México / 8 de octubre de 2017 / Autor: Raquel Ahuja Sánchez / Fuente: Revista Digital Universitaria
La educación como un derecho humano
La reforma al artículo 3° constitucional, que se llevó a cabo en 2013, introdujo el reconocimiento de la educación de calidad como un derecho humano que, como tal, debe cumplir con los cuatro principios de los derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Si bien este artículo no tiene la intención de profundizar en aspectos jurídicos, consideramos importante recordar brevemente su significado.
La universalidad se refiere a que, al ser inherentes al ser humano, los derechos deben garantizarse para todos, sin distinciones de ningún tipo (credo, etnia, ideología, género, etcétera), ya que todas las personas son iguales en dignidad y derechos; la indivisibilidad alude a que no pueden protegerse unos derechos y otros no, pues los derechos humanos son todos derechos, no pueden priorizarse o jerarquizarse; la interdependencia refiere a la relación que existe entre los derechos humanos, por lo que de afectarse uno, se impacta sobre otros derechos (en el caso de la educación, el cual se considera un derecho clave o habilitante (Latapí, 2009), su incumplimiento afecta el acceso a otros derechos como al trabajo, la alimentación, la salud y la vivienda); por último, la progresividad significa que cada vez deben ofrecerse más y mejores condiciones para el ejercicio de los derechos, y en ningún caso debe haber regresividad o reversibilidad.1
Visto así, el derecho a la educación es para todas las personas, independientemente de su contexto o condición, y con su cumplimiento deben protegerse también otros derechos. Como en cualquier derecho humano, es el Estado el responsable de promover, respetar, proteger y garantizar su cumplimiento, esto es, diseñar las políticas públicas y acciones para hacerlos efectivos.
¿Pero qué significa el derecho a la educación? El derecho a la educación no significa solamente el derecho a ir a la escuela –que es la institución del Estado mediante la cual se ofrece educación a la población– ya que si así fuera bastaría con que se dispusieran escuelas suficientes para todos. El derecho a la educación significa tanto el acceso a la escuela como su permanencia en ella y, sobre todo, el derecho a aprender y adquirir las competencias necesarias para que se alcancen las finalidades sociales de la educación. Esto implica que la educación debe tener ciertas características.
La primera relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación, Katarina Tomasevski (2004), definió cuatro dimensiones del derecho a la educación, las cuales se conocen como el esquema de las 4 A: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La asequibilidad se refiere a la disponibilidad de servicios educativos, que es el nivel más básico para garantizar el derecho a la educación; la accesibilidad significa el acceso efectivo a las escuelas, es decir, que no haya barreras de ningún tipo que impidan que alguien llegue y transite por la escuela; la aceptabilidad cualifica los servicios educativos, al señalar que éstos deben cumplir con determinados estándares de calidad (como maestros con formación adecuada, materiales educativos pertinentes, escuelas con infraestructura suficiente y que brinde seguridad a los estudiantes, etcétera); y, por último, la adaptabilidad, significa que los servicios educativos deben adaptarse a las características de la población y no al revés, es decir, tomar las medidas necesarias para atender con pertinencia a estudiantes migrantes, indígenas, a quienes no hablan la lengua de instrucción, a quienes presentan alguna discapacidad, etcétera.
Breve panorama del derecho a la educación en México
En México, la educación se ofrece en los siguientes tipos y niveles educativos.
Esquema 1. Estructura del Sistema Educativo Nacional
Fuente: INEE (2017a).
El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo, con más de 30 millones de estudiantes, 1.5 millones de docentes y poco más de 240 mil escuelas o planteles en la educación obligatoria, esto es, en los tipos básico y medio superior2 (INEE, 2017a). Con estas cifras es posible ver que hemos avanzado en asequibilidad y accesibilidad de la educación obligatoria, sobre todo en educación básica. Las cifras más recientes disponibles (agosto de 2017), advierten que las tasas de matriculación3 a nivel nacional son superiores al 80% para los niños y niñas de 3 a 5 años, de 6 a 11 y de 12 a 14, y de 65% para los de 15 a 17 años; en estos grupos de edad el porcentaje de estudiantes que tiene un avance regular4 es superior a 92% (INEE, 2016a). Aunque los datos son alentadores, como es sabido, la menor cobertura educativa se tiene en las poblaciones en situación de vulnerabilidad social: migrantes, indígenas y personas con discapacidad.5
Donde, sin duda, tenemos los mayores retos –y que es en lo que se pretende enfocar lo que resta de este artículo–, es en la aceptabilidad y la adaptabilidad de la educación, es decir, en la forma como operan y funcionan las escuelas.
Condiciones escolares de las escuelas primarias6
Cuando hablamos de condiciones escolares probablemente pensamos en equipamiento como computadoras, pizarrones electrónicos, materiales multimedia y espacios escolares “de primera”: laboratorios equipados, biblioteca con acervos diversos, auditorios, canchas para practicar múltiples deportes; esto es porque consideramos que otras condiciones básicas “están dadas”. Pero probablemente sorprenda a muchos saber que la mitad de las escuelas primarias del país tienen menos de seis maestros, es decir, no hay maestros para atender en grupos separados a estudiantes de un mismo grado, es más, una de cada ocho escuelas primarias generales o indígenas del país sólo tienen un docente, que es el maestro de todos los estudiantes de los seis grados y además el director de la escuela –este último dato no considera las escuelas de modalidad comunitaria, que son en su gran mayoría unitarias– (INEE, 2016a).7
Otros datos que reflejan las condiciones en que operan las escuelas primarias en México son los siguientes: el 45% de las escuelas tiene los servicios básicos de agua, luz y drenaje; al 13.7% de escuelas les faltan aulas para atender a todos los grupos; el 18.7% no tiene tazas sanitarias para uso exclusivo de estudiantes. A uno de cada cuatro grupos de los últimos tres grados de primaria, les falta pizarrón en su salón de clases o el que tienen no funciona adecuadamente; poco más de un tercio de escuelas cuentan con libreros o estantes adecuados para guardar y exponer los materiales de la biblioteca escolar; en menos de una de cada cuatro escuelas hay acceso a internet para todos los miembros de la comunidad escolar; sólo uno de cada tres docentes que imparten la asignatura de lengua indígena, cuentan con el libro para el maestro de esa asignatura, y sólo en uno de cada cuatro grupos de estudiantes de 4°, 5° y 6° grado que cursaban esta asignatura los estudiantes recibieron el libro de texto (INEE, 2016c, 2016d y 2016e).8
Lo anterior ocurre porque no se han distribuido de la misma manera los recursos, porque contrario a un principio de equidad que llevaría a que el Estado ofreciera los mejores recursos a las poblaciones más desfavorecidas, ha tendido a concentrar las mejores condiciones en las zonas urbanas, donde en efecto hay más estudiantes, pero también es donde los niños y niñas tienen más oportunidades extraescolares para aprender. En cambio, en el campo, en las localidades pequeñas y dispersas y en las comunidades indígenas, es donde hay las mayores carencias educativas, incluso en algunas regiones no hay ni siquiera escuelas, por lo que los niños tienen que caminar diariamente a otras localidades para poder estudiar. Mostremos tres gráficas para apreciar estas diferencias.
Gráfica 1. Porcentaje de grupos de 4°, 5° y 6° de primaria donde todos los estudiantes tienen mueble en buenas o regulares condiciones para sentarse y escribir: nacional y por tipo de escuela
Fuente: INEE (2016c).
Informante: Docente/LEC.
Gráfica 2. Porcentaje de grupos de 4°, 5° y 6° de primaria según la proporción de estudiantes que cuenta con un juego completo de libros de texto: nacional y por tipo de escuela
Fuente: INEE (2016c).
Informante: Docente/LEC.
Gráfica 3. Porcentaje de escuelas que reportaron estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales y escuelas donde se informó que se cuenta con apoyo de personal especializado* para su atención: nacional y por tipo de escuela**
Fuente: INEE (2016c).
Informante: Director.
*Psicólogo, terapeuta de lenguaje, especialista en discapacidad, asesor pedagógico, apoyo de USAER.
**Se excluyen de la gráfica las escuelas comunitarias.
Las gráficas anteriores permiten notar que las mayores carencias de condiciones escolares están en las escuelas comunitarias, indígenas y generales multigrado, y que las brechas entre los distintos tipos de servicio son amplias, lo que muestra la manera tan desigual con que opera la educación en nuestro país.
Con la finalidad de orientar políticas educativas que aseguren un “piso mínimo común” de oportunidades educativas para todos los estudiantes del país, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) diseñó la Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA), la cual utiliza como referente un marco básico de condiciones sobre cómo y con qué deben funcionar mínimamente todas las escuelas en México, con base principalmente en lo que la misma normatividad y la política educativa establecen. Este marco básico está conformado por siete ámbitos y 21 dimensiones (ver tabla 1).
Tabla 1. Ámbitos y dimensiones que incluye la ECEA
Una descripción muy sucinta de lo que evalúa la ECEA se puede encontrar en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/ecea2015/ECEA21201.pdf.
Los cuatro primeros ámbitos se refieren a recursos que, en el caso de las escuelas públicas del país, el Estado provee, es decir, corresponde a la autoridad educativa la responsabilidad de asegurar su cumplimiento. Los últimos tres ámbitos son procesos cuya responsabilidad principal recae en las propias comunidades escolares, aunque se reconoce que existe una interrelación entre ellos (por ejemplo, si la escuela no cuenta con espacios físicos para el trabajo colaborativo entre docentes, que es una condición de infraestructura, se afectará el trabajo colegiado, que alude a una condición de organización escolar). Al referirse a condiciones básicas o mínimas, el marco básico de la ECEA es indivisible, lo que significa que debe asegurarse el cumplimiento de todas y no sólo de algunas de las condiciones.
Reflexiones finales
El derecho a la educación es más que el acceso y disponibilidad de servicios educativos; incluye la calidad de las condiciones y servicios con que se ofrecen. Ir a la escuela es necesario, pero no suficiente para el ejercicio pleno de este derecho, que implica en última instancia el derecho a aprender cosas relevantes para la vida.
En general en México, las escuelas en los contextos más pobres son las que tienen condiciones más precarias y ofrecen menor bienestar y oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes; a estas escuelas no sólo no se les provee de mayores apoyos para subsanar las desventajas sociales, sino que ni siquiera se les da lo mismo que a otras ubicadas en contextos más favorables. Esto muestra la inequidad y la desigualdad en la oferta educativa.
Las escuelas deben ofrecer igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, cuando menos deben asegurar condiciones básicas para funcionar. Las condiciones básicas son “irreductibles”, y por tanto necesarias para la enseñanza y el aprendizaje; por ello deben atenderse en conjunto y para todas las escuelas. De lo contrario el derecho a la educación seguirá siendo un privilegio de algunos y no un derecho de todos.
1 Existe múltiple literatura sobre este tema, en la bibliografía se incluyen dos referencias con acceso digital tanto para una lectura ligera sobre el tema (texto de la CNDH) como para una más especializada (Vázquez y Serrano, s/f).
2 En 2012 se declaró obligatoria la educación media superior en el país.
3 La tasa de matriculación es un indicador que se refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de cada grupo de edad que está matriculado en la escuela, independientemente del nivel educativo y grado.
4 El avance regular es un indicador que considera los niños, niñas y adolescentes matriculados en el grado escolar ideal de acuerdo a su edad o en uno inferior o uno superior.
5 Muestra de ello es que, en tanto a nivel nacional, la escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.4 años, para ese mismo grupo de edad en la población jornalera agrícola migrante es de 4.5, para la población hablante de una lengua indígena de 5.7 y para las personas con discapacidad de 5.1 (INEE, 2016b, 2017b y 2017c).
6 El nivel educativo de primaria es el que tiene el mayor número de escuelas, docentes y estudiantes del sistema educativo mexicano.
7 Esto no necesariamente es así por insuficiencia de docentes, pero sí porque se anteponen criterios de eficiencia (número de estudiantes por docente) a los pedagógicos y de justicia social.
8 Para las poblaciones indígenas es un derecho humano recibir educación en su propia lengua.
Bibliografía
Meet the Dolls. Camry (2017). Naturally Perfect Dolls. Recuperado de <https://www.naturallyperfectdolls.com/pages/camryn>.
Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016). Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. México: autor. Disponible en: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf>.
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Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, 40. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8220/7368>.
Vázquez, L. D. y Serrano, S. (s/f). Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/7.pdf>.
Fuente del Artículo:
http://www.revista.unam.mx/vol.18/num7/art52/index.html#sdfootnote0sym