La caravana de observación y solidaridad en Chiapas partió este 11 de enero al poblado de Nuevo San Gregorio, municipio Lucio Cabañas, para acompañar a las comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en su regreso a trabajar a los campos, los cuales «desde noviembre del año 2019 se mantuvieron cercados como parte de los actos de hostigamiento que han sufrido por un grupo de agresores».
La caravana, integrada por organizaciones y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, explicó que durante el retorno de las comunidades realizará los trabajos de observación y documentación «para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida, integridad física y emocional de las BAEZLN».
Por otra parte, denunciaron que después de la primera visita como caravana a las comunidades autónomas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio se han vuelto a registrar hostigamientos y presencia de agresores, por lo que exigieron el respeto a la libre autodeterminación de las bases zapatistas.
Las organizaciones explicaron que esta segunda visita a las BAEZLN es un seguimiento a la primera caravana de observación de derechos humanos, documentación y entrega de ayuda humanitaria a las comunidades zapatistas, realizada en el mes de octubre del 2020.
A continuación el comunicado completo:
A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.
La caravana de observación y solidaridad integrada por Organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, informamos que el día de hoy 11 de enero, saldremos a la comunidad de Nuevo San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas como seguimiento de la primera caravana de observación de derechos humanos, documentación y entrega de ayuda humanitaria realizada en el mes de octubre del 2020. [1]
La decisión de dar continuidad a esta caravana, responde a la necesidad de las comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de regresar a trabajar a los campos que desde noviembre del año 2019 se mantuvieron cercados como parte de los actos de hostigamiento que han sufrido por un grupo de agresores. Estas acciones han impedido que las familias BAEZLN puedan tener acceso a su principal fuente de sustento, la tierra.
Por esa razón es que la caravana solidaria acompañará a las bases en su retorno a sus tierras, para realizar los trabajos de observación, documentación; para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida, integridad física y emocional de las BAEZLN.
Después de la primera visita como caravana a las comunidades autónomas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, se han vuelto a registrar hostigamientos y presencia de agresores en ambas comunidades.
La postura es y ha sido a favor de la paz, por esa razón exigimos el respeto al derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista, a sus tierras recuperadas que forman parte de su territorio, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y la vida de las Bases de Apoyo del EZLN.
Las organizaciones integrantes de la caravana seremos acompañados de la observación internacional y de derechos humanos del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Movimiento sueco por la reconciliación (SweFOR) y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Les pedimos que estén atentas y atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.
Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamos Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
Txiapasekin.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Enfermeras mexicanas conmemoraron el Día Nacional de la Enfermería expuestas a riesgos de contagio por COVID-19, sobrecarga laboral, afectaciones emocionales, distanciamiento con su familia e incertidumbre con respecto a su estabilidad en el empleo.
Cada 6 de enero, México conmemora el Día Nacional de la Enfermería. Este 2021, sin embargo, la efeméride llegó en medio de una pandemia que ya cobró la vida en nuestro país de al menos 130 mil personas.
La enfermería, constituida casi totalmente por mujeres, es la principal actividad al frente de la atención de todas las personas que han sido contagiadas con el nuevo virus, lo que las expone a mayor riesgo de contagio porque son quienes mantienen todo su turno laboral en contacto directo con las y los pacientes, su entorno, sus fluidos y sus secreciones.
De acuerdo con el reporte del 4 de enero del 2021 que da a conocer semanalmente la Secretaría de Salud, seis de cada 10 profesionales de salud que han padecido la enfermedad por COVID-19 son mujeres; 40 por ciento del total de este personal contagiado son enfermeras.
Cimacnoticias platicó con cuatro enfermeras que laboran en distintas instituciones públicas de salud en la Ciudad de México que atienden pacientes COVID, para conocer cómo han cambiado sus condiciones laborales y de vida tras la pandemia.
Sandra, enfermera que labora desde abril pasado en una unidad temporal para la atención de pacientes COVID. Este enero cumplió ocho meses de no ver a su familia. También tuvo que cambiar de residencia y, en algunos casos, ha tenido que hacer uso de los cuartos de hoteles que en la CDMX se pusieron a disposición del personal sanitario que atiende la pandemia.
Antes de la COVID-19, en una jornada laboral promedio, Sandra atendía un máximo de seis pacientes al día y en estado de salud no tan grave. Actualmente, en una área de hospitalización atiende cotidianamente entre 8 a 11 pacientes en estado de salud de moderado a delicado. En el caso de pacientes en terapia intensiva, antes atendía a 1 persona y ahora 2 en estado de gravedad.
Aunque Sandra trabaja las mismas horas que antes de la pandemia y su sueldo aumentó de 16 a 24 mil pesos al mes, las jornadas son más extenuantes toda vez que han tenido que prepararse para la aplicación de nuevos procedimientos y conocer cerca una enfermedad nueva para todas las personas, incluyendo para el personal sanitario.
En esto coincide Rosario, enfermera obstetra en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a mujeres embarazadas con COVID. De acuerdo con Rosario, al inicio de la pandemia el personal directivo y altos mandos del hospital para el que labora no supieron cómo lidiar con las necesidades del personal de enfermería y no les proporcionaron material de calidad, lo que derivó en contagios y hasta muerte de sus compañeras y compañeros.
Fue varios meses después de la pandemia que se tuvo un mejor manejo de las condiciones de trabajo de las enfermeras, de acuerdo con Rosario, quien aseguró que la atención de pacientes COVID es más cansada porque –y en esto coincidieron todas las entrevistadas– el uso del Equipo de Protección Personal es pesado y deshidrata.
Amalia, que atiende a niñas y niños con COVID en el Hospital Infantil de México desde abril de 2019, relató que cuando empezaron a escuchar de los primeros casos de contagio imperó entre el personal un “miedo ante lo desconocido”, que poco a poco fue convirtiéndose en respeto.
La enfermera detalló que, como en el caso de muchas otras compañeras, la COVID le abrió las puertas para laborar en las instituciones públicas, para aumentar su sueldo, que en su caso –al venir de una institución privada– se duplicó, y de crecer profesionalmente.
Sin embargo, por la contingencia sanitaria, tuvo que modificar sus hábitos de vida. Por ejemplo, dejó de visitar por varios meses a su mamá y su papá, a quienes veía una vez por semana. Además de vivir con el constante miedo de ser portadora del virus y contagiar a alguien más.
Laura, una enfermera con 26 años de trayectoria, dijo que tras la pandemia se tuvieron que modificar no sólo los espacios de trabajo dentro del hospital sino también en su casa, con la instalación de tapetes sanitizantes o hacer un cambio de ropa al llegar del trabajo; no obstante, el mayor reto de su trabajo en esta época ha sido presenciar la pérdida de los pacientes.
“El riesgo ha aumentado y el trabajo también. Es muy estresante porque tienes paciente grave y de repente se ponen mal dos o tres pacientes al mismo tiempo. Algunas veces no te das a basto para atender la situación tan eficientemente como quisieras.
Tuve la experiencia de trabajar en un hospital de Tijuana por quince días, y fue una experiencia muy fuerte pues la demanda de la atención médica era muy grande. Gran parte del personal adscrito al hospital estaba con incapacidad por COVID y tuvimos que entrar nosotros (que laboran en la CDMX) y después de nosotros llegaron otros grupos. Ahí sí vi mucha gente morir en cuestión de minutos, a pesar de ayudarlos de manera muy profesional y expedita, era inútil, morían. Nunca jamás antes había llorado tanto por la muerte de mis pacientes, esa sensación de impotencia, coraje mezclados con desesperación ha sido una experiencia que me ha marcado mi vida profesional”, detalló la enfermera.
Antes de la pandemia, en julio de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) contabilizó que en el país había 472 mil 781 personas se dedicaban a la enfermería con un grado técnico o especializado de las cuales el 79.1 por ciento mujeres; no obstante, la Secretaría de Salud estimaba que México tenía un déficit de 730 mil enfermeras y enfermeros para cubrir las necesidades sanitarias del país.
Además del déficit del personal, desde 2016 y durante los años recientesmiles de enfermeras han protestado en manifestaciones públicas para exigir una mejora salarial de acuerdo a su nivel de estudios, que en muchos casos es de maestría o más de una especialización; y el reconocimiento social de su labor.
Tras los primeros tres meses de la pandemia, el gobierno federal contrató un total de mil 502 enfermeras especialistas y 18 mil 664 enfermeras generales, de acuerdo con la SS, y el IMSS ofreció a 161 mil 807 personas un bono salarial del 20 por ciento.
No obstante, las enfermeras consultadas coincidieron en que lo prioritario para ellas es que se atienda su salud mental, toda vez que enfrentan desgaste físico y emocional por la pandemia, además de que desconocen qué pasará con sus empleos una vez que las hospitalizaciones disminuyan y se requiera en menor medida de sus servicios, ya que nadie les puede garantizar que su sueldo actual se mantenga o, mejor aún, gocen de una plaza fija.
En diálogo con Página/12, la perspectiva de especialistas sobre la disponibilidad del recurso en Sudamérica y Argentina, y la posibilidad de convertirse en eje de disputa geopolítica.
Después del anuncio de que el agua comenzaba a cotizar en el mercado de futuros de materias primas en Wall Street, desde el espacio científico se produjeron reflexiones y reacciones. “La conformación de bonos respecto de los derechos de uso del agua en Wall Street no habilita a que la gente pueda ir y comprar bidones de agua. La realidad es mucho peor porque lo que se comercializará es la posibilidad de acceder al recurso y disponer del derecho de uso”, afirmó Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. “En el presente, la escasez de agua empieza a ser notoria y comienza a percibirse como un elemento de conflicto entre las distintas sociedades. Por eso es que el mercado interviene de la forma en que suele hacerlo: le otorga un precio”.
“Que el agua se cotice en el mercado de futuros crea un antecedente muy importante, que en parte choca con la adhesión de la mayoría de los países a los objetivos de Desarrollo Sostenible que plantearon las Naciones Unidas”, apuntó José Volante, coordinador del Programa Nacional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA. Uno de los propósitos más relevantes fijados por la ONU al respecto es considerarla un bien universal y democratizar sus condiciones de acceso. Sobre todo, si se tiene en cuenta que su restricción representa “un claro indicador de pobreza”, desde el enfoque del especialista.
En esta línea, Volante profundizó su explicación: “Era lógico que el agua, en algún momento, comenzara a disputarse porque es un bien escaso y de alta demanda. Las transacciones con agua no son nuevas; en Chile se compran y se venden derechos de uso. Es muy probable que esa situación se replique en muchas naciones y que el fenómeno se vuelva más común de lo que creemos. Existen modalidades de compra y venta, el asunto ahora es que ingresa en el mercado financiero futuro, se paga por un bien que todavía no está disponible, especulando sobre el precio que tendrá a mediano o largo plazo”, destacó.
¿Derecho universal o mercancía?
Para Guillermo Folguera, investigador del Conicet, biólogo y filósofo, el fenómeno implica líneas de continuidad y, al mismo tiempo, de intensificación de los problemas. “Lo que está en juego es el agua como derecho y como bien común, necesario para el bienestar colectivo y la salud de las comunidades y los ecosistemas”, sostuvo. “La privatización de un recurso como el agua no es nueva. Se podría pensar en que la contaminación, por ejemplo, no es accidental sino un problema estructural vinculado a una mala apropiación; de la misma manera que sucede con el embotellamiento por parte de las empresas que la comercializan como producto”.
A su vez, por otra parte, este acontecimiento simboliza un punto de inflexión y –como dice Folguera– de intensificación de los problemas. “Que el agua esté en la bolsa de valores representa el máximo esplendor del sector financiero a nivel internacional. Es una pésima noticia porque promueve el hecho de pensar al agua como mercancía y como forma de poner dinero para generar dinero y no como bien colectivo de acceso para las comunidades. Deja de ser percibido como algo necesario y vital”, relata.
El agua de mar representa el 97% de la existente en la Tierra, mientras que la dulce abarca un poco menos del 3%. De ese porcentaje pequeño (apto para el consumo), las tres cuartas partes está en forma de glaciares y hielo, casi el cuarto restante en acuíferos bajo tierra y solo el 0.3% en aguas superficiales (aquellas que se generan a partir de las lluvias, o bien, por la emergencia de las subterráneas) que forman lagos, pantanos y ríos. La desigualdad en el acceso a los recursos escasos marca la pauta del mundo capitalista contemporáneo. ¿Quiénes son los principales países consumidores? China y Estados Unidos, por supuesto. El uso indiscriminado es liderado por naciones-potencia que replican su sed imperialista en todos los campos habidos y por haber. Si se trata de un recurso estratégico, no es extraño que se convierta en el epicentro de futuros conflictos geopolíticos.
De acuerdo a los datos consignados por Naciones Unidas, cerca de un cuarto de la población mundial (2 mil millones de ciudadanos) habita naciones con graves problemas de acceso al agua potable y más de la mitad (4.2 mil millones) carece de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Otras cifras que despiertan alarmas: el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua; el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas; alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa; la agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua; y, aproximadamente, el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía.
La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, han llevado a que sea cada vez más escaso. Por ello, en el plano internacional, todos los 22 de marzo (desde 1993), se celebra el Día Mundial del Agua para invitar a la concientización y debatir acerca de su gestión; mientras que en julio de 2010, la Asamblea General de la ONU la reconoció como un derecho humano. El problema es que cuando los bienes son tan esenciales, no hay conmemoración ni declaración que alcance.
“El mercado ha demostrado, históricamente, ser bastante perverso a la hora de distribuir el uso de los bienes comunes. Nada garantiza, en realidad, que será lo suficientemente democrático como para distribuir de manera equitativa su consumo. Como señalaba el Papa Francisco, en cuestiones de ambiente, nunca el bien común puede quedar supeditado al interés de mercado”, sostiene Federovisky. Además, propone superar una mirada ingenua que en algunos casos prevalece. “Es ingenuo considerar que poniéndole una cotización de mercado al derecho de uso, las zonas áridas como La Rioja o Catamarca tendrán posibilidades de comprar esos bonos para poder tener agua en un futuro. Lo que seguramente prevalecerá, del mismo modo en que lo hace hoy un commodity como el petróleo, es la especulación que termina por dominar al mercado; que no le interesa proveer de agua potable al que no la tiene sino ganar plata”, sentencia el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Reservas de agua en Sudamérica y Argentina
Sudamérica dispone casi el 30% del total mundial de recursos de agua dulce y corre con el enorme beneficio de que en la región solo habita menos de un 10% de la población total. Para comprenderlo con una comparación que puede servir de ejemplo: si bien Asia cuenta con el 26% de los recursos mundiales, es habitada por el 60%. El acuífero Guaraní es el gran responsable de este fenómeno: un reservorio de agua dulce que se extiende bajo tierra y abarca Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. “Nuestro país posee una de las cuencas hídricas subterráneas más grandes del planeta. El acuífero Guaraní que comparte con países vecinos es impresionante. Pienso que se deberían crear unidades administrativas con el propósito de evitar futuras usurpaciones. En el futuro, las tensiones y los conflictos armados entre naciones podría tener como eje al agua, de la misma forma que desde hace tiempo el centro de disputa es el petróleo”, enfatiza Volante.
Bajo esta premisa, por la abundancia de recursos hídricos y de humedales desperdigados por el territorio, Argentina suele considerarse una referencia en el rubro. En el país existen reservas hídricas relevantes en el Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz), Parque Nacional Nahuel Huapi (Neuquén y Río Negro), Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (Chubut) y el Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes), entre otras. Federovisky, no obstante, relativiza esta situación: “Argentina posee dos tercios de su superficie sometida a procesos de aridez, mientras que el tercio restante está fuertemente sometido a potencial desertificación. En realidad, la Argentina húmeda, a la que le sobra el agua, es solo la de las cuencas del Río Paraná, Uruguay y de La Plata”, puntualiza.
Un desarrollo científico para medir su contaminación
En noviembre, la joven científica Daiana Capdevila, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir), fue reconocida con el Premio Beca L’Oreal-Unesco “Por las mujeres en la ciencia”. ¿Por qué recibió este galardón? Porque desarrolló un sensor de detección de metales pesados para la Cuenca Matanza-Riachuelo, que si bien abastece de agua al 15% del país, es de las más contaminadas del planeta. A partir de un sistema de proteínas aisladas de bacterias, cuenta con la posibilidad de evaluar en tan solo 30 minutos si el agua está contaminada o puede ser apta para el consumo. Como dato de color, vale destacar que el artefacto fue bautizado “Rosalind” como homenaje a Franklin, científica que nació hace un siglo y cuyo trabajo fue decisivo en el descubrimiento del ADN.
Hasta el 21 de diciembre de 2020, la cantidad de población afectada por coronavirus en la Amazonía superaba el millón de personas, mientras que la cantidad de fallecidos a consecuencia del COVID-19 estaba por encima de los 37 000.
Desde el inicio de la pandemia en Latinoamérica, en marzo del 2020, las comunidades indígenas optaron por cerrar las fronteras de su territorio, medida que esperaban los protegiera de la llegada del nuevo virus que paralizó al planeta. Pero el SARS-Cov-2, llegó hasta ellos.
Indígenas de la nacionalidad siekopai, en Lagartococha, en la frontera entre Perú y Ecuador. Foto: Amazon Frontlines.
Los primeros días de abril se confirmaba el primer caso de COVID-19 en la Amazonía brasileña. Se trataba de una mujer kokama en el estado de Amazonas, frontera con Perú y Colombia. Después vendrían los reportes de casos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y el resto de países de América Latina con población indígena.
El coronavirus llegó como un tsunami para arrasar con la población más vulnerable del continente. Cuando empezó la pandemia, la antropóloga peruana especializada en pueblos indígenas, Beatriz Huertas, advirtió que la vulnerabilidad de las comunidades nativas se agravaría debido a las deficiencias del servicio de salud en sus territorios. No se equivocó.
En los meses siguientes, desde las comunidades se reclamaba atención para los afectados por el COVID-19. Era una constante la falta de medicinas y de personal de salud en los centros de atención. “Con la pandemia se ha podido ver con más claridad cuáles son las necesidades de salud en el lugar que vivimos. Era triste no tener médicos ni medicinas. Cuando íbamos a las comunidades era terrible, las personas estaban con fiebre y no sabíamos cómo conseguir medicinas para atenderlos”, recuerda ahora la lideresa indígena peruana Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua).
Las políticas de los gobiernos de América Latina para atender las necesidades de los pueblos originarios han sido criticadas por las federaciones indígenas. En unadeclaración del 23 de diciembre de 2020, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) señaló que en la Amazonía se viven procesos constantes de exclusión, discriminación y explotación de los territorios, los mismos que “se vieron encrudecidos con la pandemia del COVID-19”.
Benjamín Rodríguez Grandez (a la derecha), presidente de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), falleció a consecuencia del COVID-19. Foto: Instituto del Bien Común.
En el mismo documento se recuerda que “las pandemias son solo un síntoma de un planeta enfermo que necesita sanar», por tanto, «es urgente restablecer el equilibrio, la armonía entre los seres y lograr un nuevo acuerdo para la Madre Selva Amazónica que permita evitar más asesinatos, más deforestación e incendios, y detener la extinción y las pandemias”. Coica exhorta, entonces, a entender la importancia de la Amazonia y los pueblos indígenas que habitan en ella, para la supervivencia del planeta, y hace un llamado a la acción urgente para que se detengan los efectos del cambio climático.
Uno de los últimos reportes sobre el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y COICA indica que la cifra de personas afectadas por el virus en los nueve países amazónicos llega a 1 610 130 casos confirmados. En tanto, el número de fallecidos alcanzó 37 747 personas, hasta el 21 de diciembre de 2020.
Brasil lidera esta triste lista con más de 25 931 muertos; le siguen Bolivia con 6 284 fallecidos, Perú con 3 126 y Colombia con 1 613. El resto de países amazónicos –Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam– no superan las 500 personas fallecidas, según REPAM y COICA.
La partida de los líderes indígenas
El líder awajún Santiago Manuín (al centro) fue otra de las víctimas del COVID-19. Foto: CAAAP.
“Esta pandemia nos está quitando a nuestros sabios”, dijo el líder indígena peruano Zebelio Kayap, tras la muerte del líder awajún Santiago Manuín Valera a consecuencia del COVID-19.
Santiago Manuín luchó por su vida durante dos semanas. Había sobrevivido a una ráfaga de metralleta durante el conflicto ocurrido en Bagua, Perú, en el año 2009 , pero falleció el miércoles 1 de julio por el coronavirus.
Benjamín Rodriguez fue otro líder indígena en Perú que falleció a consecuencia del COVID-19. Fue uno de los principales impulsores de la creación del Parque Nacional Yaguas y del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu, en la región Loreto
Humberto Chota, líder indígena peruano del pueblo Shawi, en la Triple Frontera en Loreto, la zona de frontera entre Perú, Colombia y Brasil; Silvio Valle, alcalde de Masisea y líder del pueblo Shipibo-Konibo en Ucayali y José Tijé, reconocido por ser la última persona que dominaba el Harakmbut, una lengua en peligro de extinción, son algunos de los 27 líderes y lideresas indígenas que fallecieron en Perú a causa del COVID-19.
Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC, perdió la batalla frente al COVID-19. Foto: OPIAC.
En Colombia, Róbinson López, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) falleció a consecuencia del COVID-19 luego de varios días internado en una unidad de cuidados intensivos.
José de los Santos Sauna Limaco, gobernador del Pueblo Kogui, comunidad indígena de la Sierra Nevada en Colombia, también perdió la batalla frente al COVID-19. Tenía 44 años y falleció los primeros días de agosto. En Bolivia, la nación Sura perdió a Claudio Centeno Quito, uno de sus más importantes líderes.
Con esta pandemia “se han ido millones de conocimientos ancestrales sobre la selva. Conocimientos que pueden salvar al mundo, saberes sobre el manejo de plantas, el manejo de ecosistemas que no lo sabe ningún científico. Para nosotros el mayor dolor es que se va toda una historia de nuestros pueblos”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, quien está al frente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Con la inmovilización decretada por el gobierno, las comunidades indígenas quedaron prácticamente aisladas Foto: Alejandro López.
El 22 de abril, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez ordenó la cuarentena total del país y el cierre de fronteras. Esta inmovilización generó desabastecimiento de alimentos y problemas en el acceso a un servicio de salud adecuado para los pueblos indígenas.
Pero la cuarentena no detuvo las actividades extractivas en Bolivia. Los campos deextracción de gas y petróleo continuaron sus actividades. Las comunidades nativas denunciaron que el personal que se desplazaba a los pozos de hidrocarburos no siempre se cumplían con los protocolos de bioseguridad, situación que significaba un riesgo para los pueblos indígenas por cuyos territorios transitaban los trabajadores de estas empresas.
El último reporte de REPAM y COICA del 21 de diciembre indica que la cantidad de indígenas fallecidos por el coronavirus supera las 6 000 personas. Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Colombia reportó más de 1500 fallecidos de los pueblos indigenas de la Amazonía por la pandemia del coronavirus Foto: Luisa Fernanda Ortiz – WWF Colombia.
A inicios de abril, los pueblos indígenas de Colombia ya reportaban casos positivos del COVID-19 en dos comunidades: en el pueblo binacional Yukpa, en el departamento de Norte de Santander en frontera con Venezuela y en el pueblo Pastos, en el departamento de Nariño en frontera con Ecuador.
Un mes después se reportaba el avance del coronavirus en el departamento de Amazonas, uno de los más afectados por el nuevo virus en ese país. Desde el inicio de la pandemia, los líderes indígenas de los pueblos amazónicos tikuna, miraña, tariano, yukuna y ocaina, ubicados en la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil, reclamaban mayor atención para el departamento y su capital.
La falta de adecuados servicios de salud advertían una crisis sanitaria que, lamentablemente, se concretó. Carencia de equipos de protección para el personal de salud ocasionó una renuncia masiva en el hospital público. Amazonas, con una población mayoritariamente indígena, se convirtió en el departamento colombiano con más contagios por millón de habitantes en ese entonces. Ante este panorama, el gobierno anunció medidas extraordinarias para atender la pandemia en Leticia.
Los pueblos indígenas del departamento de Amazonas fueron los golpeados por el virus. Foto: Cortesía Revista Semana – León Darío Peláez.
Pero el coronavirus no fue el único peligro con el que lidiaron los pueblos indígenas en el 2020. Grupos armados asesinaron a indígenas en el norte del departamento del Valle del Cauca, mientras las comunidades embera del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué en Bojayá, Chocó, quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos de dos grupos armados.
Actualmente, la cifra de indígenas fallecidos en Colombia por el COVID-19 supera los 1 500, mientras que los casos positivos están por encima de los 72 000, según estadísticas de REPAM y COICA. Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Chile: el factor turismo para los pueblos indígenas
Indígenas atacameños pidieron al gobierno un cordón sanitario para la comuna de San Pedro de Atacama. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
El fallecimiento de una mujer mapuche de la comunidad indígena Carilafquén, en la región de la Araucanía, a causa del coronavirus, fue la señal de alerta para que líderes indígenas y expertos advirtieran sobre el peligro que significaba el desplazamiento de las personas desde las ciudades hacia las zonas rurales. Esta región con un 33% de población indígena, principalmente de la etnia mapuche, fue una de las que presentó la mayor cantidad de contagios y muertes producto del COVID-19.
Las autoridades de San Pedro de Atacama, una de las zonas turísticas más visitadas del país, solicitaron que se instalara un cordón sanitario para la comuna debido al ingreso sin autorización de turistas. Lea la historia completa aquí.
Ecuador: el reclamo de las nacionalidades indígenas
Miembro de una brigada de salud realiza una prueba COVID-19 a la líder waorani Nemonte Nenquimo. Foto: Mitch Anderson / Amazon Frontlines.
Apenas el gobierno ecuatoriano decretó el estado de emergencia –el 3 de marzo– la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tomó medidas estrictas para evitar el contagio de la enfermedad en sus comunidades: prohibieron la entrada y salida de personas de sus territorios, suspendieron actividades turísticas y cancelaron reuniones.
Sin embargo, para el 17 de abril falleció un anciano de nacionalidad Siekopai en la provincia amazónica de Sucumbíos con diagnóstico probable de COVID-19, además se reportó que alrededor de 20 personas estarían con síntomas del coronavirus. El Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en la provincia de Morona Santiago, también informó de muertes que podrían haber estado relacionadas con el virus.
En mayo, la nacionalidad indígena waorani también reportó el fallecimiento de un integrante de la comunidad y otras dos personas en grave estado de salud. Por otro lado, los indígenas Cofán de Sinangoe reclamaron por no tener acceso a alimentos ni medicamentos, debido al rompimiento del puente que comunica su territorio con vías provinciales y nacionales.
Ahora, casi un año después del inicio de la pandemia, la cantidad de indígenas fallecidos en Ecuador suman 378 y las personas que han dado positivo al coronavirus alcanza las 14 264 personas, indica el reporte de REPAM y COICA del 21 de diciembre de 2020. Lea las historias completas en el siguiente enlace:
La comunidad indígena de Cherán, en México, tiene entre sus prioridades el cuidado de los mayores y de los niños. Foto: Facebook del Consejo de Jóvenes de Cherán Keri.
Para los purépechas que habitan Cherán, abril es un mes especial, pues representa la época en que expulsaron a quienes talaban sus bosques, empezaron un proceso legal para que reconozcan su gobierno tradicional y celebran su fiesta patronal, motivo por el cual reciben a los migrantes que trabajan en los Estados Unidos.
Pero este año, la presencia del COVID-19 los obligó a suspender las celebraciones y más bien cerraron la entrada a la comunidad. Otras comunidades indígenas purépechas siguieron el ejemplo de Cherán y cerraron sus territorios. La medida de cerrar sus fronteras también la adoptaron comunidades en estados como Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.
Abel Barrera, antropólogo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó que no se diera una atención adecuada a las comunidades indígenas. Ante la falta de atención gubernamental, han sido las propias comunidades indígenas, las radios comunitarias y algunas organizaciones no gubernamentales las que han difundido información para prevenir la expansión del COVID-19. Lea la historia completa aquí.
Perú: la pandemia llegó pese al cierre de territorios
Pueblo Shipibo Konibo, en Ucayali, fue uno de los más afectados por la pandemia en Perú. Foto: Ministerio de Cultura.
A mediados de marzo, los pueblos indígenas en Perú decidieron cerrar las fronteras de sus territorios apenas se decretó la emergencia sanitaria en el país, como una forma de protegerse del coronavirus. Al mismo tiempo, solicitaron al gobierno que estableciera protocolos específicos de atención a los pueblos originarios ante una posible escasez de alimentos en las comunidades nativas, así como para revertir las deficiencias en los servicios de salud de una población vulnerable.
El 9 de abril, el presidente de entonces, Martín Vizcarra, anunció que su gobierno estaba preparando un plan específico para atender a las comunidades indígenas y amazónicas. Pero esta propuesta no se concretó hasta varios meses después.
Entre fines de abril y los primeros días de mayo, los reportes de casos de COVID-19 empezaron a llegar desde las comunidades nativas de Loreto y Ucayali. Los casos comenzaron a multiplicarse. La Triple Frontera entre Perú, Colombia y Brasil se convirtió en una zona crítica para el COVID-19 y el pueblo tikuna de Bellavista de Callarú en uno de los mas golpeados. Seis decesos por COVID-19 se reportaron en solo una semana.
Personal de salud en Santa Rosa de Serjali, en Sepahua, Ucayali. Foto: Microred de salud Sepahua.
El pueblo Shipibo-Konibo, en Ucayali y las comunidades awajún y wampis en Amazonas también fueron duramente golpeados por la pandemia. Sin medicinas, sin oxígeno y sin personal de salud suficiente, los pueblos indígenas vivieron una pesadilla.
Los planes de atención diferenciados del gobierno se empezaron a implementar dos a tres meses después de iniciada la pandemia. Perú se convirtió en uno de los países amazónicos con mayor cantidad de indígenas fallecidos por COVID-19. Según las estadísticas de REPAM y COICA, hasta el 21 de diciembre se han reportado 215 313 casos positivos del virus y 3126 fallecidos de COVID-19-
Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Este lunes regresan a clases 25 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes
Al término del receso escolar con motivo de fin de año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que 25 millones 253 mil 306 alumnos y un millón 225 mil 341 docentes, de más de 230 mil planteles públicos y privados de Educación Básica, continuarán sus actividades de manera virtual a partir de este lunes 11 de enero.
Asimismo, se reincorporan 5.4 millones de alumnos y casi 400 mil docentes, de los más de 21 mil planteles públicos y privados, que conforman el nivel Medio Superior del Sistema Educativo Nacional.
En este nivel educativo cada subsistema determina sus propias dinámicas de estudio, pero todos los bachilleratos reiniciarán labores bajo sistemas de educación a distancia, en los que sus docentes tienen el compromiso de establecer y mantener vínculos estrechos con sus estudiantes, haciendo uso de todos los medios a su alcance.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó el gran compromiso de los docentes con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, paraesta segunda etapa del Ciclo Escolar 2020-2021, lo que ha hecho posible que los aprendizajes no se interrumpan.
Recordó que las grandes decisiones educativas de la Nueva Escuela Mexicana, son producto de los acuerdos desde que iniciaron los foros educativos para consultar a todos, con lo que se ha logrado el trabajo en equipo entre autoridades federal y estatales, docentes y agentes educativos, madres y padres de familia.
Enfatizó que ahora se trabaja en un nuevo reto, el de un regreso a las aulas seguro y prudente; sin titubeos, pero también sin riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre, pero que también fortalezca el derecho a la educación.
Finalmente destacó la importancia del aprendizaje colaborativo, extendido más allá del grupo escolar en su conjunto, en donde participen incluso los adultos, para una formación integral de niñas, niños, adolescente y jóvenes mexicanos.
Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/este-lunes-regresan-a-clases-25-millones-de-estudiantes-y-1-2-millones-de-docentes/
La oficina de derechos de la ONU denuncia una ‘represión cada vez mayor’ contra la libertad de expresión
La oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH), el viernes, expresó su preocupación por el uso de «leyes vagamente definidas» en Vietnam, para detener arbitrariamente a un número creciente de periodistas, blogueros, comentaristas y defensores de los derechos, en medio de lo que parece ser parte de una “creciente represión” de la libertad de expresión en el país.
La oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH), el viernes, expresó su preocupación por el uso de «leyes vagamente definidas» en Vietnam, para detener arbitrariamente a un número creciente de periodistas, blogueros, comentaristas y defensores de los derechos, en medio de lo que parece ser parte de una “creciente represión” de la libertad de expresión en el país.
Respectivamente presidente, vicepresidente y miembro de la Asociación de Periodistas Independientes de Viet Nam, fueron condenados por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh el 5 de enero. de “confeccionar, almacenar, difundir información, materiales, artículos con el fin de oponerse al Estado” en virtud del artículo 117 del Código Penal del país.
Pham Chi Dung fue condenado a 15 años de prisión y tres años de libertad condicional. Nguyen Tuong Thuy y Le Huu Minh Tuan fueron condenados cada uno a 11 años y tres años de libertad condicional.
“Las tres personas estuvieron en detención preventiva prolongada y, a pesar de las garantías dadas por el gobierno de que se siguió el debido proceso, existen serias preocupaciones sobre si se respetó plenamente su derecho a un juicio justo”, dijo la Sra. Shamdasani.
Intimidación y represalias
La Sra. Shamdasani continuó señalando que el uso por parte de Vietnam de leyes vagamente definidas para detener arbitrariamente a personas violaba el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), sobre el derecho a tener opiniones y la libertad de expresión. Instó al país a revisar y enmendar las disposiciones pertinentes del Código Penal para adecuarlas a las obligaciones que le incumben en virtud del Pacto.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una serie de mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluido el Comité de Derechos Humanos que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han pedido repetidamente al país que se abstenga de utilizar legislación restrictiva para restringir las libertades fundamentales y defender sus derechos humanos internacionales. obligaciones de derechos, añadió.
“También tenemos serias preocupaciones de que las personas que intentan cooperar con los órganos de derechos humanos de la ONU sean objeto de intimidación y represalias, lo que podría inhibir a otros de compartir información sobre cuestiones de derechos humanos con la ONU”, dijo Shamdasani.
“Seguimos planteando estos casos al Gobierno de Vietnam, para pedirle que detenga el uso repetido de cargos penales tan graves contra personas por ejercer sus derechos fundamentales, especialmente a la libertad de expresión, y que libere incondicionalmente a todos aquellos que hayan sido detenido en tales casos «.
Fuente de la Información: https://news.un.org/en/story/2021/01/1081632
Papa Francisco ora por muertos en Capitolio, pide calma
“Ofrezco un afectuoso saludo al pueblo de Estados Unidos, agitado por la reciente toma del Congreso…Nada se gana con la violencia y mucho se pierde”, dijo el pontífice en su discurso desde el interior del Palacio Apostólico.
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco indicó el domingo que está orando por aquellos que murieron en los disturbios del Capitolio estadounidense e hizo un llamado para que la calma prevalezca en Estados Unidos y así proteger los valores democráticos de la nación.
Durante su tradicional alocución del domingo en el Vaticano, Francisco señaló que cinco personas murieron cuando un grupo de personas irrumpió en el edificio en donde el Congreso estaba reunido el 6 de enero. Esa reunión era para certificar el triunfo electoral del presidente electo Joe Biden.
“La violencia siempre es autodestructiva”, dijo Francisco. Apeló a un “alto sentido de responsabilidad” por parte de los líderes para “calmar los ánimos” y evitar futuros actos violentos.
Un grupo de personas irrumpió en el Capitolio después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump exhortara a partidarios reunidos en una manifestación a dirigirse al edificio a protestar.
Debido a los disturbios, un policía del Capitolio y cuatro personas más murieron.
“Ofrezco un afectuoso saludo al pueblo de Estados Unidos, agitado por la reciente toma del Congreso”, dijo el pontífice en su discurso desde el interior del Palacio Apostólico, en lugar de la ventana con vista a la plaza San Pedro debido a la pandemia. “Rezo por los que perdieron sus vidas: cinco. Perdieron sus vidas en esos momentos dramáticos”.
“Nada se gana con la violencia y mucho se pierde”, agregó.
«Insto a las autoridades del Estado y a toda la población a que mantengan un alto sentido de responsabilidad, a fin de calmar los ánimos, promover la reconciliación nacional y proteger los valores democráticos arraigados en la sociedad estadounidense”, agregó Francisco.
Después oró a la virgen María, la patrona de la Iglesia en Estados Unidos, para que “ayude a mantener viva la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, como forma de construir juntos el bien común, y hacerlo con todos, con todos los que viven en esa tierra”.
Fuente de la Información: https://www.laprensagrafica.com/internacional/Papa-Francisco-ora-por-muertos-en-Capitolio-pide-calma-20210110-0017.html
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