Presupuesto y educación

Por: Raúl Contreras Bustamante. 

Con la reciente reforma educativa, se estableció en nuestra Constitución, la obligación del Estado de garantizar la educación superior. Requerirá infraestructura y contratación de profesorado

Con la reciente reforma educativa, se estableció en nuestra Constitución, la obligación del Estado de garantizar la educación superior. Requerirá infraestructura y contratación de profesorado

En cumplimiento a lo que establece la Constitución fue entregado al Congreso de la Unión, el Paquete Económico para 2020, que comprende el ejercicio fiscal de 6.1 billones de pesos y fue calificado como “realista y responsable”.

Se trata de una obligación constitucional contenida en el artículo 74 que exige al Ejecutivo Federal hacer llegar a la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 de septiembre.

La discusión del Presupuesto es un tema de la mayor relevancia para el país. Y es que los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales, así como, las entidades federativas y municipios, necesitan la dotación de recursos financieros para poder desempeñar todas sus funciones.

Sin entrar a un análisis completo ni detallado del Proyecto de Presupuesto y a reserva de los ajustes que habrán de hacerle los legisladores, considero importante hacer una serie de observaciones respecto del monto que se propone destinar al rubro de la educación.

La propuesta pretende asignar -según el Proyecto- un Presupuesto educativo total de más 807 mil millones de pesos para el siguiente año, cantidad que representa el 3.1% del PIB. Si bien el incremento presupuestal -respecto del año 2019- puede parecer alentador, lo cierto es que en comparación con hace cinco años, el presupuesto disminuyó, pues en el año 2015 se destinaron más de 813 mil millones de pesos.

Aunque esa cantidad nos coloca dentro del promedio de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existen países como Dinamarca, Finlandia y Noruega, que destinan respectivamente al rubro educativo 7.6%, 7.2% y 7.6% de su Producto Interno Bruto. Para 2020, se le destinarán a la Secretaría de Educación Pública, 325 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de poco más del 5% respecto de los 308 mil millones de pesos presupuestados este año 2019.

Para el rubro de educación superior, de manera lamentable, el incremento propuesto para el año 2020 pretende elevar la partida asignada sólo en un 0.5% respecto del año 2019.

Con la reciente reforma educativa, se estableció en nuestra Constitución la obligación del Estado de garantizar la educación superior; un enorme reto que requerirá de incrementos sustanciales para infraestructura y contratación de profesorado altamente capacitado; si es que se aspira a una formación de calidad.

Alcanzar la universalización de la educación superior es un tema complejo, que va más allá del presupuesto. No bastará con tratar de cubrir la enorme demanda en este nivel educativo, sino que de manera aparejada existirá el mayúsculo reto de crear las fuentes de empleo que un gran número de profesionistas habrán de demandar.

Se estima que en el año 2017, el 20% de los egresados jóvenes en México no consiguieron  trabajo. El promedio de los países miembros de la OCDE es del 14 por ciento.

El nuevo texto de la fracción X del artículo 3º Constitucional, señala la obligatoriedad que le corresponde al Estado de brindar educación superior. Se trata de un avance democrático que nos ubica entre los países más comprometidos con el tema educativo a nivel internacional.

Pero esta reforma deberá hacerse vinculante mediante el compromiso decidido del gobierno para dotar de recursos financieros suficientes, y en consecuencia, para que este anhelo se transforme en una realidad que fortalezca el derecho humano a la educación plena.

Como Corolario, la frase del político estadunidense Benjamín Franklin: “La inversión en educación paga el mejor interés”.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/presupuesto-y-educacion/1336243

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Educación superior obligatoria

Por: Raúl Contreras Bustamante. 

 

Es imprescindible advertir que ampliar las metas en materia de educación superior no sólo es un tema de números, sino también de estándares de calidad.

El pasado 15 de mayo por fin fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva reforma constitucional en materia educativa. La enmienda contiene muchos cambios trascendentes, pero en esta ocasión deseo analizar lo relativo a la educación superior.

La nueva fracción X del artículo 3º de la Constitución dispone que: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.

En México, el sistema de educación superior ha experimentado un crecimiento importante en los últimos tiempos. En la década de los años 70 había alrededor de 270 mil estudiantes en 385 escuelas. Para el año 2017, la cifra alcanzó los 4.4 millones de estudiantes en más de 7 mil escuelas. Otro dato: sólo el 1% de la población de nuestro país cuenta con una maestría y menos del 1% con un doctorado.

Conviene advertir que en la actualidad, en México sólo el 17% de las personas entre 25 a 64 años de edad cursan la educación superior, la proporción más baja entre todos los países de la OCDE.

La reforma constitucional pretende entrar a una nueva dimensión del derecho social de la educación, en favor de las personas. A partir de ahora, el compromiso y la obligación de las autoridades —de los diferentes órdenes de gobierno— deberá ser mayor para hacerlo efectivo, dentro del esquema de progresividad que caracteriza a los derechos fundamentales.

La educación superior es la que se imparte después del bachillerato o equivalente y existen distintos niveles dentro de ésta: técnico superior, licenciatura y posgrado. De igual manera existen diferentes tipos de instituciones que la ofrecen.

De tal suerte que el reto que se tiene por delante es colosal. Se trata de optimizar la infraestructura escolar existente y de crear nuevos centros de educación superior para ir abriendo espacios a miles de jóvenes que a la fecha no pueden acceder a formarse.

Esta reforma pretende lanzar hacia un mejor futuro a la juventud. Al definir que también la educación superior —además de obligatoria— deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, compromete al Estado a hacer cumplir estos enunciados.

Y conviene destacar que la reforma constitucional no sólo aspira a abrir espacios educativos a más jóvenes, sino que también indica —de manera expresa— que la educación en nuestro país deberá ser de “excelencia”; entendida ésta como el mejoramiento integral constante que promueva el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Es imprescindible advertir que ampliar las metas en materia de educación superior no sólo es un tema de números, sino también de estándares de calidad. De poco servirá contar con cientos de universidades si los profesores que en ellas enseñen no cuentan con un nivel también de excelencia para formar a los jóvenes.

La educación es el derecho social de mayor importancia: el verdadero instrumento de justicia que permite disolver de fondo las diferencias sociales y la pobreza. Reconocer a la educación superior como obligación del Estado requerirá de políticas públicas y mayores presupuestos. Esperemos.

Como Corolario, las palabras de George Washington: “La educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad”.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/educacion-superior-obligatoria/1316101

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El conocimiento, motor de la sociedad.

Por: Raúl Contreras Bustamante.

Esta semana tuvieron verificativo dos eventos trascendentes para la vida y el desarrollo cultural de nuestra sociedad. El primero al que me voy a referir es a la visita, el pasado 23 de mayo, del rector de la UNAM a la Cámara de Diputados para hacer entrega del Informe del Desarrollo en México 2016. Dicho documento realiza una evaluación de aquellos logros obtenidos de las metas no alcanzadas y también plantea propuestas de políticas públicas para nuestro país, en aras de cumplir con los objetivos comprometidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

El mensaje del rector Enrique Graue se sintetiza en una fuerte y clara definición: “La educación no puede detener su crecimiento. Sin ella, el país no tendrá un futuro cierto”. Sus palabras cobran sentido cuando se analiza que en el presupuesto federal de este año, el sector educativo sufrió una disminución real de 4.2%; y la educación superior fue la más golpeada, con un decremento de 6.4%.

Los recortes financieros a la educación y a la investigación en el presupuesto parecen ignorar que sin dichas actividades estratégicas no hay desarrollo ni tampoco existirá democracia plena, porque la nación requiere de la existencia de ciudadanos libres y soberanos en su pensar y actuar; capaces de tomar decisiones a partir de la apreciación que más se ajuste a la realidad.

La importancia de escuchar y tomar en serio este llamado radica en la necesidad de dejar muy claro que la educación, la investigación y la formación del conocimiento son indispensables para combatir a los grandes rezagos nacionales en materia de combate a la pobreza; generación de empleo; la repartición más igualitaria de la riqueza y un acceso efectivo a la salud de las clases más necesitadas. Para decirlo claro: la educación es una inversión y no un gasto.

El segundo acontecimiento fue el brillante discurso que el doctor Julio Frenkpronunció con motivo de su ingreso al Colegio Nacional, el pasado miércoles. Destaco una frase del actual rector de la Universidad de Miami, que atrajo mi atención y que coincide con lo antes expresado: “El conocimiento es el motor de la sociedad para transformar a la realidad social”.

El gran problema de nuestro país es que la educación no siempre ha sido considerada como prioridad ni comprendida como una inversión estratégica para nuestro desarrollo, sino que ha sido parte de políticas macroeconómicas, que la tratan por igual como cualquier otro capítulo de gasto.

La educación es el elemento nivelador por excelencia de las desigualdades sociales. Otorga la posibilidad a los niños y jóvenes mexicanos de aspirar de forma igualitaria a un mejor nivel de vida. No es poca cosa: puede ser su única oportunidad de modificar sus condiciones y limitaciones económicas de origen. Por ello, preocupa saber que en un futuro muy cercano, de no hacerse las inversiones públicas necesarias, seis de cada diez jóvenes en edad de cursar estudios superiores, no podrán tener acceso a ellos.

El conocimiento y la educación construyen un camino ilustrado hacia una mejor sociedad. Configuran una garantía institucional para el ejercicio del resto de los derechos, son parte fundamental y precondición de la construcción de la ciudadanía, a la vez de ser un control social efectivo en los procesos deliberativos: una garantía de pluralidad.

Como Corolario, las palabras de Sócrates: “Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia”

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante

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