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Chile: Estudiantes denuncian represión durante marcha autorizada

Las organizaciones expresaron su rechazo a las reformas de seguridad y educación del Ejecutivo. Además, anunciaron una nueva movilización para octubre centrada en el Presupuesto 2027 y el financiamiento educacional superior.

La marcha convocada este jueves por organizaciones estudiantiles terminó con críticas al Gobierno y a Carabineros, luego de que la movilización fuera interrumpida en el sector de Universidad Católica pese a contar con autorización de la Delegación Presidencial para avanzar desde Plaza Baquedano hasta Los Héroes.

La protesta fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Red de Solidaridad Estudiantil y el zonal metropolitano de la Confech. Los estudiantes cuestionaron la reforma constitucional en seguridad, las políticas del Ejecutivo en esta materia, la denominada megarreforma y la Ley Escuelas Protegidas.

La vocera de la ACES, Darling Marchant, relató que los estudiantes fueron interceptados por Fuerzas Especiales durante el recorrido. “Hoy nuevamente nos movilizamos frente a la represión que nosotros sufrimos, pese a que tenemos un permiso”, sostuvo. La dirigenta afirmó que esperaban una explicación por la intervención policial y reclamó que no se les permitiera continuar por la ruta autorizada.

Marchant también apuntó contra las prioridades del Gobierno y cuestionó la megarreforma impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional hace unas semanas: “¿Cuándo una megarreforma que realmente sirva para una educación digna, aumente las pensiones y alivie el bolsillo de nuestras familias, o las megarreformas existen solamente para beneficiar a los grandes empresarios de este país?”.

Desde la Red de Solidaridad Estudiantil, su vocera Aranza Díaz vinculó la movilización con la agenda económica y de seguridad del Gobierno. “Mientras el presidente se reunía con Milei en La Moneda para seguir profundizando, para seguir expandiendo su modelo económico, nosotros estábamos ahí en las calles, defendiendo a nuestro pueblo donde tenemos que estar”, señaló.

Díaz cuestionó además la reforma de seguridad y sostuvo que los estudiantes seguirán movilizados frente a las decisiones del Ejecutivo. “Mientras ellas sigan precarizando nuestra vida y nuestra universidad y nuestra educación, los estudiantes tendremos que salir a la calle a defender nuestro futuro”, afirmó.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, calificó al Gobierno como “autoritario” y cuestionó la respuesta policial durante la jornada.

“Hoy los estudiantes del país nos movilizamos frente a un gobierno autoritario, un gobierno de recortes, de retroceso, un gobierno que cada vez se quiere asemejar más a los tiempos dictatoriales de este país”, sostuvo.

Mlynarz afirmó que la movilización se desarrollaba pacíficamente y que contaba con autorización de la Delegación Presidencial. “¿Cómo nos recibieron? Con represión en las calles, criminalizando a los estudiantes y cortando una movilización pacífica”, señaló

La dirigenta sostuvo que la marcha solo pudo avanzar hasta la Universidad Católica, pese a que el recorrido estaba autorizado hasta Los Héroes. También denunció la detención de decenas de estudiantes y aseguró que más de 400 fueron afectados por gases. “El Gobierno no quiere escuchar al movimiento estudiantil, el gobierno no le interesan los estudiantes de Chile quienes vamos a ser el futuro y quienes queremos construir un país diferente”, sostuvo.

Las críticas de Mlynarz también apuntaron a la ministra María Paz Arzola. “¿Dónde está la ministra de Educación cuando los estudiantes del país se están movilizando ya hace meses?”, cuestionó. La vocera reclamó además por la falta de participación de las comunidades educativas en las políticas impulsadas por el Gobierno y preguntó por la reunión con estudiantes que, según dijo, había sido comprometida.

En materia de movilizaciones, la Confech convocó para el 1 de octubre a una jornada de paralización vinculada a la discusión de la Ley de Presupuestos 2027. Mlynarz explicó que el movimiento estudiantil busca poner en el centro el financiamiento de la educación superior, el fortalecimiento de la educación pública, la salud mental, la alimentación y el transporte.

Mlynarz también se refirió al impedimento de ingreso de un equipo de Radio Universidad de Chile al Foro Madrid, pese a que nuestra emisora había cumplido con el proceso de acreditación solicitado por la organización.

En ese contexto, la vocera vinculó lo ocurrido con los estudiantes y con la situación de la radio. “Parece que a este gobierno no le gusta el pensamiento crítico, no le gustan los espacios donde convergen las diversas realidades del país, como son las universidades, porque si no, no censuraría a la radio de nuestra universidad y criminalizaría a los estudiantes, además de decir que las universidades son solamente para emanar libros, siendo que son para poder hacer desarrollar el país, para poder progresar y poder trabajar en pos de las necesidades del país”.

Radio U Chile

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Salud sexual para todos: expertos piden fortalecer educación, pruebas y prevención

El Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el 4 de septiembre, nos recuerda que la salud sexual es inseparable de la salud y el bienestar general

Mientras las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen aumentando en todo el mundo, AIDS Healthcare Foundation ( AHF ) celebra el Día Mundial de la Salud Sexual haciendo un llamado a los gobiernos y a los sistemas de salud para que amplíen el acceso a los servicios de prevención, pruebas y tratamiento del VIH y otras ITS.

A pesar de que existen herramientas probadas para prevenir, diagnosticar y tratar el VIH y otras ITS, las brechas en el acceso siguen poniendo en riesgo a millones de personas en todo el mundo. Con una cifra estimada de 1,2 millones de infecciones nuevas por VIH cada año a nivel mundial, más de 1 millón de ITS contraídas cada día en todo el mundo y una cifra estimada de 374 millones de casos nuevos de sífilis, clamidia, gonorrea y tricomoniasis cada año, es hora de actuar. La disminución de los fondos para la salud a nivel mundial y el acceso reducido a los condones y a los exámenes de detección de rutina amenazan con aumentar aún más las tasas de ITS.

Sólo la sífilis representa aproximadamente 8 millones de esos casos nuevos al año y, a menudo, no causa síntomas visibles, lo que permite que la infección se propague sin ser detectada. Si no se trata, puede causar daños graves al cerebro, al corazón y a otros órganos, o transmitirse de una persona embarazada a su bebé, lo que provoca consecuencias devastadoras.

«La salud sexual merece la misma inversión y urgencia que cualquier otro aspecto de la atención médica de una persona», afirmó Terri Ford, directora de Promoción Global, Políticas y Marketing de AHF. «Gracias a nuestras décadas de experiencia, sabemos qué es lo que funciona: las pruebas, el tratamiento y los condones. A través de nuestra campaña La sífilis es grave: es curable. Hazte la prueba , nuestra campaña de promoción del uso de condones ¡Solo úsalo! y nuestro modelo escalable de Centros de Bienestar de AHF, que brinda atención sin costo ni estigma, lo estamos demostrando todos los días en los 50 países donde trabajamos. El aumento ininterrumpido de las ITS no se debe a una falla de la ciencia, sino al fracaso del financiamiento y de la voluntad política, y se está cobrando la salud y las vidas de las personas».

AHF insta a los gobiernos y a los sistemas de salud de todo el mundo a ampliar los exámenes de detección de rutina para el VIH, la sífilis y otras ITS, en especial para las mujeres embarazadas y las personas dentro de los grupos de riesgo; a aumentar el financiamiento para condones gratuitos o de bajo costo; y a integrar los servicios de ITS y VIH para que las pruebas, el tratamiento y la prevención estén disponibles en una sola visita, sin juicios ni estigma.

 Logo de World Sexual Health.

Logo de World Sexual Health.

El Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el 4 de septiembre, nos recuerda que la salud sexual es inseparable de la salud y el bienestar general. A través de su red global de más de 100 Centros de Bienestar de AHF y campañas como «La sífilis es grave», AHF sigue trabajando para asegurarse de que las pruebas, el tratamiento y la prevención lleguen a todas las personas, en todas partes.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización sanitaria dedicada al VIH/sida más grande del mundo, ofrece atención médica de vanguardia y apoyo a 3 millones de personas en 50 países, entre ellos, Estados Unidos, África, América Latina y el Caribe, la región de Asia-Pacífico y Europa del Este. En enero de 2025, AHF recibió el Premio MLK, Jr. a la Justicia Social, el máximo reconocimiento que otorga el King Center a una organización que destaca por su labor en el ámbito de la justicia social. Para obtener más información sobre AHF, visítenos en línea en AIDShealth.org , encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram , Twitter y TikTok .

FUENTE: Con información de AFP

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Sonia Ramadori: Educación y comunidad frente al analfabetismo invisibilizado

Primero hubo que caminar el barrio

La experiencia comenzó formalmente el 8 de octubre de 2025, cuando Ramadori inició las clases en un espacio cedido dentro del Salón Vecinal de barrio La Calera. Sin embargo, para que ese primer encuentro pudiera realizarse había comenzado a trabajar mucho antes.

“Ya venía trabajando en el barrio, caminando el barrio, literalmente, dos meses antes”, recuerda. La tarea inicial no consistió en enseñar letras, sino en generar vínculos con los vecinos y reconocer una problemática que difícilmente aparece a simple vista.

Primero había que conseguir “la confianza de la gente” y después comenzar a descubrir cuántas personas no sabían leer ni escribir. Ese recorrido territorial terminó revelando una realidad que, según la alfabetizadora, posee dimensiones mayores de las que habitualmente se supone.

“La verdad que hay muchísimos más de lo que la gente cree o piensa”, advierte.

“El analfabetismo se oculta”

Determinar cuántas personas atraviesan esa situación en Villa María resulta difícil. Ramadori plantea que existe un problema previo incluso para construir estadísticas confiables sobre el fenómeno.

“No hay datos estadísticos porque en los censos la gente no dice, es decir, el analfabetismo se oculta”, sostiene.

Según explica, cuando llegan los censistas muchas personas no declaran que no saben leer o escribir. La problemática emerge recién mediante la conversación cotidiana, la confianza y el conocimiento territorial.

“Eso se va conociendo hablando con la gente”, afirma. En su caso fueron necesarios alrededor de dos meses de recorridas hasta conseguir las primeras tres personas dispuestas a comenzar el proceso de alfabetización.

65 clases para aprender a leer y escribir

Las clases utilizan el programa cubano “Yo Sí Puedo” y se organizan teniendo en cuenta la realidad cotidiana de sus participantes. Al tratarse de personas adultas que trabajan, los horarios deben adaptarse a sus posibilidades.

Sonia concurre dos veces por semana y desarrolla encuentros de aproximadamente una hora y media. El método completo contempla 65 clases.

“En 65 clases la persona adulta aprende a escribir y leer”, explica. El proceso se considera cumplido cuando quien participa consigue alcanzar un objetivo que puede parecer sencillo, pero representa un enorme salto de autonomía: leer y escribir una carta.

Después existe la posibilidad de ampliar conocimientos, incluyendo algunas herramientas matemáticas, y continuar el recorrido educativo dentro de una escuela para adultos.

Aprender las letras desde aquello que el adulto ya conoce

Una de las particularidades del método es que fue pensado específicamente para alfabetizar adultos y parte de conocimientos incorporados durante la vida cotidiana.

“Los adultos mayores, aunque no hayan aprendido jamás a escribir ni a leer, sí conocen los números por la vida práctica, por haber trabajado, por manejar dinero”, explica la docente.

El programa aprovecha precisamente ese conocimiento: las letras comienzan a introducirse a partir de los números.

Para la educadora, esta metodología reconoce que un adulto sin alfabetización formal no es una persona sin conocimientos. Posee experiencias, capacidades y saberes construidos durante años que pueden transformarse en el punto de partida del aprendizaje.

“Ese método ha dado muy buenos resultados”, asegura.

Una propuesta diferente para las personas adultas

La docente jubilada también plantea una diferencia respecto de algunos sistemas tradicionales de alfabetización utilizados en la educación primaria para adultos.

Según su experiencia, determinados programas reproducen metodologías similares a las utilizadas con niños, pese a que los ritmos y las formas de aprendizaje son diferentes.

“Por ahí los adultos mayores se aburren o no les alcanza para aprender, porque ellos tienen otro modo de aprender y otros ritmos de aprendizaje que los niños”, señala.

El “Yo Sí Puedo”, en cambio, fue específicamente diseñado para adultos. La docente encuentra allí puntos de contacto con métodos que generaciones anteriores de educadores conocieron mediante el trabajo a partir de la denominada palabra generadora.

La alfabetización empieza a extenderse

Aquella primera experiencia de La Calera comenzó con solamente tres estudiantes, pero durante 2026 la propuesta empezó a extenderse hacia otros puntos de Villa María.

Ramadori continúa trabajando los lunes y miércoles por la tarde en el centro vecinal de La Calera. A esa experiencia se agregó una segunda mesa de alfabetización en barrio San Nicolás.

Allí, en una casa comunitaria, la alfabetizadora Marisa Guizzo trabaja actualmente con cuatro alumnas.

A esas siete personas se sumarán otras tres mediante una nueva mesa en La Calera. De esta manera, la experiencia alcanza progresivamente diferentes grupos pequeños, una modalidad que permite sostener un acompañamiento cercano.

Una joven de 23 años que quiere aprender

Uno de los testimonios recogidos territorialmente rompe también con la asociación automática entre analfabetismo y adultos mayores.

“Además hay chicas, hay gente muy joven que no sabe leer y escribir”, advierte la coordinadora.

Entre las personas inscriptas para comenzar las clases se encuentra una joven de 23 años. Según le explicó a la coordinadora, puede escribir “un poquito”, pero después no consigue leer.

La docente todavía debe realizar la evaluación correspondiente para conocer exactamente cuál es su nivel. Sin embargo, el caso permite dimensionar que la problemática no pertenece exclusivamente a generaciones pasadas.

Cuando el celular permite esconder que alguien no sabe leer

Durante sus recorridas por La Calera, Ramadori encontró además estrategias cotidianas mediante las cuales las personas consiguen desenvolverse aun sin haber sido alfabetizadas.

Una de ellas está relacionada con el teléfono celular y particularmente con los mensajes de audio.

Según su observación territorial, puede existir incluso “un integrante de cada familia que no sabe leer y escribir y se arregla usando el teléfono con audio”. Luego, ante una repregunta, aclara que no pretende establecer una estadística y estima, de manera exploratoria, que podría tratarse de una persona cada seis integrantes en determinadas familias ampliadas del barrio.

El señalamiento es relevante precisamente por aquello que no permite afirmar: no constituye un relevamiento estadístico de Villa María ni de La Calera. Es una percepción surgida de su trabajo territorial que, para la alfabetizadora, demuestra la necesidad de investigar una problemática prácticamente invisible.

Alumnas que se quedaron sin docente

Otra situación encontrada por la coordinadora muestra que no todas las personas que llegan al programa estuvieron siempre completamente alejadas del sistema educativo.

Entre las nuevas alumnas aparecen mujeres que asistían a una escuela primaria para adultos de Villa María y que, según relata Ramadori, se quedaron sin maestra y no pudieron continuar.

“Habían aprendido las letras, pero no saben unir las letras”, explica.

La situación vuelve a colocar en primer plano la diferencia metodológica que plantea la entrevistada. Reconocer letras individualmente no necesariamente significa haber adquirido las herramientas necesarias para leer de manera autónoma.

El programa busca retomar esos aprendizajes incompletos mediante una metodología específicamente orientada hacia personas adultas.

Una fundación abierta a nuevas articulaciones

La experiencia se desarrolla a partir de la articulación de la CTA Córdoba con la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, vinculada con diferentes programas comunitarios.

Ramadori explica que la organización se encuentra abierta a establecer convenios con instituciones civiles y gubernamentales interesadas en extender la alfabetización.

Hasta el momento, en Villa María la experiencia se sostiene mediante la CTA y todavía no existen las articulaciones con otras instituciones locales por las que fue consultada durante la entrevista.

El objetivo, sin embargo, es ampliar la propuesta: “Desde la fundación están con los brazos abiertos para hacer convenio con todo el que quiera”, afirma.

Volver a enseñar después de 34 años en las aulas

La alfabetización representa también un regreso personal para Sonia Ramadori. Después de 34 años como docente, llegó la jubilación, pero no desapareció aquello que identifica como una de las grandes pasiones de su vida.

“Tengo dos pasiones, creo. Una es la educación y otra es el trabajo comunitario”, resume.

Ese vínculo comenzó cuando era muy joven y recién recibida. Una de sus primeras experiencias fue como docente en una guardería municipal a la que concurrían niños provenientes de familias con importantes necesidades sociales.

“Yo abracé con mucha pasión el trabajo con el sector más vulnerable de una comunidad”, recuerda.

La alfabetización de adultos terminó permitiéndole reencontrar ambas dimensiones: educación y territorio.

“Yo les llevo la posibilidad de aprender”

Su concepción del trabajo comunitario también aparece atravesada por una definición política. Ramadori cuestiona las intervenciones territoriales que quedan exclusivamente reducidas a resolver necesidades materiales inmediatas sin generar herramientas de autonomía.

“Creo, y lo sostengo y lo tengo como lema, que no solo de pan vive el hombre”, señala.

Y agrega una de las expresiones más fuertes de la entrevista: “Por ahí las militancias políticas se hacen llenando panzas, pero dejando cerebros vacíos. Y yo apuesto por otro tipo de militancia”.

“No les llevo nada material, no les llevo ni alimentos, no les llevo ropa, no les llevo nada material. Yo les llevo la posibilidad de aprender”, define.

Para la docente jubilada, ese aprendizaje abre después algo mucho más amplio: “La posibilidad de pensar y de pensarse, de desear y de poder concretar sus propios sueños desde ese lugar donde viven”.

El barrio como “lugar de enunciación”

La reflexión final trasciende incluso el objetivo inmediato de aprender a leer y escribir. Sonia propone modificar la manera en que se observa a los sectores populares y especialmente a los barrios.

Considera que uno de los sectores más olvidados e invisibilizados es, paradójicamente, también uno de los más buscados cuando llegan las campañas electorales.

Pero esos habitantes, sostiene, no deberían ser considerados únicamente destinatarios de asistencia o receptores de decisiones construidas en otros lugares.

“Hay que mirar al barrio como un lugar de enunciación”, plantea.

“Ellos tienen también su palabra y pueden enunciar sus propios proyectos, pero para eso tienen que primero sentir que ellos pueden”, concluye.

Allí el nombre del programa adquiere para la alfabetizadora un significado que excede la lectoescritura: “El programa de alfabetización se llama Yo Sí Puedo. Eso les tiene que entrar a todos: que ellos pueden”.Docente jubilada y vinculada a la CTA, Sonia Ramadori coordina en Villa María experiencias territoriales del programa de alfabetización para adultos “Yo Sí Puedo”, impulsado desde la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible. Comenzó caminando durante meses barrio La Calera para encontrar a quienes necesitaban aprender y hoy la iniciativa avanza hacia tres mesas de alfabetización. Su experiencia expone una problemática difícil de medir: adultos y también jóvenes que no saben leer y escribir, pero que muchas veces permanecen fuera de las estadísticas.

Fuente: www.vertices.com.ar

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Estos datos muestran que educación sexual integral en adolescentes y jóvenes ha traído avances en Colombia

Un informe de la Fundación Poderosas Colombia y la firma encuestadora Cifras & Conceptos evaluó los conocimientos de 656 personas entre 12 y 23 años sobre ese tema.

La educación integral en sexualidad (EIS) muestra resultados positivos en la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas en ese sentido, según los resultados del Índice del Poder de Decidir (IPD) desarrollado por la Fundación Poderosas Colombia en alianza con la firma Cifras & Conceptos.

Estos resultados se dan a conocer en medio de los cuestionamientos recientes sobre la pertinencia de la educación sexual y el comienzo de un nuevo Gobierno en el país. Sus impulsores buscan poner sobre la mesa evidencia sobre el papel que puede desempeñar este tipo de formación en la protección de los proyectos de vida de las juventudes.

¿Cómo está el panorama de educación sexual en Colombia?

Aunque el país cuenta con un marco normativo relacionado con la EIS, los datos citados por las organizaciones muestran dificultades en su implementación. Según el Índice Welbin 2024, el componente de “Sexualidad e igualdad de género” registra el nivel más bajo de cumplimiento entre las áreas de bienestar evaluadas en los colegios del país, con un 41 % a nivel nacional.

A esto se suma un estudio de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) publicado en 2024, que ubica en un nivel “bajo” la implementación efectiva de programas de educación integral en sexualidad dentro del sector educativo colombiano.

El documento también señala que cerca del 20 % de los nacimientos en Colombia corresponden todavía a niñas y adolescentes. Además, el acceso a información sobre sexualidad habría registrado una reducción: para 2025, alcanzó el 80,4 % entre las mujeres y el 71,4 % entre los hombres.

Vale recordar que el Índice del Poder de Decidir (IPD) fue diseñado por Poderosas Colombia junto con Cifras & Conceptos. La herramienta busca medir los efectos de los procesos de EIS a partir de 46 preguntas agrupadas en cuatro áreas: autonomía, autoconocimiento, igualdad de género y diversidad e inclusión.

Para su elaboración se evaluó a 656 adolescentes y jóvenes, entre los 12 y los 23 años, en ocho comunidades del país. Las mediciones se realizaron entre 2023 y 2025 e incluyeron territorios como Soacha, Kennedy, Bosa, Barú, Cali, Urabá, Pueblo Viejo y Solano.

El Índice del Poder de Decidir pasó del 51 a 70 por ciento

Uno de los principales resultados muestra un incremento en el índice general. La medición inicial registró un 51%, mientras que al finalizar los procesos formativos llegó al 70 %. De acuerdo con la interpretación presentada por las organizaciones, esto representa un aumento relativo del 38 % en la capacidad de los participantes para tomar decisiones informadas.

Los resultados también muestran diferencias según el territorio. En Solano, Caquetá, donde existen mayores brechas de acceso, el poder de decidir registró un crecimiento del 83 %.

El estudio también identificó modificaciones en algunas creencias y conocimientos después de los procesos educativos. Uno de los cambios señalados está relacionado con la menstruación. La proporción de participantes que comprendía que se trata de un proceso natural y que no debe considerarse algo sucio pasó del 37 al 74 por ciento.

También aumentó el conocimiento sobre el embarazo y su prevención. La comprensión sobre cómo ocurre un embarazo y cómo prevenirlo pasó del 72 % al 87 %, según los resultados presentados. En materia de derechos, el conocimiento de que el aborto es legal y constituye una decisión personal aumentó del 45 % al 70 % después de la formación.

Para Poderosas Colombia estos resultados cuestionan las ideas que relacionan la educación sexual con el libertinaje, por lo cual sostiene que los datos muestran, por el contrario, una relación entre estos procesos educativos y el fortalecimiento de la autonomía, el autocuidado y la prevención de violencias basadas en género.

Poderosas Colombia es una organización no gubernamental dedicada a la educación en derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Por su parte, Cifras & Conceptos es una firma independiente especializada en investigación y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué resultados tiene la educación integral en sexualidad en Colombia?
Los resultados del Índice del Poder de Decidir muestran un aumento de 51 % a 70 % en la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas después de procesos de educación integral en sexualidad. El estudio fue realizado entre 2023 y 2025.
¿Qué es la educación integral en sexualidad y para qué sirve?
La educación integral en sexualidad busca brindar conocimientos y herramientas sobre autonomía, autoconocimiento, igualdad de género, diversidad e inclusión. Según el IPD, estos procesos pueden fortalecer la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos.
¿Cómo se puede medir el impacto de la educación sexual en adolescentes?
El impacto puede evaluarse mediante indicadores de conocimiento, autonomía y comprensión de derechos. El Índice del Poder de Decidir utilizó 46 preguntas para medir cuatro dimensiones entre 656 adolescentes y jóvenes de ocho comunidades colombianas.
¿Qué implica para Colombia mejorar la educación integral en sexualidad?
Fortalecer la educación integral en sexualidad podría contribuir a mejorar el conocimiento sobre embarazo, prevención, derechos sexuales y reproductivos y autocuidado. Los resultados del IPD sugieren efectos positivos, aunque la implementación de estos programas continúa siendo desigual en el país.

https://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/educacion-sexual-integral-colombia-avances-adolescentes-jovenes-indice-poder-decidir-DD40520164

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El Salvador | Defensoras de DDHH y familiares de detenidos exigen investigar muertes y desapariciones bajo régimen de excepción

La defensora de derechos humanos Ivania Cruz exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador investigar las muertes de cientos de personas privadas de libertad en centros penales e identificar a los custodios involucrados en presuntos actos de tortura.

La denuncia coincide con los reclamos del Movimiento Madres por la Libertad y la plataforma Alerta Carlos El Salvador en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), donde exigieron verdad, justicia y pruebas de vida ante la falta de respuestas estatales.

Cruz, fundadora de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y exiliada por persecución política, indicó que la cifra de fallecidos en prisiones bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, asciende al menos a 547 según la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La plataforma señaló que «lo que es aún más alarmante es que el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad«.

Obstáculos institucionales y causas de muerte

La abogada detalló que presentó un escrito a Medicina Legal para conocer el registro exacto, los nombres y las causas de muerte de los reclusos, pero la institución respondió que la FGR debía autorizar el acceso. La petición ingresada al Ministerio Público permanece sin respuesta oficial hasta la fecha.

Al respecto, Cruz cuestionó: «La Fiscalía, que es el ente que debe buscar el tema de la verdad judicial, o incluso la verdad administrativa, debería tener entre sus compromisos decir: bueno, y si existen muertes dentro de centros penales y estas muertes no son naturales, ¿qué es lo que está pasando?».

Un informe de SJH de finales de enero señala que la violencia física encabeza las causas de muerte con cerca del 32 % de los casos. Las incidencias se concentran en prisiones que albergan a más de 92.480 detenidos sin condena, mientras que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) no reporta decesos.

Cruz afirmó que la FGR debería indagar el actuar de los custodios dentro del sistema penitenciario y aseveró: «Si de verdad existiera una Fiscalía que debería estar haciendo su trabajo, la misma Fiscalía estaría investigando cuáles son los custodios involucrados en las muertes de tantas personas, que también son ahora los nuevos pandilleros».

Añadió que «son asesinatos; tanto lo hacían las pandillas como lo hace ahora el Estado salvadoreño por medio de centros penales, por medio de estas supuestas autoridades». El régimen de excepción acumula 54 prórrogas y al menos 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos.

Denuncias de desapariciones forzadas

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Movimiento Madres por la Libertad exigió al Estado salvadoreño garantizar el derecho a la verdad y la reparación durante una concentración frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador.

La organización denunció que las detenciones sin información sobre la ubicación exacta dentro del sistema carcelario constituyen desapariciones desde la captura.

El movimiento señaló que «el régimen de excepción demuestra la ineficacia de las instituciones, la falta de independencia judicial y la ineptitud fiscal», alertando que la medida evidencia que «el Estado necesita suspender las garantías constitucionales de forma permanente para sostener la seguridad ciudadana mediante la represión».

Declararon la inocencia de sus familiares encarcelados y exigieron: «Este día exigimos saber dónde se encuentran nuestros hijos, hijas y familiares. Exigimos una prueba de vida y que se permita de inmediato la visita familiar, pues sus capturas fueron ejecutadas bajo el abuso y el autoritarismo oficial».

Eneida Abarca, fundadora de la iniciativa Alerta Carlos El Salvador, respaldó las demandas del movimiento y relató la desaparición de su hijo ocurrida el 1 de enero de 2022.

Abarca criticó la opacidad estatal al señalar: «La única institución encargada de dirigir la investigación del delito es la Fiscalía y la Policía. Ellos son los encargados de buscar y encontrar. Sin embargo, la cifra de cementerios clandestinos está en reserva, tanto la de desaparecidos como la de fosas. El Estado tiene todo bajo reserva«, y cuestionó: «¿Por qué tienen en reserva todas las fosas?, ¿por qué tienen en reserva todas las cifras de desaparecidos? ¿Qué está ocultando el Estado?«.

teleSUR

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México llevará educación emocional a las aulas ante riesgos de violencia entre los jóvenes

El Gobierno mexicano puso en marcha este lunes una estrategia nacional de educación emocional para adolescentes, con una hora semanal dedicada al bienestar socioemocional y 16 millones de guías para estudiantes, familias y docentes, en medio de la preocupación por episodios de violencia escolar y los riesgos que enfrentan los jóvenes en los entornos digitales.

El programa ‘ABC de las emociones’ está dirigido principalmente a jóvenes de entre 14 y 18 años y tendrá presencia en escuelas de todo el país, explicó Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

“Queremos tener un enfoque preventivo, comunitario y que llegue a todo el país”, afirmó la funcionaria, quien señaló que el objetivo es fortalecer la comunicación y la convivencia tanto en las escuelas como en las familias.

La estrategia distribuirá 7,5 millones de guías para estudiantes, otros 7,5 millones para sus familias y un millón para docentes, con información para reconocer emociones, detectar cuándo es necesario pedir ayuda y abordar la relación con las tecnologías.

Los alumnos de tercero de secundaria y de todo el bachillerato dedicarán una hora semanal a la formación socioemocional y, entre octubre y diciembre, se celebrarán asambleas con madres, padres y cuidadores en escuelas del país.

México llevará educación emocional a las aulas ante riesgos de violencia entre los jóvenes

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Bukele promete el 8% del PIB para educación en medio de críticas por la militarización y redadas policiales en las escuelas

El anuncio de 3.000 millones de dólares anuales en educación busca cautivar al electorado joven entre dudas sobre su viabilidad financiera y señalamientos de represión contra los estudiantes.

Nayib Bukele se dio un baño de masas frente a unos 30.000 estudiantes de secundaria en El Salvador para anunciar su nueva política en educación. El presidente prometió que su Gobierno repartirá 50.000 becas e invertirá 3.000 millones de dólares anuales en educación, una cifra equivalente al 8% del PIB y a casi un tercio del presupuesto del país centroamericano. La magnitud del anuncio, sin embargo, contrasta con las dudas sobre su viabilidad financiera y con el momento político en que ocurre, a seis meses de las elecciones generales. “Déjenme verlos bien, porque este es el día que cambia a El Salvador. Dentro de varias décadas verán este video y dirán: ‘Ahí fue cuando El Salvador empezó a salir adelante’”, exclamó Bukele.

El acto se da en medio de una campaña impulsada por el Ejecutivo para que los estudiantes a punto de cumplir la mayoría de edad se inscriban en el padrón electoral y participen en las elecciones generales de febrero de 2027, en las que Bukele busca asegurar un tercer mandato. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó hace un año la reforma constitucional que abrió la puerta a la reelección indefinida. En junio pasado, Nuevas Ideas, el partido de Bukele, oficializó la candidatura para un tercer período que le permitiría a Bukele sumar 14 años en el poder. La cruzada de empadronamiento, anunciada en marzo pasado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, vence el próximo 31 de agosto. Por los críticos del mandatario, el ofrecimiento se parece más a un potente arranque de un plan electoral que a una respuesta estructural a la crisis de la enseñanza.

El sistema educativo salvadoreño atraviesa una profunda crisis. Un informe elaborado por el propio Gobierno en el marco de la búsqueda de financiamiento para las becas, muestra que en 2026, de cada 100 niños que comienzan la primaria solo 56 terminan el noveno grado. De ellos, apenas 43 finalizan el bachillerato, una cifra muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (65%). De ese total, catorce ingresan a la universidad y solo doce consiguen graduarse.

Sin embargo, la falta de cobertura no es el único obstáculo. En las pruebas PISA de 2022, que miden el rendimiento de estudiantes de 15 años en 147 países y territorios en matemáticas, lectura y ciencias, El Salvador se ubicó entre los 20 peores desempeñados globalmente. El 89% de los alumnos salvadoreños registró un bajo rendimiento en matemáticas, una cifra que se elevó al 98% entre los estudiantes de menores ingresos. El diagnóstico reveló además que el 70% de los alumnos reportó ansiedad ante los problemas numéricos.

Las deficiencias en la infraestructura y la cobertura en el territorio completan el cuadro: según reportes de prensa, para 2025 había 143.378 niños fuera del sistema escolar; la deserción aumentó un 3%; un 10% de las 5.000 escuelas públicas del país se ubicaba en zonas de alto riesgo y el 30% carecía de internet o electricidad. Las becas promisorias, por tanto, solo atienden una fracción del problema.

“Las becas siempre son necesarias en un país con tanta necesidad. Pero se da el caso de que, desde principios de este año, a todos los maestros de bachillerato público se les ha pedido impulsar la inscripción de los jóvenes en el padrón electoral y generar listados para que les emitan el documento más rápido y así puedan votar en febrero del próximo año. Eso da la impresión de que este anuncio, hecho justo ahora, responde más a un fin electorero”, afirma Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).

El dirigente sindical sostiene además que el programa de modernización del Gobierno —que promete entregar una computadora con asistente de Inteligencia Artificial a cada estudiante desde primer grado— no está rindiendo los frutos proyectados por el Ejecutivo. “Algunos alumnos sí usan la tecnología para estudiar, pero en muchos casos se están volviendo adictos al uso de la computadora para jugar”, señala.

No obstante, Zelada reconoce avances en el programa ‘Dos escuelas por día’, orientado a la infraestructura. “Ahora tenemos escuelas bonitas, retocadas, con espacios mejor diseñados. Venimos de una situación donde la escuela pública parecía una granja para pollos. Lo único que nos afecta es que, por las obras de remodelación, los alumnos pasan meses en clases virtuales”, matiza.

Una promesa sin respaldo presupuestario

Respecto al compromiso de invertir 3.000 millones de dólares anuales, Zelada considera que cumplirlo requerirá un “milagro económico”. “Eso equivaldría a duplicar los 1.641 millones asignados a la cartera de Educación en 2026, sin que el Gobierno haya reportado nuevos ingresos que lo sustenten”, advierte.

El Presupuesto General de la Nación para 2026 ascendió a 10.555 millones de dólares, de los cuales un 28.4% se destina a Educación (un 4.1% del PIB). Pese a ello, la asfixia financiera ahoga a la educación superior pública. La Universidad de El Salvador (UES) ha denunciado de forma reiterada la falta de fondos para cubrir servicios básicos como agua, luz e internet. Para 2026, la institución solicitó 367 millones de dólares, pero solo le fueron asignados 116.5 millones.

“Vamos a pasar a una inversión de más de 3.000 millones de dólares al año, el triple de lo que invertían gobiernos anteriores, el equivalente a más del 8% del PIB: el país que más invierte en educación de Latinoamérica”, prometió Bukele durante el acto escolar. Costa Rica, sin embargo, tiene en sus leyes una inversión similar. El mandatario aseguró esa misma tarde que su Gobierno publicaría el desglose detallado del presupuesto. “Y esto lo va a poder medir cualquier opositor, cualquier periodista, cualquier curioso”, aseveró. Cinco días después, ninguna institución ha hecho pública la información. Este periódico solicitó el desglose a la Presidencia, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Integración —entidad encargada de administrar los subsidios—, sin obtener respuesta.

El único ingreso adicional reportado por el Ejecutivo para este rubro es un préstamo de 100 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a inicios de año para apalancar el programa de becas. No obstante, el contrato del crédito fija un plazo de pago de 23 años y contempla el financiamiento de 60.000 becas distribuidas en cinco años. “Estas 50.000 becas son para este año, pero el otro vienen más y más, hasta que todos los jóvenes salvadoreños tengan la oportunidad de estudiar”, prometió el presidente.

Una fuente interna de la Dirección de Integración, que solicitó el anonimato, aclara que las primeras 50.000 becas se comenzarán a entregar en 2027. Según la fuente, la meta se alcanzará sumando tres vías: 14.000 becarios que ya forman parte de programas estatales, 26.000 financiados con el crédito del BID y otros 10.000 gestionados por la Cancillería. El proyecto del BID, sin embargo, solo prevé 12.000 becas para su primer año de ejecución y estima que la medida elevaría la tasa de graduación universitaria apenas del 14% al 16%.

Militarización y redadas en las escuelas

Mientras promete las puertas abiertas de la universidad, el Gobierno ha trasladado a los centros escolares la política de mano dura que caracteriza su gestión: militarización y control policial. En el último año, Bukele nombró al frente del Ministerio de Educación a Karla Trigueros, una militar de carrera, eliminó los contenidos de equidad de género, impuso un régimen disciplinario de corte castrense y avaló incursiones policiales en institutos que han derivado en la detención de decenas de estudiantes.

Entre sus primeras medidas, la ministra Trigueros estableció normas de disciplina militar: cabello corto, uniforme impecable y la obligatoriedad de modales estrictos. “También se impuso un sistema de faltas: si un joven acumula 15 faltas en un año, reprueba de inmediato, independientemente de sus calificaciones”, explica Zelada.

Aunque la desarticulación de las pandillas ha reducido los niveles de violencia en el entorno escolar, el régimen de excepción vigente ha llevado la persecución penal dentro de las aulas. En los últimos cuatro años, las autoridades han capturado a más de 90 alumnos bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas o desórdenes públicos.

En junio de 2025, la Fiscalía y la Policía realizaron redadas simultáneas en cuatro institutos de bachillerato y arrestaron a 48 estudiantes (34 adultos y 14 menores), señalados de intentar conformar una nueva estructura criminal llamada “La Raza”. Como evidencia, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, difundió en redes sociales fotografías de cuadernos escolares con dibujos alusivos a maras.

El sindicato SIMEDUCO advierte que las facultades otorgadas a policías y soldados dentro de las escuelas han derivado en excesos. “A principios de año, agentes policiales ingresaron a un centro escolar y, al ver a unos estudiantes con los cordones de los tenis desamarrados, les dijeron que esa era una estética pandillera, se los quitaron y los dejaron descalzos”, denuncia Zelada. “Ahora la Policía puede entrar a cualquier aula a revisar mochilas, teléfonos o inspeccionar el corte de cabello”, afirma el sindicalista. Y agrega: “El estudiante va a clases con temor, y el miedo termina afectando directamente la calidad del aprendizaje”.

https://elpais.com/america/2026-08-29/bukele-promete-el-8-del-pib-para-educacion-en-medio-de-criticas-por-la-militarizacion-y-redadas-policiales-en-las-escuelas.html

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