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En Zimbabue hay libertad de expresión, pero no libertad después de usarla

Trabajar como periodista en Zimbabue sigue siendo particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece regularmente en los primeros puestos mundiales de corrupción.

Un chiste muy repetido desde hace muchos años en Zimbabue asegura que en el país hay libertad de expresión, pero no libertad después de expresarse.

Pero para los periodistas y activistas que se han visto obligados a soportar noches en las celdas de detención abarrotadas y sucias del país, esto no es motivo de risa, más ahora que los reclusos no tienen equipo de protección personal contra la covid.

Por ello, cuando el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, advirtió el año pasado que nadie está por encima de la ley en este país del sureste de África, para muchos solo ratificó una amenaza permanente: que el gobierno y su partido, Zanu PF, no dudará en instrumentalizar la ley para silenciar a los críticos.

Los comentarios de Mangwana se produjeron después del arresto del periodista Hopewell Chin’ono, acusado de utilizar las redes sociales para fomentar la violencia pública. Chin’ono volvió a estar tras las rejas el 8 de enero, bajo la acusación esta vez de publicar noticias falsas en Twitter.

Poco después del arresto de Chi’ono, también fueron detenidos por difundir la misma información la portavoz del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), Fadzayi Mahere, y Job Sikhala, un legislador y vicepresidente de la misma organización.

Los tres se hicieron eco de una historia muy viral en las redes sociales, en que se aseguraba que un oficial de policía que intentaba hacer cumplir las restricciones de distancia social por la covid había apuntado con su bastón a una mujer que llevaba un niño de nueve meses en brazos, y que aparentemente por error habría golpeado fatalmente al niño.

Según informaciones difundidas en medios digitales y en las redes, el bebe habría muerto en el acto.

Sin embargo, la policía negó el incidente, aseguró que el niño estaba vivo, y lo calificó de una noticia falsa y tendenciosa, en contraste con las imágenes en un video grabado por testigos en que la madre lamentaba en la misma escena de que el oficial había matado a su hijo.

Las detenciones fueron condenadas de inmediato por defensores de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que exigieron su liberación.

Las nuevas detenciones son parte de una creciente represión contra líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras voces críticas, dijo Muleya Mwananyanda, subdirectora de Amnistía Internacional para África Meridional, en un comunicado el 13 de enero.

Las autoridades de Zimbabwe, el nombre en inglés por el que también se conoce al país, deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional y retirar los cargos maliciosos en su contra, dijo Mwananyanda.

Se trata del tercer arresto de Chin’ono en seis meses, un hecho que ha vuelto a poner el foco en la frágil libertad de expresión y prensa de Zimbabue, donde los críticos resaltan que el periodismo ha sido durante años una ocupación de alto riesgo para un país que no se encuentra en una zona de guerra.

Ha sido particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece con regularidad en los rankings más importantes del mundo en materia de corrupción.

“Fui encarcelado después de exponer la corrupción”, escribió Chin’ono el año pasado tras su primer arresto.

La detención ocurrió después que las autoridades criticaran informaciones que consideraron falsas sobre el involucramiento de la familia del presidente, Emmerson Mnangagwa, en oscuros acuerdos sobre la adquisición de equipos para atender la covid, que habrían ocasionado millonarias pérdidas para el país.

Las denuncias de Chin’ono estuvieron detrás de la destitución posterior del ministro de Salud de entonces, mientras que para el periodista de investigación supuso el comienzo de una lupa especial sobre su trabajo por autoridades gubernamentales y policiales, ante sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder.

«La arremetida contra los periodistas de investigación es parte de la campaña hostil del gobierno contra los defensores de derechos humanos», dijo a IPS la también periodista de investigación Tawanda Majoni, coordinadora nacional de Información para un Desarrollo Confiable, una alianza de medios locales.

A su juicio, «los activistas por la libertad de los medios han hecho un trabajo enérgico, pero lo que puedan lograr siempre estará severamente limitado en un régimen represivo».

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Zimbabue ocupó el puesto 158 de 180 países, lo que lo convierte en uno de los más corruptos del mundo.

«En el sur de África, los periodistas y otras personas que trabajan para exponer la corrupción enfrentan un nivel de riesgo inaceptable», dijo Transparencia Internacional en un comunicado el año pasado.

Por su parte, Reporteros sin Fronteras, la organización internacional que promueve y monitorea la libertad en el ejercicio del periodismo, clasificó a Zimbabue en el puesto 126 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020, lo que convierte al país en uno de los peores lugares para trabajar como periodista.

«Los graves abusos de Zimbabue a la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos de los críticos del gobierno están empeorando a medida que comienza el año», dijo Dewa Mavhinga, directora de Human Rights Watch para África meridional.

«Parece que hay algunos dentro del gobierno que desean socavar los esfuerzos de restablecimiento de la participación de Zimbabue mediante sus imprudentes abusos que afianzan la imagen de que este es un Estado paria», dijo Dewa a IPS.

La delegación de la Unión Europea en Zimbabue también se sumó a la condena del arresto de Chin’ono, Sikhala y Mahere, en un tuit el 13 de enero.

En su comunicación en Twitter aseguró que «las actuales detenciones previas a un juicio, las demoras en el procedimiento sin cargos graves son cuestionables”.

Además, la embajada de Holanda en Harare recordó al ministro de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, los compromisos que el país asumió el 9 de diciembre en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, destinada a aumentar la seguridad de los periodistas.

La represión contra los periodistas continúa casi seis años después de la desaparición del periodista y activista Itai Dzamara, cuyo paradero se desconoce y que se teme que haya muerto.

«Tenemos un gobierno dominado por la paranoia y que no quiere rendir cuentas», dijo a IPS el especialista Nqaba Matshazi, del capítulo en Zimbabue del Instituto de Medios para África Meridional (Misa, en inglés).

La policía asegura que Chin’ono se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, pero sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los cargos y el periodista insiste en que seguirá su labor investigativa,  en un país donde los activistas en el sector mediático dicen que los periodistas evitan dedicarse a la investigación por temor a ser arrestados.

«La habitual persecución de los periodistas de investigación y otros periodistas tiene varios efectos regresivos, entre ellos el miedo, la autocensura y el apresamiento”, dijo Majoni.

A juicio de la periodista, “cuando un profesional de la comunicación ve que un periodista es llevado a la corte con grilletes por publicar un tuit,  naturalmente se pregunta si vale la pena sufrir esa suerte por su próxima información”.

Los abogados de derechos humanos aseguran que es particularmente frustrante defender a los periodistas.

«Los periodistas están siendo arrestados por hacer su trabajo y nuestro mayor desafío es que los arrestos muestran un aumento en el monitoreo de la actividad de los periodistas en las redes sociales», dijo a IPS la abogada Roselyn Hanzi, directora ejecutiva de Abogados por los Derechos Humanos de Zibabue.

Hanzi, que representa a Chin’ono y otros periodistas y ciudadanos detenidos por cargos cuestionables, aseguró que «lo que se requiere son reformas en la Administración que eliminen las manzanas podridas del sistema y también capacitación en derechos humanos para instituciones que se han vuelto muy partidistas».

Entre los activistas de derechos humanos y los gremios periodísticos hay preocupación porque no haya voces críticas en los organismos del continente africano a las actuaciones represivas del gobierno de Harare, lo que lo alentaría a seguir violando los derechos humanos.

«El silencio y la indiferencia de los vecinos de Zimbabue, como Sudáfrica, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y la Unión Africana han envalentonado a los elementos del régimen zimbabuense”, dijo Mavhinga, de Human Rights Watch.

«Pero la tiranía tiene testigos y un día habrá justicia y rendición de cuentas por todos los abusos», aseguró.

Fuente: https://rebelion.org/en-zimbabue-hay-libertad-de-expresion-pero-no-libertad-despues-de-usarla/

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España: Estudiantes universitarios: «Siempre hemos defendido la máxima presencialidad posible, pero no a cualquier precio»

Cargan contra la Crue por escudarse en el argumento de que si los exámenes son online los estudiantes copiarán.

Los estudiantes universitarios han pedido este jueves a las universidades que suspendan los exámenes presenciales por el riesgo de contagio de COVID-19 y que se pasen a la modalidad online. Siempre hemos defendido la máxima presencialidad posible, pero no a cualquier precio», señalan la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) en un comunicado conjunto.

Tras las imágenes y vídeos que se han vuelto virales en las últimas semanas en las que se mostraban aglomeraciones de alumnos universitarios en clases y pasillos por la celebración de los exámenes de enero en muchas facultades del país, el debate sobre la vuelta a la evaluación telemática ha vuelto a surgir.

Aunque las asociaciones estudiantiles y sindicatos llevan pidiendo desde antes de Navidad y principios del mes de enero que los exámenes se hicieran de forma online, la polémica ha vuelto a aflorar esta semana después de que este miércoles, 27 de enero, el Ministerio de Universidades emitiera un comunicado pidiendo a las universidades, al fin, que los exámenes se realizasen de manera telemática si no se podía garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, como se aprecia en varios vídeos grabados por los propios estudiantes en una jornada de exámenes.

Ante esta petición –que ha sido reafirmada este jueves por el propio ministro de Universidades, Manuel Castells, en una rueda de prensa en la que esta cuestión se ha convertido en protagonista–, los rectores (Crue) alzaron su voz a última hora de la tarde del miércoles para asegurar que las universidades eran «espacios seguros», para censurar la opinión del Ministerio y para defender la presencialidad como «el sello de identidad de la gran mayoría del sistema universitario».

«LA SITUACIÓN MÁS CRÍTICA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA»

Según recuerdan CREUP y CEUNE, durante este mes de enero, cerca de un 1,5 millones de estudiantes universitarios regresaron a las aulas bajo un contexto de «incertidumbre», con unas cifras de contagios cada vez más elevadas y «sin respuesta por parte de las instituciones».

Aunque ambas defienden el formato presencial, ven viable que la enseñanza y evaluación sean online porque, según destacan, «la gran mayoría de universidades han tenido durante meses un modelo de docencia híbrido o mayoritariamente online por motivos sanitarios», mientras que «ahora, con la situación más crítica desde el inicio de la pandemia, se está congregando a todo el estudiantado en las aulas». «Siempre hemos defendido la máxima presencialidad posible, pero no a cualquier precio», insisten.

En este sentido, CREUP y CEUNE lamentan que desde hace meses se ha podido prever esta situación y trabajar para minimizar sus efectos en el plano académico. Sin embargo, ya sea por «incapacidad de las universidades» o por una «falta de voluntad para adaptar la educación a la nueva era digital», se está obligando a los estudiantes, a su juicio, a asumir unas «exigencias desmedidas».

Ambas asociaciones han cargado contra la Crue por el comunicado que difundió ayer a última hora de la tarde, en concreto, por que esta organización «asume que la calidad y el formato telemático son extremos incompatibles».

Para ambas, se trata de un «falso dilema» que se está utilizando para argumentar el riesgo de plagio entre los estudiantes, escondiendo así el debate real sobre la falta de renovación de los métodos de evaluación, «mientras se divide a los estudiantes en honestos o deshonestos». «Resulta inaceptable que se pongan en entredicho los valores de ‘honestidad, transparencia y responsabilidad del estudiantado», opinan.

LA POSTURA DEL MINISTERIO LLEGA «MUY TARDE»

También se ha manifestado el Sindicato de Estudiantes. Su secretaria general, Coral Latorre, asegura a Europa Press que el cambio de postura del Ministerio de Universidades, pidiendo a las universidades el cambio a la modalidad online de la evaluación, llega «muy, muy, muy tarde». «No es suficiente con decir ahora que los exámenes tienen que ser online. ¿Qué medidas adoptará el Ministerio para garantizar que así sean?», se pregunta.

El Sindicato de Estudiantes exigió el pasado 11 de enero la cancelación inmediata de los exámenes universitarios, tanto presenciales como online, durante este semestre por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. «Pero llegados a este punto, deberían ser online, garantizando que todas y todos podamos examinarnos en condiciones seguras», reclama Latorre.

Para la secretaria general del sindicato, es «muy indignante» la «campaña de criminalización contra la juventud» que ha habido con este tema. «Parece ser que el problema aquí somos nosotros, no que no se haya invertido ni un euro en la Sanidad y Educación públicas, sino que los jóvenes somos muy irresponsables», se queja.

«También nos preguntamos que cómo es posible que no podamos ir a dar un paseo o ir a ver a nuestras familias por las restricciones de la pandemia, pero se dé por visto bueno que nos metamos en clase con decenas de personas más», denuncia Latorre, que asegura que los estudiantes están haciendo los exámenes presenciales en la universidad en unas «condiciones lamentables»: «con más de 50, 70 ó 100 personas en una clase, con aglomeraciones en los pasillos y hacinados en un transporte público masificado».

También el Sindicato de Estudiantes ha cargado contra la Crue: «La justificación que se nos da para que vayamos a hacer los exámenes a las facultades es porque así es más difícil que hagamos trampas o que nos copiemos». «Nos parece insultante que se nos siga criminalizando de esta manera, como si los estudiantes sacáramos provecho de esta situación cuando somos uno de los sectores más golpeados por la crisis y por la pandemia», concluye.

Fuente: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-estudiantes-universitarios-siempre-hemos-defendido-maxima-presencialidad-posible-no-cualquier-precio-20210128181053.html

 

 

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México: Colegios particulares amagan con regresar a clases presenciales en febrero sí o sí

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares exhortó tanto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como a los secretarios de Educación en las entidades federativas a recibirles para diseñar un plan en conjunto.

Ante una pérdida de hasta el 42 por ciento de su matrícula, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares convocó a sus agremiados a regresar a clases presenciales en febrero próximo con o sin el aval de las autoridades educativas, pues –argumentan- no puede ser violado el derecho a impartir educación.

La Asociación, en voz de su presidente Alfredo Villar Jiménez, también exhortó tanto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como a los secretarios de Educación en las entidades federativas a recibirles para diseñar un plan en conjunto y no verse en la necesidad de interponer amparos, juicios de nulidad, administrativos para garantizar sus derechos.

“Vamos a abrir con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin el reconocimiento, y aún contra la SEP porque el estado de derecho está de nuestra parte y lo vamos a hacer valer”, advirtió.

Aunque se desconoce el número de colegios particulares que podrían estar realizando un paro activo la próxima semana, ni una fecha establecida, Villar Jiménez, dijo que al menos el 65 por ciento de los padres de familia estrían a favor de que sus hijos regresen a las clases presenciales, ya que el cierre de las escuelas físicas para migrarlas al Internet “fue una ocurrencia y arbitrariedad hecha por el Gobierno”.

“Terminemos ya con el confinamiento, que no da soluciones y crea problemas (…) Reiniciar clases de manera presencial con la participación de padres de familia, y es la base de las actividades”, advirtió durante un encuentro con medios de comunicación.

Según la información presentada, la migración a un modelo “en línea” habría ocasionado la pérdida de poco más del 40 por ciento de la plantilla estudiantil, y desempleo de 200 mil trabajadores, así como el cierre de al menos 10 mil escuelas, dejando en riesgo a 20 mil más.

Finalmente, la asociación hizo un reclamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Raquel Buenrostro, para detener “las presiones” de las que han sido víctimas con la imposición de multas, sanciones y hasta embargos, pese a la imposibilidad de abrir.

“Sólo cuando se tienen utilidades es cuando se pagan los impuestos, entonces el SAT debe detenerse en estas presiones”, añadió Alfredo Villar.

Mientras, en el ámbito de la educación pública, la federación ya agiliza el regresar a clases al menos en Campeche con la vacunación de personal docente en la entidad, que hasta el día de ayer sumó 9 mil 149 profesores.

De acuerdo con la dicho por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, durante la conferencia de Palacio Nacional, “se ha completado un primer universo de población de maestros de educación básica y pública”.

No obstante, el funcionario agregó que se contempla también la vacunación para profesores de educación media, superior y también de instituciones privadas.

“La vacunación tiene que empezar a tener un proceso de escalamiento hacia otras áreas cuando la empiece a hacer en números y volúmenes mayores”, apuntó.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/colegios-particulares-amagan-con-regresar-a-clases-presenciales-en-febrero-si-o-si

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Argentina pide “mayor compromiso” de los países ricos en la lucha climática

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Líderes religiosos de Brasil piden destituir a Bolsonaro por manejo del covid-19

Un grupo de líderes religiosos brasileños, incluyendo católicos, protestantes y evangélicos, presentaron una petición para que el Congreso le abra un juicio político con fines de destituir al presidente Jair Bolsonaro por su cuestionada gestión frente a la pandemia del covid-19.

La petición presentada este martes ante la Cámara de Diputados es respaldada por 380 obispos, sacerdotes, pastores y frailes de las diversas iglesias cristianas con templos en el país, así como por 17 movimientos cristianos.

Entre los suscriptores destacan representantes de la Iglesia Católica de Brasil, el país con mayor número de católicos en el mundo y en donde el catolicismo sigue siendo mayoritario pese al avance de los grupos evangélicos en los últimos años.

La petición se suma a otras 61 que han sido hechas en los últimos meses para que el Congreso someta a Bolsonaro a un juicio con fines para destituirlo, de las cuales sólo cinco han sido rechazadas y las otras 56 esperan a una decisión del presidente de la Cámara de Diputados que será elegido el próximo lunes.

La apertura de un juicio político contra un jefe de Estado en Brasil es una decisión exclusiva del presidente de la Cámara de Diputados, que, dependiendo de sus alianzas y de su relación con el mandatario, puede dejar las peticiones archivadas por varios meses sin ofrecer explicaciones.

El actual presidente de los Diputados, Rodrigo Maia, asegura que Bolsonaro merece ser juzgado por sus omisiones ante la pandemia pero alega que abrirle un juicio en estos momentos es contraproducente debido a que agravaría la crisis y la paralización del gobierno ante la crisis sanitaria.

Los líderes religiosos alegan que Bolsonaro ha cometido «crímenes de responsabilidad», que justifican un juicio político, por sus omisiones y acciones ante la pandemia.

«El motivo principal de esta petición es la ausencia total de iniciativas por parte del gobierno para disminuir o contener los impactos de la pandemia», explicó en rueda de prensa la dirigente del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil, pastora Romi Bencke.

Pese a ello, Bolsonaro se mantiene como uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad de la covid, que llegó a tildar de «gripecita»; se opone a las medidas de distanciamiento social y hasta al uso de cubrebocas, e insiste en que la eficacia de las vacunas no está científicamente probada.

«Bolsonaro actuó contra recomendaciones de las autoridades sanitarias; violó reglas de obligatoriedad del uso de cubrebocas; promovió y estimuló aglomeraciones; puso en duda la eficacia de las vacunas; le colocó obstáculos a las vacunas; e hizo campaña por el uso de medicinas con eficacia no comprobada por la ciencia», argumenta la petición de los líderes religiosos.

De acuerdo con la solicitud, el mandatario «dejó de hacer lo que estaba obligado a hacer como presidente» y sus acciones «siguen conduciendo a la población brasileña a la muerte y generaron daños irreparables».

Entre los suscriptores del documento destacan el obispo de Brejo, José Valdeci Santos, que preside una de las comisiones de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) de la Iglesia Católica; y el obispo primado de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil, Naudal Alves Gomes.

En los últimos días tanto movimientos de izquierda como de derecha han marchado en todo Brasil exigiendo que el Congreso ponga en votación al menos una de las 57 peticiones de apertura de juicio político contra el mandatario que están en la presidencia de la Cámara de Diputados.

El domingo dos importantes grupos que reúnen a militantes de centroderecha realizaron caravanas de vehículos en Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá y Belén. Y el sábado, partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales organizaran extensas caravanas en al menos 50 ciudades de Brasil igualmente para pedirle al Congreso que inicie un juicio con fines de destitución al mandatario.

Las presiones por la salida de Bolsonaro ganaron fuerza con la divulgación de una encuesta que mostró que la evaluación negativa del mandatario subió hasta el 40 por ciento y la evaluación positiva cayó hasta el 32 por ciento. Además de evidenciar la caída de la popularidad del gobernante, el mismo sondeo indicó que 42 por ciento de los electores brasileños defiende la apertura de un juicio político contra el presidente frente a un 53 por ciento que aún lo rechaza.

https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/jair-bolsonaro-lideres-religiosos-brasil-exigen-destitucion

 

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Protestas en Grecia contra propuestas de reformas educativas

Miles de estudiantes y profesores en Grecia salieron el jueves a las calles de Atenas y Salónica, la segunda ciudad más grande del país, para manifestarse en contra de las propuestas de reformas educativas, desafiando una prohibición pública impuesta para abordar la pandemia de coronavirus.

Unas 4.000 personas, con mascarillas para protegerse contra el virus, marcharon por las calles de Atenas, mientras que otras 1.500 aproximadamente se manifestaron en Salónica. Los estudiantes y maestros se oponen a las reformas educativas que incluyen planes para establecer una división de seguridad estatal en los campus universitarios.

El martes, el gobierno anunció que estaban prohibidas las protestas de más de 100 personas hasta el 1 de febrero, como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus. Dijo que los infractores serán castigados, con multas de hasta 3.000 euros (3.650 dólares) para los organizadores de mítines o manifestaciones, y de 5.000 euros (unos 6.000 dólares) para grupos u organizaciones.

No estaba claro de inmediato si se impondrían multas a los organizadores de las protestas del jueves.

Los partidos de izquierda criticaron la prohibición de las manifestaciones, y el principal partido opositor Syriza la describió como “arbitraria y antidemocrática”.

Fuente: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-01-28/protestas-en-grecia-contra-propuestas-de-reformas-educativas

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