. Alexis los anota con una rayita sobre un portapapeles, testigo de dos décadas de cruces irregulares registrados para la Red Fronteriza Janó Siksé, desplegada en decenas de puntos a ambos márgenes.
Los traficantes son el tercer grupo más rico del país
ALEXIS ALPHONSE, COORDINADOR RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ
“Los pequeños traficantes pasan por aquí, con niños, sin preocupación. Cuando los paro, incluso se identifican como traficantes. Desconocen que están cometiendo un crimen, que hay una ley que los puede meter en la cárcel”, exclama. Los contrabandistas son a veces familiares de la víctima o conocidos de la comunidad, donde a menudo son vistos como salvadores por, teóricamente, sacar a sus hijos de la penuria. Se considera como otro empleo cualquiera, aunque “los tratantes conforman el tercer grupo más rico del país”, según Alphonse.
Haití tardó hasta 2014 para aprobar una ley contra la trata humana, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel y 14.000 euros de multa. No obstante, la Patrulla Fronteriza (Polifront) apenas detuvo a 51 individuos sospechosos en 31 casos de tráfico desde abril del 2019 hasta el mismo mes del pasado año, según el informe de Washington. Ningún expediente llegó a condena. La justicia haitiana solo ha sentenciado seis casos en 2019 y uno en 2017.
La persecución de la trata infantil tampoco mejora en la otra mitad de la isla. La Fiscalía dominicana aumentó las investigaciones respecto a años anteriores, pero redujo considerablemente las sentencias. Tan solo condenó a cinco acusados. La escasa judicialización se debe en gran medida a la complicidad de las autoridades en las redes de trata, desde funcionarios de la Fiscalía hasta policías, como enfatiza el Departamento de Estado de EE UU, que rebajó la calificación de República Dominicana al nivel de Haití.
Servidumbre, la extendida forma de esclavitud infantil
Los coloridos atuendos escolares, que por las tardes inundan alegres las polvorientas calles, disfrazan la desgracia para 1 de cada 15 pequeños. Alrededor de 407.000 niños y sobre todo niñas trabajan como empleadas domésticas. Unos 286.000 tienen menos de 15 años.
Los “niños sirvientes” son conocidos como restavek (quedarse con) y suelen provenir de familias humildes de zonas rurales, vendidos o entregados a hogares con mayor poder adquisitivo. En su mayoría no reciben retribución y soportan condiciones inhumanas y maltratos, tal y como denuncia Unicef, que tacha esta práctica como una forma de esclavitud moderna, socialmente tolerada en Haití.
Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. AITOR SÁEZ
Fue otra de las alternativas que Nathalie se planteó ante la imposibilidad de cuidar a Stevens. “Pensé en dárselo a alguna vecina que lo pudiese mantener, pero aquí somos todos muy pobres. Además, aquí hubiese pasado las mismas dificultades, siempre se cree que con los españoles [como llaman a menudo a los dominicanos] tendrán mejor vida”. Nada más lejos de la realidad.
Haití registra unas 59.000 personas viviendo como esclavas y República Dominicana, 42.000; ambos entre los tres países de Latinoamérica con mayor tasa de esclavitud, solo por detrás de Venezuela, según el Global Slavery Index de 2018, que estima en un 70% la población haitiana en riesgo de sufrir esclavitud.
El primer país de América Latina en independizarse, gracias a la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana, padece todavía los estragos de una multimillonaria multa impuesta por Francia por haber perdido su perla del Caribe, sumado al prolongado bloqueo diplomático y comercial del resto aplicado por el resto de naciones como escarmiento. Haití jamás se repuso del saqueo colonial y del alto precio por su libertad.
“¿Qué otra opción tenía?”, se pregunta a menudo Nathalie. ¿Qué otra opción tenía si quería dar de comer a Stevens y a sus otros cuatro hijos en un país donde la mitad de menores sufre malnutrición? ¿Qué otra opción tenía para que su hijo siguiese estudiando, si apenas dos de cada diez adolescentes pueden cursar Secundaria?
En el lugar más pobre del hemisferio occidental la salvación pasa por arriesgar la vida al azar. El abismo en Haití está a 15 pasos, los que tardó Nathalie en perder de vista a Stevens hace tres años. “Cuando se marchó, cayeron lágrimas de mis ojos. Me arrepentí de inmediato, pero me quedé paralizada. Cuando volví a reaccionar, ya era tarde, había desaparecido entre la muchedumbre. Pensé que jamás lo volvería a ver”. No puede dejar de achuchar a su pequeño para creérselo. 15 pasos entre el milagro y el infierno.
El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles datos detallados sobre los hechos denunciados por violencia contra las mujeres que, por primera vez, abarcan la que se da también fuera del ámbito de la pareja o expareja. En total, han sido 601.416 las infracciones registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde 2015 hasta 2019, divididos en violencia física, psicológica, sexual y económica. En la inmensa mayoría, un 68%, el agresor era la pareja o expareja de la mujer, constituyendo casos de violencia de género. El resto, casi uno de cada cuatro casos, han sido cometidos por otros familiares (violencia doméstica, que engloba el 12%) u otro tipo de personas como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, desconocidos… Una categoría esta última en la que destacan especialmente los ataques contra la libertad sexual.
Son algunas de las conclusiones del estudio Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019, elaborado por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y dado conocer a las puertas del 8M con el objetivo de «visibilizar un concepto más amplio de la violencia contra la mujer», tal y como señala el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. La base estadística está formada por los llamados «hechos denunciados», que no necesariamente se corresponden con personas ni con denuncias porque en una misma puede haber varias víctimas y varios hechos, han explicado fuentes del ministerio.
La mayor parte de las infracciones violentas contra las mujeres puestas en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este periodo, en concreto un 51% del total, se corresponden con la violencia psicológica, que abarca desde las amenazas a las coacciones o al trato degradante. Le sigue la violencia física (cuatro de cada diez hechos denunciados), la violencia sexual (7%) y la económica (3%). Todas, salvo esta última, han crecido en los últimos años, sobre todo la sexual, que ha escalado un 72% al pasar de los 6.692 hechos denunciados de 2015 a los 11.525 de 2019. La psicológica también ha experimentado un ascenso del 11%.
Sin embargo, las conclusiones más detalladas se arrojan a partir del análisis concreto de las tipologías y cómo se reparte cada una de ellas en las categorías estudiadas: en la violencia de género, en la violencia doméstica –cometida en el ámbito familiar por alguien que no es ni la pareja o expareja de la víctima– o en otro tipo de relación.
Las menores, víctimas en el 40% de ataques sexuales
La mayor parte de hechos englobados como violencia física, psicológica y económica han sido cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, con porcentajes que van del 71% al 75%. Sin embargo, en la violencia sexual, es justo al revés: el 86% de los ataques a la libertad sexual denunciados por mujeres han sido cometidos por agresores fuera de este marco, o bien otros familiares (un 9%), o amigos, conocidos, vecinos, desconocidos…Casi la mitad, el 48%, han sido cometidos en viviendas o anexos. Destaca en este sentido, la escasez de denuncias de violencia sexual en el ámbito de la violencia de género –solo un 5%–, a pesar de que suele ir acompañada de ella, según señalan víctimas, expertas y organizaciones.
Otra de las conclusiones que resaltan es que en las agresiones sexuales, el grupo de edad más representado es el de las chicas menores, que fueron víctimas en un 40% de los hechos denunciados desde 2015. Sobre todo, son abusos sexuales –que según el Código Penal actual, no requiere violencia ni intimidación– y que constituyen el 53,5% de los casos. En la tipología de agresiones sexuales, con o sin penetración, destacan las mujeres de 18 a 30 años.
El estudio arroja una cifra que contradice los estudios de prevalencia realizados hasta ahora en lo que respecta a menores y violencia sexual: según las denuncias, el 80% se da fuera del ámbito familiar (ni violencia de género ni violencia doméstica), mientras que habitualmente se señala el círculo más cercano de la víctima como el más frecuente. Un estudio reciente de la Fundación Anar, que analizó 6.000 casos de abusos sexuales a la infancia desde 2008, concluyó que más de la mitad, el 58,8%, fueron cometidos por un miembro de la familia del niño o niña. Las diferencias, apuntan fuentes del Ministerio del Interior, pueden deberse, por un lado, a que en este caso las víctimas son únicamente chicas, por otro lado, a la procedencia de los datos. «Los nuestros se basan en denuncias y hechos conocidos por las policías. El origen es diferente y de ahí pueden llegarse a conclusiones distintas», señalan.
La demanda de un trabajador social de Hong Kong en China que impugna un libro de texto ampliamente utilizado que llama a la homosexualidad un trastorno mental ha sido rechazada por segunda vez.
Un tribunal chino ha confirmado un fallo de que una descripción de libro de texto de la homosexualidad como “un trastorno psicológico” no era un error de hecho, sino simplemente una “opinión académica”.
La comunidad LGBT china, y la mujer de 24 años que presentó la demanda, han expresado su decepción por la decisión, dictada la semana pasada por el Tribunal Popular Intermedio de Suqian en la provincia oriental de Jiangsu.
Ou Jiayong, quien también usa el nombre Xixi, dijo que la decisión del tribunal sobre lo que constituía un “error de hecho” fue “aleatoria y sin fundamento”.
En 2016, durante su primer año de estudios en la Universidad Agrícola del Sur de China en Guangzhou, provincia de Guangdong, Xixi encontró un libro de texto de psicología que describía ser gay como un trastorno mental.
Xixi y sus amigos protestaron contra el libro de texto frente a la oficina de su editor en Guangzhou, provincia de Guangdong en julio de 2016.
La edición de 2013 de Educación en salud mental para estudiantes universitarios , publicada por Jinan University Press, enumeró la homosexualidad como “trastornos psicosexuales comunes”, junto con el travestismo y el fetichismo. Afirmó que la homosexualidad “se creía que era una alteración del amor y el sexo o una perversión de la pareja sexual”.
Varias universidades chinas utilizan el libro de texto y a Xixi le preocupaba que perpetuara la creencia de que ser gay estaba mal.
En 2017, Xixi demandó al editor del libro de texto y al minorista en línea. JD.com que lo almacena, exigiendo que elimine la referencia y se disculpe públicamente. Ella dijo que el libro era un “trabajo de mala calidad”, ya que la declaración era incorrecta, sin una base científica que lo respaldara.
A fines del año pasado, el Tribunal Popular del Distrito de Suyu en Suqian falló a favor de la editorial, diciendo que las opiniones opuestas de Xixi y el editor se debían a diferencias de opinión más que a un error de hecho.
En noviembre, Xixi, ahora trabajadora social en Hong Kong, apeló contra el fallo, pero no fue suficiente para influir en el tribunal de apelaciones, que la semana pasada dictó su decisión de mantener el fallo anterior.
“El editor del libro de texto aparentemente utilizó puntos de vista que no coinciden con la percepción que tiene la sociedad de las minorías sexuales en la actualidad”
Dijo que creía que la evidencia que había proporcionado era suficiente para probar que la descripción de la homosexualidad como un trastorno mental era incorrecta.
“Quizás este fallo sea para reducir la controversia”, dijo. “Pero también ha permitido que sigan circulando libros de texto que patologizan la homosexualidad, lo cual es una lástima”.
La demanda de Xixi atrajo una oleada de apoyo de la comunidad LGBT de China, que expresó públicamente su decepción por el resultado del caso.
China despenalizó la homosexualidad en 1997 y fue eliminada de una lista de trastornos mentales en 2001. Pero en 2021, un tribunal confirmó un fallo de que un libro de texto que califica a la homosexualidad como un trastorno mental no es incorrecto.
Ah Qiang, portavoz de la organización no gubernamental PFLAG con sede en Guangzhou, un grupo local de apoyo de pares para familias y amigos de la comunidad queer, comparó la descripción de la homosexualidad en los libros de texto con personas que creían que el sol giraba alrededor de la tierra en su inexactitud.
“El editor del libro de texto aparentemente utilizó puntos de vista que no coinciden con la percepción que tiene la sociedad de las minorías sexuales de hoy”, dijo Ah Qiang.
China despenalizó la homosexualidad en 1997 y fue eliminada de una lista de enfermedades mentales en 2001. Pero los homosexuales que son “discordantes consigo mismos” o que se sienten ansiosos o deprimidos debido a su sexualidad todavía figuran en la Clasificación oficial china de trastornos mentales.
La Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental en 1990.
Xixi dijo que si bien había agotado todas las vías legales disponibles para revocar el fallo, todavía queda mucho trabajo por hacer y un largo camino por recorrer para abordar la situación.
“Mi abogado y yo tendremos algunas sesiones de intercambio público, escribiremos notas con otros miembros de la comunidad y veremos si hay algo más que podamos seguir”, dijo.
Un anteproyecto de ley que busca reducir los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá fue presentado al Parlamento del país, que mantiene uno de los índices de gestación precoz más altos de la región.
La propuesta de ley plantea que se combatan estos tres problemas mediante la educación, y surge en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues, instituciones estas que están supervisadas por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
«Estos tres problemas no son de ahora sino de hace mucho tiempo. El caso de la Senniaf los sacó a relucir. El proyecto lo que busca es resolverlos por medio de la educación, que es clave en estos aspectos», explicó a Efe el diputado independiente y proponente del anteproyecto, Gabriel Silva.
Un informe de 700 páginas elaborado por una subcomisión parlamentaria denunció a inicios de febrero pasado que decenas de menores sufrieron abusos sexuales y malos tratos en albergues, muchos de ellos con algún grado de discapacidad, en casos que se remontan a 2015 y que según los testimonios de las víctimas de violación involucran a religiosos y cuidadores e inclusos abortos.
EDUACIÓN, EL ARMA PARA COMBATIR EL PROBLEMA
El anteproyecto de ley del diputado Silva plantea minimizar los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá a través de un plan educativo que se implementará en escuelas públicas y privadas, albergues y centros para jóvenes del sistema penitenciario.
«En Panamá hay un promedio de 29 menores de edad quedan embarazadas todos los días, con sus consecuencias económicas, educativas y de salud. También hay dos problemas más que se intentan resolver, la infecciones de transmisión sexual y los abusos a menores, que van en incremento», añadió Silva.
Panamá arrastra desde hace décadas cifras de embarazos adolescentes que encienden las alarmas internacionales, pues junto con Guatemala y Nicaragua lidera las tasas más elevadas de la región, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En 2019, unas 4.652 niñas entre 10 y 19 años quedaron embarazadas, y en el primer trimestre de 2020 -los últimos datos registrados-, hubieron 2.652, con una media de 29 embarazos diarios, siendo la comarca indígena Ngabe Bugle y la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, las que más afectadas, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá.
En los últimos años se han presentado algunos proyectos para incluir la educación sexual en las escuelas de Panamá, pero han generado debate y afrontado gran oposición de parte de grupos religiosos y que se autodenomina «profamilia», que han impedido su aprobación.
El plan educativo que plantea el anteproyecto «involucra a los padres» que están «invitados al diseño de los cursos de la escuela, etc», dijo Silva, que sostuvo que hay jóvenes que «se merecen esta educación científica, ser protegidos y apoyados».
Así, se propone un «programa educativo científico, contrastando las ciencias naturales, sin ideologías ni interpretación», con el fin de intentar «resolver el problema sin importar qué aspecto religioso o ideológico esté», añadió el diputado.
En Panamá, según detalló, no hay una política de Estado que eduque a los menores en la salud sexual. Esto se reduce a una decisión particular de las escuelas.
«Los niños y niñas no están siendo educados y la consecuencia son estos embarazos precoces, con 12, 13 o 14 años no saben las consecuencias, cómo prevenirlos ni sus derechos, tiene que saber cuidarse y respetarse a si mismo y a lo demás», argumentó Silva.
Según Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, con el contexto de pandemia y el cierre de las escuelas, hubo en la región la demanda más rápida y amplia ya vista de tecnologías para la enseñanza a distancia y también para la comunicación entre estudiantes y docentes, lo que ha generado una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes: con posibilidades de acceso y conectividad y acompañamiento de sus familias en casa; con posibilidades de acceso y conectividad, no de acompañamiento; con poco acceso y conectividad y sin acompañamiento; sin acceso, sin conectividad (comunidades indígenas y rurales).
“Los Estados al no estar preparados para este paso a la virtualidad generaron alianzas con grandes compañías como Zoom, Facebook, Google for Education, YouTube, entre otras. Estas organizaciones inversoras en educación se aproximan al Estado como si brindaran un servicio filantrópico. El Estado le abre las puertas y le facilita la base de datos de prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, o sea lo primero que entregó el Estado son los datos de los profesores y profesoras, de los y las estudiantes y de las familias”, destacó Nelsy Lizarazo durante el lanzamiento de la Campaña Mil Millones de Voces por la Educación.
Otra cuestión que trajo a debate la demanda por nuevas tecnologías es el derecho a la privacidad. Fernanda Campagnucci, en su artículo “Tras la pandemia: La encrucijada de derechos digitales en la educación” analiza que, al mismo tiempo en que es necesario reafirmar el derecho y contener retrocesos acerca de la privacidad, también es necesario abogar por el rescate de la noción de datos públicos como un bien común.
“La realización de esta idea depende de una gobernanza pública de la infraestructura digital, en la que el Estado se coloque como garante de estos derechos digitales”, dice en su artículo.
Diversos usos del software libre
Falta de condiciones dignas de trabajo
a los y las docentes
Falta de contrato fijo, más de un empleador, trabajo pago por horas, inestabilidad y sobrecarga laboral, baja salarial. Estos son algunos de los retos que los y las docentes en América Latina y el Caribe ya venían enfrentando y con la pandemia se profundizaron.
Omar Orlando Pulido Chaves, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, en su artículo “En tiempo de pandemia: precarización de la labor docente”, afirma que el acto pedagógico, la materialización del trabajo docente, se vio fuertemente impactado por la educación a distancia, pues la premura generada por la emergencia limitó el alcance de la “virtualidad”.
Añadió que, con la educación a distancia se profundizó la segmentación educativa. “En algunos casos no se tenía acceso al computador y en otros al celular o al plan de datos. En otros casos se tuvo que trabajar con guías físicas que había que hacer llegar a los estudiantes como fuera. Las condiciones materiales ofrecidas por la escuela para el trabajo de los maestros, una de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la educación, se trasladaron al cuerpo docente: tuvo que usar sus equipos, la electricidad de sus casas, y pagar los planes de datos. A esto se agregan la desaparición de la jornada laboral, la sobrecarga, el desdibujamiento del fin de semana y del tiempo de descanso”.
Para Jesús Juárez, da la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), es fundamental que haya una “actualización sistemática, continua y permanente de los docentes no solamente en competencias digitales, sino también para adaptar las estrategias educativas a los nuevos escenarios que se han producido con la pandemia, en los diversos contextos sociales”.
América del Norte/México/06-03-2021/Autor(a) y Fuente: ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE
Conmemorando el Día Internacional de la Mujer Proletaria la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE invita a la sociedad en general a participar en el Conversatorio: «MUJERES EN RESISTENCIA. Transformando el mundo desde la educación, la ciencia y la defensa de la tierra».
Con la participación de las compañeras:
Tania Cruz
MUTRAM A.C. Mujeres Transformando Mundos
Estado de México
Erika Candelaria
Profesora Investigadora. Educación Indígena.
Oaxaca
Helda Morales
Bióloga Investigadora del ECOSUR y Fundadora de la Red Internacional de Huertos Escolares.
Guatemala
Mikeas Sánchez
Poeta, narradora, escritora, productora de radio, traductora, docente y defensora del territorio Zoque.
Chiapas
A llevarse a cabo el día viernes 12 de marzode 2021 a las 17:00 horas, transmisión vía Facebook Live a través de la página: Asamblea Estatal Democrática Sección 40.
Por una educación crítica, humanista, científica y popular
Unidos y organizados ¡venceremos!
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE
En unidad, resistencia y transformación política-pedagógica.
Fuente e Imagen: ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE
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