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Informe: El duro panorama para los pueblos indígenas después de la pandemia

Un informe del Forest People Programme revela que los planes de reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 vulnera los derechos de los pueblos indígenas de cinco países, incluído Colombia.

La alternativa encontrada por Samela Satere (rasil) fue la fabricación de mascarillas de protección facial. Inicialmente, su comunidad las hizo para propio uso y para donar a familiares indígenas de otras comunidades y regiones de Amazonas. Sin embargo, las máscaras tuvieron éxito y las personas y empresas interesadas en la producción comenzaron a realizar pedidos. Además, el trabajo llamó la atención de organizaciones que se unieron para donar máquinas de coser, material para la confección de la máscara e incluso alimentos para los miembros de la Asociación, lo que hizo de las máscaras una alternativa rentable para superar las dificultades impuestas por la pandemia. / RAPHAEL ALVES

En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.

Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.

“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.

“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.

El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.

El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países. Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.

“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP). “En 2021, dos grandes conferencias internacionales abordarán el cambio climático y la aterradora pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Este estudio proporciona aún más evidencia de que la comunidad internacional y las empresas deberían mantener y fortalecer urgentemente las protecciones de los derechos humanos y los bosques tropicales y apoyar de manera proactiva a los pueblos indígenas para asegurar y proteger sus territorios”.

Un creciente cuerpo de evidencia ha documentado que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la prevención del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de una pandemia. Se ha demostrado que los pueblos indígenas superan a otros gestores forestales en la prevención de la deforestación, lo que tiene una importancia particular en los países con bosques tropicales que tienen algunas de las tierras más ricas en carbono y biodiversidad del planeta.

“La pandemia nunca puede ser una excusa para pisotear los derechos humanos y destruir nuestro planeta”, dijo Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International. “Para los pueblos indígenas, revertir las protecciones ambientales y sociales en nombre de promover la recuperación económica es sumarle una injuria a un insulto”.

El informe plantea cuatro hallazgos principales:

  • Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
  • Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
  • Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
  • Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.

“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.

El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.

Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación.  Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.

“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.

Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú

En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.

“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.

En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80%.

Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.

En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.

En Indonesia, la Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, aprobada en octubre de 2020 sin una participación significativa de los pueblos indígenas y a pesar de su oposición, debilita las leyes de protección ambiental y las leyes que regulan las evaluaciones de impacto, el uso de la tierra y la consulta pública. Sin embargo, el proyecto de ley de derechos indígenas que implementaría el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, que revocó los reclamos del gobierno sobre los bosques indígenas, ha languidecido durante casi una década ante la Cámara de Representantes.

“El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales”, dijo Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “Dada la pandemia en curso, numerosos líderes indígenas alrededor del mundo han exigido que sus Gobiernos se abstengan de aprobar nuevas leyes que afecten a las tierras indígenas hasta que el riesgo de infección haya disminuido y sea posible obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. El proyecto de ley muestra que cuando el Gobierno de Indonesia quiere impulsar algo, puede, pero no reconoce a los derechos indígenas como una prioridad”.

En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2019 más de 134 conflictos sociales activos relacionados con temas socioambientales y mineros. Durante la pandemia, la rapidez con la que el gobierno acudió a ayudar a estos sectores económicos contrasta con sus prolongadas demoras, a veces de décadas, para abordar estos conflictos. En mayo del 2020, el Gobierno declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.

“El Gobierno presenta las reglas de COVID-19 como una excepción, pero estas excepciones simplemente hacen que las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Anna Wherry, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “El Gobierno afirma que intenta hacer un esfuerzo en buena fe para consultar con las comunidades indígenas afectadas por los acontecimientos, pero estas consultas no garantizan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, los cinco países de este estudio utilizan esta misma estrategia; la pandemia de COVID-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”.

El nuevo informe publicado hoy representa un esfuerzo de colaboración entre investigadores internacionales, defensores de los derechos y comunidades indígenas en los cinco países tropicales más boscosos del mundo. También es un llamado a la acción para que los actores nacionales e internacionales protejan mejor los derechos de los pueblos indígenas ahora y en el futuro.

Los autores del documento señalan que, a pesar de enfrentar los desafíos en curso de la pandemia, estos esfuerzos para debilitar salvaguardas ambientales y sociales y los derechos a la tierra, los pueblos indígenas de los países con bosques tropicales se han unido para oponerse a la erosión sistemática de sus derechos en nombre del COVID-19.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/reactivacion-economica-post-covid-19-no-puede-pasar-por-encima-de-indigenas/

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Mundo: Crean novedoso software que detecta emociones de alumnos en clases virtuales

El software sería capaz de leer las expresiones faciales de los estudiantes para determinar su estado de ánimo.

A raíz de la pandemia, la virtualidad se ha tomado muchos aspectos de la vida cotidiana. La educación no es la excepción. Las dinámicas que tradicionalmente se desarrollaban en un aula de clases, o en el colegio, se han ido perdiendo y hoy es más difícil para los profesores saber cómo los alumnos reciben su metodología o si están comprendiendo los temas de clase, entre otras cosas.

Desde hace mucho tiempo el lenguaje corporal de una persona se ha vuelto fundamental en el día a día, y este incluso comunica mucho más que las palabras. Con el objetivo de responder a este limitante, la empresa Fine Solutions desarrolló un software de inteligencia artificial que es capaz de analizar las expresiones faciales de los alumnos y así registrar sus emociones.

A través de la posición de sus ojos, cejas y boca la nueva tecnología detecta emociones como felicidad, enojo, tristeza, miedo, disgusto e incluso sorpresa, con un rango de efectividad del 85 %. La empresa tecnológica es una de las muchas que hacen parte de la industria de reconocimiento facial y detección de emociones.

Este sector de innovación y tecnología ha estado en constante crecimiento y desde la pandemia ha logrado incrementar su productividad significativamente, se estima que para 2014 el sector moverá al menos 56 mil millones de dólares en todo el mundo.

A través de la posición de sus ojos, cejas y boca la nueva tecnología detecta emociones como felicidad, enojo, tristeza, miedo, disgusto e incluso sorpresa, con un rango de efectividad del 85 %. La empresa tecnológica es una de las muchas que hacen parte de la industria de reconocimiento facial y detección de emociones.

¿Qué es el reconocimiento facial y cómo funciona?

El reconocimiento facial es un de la tecnología que además de emocionante puede resultar problemático. Es una forma de autenticación biométrica que utiliza medidas corporales para verificar tu identidad. Funciona gracias a un subconjunto de datos biométricos que identifica a las personas mediante la medición de la forma y estructura únicas de sus rostros.

El reconocimiento facial ha sido una las mayores revoluciones tecnológicas e importantes de la década, se puede considerar un adelanto tecnológico problemático porque ha generado debates sobre la protección de datos y la legislación que debería existir al respecto.

Uno de los primeros países en utilizar esta novedosa tecnología fue China, que la han usado a modo de salvaguarda de la seguridad en las calles, allí existen más de 300 millones de cámaras de seguridad, motivo que les permite reconocer en pocos segundos a una persona entre la multitud.

Otros países que se utiliza

En estados Unidos, hace más de dos años se realizó una prueba piloto de una tecnología similar, sin embargo, su eficacia fue casi que nula. No obstante, Estados Unidos sigue adelante con la implementación del sistema, inclusive, el propio FBI lleva un registro de criminales en 16 estados gracias a que las bases de datos tienen el registro facial de la mitad de la población adulta.

Por su parte las autoridades de Londres y Gales lo han implementado como conejillo de Indias logrando varios arrestos. No obstante, su uso generó varias protestas pues la población sentía que estaban violando su privacidad.

Otros países como Emiratos Árabes, India, Malasya y singapur, usan estos mecanismos con frecuencia, puesto que su sistema de vigilancia está basado en el reconocimiento facial. En la pequeña y millonaria ciudad estado, que incorporó tecnología china y japonesa, tienen incluso un avance aún más futurista: reciben ayuda de un robot autónomo. Se trata del Multi-purpose All-Terrain Autonomous Robot.

Fuente: https://www.semana.com/tecnologia/articulo/crean-novedoso-software-que-detecta-emociones-de-alumnos-en-clases-virtuales/202140/

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Entrevista a Stephen Campbell: «Los trabajadores han comprendido que el golpe de Estado en Myanmar dará aún más poder a la patronal»

Por: Philippe Alcoy

Entrevista con Stephen Campbell, experto en la clase obrera de Myanmar, que nos habla de los procesos de organización y lucha de los trabajadores de ese país antes del golpe de Estado, y de su papel en la resistencia.

En los últimos días hemos reflejado en la Red Internacional La Izquierda Diario el importante movimiento de resistencia al golpe de Estado en Myanmar, en el que la clase obrera está desempeñando un papel destacado. Para saber más sobre el desarrollo tan particular de este «nuevo proletariado», sus luchas y experiencias, y también sus condiciones de vida, preguntamos a Stephen Campbell, profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur. Durante los últimos diez años, Campbell ha llevado a cabo una investigación etnográfica sobre las condiciones de trabajo y las luchas por el empleo de los trabajadores inmigrantes en Tailandia y Myanmar, y más recientemente, ha investigado las condiciones de trabajo y las luchas de los trabajadores de una zona industrial en las afueras de Yangon, la antigua capital de Myanmar. También es autor de Border Capitalism, Disrupted: Precarity and Struggle in a Southeast Asian Industrial Zone (2018).

Révolution Permanente (RP): En los últimos días hemos visto imágenes de numerosas columnas de trabajadores en las calles desafiando el golpe militar. Podría considerarse una «sorpresa», pero en los últimos años la clase obrera de Myanmar ha llevado a cabo varias huelgas y luchas por sus derechos, contra el acoso patronal, por los salarios. ¿Qué puede decirnos de este proceso de huelgas y luchas obreras?

Stephen Campbell (SC): En realidad, las trabajadoras de Myanmar, especialmente las de las fábricas de confección textiles, que son en su mayoría mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, se han estado organizando continuamente durante la última década, e incluso antes. Esta dedicada labor de organización ha dado lugar a una sólida red entre los trabajadores industriales de las distintas zonas industriales de Yangon.

Aunque ha habido ciertos momentos destacados de oleadas de huelgas en la última década, las huelgas de fábrica en las zonas industriales de los alrededores de Yangon han sido acontecimientos recurrentes. Sin embargo, no todas las huelgas son cubiertas por los medios de comunicación. De hecho, debido a la frecuencia con que los empleadores de las fábricas violan la legislación laboral y pagan por debajo del salario mínimo, en muchos casos las huelgas han sido necesarias para que los trabajadores conquisten el mínimo legal en salarios y condiciones de trabajo. Por ello, muchos trabajadores han adquirido una gran experiencia en la organización de centros de trabajo y en las huelgas. Y a partir de estas luchas, se han vuelto bastante militantes y muy capaces de emprender acciones colectivas.

Como estas zonas industriales están en los alrededores de Yangon, es relativamente fácil para estos trabajadores llegar al centro de la ciudad. Desde el golpe de Estado, los trabajadores de las fábricas de ropa han dejado claro en sus cánticos de protesta y en las entrevistas que esperan que el gobierno militar restrinja sus derechos legales y limite el espacio para la organización de los trabajadores. Si eso ocurriera, tendría un impacto perjudicial en sus ya precarios medios de vida. Por otra parte, la participación colectiva de los trabajadores en las protestas antigolpistas y en la campaña de desobediencia civil está muy basada en sus preocupaciones materiales inmediatas. Así que, por esta razón, y dado lo organizados que ya estaban estos trabajadores, no creo que sea una sorpresa que hayan asumido un papel tan destacado en las protestas antigolpistas y en la campaña de desobediencia civil.

RP: ¿Por qué crees que la clase obrera está al frente de la lucha contra el golpe?

SC: Como ya mencioné, muchos trabajadores de las zonas industriales de los alrededores de Yangon ya estaban muy organizados, pero también se encontraban en una situación muy precaria. Las condiciones han empeorado aún más desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, durante la cual los empresarios la utilizaron como pretexto para despedir a los trabajadores sindicalizados, y la policía se ha puesto del lado de los empresarios para disolver las huelgas y detener a los organizadores de los trabajadores. Y con el golpe de estado, los trabajadores han reconocido claramente que el gobierno militar implicará una contracción del espacio para la organización, lo que dará a los empresarios aún más poder para bajar los salarios y violar las leyes laborales.

Uno de los organizadores de trabajadores más destacados en las protestas antigolpistas, Moe Sandar Myint, declaró recientemente en una entrevista: «Los trabajadores están preparados para esta lucha. Sabemos que la situación sólo se deteriorará bajo la dictadura militar, así que lucharemos como uno solo, unidos, hasta el final». Así que, para muchos trabajadores, esta lucha no es simplemente sobre Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia (LND) Es una lucha basada en sus preocupaciones materiales inmediatas y, en muchos sentidos, apunta más allá del simple regreso de la LND al gobierno, ya que la situación de los trabajadores bajo la LND era también muy precaria y muy restrictiva.

RP: Myanmar es uno de los países de más rápido crecimiento de la región. Muchas empresas multinacionales invirtieron en el país. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas transformaciones económicas en la estructura social de Myanmar? ¿Cómo surgió esta «nueva» clase trabajadora? ¿Y cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera en Myanmar?

SC: Antes de 2011, muchas marcas de ropa occidentales no estaban dispuestas a abastecerse en Myanmar debido al estigma asociado a las prácticas laborales tan poco liberales del régimen militar. Sin embargo, tras las elecciones de 2010 y el cambio a un gobierno casi civil a principios de 2011, la narrativa dominante ha sido que el país está experimentando una «transición» a la democracia liberal. Y con la introducción de nuevas leyes laborales en 2011 y 2012, las marcas de ropa occidentales dejaron de estar estigmatizadas por abastecerse en Myanmar. Además, Myanmar tiene uno de los salarios más bajas de Asia.

Al mismo tiempo, bajo la llamada transición política y bajo los años precedentes de gobierno militar, un gran número de habitantes de las zonas rurales han sido expulsados de las mismas. Esto se ha debido al aumento del endeudamiento y a la pérdida de tierras agrícolas, que en muchos casos fueron simplemente tomadas por oficiales militares o sus compinches comerciales. Y en 2008, hubo un gran ciclón en el delta.

Todo ello provocó una gran migración de residentes rurales a las zonas industriales de los alrededores de Yangon. Como la especulación inmobiliaria y la migración urbana a gran escala elevaron el coste de la vivienda, muchos de estos nuevos residentes urbanos se trasladaron a asentamientos ilegales informales. En la actualidad, hay cientos de miles de personas que viven en estos asentamientos en las afueras de Yangon. En algunos casos, los antiguos habitantes de las zonas rurales emigraron a Tailandia o a otros países de la región en busca de empleo.

Mientras esto ocurría, sobre todo en la última década, las agencias de desarrollo extranjeras y los consultores de Myanmar dijeron que esta migración interna es lo mejor que puede ocurrir porque el empleo asalariado urbano es ostensiblemente más «productivo» que los medios de vida agrícolas. Sin embargo, el efecto fue una creciente población migrante que se encuentra en una situación muy precaria y sin una red de seguridad social efectiva. Muchas fábricas, especialmente las que producen para el mercado nacional, no pagan ni siquiera el salario mínimo. E incluso las fábricas de ropa que producen para la exportación suelen infringir las leyes de protección laboral.

RP: La industria de la confección es uno de los sectores económicos más importantes para las exportaciones de Myanmar. Se han producido muchas luchas en la industria de la confección, donde el 90% de los trabajadores son mujeres. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la huelga y la organización de la clase obrera en el país?

SC: Las fábricas de confección, textiles, calzado y accesorios que producen para la exportación, situadas en las distintas zonas industriales de los alrededores de Yangon, empleaban a cerca de un millón de personas (al menos antes del inicio de la pandemia de Covid-19) y restringen la contratación casi exclusivamente a mujeres jóvenes, entre los 18 y los 25 años aproximadamente. Incluso las mujeres de 25 años pueden tener dificultades para conseguir empleo en estas fábricas. Una de las consecuencias de esto es que estas mujeres suelen ser la única persona de su hogar con un empleo asalariado relativamente estable. Así, sus familias suelen depender, al menos en parte, del salario de estas mujeres.

En Myanmar y en otros países con grandes sectores de la confección se suele decir que estas fábricas prefieren contratar a mujeres jóvenes porque se considera que son menos propensas a organizarse, a hacer huelga o a causar problemas al empleador. Sin embargo, es evidente que no es así. De hecho, como muchas de estas mujeres jóvenes mantienen a sus familias, tienen una motivación añadida para organizarse colectivamente y obtener salarios más altos. En estas condiciones, ha habido muchas mujeres impresionantes que han desarrollado sus habilidades organizativas, su liderazgo y su confianza a través de la participación directa en la organización del lugar de trabajo.

RP: Durante mucho tiempo bajo el régimen militar la organización legal de los trabajadores era imposible. Pero desde 2011 los trabajadores aprovecharon la oportunidad de la apertura del régimen para crear nuevos sindicatos, confederaciones, etc. Y a veces, las huelgas y reivindicaciones de los trabajadores son muy «radicales». Por ejemplo, durante la pandemia del Civid-19 y la crisis económica, lucharon para preservar los puestos de trabajo, para proteger a los representantes sindicales que fueron despedidos y se negaron a aceptar las indemnizaciones por despido. ¿Cómo se explica esta conciencia? ¿Hay corrientes políticas o ideológicas, movimientos políticos históricos que influyen en el movimiento obrero actual? En caso afirmativo, ¿cuáles?

Aunque no era legalmente posible que los trabajadores establecieran sindicatos bajo el régimen militar, había muchos casos de organización informal de trabajadores, al menos eso es lo que me han dicho los trabajadores más antiguos que estaban empleados antes de 2010. En 2011 y 2012, el nuevo gobierno casi civil introdujo nuevas leyes laborales que permitieron a los trabajadores formar sindicatos legales y negociar colectivamente. Sin embargo, desde entonces, la mayoría de los centros de trabajo han seguido infringiendo diversas leyes y a menudo han pagado a los trabajadores por debajo del salario mínimo legal. Al mismo tiempo, muchos trabajadores han considerado que los funcionarios de relaciones laborales del gobierno son parciales con respecto a los empleadores o directamente corruptos. Y la policía se ha puesto a menudo del lado de los empresarios para disolver las huelgas y detener a los líderes de las mismas.

En consecuencia, muchos trabajadores han visto claramente que no pueden depender de la legislación laboral existente ni de las instituciones gubernamentales para resolver sus problemas inmediatos de subsistencia. Por eso, cuando los organizadores de un centro de trabajo empiezan a dirigirse a sus compañeros, muchos se han mostrado deseosos de participar en la acción colectiva.

Al mismo tiempo, también existe una rica tradición de oposición en Myanmar. Incluso antes de la vuelta al régimen casi civil en 2011, muchos trabajadores llevaban a cabo luchas colectivas informales en su lugar de trabajo. También es relevante señalar que Myanmar tiene una rica tradición de izquierda. Aunque el Partido Comunista de Birmania se derrumbó de hecho hace más de tres décadas (al mismo tiempo que calló el llamado periodo socialista), muchos activistas laborales están bien versados en el pensamiento de izquierdas y en la historia izquierdista del país. Y algunos estudiantes radicales más jóvenes se han acercado en la última década a los trabajadores de las fábricas, y han apoyado bibliotecas para los trabajadores con literatura de izquierda, o han creado revistas para los trabajadores de las fábricas con temas de izquierda.

Así pues, las corrientes explícitamente izquierdistas están presentes entre los trabajadores de las fábricas. Sin embargo, para la mayoría de los trabajadores su política «radical» -como su voluntad militante de hacer huelga o de enfrentarse a la policía- ha surgido de sus propias luchas durante la última década.

RP: Parece que la patronal, el Estado, los gobiernos (ayudados por organizaciones internacionales como la OIT) intentan imponer leyes que limiten las huelgas y los conflictos duros, pero también utilizan la represión policial y judicial contra los trabajadores en huelga. ¿Qué puede decirnos sobre las respuestas del Estado y la patronal al activismo obrero?

SC: Bueno, he dicho que incluso bajo el régimen militar, antes de la introducción de las nuevas leyes laborales en 2011 y 2012, había habido organización en el lugar de trabajo y huelgas de los trabajadores. Luego, con el cambio a un gobierno casi civil tras las elecciones de 2010. La OIT ayudó al nuevo gobierno a redactar estas nuevas leyes laborales. En aquel momento, un asesor de la OIT explicó que las nuevas leyes pretendían «evitar las huelgas» canalizando las quejas de los trabajadores hacia mecanismos institucionales. Sin embargo, como muchos trabajadores descubrieron, los nuevos mecanismos solían estar sesgados a favor de los empresarios, o los funcionarios eran simplemente corruptos.

Por ello, muchos trabajadores han optado por la huelga en lugar de presentar denuncias sobre violaciones de la legislación laboral ante los mediadores del gobierno, o antes de hacerlo. Y como la policía también suele ponerse del lado de la patronal, los trabajadores que han ido a la huelga se han enfrentado a la detención y a la violencia policial. Y esta era la situación bajo el gobierno «liberal» de la LND. Así que, con el golpe militar, muchos trabajadores han expresado su preocupación por que el espacio para organizarse se reduzca aún más.

RP: Por ahora, parece que los trabajadores están luchando contra el golpe y Suu Kiy parece ser muy popular entre el pueblo de Myanmar. Pero bajo los gobiernos de la LND la explotación y la represión contra la clase obrera fueron muy duras. Desde el punto de vista de la clase obrera, parece que el proyecto «liberal democrático» no es realmente una alternativa que pueda mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, ni garantizarles los derechos políticos, nacionales (minorías étnicas), económicos y sindicales. Esto significa que los trabajadores deben ir más allá de los objetivos políticos de Suu Kiy y su partido. ¿Qué puede decir sobre la independencia política de clase de los trabajadores de Myanmar en este momento de lucha contra el golpe militar?

SC: Sí, por un lado, durante la última década bajo el gobierno casi civil, ha habido relativamente más espacio para que los trabajadores se organicen. Han podido formar sindicatos legales y muchas huelgas han tenido éxito. Al mismo tiempo, como he mencionado, los trabajadores siguieron encontrando barreras incluso para cobrar el salario mínimo y mejorar sus condiciones de trabajo. Ahora, como podemos ver en las protestas, las imágenes de Aung San Suu Kyi y los llamamientos a su liberación han sido muy destacados. Sin embargo, la gente ha expresado más ampliamente su rechazo al gobierno militar. Y muchos manifestantes reclaman la abolición de la Constitución de 2008, redactada por los militares, que consagra el papel de éstos en el gobierno, así como un acuerdo democrático verdaderamente federal, lo que contribuiría en cierta medida a resolver las históricas demandas de las minorías étnicas contra la dominación del gobierno central.

Así que, en cierto modo, la escala y el impulso de las protestas y de la campaña de desobediencia civil, que es básicamente una huelga general, ha abierto el espacio para pensar en objetivos políticos de mayor alcance. Y en la medida en que este movimiento tenga éxito, gran parte del mérito corresponde a los trabajadores que estuvieron en primera línea al inicio de las protestas poco después del golpe. Y pase lo que pase a partir de ahora, estos trabajadores han demostrado que son una fuerza política importante en sí mismos y no un simple banco de votos para la LND.

RP: ¿Cree que la situación en Myanmar puede influir en el movimiento obrero de los demás países de la región del sudeste asiático?

La campaña de desobediencia civil en Myanmar ya ha motivado un resurgimiento del movimiento de protesta pro-democracia en la vecina Tailandia. Y a Myanmar se le ha pedido que se una a la Milk Tea Alliance, que es una coalición informal en línea de activistas prodemocráticos de Hong Kong, Taiwán, Tailandia y Myanmar. Por supuesto,quienes participan en estos movimientos suelen ser trabajadores de una u otra forma. Pero no tengo claro si las acciones de los trabajadores de Myanmar motivarán a la gente de otros países de la región a expresar una política explícitamente obrera o a adoptar la huelga general como táctica de lucha hacia un acuerdo político democrático a favor de los trabajadores.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Los-trabajadores-han-comprendido-que-el-golpe-de-Estado-en-Myanmar-dara-aun-mas-poder-a-la-patronal

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Informe: Identificar sostenibilidad con medio ambiente deja fuera del discurso mediático los ODS más sociales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas constituyen una estrategia global para garantizar la supervivencia del ser humano en el planeta desde un punto de vista medioambiental, social y económico. Sin embargo, al analizar el discurso vinculado a los ODS en los medios de comunicación se observa un protagonismo claro de todo lo relacionado con el medio ambiente y el cambio climático, mientras las cuestiones de carácter más social o de buen gobierno quedan en un segundo plano. Así se desprende del informe ‘Agenda 2030 en los medios de comunicación’, elaborado por CANVAS Estrategias Sostenibles en colaboración con la empresa de Data Science Graphext.

“La Agenda 2030 ofrece una visión integrada del desarrollo sostenible que va mucho más allá de la sostenibilidad entendida como la protección del medio ambiente. Para responder al contexto actual, es clave esa perspectiva global que ofrecen los ODS, y que nos permite dar respuesta a temas críticos como la salud, las desigualdades, una economía baja en carbono o la innovación”, sostiene Claudina Caramuti, directora de desarrollo de CANVAS Estrategias Sostenibles.

Este estudio parte de la base de que la presencia de la Agenda 2030 en el universo mediático es vital para situar estos temas en la agenda pública y tomar conciencia del impacto que tienen las decisiones políticas, sociales e individuales en la consecución de los grandes retos globales del desarrollo sostenible.

“Con el fin de conocer de qué manera están presentes los ODS en el discurso de los medios, utilizamos nuestros algoritmos de NLP y predicción automática de temáticas para analizar más de 11.000 publicaciones en Twitter de cerca de 300 medios durante los años 2019 y 2020”, explica Sergio García, consumer insight specialist de Graphext. Y esta información se ha interrelacionado con un análisis cualitativo elaborado por RADAR CANVAS a través de entrevistas a 31 expertos.

En total se han identificado más de 11.800 noticias que tratan aspectos de sostenibilidad, ODS y Agenda 2030, y se aprecian tres enfoques bien diferenciados: noticias de carácter político sobre actuaciones del Gobierno o las CC.AA. en torno al desarrollo sostenible; noticias de dimensión medioambiental que cubren eventos o iniciativas relacionadas con el cambio climático -a las que desde el inicio de la pandemia se suman también las del ámbito de la salud-; y noticias que dan difusión a las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social del sector privado.

Presencia en medios vs. interés social

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cinco con mayor presencia en los medios en este periodo son, por este orden: ODS 13. Acción por el clima (41,5%), ODS 3. Salud y bienestar (26,7%), por influencia directa de la pandemia; ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles (24,2%), ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (22,8%) y ODS 7. Energía asequible y no contaminante (22%). Por el contrario, los ODS 1. Lucha contra la pobreza (11,8%), ODS 5. Igualdad de Género (11,7%), ODS 10. Reducción de las desigualdades (11,6%), ODS 4. Educación de calidad (11,5%), y ODS 2. Hambre cero (5,2%) presentan una cobertura muy inferior.

“En los últimos meses hemos percibido un aumento del activismo medioambiental. La celebración en Madrid de la Cumbre del Clima en diciembre de 2019, y la declaración del estado de emergencia climática por parte del Gobierno de España en enero de 2020, han generado una mayor sensibilización social en nuestro país al respecto de estos temas, y se ha visto reflejado en los medios de comunicación, que cada vez conceden más espacio a este tipo de contenidos”, sostiene Idoia Castillo, experta en sostenibilidad e innovación de CANVAS Estrategias Sostenibles.

Sin embargo, llama la atención que el ODS 5. Igualdad de Género, siendo uno de los aspectos en los que más se ha avanzado en los últimos tiempos en España, sea uno de los que menos presencia tienen en las noticias. Otro dato a destacar es que solo el 52% del total de noticias relacionadas con la Agenda 2030 difundidas a través de Twitter fueron retuiteadas por la ciudadanía, en especial las relacionadas con salud y bienestar (ODS 3) y con ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), lo que transmite cierta falta de interés de la población por los asuntos relacionados con la Agenda 2030.

Por su parte, los expertos consultados consideran que los ODS más presentes en los medios no son necesariamente los que más interesan a la sociedad en su día a día, sino los más relevantes para las empresas o tal vez los más sencillos de medir. Y afirman que los aspectos que más preocupan a la ciudadanía son la situación económica y las consecuencias sociales que se derivan de ella, destacando como temas prioritarios la salud y el empleo, la educación o las crecientes desigualdades.

Concienciación a partir del estímulo positivo

“Según el último barómetro del CIS, solo el 29,4% de la población española sabe lo que es la Agenda 2030, por lo que es fundamental el papel activo de los medios para ampliar el conocimiento y la concienciación sobre estos retos globales, así como la necesidad de transmitir que el desarrollo sostenible no es sinónimo de conciencia ambiental, sino que hay mucho más, y la implicación de cada persona y de cada entidad es clave”, concluye Claudina Caramuti.

En cuanto a cómo pueden mejorar los medios la transmisión de estos mensajes a la ciudadanía, el panel de expertos de RADAR CANVAS destaca que no se trata tanto de incrementar cuantitativamente la cobertura mediática como de acercarse más al detalle, a través de historias reales inspiradoras y ejemplos de empresas, ONG, organizaciones y personas que, a través de su trabajo, pueden demostrar el impacto positivo que están consiguiendo en el planeta.

Fuente: https://www.compromisorse.com/rse/2021/02/19/identificar-sostenibilidad-con-medio-ambiente-deja-fuera-del-discurso-mediatico-los-ods-mas-sociales/

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Rusia admite que no puede satisfacer demanda mundial

El portavoz de gobierno ruso, Dmitri Pes­kov, admitió ayer que su país no tiene la capacidad para cumplir con las deman­das internacionales de su cele­brada anticovid Sputnik V. El Kremlin propuso a otros paí­ses producir el antídoto y fir­mará contratos con quince far­macéuticas de diez naciones. Proyectan elevar la produc­ción a 1.400 millones de dosis.

“La demanda de la vacuna rusa en el exterior es real­mente alta. Es tan alta que supera considerablemente las capacidades productivas”, afirmó. Peskov enfatizó que “la campaña de vacunación nacional es nuestra prioridad absoluta. Han sido moviliza­das todas las capacidades de producción, que en primera instancia trabajan para el mercado interno”.

Desde el inicio de la campaña, en la capital rusa fueron ino­culadas cerca de 600.000 personas con anticovid, cuya eficacia y seguridad fueron ampliamente comprobadas, y sobre la que muchos países se mostraron muy interesa­dos. De acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), en la actualidad 27 países –sin contar Rusia– en Europa, América Latina, Oriente Medio, África y Asia registraron oficialmente la Sputnik V. Peskov informó que Rusia propuso a otros países producir la Sputnik V.

CONTRATOS

El director del FIDR, Kiril Dmitriev, dijo al diario Finan­cial Times que Rusia firmó con­tratos con quince farmacéuti­cas de diez países, que podrían producir alrededor de 1.400 millones de dosis que servirían para inocular a 700 millones de personas. Sobre todo, se trata­ría de producciones en China, India, Corea del Sur e Irán, des­tinadas a la exportación a terce­ros, mientras que países como Serbia y Brasil producirán para consumo interno. En una con­versación telefónica este jue­ves entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homó­logo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, los mandatarios debatieron “las perspectivas del uso y la producción con­junta de la vacuna Sputnik V” en esta nación centroasiática. Kazajistán inició la produc­ción del remedio ruso a fines de diciembre en virtud de un contrato firmado entre el FRDR y el Ministerio de Sani­dad de este país.

Fuente: https://www.lanacion.com.py/mundo_edicion_impresa/2021/02/19/rusia-admite-que-no-puede-satisfacer-demanda-mundial/

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Nueva Zelanda dará productos menstruales gratuitos en las escuelas

La medida es una forma de combatir la «pobreza menstrual», aseguró la primera ministra, Jacinda Ardern.

El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este jueves que proporcionará productos de higiene femenina gratis en todos los colegios del país a partir de junio con el objetivo de atajar la «pobreza menstrual».

La medida da continuidad y amplia a escala nacional el exitoso programa piloto implementado el año pasado en 15 escuelas de la región de Waikato, en la Isla Norte, en el que participaron unas 3.200 alumnas, apuntó la primera ministra, Jacinda Ardern.

«Las jóvenes no deberían perder parte de su educación por algo normal para más de la mitad de la población (…) La respuesta positiva de las escuelas y los estudiantes nos ha animado a expandir la iniciativa a todos los colegios de Nueva Zelanda», dijo la mandataria en el colegio Fairfield, parte del programa piloto.

La primera ministra incidió en que «proveer de productos de higiene femenina de manera gratuita en los colegios es un camino para que el gobierno aborde directamente la pobreza, ayude a incrementar la asistencia en las escuelas y lograr un impacto positivo en el bienestar de las niñas».

La mandataria señaló que una de cada doce estudiantes no acude a la escuela por problemas relacionados con la «pobreza menstrual», como se denomina la falta de acceso a productos de higiene femenina.

El programa contará con un fondo de 25 millones de dólares neozelandeses (cerca de 18 millones de dólares estadounidenses o casi 15 millones de euros) para funcionar hasta 2024.

La ministra para Asuntos de la Mujer, Jan Tinetti, indicó junto a Ardern que los problemas derivados de la menstruación incluyen la vergüenza, los estigmas, faltar a clase o no poder afrontar el costo de los productos.

En noviembre, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer de manera gratuita productos de higiene femenina a todo el que lo necesite, incluido en lugares públicos.

Fuente: https://www.dw.com/es/nueva-zelanda-dar%C3%A1-productos-menstruales-gratuitos-en-las-escuelas/a-56610919

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Haití: crisis política en un contexto de miseria. Entrevista de Xavier Sartre

El Presidente de Haití, Jovenel Moïse, ya muy criticado en los últimos años, es cada vez más cuestionado por la población tras haber declarado que permanecería en el poder hasta el 7 de febrero de 2022. Su decisión ha tensado aún más las relaciones con la oposición y con gran parte de la población, cuyas condiciones de vida siguen deteriorándose.

«En Haití no queda nada: no hay suministro de agua potable, las escuelas no funcionan o lo hacen muy mal, los hospitales no tienen equipamiento, la gente está desesperada», afirma Jacques Léon-Emile, presidente de la asociación Memoria y Cultura de Haití, con sede en Francia. Los haitianos carecen de todo y la clase política sigue desgarrada.

¿Inicio de mandato en 2016 o 2017?

En los últimos años, el Presidente Jovenel Moïse ha sido fuertemente criticado por una parte de la población debido a las ya muy difíciles condiciones de vida y a la corrupción endémica en detrimento de los habitantes de la isla. La última crisis se produjo a principios de este mes, cuando el Jefe del Estado anunció que seguiría en el poder un año más, hasta el 7 de febrero de 2022.

Sin embargo, la oposición y gran parte de la población afirman que su mandato finalizó el 7 de febrero de este año, estimando que su periodo de cinco años comenzó en 2016, tras las elecciones presidenciales. Jovenel Moïse, por su parte, considera que su mandato no comenzó hasta el año siguiente, en 2017. Esta diferencia se debe a que la oposición toma como referencia su primera elección en 2016. Posteriormente, las elecciones fueron anuladas por fraude y se celebró una segunda vuelta en 2017, que siguió ganando Jovenel Moïse.

Doble intento de golpe de estado

La situación se complica con un doble golpe, explica Jacques Léon-Emile, que sigue muy de cerca los acontecimientos. El 7 de febrero, el gobierno detuvo a 23 personas, incautó algunas armas y afirmó que el presidente se había librado de un intento de golpe de Estado. Esta versión tiene poca credibilidad a los ojos de muchos haitianos y de la oposición, que en cambio denuncia un intento de reprimirla y silenciarla.

El presidente de la asociación Memoria y Cultura de Haití afirma que se ha producido otro intento. La Constitución establece que, en caso de vacante en el poder, es el Primer Ministro quien se encarga del interinato. En una versión anterior de la ley fundamental, era el presidente del Tribunal de Casación, teóricamente nombrado por la oposición. Sin embargo, la oposición nombró a un miembro de este tribunal como presidente del tribunal de transición, cargo que éste aceptó.

El reinado de las bandas

Además de una situación económica y social desastrosa, una situación política confusa, hay bandas que prosperan en este caos. «Se sospecha que el presidente Moïse está en connivencia con ciertas bandas», explica Jacques Léon-Emile, lo que no hace sino reforzar la hostilidad de la población hacia el jefe del Estado.

Una cosa es cierta, «es que no se ha hecho nada para erradicar las bandas», subraya Jacques Léon-Emile, «y que sobre la cabeza de Jovenel Moïse pende una espada de Damocles: el juicio de Petrocaribe que ha comenzado». El caso surgió a raíz del desvío de ayudas venezolanas al país en beneficio de unas pocas personas, entre ellas las cercanas al presidente, que también se sospecha que se han beneficiado de ellas.

Léon-Emile lamenta que la comunidad internacional no intervenga lo suficiente y se escude en la soberanía de Haití. Una actitud hipócrita en la medida en que, según él, todos los presidentes haitianos reclaman ante todo el apoyo de Estados Unidos. Mientras tanto, el destino del país se encuentra en un punto muerto e incierto.

Fuente: https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-02/haiti-crisis-politica-contexto-miseria.html

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